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INFOKRISIS, el blog de Ernest Milà

NO AL ESTATUT

Referendum: final grotesco para un Estatuto nefasto

Referendum: final grotesco para un Estatuto nefasto

Infokrisis.- El resultado del referendum sobre el Estatuto de Catalunya ha estado a la altura del texto vomitado por el Parlament de Catalunya y regurgitado por ZP y Artur Mas. Uno de cada tres catalanes apoyo un Estatuto que pocos han leído y mucho menos han meditado sobre sus consecuencias. La larga agonía del Estatuto ha terminado en fallecimiento. El cadáver a partir de ahora, va a regir los destinos de Catalunya. A la comida-basura, a la tele-basura, sigue la democracia basura. La nuestra.

Lo que han demostrado los resultados del referéndum

Desde el punto de vista de ZP, la “democracia ha vencido en Catalunya”. Y ha dicho: “tres de cada cuatro votos han ido a favor del Estatuto”. Si, es exacto… pero falso. Solamente en política 2 más 2 puede ser 3 ó 5, pero difícilmente 4. Desde el punto de vista de Rajoy el fracaso del Estatuto ha sido memorable: “de cada tres votantes catalanes, uno ha apoyado el texto”. Nuevamente 2 más 2, son 3 ó 5. Pero luego está la realidad.

Y la realidad dice que el Estatuto, cuya tramitación se inició a espaldas del electorado sin que existiera la más mínima demanda social, no ha suscitado el más mínimo interés. Era curioso ver en las mesas de voto solamente a personas muy maduras. Son los mismos que votaron afirmativamente en el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado en 1977, volvieron a hacerlo en la Ley de Reforma Política de 1976, lo volvieron hacer en el referéndum constitucional de 1970, nuevamente votaron al Estatuto de Catalunya de 1979, en el referéndum sobre la OTAN de 1986 y en el referéndum sobre la Constitución Europea de 2005… en todo referéndum existe un “remanente inercial” que vota y, además, vota afirmativamente a la propuesta del gobierno de turno.

Así pues, del 75% de votos habría que restar el voto inercial, imposible de determinar pero que está ahí presente y enmascarado. La conclusión, sean cuales sean las cifras finales, es que el resultado ha sido esquelético y que el Estatuto nació de una agonía y murió, finalmente, ayer; lo que no va a impedir que el PP presente su recurso de inconstitucionalidad (con muchas posibilidades de salir adelante en varios temas) y que el tándem PSC y CiU (omitimos ICV-EUiA por ser un cero a la izquierda) vaya a aplicar el Estatuto iniciándose una segunda agonía del fantasma estatutario: el tira y afloja de la “comisión de competencias”, seguido de los desajustes inevitables provocados por la aplicación del texto y las consiguientes tensiones sociales.

Esto no ha hecho más que empezar. Al Estatuto le queda mucho camino por delante. Sólo que la crispación no ha hecho más que comenzar.

El resultado del referéndum ha demostrado que el electorado catalán ha permanecido de espaldas al texto estatutario y que la consulta no ha otorgado al Estatuto fuerza suficiente como para que permita hablar de un texto de “todos los catalanes”.

Lo que ha demostrado la tramitación del Estatuto

La tramitación del texto estatutario demostró algunas cosas: en primer lugar, la irresponsabilidad de los partidos catalanes que establecieron una verdadera carrera para ver quién iba más lejos en la reclamación de competencias. Tanto CiU como el PSC se empeñaron en dejar atrás a ERC en reivindicaciones autonómicas. El Estatuto que surgió del Parlament fue una volátil hoja de máximos, inconstitucional por los cuatro costados y que no había por donde coger. CiU mantuvo hasta el último momento la incertidumbre sobre su apoyo al texto: si se abstenía, el proceso habría concluido allí mismo. Pero bastó una llamada de ZP a Mas para que no cundiera el pánico y se produjera un cambio de alianzas, no comunicado a ERC sino unas semanas después. Esto demostró que “bambi” era, en realidad, una serpiente traidorzuela que no dudaba en dejar en la estacada a los que hasta ese momento habían sido sus aliados: descompuestos y sin novia. Frecuentemente, la cobardía y la pusilanimidad tienen como acompañante inevitable a la traición. ¿Podía esperarse otra cosa de ZP?

