ORIENTACIONES

El fracaso de la “política social” de ZP

Redacción.- El partido que sostiene al gobierno débil e incapaz, se llama “socialista” y “obrero”. Esto implica que debería, al menos en teoría, ser capaz de practicar una política social de protección de las clases populares. No solamente no es eso, sino que es, justamente, lo contrario. Difícilmente encontraríamos una política tan antisocial como la que está desarrollando ZP. El programa socialista ha fracasado en seis frentes: los seis frentes que corresponden a una justa política social.


Los seis frentes antisociales de ZP

Sanidad, trabajo, vivienda, educación, pensiones e inmigración, son los seis frentes en donde se evidencia el carácter antisocial del gobierno ZP. Se trata de seis frentes clave en los que debería articularse una razonable política social. Son, además, los frentes gracias a los cuales el PSOE obtuvo los votos de amplias capas populares en 2004 y a los que dedicaba secciones enteras de su programa.

El programa electoral de 2004 fue inmediatamente olvidado cuando se cerraron las urnas del 14-M y enmudecieron los SMS. A partir de entonces, ni la verdad sobre lo ocurrido el 11-M volvió a interesar a los dirigentes socialistas, ni el cumplimiento del programa fue otra cosa más que papel mojado. No en vano, Tierno Galván, el “viejo profesor”, ya había dicho que los programas electorales “están para incumplirlos”. En un alarde de cinismo, el PSOE ha adoptado como ley de oro esta sentencia del “viejo profesor”.

Sanidad: cada vez más enferma

ZP había prometido una sanidad pública “de calidad”. Lo único que ha hecho ha sido ceder a las autonomías tres veces más de lo inicialmente previsto, para enjugar el cuantioso déficit de la sanidad autonómica. Dinero a cambio de silencio. Y, sobre todo, dinero a las comunidades gobernadas por el PSOE. Y esto lo presentó como un gran avance. El dinero que maneja ZP es todavía el resto del excedente de caudales que quedaron como resultado de la era Aznar. Pero ese dinero se está agotando y ZP no podrá volver a callar a las autonomías y el deterioro de la sanidad recurriendo a la sopa boba. La próxima vez que se enjugue el déficit de la sanidad autonómica, se hará –como se ha intentado hacer en esta ocasión- recurriendo a las subidas impositivas.

Aparte de esto, ZP lo único que ha hecho ha sido reducir mínimamente el gasto farmacéutico. Pero también aquí se ha llegado a un límite: el recurso a los genéricos ha aliviado la situación… que se ha agravado por el aumento del consumo farmacéutico. Este aumento se ha generado por el ingreso de cinco millones de inmigrantes provisto de tarjeta sanitaria muchos de los cuales llegaron a España en malas condiciones físicas. En el próximo ejercicio fiscal, lo más probable es que ZP recurra a la subida impositiva y, especialmente, al co-pago sanitario.

Tras la propuesta de “una sanidad pública de calidad”, lo que se esconde es un deterioro acelerado de la sanidad. El déficit crece de forma incontrolable: mientras las plantillas médicas están congeladas, aumenta la burocracia y los gastos suntuarios.

Lejos de ampliarse las coberturas de la seguridad social, lo que está ocurriendo es justamente lo contrario: mientras, de un lado, se toman medidas demagógicas destinadas a satisfacer los grupos sociales más exóticos y aberrantes (operaciones gratuitas de cambio de sexo), por otro los medicamentos más usuales para tratar las dolencias más habituales, son de pago, servicios como optometría y óptica no son contemplados por la seguridad social, y así sucesivamente.

Esta es “la sanidad pública de calidad”… un oscuro túnel que tiene al final del camino una inevitable subida de los impuestos.

Vivienda: la dignidad perdida de la ministra Trujillo

Los 30 metros cuadrados de “solución habitacional”, es lo más parecido a la propuesta del programa socialista: “hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”. Pues no, 30 metros cuadrados no son una vivienda digna. Como tampoco es una vivienda digna aquella a la que hay que dedicar hasta el 70% de los ingresos familiares, o los alquileres que se revalorizan cada año el doble del IPC… En ese mismo programa socialista se había escrito que el PSOE procuraría que el gasto de vivienda no fuera más allá del 30% de los ingresos familiares…

El resultado de la gestión de la ministra de cuota encargada de la nueva cartera de Vivienda, ha sido que ni se persiguen los pelotazos inmobiliarios, ni el coste de la vivienda se ha moderado significativamente, ni se han frenado las tendencias que aparecieron en los últimos años del felipismo y se fortalecieron durante todo el aznarismo: considerar al “ladrillo” como el refugio del dinero especulativo.

En realidad, la única tarea digna de mención realizada por el ministerio de la vivienda (la casi totalidad de competencias posibles de este departamento ya están transferidos a las comunidades autónomas) ha sido, precisamente, la constitución del propio ministerio. Nada más.

Educación: degradación galopante

El programa socialista proponía alcanzar la media comunitaria en el 2010. El resultado ha sido que, hoy, la Unión Europea ha situado a la cola de la educación europea a España. Justo en ese mismo día, se ha sabido, gracias a un reportaje con cámara oculta, que determinado colegio de Madrid, vende literalmente los aprobados a cambio de una cuantiosa matrícula. Y aquí no ha pasado nada. Del ministerio no ha partido ni una declaración, ni la promesa de una investigación, ni siquiera una condena a los centros privados que realizar esta práctica mafiosa.

Pero hay algo peor. Si, sobre parte de la enseñanza privada recaen sospechas de corrupción, sobre la enseñanza pública lo que existe es evidencia de desintegración. El curso pasado pudimos ver los centros de estudios españoles convertidos en territorios comanche dominados por latin kinas, ñetas, maras salvatruchas, etc. Pudimos ver como un jefe de estudios del instituto en el que acababa de ser acuchillado uno de nuestros muchachos, decía que “comprendía” que los latin kinas, llevaran navaja; el imbécil afirmaba condescendientemente “forma parte de su cultura”. El que un funcionario público, dedicado a la enseñanza, no sepa siquiera distinguir la cultura, del crimen, sería suficiente para enviarlo a galeras y en un Estado democrático, simplemente destituirle y sancionarle. En la España de ZP, nada ocurrió.

La gratuidad de los libros de texto contemplada en el programa socialista, no se ha llevado a cabo. A PRISA no le gusta pues, no en vano, mantiene dos divisiones editoriales de libros de texto. No se ha dado ningún paso para alcanzar la reforma de la enseñanza propuesta en el programa socialista. El fracaso escolar sigue siendo del 40%. El analfabetismo estructural avanza. Las aulas convertidas en fotocopias reducidas de NNUU, con alumnos de docena o docena y media de nacionalidades, hace que las familias literalmente “huyan” de la enseñanza pública, degradada y con profesores desmotivados, convertida en verdadero almacén de alumnos en horario laboral de sus padres, pero, desde luego, cada vez más, alejado de su función didáctica.

ZP solamente ha sido capaz de abrir una polémica absurda sobre la enseñanza de la religión. Ha negado a la religión tradicional de nuestra sociedad, estar presente en las aulas, y, paralelamente ha realizado contrataciones masivas de enseñantes de religión islámica… Estas decisiones absurdas han servido para que el principal partido de la oposición perdiera los papeles: lo importante no es si se enseña tan o cual cosa… sino explicar el por qué del fracaso escolar tan elevado que nos sitúa a la cola del mundo desarrollado.

