9-N, recta final

Info|krisis.- Esto ya no da más de sí. Después de un año de que la Generalitat insistiera en que el 9–N habría un referéndum, algunos se lo habían terminado por creer. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo verdaderamente absurdo de la situación es que, aun sin saber cuál hubiera sido el resultado de la consulta ¡ya estaba preparado un “consell de la transició” para preparar las estructuras del “nuevo Estado”! Y esta semana, quienes habían creído en todo esto, se dan cuenta de que alguien les había engañado, de que Zapatero, en toda su estupidez, no era el único “optimista antropológico” de este país. El drama –o sainete– “catalán” está entrando en su última fase. Todos sabemos cómo terminará aunque ninguna fuerza política catalana tiene el valor de admitirlo.

Una “revelación” personal

Albert Viladot era un buen amigo personal… además de ser director del diario Avui. De no haber fallecido prematuramente, hubiera escalado dentro de la jerarquía de la Generalitat y seguramente habría acabado como director de medios de la institución. No era nacionalista. Era, simplemente, periodista. Lo conocí cuando trabajaba para Sebastiá Auger y vendía como free–lancer algunos reportajes y entrevistas para el semanario El Mundo. No veíamos con cierta frecuencia en su despacho de Avui. Habitualmente se quejaba de los ataques que le prodigaban los independentistas desde el semanario El Triangle. Uno de nuestros temas de conversación era Terra Lliure y el MDT.

Viladot me hizo caer en la cuenta de algo que hasta ese momento no me había fijado: yo no terminaba de entender el terrorismo de Terra Lliure, ¿cómo era posible explicar que en una comunidad donde nunca había existido violencia política, apareciera una organización como esta que decía hablar en nombre del “poble catalá”? Y me lo explicó con nombres y apellidos: “Mira, todo ese entorno, los del MDT, de TLL, de la Crida, de Catalunya Lliure, del CIEMEN, de ERC, todos, se casan entre ellos, se quitan las novias entre ellos, hablan solo entre ellos, a las fiestas que van solamente asisten ellos, leen lo que escriben entre ellos… así pues creen que lo que ocurre entre ellos es lo que ocurre en toda la sociedad catalana”. Bingo.

Viladot me decía esto en 1990. Con el paso del tiempo, el dominio de CiU sobre los medios de comunicación catalanes y la mediatización de la sociedad catalana a través de un régimen de subsidios y subvenciones, mediante el control de la enseñanza, fue aumentando hasta convertirse en asfixiante. Hasta que finalmente, la Generalitat creyó que ya era “mayoría” y que todo lo existente sobre las cuatro provincias catalanas… estaba ya “catalanizado”.

“Derecho a opinar”, pero solo para decidir la independencia

Hace ahora justamente cinco años en la localidad de Arenys de Munt tuvo lugar el primer referéndum independentista. En aquella localidad en la que el gran problema no es el soberanismo, sino la presencia masiva de inmigrantes magrebíes y en donde es posible percibir, más que en cualquier otra, el aroma de la “nova Catalunya” (una región del Estado en vías de islamización), se inició la moda de los referéndums. En los dos años siguientes en varios cientos de municipios se procedieron a votaciones de este tipo en los que participó no más del 20% del electorado… el resultado final fue que un 19% del censo votó independentista… el 95% de los votantes se declaró en favor de la independencia. Meditando sobre ese porcentaje digno de los referéndums en Guinea Ecuatorial o en Zimbawe, los nacionalistas llegaron a la conclusión de que representaban a toda Cataluña. Por tanto, la convocatoria de un referéndum no solamente sería un ejercicio del “derecho de autodeterminación”, sino que, automáticamente llevaría a la independencia… A ningún soberanista le cabía en la cabeza el hecho de que un referéndum de estas características pudiera dar un resultado negativo a la pregunta: el ejercicio del derecho de autodeterminación, del “derecho a decidir”, para ellos, solamente podía abrir las puertas a la independencia. La posibilidad de seguir ligado al Estado Español ni la consideran. De ahí que prepararan un “consell assessor per a la transició” y encargaran a un juececillo un proyecto de constitución…

El nacionalismo siempre ha tenido una extraña forma de ver las cosas: por ejemplo, cuando aluden a co-oficialidad lingüística, no se refieren a que tal co-oficialidad se dé en Cataluña (en donde “el catalán es la lengua de todos los catalanes”)… sino en el resto del Estado Español que debe estar preparado para que un alumno de origen catalán pida enseñanza en catalán en Extremadura o que alguien nacido en el Maresme puede solicitar un impreso en catalán, digamos, en Fuerteventura… Hay un gen nacionalista que parece impedir el normal desarrollo de la lógica aristotélica en el cerebro de un nacionalista.

Los espíritus animosos, inquietos y subvencionados de la ANC, del Omnium, y demás, extrapolaron los resultados de los referéndums de chichinabo realizados a partir del de Arenys de Munt, y olvidaron lo esencial: que en Cataluña solamente un 35% de la población utiliza el catalán habitualmente y que los niveles de catalanización lingüística hace tiempo que tocaron techo, registrándose descensos en su uso; olvidaron que en Cataluña coexisten dos identidades, la catalana y la española; olvidaron que la Unión Europea, fue muy explícita (y en muchas ocasiones) respecto a la presencia de una Cataluña como “futuro Estado Europeo”; olvidaron que el mundo del dinero se mostró desde el principio en contra del soberanismo y que desde hace dos años existe una migración de sedes sociales de empresas de Barcelona al otro lado del Ebro; olvidaron que en el “año soberanista” (2013-2014) la inversión extranjera descendió un 64% en Cataluña; olvidaron que existe unos sectores “españolistas” que solamente por circunstancias políticas muy concretas no han ejercido como tales. Olvidaron, finalmente, que las naciones ni se crean ni se destruyen mediante referéndums.

Simplemente, el problema de Mas y de los que le han acompañado en esta aventura es –Viladot tenía razón– que, solamente hablaban entre ellos, se veían entre ellos, elucubraban en pequeños cenáculos entre ellos y, finalmente, se habían engañado sobre la realidad catalana.

El referéndum y su previsible resultado…

Soy de los que opina que un referéndum solamente puede realizarse en condiciones de igualdad, cuando todas las partes tienen las mismas posibilidades y existe igualdad en las condiciones de partida. Cuando hace 34 años que la Generalitat utiliza el sistema educativo para formar promociones nacionalistas, cuando desde su fundación controla con mano de hierro las llaves de la caja a la hora de repartir subvenciones y comisiones ¿del 3, del 5%? por obra pública y por cualquier contrato firmado con ella, cuando se reparten subvenciones solamente a los “amigos”… entonces no hay igualdad posible y, en cualquier caso, los resultados de un referéndum sobre de futuro de Cataluña estarían adulterados. Además, los referéndums no se pueden convocar en momentos de crisis en donde la opinión pública está asustada y desorientada. Y, a la vista de la situación del sistema educativo catalán, no parece siquiera que buena parte de los llamados a votar estén en condiciones de decidir sobre algo de lo que ignoran su alcance, repercusiones y viabilidad. Tampoco pueden convocarse cuando solamente una parte realiza publicidad unilateral y unidireccional de su causa, mientras la otra se ve excluida sistemáticamente de los medios de comunicación y de los repartos de subvenciones a sociedades y círculos…

Bueno, pues aun así, y con todo lo dicho en el párrafo anterior, soy de los que opinan que en caso de referéndum los NO a la independencia hubieran superado a los que se han dado recientemente en Escocia. ¿Motivo? Conozco a Cataluña y a los catalanes, yo mismo lo soy al 50% y toda mi infancia ha transcurrido con ese 50% de familia catalana que tengo. Los catalanes, carecen de decisión suficiente para saltar al vacío. Les gusta, es posible, como el resto de españoles, discutir en el casino o en la tertulia del bar, hacer y deshacer países, ejercer fantasía política… pero una vez situados ante el vacío, reculan. No creo, en ningún caso, que los partidarios de la independencia después de 15 días de campaña, con fair play, hubieran dado más de un 40% de votos a la independencia. En realidad, no creo siquiera que hubieran llegado a un 30%. Y con eso no se construye una nación…

Pero el error de Rajoy no ha sido negarse al referéndum… sino hacerlo solamente esgrimiendo motivos jurídicos y en especial la vigencia de una constitución que huele a muerto. Rajoy podría haber perfectamente negociado un referéndum dentro de un lustro, a cambio de 5 años de escuela bilingüe diferenciada, del 50% de la programación de la radio televisión catalana compartido entre la Generalitat y el Estado en ese tiempo, podría haber negociado que el 50% de la subvenciones distribuidas por la Generalitat en esos años, fueran a parar a asociaciones no catalanistas; referéndum, sí, cuando se hubiera procedido a una auditoría de las cuentas de la Generalitat desde su reimplantación y depurado responsabilidades por corrupción… y entonces, votación. La Generalitat, naturalmente, se hubiera negado. Su principio es que todo lo que se hace en Cataluña tiene que beneficiar solamente a lo que “es catalán”, entendiendo por ello todo lo que es nacionalista, es decir, a CiU y asociados. Así pues, tolerar algún tipo de publicidad contraria a este principio supone “traicionar a Cataluña”, de la misma forma que votar en contra de la independencia es para ellos, igualmente, ejercer esa traición…

El pueblo catalán no es de los que tienen tendencia a suicidarse. A muchos catalanes les hubiera bastado simplemente con recordarles el porcentaje de islamistas presentes en aquella región, como para suscitarles temblores y malos presagios. A otros les bastaría simplemente con que Planeta cambiaría su sede social en caso de independencia. O simplemente recordar el cálculo de la parte alícuota que correspondería a una Cataluña independiente del total de la deuda del Estado, o el coste de las infraestructuras que el Estado dejaba en Cataluña, para que cambiaran la orientación de su voto. A otros incluso pensar que la liga catalana tendría como derby máximo al Barça contra el Lleida, les induciría a invertir su voto.

Difícilmente hubiera prosperado el soberanismo en un referéndum, no ya en condiciones de igualdad, sino en las presentes condiciones, las más favorables que tendrá jamás el soberanismo (con una crisis económica que se prolonga siete años).

¿Y ahora qué? Ahora prepararnos para un largo período de inestabilidad

Ahora le toca a Artur Mas reconocer lo que todos sabíamos: que el día 9–N no pasará absolutamente nada y que las cajas de cartón compradas a modo de “urnas”, terminarán almacenando “paperassa” burocrática en los sótanos de la Generalitat. Poco más.

Artur Mas quiere unas elecciones plebiscitarias en las que poder disimular la caída en picado de votos de CiU. ERC, que se sabe partido mayoritario, sabe también que cada día que pasa el President está más perdido y hundido en un callejón sin salida creado por él y del que él será, a fin de cuentas, considerado como el único responsable. A medida que cae CiU, ERC sube. En un par de meses Artur Mas será ya reconocido como cadáver político por el electorado. CiU no tendrá reemplazo y ERC solamente tendrá que romper cualquier apoyo parlamentario a Mas para forzarlo a convocar unas elecciones que no tardarán en llegar más allá de la primavera. ERC sabe perfectamente que en las actuales circunstancias, la independencia es algo inviable… pero el desarrollo de la farsa del referéndum le ha servido para recuperar un papel protagonista en la política catalana. ERC sube, pero han sido los errores de Mas los que han propulsado ese ascenso.

El “frente soberanista” está oficialmente roto desde ayer. En realidad, lo estaba desde que Mas dejó de dirigir el proceso soberanista, para ser arrastrado por él.  Pero lo que está ocurriendo en Cataluña está íntimamente ligado a la quiebra del sistema constitucional en toda España. De hecho, la crisis soberanista es solamente una parte de la crisis política que vive el Estado Español, producto de la crisis social que ha sobrevenido después de siete años de crisis económica.

En el momento en el que las elecciones locales de mayo certifiquen la caída en picado de las cuatro grandes opciones que han protagonizado 36 años de vida democrática (centro–izquierda y centro–derecha estatales y nacionalismo moderado catalán y vasco), cuando los resultados electores certifiquen la fragmentación del sistema político español y hagan inviable el que PP y PSOE realicen una modificación constitucional pactada, lo que se instalará en la política española (y en la catalana, por supuesto), será la inestabilidad, permanente y por mucho tiempo.

La inviabilidad de un proceso independentista en Cataluña (y en Flandes en donde existe una comunidad con unos rasgos de identidad mucho más afirmados y diferenciados una lengua completamente distinta a la de la parte valona del país) no quiere decir que el problema termine cuando se dé por zanjada esta crisis soberanista con el entierro de Artur Mas. Ya hemos dicho que las heridas tardarán en restañarse y que el nacionalismo las unirá a su particular visión de la historia situando el episodio junto a la caída de Barcelona en 1714 (convertido en hito nacionalista cuando no era sino un episodio de la disputa entre dos casas reales para ver quien reinaba en España), al bombardeo de Espartero, al fracaso del independentismo a principios de siglo que concluyó con la Semana Trágica, a la derrota ipso facto del Estat Catalá a veinte horas de haberse proclamado, a la desaparición del nacionalismo durante la guerra civil y en los cuarenta años que siguieron y al fracaso en la gestión de la Generalitat convertida en cueva de Alí–Babá… La pirámide de fracasos históricos termina con este esperpento urdido por Mas y sus socios. Verdadera guinda del pastel.

Y todavía falta saber si los soberanistas colocarán el 9–N cajas de cartón y mesas plegables para atenuar su bochorno ante lo que no pudo ser y no fue, o bien ante lo que pudo ser, y seguramente hubiera sido otra derrota. Es lo que pasa cuando la endogamia nacionalista ignora que lo que está fuera de ella, no solamente existe, sino que también es mayoritario.

© Ernesto Milá – info|krisis – [e-mail] – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

 

 

 

 

 

 

Ébola e hiper-humanismo

Info|krisis.- Como la niña siniestra de aquella película de los años 80 (Terror en Amity Ville) podríamos empezar diciendo aquello de “Ya están aquiiií”, pero sería una forma frívola de comenzar una reflexión que, por sí misma, excluye cualquier ligereza. Lo que ha ocurrido desde la primavera en relación al virus ébola anima (sino obliga) a preguntarse una vez más si este país tiene o no remedio. Anunciado el nuevo brote de la enfermedad y sabido que reaparecía con más violencia que en ocasiones anteriores, a nadie pareció interesarle mucho un problema que se daba a 3.000 km. Hoy 8 de septiembre las cosas han cambiado sólo en parte: todo un país (y las redes sociales son un termómetro del país) está preocupado por si se sacrifica o no al perro propiedad de la familia de la enfermera contagiada… mientras, en la valla de Melilla doscientos subsaharianos procedentes de países en los que el ébola está causando estragos, han saltado la valla. La noticia apenas ha merecido espacio en los informativos y ha sido completamente ignorada en las redes sociales. Vamos a intentar ordenador nuestras ideas en unos cuantos puntos que consideramos esenciales:

1) Quien esto escribe no puede ser considerado de desaprensivo ni hostil en relación a los animales: he tenido perros y ganado (vacas, corderos, cabras y, por supuesto, gallinas), pero mientras persistan las actuales circunstancias de crisis global de la sociedad, nunca se me ocurrirá salir en defensa de los animales, al considerar que existen otros muchos problemas de mucha mayor envergadura que afectan a los humanos. El que esto escribe recomienda que se tenga en cuenta la gradación jerárquica entre “lo humano” y “lo animal”: parece razonable preocuparse por la “defensa de los animales”… cuando haya mejorado la situación de “los humanos”, algo que por el momento tiene múltiples frentes de erosión.

2) Resulta absolutamente incomprensible la movilización ciudadana que se ha producido en torno a la mascota de la pareja afectada por el virus ébola. No es el ciudadano medio (que lo ignora casi todo sobre el virus y las posibilidades de contagio) el que debe exigir que no se sacrifique al perro en cuestión, sino que hay que dejar la iniciativa de sacrificarlo o no a los especialistas en este tipo de enfermedades y siguiendo siempre el principio de prudencia. Quien carece de suficiente preparación para entender el alcance de tal o cual medida no puede opinar sobre algo cuya naturaleza y gravedad se le escapa.

3) Pero lo más sorprendente es que esas “masas concienciadas” por el bienestar de la mascota (y, por extensión, casi toda la sociedad), permanezca de espaldas al fondo de la cuestión y a una de las noticias más inquietantes para nuestra salud que han ocurrido el mismo día: el enésimo salto masivo a la valla de Melilla que implica aumentar las posibilidades que tiene el virus de avanzar en nuestro país, generando una catástrofe sanitaria como no se había vivido en esta tierra desde las grande epidemias de cólera-morbo del siglo XIX.

4) En efecto, el mismo día, a la misma hora en que las redes sociales se infestaban con mensajes de solidaridad hacia el perro, doscientos subsaharianos procedentes en gran medida de los países en los que la epidemia ha arraigado, nuevamente volvían a intentar imponer el hecho consumado de su presencia en España, vulnerando nuestra soberanía nacional y aun a sabiendas de que en España existe un mercado de trabajo en el que ni remotamente tendrán acomodo en los próximos años.

5) Me parece absolutamente increíble que desde 1996 hayan entrado oleadas masivas de inmigración en España sin el más mínimo control sanitario y que los últimos gobiernos, socialistas y populares, hayan engañado sistemáticamente a la ciudadanía negando que esta inmigración incontrolada había reintroducido en España enfermedades que habían sido desterradas, que habían reavivado la difusión del VIH y que estaban introduciendo enfermedades tropicales desconocidas en España. Y todo ello sin el más mínimo control sanitario, un control que hubiera sido comprensible si tenemos en cuenta que en todos los países “serios” se exige, para poder inmigrar, un certificado médico expedido por un servicio sanitario que goce de confianza del consulado más próximo al lugar de residencia del aspirante a emigrar. Ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy, ni la UE, se atrevieron a establecer nada parecido.

6) Me parece increíble que dos misioneros españoles hayan sido traídos a territorio nacional estando contagiados por el virus ébola, cuando el “principio de prudencia” establecía que todo el tratamiento que debían recibir por parte del Ministerio de Sanidad español debía haberse realizado en el país en el que se encontraban. Hemos asistido por primera vez en la historia a la importación de un virus en un avión del ministerio. Conociendo,  además, los riesgos inasumibles de este tipo de repatriaciones. Toda la práctica clínica ante este tipo de enfermedades consiste en aislar a los enfermos, no en repatriarlos.

7) Estos elementos (desmesuradas protestas por el posible sacrificio del perro, ignorar por completo que el gran peligro de contagio en nuestro país procede de la inmigración descontrolada, el no exigir certificado médico a la inmigración, el repatriar a enfermos contagiados) se ha producido porque existe en todos ellos un común denominador: una visión hiper-humanista insertada en nuestra sociedad y que es el germen de la debilidad de nuestro Estado y de la falta de autoridad de nuestros gobiernos.

8) Este hiper-humanismo llega incluso a conceder “derechos casi humanos” a los animales y a generar que, incluso en situaciones de desintegración social, caos económico, alarma sanitaria, descoyuntamiento del Estado… existe un porcentaje de población que sitúe el “animalismo” por encima y por delante de cualquier otro frente de conflicto.

9) Este hiper-humanismo llega a devaluar la soberanía y la identidad nacional, considerando que cualquiera que lo desee puede establecerse en nuestro territorio con igualdad de derechos con los nacidos aquí, últimos descendientes de quienes han construido este país, con argumentos tales como “ningún ser humano es ilegal”, “papeles para todos” y demás ideologías soft propias de ONGs ulta-subvenionadas y del humanismo-universalista predicado desde el “poder cultural mundial” de la UNESCO.

10) Este hiper-humanismo permanece de espaldas a los problemas de todo tipo que viajan con la inmigración: desde la adulteración de nuestro mercado laboral, hasta la llegada de virus y de nuevas enfermedades, pasando por la aparición de yihadistas con pasaporte español y nacionalidad recién adquirida, alteración del sustrato antropológico y cultural de nuestro pueblo y de nuestra identidad y generando problemas de adaptación provocados por una bolsa de inmigrantes subsidiadas por el Estado que suponen otro peso muerto para nuestra comunidad, especialmente en omentos de crisis y cando el Estado Español acumula una deuda de un billón de euros.

11) Este hiper-humanismo está en contradicción flagrante con el “principio de prudencia” que debe regir la política de un Estado en materia sanitaria. Resulta, como mínimo sorprendente que una comunidad como la mayoría de españoles que permanece completamente de espaldas a la tarea de los misioneros españoles en África, ajenos completamente a su tarea y a sus esfuerzos, bruscamente reclame a su gobierno que repatríe a dos misioneros enfermos de ébola… y más sorprendente es que un gobierno, sin personalidad, sin carácter, sin talla y sin autoridad, acceda a hacerlo para arrancar unos pocos votos y simpatías entre el electorado ¡a pesar de conocer que nuestros servicios sanitarios no están preparados para afrontar el ébola! Hasta ahora, nunca un virus mortal había viajado con gastos pagados hacia el territorio nacional.

12) En el momento en que escribimos estas líneas, las primeras páginas de todos los medios de comunicación en Europa y en todo el mundo están hablando de la llegada del virus ébola a Europa. Es inevitable que el turismo caiga en picado en los próximos meses… desapareciendo la gallina de los huegos de oro y casi único puntal de apoyo del modelo económico español. Regiones como Cataluña y ciudades como Barcelona, cuya principal actividad económica son los ingresos procedentes del turismo, caerán en situaciones explosivas de indigencia económica.

Y es por todo ello por lo que consideramos que en estos momentos en los que se avecinan momentos muy duros, es necesario que nuestro pueblo, o al menos sus élites intelectuales y científicas, sean capaces de establecer entre lo importante y lo accesorio, entre aquello que va a ser dramático en nuestro futuro y aquello otro que es mera anécdota. Es el tiempo de los especialistas y los técnicos, de quienes afrontan los problemas de manera objetiva y al margen de intereses electoralistas. El tiempo de la clase política ha pasado.

(c) Ernesto Milá - info|krisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen. 

 

 

Soberanismo vs masoquismo

Info|krisis.- El 6 de octubre de 2014 se cumple el 80 aniversario de los “hechos de 1934”. En aquella ocasión, Luis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, se subía al balcón del Palacio de la Generalitat y proclamaba la unilateral y efímera “República Catalana” que batió todos los récords de brevedad: apenas duró desde las 7:30 hasta la 1:00 de la madrugada del día siguiente, esto es, 18 horas y 30 minutos. Los paralelismos entre aquella situación y la actual son sorprendentes, pero mucho más sorprendente es que ambos episodios coronen una particular visión masoquista de la historia de Cataluña. ¿Es comprensible que el nacionalismo se recree en la derrota, se nutra de la derrota y quiera reeditar las derrotas históricas? Así parece, en efecto.

La Generalitat de Cataluña en su insensata interpretación de la historia ha mencionado la revuelta del “Conde Paulus” contra la monarquía visigoda de Wamba como una de las primeras muestras históricas del “factor diferencial catalán”. Y esto a pesar de que dicha revuelta incluyera a la Septimania y a la Tarraconense, la primera transpirenaica y la segunda abarcando un espacio mucho mayor que la actual Cataluña.

La figura histórica de Paulus es cuestionable. Enviado para sofocar una rebelión, traicionó a su rey en beneficio de sus resentimientos personales. Pidió ayuda a todos los enemigos de los godos y nadie respondió. Lo esencial del conflicto se produjo, no en la Tarraconense, ni en el espacio de la actual Cataluña, sino en la Septimania francesa. Paulus se rindió en Nimes. En el curso del juicio, Wamba le preguntó por el motivo de la rebelión y si le había agraviado u ofendido. Paulus y sus lugartenientes callaron. Ante el silencio de los acusados, el rey visigodo les enseñó el juramento de fidelidad que habían firmado meses atrás como prueba de su falsedad y traición. Así lo escriben las crónicas escritas a finales del siglo VII y así hay que creer que ocurrieron los hechos. Falta decir que Paulus fue llevado a Toledo, rapado al cero y se le colocó una corona hecha con espinas de pescado… Murió sin gloria en la cárcel de Toledo.