Fue así como el texto estatutario superó el trámite del parlamento español, con los votos de TODOS los partidos menos del PP. Es importante este detalle: existió unanimidad entre TODOS los partidos... menos el PP. Los diputados del PSOE, que tanto habían cacareado su oposición al Estatuto, demostraron que, a fin de cuentas, lo único que les interesaba era “salir en la foto”. Seguramente pensaron que aún quedan dos años para las elecciones y que al volver ante su electorado provincial, éste ya se habrá olvidado de su indignidad. Porque el Estatuto no solamente no es bueno para la población catalana, sino que es nefasto para las regiones más deprimidas del Estado. ¿Por qué lo han hecho? El misterio se resuelve leyendo el Estatuto: es imposible que diputados andaluces o extremeños, aragoneses o asturianos, votaran ese texto, ¿qué había ocurrido, pues?: simplemente que no habían leído lo que votaban.

El texto final en el que habían participado 150 diputados catalanes y 350 diputados del parlamento español, fue rectificado y matizado por un acuerdo entre dos personas, ZP y Mas, que pactaron la distribución del poder en los próximos seis años: Mas apoyaría a ZP en Madrid y el PSC gobernaría con CiU en Catalunya… Todo esto, naturalmente, pactado a espaldas de Maragall y, por supuesto, de Carod-Rovira. Y, no digamos, a espaldas del pueblo de Catalunya.

La tramitación del Estatuto ha demostrado lo que vale la “democracia” para la clase política catalana: se ha generado una crispación política sin demanda social de reforma estatutaria. Dos personas han pactado lo que han querido, de espaldas a los que hasta ayer se presentaban como “90% de representantes del pueblo de Catalunya”, ZP se ha evidenciado como la serpiente cobarde y traidorzuela que es…

Lo que ha demostrado la campaña sobre el referéndum

Entonces empezó la campaña. Como suele ocurrir en estos casos, la Generalitat que habría debido demostrar neutralidad en la campaña, tomó partido por el SI. El PSC decidió cumplir la última cláusula del “Acuerdo del Tinell” y cargar contra el PP. ERC se lo había puesto en bandeja. La posición de Carod, pidiendo la abstención en nombre de ERC, fue pronto rectificada por las bases del partido que exigieron el NO, olvidando que éste también era defendido por el partido situado en el otro extremo del arco político. El NO tendía a diluir el voto de ERC mucho más que la abstención, pero, además, es que ofrecía al PSC y a CiU el mejor de los escenarios posibles: eran ellos los que creaban una “nueva mayoría centrista” equidistante de los dos “extremos”, ERC y PP… es la coronación de la política de “moderación y talante” de ZP (“te acuchillo y te acogoto, pero, eso sí, de buen rollito”).

En ese marco se inicia la campaña. Desde el primer momento se percibe que solamente tienen derecho a expresar tranquilamente su opinión los partidarios del SI y, como máximo, los partidarios del NO… de ERC. El resto se ven acosados allí donde vayan y hagan lo que hagan. Es otro residuo del “Acuerdo del Tinell”, todavía en vigor. El hecho de que Rajoy fuera agredido en el mercado de Hospitalet es significativo. Hospitalet es la ciudad catalana con más castellanoparlantes de toda la autonomía. Quizás en Hostalets de Balenya o en Ventdelplá de Riudelodí eso podía haber ocurrido espontáneamente, pero no en Hospitalet. Era evidente que había instigadores.