Si a todo esto añadimos que la enseñanza está presa de los intereses de los nacionalismos periféricos, maestros en la falsificación de la historia y en convertir a la enseñanza en vehículo ideológico, podemos entender el por qué la enseñanza está absolutamente moribunda.

Trabajo: trabajar menos, trabajar más barato…

El programa socialista proponía “crear más empleo y de más calidad”. Contrariamente, hemos tenido un empleo progresivamente más precario, salarios un 0’8% más exiguos y abaratamiento del despido…

Cuando el gobierno habla de flexibilización del mercado laboral lo que está hablando es de abaratamiento del despido que ha pasado de 33 días por año de indemnización, a 45 días…

Cuando el gobierno habla de “empleo de calidad”, olvida que entre abril y junio de 2005, el salario neto a descendido un 0’8%.

Cuando el gobierno habla de “atajar la precariedad”, olvida que en el mes de julio de 2005, por poner un ejemplo cercano, el 92’6% de los contratos son temporales y la precariedad alcanza a un tercio del mercado laboral.

Estas son las cifras, la realidad.

Bienestar social: apenas un chiste en el país de ZP

El programa electoral del PSOE proponía la mejora de las pensiones más bajas y aumentar el fondo de reserva. Ha ocurrido justo lo contrario. El 76% de los pensionistas, en este momento, está cobrando menos de 600 €. Si no tienen ahorros previos, tres cuartas partes de los pensionistas se sitúan prácticamente en el umbral de la pobreza. De hecho, las cifras son absolutamente terribles y descorazonadoras para quienes cotizamos desde hace décadas a la seguridad social: 8.000.000 de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, con apenas 400 € mensuales de pensión.

Esta situación contrasta con la realidad de los trabajadores españoles: comparados con otros trabajadores europeos, nuestros trabajadores se jubilan más tarde, es decir, que cotizan más tiempo a la seguridad social y, por tanto, deberían percibir una pensión mayor. Pues no: la tendencia de la reforma propuesta por ZP-Caldera que debería de aplicarse en el 2015 va en una dirección extremadamente desagradable para los trabajadores. La reforma está basada en el abaratamiento de las pensiones y en estimular capitalizaciones privadas, alargar la edad de jubilación y elevar los plazos de cotización para recibir pensiones. De hecho, la propuesta Caldera lleva de los 15 años actuales de cotización para recibir una pensión, a un mínimo de 20 años, lo que supone, en la práctica un recorte del 20%.

Alguien se ha equivocado en sus cálculos, pero será, sin duda, uno de los que perciben las pensiones más altas, esto es, algún funcionario socialista.

Inmigración

Disipado ya el mito –en el que solo los tontos como Caldera siguen defendiendo contra toda lógica- de que los cinco millones de inmigrantes están aquí para pagar las pensiones de nuestros abuelos, ahora toca afrontar la inmigración como lo que es: un problema.

El inmigrante medio tiene un perfil perfectamente definido: “trabajador extracomunitario no cualificado, sin contrato o con contrato en precario, habitante de un gueto, preferentemente hispanoamericano, magrebí o pakistaní y con una importancia creciente en el mercado de trabajo español”.

El 81% de los inmigrantes que se encuentran en España son extracomunitarios. De ellos, 1 de cada 3 son latinos (ecuatorianos, colombianos y peruanos, esto es, andinos). Aunque parezca increíble las cifras sobre la presencia de marroquíes, oscilan entre los 250 y los 400.000. Una colonia de gitanos romanís procedentes de Rumania, engloba a 30.000 personas, dedicados, fundamentalmente, a la mendicidad y a actividades de dudosa legalidad. Catalunya, Madrid, Valencia y Andalucía, son las zonas que registran un mayor índice de presencia inmigrante. Construcción, hogar y campo, los sectores laborales que nos emplean… precisamente los tres sectores que evidencian mayor precariedad laboral.

Lo más sorprendente es que hoy residen en España 5.000.000 de inmigrantes… pero solamente 1.750.000 cotizan a la seguridad social ¿y el resto? Misterio… un misterio que los cerebros que idearon la reforma de la ley de extranjería no resuelven. Por otra parte, esta cifra es todavía más significativa si la redimensionamos: los inmigrantes tienen los niveles salariales más bajos y, paralelamente, los núcleos familiares más fértiles y numerosos. De ahí que, en lo que a la Seguridad Social se refiere, los inmigrantes absorban mucho más recursos que lo que pagan en concepto de cotizaciones (bajos salarios y a tiempo parcial, frecuentemente, a los que corresponden las cotizaciones más bajas, casi simbólicas)…

Seamos claros: los derechos de los trabajadores españoles no son los mismos que los derechos de los recién llegados. En justicia, no pueden tener los mismos derechos, aquellos que residen en España desde generaciones y, desde generaciones han contribuido con sus impuestos, a la construcción de este país, que quienes acaban de llegar, sin ser invitados. Puede parecer duro, pero un Estado no difiere esencialmente de una vivienda: allí viven los que tienen derecho a vivir en ese espacio por que tienen algún vínculo entre sí, han construido ese espacio o lo han mejorado progresivamente… en una vivienda cualquier recién llegado, aun siendo acogido con generosidad y voluntad de integración, tendría sus movimientos disminuidos y sus derechos jamás serían los mismos que los de los propietarios del inmueble. Por una perversión de la mente, aplicar este criterio y esta lógica a la inmigración, se considera lesivo para los derechos humanos. Quien habla de “humanidad”, habla de algo vago, ambiguo, indeterminado y nebuloso. La “humanidad”, como tal, no existe, existen los seres humanos, que se organizaban en tribus en el neolítico y en naciones en la modernidad. La historia ha generado “culturas” que corresponden a naciones o bloques de naciones. Esa es la llana, límpida y absoluta realidad. El hecho de que ZP, a Caldera, a la Rumi y sus secuaces, tengan problemas de identidad, no quiere decir que esa tara cultural, deba sufrirla toda nuestra nación. La cultura española forma parte de la occidental. La nación española forma parte de la Unión Europa. Está claro que ZP y su diálogo de civilizaciones no puede advertir conceptos tan simples como “cultura”, “nación”, “espacio geopolítico”, “diferencias culturales”, “dificultad de integración”, “asimilación de la inmigración”, etc. Para sobrevivir, una nación y el pueblo que la habita, precisa tener muy claros y vivos estos conceptos.

En una nación dada, los habitantes de esa nación son los primeros beneficiarios de lo que ellos y las generaciones que les han precedido, han sido capaces de construir. Por eso los derechos de los trabajadores españoles y de sus familias, son, en el marco de la nación española, prioritarios ante los derechos de cualquier otro colectivo alógeno. Si, “españoles primero”. Es así de simple. Al optar entre los derechos de los inmigrantes, el gobierno ZP afirma, confirma y opta por una política decididamente antisocial lesiva para los trabajadores españoles.

© Ernesto Milà – infokrisis – [e-mail]

Partido político y organización militar

Redacción.- Recientemente, un querido amigo y camarada, en un correo privado me explicaba que uno de los mandamientos de la Academia General Militar es no criticar al mando, y me lo comentaba en relación a la crisis terminal que ha sufrido antes del verano DN. Vale la pena realizar algunas reflexiones sobre el tema de las relaciones entre un partido político y una organización militar, dos realidades completamente diferentes, sin apenas punto de contacto.