Sorprende que los maquilladores de la historia que han poblado las Consellerias de Educación y de Cultura de la Generalitat aludan a la revuelta del Conde Paulus como uno de los hitos históricos de Catalunya. Hay en el episodio histórico mucho de bochorno (Barcelona abrió las puertas a Wamba y entregó a los partidarios del Conde rebelde y lo mismo ocurrió en Gerona), nulo heroísmo y una ambición sin mesura que lo precipitaron a la derrota. Hace falta irresponsabilidad para considerar el episodio como uno de los hitos de la “catalanidad”, especialmente porque no tenía nada que ver con Cataluña. Es, en cualquier caso, se trata de una primera muestra de masoquismo histórico a la que seguirán otras muchas hasta llegar al actual soberanismo.

El episodio deja también claro que los territorios situado al norte de los Pirineos en la llamada Septimania, el Mediodía francés, fue un territorio con múltiples contactos con el noreste de la Península Ibérica. De hecho, tras cristalizar los núcleos pirenaicos de la Reconquista (la Covadonga catalana) y formarse los condados que participaron y dieron origen al Reino de Aragón (eso que el soberanismo actual llama en el colmo de la irrealidad “federación catalano-aragonesa”), siguieron mirando hacia el norte de los Pirineos y el Reino de Aragón mantuvo como área de expansión el Mediodía francés. Vale la pena recordar que, hasta bien entrada la Reconquista esos núcleos, como los asturianos, siguieron teniendo clara la idea de que su resistencia inicial y las sucesivas ofensivas que siguieron estaban impulsadas no por el deseo de ser “naciones independientes”, sino para reconstruir la unidad del reino visigodo y superar lo que los romances medievales llamaron “la pérdida de España”.

Fue gracias a Luis el Piadoso (Ludovico Pío, hijo de Carlomagno) que Barcelona se liberó de la ocupación islámica. No se conoce mucho del episodio. Se cree saber que a poco de ser ocupada la ciudad por los musulmanes, la mayoría de habitantes se convirtió al islam para evitar pagar impuestos. Varias leyendas cuentan que al aproximarse las tropas francas de Luís el Piadoso, los barceloneses de la época recuperaron la fe, se sublevaron y cortaron la cabeza al rey moro (la tradición cuenta que esa cabeza, convertida en “carassa” de cartón piedra, fue colgada de la puerta Norte de la Catedral de Barcelona y allí estuvo hasta 1967, escupiendo caramelos a los niños por la boca el Día de los Reyes Magos -lo sé porque es uno de mis recuerdos infantiles-. Ese año, la visita del embajador turco a la catedral aconsejó retirar la “carassa” con turbante al almacén de la sacristía en donde sigue todavía). El episodio no es muy recordado por los historiadores nacionalistas, no sabemos si por que tiene poco de heroico o porque en aquel momento, el norte de la actual Cataluña, de Aragón y Navarra, eran feudatarios de los francos y conocidos como “Marca Hispánica”, nombre que, en sí mismo, deja poco margen al maquillaje histórico. La influencia aragonesa sobre los territorios franceses duró unos siglos.

Y entonces llegó Muret. Era 1213 y fue una consecuencia de las guerras contra el catarismo. Derrota espantosa en la que pereció Pedro II, rey de Aragón, conde de Barcelona y Señor de Montpellier, por este orden. Pedro II sintetizaba en sí mismo y en su origen a las “Españas”, pues no en vano era hijo de Alfonso II el Casto de Aragón y de Doña Sancha de Castilla. En Muret estuvo flanqueado por los condes de Foix, Toulouse y Cominges, occitanos todos. Hubo muchas causas de la derrota, pero una de ellas, la principal según su hijo Jaime I (que apenas tenía 5 años en ese momento y que fue entregado a los templarios para su educación), fue  también muy “española”: la noche antes de la batalla, simplemente, se fue de putas, uso y abusó del moyate. Entre el folgar y el beber, a la mañana siguiente no se tenía en pie. En la misa previa hubo que agarrarlo para que pudiera arrodillarse y levantarse. En plena batalla los caballeros francos lo identificaron, lo aislaron, lo derribaron y lo remataron. La tropa aragonesa se desbandó. Fue el fin de las aspiraciones de la Corona de Aragón al Norte de los Pirineos, a partir de ese momento se orientaría en su expansión Mediterránea.

La derrota de Muret es tratada como algo propio por la historiografía catalana, empezando por Rovira Virgili. El episodio (que demuestra solamente que Pedro II estaba obligado a actuar en defensa de sus feudatarios del norte cuando estos fueron amenazados por Simón de Monfort y los francos con la excusa del catarismo) es considerado, incomprensiblemente, por ellos como un nuevo hito histórico y una muestra de la tan cacareada “especificidad catalana”.

Los ejemplos podrían multiplicarse. El 11 de septiembre de 1714, otra derrota, pero no del “soberanismo catalán” sino de la Casa de Habsburgo y de una forma de entender la estructura del Reino de las Españas, también sufre su retorcimiento. El “gran hito” del soberanismo es también una derrota, pero sobre todo un gran fraude que la Generalitat viene conmemorando despojándola de su verdadero significado histórico y atribuyéndole otro que ninguno de los defensores de Barcelona en 1714, ni de los exiliados austriacistas, le atribuyeron en la época. Para los amantes de las curiosidades históricas les diremos que los escombros del barrio de la Ribera (la zona de la muralla de Barcelona que más resistencia opuso a los borbónicos) fueron arrojadas al mar en cantidad tal que sobre ellas se construyó el barrio de la Barceloneta (le mismo que el Ayuntamiento de Barcelona ha abandonado al turismo de litrona, borrachera y descontrol en lo que constituye otra derrota de la convivencia en la Ciudad Condal).

El siglo XIX fue el gran siglo español de Cataluña. Fueron catalanes los que combatieron contra los revolucionarios jacobinos franceses en la “Guerra Gran” para salvaguardar España de la penetración de las ideas revolucionarias. Fueron los menestrales de Barcelona los que se sublevaron contra Napoleón, a pesar de que éste les ofreciera que Cataluña se integrara en Francia con presuntas ventajas lingüísticas. Fueron los resistentes del Bruch, los defensores de Gerona, fue una barcelonesa, Agustina Zaragoza i Doménech, la que pasó a la historia como “Agustina de Aragón”. Fueron catalanes quienes defendieron la pertenencia de Cuba a la Corona de España y, antes que ellos, los catalanes presentes en Maracaibo que impidieron que esta ciudad se integrara en la Primera República de Venezuela, recibiendo por ello la ciudad el título de “Muy Leal”. Fueron los capitales retornados a Cataluña tras la independencia de Macaibo los que hicieron florecer la industria catalana. Incluso fue Buenaventura Carlos Aribau, el autor de la Oda a Cataluña, un autor que se expresaba habitualmente en castellano y cuya carrera profesional transcurrió siempre, siempre… en Madrid. Pocos siglos, en definitiva, hubo tan “españoles” en Cataluña como el XIX.

Fue también un siglo de derrotas: la burguesía catalana, hacia mediados del XIX, empieza a creerse fuerte porque experimenta una acumulación de capital como apenas se veía en España. Unos incidentes en la puerta de la muralla generados por unos excursionistas que pretendían entrar vino en la ciudad sin pagar tasas, generó la bullanga de 1842 que seguía a otros muchos episodios del mismo tipo, todos dramáticos para la población barcelonesa y para los edificios religiosos de la ciudad (en el XIX, Barcelona vio destruido lo esencial de sus edificios góticos). En esta ocasión, se demostró la debilidad de la burguesía catalana que pronto vio como los grupos más extremistas la superaban y le arrebataban el control de la situación, concluyendo el episodio con el lanzamiento de 1.014 bombas sobre la ciudad desde la fortaleza de Montjuich y con la desbandaba de la burguesía barcelonesa, no por miedo al ejército español sino a los extremistas a los que había dado alas en la primera parte de la revuelta.

Luego irrumpió el nacionalismo y todo este inmenso rosario de derrotas, fue cubierto por poetas, artistas, lingüistas, arquitectos, folkloristas y músicos, que crearon una “tradición catalana” en el último tercio del siglo XIX que no era sino una reconstrucción romántica, y a menudo gratuita, forzada y retorcida (e incluso basada en destrucción de documentos históricos: véase los desmanes de Próspero Bofarull al frente del Archivo de la Corona de Aragón) de lo que fue la “Cataluña histórica”.

Así hasta llegar a 1909 cuando la burguesía catalana estaba dispuesta a dar un paso al frente y escindirse del Estado Español, y seguramente lo habría intentado, de no ser porque la clase obrera demostró la fragilidad de la construcción nacionalista y el carácter de instrumento ideológico del nacionalismo catalán al servicio de los “señores locales del dinero”. Fue al denostado ejército español al que la burguesía catalana tuvo que recurrir para salvar su patrimonio de las iras de la clase obrera durante la “Semana Trágica”. A partir de ese momento, la alta burguesía entendería en los años siguientes que la independencia de Cataluña era imposible mientras existiera un movimiento obrero a la ofensiva y necesitase al ejército español para salvar sus dineros y patrimonios. Patrimonio primero. Patria después. Tal era el lema de la burguesía catalana desde el conde de Güell hasta el gang de los Pujol.

El disparate siguiente llegó hace hoy justamente 80 años. Fue la proclamación del “Estat Catalá” por parte de Luís Companys. Al acabar su discurso en el balcón de la Generalitat dijo textualmente: «Ara ja no direu que no sóc prou catalanista» ('Ahora ya no podréis decir que no soy suficientemente catalanista')… reconociendo que había sido arrastrado por los radicales. Y es que en nacionalismo catalán se parece al islam en que le resulta imposible mantener durante mucho tiempo una posición moderada: siempre, antes o después, terminan prevaleciendo, casi de manera natural, los partidarios de las posiciones más extremistas, los fundamentalistas, como si la moderación fuera apenas un momento de equilibrio inestable que más pronto que tarde se rompería. Seguramente por esto el soberanismo actual se entiende tan bien con el “islam catalán”: en efecto, ambos siempre tienden a deslizarse inevitablemente por sus pendientes más extremistas.

Hoy también, Artur Mas, como ayer Companys, no es dueño del soberanismo: se ve arrastrado por él. Mas apenas es otra cosa que el mascarón de proa de un proceso insensato e inviable, que, una vez más vuelve a asustar a la burguesía catalana y a lo que queda de industria regional, mientras la población, habituada a TV3 y a los medios de comunicación subsidiados por la Generalitat sigue creyendo que la independencia está al alcance de la mano y que basta tener el 51% de votos sobre el 49% en una consulta popular realizada en un momento puntual para acceder a la independencia… La santa candidez del “pueblo soberanista” (con Karmele Marchante al frente, haciendo encuestas para la ANC) es digna del ingenuo maquillaje histórico de la historia de Cataluña que tantos han denunciado.

Hace falta empezar a ver a Artur Mas como la primera víctima del soberanismo que él mismo ha suscitado y que en pocos meses le ha rebasado y apisonado. Hace falta ver a Artur Mas como la “última derrota de Cataluña”, la culminación histórica de una concepción nacionalista de la historia que solamente es capaz de concebir derrotas… porque las victorias ha sido demasiado evidente que se han realizado bajo el signo de “lo español” y resultan, por tanto, inaceptables e inasumibles para el nacionalismo.

Hay mucho masoquismo en el nacionalismo catalán. Ese querer ir hasta el final, aun sabiendo que ni siquiera celebrándose el referéndum, lo más probable es que bastara con que La Caixa o Planeta amenazaran con trasladar su sede social de Zaragoza, Valencia o Madrid, para que se desplomara electoralmente, o incluso en las actuales circunstancias, difícilmente llegase al 40% de síes a la independencia. Ese seguir obstinándose en que Cataluña seguiría en la UE, y ofreciendo la “doble nacionalidad” a los catalanes que quisieran seguir siendo españoles o afirmando seriamente que en una Cataluña independiente el Barça seguiría en la Liga Española de Fútbol… o bien, en represalia, se incorporaría a la francesa… todo eso, son el resultado de un maquillaje histórico que ha hecho del fracaso la constante en la historia de Cataluña y que en su torpe ingenuidad, considera como “propio” algo cuyo sentido real no tiene que ver nada con sus aspiraciones, sus ínfulas y sus fantasías romántico ingenuo-felizotas.

Suerte tiene Artur Mas de no acabar como el Conde Paulus, abochornado cuando se le pregunta porque vulneró el juramento realizado coronado por las espinas de una pescadilla. Artur Mas, ni siquiera puede hacer como los barceloneses del siglo VIII, convertirse al islam a la llegada de los moros y recristianizarse de nuevo setenta años después con Ludovico Pío a las puertas de la ciudad. Su problema es que ya no sabe cómo decir a las organizaciones soberanistas que él mismo ha subvencionado, a los que ha suscitado esperanzas, a los que ha lanzado a la calle, que la independencia es inviable y que ni siquiera garantizaría la supervivencia de Cataluña. Sabe, además, que el día en que comunique a ERC y a la ANC, al Ómnium e incluso a CDC que la broma se ha terminado y que hay que reconvertirse… sabe que ese día, simplemente se lo comen. Y si no se lo comen ellos, se lo comerá el “Islam catalá” omnipresente y cada vez más reforzado por la natalidad y por la debilidad evidente del soberanismo que le tiende la mano.

Suerte tendrá Artur Mas de no ver un cañón de 75 mm ante la puerta del Palau de la Generalitat como hace ahora 80 años. Suerte, incluso de que nadie, ni él mismo, ni ERC, ni la Forcadell, tengan gran interés en proclamar el “Estado Catalán” de manera insurreccional, porque no dudaría ni las 17 horas que duró el de 1934.

La sensación que da ahora Artur Mas es la de un masoquista al que unos y otros le están azotando y que ha olvidado la palabra clave para detener el juego o que no se atreve a decirla porque sabe que le sacudirán más fuerte. Hoy Mas no es maltratado por Rajoy… sino por los que le acompañan en la aventura. Mas es hoy el siervo, el esclavo sumiso, el perro humillado, arrodillado, con correa al cuello y bragas de cuero, a los pies de las CUP, de la ANC, de los radicales de la JNC y de CDC, del Ómnium y, por supuesto, del master de la velada, Oriol Junqueras. Hacen con él, simplemente, lo que quieren. La reunión del viernes pasado en el que la cúspide soberanista se reunión, así lo indica a las claras. El margen de actuación de Artur Mas es hoy tan pequeño como el del masoquista encerrado en la jaula que él mismo ha construido.

Auguramos que en las navidades de 2014, el caganer (la gran aportación nacionalista al pesebrismo mundial) más solicitado en Cataluña será el que reproduzca la imagen de Artur Mas. En todo masoquismo siempre termina existiendo una componente anal. Freud estudió el fenómeno hasta la saciedad. Es el lógico remate a la exaltación de una historia maquillada construida derrota a derrota, hasta la derrota final que le espera.

© Ernesto Milà - info|krisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

 

 

 

El trabajo femenino...

Info|krisis.- Hace falta decir alguna barbaridad para aparecer en los medios de comunicación. Pedro Sánchez, por ejemplo, se ha especializado en esa técnica: que si hay que disolver el Ministerio de Defensa, que si hay que hacer funerales de Estado a las víctimas de la violencia doméstica, que si el problema de la educación se soluciona pagando más a los maestros, verdadero triplete de la estupidez. Pero no es el único en realizar estas prácticas. Algunos empresarios mediáticos han entendido que estar en el candelero implica lanzar provocaciones. La última de las cuales ha sido la voceada por Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios quien sugiere que no se contrate a mujeres en edad fértil no sea que se queden embarazadas. Hace falta ir más lejos de las condenas y aprovechar para realizar una excursión por terrenos provocadores y poco explorados.

Todos los empresarios lo piensan, ninguno lo dice

Mónica Ortiz ha dicho en voz alta lo que todo empresario piensa: que las trabajadoras de menos de 25 años y de más de 45 apenas tienen hijos, por lo que se acogen a bajas por maternidad que interrumpen su trabajo normal durante unos meses... Los sindicatos han querido demostrar que aún existen, tronando con esta “muestra de machismo”. No es la primera vez que la Oriol utiliza la carta de la provocación hablando claro y expresando los sentimientos de la patronal. Hace unos años ya aludió a que habría que rebajar el salario mínimo para jóvenes en prácticas. 

En realidad, Mónica Oriol es una empresaria capitalista que intenta optimizar su inversión, obteniendo el máximo de beneficios con el mínimo esfuerzo. No es raro por tanto que se muestre cicatera con los salarios y que prefiera a trabajadoras que no puedan tener hijos o que hayan renunciado a ser madres. Los beneficios ante todo, detrás de ellos cualquier cosa. No se le puede reprochar, por tanto el que tenga la misma sensibilidad social que una escoba o que le interese la natalidad de sus trabajadoras  más allá de lo que le interesa adquirir una infección de estómago. El problema no es la sinceridad de Mónica Oriol, sino cuando los capitalistas quieren jugar a políticos y evitar que crezca la alarma social en torno a sus declaraciones. Entonces se enmascaran como filántropos, humanistas o social–cristianos, cuando en realidad, no dejan de ser depredadores en busca de máximos beneficios. Cuando Henry Ford decidió subir los sueldos a sus trabajadores, no fue por filantropía –aunque él lo argumentó así– sino para convertir a los trabajadores alienados en consumidores integrados. Y vender más. Fue una jugada maestra que el neo–capitalismo ha olvidado porque sus gestores ya no están a pie de fábrica sino atrincherados tras las gráficas de la bolsa.

Así pues, no vamos a unirnos a las voces sindicales que condenan las declaraciones de Mónica Oriol. Condenar tales declaraciones y transigir con el capitalismo neo–liberal como el mejor sistema de organización de la economía, parecen actitudes contradictorias. Resulta difícil condenar las flatulencias que provoca una sobredosis de fabes, sino no se condena al mismo tiempo una forma compulsiva de engullir leguminosas. Por tanto, Mónica Oriol es consecuente con su función social y sus intereses, mucho más desde luego que sus críticos.

Pequeña historia de la incorporación de la mujer al mercado laboral

Desde mediados del siglo XX, la mujer ha pasado de ocuparse de las tareas del hogar y de la educación de los hijos, a integrarse en el mercado de trabajo. A partir de los años ochenta esa integración ya ha llegado al límite. Vale la pena recordar cómo se produjo este proceso.

Hace ahora cien años, el estallido de la Primera Guerra Mundial obligó a que algunos puestos de trabajo dejados por los soldados que habían sido llamados al frente, fueran cubiertos por mujeres que demostraron eficiencia en determinados cometidos. Pero no fue sino después de la Segunda Guerra Mundial cuando las necesidades de la reconstrucción de Europa (por la magnitud de las destrucciones y del esfuerzo necesario y por los millones de hombres muertos en los frentes) hicieron que se iniciase una incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo.

Este proceso fue estimulado, elogiado y propagado por las grandes fundaciones capitalistas: la Rockefeller, la Ford, la Carnegie… En los años sesenta y setenta, los movimientos feministas fueron impulsados por esas mismas fundaciones e incorporaron sus tesis a organizaciones mundiales, como la UNESCO y las mismas Naciones Unidas. Algunos creyeron que las fundaciones liberales norteamericanas hacían esto por convicción en la marcha hacia una sociedad mejor, más libre, más justa y más igualitaria. Era mentira. Un capitalista (y, por extensión, una fundación subvencionada por ese capitalista) no tiene más interés que el seguir obteniendo beneficios y estructurando unos modelos sociales que le permitan obtener esos beneficios y los hagan más digeribles para la sociedad. La “igualdad”, precisamente, no es el valor que más interese al universo capitalista cuyo único motor es el darwinismo social: el derecho de los poderosos a modelar un modelo social en el que los “poderosos” aumenten su gobierno sobre los “débiles” y donde la igualdad sea pura ficción o simplemente un mito retórico.

El trabajo es un elemento económico más al que se le puede aplicar la ley de la oferta y la demanda. Cuando no hay suficientes trabajadores para ocupar los puestos de trabajo, resulta inevitable que los empresarios deban de ofrecer incentivos salariales para que sus vacantes laborales sean cubiertas. Sin embargo, cuando existe una multitud de trabajadores que optan a un mismo puesto laboral, el precio de la fuerza de trabajo tiende automáticamente a decrecer.

En el primer tercio de los años 70 terminaron los “Treinta años gloriosos” de la economía mundial que siguieron a la reactivación económica que tuvo lugar a partir de 1942 especialmente en unos EEUU que hasta ese momento había seguido soportando las consecuencias de la crisis de 1929. En 1973, la tercera guerra árabe–israelí, la Guerra del Yonkipur, tuvo como consecuencia el embargo de petróleo decretada por los países productores de petróleo organizados en la OPEP, generándose una recesión económica mundial que obligaría a una reformulación del capitalismo internacional (de ahí nació la idea de la globalización y de los proyectos de hegemonía económica norteamericana teorizada por Zbigniew Brzezinski en su libro aparecido ese año La era tecnotrónica).

El nuevo capitalismo y la alteración de la estructura familiar

Estos episodios alteraron la economía mundial hasta el tuétano, pero también alteraron al conjunto de la sociedad. Hasta ese momento, el salario de un padre de familia de cualquier país del Primer Mundo, era susceptible de bastar para que una familia de clase media y del proletariado industrial viviera cómodamente. El padre, en países como España, podía incluso optar a un segundo trabajo (lo que se llamó en los 60 y 70, “pluriempleo”) y poder ahorrar, poseer una segunda vivienda y vehículo propio.

Sin embargo, a partir de 1975–76, en todo el Primer Mundo empezaron a producirse dos fenómenos interrelacionados: los Estados desarrollados empezaron a aumentar la presión sobre los beneficios procedentes del trabajo, disminuyendo paralelamente la presión fiscal sobre el capital. Era evidente que esto tendería a construir a medio plazo una economía especulativa y a descender la importancia y el volumen de la economía productiva. Pero el segundo fenómeno era todavía más perverso: los salarios fueron disminuyendo, aumentando siempre menos de lo que aumentaba la inflación y el coste de la vida de tal forma que los trabajadores que dependían de su salario, vieron disminuido progresivamente su capacidad adquisitiva. Para ello se recurrió a abrir el crédito: si los salarios no daban de sí para comprar en efectivo, el crédito les permitiría fraccionar los pagos y alcanzar unos niveles de consumo que, de otra manera, les resultarían antes inalcanzables. El crédito procedía, precisamente, de la economía especulativa.

¿Y por qué descendía la capacidad adquisitiva de los salarios? Este era el gran problema y el quid de la cuestión. Descendía, simplemente, porque la incorporación de la mujer al mercado laboral había duplicado en pocas décadas el volumen total de la demanda de trabajo… Allí en donde en 1945 había un hombre para optar a un puesto de trabajo, en 1973 ya se encontraban un hombre y una mujer. Con una oferta de trabajo que crecía a menor velocidad que la demanda, los salarios no podían sino bajar.

Era evidente que este proceso hubiera sido rápidamente denunciada por los sindicatos… de no ser porque el movimiento feminista, las fundaciones capitalistas, la intelectualidad y los medios de comunicación amamantados por el dinero, empezaron a aludir a que la incorporación de la mujer al mercado laboral era un signo de “igualdad”, generando un clima emotivo y sentimental que tendía a considerar y exaltar el fenómeno, haciendo imposible que nadie denunciara sus efectos colaterales. Cuantas más mujeres aspiraran a trabajar… más hacia abajo tenderían los salarios. Eso es lo que explica, además, que los salarios de la mujer sean por término medio un 25% más bajos que los de los varones.

Cuando se llegó a mediados de los años noventa al límite en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los capitalistas recurrieron al “ejército colonial de reserva”: la inmigración. Inyectando inmigrantes en las sociedades del antiguo Primer Mundo se conseguía seguir con el fenómeno que se había iniciado en los años cincuenta y alcanzado su límite máximo a partir de los noventa con la incorporación de la mujer: seguir consiguiendo los salarios, aumentando el volumen de fuerza de trabajo disponible. No hay nada nuevo bajo el sol.

De la especialización en la familia al final de la familia tradicional

Ahora bien, si las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes tienen que ver especialmente con el difuminado de las señas de identidad de un pueblo, con el empobrecimiento y la adulteración cultural de una comunidad, la incorporación de la mujer ha alterado sobre todo a la vida familiar.

Hasta la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, en las sociedades previas regia la “especialización” y la “división de funciones”: el padre salía a trabajar (su salario bastaba para mantener a la familia) mientras la mujer se dedicaba al mantenimiento del hogar y a la educación de los hijos. La sociedad funcionaba razonablemente bien. Pero la mística feminista unida a los intereses del capitalismo “liberaron” a la mujer. A medida que se fue incorporando al mercado de trabajo, los salarios tendieron a bajar y cada vez era más necesario que más mujeres intentaran traer un salario más al hogar para compensar el descenso objetivo en la masa salarial percibida por sus maridos. La mujer quedaba, igualmente, transformada en “productora alienada”. Las feministas radicales tenían razón cuando denunciaban que la nueva situación de la mujer implicaba una doble sumisión: a su marido y a su patrono. Pero el problema iba mucho más allá.

