Elecciones municipales (I de V). La 2ª descentralización
Redacción.- Hace dos años tuvieron lugar las últimas elecciones municipales. En la actualidad, nos encontramos en el “paso del ecuador” de la legislatura municipal y en pocos meses se iniciará la carrera por situar las candidaturas en la recta de salida. Las elecciones municipales del 2003 demostraron, de la manera más dramática, la fragmentación de las candidaturas “identitarias”. En las elecciones del 2007, mucho de todo esto debe cambiar.
Por la “segunda descentralización”…
El poder municipales es, de todos los espacios de poder de un Estado democrático moderno, sin duda el que resulta más accesible para las pequeñas formaciones políticas. Pero, además, de accesible, es, sin duda, uno de los más influyentes. El poder municipal supone la posibilidad de realizar política “real” en un ámbito accesible al ciudadano medio.
Buena parte de los problemas que experimentan los ciudadanos de los Estados democráticos modernos, en especial todo lo que se refiere a la calidad de la vida, aparecen en la dimensión local y es en ese mismo ámbito en donde deben resolverse. Además, en España, se une una reivindicación pendiente, inasumible para los partidos mayoritarios: la “segunda descentralización.
La primera descentralización, realizada bajo el signo de las autonomías, se realizó apresuradamente y sin medir las consecuencias. Así se han producido casos tan absolutamente dramáticos, como el incendio de los bosques de Guadalajara que prosigue hasta las comunidades autónomas vecinas, pero la junta de Castilla-La Mancha solamente asume la “competencia” de apagar el fuego hasta el límite de su frontera, no más allá. Y, dramáticamente, el fuego no conoce fronteras, mucho menos fronteras autonómicas.
Esta política irresponsable de descentralización, iniciada en los primeros años de la transición, ha convertido nuestro país en el único caso (o “caos”) mundial en el que una forma de centralismo es sustituida por una fotocopia reducida del mismo. La buena voluntad que implicaba la lucha contra el centralismo quedó anulada por el error histórico que suponía crear 17 autonomías, cada una con su pequeño foco centralizador. Catalunya es, en este terreno, paradigmática: los 4.000.000 de habitantes localizados en el “Área Metropolitana de Barcelona”, en donde, por lo demás, se encuentra concentrada toda la clase política catalana, ejercen un peso decisivo en la autonomía que, en total, cuenta con 6.500.000 de habitantes. El centralismo que ejerce Barcelona, sobre la “periferia” catalana, es, como mínimo tan superior (y en nuestra opinión, muy superior) al que ejerció el centralismo madrileño en el momento de mayor énfasis jacobino.
De ahí que hoy, en el siglo XXI, sea preciso, más que nunca, proceder a una “segunda descentralización” que reste competencias a las comunidades autónomas, aligere su estructura de gobierno y remita organismos de decisión allí donde deben estar más próximos a los ciudadanos (y, por tanto, sometidos a un control democrático más efectivo), en los municipios.
En esta próxima campaña para las elecciones municipales, resulta ineludible plantear una propuesta que, sin duda, el resto de fuerzas políticas mayoritarias no compartirán: ampliar las competencias de los municipios, restándolas a las comunidades autónomas.
De las comunidades autónomas a los municipios
Cuando estalló la “revolución francesa”, el “súbdito” pasó a ser “ciudadano”. A nadie se le escapa que esta nueva denominación obedece al carácter urbano de los intelectuales burgueses que desencadenaron el proceso revolucionario que desembocó en la formación de los Estados liberales. Los “revolucionarios” eran “urbanitas” y, como tales, les resultaba absolutamente incomprensible que todo aquel que no viviera en la ciudad gozara de los mismos derechos y libertades. A los habitantes de la ciudad se les concede derecho al voto, antes que los campesinos. Es por eso que, a partir de 1789, el campo muere, se despuebla y el trabajo rural pasa a ser considerado como “secundario” en relación al trabajo industrial. Pero de todo esto hace ya 207 años. La paradoja consiste en que las comunidades del siglo XXI están siendo gobernadas por principios y doctrinas surgidas en el siglo XVIII.