La experiencia histórica: el origen político-militar

En 1919, los excombatientes que regresaron a sus hogares, tanto entre los aliados como en los Imperios Centrales, percibieron la situación de corrupción generalizada que se había fraguado en la retaguardia, mientras ellos morían en los frentes. Un autor francés escribía que nunca existió tanta desproporción entre la envergadura del sacrificio exigido y lo miserable de los ideales propuestos. Mientras duró el esfuerzo bélico, esta contradicción quedó atenuada, pero cuando se firmó la paz, estalló con toda su violencia. Los partidos fascistas y comunistas fueron, en gran medida, hijos del rechazo de los excombatientes a lo propuesto por la sociedad burguesa que permaneció en la retaguardia.

Y es precisamente este elemento el que configura a los grupos fascistas y comunistas de los años 30 como fuerzas “paramilitares”, en las que la disciplina de partido frecuentemente se confunde con la disciplina militar y la organización política se convierte en militar. El NSDAP hitleriano tenía, en realidad, dos ramas que tenían poco que ver: de un lado, las SA, las secciones de asalto, formaciones específicamente paramilitares, uniformadas y sometidas a una disciplina y a un entrenamiento de combate, luciendo uniformes y siendo encuadrados militarmente según el uso de las “stormtrooper” del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero, junto a esta formación militar, existía la PO, la “Organización Política” (frecuentemente despreciada por las SA, que la llamaban “P-Cero”) que constituía una realidad completamente aparte. En los partidos de izquierda y en otros fascismos, esta estructura estuvo siempre vigente. Hasta 1945.

A partir de 1945, el clima es completamente diferente. La magnitud de las destrucciones y la amplitud de la tragedia ha sido tal, que todas las partes están de acuerdo en no volver a caer en tentaciones militaristas. Los partidos políticos, por exigencia legal, pero también por necesidad propia, dejan de albergar formaciones paramilitares y se convierten en instrumentos meramente políticos, de conquista democrática y gestión del poder. Los uniformes, las banderas con los símbolos totémico-militares, los cantos de batalla, las formaciones y el entrenamiento paramilitar desaparecen.

En España, la evolución fue completamente diferente. La guerra del Rif en los años 20, no fue lo suficientemente intensa ni sentida por el pueblo ni por los combatientes, como algo embriagador cuyo recuerdo valiera la pena conservar en la paz. De hecho, ni en Falange Española, ni en las JONS, ni en los Legionarios de Albiñaba, ni en ninguna otra formación de extrema-derecha de la época, estuvieron presentes excombatientes de la guerra del Rif de manera significativa. Era difícil pues que el concepto político-militar pudiera arraigar en un partido español. Esto explica, quizás y entre otras razones, la debilidad de Falange al iniciarse el conflicto.

Pero lo más sorprendente fue que en 1975, cuando murió Franco, una exigua minoría de exponentes del antiguo régimen, concentrados en torno a la figura de Blas Piñar, mantuvieron vivo el concepto organizativo político-militar, que ni siquiera en 1933-36, tuvo vigencia. En el período 1976-1983, llamaron la atención las formaciones paramilitares de adolescentes y la estética de camisa azul y boina roja que, ni siquiera en el período de mayor intensidad del franquismo, logró afianzarse. Cuando se crea la “euroderecha”, personajes de experiencia política como Giorgio Almirante y Tixier Vignancourt, se sienten seducidos por esa estética que resultaba absolutamente improcedente en sus países y no son capaces de advertirle a Blas Pilar que debía, simplemente, desmilitarizar el partido, o de lo contrario, quedaría constreñido a la marginalidad electoral, como de hecho así fue, y como algunos advertimos en su momento.

Dos mundos separados: nada que ver

Hoy algunos pueden formularse legítimamente la pregunta: “¿Qué tiene que ver la política con la organización militar?”; la respuesta es cero, nada, absolutamente nada. Se trata de dos mundos completamente separados y que, mientras persistan las actuales condiciones político-sociales, seguirán estando separados.

Resulta, incluso, peligroso trasladar los valores propiamente militares al ámbito político. El mundo militar entiende de órdenes, planes, disciplina y acatamiento a la autoridad. Sería absurdo pensar que el capitán de una compañía podría ser elegido democráticamente por sus soldados. La estructura militar existe para afrontar momentos difíciles para la comunidad nacional, para asumir la defensa de la comunidad ante la agresión exterior o ante el conflicto interior, no es desde luego la ONG que ha ideado el ministro de la “indefensión”, Pepe Bono (el tonto, demagogo que prefería morir a matar…) el que ha introducido el “humanismo en la milicia” reclutando un ejército de damas de la caridad capaces de llevar un bocadillo a cualquier extremo del mundo a no importa que indigente, pero incapaces de planificar las bases de una efectiva defensa territorial e incluso de señalar la existencia de un enemigo concreto.

Realmente, lo que hoy existe en España con el nombre de “ejército” es una entidad extraña, de dudosa eficacia, en la que quedan “restos” de lo que un día pudo ser un ejército, pero en donde cualquier parecido actual con ese modelo es pura coincidencia. En España, digámoslo ya, no existe defensa nacional, ni posibilidad de que exista; la UCD ayer, el PSOE luego y el PP más tarde, hasta llegar, a Bono, al ministro de la indefensión, se han encargado de convertir a las FFAA en algo virtual. Ahora bien…

Un partido político, ni puede regirse por la disciplina militar, ni mucho menos puede aspirar a sustituir a las FFAA en los cometidos que sólo a ella le corresponden. Y esto ¿por qué? Por que sus realidades son completamente diferentes:

- Una organización política, trabaja sobre la sociedad civil, se basa en una estructura democrática (los dirigentes son elegidos y pueden ser revocados) y tiene como rasgo general la representatividad y la eficacia en la gestión; los congresos son, en la práctica, las direcciones estratégicas de la organización, mientras que los organismos de mando (secretaría general, comité central, mesa nacional), son las direcciones tácticas de la misma. Su organización se rige por unos estatutos aprobados democráticamente, reconocidos y aceptados por el Estado. Se basa en la libre adhesión a unas ideas y unos programas.

- Una organización militar, por su parte, se basa en la disciplina y en la jerarquía, la cadena de mando es estática, la estrategia es diseñada por el mando, el cual, concede cierta autonomía a los escalones inferiores para que la aplique en función de tácticas determinadas y preestudiadas. Esta jerarquía es independiente de la eficacia que muestre el mando en su tarea. Mientras la organización política intenta conquistar personas y suscitar adhesiones, la organización militar conquista territorios o los defiende. No admite la autocrítica, ni tolera la crítica: las órdenes se cumplen, no se discuten.

¿Es posible aplicar los principios de la organización militar a una lucha política? Solamente en unos pocos supuestos: por ejemplo, cuando por su misma naturaleza, la organización política tiene carácter revolucionario; en esa circunstancia existe un momento en el que, necesariamente, se producirá el enfrentamiento entre el poder político y la organización revolucionaria y, cuando llegue ese momento, será preciso actuar de manera militar, mediante unidades de choque, planificación militar de las operaciones e inflexibilidad propia del mundo militar. El otro supuesto es cuando las condiciones de lucha política se han degradado: el partido debe pasar a la clandestinidad. En la clandestinidad, solamente sobreviven aquellas organizaciones que tienen una estructura interior más férrea. Con todo, en ese supuesto, la eficacia de un partido político clandestino, no depende solamente de su organización militar, sino de la conciencia política de su clase dirigente y, sobre todo, de sus propuestas políticas. El factor organizativo es el cuarto en importancia y el que permite que la organización sobreviva en un medio hostil.