Para que exista viabilidad en una sociedad debe de existir una tasa de reproducción superior al 2,2 o de lo contrario, esa sociedad se irá contrayendo numéricamente hasta desaparecer. Pero para poder tener dos hijos o más, es preciso que los salarios permitan mantener a los hijos y que los hogares sean lo suficientemente amplios como para que puedan vivir dos o más hijos, manteniendo la necesaria intimidad y los espacios propios a cada miembro. No es raro que países como España, en donde estos procesos alcanzaron límites extremos –encarecimiento continuo del precio de la vivienda desde 1980 hasta 2007 y descensos salariales– la tasa de reposición demográfica haya caído al mínimo: el 1,2 (tasa de la que habría que deducir el 0’3,  la demografía que corresponde a la inmigración que se reproduce a tres veces mayor velocidad que la población autóctona).

Las madres no solamente ya no pueden cuidarse de sus hijos a causa del trabajo (los envían a la guardería o encargan de su educación a los abuelos), sino que ni siquiera las familias pueden tener hijos e incluso ¡ni siquiera pueden formarse! La edad de emancipación de los jóvenes va aumentando y la edad en las que las mujeres tienen al primer hijo, estadísticamente está por encima de los 30 años, convergiendo a marchas forzadas… con el final de la edad fértil.

A esto se han sumado las nuevas tecnologías: los abuelos, disminuidos en sus fuerzas, prefieren que sus nietos jueguen con video–consolas o naveguen por Internet, durante horas y horas. Esto hace que cada vez más los niños (y especialmente los españoles) carezcan de capacidad de concentración, sean incapaces de fijar la atención en nada, vayan sustituyendo el lenguaje hablado por gritos y onomatopeyas y sean cada vez más incapaces de entender razonamientos lógicos. Separados de las madres con horarios de trabajo endiablados, sin apenas ver a sus padres, quedaría la esperanza de que las escuelas los educaran. Pero los modelos educativos aplicados en estos últimos 36 años por socialistas han constituido, fracaso tras fracaso, una pira para la educación española. Los centros de enseñanza son hoy meros almacenes de alumnos, con profesores desmotivados, sino desesperados, ante la imposibilidad de controlar a los alumnos ni de fijar su atención y perdiendo buena parte del tiempo lectivo, simplemente, en lograr que se callen.

La mujer, al haber renunciado a su papel de madre y haber conquistado nuevos espacios laborales, es uno de los elementos que han contribuido a la atomización de las familias.

¿Existe alguna solución?

El panorama que presentamos es muy sombrío, pero no por ello menos real. Siempre existe por supuesto, la posibilidad de que los gobiernos adopten algunas medidas para paliar estos problemas. No estamos sugiriendo que se retroceda a momentos de la historia en los que la mujer ha estado subordinada al varón y carente por completo de derechos civiles. Es evidente que ese período corresponde a otros momentos de la historia y que no se trata de reivindicarlo. Pero si lo que se quiere es recuperar la solidez de la sociedad y garantizar su supervivencia en el tiempo es inevitable que en el seno de las familias exista algún tipo de “división de funciones” y de especialización. Pero esto no bastaría si se tratara de una iniciativa aislada, para que pudiera demostrar su eficiencia debería ir acompañada de otras medidas. Veamos algunas posibilidades.

El Estado debería intervenir el precio de la vivienda. Promover especialmente viviendas sociales pensadas y diseñadas para albergar dignamente a familias de entre dos y tres hijos. El salario mínimo debería subir y el mercado laboral debería de recuperar una situación de normalidad próxima al pleno empleo. Para ello sería necesario repatriar a los excedentes de inmigración. Medida que haría que los salarios repuntaran y el consumo creciera; automáticamente la mujer iría recuperando su tarea de “madre de familia” y educadora de los hijos. La reforma del sistema educativo apoyaría esta reconversión. Por supuesto, un tratamiento fiscal favorable a las familias con hijos, un régimen de subvenciones a la familia y de exenciones de impuestos, contribuiría a afianzar el proceso de reconstrucción de la sociedad desde la base.

Pregunta: ¿por qué el hombre debe trabajar y la mujer debería encargarse del hogar y de los hijos y renunciar a su futuro profesional? Queremos aclarar que el análisis que hemos hecho hasta aquí es frío y objetivo, no albergamos la más mínima desconfianza hacia la mujer que ejerce sus funciones profesionales, lo que estamos diciendo es que es imposible compatibilizar trabajo y educación de los hijos y maternidad, que educar un hijo es extremadamente complejo (y mucho más en una sociedad en plena mutación) y que toda mujer tiene la posibilidad y la libertad de elegir cómo quiere construir su futuro.

Quienes han construido la modernidad no pueden darnos lecciones: hoy la mujer afronta por pura necesidad la obligación de buscar trabajo a la vista de la merma de los salarios, tanto si vive sola, como si vive con sus padres, como si piensa en montar una familia; no tiene libertad para elegir o no tener hijos: ha visto como se reducía extraordinariamente la posibilidad de tenerlos y mucho más la de educarlos y mantenerlos. En esas circunstancias no existe libertad para elegir entre ser madre o asumir un futuro profesional y se engaña quien vea esta situación actual como “conquista” y “reivindicación satisfecha” y se queje solo de que la mujer cobre solo un 25% menos que el varón.

Cualquier sociedad evolucionada funciona mediante la división de funciones. La biología impone a la mujer la maternidad de manera inevitable. Puede asumirla o negarse a ella, en pleno ejercicio de su voluntad, pero en contrapartida es preciso que tenga presente que una sociedad sin nacimientos, es inviable. El hecho de que el hijo se geste en el seno de la mujer y su primera alimentación natural sea un producto de la mujer, la leche materna, así como los ejemplos históricos reiterados en nuestro horizonte antropológico y cultural (somos europeos, procedemos de pueblos indo–europeos que desde la más remota antigüedad han estado estructurados orgánicamente en funciones perfectamente específicas y diferenciadas) induce a pensar que la mujer está más adaptada para asumir la educación de los hijos. En cualquier caso, la tradición, el origen, la cultura, la situación socio–económica, la psicología, condicionan y sugieren vías, pero no determinan ni obligan perentoriamente.

No hay que olvidar que el Estado tiene la obligación de presentar un modelo viable a la sociedad y que, desde el poder, puede favorecer un modelo u otro de sociedad y de comportamientos y actitudes sociales. Cuando Mónica Oriol realiza sus declaraciones, no es neutral: es una capitalista que está traduciendo a términos de sexo y maternidad las preferencias de los patronos para la contratación. No miente y hay que agradecerle su brutal sinceridad. Pero es que el modelo actual es el modelo capitalista, un modelo que para alcanzar el máximo de rentabilidad, precisa la destrucción de cualquier vínculo social orgánico sustituyéndolo por masas obedientes que ni siquiera piensen en que están siendo explotadas (los medios de aborregamiento de las masas aumentan su poder constantemente), atemorizadas ante el riesgo de pauperización, incapaces de formar familias y hogares, de educar a los hijos en unos valores que para ellos están cada vez más lejos ante la “lucha diaria por el pan” y ante la precariedad e inestabilidad actuales…

No, Mónica Oriol no es la “enemiga”, el enemigo verdadero es el capitalismo y su proyección sobre las masas en forma de “progresismo” que exalta cualquier actitud que aleje de la organicidad social y zambulla en “experiencias sociales nuevas” (familias monoparentales, familias gays, mestizaje, multiculturalidad, internacionalismo, etc.) que acumulan fracaso tras fracaso, que auguran inviabilidad sobre inviabilidad, ante las que es necesario, nos dicen los “progresistas”, ir cada vez más adelante, precipitarse sobre el vacío y seguir caminando hacia adelante para evitar pensar en que se está cayendo en picado. Ese es el enemigo. En cuanto a Mónica Oriol y sus seis hijos, pensemos solamente en ella como síntoma del capitalismo: haced lo que digo (“no tengáis hijos”) y no miréis lo que hago (“tener hijos a espuertas”)…

© Ernesto Milá – info|krisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.

 

Ante el curso 2014-15

Info|krisis.- No es habitual que en este blog que es una proyección personal de su autor, se reproduzcan documentos políticos de partidos, sin embargo, nos este documento nos parece interesante como para contribuir a su difusión en la medida en que compartimos completamente su contenido y las previsiones sobre la evolución de la política nacional en los próximos años, así como las exigencias de aparición de un gran partido identitario y social-patriota. Esperamos que este documento induzca a la reflexión y a la meditación sobre lo que tiene nuestro país por delante.

 

Declaración política de la Junta Ejecutiva de España 2000

Ante un curso político decisivo

Por una fuerte presencia en los ayuntamientos

Por un gran partido identitario y social-patriota

¡Ahora o nunca!

 

A todos los militantes y simpatizantes de E2000

A todos los miembros de los movimientos identitarios y social-patriotas

A todos los españoles

Éste no va a ser un curso político como cualquier otro. Lo hemos empezado absorbidos por el “problema catalán”, olvidando que en el mes de mayo tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas que modificarán profundamente el panorama político español. El análisis que sigue intenta responder a la pregunta de ¿ante qué escenario debe estar preparado el movimiento identitario para responder a los nuevos retos que se irán concretando a medida que avance el curso político?, y ¿qué puede hacerse ante la coyuntura que se avecina?

El mensaje que se pretendemos transmitir es este: nos encontramos ante el final de un ciclo y el principio de otro. Dependerá de que en este fin de ciclo las fuerzas identitarias y social-patriotas logren insertarse en la acción política real, para que estén en condiciones de calentar motores para el nuevo ciclo que se avecina. Y para ello hace falta:

1) entender lo que ha constituido el período democrático 1978-2014,

2) prever su evolución futura para anticiparse a los acontecimientos,

3) dotarse de una organización política a escala nacional capaz de revalidar en España los éxitos de las formaciones identitarias, social-patriotas y euroescépticas de otros países y

4) afrontar las elecciones municipales de 2015, verdadera prueba de fuego en donde se percibirán de manera fehaciente si han existido avances notables que permitan pensar en que existe un futuro para este sector político.

 

Primera Parte

La coyuntura en la que nos encontramos

En este curso político recién iniciado nuestro país va a afrontar tres episodios decisivos que marcarán decisivamente nuestro futuro:

1) De un lado el conflicto catalán llegará al límite de tensión y generará heridas que tardarán décadas en cicatrizar.

2) La convocatoria de elecciones municipales modificará el panorama político.

3) Se disiparán las esperanzas en una “recuperación económica”.

El resultado de todos estos procesos será el debilitamiento irreversible de las fuerzas que han contribuido a mantener el pie el régimen político nacido en 1978. Estamos en la antesala de un nuevo ciclo histórico y ante una encrucijada como no conocíamos desde 1976 cuando la muerte de Franco obligó a una modificación profunda del régimen. Hoy nos aproximamos a una mutación similar, con la diferencia de que en 1976 existían fuerzas políticas y económicas que aspiraban a una renovación desde fuera y desde dentro del antiguo régimen, mientras que en la actualidad asistimos al desplome interior del régimen constitucional.

En efecto, en 1976 el capitalismo español precisaba entrar en las Comunidades Europeas y existían fuerzas políticas democráticas con un proyecto político propio incompatible con el franquismo. Hoy, lo que existe es un capitalismo internacional globalizado que impone sus leyes en España y una clase política corrupta e ineficiente, sin alternativas de reemplazo, o con partidos emergentes de poco calado, que más bien son “opciones–refugio” para los decepcionados por los partidos del centro–derecha y del centro–izquierda, provistos de programas poco o mal definidos (UPyD, Ciudadanos), utopías (Podemos), o radicalismos secesionistas (Sortu, ERC).

La novedad es que el régimen político español amenaza con desplomarse interiormente por efecto de sus errores acumulados y sin que hayan aparecido fuerzas políticas coherentes que asuman el remplazo. De ahí la necesidad de construir una fuerza identitaria, social y patriótica con fuerza suficiente para convertirse en polo de agregación capaz de jugar un papel decisivo en la próxima fase histórica que se aproxima de manera acelerada.

I. Las causas de la crisis del sistema político español

Han pasado 38 años desde que se aprobó la constitución española. Ya desde mediados de los años 80, se percibían los problemas que entrañaba el haber cerrado en falso la transición: el “café para todos” autonómico se convirtió en una permanente fuente de conflictos, las sucesivas amnistías dadas entre el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones de junio de 1977 demostrador al terrorismo que era posible imponer condiciones al Estado, la nueva clase política comprobó que la nueva legislación le permitía cualquier tipo de corruptelas y desde el “Caso Juan Guerra” hasta RUMASA, desde el “Caso Banca Catalana” hasta el “Caso Naseiro”, la corrupción había ido extendiéndose transversalmente por todos los partidos y, para colmo, la mala negociación de Felipe González nos integró en “Europa” en condiciones precarias que arruinaron para siempre sectores enteros de nuestra economía (minería, astilleros, altos hornos y cualquier industria pesada, ganadería) y nos comprometió con una OTAN que en esos momentos ya había demostrado ser un apéndice colonial del Pentágono americano para justificar la presencia de los “marines” de los Estados Unidos en Europa, incluso cando la Guerra Fría ya había terminado.

El nuevo régimen estuvo desde el principio apoyado en un conglomerado económico y mediático que garantizaba su estabilidad. Pronto, el nuevo régimen entendió que era preciso que el sistema educativo se modificara para amputar a las nuevas generaciones cualquier tipo de capacidad crítica. La aplicación de “nuevas teorías educativas”, en el espacio de pocos años, transformó las escuelas en meros almacenes de alumnos, sin más ambición docente, ni más posibilidad que la de situarnos a la cola de Europa en esta materia. La llegada de un aluvión de alumnos procedentes de la inmigración, a partir de 1997, agravó todavía más la crisis.

Los años del felipismo no fueron sólo los de la “gran decepción” y el “desencanto”, sino también los de transformación profunda de la sociedad española: el asociacionismo se redujo a la mínima expresión generando la desaparición de la operatividad de la “sociedad civil”, la natalidad cayó en picado, los sectores estratégicos de la industria empezaron a privatizarse o, simplemente, fueron liquidados en el proceso conocido como “reconversión industrial”, los ingresos de las familias y su capacidad adquisitiva empezaron a reducirse mientras las clases medias veían como aumentaba la presión fiscal sobre ellas y sobre las rentas procedentes del trabajo. Pronto, el felipismo pasó de la “pana” al “beautiful people” y en consecuencia, fue progresivamente mejorando el tratamiento fiscal de las rentas procedentes del capital. La crisis económica que siguió a los “eventos del 92” (Olimpiadas de Barcelona, Expo–Sevilla, Quinto Centenario) generaron una larga etapa de decadencia del felipismo que finalmente llevó a Aznar al poder.

El modelo económico creado por Aznar era un intento de responder al papel periférico que Felipe González había aceptado al suscribir el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. Para Aznar, si no teníamos protagonismo en industria pesada, ni en nuevas tecnologías, ni en sectores de alto valor añadido, deberíamos obtenerlo mediante un desarrollo hipertrófico del turismo y de la construcción. Para ello era necesario reducir salarios: y se hizo abriendo las puertas a la inmigración (cuando las tasas de paro se situaban en torno al 8–10%). Para no generar protestas sociales insoportables, Aznar compró al peso a los sindicatos mediante un insensato régimen de subsidios, pero hizo algo peor, pactó con la banca nacional y extranjera la apertura del crédito–fácil. Estos elementos (inmigración, salarios bajos, crédito fácil) llevaron directamente a un modelo basado en el sector inmobiliario y en la hostería y turismo… sectores todos ellos de escasísimo valor añadido, sometidos, además, a ciclos (construcción) y modas (turismo).

En 2007 era evidente que el endeudamiento de las familias había hecho imposible que afrontaran sus pagos a medio plazo. Mientras, Aznar alardeaba del superávit del Estado y del crecimiento del PIB (que en buena medida se debía a la inyección de una media anual de 600.000 consumidores adultos en forma de inmigrantes que llegaron entre 1996 y 2008, que por su mera presencia ya generaban más consumo), en EEUU se gestaba la crisis de las subprime que unos meses después repercutió en una España ya gobernada (gracias a las bombas del 11–M) por Rodríguez Zapatero. Éste, en su primera legislatura ni siquiera se preocupó por modificar el modelo económico aznariano, antes bien insistió en él, acompañándolo por medidas de “ingeniería social” cuya inspiración había extraído de los boletines de la UNESCO: matrimonio gay, adopciones por parte de parejas gays, facilidad para el divorcio, aborto libre (medidas que contribuyeron a aumentar la disolución de la familia tradicional), aumentó los flujos migratorios y estimuló el “efecto llamada” (convirtiendo a la inmigración en una bolsa subsidiada), apeló a la sociedad “multicultural y multiétnica”, a la tontorrona “Alianza de Civilizaciones”, al “mestizaje”, a la “discriminación positiva” y a lo “políticamente correcto”, sin olvidar el impulso dado a la negociación con ETA y al proceso soberanista catalán… sin darse cuenta de lo esencial: que la economía se precipitaba hasta el abismo.

En 2008, justo después de cerrarse las urnas que abrieron el paso a la segunda legislatura de Zapatero, éste reconoció la existencia de la crisis… y adoptó en pocos meses medidas que volatilizaron el superávit en la nada mediante planes absurdos (Plan E, Plan E2010, ayudas a la banca, plan VIVE, etc.). La crisis inmobiliaria se transformó en la etapa siguiente en crisis de deuda pública. Hoy, nuestro país debe más de un billón de euros, deuda cuyos intereses se comen buena parte de la capacidad fiscal del país, ya en el límite.

Cuando Rajoy ascendió al poder –no tanto por méritos propios, como por la incapacidad manifiesta del zapaterismo– el país se encontraba absolutamente paralizado: con una deuda que ascendía al billón de Euros, con el bono español a un peldaño del “bono basura”, con el sector de la construcción desintegrado y el turismo a la baja a raíz de la crisis económica mundial, la prima de riesgo superó los 500 puntos, mientras el número de parados se situó en los 6.000.000, la inmigración se transformaba en un lastre insostenible (8.000.000 de inmigrantes a partir de 1996 y en la actualidad con 2.500.00 de “nacionalizados españoles”), y el consumo interior cayendo en picado.

Las protestas que se habían producido hasta ese momento eran anecdóticas: las “huelgas generales” convocadas por los sindicatos para justificar su papel como “agentes sociales” tenían un seguimiento cada vez menor y se producían ante la indiferencia creciente de la sociedad, las protestas de los “indignados”, después de despertar entusiasmo se convirtieron en campamentos de freakysmo y de las peores derivaciones de la extrema–izquierda. La prensa, cada vez más dependiente de las subvenciones estatales, mostraba una sorprendente unanimidad y una tibieza fronteriza con la complicidad. El régimen, en ese momento, parecía inamovible. Después del PSOE vendría de nuevo el PP… tal era la “alternancia” instaurada en España desde 1979: un partido llegaba al poder no por propios méritos, sino por los fracasos y las decepciones generadas por el anterior gobierno.

Pero la persistencia de la crisis económica, ha terminado transformando la crisis social en crisis política. Esta crisis política se evidencia en factores múltiples: la abdicación del rey y la “entronización” de Felipe VI, la crisis soberanista catalana, el hundimiento de las expectativas electorales de los partidos tradicionales (la “banda de los cuatro”), la omnipresencia de la corrupción como factor común, trasversal a todos ellos, y elemento más característico de toda la clase política, el desprestigio de todas las instituciones, el descrédito de los portavoces del régimen, la incapacidad para establecer una política exterior propia, los altos niveles de abstención, votos nulos y votos en blanco que aparecen en los procesos electorales, los frustrados intentos de reforma de la ley electoral, etc.  

En 2014 las cosas habían ido ya demasiado lejos y durante demasiado tiempo como para que los españoles no reaccionaran ante la crisis: la clase política estaba completamente desprestigiada, tanto la del poder, como la de la oposición, la estatal tanto como la autonómica. Ninguna estructura del poder (ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial) se salvaban de las críticas y del desprecio que les profesaba la población… pero ningún partido lograba ya atraer el descontento latente en la sociedad española. Hasta que llegaron unas elecciones de poco interés, las europeas de 2014, en las que votó apenas el 50% del electorado y que demostraron que la “banda de los cuatro” (PP, PSOE, CiU y PNV) habían iniciado un ciclo descendente…

Las encuestas y los sondeos de opinión realizados con posterioridad dejan presagiar un cambio rotundo en el panorama político español que se dará en los próximos dos años, incluso en los próximos meses.

La imposible recuperación económica

Nos cabe el habernos anticipado desde 2009 a lo que venía. La desintegración de los distintos partidos políticos que han protagonizado el ciclo 1978–2014 no se debe ni a sus altísimos niveles de corrupción, ni a la absoluta ineficacia que han demostrado a lo largo de los años, ni siquiera a sus constantes decisiones erróneas: se debe solamente a la crisis económica. De no haber repercutido la crisis de 2007 en España, particularmente vulnerable por su estructura económica basada en el monocultivo del sector inmobiliario y turístico, PP y PSOE se hubieran seguido turnando décadas y décadas en el poder. Pero la crisis económica, al persistir, se transformó en crisis social y en un país de 6.000.000 de parados, 8.000.000 de empleos con salarios de mileuristas o inferiores, con un 85% de las pensiones situadas por debajo de los 1.000 euros, y un 25% de españoles situados en torno al umbral de la pobreza, era evidente que, antes o después, esas masas exigirían medidas eficientes… y al ver progresivamente más ennegrecidas sus perspectivas, la crisis social terminaría transformándose en crisis política.

Cabría pensar que una recuperación económica lograría salvar a los actuales partidos mayoritarios de su inevitable declive. No es así.

En primer lugar porque esta no es una crisis económica “española”, sino la primera y gran crisis de la globalización, una crisis que repercute en España a causa de los errores económicos acumulados por gobiernos anteriores y por la particular estructura económica de nuestro país. En tanto que la globalización es un modelo económico mundial inviable (siempre la producción industrial se irá allí a donde resulta más barata y siempre el capital migrará eternamente en busca de mayores beneficios, con lo que la inestabilidad económica y la precariedad acompañarán siempre a la globalización: una mayoría social resultará “damnificada”, inevitablemente, con este proceso globalizador) y en tanto que las economías nacionales están interconectadas, cualquier pequeña crisis en algún lugar del mundo repercutirá negativamente en el conjunto.

Así, por ejemplo, cuando los efectos de las hipotecas subprime y la crisis bancaría de 2007–2009 ya han pasado (entre otras cosas gracias al dinero procedente del narcotráfico que fue inyectado en las instituciones bancarias, especialmente norteamericanas) y cuando la prima de riesgo en países como España ha alcanzado niveles relativamente aceptables, la crisis se está reproduciendo en Argentina (ya en suspensión de pagos) y en Brasil (al borde del inicio de un proceso similar al español), unido a una ralentización de la economía de la Zona Euro… todo lo cual, inevitablemente, ha descompuesto las perspectivas de “brillante crecimiento económico” con las que el gobierno Rajoy nos ha estado bombardeando desde principios de 2013: “este año, nuestra política económica no mostrará todavía sus frutos, pero en 2014 despegaremos…” fue la frase recurrente de los Rajoy, De Guindos, Rajoy, Cospedal, Sáez de Santamaría, cada vez repetida con menos convicción ante la evidencia de un panorama internacional que se iba ensombreciendo.

La falta de perspectivas es tal que, cuando la crisis en Iberoamérica es todavía incipiente y dista mucho de haber llegado a su cénit, ya se habla a la futura crisis inmobiliaria china, que terminaría por demostrar a las claras la inviabilidad del sistema mundial globalizado.