En este contexto, es preciso superar los principios de la “revolución francesa” (que solo podían generar un Estado centralizador, jacobino y burgués) creados para una dimensión nacional, pero que desconsideraban cualquier otro nivel de competencias y decisiones. Los principios de la revolución de 1789 cuajaron en Estados Centralizadores y cuando el concepto entró en crisis (hacia el último tercio del siglo XX) no fueron capaces de alumbrar más que engendros como el “Estado de las Autonomías”; fundado sobre la base del “café para todos” improvisado por Adolfo Suárez durante la transición, este modelo de Estado ha demostrado ser completamente inestable, sometido a los intereses y las tensiones generadas por la periferia, y, finalmente, incapaz de establecer políticas de Estado.
El “Estado Nacional”, en lugar de ser un ente descentralizado, pasó a ser una amalgama de “Comunidades Autónomas”, cada una de las cuales reproducía en su dimensión los errores y las taras de los Estados centralizados. Ese sistema ha fracasado. Si en España no ha podido hablarse aún de la absoluta catástrofe que ha supuesto ese “modelo nacional” es a causa del peso de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad del Estado. Pero, un análisis objetivo nos indica que el caos lingüístico, la falsificación sistemática de la historia, la parcelación de la historia “nacional” en historias “regionales”, con la imposibilidad de establecer una “educación nacional”, la ambigüedad con la que la clase política de la transición elaboró una constitución en la que se hablaba de “nación”, “nacionalidad”, “región”, “autonomía”, sin establecer de forma precisa qué implicaba cada concepto, las luchas entre autonomías, la competencia entre ellas para demostrar quien es más “nacionalista”, o quien plantea la conquista de techos autonómicos más elevados, etc, todo esto, unido al costo absolutamente insoportable que comporta el mantenimiento de 17 comunidades autónomas, con un aumento de la burocracia nunca antes experimentado en España, implica el reconocimiento de un fracaso: el “Estado de las Autonomías” es hoy un cadáver fétido y maloliente del cual, el “Plan Ibarreche y la “soberanía compartida” propuesta por Imaz y el “nou Estatut” del tandem Maragall-Carod, son los gusanos surgidos de aquella podredumbre.
Ir más allá en esta dinámica “descentralizadora” es suicida: lleva a la creación de clases políticos locales que aspiran a un mayor techo autonómico, entendiendo por tal, una mayor disponibilidad de recursos económicos, sobre los cuales cebar su rapacidad y asegurar con facilidad su saqueo. Nada más. Y esta rapacidad se enmascara con apelaciones a la “identidad nacional” de cada autonomía, a pretendidos “derechos históricos” y a “factores diferenciales” que, como cualquier otro factor emotivo y sentimental tienen como única finalidad despertar fuerzas que actúen de ariete contra el Estado. Luego la clase política regional ya se encarga de administrar de la forma más desaprensiva imaginable los nuevos “techos autonómicos” conquistados.
Las “comunidades autónomas” tienen una dimensión, lo suficientemente grande como para transformarse en gigantes burocrático-administrativos, pero lo suficientemente pequeña como para no poder ejercer una planificación real (que, en la actualidad, solamente puede darse en la dimensión del Estado Nacional y en la Unión Europea). En tanto que gigantes burocráticos, las comunidades autónomas se prestan poco al control democrático por parte de los electores y, en tanto que enanos políticos son incapaces, incluso, de ponerse de acuerdo para resolver cuestiones que afectan a ámbitos comunes entre dos autonomías. En este sentido, la “dimensión municipal” es la más adecuada en nuestros tiempos: está próxima al elector, en su ámbito es difícil ocultar responsabilidades y mala gestión; pero tiene, al mismo tiempo, una dimensión lo suficientemente compleja como para que pueda realizar una tarea de gobierno eficaz y una planificación a medida del ciudadano. Al no existir condicionamientos “nacionalistas” o “independentistas”, los municipios son más proclives a entenderse entre sí y a establecer programas conjuntos de desarrollo. Por lo demás, un parlamento autonómico es, en sí mismo, absurdo: el poder legislativo de una comunidad autónoma, inevitablemente tiene unos límites que progresivamente se van estrechando: de un lado, comprimidos por los parlamentos del Estado-Nación, de otro por el de la Unión Europea; ambas instituciones van emanando leyes y reglamentos que condicionan la legislación que puede aprobarse en un comunidad autónoma.