En este momento, en España, las condiciones de trabajo político son las propias de un Estado democrático formal: los partidos mayoritarios se aseguran mantener esa mayoría, no mediante la represión, ni mediante las restricciones de las libertades democráticas, sino a través de la utilización abusiva de los recursos del Estado (subvenciones, ayudas) y de la legislación (ley d’Hont, listas cerradas y bloqueadas). No puede decirse que una organización militar o paramilitar lograra nada contra ese estado de cosas. Y así seguirá siendo mientras se mantengan las actuales circunstancias de la lucha política en nuestro país.

La “disciplina militar” como excusa para los peores comportamientos políticos

En determinados partidos, a medio camino entre las formaciones políticas y las tribus urbanas, pero, indudablemente, más próximas a éstas que a los partidos, suele aparecer de forma recurrente la idea de que es preciso organizarse militarmente y hacer gala de una férrea disciplina militar. Dejando aparte que, tales formaciones si pueden parecerse a algo remotamente similar a una formación militar, es al ejército de Pancho Villa, se trata inevitablemente de un intento de atajar las críticas y mantener un liderazgo que no se sostiene en aras del único factor importante en la política: la eficacia.

Un “líder” que, en lugar de hacer progresar al partido, lo empantana en rosarios de expulsiones, marginaciones, le imprime una línea política sinuosa, lo dirige como si de una tribu urbana se tratara, y cifra toda la proyección exterior, no en éxitos reales, sino en el cinismo de explicar por activa y por pasiva que “todo va bien”, cuando en realidad, todos aprecian nítidamente que “nada va bien”, un líder que recurre a la terminología militar para justificar lo indiscutible de sus decisiones, no es un líder político, sino un pobre payaso que se ha equivocado de guión.

Si “el patriotismo es la última excusa de los bribones”, la apelación a la disciplina militar, es el recurso normal de los incapaces de llevar a un partido por la senda del avance político y del éxito electoral. En la lucha política puede existir crítica y autocrítica, en el terreno militar no: todo es disciplina y mantenimiento de los planes estratégicos. Es posible que un grupo de jóvenes consienta desplazarse por toda España, por “disciplina”, haciendo propaganda del partido… pero, a la dirección le corresponde procurar que esa propaganda esté ajustada a la realidad social y proponga un programa realista y lúcido. Si estos militantes cumplen, “por disciplina de partido”, con su cometido, pero la dirección no es suficientemente hábil como para que la tarea de propaganda tenga el éxito que se espera de ella, de muy poco habrá servido la “disciplina de partido”. No, la eficacia del mando debe ser demostrada en términos mesurables, de lo contrario, la militancia no tiene por qué estar ligada con un compromiso a muerte con el líder del partido.

La eficacia sigue siendo la única medida de la capacidad del mando. Cuando un partido ha perdido a la mayoría de sus cuadros, desde luego a los más veteranos y a los que tenían más experiencia, es signo de inutilidad del mando. Cuando un mando, en lugar de lograr adhesiones, lo que consigue es vaciar delegaciones en pocos meses o que queden reducidas al 5% de lo que tenían hace siete años. Cuando un partido intenta ocultar las expulsiones con infantiles ardides de colocarlas en lugares marginales de la web y, sobre todo, utilizando solamente siglas de expulsados, es que quiere mentir: mentir ocultando la realidad y proclamando el eterno “aquí no pasa nada” y “todo va bien”, que, junto con el consabido “ha habido más altas que bajas” –que no siempre es cierto- parece ser suficiente como para dar una imagen de que, efectivamente, se avanza. Luego, claro está, vienen las próximas elecciones; en ese momento, todo son prisas para poder disimular el desastre interior: se ponen en pie coaliciones con grupúsculos intrascendentes y se cuidan solamente los aspectos más pueriles de la lucha política (“nuestra meta es tener más votos que el grupúsculo X” o “aspiramos a presentar candidatos en todas las circunscripciones electorales… aunque ni uno solo de ellos tenga la más mínima posibilidad de salir airoso de la prueba”). Esto unido a que la política de expulsiones y marginaciones se ha mantenido durante meses, lleva a que en las únicas localidades en las que, a la vista de los resultados de la anterior convocatoria, existían posibilidades reales de obtener resultados, se haya diluido todo el esfuerzo y ahora se busque triunfar en nuevas circunscripciones, basados solamente en que existe un pequeño núcleo activista recientemente incorporado…

Todo esto, es lo propio de una dirección ineficaz, cuyo único recurso es apelar a la disciplina militar, para conseguir mantenerse durante unos meses en el destartalado y diezmado esqueleto de una formación política, devenida, a la postre, tribu urbana. En esas circunstancias, el recurso a la disciplina y a los valores propios de la milicia, es una cobertura, pobre y tosca, a la propia ineficacia. Lo hemos visto ya demasiadas veces para caer de nuevo en la trampa. Quien pide eternamente disciplina, ese, camaradas, ese pretende engañar.

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© Ernesto Milà – infokrisis – [e-mail]

Elecciones municipales (I de V). La 2ª descentralización

Redacción.- Hace dos años tuvieron lugar las últimas elecciones municipales. En la actualidad, nos encontramos en el “paso del ecuador” de la legislatura municipal y en pocos meses se iniciará la carrera por situar las candidaturas en la recta de salida. Las elecciones municipales del 2003 demostraron, de la manera más dramática, la fragmentación de las candidaturas “identitarias”. En las elecciones del 2007, mucho de todo esto debe cambiar.

Por la “segunda descentralización”…

El poder municipales es, de todos los espacios de poder de un Estado democrático moderno, sin duda el que resulta más accesible para las pequeñas formaciones políticas. Pero, además, de accesible, es, sin duda, uno de los más influyentes. El poder municipal supone la posibilidad de realizar política “real” en un ámbito accesible al ciudadano medio.

Buena parte de los problemas que experimentan los ciudadanos de los Estados democráticos modernos, en especial todo lo que se refiere a la calidad de la vida, aparecen en la dimensión local y es en ese mismo ámbito en donde deben resolverse. Además, en España, se une una reivindicación pendiente, inasumible para los partidos mayoritarios: la “segunda descentralización.

La primera descentralización, realizada bajo el signo de las autonomías, se realizó apresuradamente y sin medir las consecuencias. Así se han producido casos tan absolutamente dramáticos, como el incendio de los bosques de Guadalajara que prosigue hasta las comunidades autónomas vecinas, pero la junta de Castilla-La Mancha solamente asume la “competencia” de apagar el fuego hasta el límite de su frontera, no más allá. Y, dramáticamente, el fuego no conoce fronteras, mucho menos fronteras autonómicas.