II. La fase final del régimen constitucional de 1978 ha comenzado

Vale la pena interrogarse sobre cómo va a ser esta fase final de este ciclo histórico. Lo primero que parece evidente es que las cuatro fuerzas políticas que han constituido el entramado del régimen entre 1978 y 2014 están en descomposición:

- El PSOE perdió el norte desde las elecciones de 2000 cuando Joaquín Almunia fue derrotado con un programa que predicaba la “unidad de la izquierda”, siendo sustituido por Zapatero provisto de un programa que ya no tenía nada de socialdemócrata, ni de socialista, sino que simplemente era un providencialismo iluminado, un buenismo humanista–universalista, después del cual ya no habría posibilidad de hacer creíble que una alternativa pudiera surgir de ese “centro–izquierda”. Tras el interregno de Rubalcaba, la imagen de Pedro Sánchez como cabeza visible del PSOE confirma la sensación de pérdida de rumbo. Sin olvidar que el PSC en Cataluña está en situación de liquidación a causa de su ambigüedad ante el soberanismo y que el PSOE–A es ante toda la opinión pública el banderín de enganche de los corruptos de todos los pelajes. En estas condiciones el PSOE jamás volverá a disfrutar de una mayoría absoluta y su aproximación al poder solamente se podría dar en el seno de una coalición de izquierdas (junto a Podemos e IU)

- CiU se encuentra en una situación en la que su futuro no puede ser más negro: rebasada electoralmente por ERC, vinculada a interminables casos de corrupción en su cúpula, afrontando una degradación de las condiciones de vida en Cataluña sin que parezca interesarle nada más que la enloquecida aventura soberanista, el nacionalismo ha llegado a aquel punto en el que o se transforma en independentismo (conclusión lógica de todo nacionalismo) o simplemente desaparece. El hecho de que en el interior mismo de la coalición, sus dos componentes parezcan cada vez más distanciadas, es para CiU un problema menor. Sus mimbres no soportarán el desprestigio, el bochorno y el oprobio del Caso Pujol y de los episodios que seguirán.

- El PNV ha conseguido mantenerse al margen de los casos de corrupción, pero, como cualquier otro partido nacionalista, su posición es insostenible a largo plazo: o desemboca en un proceso soberanista similar al catalán (y ya intentado por otras vías por Ibarreche) o bien da paso a otros que sí están dispuestos a circular por esa vía. Si el PNV parece haber sufrido menos que los otros miembros de la “banda de los cuatro” se debe en primer lugar a las particulares circunstancias de la sociedad vasca y al clientelismo del PNV; pero también aquí, las previsiones electorales le son negativas: la izquierda radical abertzale puede aventajar al nacionalismo tradicional y el PNV no es un partido que pueda sobrevivir en la oposición, especialmente junto a otro partido nacionalista mucho más radical.

- El PP se hubiera visto libre de esa sensación de hundimiento del resto de partidos clásicos, de no ser por el sarpullido que supuso el nacimiento de Vox, pero sobre todo por tener las riendas del poder y deber afrontar una recuperación imposible desde la perspectiva neoliberal en la que se mueve. Sin embargo, a pesar de haberse conjurado la amenaza relativa que supuso Vox, el PP será en los próximos años víctimas de la propia “doctrina Fraga” (el “sin enemigos a mi derecha”) que ha hecho imposible la existencia de partidos a la derecha del PP. Ahora, el PP se encuentra con que no tiene interlocutor, ni aliado posible, cuando pierda la mayoría absoluta en algunas comunidades autónomas (Valencia, por ejemplo, ¿Madrid?). Cuando un partido afronta una situación de crisis, su futuro depende de que sepa resolverla. El PSOE se hundió precisamente por demostrar incapacidad ante la crisis. No parece que vaya a ser otro el destino del PP. Los éxitos económicos no llegarán antes de que se convoquen elecciones municipales. Después, con su dotación de concejales mermada, habiendo perdido comunidades autónomas de primer orden, sin interlocutores posibles, ni política de alianzas viable, entrará fase descendente, incluso aunque Rajoy lograra mantenerse otra legislatura en la Moncloa.

La “banda de los cuatro” parece haber llegado al final de su trayectoria, o al menos a la antesala del final. Otras fuerzas políticas sustituirán a las que se desploman. En Cataluña y Euzkadi parece claro que ERC y la izquierda abertzale tomarán el relevo, lo que implica una radicalización de las posiciones y la eternización de los conflictos autonómicos. El futuro de Podemos depende de que se sacuda su asamblearismo y adopte una estructura política más “leninista” o de lo contrario se verá repleta de manipuladores, provocadores, infiltrados o simplemente demagogos enloquecidos. De momento, parece claro que atraerá a una sector del electorado hasta ahora vinculado al PSOE, detendrá en seco las posibilidades de crecimiento de IU y será un elemento central en el proceso de recomposición de la izquierda. De todas formas, a Podemos le espera todavía un largo proceso de recomposiciones internas, reorganizaciones y, sobre todo, le falta la prueba del 9: ver lo que hacen y dicen sus cargos electos. La existencia de Podemos ha cortado en seco las perspectivas de que UPyD o Ciudadanos, el partido de Alberto Rivera, se convirtieran en receptáculos del “voto de protesta”. La mala gestión interna de Rosa Díez ha terminado por apuntillar a esta opción que, a partir de ahora, está obligada a cooperar con Rivera, pero sin que eso amplíe extraordinariamente sus posibilidades electorales. En cuanto a Vox, las fugas que ha sufrido y su programa que no deja de ser un eco de la vieja derecha, poco apto para atraer votos de protesta, le dan un recorrido bastante corto como para que pueda pensarse que tiene futuro.

Es evidente que en los próximos meses, especialmente después de las elecciones municipales, todo esto irá adoptando su configuración definitiva. Estamos en un momento en el que el desmoronamiento de las fuerzas políticas tradicionales puede constatarse con claridad, pero dista mucho de estar claro qué fuerzas les sustituirán.

Todo induce a pensar que en el futuro, tanto el parlamento nacional, como los parlamentos autonómicos, como los ayuntamientos, estarán compuestos por cada vez más fuerzas políticas y más heterogéneas: se tiende a la fragmentación y atomización del panorama político en un proceso similar al que se produjo en Italia después de la Operación Manos Limpias y del hundimiento de la DC y sus socios de centro y de izquierda. Es fácil, pues, prever que lo que tenemos ante la vista a corto plazo es un proceso de inestabilidad creciente, agravado por la arquitectura constitucional: en efecto, un sistema ideado para el bipartidismo imperfecto, difícilmente puede digerir una situación de multipartidismo.

Ni siquiera hay descartar que en los próximos meses, antes de que se convoquen las elecciones municipales, PP y PSOE lleguen a acuerdos parciales sobre la reforma de la constitución y de la legislación electoral: hasta ese momento todavía pueden disponer de mayoría en el parlamento para plantear tales reformas, después de las elecciones municipales y autonómicas se comprobará claramente su debilidad y tras las próximas elecciones generales, los votos conjuntos de la “banda de los cuatro” ya no bastarán para modificar la constitución en beneficio propio…

 

Segunda Parte

Dos objetivo para el curso político 2014-2015

En el mes de mayo se votará la renovación de los gobiernos municipales. Va a ser la primera ocasión en la que los españoles tengamos al alcance de la mano en 36 años la posibilidad de renovar el país y evidenciar que la constitución de 1978 está muerta y enterrada. En ese momento, los españoles tendremos la ocasión de reiterar el voto a los partidos que integran la “banda de los cuatro” o bien a de apoyar a opciones nuevas. Y de eso dependerá también en gran medida el resultado de las próximas elecciones generales de 2016. Así pues, estamos ante un momento decisivo y ante una convocatoria que tiene una envergadura mucho mayor que unas simples elecciones municipales.

Por eso España 2000 os dice:

Necesitamos afrontar las próximas elecciones municipales con las ideas claras. Un ciclo termina y otro está a punto de iniciarse. La velocidad de sustitución de un régimen crepuscular por otro que está por nacer dependerá de los resultados de esas elecciones.

Por eso España 2000 convoca a todos los patriotas:

1) A reflexionar sobre la necesidad de establecer un programa política que nos sitúe en condiciones de penetrar profundamente en los ayuntamientos.

2) A reflexionar sobre la necesidad de construir un gran partido nacional, social e identitario que esté presente en el nuevo ciclo histórico que se avecina.

Y es por todo ello por lo que la Junta Ejecutiva de España 2000 PROPONE:

I

Por un programa electoral ante las elecciones municipales

Dentro de ocho meses se votará para renovar los ayuntamientos y parte de las Comunidades Autónomas. Es preciso movilizar a todos los patriotas para conseguir avanzar un poco más y lograr que nuestros concejales estén presentes en cada vez más ayuntamientos. La experiencia demuestra que en aquello ayuntamientos en donde están presentes concejales identitarios y social-patriotas, allí se consigue detener la marejada inmigracionista, parar la construcción de mezquitas, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de origen español y denunciar on más vigor a los corruptos. Vale la pena, pues, insistir en esa vía y lanzar un programa de acción municipal basado en los siguientes puntos:

1) LA DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA HA FRACASADO, ES PRECISO AFRONTAR LA MARCHA HACIA UNA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL, AL TIEMPO QUE SE INICIA LA LIQUIDACIÓN DEL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”.

Si el Estado de las Autonomías ha servido para algo ha sido solamente para generar unas clases políticas regionales que se han ido enriqueciendo de manera parasitaria apelando a reales o inventados rasgos diferenciales. A estas alturas, el deshilachamiento del Estado surgido de la Constitución de 1978 hace necesario reconocer el fracaso del modelo autonómico y buscar conjugar la lealtad de las partes (municipios) con el todo (el Estado), la existencia de un poder central (el Estado) con la necesaria autonomía de las partes (los municipios), dentro de un contexto de eficacia, honestidad y austeridad en la gestión.

A este proceso le llamamos “segunda descentralización” y se basa en romper el poder autonómico, devolviendo algunas competencias al Estado (especialmente en sanidad, educación y parte de la fiscalidad) y entregando otras a los Municipios (bienestar social, parte de la fiscalidad, políticas de empleo) que podrán asociarse para alcanzar determinados objetivos (mancomunidades de municipios), realización de obras públicas e infraestructuras que excedan el nivel municipal y negociar tales proyectos con el Estado.

Es preciso tener el valor de reconocer que el Estado de las Autonomías, sus 17 parlamentos autonómicos, sus 17 gobiernos, sus 17 estructuras burocrático–administrativas, sus 17 políticas propias, todas ellas centrífugas y todas ellas destinadas a alimentar a grupos clientelares y a intereses partidocráticos regionales, ha fracasado sin apelación posible. Es preciso reconocer que el Estado de las Autonomías se ha convertido en centrifugador de recursos, mal administrador, ha alcanzado dimensiones faraónicas,  ha quedado enfangados en corruptelas y ha entrañado el hundimiento de cajas de ahorro y sepultado miles de millones, para mayor gloria de las cleptocracias regionales; este engendro debe, de una vez por todas, desaparecer en beneficio de una descentralización “de proximidad” en la que los entes surgidos sean más ágiles, ahorren los problemas generados por los nacionalismos y sean integrados directamente y sin intermediarios en los máximos órganos representativos de la Nación

2) LA “SEGUNDA DECENTRALIZACIÓN” DEBE CONSEGUIR QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN Y DEBAN APLICAR LA “PREFERENCIA NACIONAL”: PRIORIDAD EN LAS AYUDAS SOCIALES Y EN LA OBTENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESPAÑOLES.

Los ayuntamientos no tienen capacidad para corregir los flujos migratorios, capacidad que corresponde al Estado, pero sí tienen capacidad para elegir qué tipo de ciudadanos quieren que los integren: o inmigrantes o autóctonos. Y, por tanto, corresponde a los ayuntamientos dar el visto o bueno o, en su caso, cerrar, los padrones municipales, a aquellos inmigrantes que sean innecesarios y cuya presencia pueda alterar tanto el mercado laboral del municipio, como la composición cultural del mismo. Este objetivo puede alcanzarse mediante la entrega a los ayuntamientos algunos instrumentos, empezando por la capacidad para negarse a empadronar inmigrantes que no justifican suficientemente sus medios de vida o que pueden saturar aún más el mercado laboral con el consiguiente menoscabo para los autóctonos. 

Pero, sobre todo, los ayuntamientos deben asumir como principio rector para la entrega de ayudas sociales y de puestos de trabajo públicos, la “preferencia nacional”, es decir, el derecho de los autóctonos a optar de manera prioritaria y preferente a estos beneficios sociales. No hacerlo, supone una discriminación negativa para nuestra población, intolerable y que está fuera de la lógica más elemental. Nuestra gente, los nacidos en España e hijos de españoles, son los últimos vástagos de generaciones que nos han precedido y que han contribuido a levantar esta tierra. Es fundamentalmente injusto que aquel que posee otra patria, otro gobierno, una tierra, el recién llegado, reciba un trato igual (e incluso preferencial) para obtener ayudas públicas y puestos de trabajo. No solo es injusto y resulta incluso ofensivo e indigno para las generaciones que nos han precedido.

La inmigración ha impuesto por la vía de hecho su presencia en España. Ha beneficiado a las patronales de hostelería, construcción y agricultura, admitiendo y regularizando a 8.000.000 de inmigrantes en estos últimos 18 años. El resultado ha sido un estancamiento salarial, un paro que afecta al 25–35% de la población laboral según las comunidades y, mientras las patronales citadas se han beneficiado de la presencia de inmigrantes, la factura final que supone la inmigración la está pagando toda la sociedad española, siendo un lastre insoportable para nuestra economía y para nuestro presupuesto, especialmente en materias de asistencia social, sanidad y educación, pero también en prisiones, seguridad y justicia.

Una de las formas de revertir el fenómeno es, simplemente, aplicar la “preferencia nacional” y resolviendo que la única ayuda que reciba la inmigración procedente de los ayuntamientos sea para el retorno a sus países de origen. 

3) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” NO OLVIDA NI LAS CORRUPTELAS, NI A LOS CORRUPTOS: EL PRECISO REALIZAR AUDITORÍAS EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTABLECER CUÁL HA SIDO EL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO QUE HAN GESTIONADO, HASTA EL ÚLTIMO EURO Y EXIGIR RESPONSABILIDADES PENALES A LOS MALVERSADORES.

La corrupción en todos los niveles de la administración ha ido demasiado lejos como para admitir que la proximidad de un nuevo ciclo histórico, suponga una tabla rasa, más allá de la cual se olvidarán las responsabilidades contraídas por quienes han gobernado en los distintos escalones de la administración. Pasar por alto, archivar, olvidar, perdonar, hacer la vista gorda, mirar para otro sitio, indultar o simplemente ignorar cualquier caso de corrupción, implica estimular la impunidad de los corruptos.

Hacer “tabla rasa” implica limpiar el país de arriba abajo. Los propios ayuntamientos deben crear Comisiones de Depuración de Responsabilidades y encargar auditorias sobre la situación real de sus arcas y el destino del último euro que ha pasado por los ayuntamientos en los últimos 36 años.

El “nuevo curso” de los Ayuntamientos y la “Segunda Descentralización” implican una ruptura con el pasado y con la clase política responsable de la gestión municipal, pero no un perdón ni un olvido a tus trapacerías. Hasta el último concejal en el último municipio del país debe de responder sobre el origen de su patrimonio y sobre el destino de los fondos municipales que han administrado. Las jugosas injustificadas e injustificables ayudas concedidas por los ayuntamientos a las más variadas ONGs y asociaciones nacionales y extranjeras, deben ser auditadas y hasta el último euro justificado. Las recalificaciones del pasado en beneficio de tales o cuales promotores inmobiliarios a cambio de sobornos, debe ser objeto de una nueva “memoria histórica”, sin olvido, ni perdón.

Esto y la aprobación de nuevas leyes que faciliten la investigación y aceleren los procesos por corrupción y malversación de fondos públicos, que aumenten las penas y faciliten las confiscaciones de bienes a los entornos familiares y a los testaferros de los corruptos y los beneficios penales dependan única y exclusivamente de la devolución de lo sustraído con los intereses, las multas y las costas correspondientes, serán los primeros pasos para una cruzada nacional contra la corrupción que debe realizarse sin perdón y de manera ejemplificadora para extirpar de raíz toda tentación de que los nuevos gestores municipales puedan caer en las mismas prácticas.

4) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR POLÍTICAS SOCIALES QUE MANTENGAN VIVO EL ESTADO DEL BIENESTAR Y ALEJEN EL FANTASMA DE LA POBREZA, LA PRECARIEDAD Y LA PAUPERIZACION DE LAS CLASES MÁS MODESTAS.

La necesaria desaparición de las comunidades autónoma y de su insoportable estructura burocrático–administrativa no puede permanecer de espaldas al gran problema que tiene en estos momentos la sociedad española: el aumento de la pobreza, del paro y de la precariedad. Hasta hace poco, la única función de los ayuntamientos era la ordenación urbana, el mantenimiento de algunos servicios públicos y todo lo relativo a la habitabilidad de las ciudades: a partir de ahora se trata de que asuman un papel preferencial en la lucha contra la pobreza y la precariedad. Y lo pueden hacer porque la administración municipal es la administración de proximidad, la que está más cerca del ciudadano y la que debe responder antes a las necesidades de la población. Hoy, más que nunca, es necesaria una redistribución de la riqueza que palíe, en la medida de lo posible, los problemas de la precariedad y de la pobreza.

Los ayuntamientos son los más capacitados para actuar contra la pobreza. Son también los más adecuados para percibir los niveles de pobreza. Y también es la administración más cercana como para que cualquier corruptela en la materia salte inmediatamente a ojos de la población. De ahí la necesidad de que sustituyan al Estado en esta materia: la ayuda social. El Estado debe proveer de fondos a los ayuntamientos para que realicen este fin, en lugar de dilapidarlos en ONGs que ya han demostrado que su prioridad es… ayudar a los que las administran, o de entregarlas a las Comunidades Autónomas para reforzar el patrimonio de las clases políticas regionales.

Mientras persistan las actuales circunstancias económicas (globalización, situación de España como país periférico, bajos salarios, imposible recuperación), la “Segunda Descentralización” debe de hacer de los Ayuntamientos, los organismos más directamente implicados en la ayuda social.

5) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” ES INSEPARABLE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PODER JUDICIAL FUERTE, AUTÓNOMO, INMEDIATO Y EFICIENTE CAPAZ DE HACER VALER EL IMPERIO DE LA LEY EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS.

Lo que estamos proponiendo es:

– Reforzar el aparato del Estado de un lado (porque solamente en Estado dispone de un arsenal legislativo, institucional y coercitivo suficiente como para afrontar la globalización),

– Reconocer de una vez por todas el fracaso del Estado de las Autonomías (esas piezas intermedias que tienden a reproducir a escala reducida los rasgos del Estado, estando su eficacia a medida de sus dimensiones y generando procesos centrífugos inevitables que tienden al debilitamiento de los Estados y por tanto a debilitarlos ante las ofensivas globalizadoras).

– Aumentar el papel de los ayuntamientos en tanto que administraciones de proximidad más cercanas al ciudadano y en mejores condiciones para acometer la tarea paliativa de la pobreza y la precariedad.

En síntesis: reforzar el aparato del Estado y su administración de proximidad, liquidando la administración parasitaria intermedia, reorientando los recursos que hasta ahora se han dilapidado ahí en la dimensión social.

Es evidente el riesgo que todo esto entraña: el que se reproduzcan o persistan a nivel municipal las redes de corrupción y las prácticas viciadas. Y en este terreno hay que ser claros: ese riesgo, existe y la única forma de conjurarlo es mediante la creación de Comisiones de Defensa Cívica constituidas en los municipios a través de las asociaciones de vecinos y demás grupos asociativos, con capacidad para denunciar e investigar casos de corrupción municipal, con voz pero sin voto en los consistorios. Esto en lo que se refiere al control e investigación de la corrupción en los lugares en los que se podría generar.

Pero hace falta, además, una legislación realista de nuevo cuño. Esta legislación debe de partir del hecho objetivo de que la corrupción ha sido la característica más acusada del régimen político español nacido en 1978 y que esa lacra solamente puede extirparse mediante una legislación particularmente dura basada en que el corrupto atenta contra toda una comunidad e incluso contra el Estado, encarnación jurídica de la comunidad y, por tanto, merece penas ejemplarizantes y medidas particularmente duras, mucho más que el criminal que atenta contra ciudadanos individuales.

La corrupción ha impregnado hasta tal punto a la clase política y a las instituciones que solamente medidas de excepción pueden atajarla. Tribunales y legislación de excepción, juicios rápidos, incautaciones de los bienes adquiridos ilegalmente, castigo particular para testaferros y colaboradores necesarios, prisiones especiales para corruptos que agraven la dureza del castigo, régimen especial para los “arrepentidos” y abolición de cualquier tipo de prescripción, son algunos de los rasgos que debe tener la nueva legislación anticorrupción. Cualquier signo de tibieza ante la corrupción supone un estímulo para que se mantenga en futuros ciclos históricos.

6) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO TALES EN LAS PRINCIPALES INSTANCIAS DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS: PARLAMENTO Y SENADO, CON VOZ PROPIA, NO REPRESENTANDO LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINO DE LA COMUNIDAD POPULAR.

Los ayuntamientos deben transformarse en organismos representativos de la ciudadanía presentes en las más altas instancias del país. La voz de los municipios debe escucharse directamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sabemos que, después de las autonomías, el segundo gran fracaso del régimen nacido en 1978, han sido los partidos políticos. Nunca, entidades que suscitaron tantas esperanzas en los últimos años del franquismo, decepcionaron tanto a la ciudadanía. El régimen que los grandes partidos, la “banda de los cuatro”, construyeron a partir de la Constitución de 1978, les garantizaba una omnipresencia en la sociedad… al margen de que, pronto, a partir de 1983, el “desencanto” generó una desconfianza creciente hacia ellos. Presentes en las cajas de ahorro, presentes en los medios de comunicación oficiales, inviables por sus propios medios fueron subsidiados y amamantados por el Estado y por la Banca. Todo esto debe concluir.

El régimen nacido en 1978 nunca fue una democracia digna de tal nombre: le corresponde mucho más el calificativo de “partidocracia” (poder omnívoro de los partidos políticos). Ahora es preciso, desandar lo andado y evitar que los partidos que sustituyan a la “banda de los cuatro” tengan las mismas prerrogativas y prebendas. Hay, digámoslo ya, que desarmar a los partidos políticos y evitar por todos los medios que se arroguen una representatividad que ya no les corresponde: habituados a decepcionar a sus electores, a traicionar sistemáticamente a sus programas políticos, a incumplir sus promesas, a hacer y deshacer a su antojo, no representando ya a opciones ideológicas sino a grupos de intereses, a menudo comiendo de la mano de los “señores del dinero” e incapaces de actuar contra ellos, los partidos han sido una de las vergüenzas de la “democracia” española, verdaderas irrisiones, bandas de pobres espabilados y de oportunistas sin escrúpulos, coaligados para saquear el erario público y taparse mutuamente sus corruptelas. En lugar de militantes han tenido “listillos” que aspiraban solamente a hacer grandes negocios a la sombra del poder.

Es preciso vaciar los sillones del parlamento y del senado de estos representantes parasitarios y habitualmente mudos y sentar en ellos a representantes de la sociedad real en función, no de su militancia política, sino del papel que juegan en la sociedad: colegios profesionales, mundo asociativo, mundo del trabajo, gremios, universidades, empresa, investigadores, jóvenes, jubilados, fuerzas armadas, etc. La sociedad real está formada por líderes de opinión de todos estos sectores, que conocen perfectamente sus problemas, saben quién es quién y pueden elegir democráticamente a sus representantes para un parlamento que sea el retrato más real de la sociedad. Los partidos solamente han conseguido representar a caricaturas de la sociedad. Es preciso sentar a representantes de los municipios en el Parlamento de la nación. Bastaría con que los alcaldes de cada provincia eligieran entre ellos a quienes deben representar a los vecinos en el parlamento de la nación y en el senado y que estuvieran en estas instituciones, no como representantes de tal o cual partido, sino de los intereses municipales.

Si alguien nos dijera que esto supone introducir una forma de “corporativismo” en las máximas instituciones representativas, le diremos que sí, que lo es, y añadiremos que es la actitud razonable de quien constata que la partidocracia ha generado corrupción y que, si democracia es un régimen de pesos y contrapesos, los partidos políticos deben tener contrapesos a las tendencias que históricamente les han acompañado siempre en España y que conducen directamente a la “partidocracia”, una de las degeneraciones del sistema democrático. 

La “segunda descentralización” debe situar a los Ayuntamientos por encima de los partidos políticos, como representantes de la “democracia de proximidad”.