Para justificar su existencia, los parlamentos autonómicos, escupen continuamente reglamentos y leyes locales, que, habitualmente pasan desapercibidas para el ciudadano y que apenas tienen repercusión sobre la opinión pública. El error consiste en haber fraccionado el “poder legislativo” en pequeños parlamentos regionales de bajo perfil y que precisan discutir hasta lo indecible lo superfluo para justificar su existencia. En este sentido, durante dos años, el Parlamento Catalán, ha estado discutiendo un “nou Estatut” de espaldas a la totalidad de la población que ni ve su necesidad ni entiende su oportunidad. ¿Qué hubiera hecho estos dos años el parlamento catalán de no haberse creado a sí mismo la “necesidad” de discutir un “nou Estatut”?
En cambio, los consejos municipales constituyen un marco democrático completo e irreprochable, dentro del cual las discusiones afectan a lo esencial en la vida de las comunidades. La coordinación de distintos municipios en el marco de las Diputaciones Provinciales, parece hoy mucho más eficaz y adecuado a la realidad de la Unión Europea, que el engendro de 17 monstruos burocráticos autónomos.
Una candidatura identitaria debe proclamar el fracaso del “Estado de las Autonomías” y proponer la “segunda descentralización” priorizando la vida municipal y exigiendo transferencias de las comunidades autónomas, a los municipios.
El panorama de las candidaturas identitarias
En las próximas semanas, dedicaremos un buen número de comentarios a las elecciones locales de 2007. El problema es, por una parte, de programa electoral y orientación de las candidaturas y, por otra, la naturaleza misma de esas candidaturas. En nuestra opinión, las nuevas candidaturas municipales deben de orientarse en función de dos principios: la exigencia de una “nueva descentralización” y la “calidad de la vida municipal”. El primer punto pasa, como hemos dicho, por la reivindicación de transferencias de las comunidades autónomas a los municipios y la segunda, por un reconocimiento de los verdaderos problemas que afectan hoy a los municipios: de todo lo que se refiere a condiciones ecológicas (eliminación de residuos, ruidos, etc), a problemas de seguridad ciudadana (lucha contra la delincuencia, detección de bolsas de inmigración ilegal), pasando por los problemas de urbanismo (programas de viviendas accesibles, planificación urbanística, hacienda municipal, inversiones). De todo esto habrá ocasión de hablar en las próximas semanas.
Luego queda el espinoso problema de las candidaturas: para poder valorar justamente la situación hay que empezar reconociendo que no existen fuerzas políticas identitarias que dispongan de capacidad para presentar candidaturas con garantías de obtener los mínimos resultados en ninguna ciudad, ni grande ni pequeña. Estos grupos, como máximo, pueden llegar a un “reparto” de municipios en los que presentarse, formar un “frente” en tal o cual localidad y, como máximo, no solapar su actividad política en municipios concretos. Pensar en presentar “20 candidaturas en 20 municipios” lleva a un callejón sin salida: ninguno de los “partidos identitarios” (juntos o separados) dispone hoy, absolutamente de ninguna localidad en la que tenga las más mínimas posibilidades de obtener resultados. La realidad es que, en ninguna localidad, ninguna sigla de partido identitario está en condiciones de obtener nada apreciable. Y si se trata de formar un “frente”, hay que recordar que el lanzamiento de un “frente” es algo complejo y que, en principio, la sigla es completamente desconocida para el elector (aun en el caso de que ese mismo elector conozca las siglas de cada una de las fracciones que componen el frente).
Se engaña quien crea que unas siglas de cualquier pequeño partido político alternativo e identitario, puede obtener algún resultado que constituiría un verdadero milagro. En política, los milagros jamás se producen; lo más frecuente, son las catástrofes y los desengaños. Partidos que hace cuatro años parecían en ascenso –DN- han estallado interiormente y lo que queda acogido bajo su sigla resulta extremadamente escuálido y carece de la implantación mínima y la experiencia necesaria; en cuanto a los grupos “históricos”, carecen de la capacidad de penetración entre el electorado y apenas pueden aspirar a otra cosa que a presentar las candidaturas con la garantía de obtener un número exiguo de votos; su propia naturaleza de “partidos históricos” les garantiza un colchón electoral bajísimo y finísimo, pero los inhabilita para obtener resultados apreciables; la “historia política” es, a la postre, “lastre político”.
Habitualmente, todos estos grupos creen que basta con repetir una y mil veces que están contra la inmigración masiva para poder llamar la atención de una parte del electorado. Pero, además, de la inmigración existen otros muchos problemas y, sobre todo, de lo que se trata es de formar un “target” electoral con personas que sean conocidas y apreciadas en su comunidad y que, por sí mismas, ya tengan un primer tirón; el “programa” es el complemento adecuado de los candidatos, pero, por sí mismo, no basta para obtener votos.