Esta política irresponsable de descentralización, iniciada en los primeros años de la transición, ha convertido nuestro país en el único caso (o “caos”) mundial en el que una forma de centralismo es sustituida por una fotocopia reducida del mismo. La buena voluntad que implicaba la lucha contra el centralismo quedó anulada por el error histórico que suponía crear 17 autonomías, cada una con su pequeño foco centralizador. Catalunya es, en este terreno, paradigmática: los 4.000.000 de habitantes localizados en el “Área Metropolitana de Barcelona”, en donde, por lo demás, se encuentra concentrada toda la clase política catalana, ejercen un peso decisivo en la autonomía que, en total, cuenta con 6.500.000 de habitantes. El centralismo que ejerce Barcelona, sobre la “periferia” catalana, es, como mínimo tan superior (y en nuestra opinión, muy superior) al que ejerció el centralismo madrileño en el momento de mayor énfasis jacobino.

De ahí que hoy, en el siglo XXI, sea preciso, más que nunca, proceder a una “segunda descentralización” que reste competencias a las comunidades autónomas, aligere su estructura de gobierno y remita organismos de decisión allí donde deben estar más próximos a los ciudadanos (y, por tanto, sometidos a un control democrático más efectivo), en los municipios.

En esta próxima campaña para las elecciones municipales, resulta ineludible plantear una propuesta que, sin duda, el resto de fuerzas políticas mayoritarias no compartirán: ampliar las competencias de los municipios, restándolas a las comunidades autónomas.

De las comunidades autónomas a los municipios

Cuando estalló la “revolución francesa”, el “súbdito” pasó a ser “ciudadano”. A nadie se le escapa que esta nueva denominación obedece al carácter urbano de los intelectuales burgueses que desencadenaron el proceso revolucionario que desembocó en la formación de los Estados liberales. Los “revolucionarios” eran “urbanitas” y, como tales, les resultaba absolutamente incomprensible que todo aquel que no viviera en la ciudad gozara de los mismos derechos y libertades. A los habitantes de la ciudad se les concede derecho al voto, antes que los campesinos. Es por eso que, a partir de 1789, el campo muere, se despuebla y el trabajo rural pasa a ser considerado como “secundario” en relación al trabajo industrial. Pero de todo esto hace ya 207 años. La paradoja consiste en que las comunidades del siglo XXI están siendo gobernadas por principios y doctrinas surgidas en el siglo XVIII.

En este contexto, es preciso superar los principios de la “revolución francesa” (que solo podían generar un Estado centralizador, jacobino y burgués) creados para una dimensión nacional, pero que desconsideraban cualquier otro nivel de competencias y decisiones. Los principios de la revolución de 1789 cuajaron en Estados Centralizadores y cuando el concepto entró en crisis (hacia el último tercio del siglo XX) no fueron capaces de alumbrar más que engendros como el “Estado de las Autonomías”; fundado sobre la base del “café para todos” improvisado por Adolfo Suárez durante la transición, este modelo de Estado ha demostrado ser completamente inestable, sometido a los intereses y las tensiones generadas por la periferia, y, finalmente, incapaz de establecer políticas de Estado.

El “Estado Nacional”, en lugar de ser un ente descentralizado, pasó a ser una amalgama de “Comunidades Autónomas”, cada una de las cuales reproducía en su dimensión los errores y las taras de los Estados centralizados. Ese sistema ha fracasado. Si en España no ha podido hablarse aún de la absoluta catástrofe que ha supuesto ese “modelo nacional” es a causa del peso de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad del Estado. Pero, un análisis objetivo nos indica que el caos lingüístico, la falsificación sistemática de la historia, la parcelación de la historia “nacional” en historias “regionales”, con la imposibilidad de establecer una “educación nacional”, la ambigüedad con la que la clase política de la transición elaboró una constitución en la que se hablaba de “nación”, “nacionalidad”, “región”, “autonomía”, sin establecer de forma precisa qué implicaba cada concepto, las luchas entre autonomías, la competencia entre ellas para demostrar quien es más “nacionalista”, o quien plantea la conquista de techos autonómicos más elevados, etc, todo esto, unido al costo absolutamente insoportable que comporta el mantenimiento de 17 comunidades autónomas, con un aumento de la burocracia nunca antes experimentado en España, implica el reconocimiento de un fracaso: el “Estado de las Autonomías” es hoy un cadáver fétido y maloliente del cual, el “Plan Ibarreche y la “soberanía compartida” propuesta por Imaz y el “nou Estatut” del tandem Maragall-Carod, son los gusanos surgidos de aquella podredumbre.

Ir más allá en esta dinámica “descentralizadora” es suicida: lleva a la creación de clases políticos locales que aspiran a un mayor techo autonómico, entendiendo por tal, una mayor disponibilidad de recursos económicos, sobre los cuales cebar su rapacidad y asegurar con facilidad su saqueo. Nada más. Y esta rapacidad se enmascara con apelaciones a la “identidad nacional” de cada autonomía, a pretendidos “derechos históricos” y a “factores diferenciales” que, como cualquier otro factor emotivo y sentimental tienen como única finalidad despertar fuerzas que actúen de ariete contra el Estado. Luego la clase política regional ya se encarga de administrar de la forma más desaprensiva imaginable los nuevos “techos autonómicos” conquistados.

Las “comunidades autónomas” tienen una dimensión, lo suficientemente grande como para transformarse en gigantes burocrático-administrativos, pero lo suficientemente pequeña como para no poder ejercer una planificación real (que, en la actualidad, solamente puede darse en la dimensión del Estado Nacional y en la Unión Europea). En tanto que gigantes burocráticos, las comunidades autónomas se prestan poco al control democrático por parte de los electores y, en tanto que enanos políticos son incapaces, incluso, de ponerse de acuerdo para resolver cuestiones que afectan a ámbitos comunes entre dos autonomías. En este sentido, la “dimensión municipal” es la más adecuada en nuestros tiempos: está próxima al elector, en su ámbito es difícil ocultar responsabilidades y mala gestión; pero tiene, al mismo tiempo, una dimensión lo suficientemente compleja como para que pueda realizar una tarea de gobierno eficaz y una planificación a medida del ciudadano. Al no existir condicionamientos “nacionalistas” o “independentistas”, los municipios son más proclives a entenderse entre sí y a establecer programas conjuntos de desarrollo. Por lo demás, un parlamento autonómico es, en sí mismo, absurdo: el poder legislativo de una comunidad autónoma, inevitablemente tiene unos límites que progresivamente se van estrechando: de un lado, comprimidos por los parlamentos del Estado-Nación, de otro por el de la Unión Europea; ambas instituciones van emanando leyes y reglamentos que condicionan la legislación que puede aprobarse en un comunidad autónoma.

Para justificar su existencia, los parlamentos autonómicos, escupen continuamente reglamentos y leyes locales, que, habitualmente pasan desapercibidas para el ciudadano y que apenas tienen repercusión sobre la opinión pública. El error consiste en haber fraccionado el “poder legislativo” en pequeños parlamentos regionales de bajo perfil y que precisan discutir hasta lo indecible lo superfluo para justificar su existencia. En este sentido, durante dos años, el Parlamento Catalán, ha estado discutiendo un “nou Estatut” de espaldas a la totalidad de la población que ni ve su necesidad ni entiende su oportunidad. ¿Qué hubiera hecho estos dos años el parlamento catalán de no haberse creado a sí mismo la “necesidad” de discutir un “nou Estatut”?

En cambio, los consejos municipales constituyen un marco democrático completo e irreprochable, dentro del cual las discusiones afectan a lo esencial en la vida de las comunidades. La coordinación de distintos municipios en el marco de las Diputaciones Provinciales, parece hoy mucho más eficaz y adecuado a la realidad de la Unión Europea, que el engendro de 17 monstruos burocráticos autónomos.