*     *     *

Esto es lo que entendemos por “segunda descentralización” y esto es lo que proponemos a la sociedad española y a todos los patriotas en estos momentos en los que el régimen constitucional de 1978 se está deshilachando y es preciso empezar a diseñar otro. Este diseño debe tener como objetivo simultáneo, reforzar la “cúspide” (el Estado) y descentralizar en la “base” (el “poder de proximidad”, en los Municipios).

Esta “segunda descentralización” debe tender a regenerar al Estado y a la Sociedad: al Estado porque está en condiciones de afrontar los riesgos (al disponer de aparato legislativo, fuerzas de seguridad, instituciones representativas, Poder –o al menos una sombra de poder- en definitiva) que acompañan a la globalización, y a la Sociedad porque en su mayoría está formada por “damnificados” de la globalización.

Estos damnificados de la globalización deben encontrar en el patriotismo (el vínculo que une a los ciudadanos a su tierra, les da conciencia de comunidad y les impulsa a la realización de su destino histórico) el elemento común que dé fuerza y vigor a su actitud de resistencia ante el rodillo globalizador, no sólo por ellos, sino por su herencia, por el legado que aspiren a dejar a sus hijos y por fidelidad a una historia, a una tradición, a una tierra y a la una cultura, esto es, a una identidad.

Porque, frente a la uniformización globalizadora hecha en beneficio de una pequeña élite económico–especulativa, el patriotismo social y la identidad es lo que debe dar un denominador común y una conciencia comunitario a los damnificados de la globalización que deben entender que su futuro depende precisamente de su capacidad para preservar su Identidad y sus raíces.

Nunca como hoy patriotismo y políticas sociales tienen necesidad de estar tan hermanadas y de caminar al mismo paso.

Por eso España 2000 os dice:

¡NO HAY MÁS PATRIOTISMO QUE EL PATRIOTISMO SOCIAL!

¡NO HAY POLÍTICAS SOCIALES EFECTIVAS SI NO SE OPONEN A LA GLOBALIZACIÓN!

¡NO HAY MÁS CAMINO QUE UNA SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN:
REFORZAR LA CÚSPIDE DEL ESTADO Y AUMENTAR EL PODER MUNICIPAL!

¡NO HAY MÁS REGENERACIÓN QUE LA QUE SE ALZA SOBRE LA EXIGENCIA DE QUE LA “BANDA DE LOS CUATRO” PAGUE SUS CORRUPTELAS!

 

II
Por la constitución de un fuerte partido identitario, patriótico y social

Con menos de un centenar de concejales, el movimiento identitario ha estado casi completamente ausente del ciclo histórico que ahora está a punto de cerrarse. Es preciso que esta situación de marginalidad termine de una vez y para siempre. Es preciso que el movimiento identitario se sitúe en la recta de salida junto a otros movimientos políticos de cara a ser uno de los actores esenciales en los escenarios futuros. Es preciso que una dinámica de captación de amplias masas populares, sustituya a los tanteos realizados hasta ahora, a las “pruebas”, a los ensayos y estemos en condiciones de abordar una tarea a nivel nacional que deje atrás confusionismos de otros tiempos, las limitaciones, y las desviaciones impuestas por los que creían que modelos de otros tiempos podían actualizarse.

La historia avanza vertiginosamente y los planteamientos que funcionaron en otras épocas de nuestra historia, por brillantes que fueran, ya no tienen cabida en una situación nacional e internacional, económica y social, completamente diferente. Es preciso abandonar maximalismos y “revolucionaristas” inviables: la inmensa mayoría de nuestro pueblo ni está para situaciones revolucionarias, ni siquiera aceptará por mucho tiempo, la inestabilidad que tenemos ante la vista y que, inevitablemente, se prolongará en los próximos años, especialmente a partir de 2016. Es preciso abandonar las posiciones “románticas e ingenuas” y darse un baño de realismo extremo: fenómenos como la globalización, el Acuerdo General de Aranceles o la Unión Europea, hacen que los márgenes de maniobra de un Estado como el español, periférico en el contexto mundial y europeo, estén muy disminuidos. Sin embargo, todavía pueden obtenerse resultados a condición de ser conscientes de que la acción de un partido patriótico y social en España no puede desvincularse de la de otros partidos similares en Europa que están acariciando las esferas del poder.

En este sentido, cabe decir que es preciso que en España aparezcan fuerzas de resistencia similares a las que han surgido en casi toda Europa y que el futuro del continente depende en gran medida de la acción rectificadora que estos partidos puedan ejercer en las instancias europeas. Así pues, España 2000 se reconoce en los partidos identitarios, patrióticos y sociales, euroescépticos, que en el último decenio han irrumpido por Europa y que, a pesar de sus diferencias, responden a intereses idénticos y a las mismas aspiraciones: reformulación de la UE, revisión del papel del Euro, de la defensa europea, de las políticas de inmigración, de las políticas sociales, defensa de las clases autóctonas más desfavorecida etc.

Auguramos la creación de un gran partido que convierta en acción política las energías del movimiento identitario y del patriotismo social, del que España 2000 será una parte imprescindible.

Consideramos que ya hoy es preciso sentar las bases de ese gran partido, la otra gran tarea en que debería asumir el movimiento identitario y social-patriota tras las elecciones municipales, en el año 2015.

Hacemos, pues, un llamamiento a los distintos sectores que deben de participar en la construcción de esta futura formación:

1) El gran partido identitario y social–patriota solamente sólo puede surgir de la fusión de organizaciones políticas ya existentes, abandonadas las esperanzas de que ninguna de ellas vaya o pueda imponerse sobre las demás; nos referimos a organizaciones que hayan dado muestras de solvencia política, claridad programática, tácticas correctas y que dispongan de una mínima implantación que demuestre que posee arraigo en algunas zonas del país. Ese arraigo, a partir de las elecciones municipales, se podrá comprobar por las zonas en donde se hayan sido elegidos concejales identitarios y social–patriotas.

2) El gran partido identitario y social–patriota deberá realizar un llamamiento a grupos estudiantiles, juveniles y asociaciones culturales, para que aporten su dinamismo, sus cuadros y sus ideas al proyecto común, un proyecto que sin querer rivalizar con ellos en los terrenos juvenil, estudiantil y cultural, debe ofrecer un espacio de actuación política a todos estos sectores cuya contribución es imprescindible para ampliar el proyecto, transmitirlo y traducirlo a los distintos sectores de la sociedad.

3) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a las Organizaciones de Apoyo a la Población Española y hacer de la ayuda social un eje central de su actividad por todo el tiempo que dure el avance de la pobreza y de la precariedad y las políticas gubernamentales y de las ONGs subvencionadas sigan con su “discriminación positiva” y su apoyo a la inmigración. La “acción social” no puede ser una forma de “filantropía” más propia de sociedades anglosajonas, sino un frente de contacto entre el partido identitario y social–patriota y la población pauperizada, no puede ser un recurso de propaganda sino una ayuda real a las familias necesitadas y abandonadas por una administración pública indigna y miserable que sitúa a los españoles en el mismo nivel que a cualquier recién llegado en busca de sopa boba.

4) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, asociaciones de exmilitares y de veteranos, trabajadores de seguridad privada, funcionarios de prisiones y juristas, es decir, a los grupos profesionales que conocen más de cerca la dimensión real del problema generado por el descontrol y el desinterés de los últimos gobiernos por el orden público, la defensa nacional y la seguridad ciudadana y que exigen una acción contundente. Esto solamente será posible si el partido identitario y social–patriota tiene suficiente masa crítica como para convertirse en un polo de atracción y un refugio de las decepciones que estos sectores han sufrido en los últimos veinte años. Una formación de este tipo no debe tener miedo a proclamar que en tiempos de crisis los valores militares son los únicos que puede asumir la sociedad para superar la situación: orden, autoridad, jerarquía, austeridad, capacidad de sacrificio…

5) El gran partido identitario y social–patriota debe de integrar a cyberactivistas, a medios de comunicación digitales, a blogueros, programadores identificados con el patriotismo social, que contribuyan a dar una masiva presencia a nuestras propuestas y objetivos a través de las nuevas tecnologías de la información. La acción que hoy decenas y decenas de personas alarmadas por la deriva que está tomando la política española y que coinciden en la necesidad de renovar el régimen y en la percepción de los problemas y de sus soluciones, están realizando en el ciberespacio debe de coordinarse y traducirse en fuerza política.

Estamos llamando en definitiva a construir una esperanza de futuro y un partido de protesta que agrupe a quienes no se han sentido representados en el ciclo histórico que está concluyendo y quieren que su opinión, sus propuestas, sus necesidades y sus exigencias sean tenidas en cuenta en el ciclo que empieza a despuntar en el horizonte.

Sobre el proceso de construcción de esta opción política hoy solamente es posible apuntar algunas líneas. No podemos definir unilateralmente el proceso, sino que debemos lanzar sugerencias mientras dura el período de preparación de las elecciones municipales, para preparar la negociación cuando esté claro con que sectores políticos y sociales puede contarse de manera efectiva y sea posible cuantificar su importancia y aportaciones.

Por tanto es preciso:

1) presentar el mayor número de candidaturas posibles en las elecciones municipales por parte de todas las organizaciones identitarias, con un programa en común basado en la idea de la “segunda descentralización”.

2) redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, habrá que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

3) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados.

Por todo ello, España 2000 os dice:

1) Nuestro partido se ha presentado durante todos estos años como “casa común” de todos los patriotas. Nuestros locales han estado abiertos a otros grupos, personas y asociaciones, hemos intentado generar dinámicas unitarias allí donde hemos podido y combatido y denunciado el fraccionalismo, la atomización y la dispersión de esfuerzos.

2) Hemos renunciado a presentarnos a elecciones en las que era claro que no íbamos a obtener resultados positivos (en las elecciones europeas) y nuestra presencia solamente habría contribuido a aumentar la confusión y la sopa de siglas y celebramos que otras fuerzas políticas y sociales hayan coincidido con nosotros en esa actitud. Los resultados que otras fuerzas patrióticas obtuvieron entonces, confirma lo justo de nuestro razonamiento.

3) Esta actitud abierta y receptiva de la que han hecho gala los militantes y dirigentes de España 2000 ha generado una red de contactos personales y de redes de colaboración, inorgánicas e informales pero que han ido transmitiendo la sensación de que todos pertenecemos a un mismo “movimiento”, a un movimiento de carácter identitario y social–patriota, aun cuando no estemos orgánicamente dentro de la misma formación.

4) España 2000 se considera, pues, parte de un movimiento más amplio, mucho más amplio. Siempre hemos distinguido entre “partido” y “movimiento”. La novedad es que ahora, las necesidades impuestas por el nuevo marco histórico que se avecina obligan a empezar a pensar en transformar el “movimiento” en alternativa política por encima de sus siglas y de sus fracciones actuales y trate de integrar a los más amplios sectores de la población en vistas –no nos cansaremos de decirlo– a las mutaciones políticas que se aproximan y que se abrirán en los próximos años cuando se consume el hundimiento de la “banda de los cuatro” y el proceso de inestabilidad que seguirá y que debería tener como conclusión la creación de un nuevo marco institucional en el cual debe estar presente el gran partido identitario y social–patriota.

5) Este proceso es viable en la medida en que las distintas formaciones identitarias no superponen sus áreas de influencia y cada una de ellas tiene “enclaves” en los que es hegemónica, facilitando la ausencia de suspicacias. Atrás han quedado los tiempos en los que podían aparecer rivalidades “territoriales” y ahora, después de las elecciones municipales, solamente queda establecer cómo será el proceso de convergencia, un proceso que apremia, porque de no concretarse, el movimiento identitario y social–patriota corre el riesgo de no poder insertarse en el nuevo esquema político que se avecina. Ante esta situación, ya no basta con tener a unas decenas de concejales por toda España, sino que es necesaria la irrupción de un fuerte movimiento político capaz de responder, tanto a situaciones de inestabilidad que indudablemente seguirán, como a las convocatorias electorales que vendrán.

6) Ante las elecciones municipales, España 2000 anima a sus militantes a presentar el mayor número de candidaturas posible, a redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, hay que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

7) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados. De ahí que España 2000 concentre todos sus esfuerzos de aquí a mayo en la consecución de este objetivo y anime  otras formaciones similares a hacer otro tanto.

¡ESPAÑA 2000 AL ASALTO DE LAS CONCEJALÍAS!

¡MOVILIZACIÓN GENERAL MILITANTE ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES!

!POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN PARTIDO IDENTITARIO Y SOCIAL–PATRIOTA¡

*     *     *

Tales son, en resumen, las orientaciones para el presente curso político:

1) Afrontar las elecciones municipales hasta mayo: unir la vanguardia identitaria y social–patriota a la población damnificada por la crisis económica, la corrupción, la globalización, la inmigración masiva, alarmada por la centrifugación del Estado, la ausencia de autoridad y lo que puede venir después del hundimiento de la “banda de los cuatro”.

2) Abordar una dinámica unitaria junto a otras fuerzas políticas después de mayo: dinámica que lleve a la construcción de un gran partido identitario y social–patriota en condiciones de asumir la protesta nacional que ha estado ausente en el régimen nacido en 1978 y que debe estar presente, como lo está en toda Europa, en la nueva situación política que se avecina.

Nuestros cuadros, militantes y simpatizantes, deben concentrarse en la realización de estos dos objetivos y abandonar cualquier otra actividad que pueda desviar de estas metas.

La Junta Ejecutiva de España 2000 pide tanto a sus militantes como al resto de organizaciones susceptibles de contribuir a la formación de un gran partido identitario y social–patriota que redoblen sus esfuerzos y estén a la altura del momento histórico que se avecina: ¡AHORA O NUNCA!

La Junta Ejecutiva de España 2000

1 de octubre de 2014

 

 

 

 

Ante el curso 2014-15

Info|krisis.- No es habitual que en este blog que es una proyección personal de su autor, se reproduzcan documentos políticos de partidos, sin embargo, nos este documento nos parece interesante como para contribuir a su difusión en la medida en que compartimos completamente su contenido y las previsiones sobre la evolución de la política nacional en los próximos años, así como las exigencias de aparición de un gran partido identitario y social-patriota. Esperamos que este documento induzca a la reflexión y a la meditación sobre lo que tiene nuestro país por delante. Esperamos que este documento ayude a comprender cómo van a evolucionar los acontecimientos y como podremos estar en condiciones de operar sobre ellos. Espero que lo difundais entre vuestras amistades. 

 

Declaración política de la Junta Ejecutiva de España 2000

Ante un curso político decisivo

Por una fuerte presencia en los ayuntamientos

Por un gran partido identitario y social-patriota

¡Ahora o nunca!

 

A todos los militantes y simpatizantes de E2000

A todos los miembros de los movimientos identitarios y social-patriotas

A todos los españoles

Éste no va a ser un curso político como cualquier otro. Lo hemos empezado absorbidos por el “problema catalán”, olvidando que en el mes de mayo tendrán lugar elecciones municipales y autonómicas que modificarán profundamente el panorama político español. El análisis que sigue intenta responder a la pregunta de ¿ante qué escenario debe estar preparado el movimiento identitario para responder a los nuevos retos que se irán concretando a medida que avance el curso político?, y ¿qué puede hacerse ante la coyuntura que se avecina?

El mensaje que se pretendemos transmitir es este: nos encontramos ante el final de un ciclo y el principio de otro. Dependerá de que en este fin de ciclo las fuerzas identitarias y social-patriotas logren insertarse en la acción política real, para que estén en condiciones de calentar motores para el nuevo ciclo que se avecina. Y para ello hace falta:

1) entender lo que ha constituido el período democrático 1978-2014,

2) prever su evolución futura para anticiparse a los acontecimientos,

3) dotarse de una organización política a escala nacional capaz de revalidar en España los éxitos de las formaciones identitarias, social-patriotas y euroescépticas de otros países y

4) afrontar las elecciones municipales de 2015, verdadera prueba de fuego en donde se percibirán de manera fehaciente si han existido avances notables que permitan pensar en que existe un futuro para este sector político.

 

Primera Parte

La coyuntura en la que nos encontramos

En este curso político recién iniciado nuestro país va a afrontar tres episodios decisivos que marcarán decisivamente nuestro futuro:

1) De un lado el conflicto catalán llegará al límite de tensión y generará heridas que tardarán décadas en cicatrizar.

2) La convocatoria de elecciones municipales modificará el panorama político.

3) Se disiparán las esperanzas en una “recuperación económica”.

El resultado de todos estos procesos será el debilitamiento irreversible de las fuerzas que han contribuido a mantener el pie el régimen político nacido en 1978. Estamos en la antesala de un nuevo ciclo histórico y ante una encrucijada como no conocíamos desde 1976 cuando la muerte de Franco obligó a una modificación profunda del régimen. Hoy nos aproximamos a una mutación similar, con la diferencia de que en 1976 existían fuerzas políticas y económicas que aspiraban a una renovación desde fuera y desde dentro del antiguo régimen, mientras que en la actualidad asistimos al desplome interior del régimen constitucional.

En efecto, en 1976 el capitalismo español precisaba entrar en las Comunidades Europeas y existían fuerzas políticas democráticas con un proyecto político propio incompatible con el franquismo. Hoy, lo que existe es un capitalismo internacional globalizado que impone sus leyes en España y una clase política corrupta e ineficiente, sin alternativas de reemplazo, o con partidos emergentes de poco calado, que más bien son “opciones–refugio” para los decepcionados por los partidos del centro–derecha y del centro–izquierda, provistos de programas poco o mal definidos (UPyD, Ciudadanos), utopías (Podemos), o radicalismos secesionistas (Sortu, ERC).

La novedad es que el régimen político español amenaza con desplomarse interiormente por efecto de sus errores acumulados y sin que hayan aparecido fuerzas políticas coherentes que asuman el remplazo. De ahí la necesidad de construir una fuerza identitaria, social y patriótica con fuerza suficiente para convertirse en polo de agregación capaz de jugar un papel decisivo en la próxima fase histórica que se aproxima de manera acelerada.

I. Las causas de la crisis del sistema político español

Han pasado 38 años desde que se aprobó la constitución española. Ya desde mediados de los años 80, se percibían los problemas que entrañaba el haber cerrado en falso la transición: el “café para todos” autonómico se convirtió en una permanente fuente de conflictos, las sucesivas amnistías dadas entre el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones de junio de 1977 demostrador al terrorismo que era posible imponer condiciones al Estado, la nueva clase política comprobó que la nueva legislación le permitía cualquier tipo de corruptelas y desde el “Caso Juan Guerra” hasta RUMASA, desde el “Caso Banca Catalana” hasta el “Caso Naseiro”, la corrupción había ido extendiéndose transversalmente por todos los partidos y, para colmo, la mala negociación de Felipe González nos integró en “Europa” en condiciones precarias que arruinaron para siempre sectores enteros de nuestra economía (minería, astilleros, altos hornos y cualquier industria pesada, ganadería) y nos comprometió con una OTAN que en esos momentos ya había demostrado ser un apéndice colonial del Pentágono americano para justificar la presencia de los “marines” de los Estados Unidos en Europa, incluso cando la Guerra Fría ya había terminado.

El nuevo régimen estuvo desde el principio apoyado en un conglomerado económico y mediático que garantizaba su estabilidad. Pronto, el nuevo régimen entendió que era preciso que el sistema educativo se modificara para amputar a las nuevas generaciones cualquier tipo de capacidad crítica. La aplicación de “nuevas teorías educativas”, en el espacio de pocos años, transformó las escuelas en meros almacenes de alumnos, sin más ambición docente, ni más posibilidad que la de situarnos a la cola de Europa en esta materia. La llegada de un aluvión de alumnos procedentes de la inmigración, a partir de 1997, agravó todavía más la crisis.

Los años del felipismo no fueron sólo los de la “gran decepción” y el “desencanto”, sino también los de transformación profunda de la sociedad española: el asociacionismo se redujo a la mínima expresión generando la desaparición de la operatividad de la “sociedad civil”, la natalidad cayó en picado, los sectores estratégicos de la industria empezaron a privatizarse o, simplemente, fueron liquidados en el proceso conocido como “reconversión industrial”, los ingresos de las familias y su capacidad adquisitiva empezaron a reducirse mientras las clases medias veían como aumentaba la presión fiscal sobre ellas y sobre las rentas procedentes del trabajo. Pronto, el felipismo pasó de la “pana” al “beautiful people” y en consecuencia, fue progresivamente mejorando el tratamiento fiscal de las rentas procedentes del capital. La crisis económica que siguió a los “eventos del 92” (Olimpiadas de Barcelona, Expo–Sevilla, Quinto Centenario) generaron una larga etapa de decadencia del felipismo que finalmente llevó a Aznar al poder.

El modelo económico creado por Aznar era un intento de responder al papel periférico que Felipe González había aceptado al suscribir el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea. Para Aznar, si no teníamos protagonismo en industria pesada, ni en nuevas tecnologías, ni en sectores de alto valor añadido, deberíamos obtenerlo mediante un desarrollo hipertrófico del turismo y de la construcción. Para ello era necesario reducir salarios: y se hizo abriendo las puertas a la inmigración (cuando las tasas de paro se situaban en torno al 8–10%). Para no generar protestas sociales insoportables, Aznar compró al peso a los sindicatos mediante un insensato régimen de subsidios, pero hizo algo peor, pactó con la banca nacional y extranjera la apertura del crédito–fácil. Estos elementos (inmigración, salarios bajos, crédito fácil) llevaron directamente a un modelo basado en el sector inmobiliario y en la hostería y turismo… sectores todos ellos de escasísimo valor añadido, sometidos, además, a ciclos (construcción) y modas (turismo).

En 2007 era evidente que el endeudamiento de las familias había hecho imposible que afrontaran sus pagos a medio plazo. Mientras, Aznar alardeaba del superávit del Estado y del crecimiento del PIB (que en buena medida se debía a la inyección de una media anual de 600.000 consumidores adultos en forma de inmigrantes que llegaron entre 1996 y 2008, que por su mera presencia ya generaban más consumo), en EEUU se gestaba la crisis de las subprime que unos meses después repercutió en una España ya gobernada (gracias a las bombas del 11–M) por Rodríguez Zapatero. Éste, en su primera legislatura ni siquiera se preocupó por modificar el modelo económico aznariano, antes bien insistió en él, acompañándolo por medidas de “ingeniería social” cuya inspiración había extraído de los boletines de la UNESCO: matrimonio gay, adopciones por parte de parejas gays, facilidad para el divorcio, aborto libre (medidas que contribuyeron a aumentar la disolución de la familia tradicional), aumentó los flujos migratorios y estimuló el “efecto llamada” (convirtiendo a la inmigración en una bolsa subsidiada), apeló a la sociedad “multicultural y multiétnica”, a la tontorrona “Alianza de Civilizaciones”, al “mestizaje”, a la “discriminación positiva” y a lo “políticamente correcto”, sin olvidar el impulso dado a la negociación con ETA y al proceso soberanista catalán… sin darse cuenta de lo esencial: que la economía se precipitaba hasta el abismo.

En 2008, justo después de cerrarse las urnas que abrieron el paso a la segunda legislatura de Zapatero, éste reconoció la existencia de la crisis… y adoptó en pocos meses medidas que volatilizaron el superávit en la nada mediante planes absurdos (Plan E, Plan E2010, ayudas a la banca, plan VIVE, etc.). La crisis inmobiliaria se transformó en la etapa siguiente en crisis de deuda pública. Hoy, nuestro país debe más de un billón de euros, deuda cuyos intereses se comen buena parte de la capacidad fiscal del país, ya en el límite.

Cuando Rajoy ascendió al poder –no tanto por méritos propios, como por la incapacidad manifiesta del zapaterismo– el país se encontraba absolutamente paralizado: con una deuda que ascendía al billón de Euros, con el bono español a un peldaño del “bono basura”, con el sector de la construcción desintegrado y el turismo a la baja a raíz de la crisis económica mundial, la prima de riesgo superó los 500 puntos, mientras el número de parados se situó en los 6.000.000, la inmigración se transformaba en un lastre insostenible (8.000.000 de inmigrantes a partir de 1996 y en la actualidad con 2.500.00 de “nacionalizados españoles”), y el consumo interior cayendo en picado.