Esos instigadores eran, en principio, grupos antiglobalización, okupas y, especialmente circulillos independentistas amamantados por generosos subsidios y por la permisividad de los municipios en los que el PSC es mayoritario. Grupos, todos, situados “al margen” de la política, pero no completamente desconectados de los “políticos de izquierdas”.

Es significativo que no solamente el PP fuera el objeto de estas agresiones, sino que también lo fuera “Ciutadans de Catalunya”, escisión del PSC. Quien se sitúa fuera del “centro nacionalista-socialista” es presentado como “extremista” y “anticatalán” (PP y CC) o bien como un “aliado objetivo” de los “enemigos de Catalunya” (ERC).

Ahora bien, hay que recordar que las competencias de la Consellería de Interior en materia de seguridad ciudadana preveían que el buen orden de los actos políticos –sea cual fuera su orientación- debía corresponder a los “mossos d’esquadra”. Pues bien, en la mayoría de los incidentes, ni los “mossos” han estado presentes, ni se han producido detenciones. Podemos pensar lo que hubiera ocurrido si a alguien se le hubiera ocurrido gritar “traidor” a ZP en algún mitin a favor del SI. Después del linchamiento, hubiera seguido la detención y la acusación por “delito electoral” y “denigración a cargo público”. Pero en las agresiones, muy reales y reiteradas a lo largo de 15 días, no se ha producido ni una sola detención.

Esta campaña ha demostrado que la libertad de expresión es sólo para quienes apoyan al “centrismo nacionalista socialista” y que Catalunya vive un proceso creciente de deterioro de la vida política en donde los grupos marginales y extremistas tienen entera libertad de acción para su kale-borroka particular.

Las conclusiones que hay que extraer de todo este embrollo

Hasta aquí, las consecuencias inmediatas del puro sinsentido que ha sido desde el origen el Estatuto de Catalunya. Vale la pena extraer unas consecuencias de mayor calado. Sin ánimo de ser exhaustivos podemos enumerar las siguientes:

1) Nuestra democracia, la de Catalunya y la del resto del Estado es una democracia de “mala calidad”. Esto no es una “democracia”, le cuadran los calificativos de “partitocracia” (poder de los partidos) o “plutocracia” (poder del dinero).

2) La clase política está de espaldas a las necesidades, preocupaciones y anhelos de la población, preocupada solamente por disponer de más fondos y recursos.

3) Esto ha generado una ruptura entre la “España real” y la “España oficial”, evidenciada en un abstencionismo creciente.

4) Seguimos sin “modelo de Estado”. Se ha abordado la reforma de los estatutos sin diseñar primero el cauce por el que deben de transitar.

5) La reforma de los Estatutos se va a convertir en una loca carrera para conseguir “máximos” y “blindajes” de ríos y de competencias.

6) A partir de ahora va a ser muy difícil elaborar políticas de Estado. Cada autonomía se va a atrincherar en sus “blindajes”. La noción de solidaridad ha desaparecido.

7) Esta tendencia va a ser muy difícil que logre dar marcha atrás y, si lo hace, será a costa de situaciones traumáticas en las que la crispación puede pasar a mayores.

8) La España de ZP está dando marcha atrás a la rueda de la Historia: la tendencia de ZP es la opuesta a la tendencia general hacia la integración que se da en Europa.

9) En los próximos años, ZP intentará disponer de mayoría absoluta que le permita poner en marcha su proyecto de reforma constitucional y establecimiento de una república federal.

10) Todo esto dentro de un contexto de inmigración masiva, tambaleamiento de la Seguridad Social, delincuencia e inseguridad, aumento de las tasas de paro, inflación superior a las alzas salariales, desaparición de los contratos laborales “sólidos”, estancamiento del mercado inmobiliario con el consiguiente parón económico, que será acentuado por el alza continuada del precio del petróleo y la creciente carestía energética.