Una candidatura identitaria debe proclamar el fracaso del “Estado de las Autonomías” y proponer la “segunda descentralización” priorizando la vida municipal y exigiendo transferencias de las comunidades autónomas, a los municipios.

El panorama de las candidaturas identitarias

En las próximas semanas, dedicaremos un buen número de comentarios a las elecciones locales de 2007. El problema es, por una parte, de programa electoral y orientación de las candidaturas y, por otra, la naturaleza misma de esas candidaturas. En nuestra opinión, las nuevas candidaturas municipales deben de orientarse en función de dos principios: la exigencia de una “nueva descentralización” y la “calidad de la vida municipal”. El primer punto pasa, como hemos dicho, por la reivindicación de transferencias de las comunidades autónomas a los municipios y la segunda, por un reconocimiento de los verdaderos problemas que afectan hoy a los municipios: de todo lo que se refiere a condiciones ecológicas (eliminación de residuos, ruidos, etc), a problemas de seguridad ciudadana (lucha contra la delincuencia, detección de bolsas de inmigración ilegal), pasando por los problemas de urbanismo (programas de viviendas accesibles, planificación urbanística, hacienda municipal, inversiones). De todo esto habrá ocasión de hablar en las próximas semanas.

Luego queda el espinoso problema de las candidaturas: para poder valorar justamente la situación hay que empezar reconociendo que no existen fuerzas políticas identitarias que dispongan de capacidad para presentar candidaturas con garantías de obtener los mínimos resultados en ninguna ciudad, ni grande ni pequeña. Estos grupos, como máximo, pueden llegar a un “reparto” de municipios en los que presentarse, formar un “frente” en tal o cual localidad y, como máximo, no solapar su actividad política en municipios concretos. Pensar en presentar “20 candidaturas en 20 municipios” lleva a un callejón sin salida: ninguno de los “partidos identitarios” (juntos o separados) dispone hoy, absolutamente de ninguna localidad en la que tenga las más mínimas posibilidades de obtener resultados. La realidad es que, en ninguna localidad, ninguna sigla de partido identitario está en condiciones de obtener nada apreciable. Y si se trata de formar un “frente”, hay que recordar que el lanzamiento de un “frente” es algo complejo y que, en principio, la sigla es completamente desconocida para el elector (aun en el caso de que ese mismo elector conozca las siglas de cada una de las fracciones que componen el frente).

Se engaña quien crea que unas siglas de cualquier pequeño partido político alternativo e identitario, puede obtener algún resultado que constituiría un verdadero milagro. En política, los milagros jamás se producen; lo más frecuente, son las catástrofes y los desengaños. Partidos que hace cuatro años parecían en ascenso –DN- han estallado interiormente y lo que queda acogido bajo su sigla resulta extremadamente escuálido y carece de la implantación mínima y la experiencia necesaria; en cuanto a los grupos “históricos”, carecen de la capacidad de penetración entre el electorado y apenas pueden aspirar a otra cosa que a presentar las candidaturas con la garantía de obtener un número exiguo de votos; su propia naturaleza de “partidos históricos” les garantiza un colchón electoral bajísimo y finísimo, pero los inhabilita para obtener resultados apreciables; la “historia política” es, a la postre, “lastre político”.

Habitualmente, todos estos grupos creen que basta con repetir una y mil veces que están contra la inmigración masiva para poder llamar la atención de una parte del electorado. Pero, además, de la inmigración existen otros muchos problemas y, sobre todo, de lo que se trata es de formar un “target” electoral con personas que sean conocidas y apreciadas en su comunidad y que, por sí mismas, ya tengan un primer tirón; el “programa” es el complemento adecuado de los candidatos, pero, por sí mismo, no basta para obtener votos.

Si no hay absolutamente ninguna formación política en condiciones de presentar candidaturas, es en otro lugar en donde hay que buscar la estructura organizativa adecuada. Recordamos a nuestros lectores, la serie de artículos publicada en infoKrisis hace unas semanas, relativos a la “teoría de organización”. El 11 de septiembre todos estos artículos y algunos complementos se publicarán en forma de texto gratuito en formato PDF. Pero, en cualquier caso, la idea puede resumirse así:

Si no hay partidos con entidad suficiente, se trata de crear “comités”, “plataformas”, “iniciativas” ciudadanas que agrupen energías locales tendentes a la realización del mismo proyecto político-municipal.

Todos estos elementos, deben procurar obtener arraigo suficiente en su ámbito de influencia (el ámbito municipal) y tratar de coordinarse informalmente entre sí, mediante un modelo de “organización en red”.

Cuando estas unidades tengan entidad y arraigo suficiente y hayan conquistado parcelas de poder municipal, será posible pensar en la creación de un partido político con capacidad suficiente para tener una representación nacional, antes no.

Cada unidad de la red debe estar dispuesto a aportar a otras unidades aquello de lo que dispone: es el principio de actuación en red, el trabajo de una parte, puede ser aprovechado por cualquiera de las partes.

Este modelo organizativo responde a la realidad de nuestro ambiente político en la España actual. Empeñarse en lanzar siglas de partidos, o coaliciones de partidos que solos no tienen fuerza suficiente como para pesar (aunque se beneficien de eventuales y puntuales inyecciones de fondos) está condenado al fracaso. En este sentido, el fracaso electoral de la coalición creada en torno a Alexandra Mussolini en la pasada convocatoria regional italiana, es suficientemente significativo: no basta fusionar cuatro o cinco siglas de “partidos” con estructura mínima y medios limitados, para poder crear “el partido”. Para que exista “partido” es preciso que exista, detrás, un movimiento político-social de cierta envergadura. De lo contrario se permanece en el 0 + 0 = 0.

© Ernesto Milá – infokrisis – [e-mail]

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Pedro Zerolo, Zapatero y la demolición de la sociedad

Redacción.- El gobierno ha cuidado en todos los detalles: ha aprobado la ley de “matrimonios” homosexuales poco antes del día del orgullo gay, se ha preocupado de que aparezca en el BOE el mismo 2 de julio y, finalmente, la ministra de ¿cultura?, Pepín Blanco y Pedro Zerolo han estado en primera fila de la manifestación “festiva”. Zerolo puede estar orgulloso, el día en el que ZP se divorcie, ya se podrá casar con él. No sé ZP, pero yo de él, no le daría la espalda a PZ, Pedro Zerolo.

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ZP se ha equivocado hasta en el momento

Habitualmente, los gobiernos realizan sus “grandes” reformas, en la segunda mitad de la legislatura, a fin de que el efecto benéfico para algunos colectivos sociales, sea reciente y esté presente en el momento de acudir nuevamente a votar. A nadie se le escapa que la sociedad española sigue considerando “maricones” a los “gays” y que los chistes sobre las partes traseras siguen haciendo reír al personal. Una ley de igualdad para los matrimonios gay no va a hacer que “dar por el culo” deje de ser una guarrada para convertirse en la “sublime muestra del amor homosexual”, ni que los niños adoptados por dos padres o dos madres, sean respetados por sus compañeros. Querer deformar las opiniones de una sociedad, recurriendo a leyes aprobadas por la mínima diferencia de votos, es arriesgado para el seudo-legislador. Aquí no se trata de “elevar a rango de ley lo que es normal en la calle”, sino de querer alterar la percepción que la sociedad tiene: “elevar al rango de normalidad legal a lo que la calle percibe como anormalidad”.