Si no hay absolutamente ninguna formación política en condiciones de presentar candidaturas, es en otro lugar en donde hay que buscar la estructura organizativa adecuada. Recordamos a nuestros lectores, la serie de artículos publicada en infoKrisis hace unas semanas, relativos a la “teoría de organización”. El 11 de septiembre todos estos artículos y algunos complementos se publicarán en forma de texto gratuito en formato PDF. Pero, en cualquier caso, la idea puede resumirse así:
Si no hay partidos con entidad suficiente, se trata de crear “comités”, “plataformas”, “iniciativas” ciudadanas que agrupen energías locales tendentes a la realización del mismo proyecto político-municipal.
Todos estos elementos, deben procurar obtener arraigo suficiente en su ámbito de influencia (el ámbito municipal) y tratar de coordinarse informalmente entre sí, mediante un modelo de “organización en red”.
Cuando estas unidades tengan entidad y arraigo suficiente y hayan conquistado parcelas de poder municipal, será posible pensar en la creación de un partido político con capacidad suficiente para tener una representación nacional, antes no.
Cada unidad de la red debe estar dispuesto a aportar a otras unidades aquello de lo que dispone: es el principio de actuación en red, el trabajo de una parte, puede ser aprovechado por cualquiera de las partes.
Este modelo organizativo responde a la realidad de nuestro ambiente político en la España actual. Empeñarse en lanzar siglas de partidos, o coaliciones de partidos que solos no tienen fuerza suficiente como para pesar (aunque se beneficien de eventuales y puntuales inyecciones de fondos) está condenado al fracaso. En este sentido, el fracaso electoral de la coalición creada en torno a Alexandra Mussolini en la pasada convocatoria regional italiana, es suficientemente significativo: no basta fusionar cuatro o cinco siglas de “partidos” con estructura mínima y medios limitados, para poder crear “el partido”. Para que exista “partido” es preciso que exista, detrás, un movimiento político-social de cierta envergadura. De lo contrario se permanece en el 0 + 0 = 0.
© Ernesto Milá – infokrisis – infokrisis@yahoo.es
[los comentarios pueden ser enviados a infokrisis@yahoo.es y serán publicados a continuación del artículo, siempre y cuando aporten algo al debate y no se trate de exabruptos gratuitos]
Por la “segunda descentralización”…
El poder municipales es, de todos los espacios de poder de un Estado democrático moderno, sin duda el que resulta más accesible para las pequeñas formaciones políticas. Pero, además, de accesible, es, sin duda, uno de los más influyentes. El poder municipal supone la posibilidad de realizar política “real” en un ámbito accesible al ciudadano medio.
Buena parte de los problemas que experimentan los ciudadanos de los Estados democráticos modernos, en especial todo lo que se refiere a la calidad de la vida, aparecen en la dimensión local y es en ese mismo ámbito en donde deben resolverse. Además, en España, se une una reivindicación pendiente, inasumible para los partidos mayoritarios: la “segunda descentralización.
La primera descentralización, realizada bajo el signo de las autonomías, se realizó apresuradamente y sin medir las consecuencias. Así se han producido casos tan absolutamente dramáticos, como el incendio de los bosques de Guadalajara que prosigue hasta las comunidades autónomas vecinas, pero la junta de Castilla-La Mancha solamente asume la “competencia” de apagar el fuego hasta el límite de su frontera, no más allá. Y, dramáticamente, el fuego no conoce fronteras, mucho menos fronteras autonómicas.
Esta política irresponsable de descentralización, iniciada en los primeros años de la transición, ha convertido nuestro país en el único caso (o “caos”) mundial en el que una forma de centralismo es sustituida por una fotocopia reducida del mismo. La buena voluntad que implicaba la lucha contra el centralismo quedó anulada por el error histórico que suponía crear 17 autonomías, cada una con su pequeño foco centralizador. Catalunya es, en este terreno, paradigmática: los 4.000.000 de habitantes localizados en el “Área Metropolitana de Barcelona”, en donde, por lo demás, se encuentra concentrada toda la clase política catalana, ejercen un peso decisivo en la autonomía que, en total, cuenta con 6.500.000 de habitantes. El centralismo que ejerce Barcelona, sobre la “periferia” catalana, es, como mínimo tan superior (y en nuestra opinión, muy superior) al que ejerció el centralismo madrileño en el momento de mayor énfasis jacobino.