Las protestas que se habían producido hasta ese momento eran anecdóticas: las “huelgas generales” convocadas por los sindicatos para justificar su papel como “agentes sociales” tenían un seguimiento cada vez menor y se producían ante la indiferencia creciente de la sociedad, las protestas de los “indignados”, después de despertar entusiasmo se convirtieron en campamentos de freakysmo y de las peores derivaciones de la extrema–izquierda. La prensa, cada vez más dependiente de las subvenciones estatales, mostraba una sorprendente unanimidad y una tibieza fronteriza con la complicidad. El régimen, en ese momento, parecía inamovible. Después del PSOE vendría de nuevo el PP… tal era la “alternancia” instaurada en España desde 1979: un partido llegaba al poder no por propios méritos, sino por los fracasos y las decepciones generadas por el anterior gobierno.

Pero la persistencia de la crisis económica, ha terminado transformando la crisis social en crisis política. Esta crisis política se evidencia en factores múltiples: la abdicación del rey y la “entronización” de Felipe VI, la crisis soberanista catalana, el hundimiento de las expectativas electorales de los partidos tradicionales (la “banda de los cuatro”), la omnipresencia de la corrupción como factor común, trasversal a todos ellos, y elemento más característico de toda la clase política, el desprestigio de todas las instituciones, el descrédito de los portavoces del régimen, la incapacidad para establecer una política exterior propia, los altos niveles de abstención, votos nulos y votos en blanco que aparecen en los procesos electorales, los frustrados intentos de reforma de la ley electoral, etc.  

En 2014 las cosas habían ido ya demasiado lejos y durante demasiado tiempo como para que los españoles no reaccionaran ante la crisis: la clase política estaba completamente desprestigiada, tanto la del poder, como la de la oposición, la estatal tanto como la autonómica. Ninguna estructura del poder (ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial) se salvaban de las críticas y del desprecio que les profesaba la población… pero ningún partido lograba ya atraer el descontento latente en la sociedad española. Hasta que llegaron unas elecciones de poco interés, las europeas de 2014, en las que votó apenas el 50% del electorado y que demostraron que la “banda de los cuatro” (PP, PSOE, CiU y PNV) habían iniciado un ciclo descendente…

Las encuestas y los sondeos de opinión realizados con posterioridad dejan presagiar un cambio rotundo en el panorama político español que se dará en los próximos dos años, incluso en los próximos meses.

La imposible recuperación económica

Nos cabe el habernos anticipado desde 2009 a lo que venía. La desintegración de los distintos partidos políticos que han protagonizado el ciclo 1978–2014 no se debe ni a sus altísimos niveles de corrupción, ni a la absoluta ineficacia que han demostrado a lo largo de los años, ni siquiera a sus constantes decisiones erróneas: se debe solamente a la crisis económica. De no haber repercutido la crisis de 2007 en España, particularmente vulnerable por su estructura económica basada en el monocultivo del sector inmobiliario y turístico, PP y PSOE se hubieran seguido turnando décadas y décadas en el poder. Pero la crisis económica, al persistir, se transformó en crisis social y en un país de 6.000.000 de parados, 8.000.000 de empleos con salarios de mileuristas o inferiores, con un 85% de las pensiones situadas por debajo de los 1.000 euros, y un 25% de españoles situados en torno al umbral de la pobreza, era evidente que, antes o después, esas masas exigirían medidas eficientes… y al ver progresivamente más ennegrecidas sus perspectivas, la crisis social terminaría transformándose en crisis política.

Cabría pensar que una recuperación económica lograría salvar a los actuales partidos mayoritarios de su inevitable declive. No es así.

En primer lugar porque esta no es una crisis económica “española”, sino la primera y gran crisis de la globalización, una crisis que repercute en España a causa de los errores económicos acumulados por gobiernos anteriores y por la particular estructura económica de nuestro país. En tanto que la globalización es un modelo económico mundial inviable (siempre la producción industrial se irá allí a donde resulta más barata y siempre el capital migrará eternamente en busca de mayores beneficios, con lo que la inestabilidad económica y la precariedad acompañarán siempre a la globalización: una mayoría social resultará “damnificada”, inevitablemente, con este proceso globalizador) y en tanto que las economías nacionales están interconectadas, cualquier pequeña crisis en algún lugar del mundo repercutirá negativamente en el conjunto.

Así, por ejemplo, cuando los efectos de las hipotecas subprime y la crisis bancaría de 2007–2009 ya han pasado (entre otras cosas gracias al dinero procedente del narcotráfico que fue inyectado en las instituciones bancarias, especialmente norteamericanas) y cuando la prima de riesgo en países como España ha alcanzado niveles relativamente aceptables, la crisis se está reproduciendo en Argentina (ya en suspensión de pagos) y en Brasil (al borde del inicio de un proceso similar al español), unido a una ralentización de la economía de la Zona Euro… todo lo cual, inevitablemente, ha descompuesto las perspectivas de “brillante crecimiento económico” con las que el gobierno Rajoy nos ha estado bombardeando desde principios de 2013: “este año, nuestra política económica no mostrará todavía sus frutos, pero en 2014 despegaremos…” fue la frase recurrente de los Rajoy, De Guindos, Rajoy, Cospedal, Sáez de Santamaría, cada vez repetida con menos convicción ante la evidencia de un panorama internacional que se iba ensombreciendo.

La falta de perspectivas es tal que, cuando la crisis en Iberoamérica es todavía incipiente y dista mucho de haber llegado a su cénit, ya se habla a la futura crisis inmobiliaria china, que terminaría por demostrar a las claras la inviabilidad del sistema mundial globalizado.

II. La fase final del régimen constitucional de 1978 ha comenzado

Vale la pena interrogarse sobre cómo va a ser esta fase final de este ciclo histórico. Lo primero que parece evidente es que las cuatro fuerzas políticas que han constituido el entramado del régimen entre 1978 y 2014 están en descomposición:

- El PSOE perdió el norte desde las elecciones de 2000 cuando Joaquín Almunia fue derrotado con un programa que predicaba la “unidad de la izquierda”, siendo sustituido por Zapatero provisto de un programa que ya no tenía nada de socialdemócrata, ni de socialista, sino que simplemente era un providencialismo iluminado, un buenismo humanista–universalista, después del cual ya no habría posibilidad de hacer creíble que una alternativa pudiera surgir de ese “centro–izquierda”. Tras el interregno de Rubalcaba, la imagen de Pedro Sánchez como cabeza visible del PSOE confirma la sensación de pérdida de rumbo. Sin olvidar que el PSC en Cataluña está en situación de liquidación a causa de su ambigüedad ante el soberanismo y que el PSOE–A es ante toda la opinión pública el banderín de enganche de los corruptos de todos los pelajes. En estas condiciones el PSOE jamás volverá a disfrutar de una mayoría absoluta y su aproximación al poder solamente se podría dar en el seno de una coalición de izquierdas (junto a Podemos e IU)

- CiU se encuentra en una situación en la que su futuro no puede ser más negro: rebasada electoralmente por ERC, vinculada a interminables casos de corrupción en su cúpula, afrontando una degradación de las condiciones de vida en Cataluña sin que parezca interesarle nada más que la enloquecida aventura soberanista, el nacionalismo ha llegado a aquel punto en el que o se transforma en independentismo (conclusión lógica de todo nacionalismo) o simplemente desaparece. El hecho de que en el interior mismo de la coalición, sus dos componentes parezcan cada vez más distanciadas, es para CiU un problema menor. Sus mimbres no soportarán el desprestigio, el bochorno y el oprobio del Caso Pujol y de los episodios que seguirán.

- El PNV ha conseguido mantenerse al margen de los casos de corrupción, pero, como cualquier otro partido nacionalista, su posición es insostenible a largo plazo: o desemboca en un proceso soberanista similar al catalán (y ya intentado por otras vías por Ibarreche) o bien da paso a otros que sí están dispuestos a circular por esa vía. Si el PNV parece haber sufrido menos que los otros miembros de la “banda de los cuatro” se debe en primer lugar a las particulares circunstancias de la sociedad vasca y al clientelismo del PNV; pero también aquí, las previsiones electorales le son negativas: la izquierda radical abertzale puede aventajar al nacionalismo tradicional y el PNV no es un partido que pueda sobrevivir en la oposición, especialmente junto a otro partido nacionalista mucho más radical.

- El PP se hubiera visto libre de esa sensación de hundimiento del resto de partidos clásicos, de no ser por el sarpullido que supuso el nacimiento de Vox, pero sobre todo por tener las riendas del poder y deber afrontar una recuperación imposible desde la perspectiva neoliberal en la que se mueve. Sin embargo, a pesar de haberse conjurado la amenaza relativa que supuso Vox, el PP será en los próximos años víctimas de la propia “doctrina Fraga” (el “sin enemigos a mi derecha”) que ha hecho imposible la existencia de partidos a la derecha del PP. Ahora, el PP se encuentra con que no tiene interlocutor, ni aliado posible, cuando pierda la mayoría absoluta en algunas comunidades autónomas (Valencia, por ejemplo, ¿Madrid?). Cuando un partido afronta una situación de crisis, su futuro depende de que sepa resolverla. El PSOE se hundió precisamente por demostrar incapacidad ante la crisis. No parece que vaya a ser otro el destino del PP. Los éxitos económicos no llegarán antes de que se convoquen elecciones municipales. Después, con su dotación de concejales mermada, habiendo perdido comunidades autónomas de primer orden, sin interlocutores posibles, ni política de alianzas viable, entrará fase descendente, incluso aunque Rajoy lograra mantenerse otra legislatura en la Moncloa.

La “banda de los cuatro” parece haber llegado al final de su trayectoria, o al menos a la antesala del final. Otras fuerzas políticas sustituirán a las que se desploman. En Cataluña y Euzkadi parece claro que ERC y la izquierda abertzale tomarán el relevo, lo que implica una radicalización de las posiciones y la eternización de los conflictos autonómicos. El futuro de Podemos depende de que se sacuda su asamblearismo y adopte una estructura política más “leninista” o de lo contrario se verá repleta de manipuladores, provocadores, infiltrados o simplemente demagogos enloquecidos. De momento, parece claro que atraerá a una sector del electorado hasta ahora vinculado al PSOE, detendrá en seco las posibilidades de crecimiento de IU y será un elemento central en el proceso de recomposición de la izquierda. De todas formas, a Podemos le espera todavía un largo proceso de recomposiciones internas, reorganizaciones y, sobre todo, le falta la prueba del 9: ver lo que hacen y dicen sus cargos electos. La existencia de Podemos ha cortado en seco las perspectivas de que UPyD o Ciudadanos, el partido de Alberto Rivera, se convirtieran en receptáculos del “voto de protesta”. La mala gestión interna de Rosa Díez ha terminado por apuntillar a esta opción que, a partir de ahora, está obligada a cooperar con Rivera, pero sin que eso amplíe extraordinariamente sus posibilidades electorales. En cuanto a Vox, las fugas que ha sufrido y su programa que no deja de ser un eco de la vieja derecha, poco apto para atraer votos de protesta, le dan un recorrido bastante corto como para que pueda pensarse que tiene futuro.

Es evidente que en los próximos meses, especialmente después de las elecciones municipales, todo esto irá adoptando su configuración definitiva. Estamos en un momento en el que el desmoronamiento de las fuerzas políticas tradicionales puede constatarse con claridad, pero dista mucho de estar claro qué fuerzas les sustituirán.

Todo induce a pensar que en el futuro, tanto el parlamento nacional, como los parlamentos autonómicos, como los ayuntamientos, estarán compuestos por cada vez más fuerzas políticas y más heterogéneas: se tiende a la fragmentación y atomización del panorama político en un proceso similar al que se produjo en Italia después de la Operación Manos Limpias y del hundimiento de la DC y sus socios de centro y de izquierda. Es fácil, pues, prever que lo que tenemos ante la vista a corto plazo es un proceso de inestabilidad creciente, agravado por la arquitectura constitucional: en efecto, un sistema ideado para el bipartidismo imperfecto, difícilmente puede digerir una situación de multipartidismo.

Ni siquiera hay descartar que en los próximos meses, antes de que se convoquen las elecciones municipales, PP y PSOE lleguen a acuerdos parciales sobre la reforma de la constitución y de la legislación electoral: hasta ese momento todavía pueden disponer de mayoría en el parlamento para plantear tales reformas, después de las elecciones municipales y autonómicas se comprobará claramente su debilidad y tras las próximas elecciones generales, los votos conjuntos de la “banda de los cuatro” ya no bastarán para modificar la constitución en beneficio propio…

 

Segunda Parte

Dos objetivo para el curso político 2014-2015

En el mes de mayo se votará la renovación de los gobiernos municipales. Va a ser la primera ocasión en la que los españoles tengamos al alcance de la mano en 36 años la posibilidad de renovar el país y evidenciar que la constitución de 1978 está muerta y enterrada. En ese momento, los españoles tendremos la ocasión de reiterar el voto a los partidos que integran la “banda de los cuatro” o bien a de apoyar a opciones nuevas. Y de eso dependerá también en gran medida el resultado de las próximas elecciones generales de 2016. Así pues, estamos ante un momento decisivo y ante una convocatoria que tiene una envergadura mucho mayor que unas simples elecciones municipales.

Por eso España 2000 os dice:

Necesitamos afrontar las próximas elecciones municipales con las ideas claras. Un ciclo termina y otro está a punto de iniciarse. La velocidad de sustitución de un régimen crepuscular por otro que está por nacer dependerá de los resultados de esas elecciones.

Por eso España 2000 convoca a todos los patriotas:

1) A reflexionar sobre la necesidad de establecer un programa política que nos sitúe en condiciones de penetrar profundamente en los ayuntamientos.

2) A reflexionar sobre la necesidad de construir un gran partido nacional, social e identitario que esté presente en el nuevo ciclo histórico que se avecina.

Y es por todo ello por lo que la Junta Ejecutiva de España 2000 PROPONE:

I

Por un programa electoral ante las elecciones municipales

Dentro de ocho meses se votará para renovar los ayuntamientos y parte de las Comunidades Autónomas. Es preciso movilizar a todos los patriotas para conseguir avanzar un poco más y lograr que nuestros concejales estén presentes en cada vez más ayuntamientos. La experiencia demuestra que en aquello ayuntamientos en donde están presentes concejales identitarios y social-patriotas, allí se consigue detener la marejada inmigracionista, parar la construcción de mezquitas, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de origen español y denunciar on más vigor a los corruptos. Vale la pena, pues, insistir en esa vía y lanzar un programa de acción municipal basado en los siguientes puntos:

1) LA DESCENTRALIZACIÓN AUTONÓMICA HA FRACASADO, ES PRECISO AFRONTAR LA MARCHA HACIA UNA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LA DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL, AL TIEMPO QUE SE INICIA LA LIQUIDACIÓN DEL “ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS”.

Si el Estado de las Autonomías ha servido para algo ha sido solamente para generar unas clases políticas regionales que se han ido enriqueciendo de manera parasitaria apelando a reales o inventados rasgos diferenciales. A estas alturas, el deshilachamiento del Estado surgido de la Constitución de 1978 hace necesario reconocer el fracaso del modelo autonómico y buscar conjugar la lealtad de las partes (municipios) con el todo (el Estado), la existencia de un poder central (el Estado) con la necesaria autonomía de las partes (los municipios), dentro de un contexto de eficacia, honestidad y austeridad en la gestión.

A este proceso le llamamos “segunda descentralización” y se basa en romper el poder autonómico, devolviendo algunas competencias al Estado (especialmente en sanidad, educación y parte de la fiscalidad) y entregando otras a los Municipios (bienestar social, parte de la fiscalidad, políticas de empleo) que podrán asociarse para alcanzar determinados objetivos (mancomunidades de municipios), realización de obras públicas e infraestructuras que excedan el nivel municipal y negociar tales proyectos con el Estado.

Es preciso tener el valor de reconocer que el Estado de las Autonomías, sus 17 parlamentos autonómicos, sus 17 gobiernos, sus 17 estructuras burocrático–administrativas, sus 17 políticas propias, todas ellas centrífugas y todas ellas destinadas a alimentar a grupos clientelares y a intereses partidocráticos regionales, ha fracasado sin apelación posible. Es preciso reconocer que el Estado de las Autonomías se ha convertido en centrifugador de recursos, mal administrador, ha alcanzado dimensiones faraónicas,  ha quedado enfangados en corruptelas y ha entrañado el hundimiento de cajas de ahorro y sepultado miles de millones, para mayor gloria de las cleptocracias regionales; este engendro debe, de una vez por todas, desaparecer en beneficio de una descentralización “de proximidad” en la que los entes surgidos sean más ágiles, ahorren los problemas generados por los nacionalismos y sean integrados directamente y sin intermediarios en los máximos órganos representativos de la Nación

2) LA “SEGUNDA DECENTRALIZACIÓN” DEBE CONSEGUIR QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN Y DEBAN APLICAR LA “PREFERENCIA NACIONAL”: PRIORIDAD EN LAS AYUDAS SOCIALES Y EN LA OBTENCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA ESPAÑOLES.

Los ayuntamientos no tienen capacidad para corregir los flujos migratorios, capacidad que corresponde al Estado, pero sí tienen capacidad para elegir qué tipo de ciudadanos quieren que los integren: o inmigrantes o autóctonos. Y, por tanto, corresponde a los ayuntamientos dar el visto o bueno o, en su caso, cerrar, los padrones municipales, a aquellos inmigrantes que sean innecesarios y cuya presencia pueda alterar tanto el mercado laboral del municipio, como la composición cultural del mismo. Este objetivo puede alcanzarse mediante la entrega a los ayuntamientos algunos instrumentos, empezando por la capacidad para negarse a empadronar inmigrantes que no justifican suficientemente sus medios de vida o que pueden saturar aún más el mercado laboral con el consiguiente menoscabo para los autóctonos. 

Pero, sobre todo, los ayuntamientos deben asumir como principio rector para la entrega de ayudas sociales y de puestos de trabajo públicos, la “preferencia nacional”, es decir, el derecho de los autóctonos a optar de manera prioritaria y preferente a estos beneficios sociales. No hacerlo, supone una discriminación negativa para nuestra población, intolerable y que está fuera de la lógica más elemental. Nuestra gente, los nacidos en España e hijos de españoles, son los últimos vástagos de generaciones que nos han precedido y que han contribuido a levantar esta tierra. Es fundamentalmente injusto que aquel que posee otra patria, otro gobierno, una tierra, el recién llegado, reciba un trato igual (e incluso preferencial) para obtener ayudas públicas y puestos de trabajo. No solo es injusto y resulta incluso ofensivo e indigno para las generaciones que nos han precedido.

La inmigración ha impuesto por la vía de hecho su presencia en España. Ha beneficiado a las patronales de hostelería, construcción y agricultura, admitiendo y regularizando a 8.000.000 de inmigrantes en estos últimos 18 años. El resultado ha sido un estancamiento salarial, un paro que afecta al 25–35% de la población laboral según las comunidades y, mientras las patronales citadas se han beneficiado de la presencia de inmigrantes, la factura final que supone la inmigración la está pagando toda la sociedad española, siendo un lastre insoportable para nuestra economía y para nuestro presupuesto, especialmente en materias de asistencia social, sanidad y educación, pero también en prisiones, seguridad y justicia.

Una de las formas de revertir el fenómeno es, simplemente, aplicar la “preferencia nacional” y resolviendo que la única ayuda que reciba la inmigración procedente de los ayuntamientos sea para el retorno a sus países de origen. 

3) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” NO OLVIDA NI LAS CORRUPTELAS, NI A LOS CORRUPTOS: EL PRECISO REALIZAR AUDITORÍAS EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y ESTABLECER CUÁL HA SIDO EL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO QUE HAN GESTIONADO, HASTA EL ÚLTIMO EURO Y EXIGIR RESPONSABILIDADES PENALES A LOS MALVERSADORES.

La corrupción en todos los niveles de la administración ha ido demasiado lejos como para admitir que la proximidad de un nuevo ciclo histórico, suponga una tabla rasa, más allá de la cual se olvidarán las responsabilidades contraídas por quienes han gobernado en los distintos escalones de la administración. Pasar por alto, archivar, olvidar, perdonar, hacer la vista gorda, mirar para otro sitio, indultar o simplemente ignorar cualquier caso de corrupción, implica estimular la impunidad de los corruptos.

Hacer “tabla rasa” implica limpiar el país de arriba abajo. Los propios ayuntamientos deben crear Comisiones de Depuración de Responsabilidades y encargar auditorias sobre la situación real de sus arcas y el destino del último euro que ha pasado por los ayuntamientos en los últimos 36 años.

El “nuevo curso” de los Ayuntamientos y la “Segunda Descentralización” implican una ruptura con el pasado y con la clase política responsable de la gestión municipal, pero no un perdón ni un olvido a tus trapacerías. Hasta el último concejal en el último municipio del país debe de responder sobre el origen de su patrimonio y sobre el destino de los fondos municipales que han administrado. Las jugosas injustificadas e injustificables ayudas concedidas por los ayuntamientos a las más variadas ONGs y asociaciones nacionales y extranjeras, deben ser auditadas y hasta el último euro justificado. Las recalificaciones del pasado en beneficio de tales o cuales promotores inmobiliarios a cambio de sobornos, debe ser objeto de una nueva “memoria histórica”, sin olvido, ni perdón.

Esto y la aprobación de nuevas leyes que faciliten la investigación y aceleren los procesos por corrupción y malversación de fondos públicos, que aumenten las penas y faciliten las confiscaciones de bienes a los entornos familiares y a los testaferros de los corruptos y los beneficios penales dependan única y exclusivamente de la devolución de lo sustraído con los intereses, las multas y las costas correspondientes, serán los primeros pasos para una cruzada nacional contra la corrupción que debe realizarse sin perdón y de manera ejemplificadora para extirpar de raíz toda tentación de que los nuevos gestores municipales puedan caer en las mismas prácticas.

4) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN”, LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR POLÍTICAS SOCIALES QUE MANTENGAN VIVO EL ESTADO DEL BIENESTAR Y ALEJEN EL FANTASMA DE LA POBREZA, LA PRECARIEDAD Y LA PAUPERIZACION DE LAS CLASES MÁS MODESTAS.

La necesaria desaparición de las comunidades autónoma y de su insoportable estructura burocrático–administrativa no puede permanecer de espaldas al gran problema que tiene en estos momentos la sociedad española: el aumento de la pobreza, del paro y de la precariedad. Hasta hace poco, la única función de los ayuntamientos era la ordenación urbana, el mantenimiento de algunos servicios públicos y todo lo relativo a la habitabilidad de las ciudades: a partir de ahora se trata de que asuman un papel preferencial en la lucha contra la pobreza y la precariedad. Y lo pueden hacer porque la administración municipal es la administración de proximidad, la que está más cerca del ciudadano y la que debe responder antes a las necesidades de la población. Hoy, más que nunca, es necesaria una redistribución de la riqueza que palíe, en la medida de lo posible, los problemas de la precariedad y de la pobreza.

Los ayuntamientos son los más capacitados para actuar contra la pobreza. Son también los más adecuados para percibir los niveles de pobreza. Y también es la administración más cercana como para que cualquier corruptela en la materia salte inmediatamente a ojos de la población. De ahí la necesidad de que sustituyan al Estado en esta materia: la ayuda social. El Estado debe proveer de fondos a los ayuntamientos para que realicen este fin, en lugar de dilapidarlos en ONGs que ya han demostrado que su prioridad es… ayudar a los que las administran, o de entregarlas a las Comunidades Autónomas para reforzar el patrimonio de las clases políticas regionales.

Mientras persistan las actuales circunstancias económicas (globalización, situación de España como país periférico, bajos salarios, imposible recuperación), la “Segunda Descentralización” debe de hacer de los Ayuntamientos, los organismos más directamente implicados en la ayuda social.

5) LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” ES INSEPARABLE DE LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PODER JUDICIAL FUERTE, AUTÓNOMO, INMEDIATO Y EFICIENTE CAPAZ DE HACER VALER EL IMPERIO DE LA LEY EN TODOS LOS RINCONES DEL PAÍS.

Lo que estamos proponiendo es:

– Reforzar el aparato del Estado de un lado (porque solamente en Estado dispone de un arsenal legislativo, institucional y coercitivo suficiente como para afrontar la globalización),

– Reconocer de una vez por todas el fracaso del Estado de las Autonomías (esas piezas intermedias que tienden a reproducir a escala reducida los rasgos del Estado, estando su eficacia a medida de sus dimensiones y generando procesos centrífugos inevitables que tienden al debilitamiento de los Estados y por tanto a debilitarlos ante las ofensivas globalizadoras).

– Aumentar el papel de los ayuntamientos en tanto que administraciones de proximidad más cercanas al ciudadano y en mejores condiciones para acometer la tarea paliativa de la pobreza y la precariedad.