Es evidente que todo el interés del PSOE por la cuestión de los homosexuales viene en función de sus necesidades electorales. Con una mayoría más que relativa, con unas encuestas del CIS que confirman que ZP no despega del PP, el cultivo de las minorías sexuales es vital para las esperanzas electorales del socialismo español. Triste el destino del partido fundado por Pablo Iglesias, cuya permanencia en el poder en la próxima legislatura dependerá solo del voto de los homosexuales y las lesbianas. Estos colectivos suponen de un 3 a un 5% de la población, una bolsa de votos que el PSOE quiere convertir en espacio clientelar.

Pero ZP ha olvidado algo esencial: los matrimonios gays van a tener que vivir, como los heterosexuales en “soluciones habitacionales” de 30 metros cuadrados y allí, en esa superficie, deberán de criar a su hijo chino o árabe, recién adoptado… Si, por que el problema para ZP es que olvida un pequeño hecho esencial: incluso los gays, además de ser homosexuales, son otras cosas, ciudadanos, por ejemplo; y, en tanto que ciudadanos, van a tener que someterse a las demás creaciones del PSOE: pisos de 30 metros cuadrados, un país centrifugado, una economía víctima de la globalización radical, sin defensa nacional, sin orientaciones en política exterior, con una economía a la deriva que vive de la inercia del período anterior, etc.

Cuando lleguen las elecciones hará falta ver que pesa más en la mentalidad gay: si el “derecho al matrimonio” o una situación globalmente deteriorada. El gay, además de ser gay, es ciudadano y como tal, sometido a las mismas tensiones y conflictos que el resto de la comunidad. ZP lo ha olvidado, de ahí que no creamos que ni siquiera, desde el punto de vista electoral, la legalización del “matrimonio gay” le beneficie.

Ahora tocan los derechos de los transexuales

Se dice en voz baja, pero de manera insistente: si existe un número creciente de gays es porque existen un número creciente de personas con un defectos de sexualización, cuerpo de hombre y mentalidad de mujer o actitudes femeninas, o viceversa. Estos defectos de sexualización no aparecen hoy por casualidad. Si hoy se registra un mayor número de homosexuales es por lo mismo que las niñas tienen la primera menstruación a una edad sorprendentemente temprana o tienen un desarrollo corporal inusual para el cual, no hace mucho, había que esperar entre dos y cuatro años. No existe secreto alguno para explicar estos cambios fisiológicos y mentales. La sexualidad depende de las secreciones hormonales y la alimentación moderna ha alterado el normal equilibrio hormonal en el ser humano, especialmente en el de los países desarrollados. Las hormonas femeninas están presentes en el agua y en muchos alimentos… no es de extrañar que las sociedades occidentales, exterioricen estas alteraciones en un cambio en las costumbres.

Digámoslo claramente: hasta los años 50, la homosexualidad era considerada una enfermedad. A partir de 1956, cuando la Asociación Norteamericana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, la homosexualidad pasó a ser una de las formas posibles de ejercicio de la libertad en el terreno sexual. No era algo extraño en la tradición occidental. Homosexualidad ha habido siempre… pero sólo a partir de los años 80 adquiere un carácter masivo. ¿Motivo? Por el desequilibrio hormonal injertado por aditivos introducidos en la alimentación. Cuando la ingesta continua de conservas genera escorbuto, el escorbuto es considerado una enfermedad. Cuando alguien sufre un desequilibrio hormonal, de lo que se trata es de que recupere la “normalidad”, no que persista en ese desequilibrio y se cree una legislación que eleve a “normal” aquello que fisiológicamente es una “anormalidad”.

¿Para cuando alguna iniciativa en defensa de la familia?

Esta semana ha sido pródiga en reformas legislativas. El divorcio exprés ha quedado aprobado. ZP y PZ (Pedro Zerolo) ya se pueden casar e incluso adoptar niños. Incluso la aprobación del “plan de choque de la vivienda”, con sus pisos de 30 metros, tiene mucho que ver con esta misma temática. La ley sobre la violencia doméstica también ha entrado en vigor con la puesta en marcha de treinta juzgados especializados. A partir de ahora, la agresión de un hombre a una mujer se penará el doble que la agresión de una mujer a un hombre. A esto, en lugar de estupidez, le llaman “discriminación positiva”.

Vale la pena preguntarse si en algún momento, algún día, no se sabe cuando, el gobierno entenderá que la mayor parte de este país es “normal” y que se trata de gobernar para la normalidad, no para la anormalidad. Si, como se acepta, el 3-5% de la población es gay, esto, no deja de ser “anormal” en relación al 97-95% de la población heterosexual. Se mire como se mire, lo “normal” es que las familias unidas por lo civil o por lo religioso, sean proyectos de vida en común, pensados para “durar”… no para divorciarse a los 10 años. Hoy se sabe que uno de cada cuatro matrimonios fracasan en los 10 años siguientes de contraído el matrimonio. Algo falla, evidentemente.

En este terreno, el ejercicio de la libertad personal (para divorciarse, para elegir a una persona del mismo sexo como compañero, para drogarse) no puede confundirse con el perder de vista, la normalidad, ni con el perjuicio que se pueda causar a terceros. El Estado, en tanto que expresión orgánica de la comunidad nacional, debe tener presente, sobre todo, lo que es normal, no lo “anómalo”: los derechos de los delincuentes que causan perjuicios a la comunidad, están por detrás de los derechos de las víctimas. Los derechos de los terroristas están por detrás de los derechos de las víctimas. Los derechos de los homosexuales están muy por detrás de los derechos de las familias heterosexuales. Todo Estado y toda sociedad tiene unas necesidades: la primera de todas, es la continuidad. Para que una comunidad nacional y el Estado que la encarna, tenga viabilidad debe priorizar los derechos de las parejas heterosexuales (las únicas en condiciones de engendrar) y los derechos de las familias (único marco apropiado para la especie humana en cuyo seno se puede asegurar la continuidad cultural de una sociedad).

ZP no entiende nada de todo esto. Ni lo entiende, ni probablemente le interesa, ni seguramente tiene valor para él, un tipo cuya mentalidad está repleta de tópicos de la izquierda utópica, y cuyo comportamiento está hecho del oportunismo tan característico de la socialdemocracia europea. Pero sería de desear que ZP, antes de que acabara la legislatura, advirtiera que una de las misiones del Estado es proyectar la comunidad nacional hacia el futuro y que una sociedad en la que la familia, los hijos y su educación (el caos insertado por el socialismo en la educación es antológico), estén en la picota (a través de la equiparación de los matrimonios héteros a las uniones gays, a través de la quiebra absoluta, total y completa del sistema educativo estatal, a través de la imposibilidad de formar familias con hijos que habiten en pisos de 30 metros, a través de facilitar el divorcio hasta extremos de hacer, prácticamente, inútil el matrimonio, etc.), es una sociedad inviable. La ceguera, la irresponsabilidad y la demagogia de ZP está convirtiendo a la sociedad española en inviable. La responsabilidad histórica que ha adquirido este presidente elevado a la poltrona gracias a un atentado, no deberá olvidarse en las décadas venideras. ZP, que ha pretendido pasar a la historia, mediante esta legislación “progresista”, será denostado por las generaciones venideras como el hombre que más hizo para desmantelar la sociedad española: y no sólo la familia. Cinco milloneas de inmigrantes son otro frente de desestabilización antropológica, económica y cultural, al que hay que pedir responsabilidad a ZP.