De ahí que hoy, en el siglo XXI, sea preciso, más que nunca, proceder a una “segunda descentralización” que reste competencias a las comunidades autónomas, aligere su estructura de gobierno y remita organismos de decisión allí donde deben estar más próximos a los ciudadanos (y, por tanto, sometidos a un control democrático más efectivo), en los municipios.
En esta próxima campaña para las elecciones municipales, resulta ineludible plantear una propuesta que, sin duda, el resto de fuerzas políticas mayoritarias no compartirán: ampliar las competencias de los municipios, restándolas a las comunidades autónomas.
De las comunidades autónomas a los municipios
Cuando estalló la “revolución francesa”, el “súbdito” pasó a ser “ciudadano”. A nadie se le escapa que esta nueva denominación obedece al carácter urbano de los intelectuales burgueses que desencadenaron el proceso revolucionario que desembocó en la formación de los Estados liberales. Los “revolucionarios” eran “urbanitas” y, como tales, les resultaba absolutamente incomprensible que todo aquel que no viviera en la ciudad gozara de los mismos derechos y libertades. A los habitantes de la ciudad se les concede derecho al voto, antes que los campesinos. Es por eso que, a partir de 1789, el campo muere, se despuebla y el trabajo rural pasa a ser considerado como “secundario” en relación al trabajo industrial. Pero de todo esto hace ya 207 años. La paradoja consiste en que las comunidades del siglo XXI están siendo gobernadas por principios y doctrinas surgidas en el siglo XVIII.
En este contexto, es preciso superar los principios de la “revolución francesa” (que solo podían generar un Estado centralizador, jacobino y burgués) creados para una dimensión nacional, pero que desconsideraban cualquier otro nivel de competencias y decisiones. Los principios de la revolución de 1789 cuajaron en Estados Centralizadores y cuando el concepto entró en crisis (hacia el último tercio del siglo XX) no fueron capaces de alumbrar más que engendros como el “Estado de las Autonomías”; fundado sobre la base del “café para todos” improvisado por Adolfo Suárez durante la transición, este modelo de Estado ha demostrado ser completamente inestable, sometido a los intereses y las tensiones generadas por la periferia, y, finalmente, incapaz de establecer políticas de Estado.
El “Estado Nacional”, en lugar de ser un ente descentralizado, pasó a ser una amalgama de “Comunidades Autónomas”, cada una de las cuales reproducía en su dimensión los errores y las taras de los Estados centralizados. Ese sistema ha fracasado. Si en España no ha podido hablarse aún de la absoluta catástrofe que ha supuesto ese “modelo nacional” es a causa del peso de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad del Estado. Pero, un análisis objetivo nos indica que el caos lingüístico, la falsificación sistemática de la historia, la parcelación de la historia “nacional” en historias “regionales”, con la imposibilidad de establecer una “educación nacional”, la ambigüedad con la que la clase política de la transición elaboró una constitución en la que se hablaba de “nación”, “nacionalidad”, “región”, “autonomía”, sin establecer de forma precisa qué implicaba cada concepto, las luchas entre autonomías, la competencia entre ellas para demostrar quien es más “nacionalista”, o quien plantea la conquista de techos autonómicos más elevados, etc, todo esto, unido al costo absolutamente insoportable que comporta el mantenimiento de 17 comunidades autónomas, con un aumento de la burocracia nunca antes experimentado en España, implica el reconocimiento de un fracaso: el “Estado de las Autonomías” es hoy un cadáver fétido y maloliente del cual, el “Plan Ibarreche y la “soberanía compartida” propuesta por Imaz y el “nou Estatut” del tandem Maragall-Carod, son los gusanos surgidos de aquella podredumbre.
Ir más allá en esta dinámica “descentralizadora” es suicida: lleva a la creación de clases políticos locales que aspiran a un mayor techo autonómico, entendiendo por tal, una mayor disponibilidad de recursos económicos, sobre los cuales cebar su rapacidad y asegurar con facilidad su saqueo. Nada más. Y esta rapacidad se enmascara con apelaciones a la “identidad nacional” de cada autonomía, a pretendidos “derechos históricos” y a “factores diferenciales” que, como cualquier otro factor emotivo y sentimental tienen como única finalidad despertar fuerzas que actúen de ariete contra el Estado. Luego la clase política regional ya se encarga de administrar de la forma más desaprensiva imaginable los nuevos “techos autonómicos” conquistados.