Ante este panorama no podemos sino ser pesimistas: España va a tener que soportar las mismas tensiones que cualquier otro país europeo, pero, al mismo tiempo, su clase política se ha reservado el derecho de crear tensiones nuevas y abordar, en el peor momento de la Historia de Europa desde 1945,  un proceso de centrifugación nacional.

Sólo un GOBIERNO FUERTE, EN UN ESTADO RECONSTRUIDO puede estar en condiciones de superar este bache histórico. Seamos realistas: el resultado del referéndum de ayer es la confirmación de una línea de tendencia que ya existía desde los años ochenta. La democracia española suscitó esperanzas y entusiasmos, y enseguida nos dimos cuenta de que se transformó en partitocracia y plutocracia. Hoy EL SISTEMA YA ESTÁ COMPLETAMENTE INADECUADO PARA ABORDAR LAS REFORMAS PENDIENTES, la clase política carece de la menor credibilidad y se mantiene –como la catalana- gracias a una prensa amaestrada y adocenada que come de la mano del poder;  o bien –como la del resto del Estado- gracias a la inercia y a la demagogia. A la “larga pirámide de fracasos” de la que hablara Ramiro Ledesma al final de su introducción al Discurso a las Juventudes de España, habría que añadir dos más: “el fracaso del franquismo que no estuvo en condiciones de autoregenerarse y superar la vida física de su fundador y la de la democracia que cayó pronto en la plutocracia y la partitocracia”.

En el fondo, esta es la opinión de ZP. Sólo que él cree que, si la democracia actual es de “mala calidad”, se debe a que el proceso de la transición se realizó bajo presión de los poderes fácticos franquistas y que se trata de retornar al punto de partida: la II República. Nosotros pensamos, por el contrario, que doscientos años de fracasos históricos desde Fernando VII hasta ahora, piden de nosotros IMAGINACIÓN, OBJETIVIDAD y RESPONSABILIDAD. Tres valores desconocidos por ZP. En otras palabras: dejar de mirar atrás con ira y mirar hacia delante. Porque tenemos necesidad, como país y como ciudadanos, de tener un futuro con esperanzas. Hoy no lo tenemos.

El Estatuto sólo nos ha servido para realizar estas reflexiones. Hasta la mierda sirve para abonar la tierra.

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es - 20.06.06

No al Estatuto (X de X). Una clase política bajo sospecha no es nadie para imponer un Estatuto

No al Estatuto (X de X).  Una clase política bajo sospecha no es nadie para imponer un Estatuto

 

Infokrisis.- Llegamos al punto final de este breve estudio sobre el Estatuto. Hay algo peor que el texto del Estatuto, la manera cómo fue elaborado, incluso mucho peor que quién lo elaboró. La tramitación del Estatuto ha sido bochornosa: no es un Estatuto democrático, es el Estatuto elaborado por Mas y por Zapatero, sobre la traición a Maragall y Carod-Rovira.

Infokrisis.- Llegamos al punto final de este breve estudio sobre el Estatuto. Hay algo peor que el texto del Estatuto: la manera cómo fue elaborado, incluso mucho peor que quién lo elaboró. La tramitación del Estatuto ha sido bochornosa: no es un Estatuto democrático, es el Estatuto elaborado por Mas y por Zapatero, sobre la traición a Maragall y Carod-Rovira.

 

Una basura inmovilizadora llamada “Nou Estatut”