La normalidad se aleja de España

Tiene gracia, por que el otro día en un programa de TV catalana, un inmigrante de raza negra, bromeaba en torno a los homosexuales, pero decía una gran verdad, “lo que más me llama la atención son los maricones… en África no existen esas cosas”. No podemos reprochar a este africano que considere la situación que vive Europa en este momento, como anómala e incomprensible desde el punto de vista de la normalidad, Ahora toca el turno a los “transexuales”.

En la manifestación del “orgullo gay” (¿para cuándo una manifestación del “orgullo de la normalidad hétero?) lo que más suele llamar la atención son las “carrozas” sobre las que la anormalidad más absoluta muestra su enloquecimiento a quien quiere verlo. Este año, además, han llamado la atención las pancartas de los transexuales que piden “igualdad de derechos”. Y sobre esto, vale la pena realizar una reflexión.

Se empieza borrando del catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad y se termina “comprendiendo” las reivindicaciones transexuales y pagando las operaciones de cambio de sexo con cargo a la seguridad social. Una vez perdido el paradigma de normalidad, cualquier cosa vale. A nadie le puede extrañar que, a partir de ahora, el colectivo islamista reivindique algo tan alejado de nuestra tradición cultural y del respeto a la mujer, como es la poligamia, o que salgan otros que reivindiquen lo poliandria. ¿Y por qué no la pedofilia? Algunos colectivos gays ya han escrito que si la pedofilia es consentida ¿qué hay de malo?. Oiga, y ¿han visto la dulzura de la mirada de una vaca? Si estoy enamorado de una vaca, ¿por qué no voy a poder dejarle mi herencia cuando yo falte? ¿por qué no va a poder cobrar una pensión de la SS? ¿qué impide que consideremos a una vaca como una posibilidad, de entre muchas, de vivir en pareja una nueva forma de “matrimonio”? Y ¿qué me dicen de un besugo? ¿acaso sus labios no son mucho más atractivos y naturales que millares de labios recauchutados a base de chutes de botox? El hecho de que ame a un besugo y de que su hábitat natural sea una pecera, no implica que no aspire a una igualdad de derechos para mi pareja, en el fondo, nos amamos…

El límite de los errores de sexualización, es el transexualismo. Hombres de mentalidad con cuerpo de mujer, o viceversa, a los que una seudomedicina de la frivolidad pueden hacer cambiar de sexo: castrarlos a ellos, para, luego, abrirles en canal el pene, zurcirlo con la costura hacia el exterior y volverlo del revés, insertándolo en el interior del bajo vientre. Esto, unido a una sobredosis de lubrificantes, les permitirá –a los que sobrevivan a la natural tendencia de esta cicatriz a cerrarse y provocar todo tipo de infecciones- mantener relaciones sexuales “normales”. Esto y, naturalmente, un cóctel diario de hormonas capaces de alterar la sexualidad de un tercio de la legión, le permitirán llevar una vida “aproximadamente” similar a la de una mujer.

El problema de la sexualidad basada en los impulsos cerebrales, es que estos se estructuran en base a la acción de las hormonas que participan en el proceso de sexualización y de exteriorización de la sexualidad. Y como todo flujo hormonal, puede cambiar. ¿Quién no ha conocido a homosexuales que bruscamente se han casado? ¿o a heterosexuales con hijos que se han fugado con un representante de comercio gay? Pues bien, también es frecuente el caso de transexuales que hoy se sienten hombres y mañana mujeres… hoy se sienten “mujeres” y precisan bolsas de silicona en los senos e incluso una pizca de celulitis injertada en los muslos, mañana, sienten que han nacido para ser hombres de pelo en pecho y se deprimen al ver sus senos turgentes, sus pómulos convertidos en pitones, y así sucesivamente. El Estado no puede, permanente y preferentemente, atender a las reivindicaciones de gente que tiene problemas de identificación sexual. Como máximo puede tratarlos mediante psiquiatría y tratamientos hormonales… pero manteniendo siempre presente que la “normalidad”, no es el último capricho del transexual, sino la normalidad implícita en la naturaleza y en las sociedades humanas. Aquí hombres, allí mujeres. O viceversa. En absoluto: hoy hombre, mañana mujer, pasado no lo sé.

Y, a todo esto, tiene gracia que la Junta de Andalucía pague las operaciones de cambio de sexo con cargo a la seguridad social, mientras los tratamientos de optometría (que si son, en buena medida, un desgaste provocado por la edad y el trabajo) nos lo tengamos que pagar, precisamente, los que cotizamos desde jovencitos a la SS.

ZP y PZ ya se pueden casar.

Si los rizos de Bisbal atraen a millones de quinceañeras, los ricitos azabache de Zerolo, como mínimo tan trabajados como los de Bisbal, atraen solo la atención de unos cuantos dirigentes socialistas. Lo suficiente como para el presunto encanto de los rizos de Zerolo, haya generado un vuelco en la sociedad española. Las uniones gays son cualquier cosa (un lío, un rollo, una historia, una pareja, etc.) menos un matrimonio. Hubiera bastado que ZP se limitara a un decreto que admitiera la formalización de parejas de hecho homosexuales inscritas en un registro ad hoc, estableciera sus derechos, para que se hubiera llegado a la misma situación de igualdad para los homosexuales. Bastaba solo con eso: pero no era lo que quería Zerolo y el movimiento gay. Ellos tenían un “caprichito”.

Lo más gracioso es que Zerolo y sus mariachis consideran el matrimonio como una institución “anticuada”, superada e indeseable. Paradójicamente, aspiran a ella. En realidad, les interesa la equiparación a los matrimonios héteros, para vaciar a esta institución de contenidos y acentuar su crisis. Todo el mundo que conoce mínimamente el mundo gay, sabe perfectamente que las uniones homosexuales tienen corta duración, imposible de cuantificar en este momento, pero, desde luego, muy inferior a las uniones héteros.

La fragilidad de este tipo de relaciones las inhabilita completamente para las adopciones. La adopción es un derecho del adoptado, no de los cónyuges, homosexuales o héteros. Para que haya adopción viable, debe existir estabilidad en la pareja. Las uniones gays, en principio, da la sensación de que carecen en su inmensa mayoría de esa estabilidad. Claro, hasta ahora no existen estadísticas de la duración de las parejas gays… pero, a partir de ahora, si va a existir la posibilidad, año tras año de conocer la duración exacta de los “matrimonios” gays. Y no auguramos ninguna sorpresa, precisamente, sino la confirmación de que las uniones gays son efímeras, transitorias e inestables.

Pedro Zerolo está en la ejecutiva del PSOE por decisión personal de Zapatero. El chico no es ninguna lumbrera. A decir verdad, le interesa solo defender los “derechos del colectivo gay”, algo que hace insistentemente, pero con la limitación de argumentos propia de ese sector. Todos estamos esperando el próximo congreso socialista para comprobar si Pedro Zerolo repite en la ejecutiva del PSOE o se va con viento fresco una vez alcanzados los últimos objetivos de ZP: el desmantelamiento de cualquier rastro de paradigma “normalidad” en la sociedad española.

Que no lo dude, ni ZP, ni PZ: la sociedad española les pedirá responsabilidades por su tarea de demolición.

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© Ernesto Milá – infokrisis – [e-mail]