Las “comunidades autónomas” tienen una dimensión, lo suficientemente grande como para transformarse en gigantes burocrático-administrativos, pero lo suficientemente pequeña como para no poder ejercer una planificación real (que, en la actualidad, solamente puede darse en la dimensión del Estado Nacional y en la Unión Europea). En tanto que gigantes burocráticos, las comunidades autónomas se prestan poco al control democrático por parte de los electores y, en tanto que enanos políticos son incapaces, incluso, de ponerse de acuerdo para resolver cuestiones que afectan a ámbitos comunes entre dos autonomías. En este sentido, la “dimensión municipal” es la más adecuada en nuestros tiempos: está próxima al elector, en su ámbito es difícil ocultar responsabilidades y mala gestión; pero tiene, al mismo tiempo, una dimensión lo suficientemente compleja como para que pueda realizar una tarea de gobierno eficaz y una planificación a medida del ciudadano. Al no existir condicionamientos “nacionalistas” o “independentistas”, los municipios son más proclives a entenderse entre sí y a establecer programas conjuntos de desarrollo. Por lo demás, un parlamento autonómico es, en sí mismo, absurdo: el poder legislativo de una comunidad autónoma, inevitablemente tiene unos límites que progresivamente se van estrechando: de un lado, comprimidos por los parlamentos del Estado-Nación, de otro por el de la Unión Europea; ambas instituciones van emanando leyes y reglamentos que condicionan la legislación que puede aprobarse en un comunidad autónoma.
Para justificar su existencia, los parlamentos autonómicos, escupen continuamente reglamentos y leyes locales, que, habitualmente pasan desapercibidas para el ciudadano y que apenas tienen repercusión sobre la opinión pública. El error consiste en haber fraccionado el “poder legislativo” en pequeños parlamentos regionales de bajo perfil y que precisan discutir hasta lo indecible lo superfluo para justificar su existencia. En este sentido, durante dos años, el Parlamento Catalán, ha estado discutiendo un “nou Estatut” de espaldas a la totalidad de la población que ni ve su necesidad ni entiende su oportunidad. ¿Qué hubiera hecho estos dos años el parlamento catalán de no haberse creado a sí mismo la “necesidad” de discutir un “nou Estatut”?
En cambio, los consejos municipales constituyen un marco democrático completo e irreprochable, dentro del cual las discusiones afectan a lo esencial en la vida de las comunidades. La coordinación de distintos municipios en el marco de las Diputaciones Provinciales, parece hoy mucho más eficaz y adecuado a la realidad de la Unión Europea, que el engendro de 17 monstruos burocráticos autónomos.
Una candidatura identitaria debe proclamar el fracaso del “Estado de las Autonomías” y proponer la “segunda descentralización” priorizando la vida municipal y exigiendo transferencias de las comunidades autónomas, a los municipios.
El panorama de las candidaturas identitarias
En las próximas semanas, dedicaremos un buen número de comentarios a las elecciones locales de 2007. El problema es, por una parte, de programa electoral y orientación de las candidaturas y, por otra, la naturaleza misma de esas candidaturas. En nuestra opinión, las nuevas candidaturas municipales deben de orientarse en función de dos principios: la exigencia de una “nueva descentralización” y la “calidad de la vida municipal”. El primer punto pasa, como hemos dicho, por la reivindicación de transferencias de las comunidades autónomas a los municipios y la segunda, por un reconocimiento de los verdaderos problemas que afectan hoy a los municipios: de todo lo que se refiere a condiciones ecológicas (eliminación de residuos, ruidos, etc), a problemas de seguridad ciudadana (lucha contra la delincuencia, detección de bolsas de inmigración ilegal), pasando por los problemas de urbanismo (programas de viviendas accesibles, planificación urbanística, hacienda municipal, inversiones). De todo esto habrá ocasión de hablar en las próximas semanas.