En síntesis: reforzar el aparato del Estado y su administración de proximidad, liquidando la administración parasitaria intermedia, reorientando los recursos que hasta ahora se han dilapidado ahí en la dimensión social.

Es evidente el riesgo que todo esto entraña: el que se reproduzcan o persistan a nivel municipal las redes de corrupción y las prácticas viciadas. Y en este terreno hay que ser claros: ese riesgo, existe y la única forma de conjurarlo es mediante la creación de Comisiones de Defensa Cívica constituidas en los municipios a través de las asociaciones de vecinos y demás grupos asociativos, con capacidad para denunciar e investigar casos de corrupción municipal, con voz pero sin voto en los consistorios. Esto en lo que se refiere al control e investigación de la corrupción en los lugares en los que se podría generar.

Pero hace falta, además, una legislación realista de nuevo cuño. Esta legislación debe de partir del hecho objetivo de que la corrupción ha sido la característica más acusada del régimen político español nacido en 1978 y que esa lacra solamente puede extirparse mediante una legislación particularmente dura basada en que el corrupto atenta contra toda una comunidad e incluso contra el Estado, encarnación jurídica de la comunidad y, por tanto, merece penas ejemplarizantes y medidas particularmente duras, mucho más que el criminal que atenta contra ciudadanos individuales.

La corrupción ha impregnado hasta tal punto a la clase política y a las instituciones que solamente medidas de excepción pueden atajarla. Tribunales y legislación de excepción, juicios rápidos, incautaciones de los bienes adquiridos ilegalmente, castigo particular para testaferros y colaboradores necesarios, prisiones especiales para corruptos que agraven la dureza del castigo, régimen especial para los “arrepentidos” y abolición de cualquier tipo de prescripción, son algunos de los rasgos que debe tener la nueva legislación anticorrupción. Cualquier signo de tibieza ante la corrupción supone un estímulo para que se mantenga en futuros ciclos históricos.

6) EN LA “SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN” LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO TALES EN LAS PRINCIPALES INSTANCIAS DEMOCRÁTICAS DEL PAÍS: PARLAMENTO Y SENADO, CON VOZ PROPIA, NO REPRESENTANDO LOS INTERESES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SINO DE LA COMUNIDAD POPULAR.

Los ayuntamientos deben transformarse en organismos representativos de la ciudadanía presentes en las más altas instancias del país. La voz de los municipios debe escucharse directamente en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sabemos que, después de las autonomías, el segundo gran fracaso del régimen nacido en 1978, han sido los partidos políticos. Nunca, entidades que suscitaron tantas esperanzas en los últimos años del franquismo, decepcionaron tanto a la ciudadanía. El régimen que los grandes partidos, la “banda de los cuatro”, construyeron a partir de la Constitución de 1978, les garantizaba una omnipresencia en la sociedad… al margen de que, pronto, a partir de 1983, el “desencanto” generó una desconfianza creciente hacia ellos. Presentes en las cajas de ahorro, presentes en los medios de comunicación oficiales, inviables por sus propios medios fueron subsidiados y amamantados por el Estado y por la Banca. Todo esto debe concluir.

El régimen nacido en 1978 nunca fue una democracia digna de tal nombre: le corresponde mucho más el calificativo de “partidocracia” (poder omnívoro de los partidos políticos). Ahora es preciso, desandar lo andado y evitar que los partidos que sustituyan a la “banda de los cuatro” tengan las mismas prerrogativas y prebendas. Hay, digámoslo ya, que desarmar a los partidos políticos y evitar por todos los medios que se arroguen una representatividad que ya no les corresponde: habituados a decepcionar a sus electores, a traicionar sistemáticamente a sus programas políticos, a incumplir sus promesas, a hacer y deshacer a su antojo, no representando ya a opciones ideológicas sino a grupos de intereses, a menudo comiendo de la mano de los “señores del dinero” e incapaces de actuar contra ellos, los partidos han sido una de las vergüenzas de la “democracia” española, verdaderas irrisiones, bandas de pobres espabilados y de oportunistas sin escrúpulos, coaligados para saquear el erario público y taparse mutuamente sus corruptelas. En lugar de militantes han tenido “listillos” que aspiraban solamente a hacer grandes negocios a la sombra del poder.

Es preciso vaciar los sillones del parlamento y del senado de estos representantes parasitarios y habitualmente mudos y sentar en ellos a representantes de la sociedad real en función, no de su militancia política, sino del papel que juegan en la sociedad: colegios profesionales, mundo asociativo, mundo del trabajo, gremios, universidades, empresa, investigadores, jóvenes, jubilados, fuerzas armadas, etc. La sociedad real está formada por líderes de opinión de todos estos sectores, que conocen perfectamente sus problemas, saben quién es quién y pueden elegir democráticamente a sus representantes para un parlamento que sea el retrato más real de la sociedad. Los partidos solamente han conseguido representar a caricaturas de la sociedad. Es preciso sentar a representantes de los municipios en el Parlamento de la nación. Bastaría con que los alcaldes de cada provincia eligieran entre ellos a quienes deben representar a los vecinos en el parlamento de la nación y en el senado y que estuvieran en estas instituciones, no como representantes de tal o cual partido, sino de los intereses municipales.

Si alguien nos dijera que esto supone introducir una forma de “corporativismo” en las máximas instituciones representativas, le diremos que sí, que lo es, y añadiremos que es la actitud razonable de quien constata que la partidocracia ha generado corrupción y que, si democracia es un régimen de pesos y contrapesos, los partidos políticos deben tener contrapesos a las tendencias que históricamente les han acompañado siempre en España y que conducen directamente a la “partidocracia”, una de las degeneraciones del sistema democrático. 

La “segunda descentralización” debe situar a los Ayuntamientos por encima de los partidos políticos, como representantes de la “democracia de proximidad”.

*     *     *

Esto es lo que entendemos por “segunda descentralización” y esto es lo que proponemos a la sociedad española y a todos los patriotas en estos momentos en los que el régimen constitucional de 1978 se está deshilachando y es preciso empezar a diseñar otro. Este diseño debe tener como objetivo simultáneo, reforzar la “cúspide” (el Estado) y descentralizar en la “base” (el “poder de proximidad”, en los Municipios).

Esta “segunda descentralización” debe tender a regenerar al Estado y a la Sociedad: al Estado porque está en condiciones de afrontar los riesgos (al disponer de aparato legislativo, fuerzas de seguridad, instituciones representativas, Poder –o al menos una sombra de poder- en definitiva) que acompañan a la globalización, y a la Sociedad porque en su mayoría está formada por “damnificados” de la globalización.

Estos damnificados de la globalización deben encontrar en el patriotismo (el vínculo que une a los ciudadanos a su tierra, les da conciencia de comunidad y les impulsa a la realización de su destino histórico) el elemento común que dé fuerza y vigor a su actitud de resistencia ante el rodillo globalizador, no sólo por ellos, sino por su herencia, por el legado que aspiren a dejar a sus hijos y por fidelidad a una historia, a una tradición, a una tierra y a la una cultura, esto es, a una identidad.

Porque, frente a la uniformización globalizadora hecha en beneficio de una pequeña élite económico–especulativa, el patriotismo social y la identidad es lo que debe dar un denominador común y una conciencia comunitario a los damnificados de la globalización que deben entender que su futuro depende precisamente de su capacidad para preservar su Identidad y sus raíces.

Nunca como hoy patriotismo y políticas sociales tienen necesidad de estar tan hermanadas y de caminar al mismo paso.

Por eso España 2000 os dice:

¡NO HAY MÁS PATRIOTISMO QUE EL PATRIOTISMO SOCIAL!

¡NO HAY POLÍTICAS SOCIALES EFECTIVAS SI NO SE OPONEN A LA GLOBALIZACIÓN!

¡NO HAY MÁS CAMINO QUE UNA SEGUNDA DESCENTRALIZACIÓN:
REFORZAR LA CÚSPIDE DEL ESTADO Y AUMENTAR EL PODER MUNICIPAL!

¡NO HAY MÁS REGENERACIÓN QUE LA QUE SE ALZA SOBRE LA EXIGENCIA DE QUE LA “BANDA DE LOS CUATRO” PAGUE SUS CORRUPTELAS!

 

II
Por la constitución de un fuerte partido identitario, patriótico y social

Con menos de un centenar de concejales, el movimiento identitario ha estado casi completamente ausente del ciclo histórico que ahora está a punto de cerrarse. Es preciso que esta situación de marginalidad termine de una vez y para siempre. Es preciso que el movimiento identitario se sitúe en la recta de salida junto a otros movimientos políticos de cara a ser uno de los actores esenciales en los escenarios futuros. Es preciso que una dinámica de captación de amplias masas populares, sustituya a los tanteos realizados hasta ahora, a las “pruebas”, a los ensayos y estemos en condiciones de abordar una tarea a nivel nacional que deje atrás confusionismos de otros tiempos, las limitaciones, y las desviaciones impuestas por los que creían que modelos de otros tiempos podían actualizarse.

La historia avanza vertiginosamente y los planteamientos que funcionaron en otras épocas de nuestra historia, por brillantes que fueran, ya no tienen cabida en una situación nacional e internacional, económica y social, completamente diferente. Es preciso abandonar maximalismos y “revolucionaristas” inviables: la inmensa mayoría de nuestro pueblo ni está para situaciones revolucionarias, ni siquiera aceptará por mucho tiempo, la inestabilidad que tenemos ante la vista y que, inevitablemente, se prolongará en los próximos años, especialmente a partir de 2016. Es preciso abandonar las posiciones “románticas e ingenuas” y darse un baño de realismo extremo: fenómenos como la globalización, el Acuerdo General de Aranceles o la Unión Europea, hacen que los márgenes de maniobra de un Estado como el español, periférico en el contexto mundial y europeo, estén muy disminuidos. Sin embargo, todavía pueden obtenerse resultados a condición de ser conscientes de que la acción de un partido patriótico y social en España no puede desvincularse de la de otros partidos similares en Europa que están acariciando las esferas del poder.

En este sentido, cabe decir que es preciso que en España aparezcan fuerzas de resistencia similares a las que han surgido en casi toda Europa y que el futuro del continente depende en gran medida de la acción rectificadora que estos partidos puedan ejercer en las instancias europeas. Así pues, España 2000 se reconoce en los partidos identitarios, patrióticos y sociales, euroescépticos, que en el último decenio han irrumpido por Europa y que, a pesar de sus diferencias, responden a intereses idénticos y a las mismas aspiraciones: reformulación de la UE, revisión del papel del Euro, de la defensa europea, de las políticas de inmigración, de las políticas sociales, defensa de las clases autóctonas más desfavorecida etc.

Auguramos la creación de un gran partido que convierta en acción política las energías del movimiento identitario y del patriotismo social, del que España 2000 será una parte imprescindible.

Consideramos que ya hoy es preciso sentar las bases de ese gran partido, la otra gran tarea en que debería asumir el movimiento identitario y social-patriota tras las elecciones municipales, en el año 2015.

Hacemos, pues, un llamamiento a los distintos sectores que deben de participar en la construcción de esta futura formación:

1) El gran partido identitario y social–patriota solamente sólo puede surgir de la fusión de organizaciones políticas ya existentes, abandonadas las esperanzas de que ninguna de ellas vaya o pueda imponerse sobre las demás; nos referimos a organizaciones que hayan dado muestras de solvencia política, claridad programática, tácticas correctas y que dispongan de una mínima implantación que demuestre que posee arraigo en algunas zonas del país. Ese arraigo, a partir de las elecciones municipales, se podrá comprobar por las zonas en donde se hayan sido elegidos concejales identitarios y social–patriotas.

2) El gran partido identitario y social–patriota deberá realizar un llamamiento a grupos estudiantiles, juveniles y asociaciones culturales, para que aporten su dinamismo, sus cuadros y sus ideas al proyecto común, un proyecto que sin querer rivalizar con ellos en los terrenos juvenil, estudiantil y cultural, debe ofrecer un espacio de actuación política a todos estos sectores cuya contribución es imprescindible para ampliar el proyecto, transmitirlo y traducirlo a los distintos sectores de la sociedad.

3) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a las Organizaciones de Apoyo a la Población Española y hacer de la ayuda social un eje central de su actividad por todo el tiempo que dure el avance de la pobreza y de la precariedad y las políticas gubernamentales y de las ONGs subvencionadas sigan con su “discriminación positiva” y su apoyo a la inmigración. La “acción social” no puede ser una forma de “filantropía” más propia de sociedades anglosajonas, sino un frente de contacto entre el partido identitario y social–patriota y la población pauperizada, no puede ser un recurso de propaganda sino una ayuda real a las familias necesitadas y abandonadas por una administración pública indigna y miserable que sitúa a los españoles en el mismo nivel que a cualquier recién llegado en busca de sopa boba.

4) El gran partido identitario y social–patriota deberá integrar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, asociaciones de exmilitares y de veteranos, trabajadores de seguridad privada, funcionarios de prisiones y juristas, es decir, a los grupos profesionales que conocen más de cerca la dimensión real del problema generado por el descontrol y el desinterés de los últimos gobiernos por el orden público, la defensa nacional y la seguridad ciudadana y que exigen una acción contundente. Esto solamente será posible si el partido identitario y social–patriota tiene suficiente masa crítica como para convertirse en un polo de atracción y un refugio de las decepciones que estos sectores han sufrido en los últimos veinte años. Una formación de este tipo no debe tener miedo a proclamar que en tiempos de crisis los valores militares son los únicos que puede asumir la sociedad para superar la situación: orden, autoridad, jerarquía, austeridad, capacidad de sacrificio…

5) El gran partido identitario y social–patriota debe de integrar a cyberactivistas, a medios de comunicación digitales, a blogueros, programadores identificados con el patriotismo social, que contribuyan a dar una masiva presencia a nuestras propuestas y objetivos a través de las nuevas tecnologías de la información. La acción que hoy decenas y decenas de personas alarmadas por la deriva que está tomando la política española y que coinciden en la necesidad de renovar el régimen y en la percepción de los problemas y de sus soluciones, están realizando en el ciberespacio debe de coordinarse y traducirse en fuerza política.

Estamos llamando en definitiva a construir una esperanza de futuro y un partido de protesta que agrupe a quienes no se han sentido representados en el ciclo histórico que está concluyendo y quieren que su opinión, sus propuestas, sus necesidades y sus exigencias sean tenidas en cuenta en el ciclo que empieza a despuntar en el horizonte.

Sobre el proceso de construcción de esta opción política hoy solamente es posible apuntar algunas líneas. No podemos definir unilateralmente el proceso, sino que debemos lanzar sugerencias mientras dura el período de preparación de las elecciones municipales, para preparar la negociación cuando esté claro con que sectores políticos y sociales puede contarse de manera efectiva y sea posible cuantificar su importancia y aportaciones.

Por tanto es preciso:

1) presentar el mayor número de candidaturas posibles en las elecciones municipales por parte de todas las organizaciones identitarias, con un programa en común basado en la idea de la “segunda descentralización”.

2) redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, habrá que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

3) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados.

Por todo ello, España 2000 os dice:

1) Nuestro partido se ha presentado durante todos estos años como “casa común” de todos los patriotas. Nuestros locales han estado abiertos a otros grupos, personas y asociaciones, hemos intentado generar dinámicas unitarias allí donde hemos podido y combatido y denunciado el fraccionalismo, la atomización y la dispersión de esfuerzos.

2) Hemos renunciado a presentarnos a elecciones en las que era claro que no íbamos a obtener resultados positivos (en las elecciones europeas) y nuestra presencia solamente habría contribuido a aumentar la confusión y la sopa de siglas y celebramos que otras fuerzas políticas y sociales hayan coincidido con nosotros en esa actitud. Los resultados que otras fuerzas patrióticas obtuvieron entonces, confirma lo justo de nuestro razonamiento.

3) Esta actitud abierta y receptiva de la que han hecho gala los militantes y dirigentes de España 2000 ha generado una red de contactos personales y de redes de colaboración, inorgánicas e informales pero que han ido transmitiendo la sensación de que todos pertenecemos a un mismo “movimiento”, a un movimiento de carácter identitario y social–patriota, aun cuando no estemos orgánicamente dentro de la misma formación.

4) España 2000 se considera, pues, parte de un movimiento más amplio, mucho más amplio. Siempre hemos distinguido entre “partido” y “movimiento”. La novedad es que ahora, las necesidades impuestas por el nuevo marco histórico que se avecina obligan a empezar a pensar en transformar el “movimiento” en alternativa política por encima de sus siglas y de sus fracciones actuales y trate de integrar a los más amplios sectores de la población en vistas –no nos cansaremos de decirlo– a las mutaciones políticas que se aproximan y que se abrirán en los próximos años cuando se consume el hundimiento de la “banda de los cuatro” y el proceso de inestabilidad que seguirá y que debería tener como conclusión la creación de un nuevo marco institucional en el cual debe estar presente el gran partido identitario y social–patriota.

5) Este proceso es viable en la medida en que las distintas formaciones identitarias no superponen sus áreas de influencia y cada una de ellas tiene “enclaves” en los que es hegemónica, facilitando la ausencia de suspicacias. Atrás han quedado los tiempos en los que podían aparecer rivalidades “territoriales” y ahora, después de las elecciones municipales, solamente queda establecer cómo será el proceso de convergencia, un proceso que apremia, porque de no concretarse, el movimiento identitario y social–patriota corre el riesgo de no poder insertarse en el nuevo esquema político que se avecina. Ante esta situación, ya no basta con tener a unas decenas de concejales por toda España, sino que es necesaria la irrupción de un fuerte movimiento político capaz de responder, tanto a situaciones de inestabilidad que indudablemente seguirán, como a las convocatorias electorales que vendrán.

6) Ante las elecciones municipales, España 2000 anima a sus militantes a presentar el mayor número de candidaturas posible, a redoblar sus esfuerzos para asumir, interpretar y aportar soluciones a los graves problemas de nuestros ayuntamientos y de buena parte de la población. Después de mayo, y a la vista de los resultados obtenidos por las formaciones identitarias y social–patriotas, hay que transformar estos avances en columna vertebral del futuro movimiento político.

7) Este gran partido identitario y social–patriota debe estar en condiciones de presentarse a las elecciones generales de 2016 con garantías de obtener resultados apreciables en algunas provincias. Esto se logrará solamente si en las elecciones de mayo se obtiene un crecimiento real en el número de concejalías obtenidas. Esto indicará que, efectivamente, se ha logrado interpretar las necesidades de las clases trabajadores y de los sectores más modestos del país. El número de cargos electos indicará la importancia de la conexión entre las distintas formaciones identitarias y social–patriotas y la población. Sin esta conexión, esto es, sin cargos electos, es imposible pensar en ir mucho más allá, ni juntos, ni separados. De ahí que España 2000 concentre todos sus esfuerzos de aquí a mayo en la consecución de este objetivo y anime  otras formaciones similares a hacer otro tanto.

¡ESPAÑA 2000 AL ASALTO DE LAS CONCEJALÍAS!

¡MOVILIZACIÓN GENERAL MILITANTE ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES!

!POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN PARTIDO IDENTITARIO Y SOCIAL–PATRIOTA¡

*     *     *

Tales son, en resumen, las orientaciones para el presente curso político:

1) Afrontar las elecciones municipales hasta mayo: unir la vanguardia identitaria y social–patriota a la población damnificada por la crisis económica, la corrupción, la globalización, la inmigración masiva, alarmada por la centrifugación del Estado, la ausencia de autoridad y lo que puede venir después del hundimiento de la “banda de los cuatro”.

2) Abordar una dinámica unitaria junto a otras fuerzas políticas después de mayo: dinámica que lleve a la construcción de un gran partido identitario y social–patriota en condiciones de asumir la protesta nacional que ha estado ausente en el régimen nacido en 1978 y que debe estar presente, como lo está en toda Europa, en la nueva situación política que se avecina.

Nuestros cuadros, militantes y simpatizantes, deben concentrarse en la realización de estos dos objetivos y abandonar cualquier otra actividad que pueda desviar de estas metas.

La Junta Ejecutiva de España 2000 pide tanto a sus militantes como al resto de organizaciones susceptibles de contribuir a la formación de un gran partido identitario y social–patriota que redoblen sus esfuerzos y estén a la altura del momento histórico que se avecina: ¡AHORA O NUNCA!

La Junta Ejecutiva de España 2000

1 de octubre de 2014

 

 

 

 

Soluciónes dos por uno...

Info|krisis.- La pasividad de Rajoy ante el referéndum soberanista catalán, hace que lo fíe todo en el recurso ante el Tribunal Constitucional. No hay más iniciativas, ni plan C (el A era desarmar la ofensiva nacionalista ofreciendo al big boss Pujol como carnaza ante la opinión pública y el B el citado recurso a presentar). Más allá de eso, todo será improvisación y negociación. Pero el problema no terminará ni con la sentencia al recurso ni con una negociación que generará malestar y crispación en las dos partes. Y es que la Cataluña autonómica no tiene solución… como tampoco la tiene, por otras razones, Andalucía. Posiblemente, la solución a ambos problemas consista en situarlos en el mismo plano y resolverlos, como habría que haberlos resuelto desde hace años, cuando se tuvo la conciencia clara de que en ambos casos, la corrupción se había hecho el elemento más característico de ambas autonomías.

Cataluña – Andalucía, amigos para siempre en la corrupción

En Cataluña, la madre de todas las corrupciones fue Banca Catalana. A partir del momento en el que Pujol entendió que podía utilizar el sentimentalismo y la emotividad en su defensa y suscitar manifestaciones populares de amplio seguimiento al grito de “No me atacan a mí, atacan a Cataluña”, adquirió la conciencia plena de ser el big boss de la política catalana al que le todo le sería permitido. Unido al hecho de que las simetrías electorales creadas por la Constitución hacían de los votos “catalanes” algo imprescindible cuando un partido estatalista quería gobernar sin mayoría absoluta.

En Andalucía las cosas ocurrieron de una manera similar a poco de subir Felipe González al poder. Al cabo de 100 días de estrenar poltrona en la Moncloa, González entendió que podía hacer y deshacer a su antojo. Supo que podía confiscar grupos empresariales y repartirlos entre los amigos, supo que si los hermanos de Alfonso Guerra habían salido indemnes de sus trapacerías, aquello mismo podía seguir haciéndose a gran escala. Y, sobre todo, desde antes de la llegada al poder, la Fundación Ebert, dependiente de la socialdemocracia alemana, la que inventó y financió al PSOE a partir del congreso de Sûresnes, le enseñó a González que, en democracia, todo son cálculos electoralistas, fácilmente previsibles.

Se trata, simplemente, de crear “clientelas electorales” que supongan verdaderas bolsas de “votos cautivos” en poder de una sigla. Pase lo que pase, esa bolsa electoral siempre estará agradecida a quien le ha arrojado alguna migaja (en este caso el PER) y le deberá, a cambio, fidelidad electoral pase lo que pase. Eso ha sido lo que le ha permitido al socialismo andaluz mantenerse en el poder desde los orígenes mismos de la Junta de Andalucía y, por mal que lo hayan hecho, por escándalos que se hayan acumulado, nunca jamás, el PP, ni partido alguno, ha podido constituir una alternativa real de sustitución.

En Cataluña las cosas se han hecho siguiendo una técnica más depurada. Desde que Pujol asumió la presidencia de la Generalitat se ha tratado de “catalanizar el país” partiendo de la base de que así se lograría que el electorado votaría solamente a opciones nacionalistas. La catalanización, seamos claros, ha hecho que en una comunidad en la que existían dos identidades (la que se expresaba en catalán y la que se expresaba en español), una de ellas haya impedido a la otra mostrar su personalidad. O dicho de otra manera: ha sido asfixiada.

La política es así: unos buscan clientelas electorales pervirtiendo el concepto de democracia electoral y de mayoría, y otros lo buscan adulterando y retorciendo los signos de identidad de una comunidad.

Parece que nada de esto es ilegal, amoral o inmoral sí, ilegal no. Sin embargo, lo que une en santa hermandad a Cataluña y Andalucía no es esto, sino el que en ambas comunidades se alcanzó las más altas cotas de corrupción que se hayan visto en gobierno alguno civilizado. Sí, porque Cataluña y Andalucía están hermanadas, no solamente en que sus “regímenes” inamovibles se prolongan durante más de treinta años, sino porque sus clases políticas regionales están compuestas por verdaderos cleptomaniacos.

Seamos claros: desde el punto de vista electoral, ya se ha demostrado que es inviable desplazar tanto a la cleptocracia andaluza como a la cleptocracia nacionalista catalana. La  adulteración de la historia, junto al clientelismo andaluz y al culturalismo de guante blanco catalán, han eternizado en el poder autonómico a unos partidos cuyo balance final es ampliamente negativo: tasas de paro y de paro juvenil más altas de toda España, tasas de inmigración, especialmente islamista, por encima de la media, fracaso escolar, desindustrialización, sectores cada vez más amplios de la población próximos al umbral de la pobreza o debajo del mismo, desaparición acelerada de la clase media y decisiones caciquiles de sus gobiernos autonómicos (que no por aparecer en toda la España de las autonomías son menos evidentes en estas dos comunidades).

La suspensión temporal de los Estatutos de Andalucía y Cataluña, única solución

Esa imposibilidad fáctica de que tales gobiernos sean desalojados mediante el recurso electoral (cuando en 2003 los socialistas vencieron en Cataluña, formaron un tripartido que intentó –y consiguió- desbordar al nacionalismo de CiU mediante la impulsión de un nacionalismo aún más ciego y fanatizado), hizo que en ambas comunidades arraigaran niveles de corrupción intolerables que, para colmo, estaban amparados por la sensación de impunidad que les daba el saberse inamovibles.

Y lo que es peor: en situaciones así, resulta imposible atajar esa corrupción porque es amparada, protegida y estimulada desde el poder autonómico. Así, por ejemplo, en Cataluña se llegó a crear una “Oficina Antifraude” para evitar que cualquier fraude procedente del nacionalismo fuera perseguido. Mientras, en Andalucía, el régimen de aforamientos impedía que las investigaciones policiales pudieran avanzar con soltura.

Así pues, lo que tenemos en Cataluña y en Andalucía son dos regímenes autonómicos, encarrilados por el vial de la corrupción y a los que resulta imposible detener por vías judiciales “normales”. Pero hay, por supuesto, vías de excepción.

Corresponde a los juristas constitucionalistas explicar en base a qué artículos de la constitución, un régimen autonómico que no alcanza a realizar sus fines puede ser suspendido temporalmente para facilitar una auditoría y una investigación en profundidad sobre su gestión. Incluso los grandes establecimientos comerciales cierran una vez al año “por inventario”, pues bien, más que inventario es de balance de lo que hay que hablar y, sobre todo, establecer en base al derecho, si ha existido una gestión responsable o fraudulenta de los recursos en manos de estas autonomías.

A fin de cuentas, democracia no es votar, sino instalar a gobiernos eficientes, honestos y responsables en el poder. Y los gobiernos autonómicos catalán y andaluz han sido cualquier cosa menos eficientes, honestos y responsables.

Una investigación en profundidad no puede ser realizada mientras estos mismos gobiernos sigan teniendo en sus manos los recursos del poder, pudiendo cerrar y obstruir las investigaciones, coaccionar o sobornar a testigos, destruir pruebas, mentir en los medios. Cataluña y Andalucía lo demuestran tan a las claras que no parece necesario insistir sobre ese punto. Si se quiere “limpiar” las corruptelas, hay que desarmar a los corruptos. Y en la medida en que los corruptos utilizan los estatutos de autonomía como  trinchera y excusa para justificar sus exacciones, existe una incompatibilidad entre la buena marcha de una investigación sobre los regímenes autonómicos y el ejercicio de los mismos. Una suspensión temporal sería lo único que rompería esta dinámica infernal. No hay otra.

La ausencia de Poder y Autoridad en la España de 2014

¿Quién pone el cascabel al gato? En España hay “gobierno”, lo que no hay es “poder”. Se ha llegado a esto gracias a los excesos identitarios traídos por las autonomías que han debilitado al Estado hasta dejarlo exangüe y sin funciones. A lo que se ha unido que la clase política (de derechas y de izquierdas) carece ya de “estadistas” dignos de tal nombre y en el mejor de los casos estamos ante gestores temporales de la cosa pública a los que ni siquiera se les exige eficiencia, ni capacitación.

Así pues no somos muy optimistas respecto a que ni PP ni PSOE pacten una mayoría para aprobar la suspensión de tales autonomías. En el caso del PSOE, porque en Cataluña fue algo y todavía no se ha dado cuenta de que hoy ya es un grupúsculo sin futuro, y en Andalucía porque el “régimen” está en sus manos y no están dispuestos a renunciar a la tarta.

En cuanto al PP, tampoco tiene mucho interés en llegar al fondo de la cuestión y resolver el problema de una vez por todas: después de Cataluña y Andalucía, sería lógico que en Galicia o en Castilla-León se produjeran suspensiones de este tipo para poner las cosas en orden (que distan mucho de estarlo). Y otro tanto ocurriría con el resto de autonomías. Sin olvidar que tanto el Estado como los Ayuntamientos se producen procesos similares. No olvidemos, y es importante, que el régimen nacido en 1978 pasará a la Historia con mayúscula, como caracterizado especialmente por la corrupción (como el caciquismo caracterizó a la Restauración…).

No podemos, pues, por menos que ser pesimistas. Resumimos:

1) La solución al problema soberanista no es el recurso de inconstitucionalidad.

2) El actual proceso soberanista se cerrará en falso, ocasionando malestar por ambas partes.

3) Ese malestar será permanente y volverá a reproducirse cuando cambie el gobierno de la nación.

4) La única solución al problema es hermanar Cataluña con Andalucía, suspendiendo ambos estatutos de Autonomía y realizando una depuración de responsabilidades penales por la gestión de los gobiernos autonómicos.

5) Esta suspensión haría que se resetearan las situaciones políticas en ambas comunidades generándose nuevos equilibrios de fuerzas y generando un marco adecuado para modificaciones de los regímenes autonómicos que evitaran situaciones similares en el futuro.

6) Si no se opera tal suspensión, los procesos centrífugos en Cataluña y la corrupción inamovible en Andalucía persistirán por tiempo indefinido, sumiendo a todo el país en una situación insostenible e inviable para el Estado y para la Sociedad.

7) Todo induce a pensar que la suspensión temporal de los Estatutos de Autonomía es una solución lógica… pero inaplicable. Con lo que quedaría sólo esperar que aparecieran nuevas fuerzas políticas que modifiquen profundamente el panorama político español.

8) Pero en el panorama político español no aparece ninguna fuerza política interesada en asumir la idea de Estado, reivindicar la soberanía, la fuerza y el poder del Estado contra la centrifugación y la corrupción.

De todo lo cual se deduce que… no hay salida. Así que se trata sólo de ser realistas reconocer y asumir que la situación actual tiene mala salida y que en el momento actual, cualquier salida que pueda aplicar el PP, es una salida en falso y el prolongar la larga agonía de los problemas. 

© Ernesto Milà - info|krisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este artículo sin indicar origen.

 

 

 

 

 

La responsabilidad del PP

Info|krisis.- Repasemos el marcados: gol a favor del soberanismo catalán con la movilización de masas del 11–S, gol a favor del Estado con el escándalo Pujol–Generalitat, golpe a favor del Estado con el resultado del referéndum escocés, gol en propia puerta por la declaración de Pujol ante el Parlament, gol de Mas doce horas después anunciando la fecha del referéndum… gol que será anulado por el recurso de inconstitucionalidad. Así pues, el marcador registra un 3 a 1 a favor del Estado. ¿Frivolizamos? En absoluto, quien frivoliza es el PP y nos equivocaríamos mucho si creyéramos que iba a ser Rajoy quien resuelva esta crisis del Estado. Los antecedentes son demasiado explícitos.

Habíamos jurado que no hablaríamos del “tema catalán” (aburrido, reiterativo, miserable y obsesivo, donde los haya), sin embargo el planteamiento de este análisis no es sobre “Cataluña” sino sobre la actitud del PP ante el caso catalán. Este planteamiento nos permite arrancar diciendo que un planteamiento exclusivamente “leguleyo” en las actuales circunstancias supone un aferrarse a una ola para evitar ser arrojado contra el acantilado. Nos explicamos.

Llevamos dos años  oyendo la misma cantinela: “un referéndum debe atenerse a la legalidad vigente, si la vulnera no es de recibo”. Frente a esto, la Generalitat ha sido más práctica: se ha limitado a movilizar masas. A crear “otra legitimidad”. Le ha costado poco porque desde hace treinta años la derecha ha puesto en sus manos el aparato educativo, el aparato mediático y la máquina de repartir subvenciones a los amigos. A lo largo de esos treinta años, la “sociedad civil española en Cataluña” ha, simple y sencillamente, desaparecido en Cataluña. Lo único que existe, en la práctica, es la “sociedad civil catalana”. En 1975 parecía increíble que en una Cataluña más de la mitad de cuya población procedía de otras zonas del Estado, pudiera terminar catalanizando o neutralizando a tres millones de inmigrantes del interior del Estado.

¿Cómo ha sido posible semejante “integración”? Por vía de la subvención, por supuesto, mucho más que por la inmersión lingüística que lo único que ha generado es que desde hace 20 años los porcentajes de utilización de la lengua catalana se hayan estancado con cierta tendencia a la regresión (sí, es que el catalán, como cualquier otra lengua minoritaria, está irremisiblemente amenazada de desaparición… bien, pero una lengua ultra subvencionada tampoco parece la mejor solución).

Cuando vemos como personajes como Justo Molinero, uno de los referentes de la comunidad andaluza en Cataluña, desde los años 80 se vio obsequiado con frecuencias de radio por parte de la Generalitat a cambio de olvidar su origen y traicionar sus raíces, todavía tienen influencia en la comunidad castellano–parlante o cuando acudimos a una biblioteca pública de la Diputación y vemos que los únicos libros que se adquieren están editados en catalán (y en buena medida solamente son difundidos por las bibliotecas y, visiblemente, la mayoría jamás ha sido leída), se percibe claramente que la lengua es secundaria en el proceso de concienciación nacionalista: han sido los subsidios a los medios, a la sociedad civil, la compra al peso, pura y simplemente, de personajes (al bierzano Luis del Olmo bastó con regalarle también frecuencias de radio y allanarle el paso para algún otro asuntejo para hacer de él un perro fiel a Pujol).

PP: con Pujol, junto a Pujol, por Pujol, y hablando catalán en la intimidad

Y luego estaba las relaciones de CiU y de Pujol con la derecha española. Con AP primero, con el PP después y con la “Brunete mediática” en todo el tiempo en que fue “molt honorable president” (las comillas son simplemente para acentuar la ironía de la honorabilidad a quien es cualquier cosa menos eso), el apoyo a Pujol ha sido siempre constante.

Hay que recordar que cuando se produjo el escándalo de Banca Catalana, estaba en el gobierno español el centro–izquierda, lo cual fue suficiente como para que el centro–derecha saliera en defensa de la “honorabilidad” de Pujol. La prensa de derechas, con ABC al frente, presentó a Pujol como “víctima del PSOE” (la edición digital de ABC está completa en la hemeroteca de dicho diario, comprobadlo). Ansón lo defendió y Pilar Urbano sugirió que debía unir sus fuerzas a las de Fraga.

Hay que recordar que el Caso Banca Catalana (el saqueo de una entidades bancaria cuyos fondos de depósito fueron alegremente regalados a las asociaciones catalanistas en la línea de CiU, no lo olvidemos) fue la madre de todas las corruptelas. A partir de ahí, Pujol entendió que, apelando a los sentimientos catalanistas, podía hacer lo que quisiera, especialmente porque la derecha, siempre la derecha españolista estaría de su lado…

¿Por qué esta actitud de la derecha española? ¿Por qué esta persistencia en apuntalar a Pujol que encontró su cénit en Aznar y en su “hablar catalán en familia”? Sencillo: por la hemiplejia propia del régimen nacido en 1978, preso por la idea de que el electorado solamente podía estar situado en el centro–derecha o en el centro–izquierda… y si CiU no pertenecía al centro–izquierda… es que era de centro–derecha, es decir, que compartía las mismas posiciones en el PP y que era una especie como de sucursal catalana de este partido que solamente se diferenciaba con la central madrileña en ese prurito nacionalista que, solamente debía ser un reclamo para un electorado poco avisado, pero que, en cualquier caso, tenía a su enemigo en el PSC, como el PP lo tenía en el PSOE.

El último episodio en este apoyo del PP a CiU lo ha protagonizado el Rafael Catalá, el sucesor de Gallardón al frente del ministerio de justicia (nunca las minúsculas han estado tan justificadas) quien ha aludido a la necesidad de reconocer la “especificidad catalana”. Dejando aparte que nos gustaría saber, a parte de la lengua, qué otra “especificidad” existe en Cataluña, pues incluso en corrupción, Cataluña no es más que, con Andalucía, la vanguardia de la corrupción en España, pero ni siquiera la corrupción es un rasgo específico catalán…

De esta “comunidad de ideas” surgió la debilidad del PP en relación a CiU. A esto se añadía que el empresariado catalán que había apoyado sin fisuras a Franco durante cuarenta años y que, en la transición, pasó a apoyar a CiU (no a “ser” de CiU, ni a “creer” en CiU, sino simplemente a apoyarlo por puro interés y rentabilidad). El conde de Godó, ilustre representante de la aristocracia regional y propietario mediático, convirtió al buque insignia de su patrimonio, La Vanguardia, en boletín interno de CiU y portavoz oficioso de la Generalitat, como antes había sido uno de los más conspicuos diarios franquistas y, seguramente, si alguna vez Cataluña es invadida por extra–terrestres, será portavoz del remoto planeta Raticulín.

Cuando la apelación a la “legalidad” es poco, muy poco…

Y, de repente, por las razones que sea (las hemos analizado en muchas otras ocasiones como para insistir ahora), CiU cree que ha llegado la hora de romper con España. Era lógico: en primer lugar el catalán se absolutiza en relación a la lengua vehicular de todo el Estado, en segundo lugar la “nacionalidad catalana” se convierte en “nación catalana”, en tercer lugar se aplica el “principio de las nacionalidades” del siglo XIX en virtud del cual un grupo de población que posee una lengua es, por ese mismo hecho, una “nación” y en tanto que tal debe ser independiente…

Esto se genera, además, en un clima de crisis económica, de desindustrialización y de precarización de la sociedad. ¿Alguien se preocuparía de soberanismo en momentos de pujanza económica?  Con todos los medios de comunicación a su servicio, para la Generalitat es fácil hacer justo lo que había hecho en los treinta años anteriores: echar balones fuera, eludir sus responsabilidades y decir, “la culpa de la crisis es sólo del Estado Español”, “solos, los catalanes saldríamos antes de la crisis”, “España es un lastre”, para concluir, finalmente, con el “España nos roba”.

Ante todo esto, Rajoy ni se inmuta: a fin de cuentas, los “catalanes” (léase los nacionalistas catalanes, o mejor dicho, la cúpula de CiU) son “de centro–derecha, como nosotros”, no pueden ir en serio, lo único que buscan es el “concierto económico”… tal es la esencia de sus pensamientos. Pero dado que la crisis ha agotado las arcas del Estado y que no puede permitirse una merma de ingresos y la creación de una administración económica paralela, Rajoy se enroca: “no es legal, el referéndum no es legal”… y de ahí lleva dos años sin salir.

Hubiéramos esperado otra cosa. Rajoy, hasta ahora, no ha realizado ninguna contraofensiva (salvo iniciar como advertencia el Caso Pujol como antesala de una necesaria “causa general” para depurar las responsabilidades penales protagonizadas por altos cargos de la Generalitat en los últimos treinta años). La elección de este frente a ataque ha sido –y lo hemos dicho desde el principio– un gran error. Pujol lo recordó el otro día en el parlament: “si se agita una rama, todo el árbol puede caerse”, veladas palabras de resonancias rurales que encubren una realidad objetiva.

Acaso ese momento haya sido el único de su vida en el que el viejo capo mafioso ha sido más sincero: atacándolo a él, no se ataca a Cataluña como antes… ¡se ataca a la totalidad del régimen nacido en 1978! ¡Porqué todos, absolutamente todos los partidos políticos han hecho exactamente lo mismo que él: hacer del cobro de comisiones una práctica habitual! ¿O es que alguien todavía no se ha querido enterar de que la corrupción es la primera y casi la única característica del régimen nacido en 1978? Pujol no hizo nada más que recordarlo…

Una “legalidad” que se apaga poco a poco, como una vela se extingue

Parte del año, a mí pesar, lo paso en Cataluña, así que conozco muy bien esta sociedad. Es exactamente igual a la de cualquier otro lugar de España. Y si se me apura, a la que más se parece es a Andalucía (región tan denostada por los nacionalistas). Casi las mismas tasas de paro, especialmente de paro juvenil, la misma persistencia en el poder de partidos clientelares e inamovibles, escándalos de corrupción que alcanzan hasta las cúpulas autonómicas, inmigración masiva… Hace tres años, apenas el 19% de los catalanes apoyaban soluciones soberanistas, hoy esta cifra haya crecido. Imposible cuantificarla, los sondeos de opinión no son más que mentiras estadísticas cocinadas para mayor gloria de españolistas o de soberanistas. Pero no me cabe la menor duda de que en una campaña abierta en igualdad de condiciones, el soberanismo quedaría muy –pero que muy– por debajo del independentismo escocés…

El problema es que la mayoría silenciosa partidaria de mantener los vínculos con España, sigue siendo… silenciosa. Entre otras cosas porque no tiene nada que decir: ¿defender la “España constitucional” que ha fracasado? ¿Defender la gestión de los que han gobernado desde la poltrona de La Moncloa en lo que parece una competencia para ver quién lo hace peor? ¿Defender al régimen nacido en 1978 y que ha ido decepcionando desde 1978? El desprestigio y la irrelevancia del PP en Cataluña, hace imposible que de ahí pueda salir alguna campaña movilizadora. La “sociedad civil española en Cataluña” simplemente ha sido completamente destruida… a pesar, paradójicamente, de que el castellano sigue siendo la lengua más hablada en esta región del Estado con tendencia al alza, incluso tras 25 años de inmersión lingüística y de censores lingüísticos en medios de comunicación.

Los grupos de resistencia –Sociedad Civil Catalana, Somatemps, etc. – son todavía débiles para afrontar la marejada soberanista. Y no se crea un movimiento cívico de un día para otro. La traición socialista ha sido flagrante y el PSC la pagará con su creciente desaparición y un proceso irreversible de gropuscularización del que la talla de sus secretarios generales, cada vez más irrelevante, es el reflejo público. UPyD es casi inexistente, Ciutadans terminará absorbiendo el voto popular antinacionalista, pero salvo las intervenciones mediáticas de Albert Rivera, el resto del partido no suscita grandes entusiasmos, especialmente cuando se percibe que en materia de inmigración No Sabe/No Contesta (y la inmigración es, después del soberanismo y del paro, el principal problema en Cataluña). En cuanto al PP catalán, parece como si el recauchutado del rostro de la Sánchez-Camacho estuviera en razón inversa a sus posibilidades electorales…

Así pues, no está tan claro de dónde podría partir una reacción “estatalista” en Cataluña. Rajoy paga ahora los errores acumulados por el PP a lo largo de los últimos treinta años: el haberse quedado sin “delegación” en Cataluña, el primero de todos. Pero, la opinión pública espera que Rajoy haga algo además de proclamar la ilegalidad del referéndum a través suyo y a través de su becaria favorita (la Sáez de Santamaría). A fin de cuentas, algo puede ser “ilegal”… pero también “legitimo” (y tal será la defensa que Artur Mas hará del referéndum).

Sin olvidar que, en estos momentos en los que casi todas las fuerzas políticas y sociales coinciden en que hay que cambiar los términos de la legalidad (es decir, la reforma de la Constitución) no es el mejor momento para enrocarse en la defensa de una legalidad que, en breve, pasará a mejor vida o que, en cualquier caso, será alterada y modificada. Y, por supuesto, corriendo un tupido velo, sobre el hecho de que “la legalidad es como el timón, hacia donde se la da, gira” (Lao–Tsé).

Depende de quien se instale en la Moncloa para que la interpretación de la legalidad sea en tal o cual dirección, por contradictorias que sean… a fin de cuentas, un “buen jurista”, es un acróbata capacitado para dar las piruetas más inverosímiles y retorcer las leyes en beneficio de lo que le han ordenado. Así pues, si la unidad del Estado se defiende en función de la “legalidad”, esa unidad durará lo dure esa forma de “legalidad”.

Sólo hay una solución: la suspensión temporal del Estatuto de Autonomía

Lo que está claro es que de hoy al 9–N, la Generalitat va a poner los restos y a tratar de que la partida no se cierre con un bochornoso 5 ó 6 a 1 en su contra.

Su único recurso es la calle, movilizar a masas después de cada movimiento del contrario. Cuando Rajoy recurra la sentencia: lanzar a las masas a la calle. Cuando se prohíba definitivamente en referéndum: volverlas a lanzar a la calle. Mientras, el Estado escarba en los armarios de la Generalitat y proyecta, no ya la sombra de la corrupción –sino la losa de la corrupción– sobre el soberanismo (rezando, por supuesto, para que los juzgados no hagan mucho ruido con los cadáveres instalados en el propio armario, en forma de Gürtel o de las relaciones entre Aznar y Pujol…).

Pero todo esto tiene un recorrido muy corto: no se puede ni movilizar permanentemente a unas masas que ya han llegado a su límite y que a partir de ahora irán descendiendo en presencia y afluencia en la calle por puro hartazgo, ni tampoco se puede apelar permanentemente a una “legalidad” crepuscular que cada día se apaga un poquito más y en la que ya muy pocos creen.

Esta situación no se puede prolongar por mucho tiempo, especialmente en Cataluña en donde existe cada vez más un clima irrespirable en la calle que, antes o después, irá degenerando en incidentes y choques entre unas fracciones y otras, o incluso entre fracciones independentistas. El que pierda los nervios antes, pierde…

La única salida consiste en resetear el sistema (aprovecho ahora para sonreír por la ingenuidad de la Generalitat que desde hace 20 años intenta imponer el catalán a los informáticos. Así, por ejemplo, software debería decirse en Cataluña “programari”, y hardware “maquinari”… tal ingenuidad no deja de suscitar sino una irreprimible tristeza). Hoy, en política, resetear el sistema ¿supone convocar elecciones anticipadas?

Es lo que propone Ciutadans sabiendo que el resultado radicalizaría las posiciones, liquidaría a CiU y al PSC y daría un impulso a C’s y a Podemos que haría cambiar definitivamente el panorama político regional. Es también la carta final de Artur Mas antes de su desaparición política (porque judicialmente seguirá apareciendo durante años): convocar unas elecciones “plebiscitarias” con un “bloque soberanista” frente a una galaxia estatalista… verdadero referéndum sin serlo.

Pero nunca unas elecciones han resuelto ningún problema de fondo. Y también en esta ocasión sólo contribuirían a prolongarlo. ERC pasaría a ser partido mayoritario, con lo que el soberanismo seguiría en el candelero. Así pues, la resolución definitiva del problema no puede pasar por ahí. Hay otra: la suspensión el Estatuto de Cataluña. Para que no pareciera ni fuera una solución dictatorial ante un problema concreto, sería preciso que también se suspendiera el Estatuto de Andalucía. ¿Motivos? La corrupción generalizada que se da en ambas autonomías desde su arranque mismo y que hace que en estas décadas, miles y miles de millones que hubieran debido destinarse a satisfacer las necesidades de la sociedad, hayan enriquecido a las clases políticas regionales. Es evidente que una investigación en profundidad de lo que ha supuesto todo este régimen de corruptelas generalizadas no puede realizarse manteniéndose en el poder las mismas estructuras que la han permitido, estimulado, cubierto y promovido. De ahí la necesidad de que mientras durase una investigación de este tipo, ni la Generalitat ni la Junta de Andalucía estuvieran en condiciones manejar los resortes económicos y mediáticos en sus respectivas autonomías.

Ahora bien, esto solamente sería posible si existiera un verdadero poder judicial, y no un apéndice del poder político disfrazado con toga. Y una salida de este tipo solamente sería admisible si las suspensiones temporales de los Estatutos de Autonomía se dieran en cualquier región en la que se tuvieran fundadas sospechas de corrupción generalizada.

Y, claro, algunas de estas comunidades son gobernadas por el PP… Por eso decíamos al principio que la ola leguleya puede acabar con el PP arrojado contra las rocas. Es lo que tiene llenarse la boca hablando de “respeto a la legalidad”… cuando todos, de una manera u otra, han vulnerado esa legalidad. Tal era la amenaza de Pujol ante el parlament.

© Ernesto Milà - info|krisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.