Luego queda el espinoso problema de las candidaturas: para poder valorar justamente la situación hay que empezar reconociendo que no existen fuerzas políticas identitarias que dispongan de capacidad para presentar candidaturas con garantías de obtener los mínimos resultados en ninguna ciudad, ni grande ni pequeña. Estos grupos, como máximo, pueden llegar a un “reparto” de municipios en los que presentarse, formar un “frente” en tal o cual localidad y, como máximo, no solapar su actividad política en municipios concretos. Pensar en presentar “20 candidaturas en 20 municipios” lleva a un callejón sin salida: ninguno de los “partidos identitarios” (juntos o separados) dispone hoy, absolutamente de ninguna localidad en la que tenga las más mínimas posibilidades de obtener resultados. La realidad es que, en ninguna localidad, ninguna sigla de partido identitario está en condiciones de obtener nada apreciable. Y si se trata de formar un “frente”, hay que recordar que el lanzamiento de un “frente” es algo complejo y que, en principio, la sigla es completamente desconocida para el elector (aun en el caso de que ese mismo elector conozca las siglas de cada una de las fracciones que componen el frente).
Se engaña quien crea que unas siglas de cualquier pequeño partido político alternativo e identitario, puede obtener algún resultado que constituiría un verdadero milagro. En política, los milagros jamás se producen; lo más frecuente, son las catástrofes y los desengaños. Partidos que hace cuatro años parecían en ascenso –DN- han estallado interiormente y lo que queda acogido bajo su sigla resulta extremadamente escuálido y carece de la implantación mínima y la experiencia necesaria; en cuanto a los grupos “históricos”, carecen de la capacidad de penetración entre el electorado y apenas pueden aspirar a otra cosa que a presentar las candidaturas con la garantía de obtener un número exiguo de votos; su propia naturaleza de “partidos históricos” les garantiza un colchón electoral bajísimo y finísimo, pero los inhabilita para obtener resultados apreciables; la “historia política” es, a la postre, “lastre político”.
Habitualmente, todos estos grupos creen que basta con repetir una y mil veces que están contra la inmigración masiva para poder llamar la atención de una parte del electorado. Pero, además, de la inmigración existen otros muchos problemas y, sobre todo, de lo que se trata es de formar un “target” electoral con personas que sean conocidas y apreciadas en su comunidad y que, por sí mismas, ya tengan un primer tirón; el “programa” es el complemento adecuado de los candidatos, pero, por sí mismo, no basta para obtener votos.
Si no hay absolutamente ninguna formación política en condiciones de presentar candidaturas, es en otro lugar en donde hay que buscar la estructura organizativa adecuada. Recordamos a nuestros lectores, la serie de artículos publicada en infoKrisis hace unas semanas, relativos a la “teoría de organización”. El 11 de septiembre todos estos artículos y algunos complementos se publicarán en forma de texto gratuito en formato PDF. Pero, en cualquier caso, la idea puede resumirse así:
Si no hay partidos con entidad suficiente, se trata de crear “comités”, “plataformas”, “iniciativas” ciudadanas que agrupen energías locales tendentes a la realización del mismo proyecto político-municipal.
Todos estos elementos, deben procurar obtener arraigo suficiente en su ámbito de influencia (el ámbito municipal) y tratar de coordinarse informalmente entre sí, mediante un modelo de “organización en red”.
Cuando estas unidades tengan entidad y arraigo suficiente y hayan conquistado parcelas de poder municipal, será posible pensar en la creación de un partido político con capacidad suficiente para tener una representación nacional, antes no.
Cada unidad de la red debe estar dispuesto a aportar a otras unidades aquello de lo que dispone: es el principio de actuación en red, el trabajo de una parte, puede ser aprovechado por cualquiera de las partes.
Este modelo organizativo responde a la realidad de nuestro ambiente político en la España actual. Empeñarse en lanzar siglas de partidos, o coaliciones de partidos que solos no tienen fuerza suficiente como para pesar (aunque se beneficien de eventuales y puntuales inyecciones de fondos) está condenado al fracaso. En este sentido, el fracaso electoral de la coalición creada en torno a Alexandra Mussolini en la pasada convocatoria regional italiana, es suficientemente significativo: no basta fusionar cuatro o cinco siglas de “partidos” con estructura mínima y medios limitados, para poder crear “el partido”. Para que exista “partido” es preciso que exista, detrás, un movimiento político-social de cierta envergadura. De lo contrario se permanece en el 0 + 0 = 0.
© Ernesto Milá – infokrisis – infokrisis@yahoo.es
[los comentarios pueden ser enviados a infokrisis@yahoo.es y serán publicados a continuación del artículo, siempre y cuando aporten algo al debate y no se trate de exabruptos gratuitos]
0 comentarios