Tres años, tres… Durante tres años el gobierno de la Generalitat ha estado inmovilizado, proclamando a los cuatro vientos que su intención era pasar a la Historia de Catalunya elaborando un texto “definitivo” que alcanzase el máximo grado de “autogobierno” de Catalunya. Durante ese tiempo, los bosques catalanes se han ido quemando como teas, los delincuentes han campado como en su casa  por las tierras de Catalunya, los jóvenes han tenido los mismos contratos basura que en el resto del Estado pero, eso sí, sellados y visados por el Institut Catalá de Treball. Durante esos tres largos años hemos visto cómo El Carmelo se hundía ante la indiferencia de los responsables de la Generalitat. Hemos visto cómo la vivienda se encarecía en Catalunya mucho más que en el resto del Estado. Hemos podido ver cómo un 15% de los habitantes de Catalunya han pasado a ser de origen extranjero y cómo la natalidad se ha desplomado. Hemos vistos cómo las autoridades permanecían entretenidas proclamando los derechos de los homosexuales, de las mujeres, de okupas, de los antiglobalización y de los ilegales. ¿Derechos de los jóvenes? ¿Derechos de los trabajadores? ¿Derechos de las familias? ¿Para qué? LO UNICO QUE CUENTA ES EL “AUTOGOBIERNO DE CATALUNYA”. CUANDO SE LOGRE, TODO LO DEMÁS VENDRÁ DADO POR AÑADIDURA… Al menos eso es lo que se nos ha dicho.

Durante tres años la Generalitat ha permanecido paralizada, haciéndonos creer que las cosas mejorarían con un “Estatuto” que garantizase un total dominio de los recursos fiscales por parte de los “catalanes”. En realidad, la forma en que Maragall se hizo cargo de la presidencia de la Generalitat desdecía completamente estas esperanzas.

En 1999 Maragall se presentó contra Jordi Pujol… y perdió. Contra todo pronóstico, la candidatura de Maragall se volvió a repetir en 2003… y volvió a perder. Solamente el hecho de que Maragall se entendiera mejor con ERC que con CiU le convirtió en presidente del gobierno. Maragall, el otrora imaginativo y sorprendente alcalde de Barcelona, estaba avejentado, abotargado y desprestigiado, no sólo ante la sociedad catalana, sino ante su propio partido. El propio PSC proclamaba que Maragall era el único candidato que podía vencer a CiU… pero sabía perfectamente que no estaba en condiciones físicas ni mentales de asumir la presidencia. Por tanto ¡YA DESDE 2000! EL PSC PREVEÍA DOS AÑOS DE GOBIERNO DE MARAGALL Y LUEGO SU DIMISIÓN Y SUSTITUCIÓN POR MONTILLA…

En noviembre de 2003, Maragall, recién elegido presidente, no estaba en condiciones de negociar con nadie. Creyó que ERC era más débil que CiU y que, por tanto, lo podría manejar mejor, a su antojo. Por eso pactó con ERC en lugar de con CiU, proclamando un “gobierno de izquierdas”… ERC, por su parte, mantenía la exótica teoría de que la secesión catalana solamente era viable cuando el PSC fuera llevado a las posiciones nacionalistas. En realidad, ERC –y Carod, en concreto- estaba perdido en un universo de doctrinas dogmáticas sobre las que basar su estrategia. ERC olvidaba que, en el PSC, cualquier rastro de “doctrina política” se había borrado desde los años 80, priorizando un pragmatismo sin principios, un oportunismo carente de cualquier proyección doctrinal. ¿Hablar de principios y doctrina en el “socialismo”? ¡Por favor! No hay más principio socialista que “toma el dinero y corre”. ¿O es que a estas alturas aun vamos a dudarlo? ERC no veía así las cosas. Desde el punto de vista de ERC, parecía normal que hubieran preferido pactar con CiU (nacionalista) que con el PSC… pero el dogmatismo de Carod optó por un “frente de izquierdas” antes que por  un “frente nacionalistas”.

En el momento en que se fraguó el Pacto del Tinell, el PP gobernaba y se esperaba que siguiera gobernando en los años siguientes. En el PSC nadie daba un duro por ZP. Así pues, era muy fácil formalizar un pacto de izquierdas en Catalunya que optara por el “victimismo” ante un PP que no hubiera tolerado la reforma del Estatuto. Frente al PP, el “tripartito” lograría fraguar jugando esta carta del victimismo. Pero las bombas del 11-M arrojaron al PP fuera del poder y fue entonces, y sólo entonces, cuando ERC entendió que era la pieza clave de la gobernabilidad del Estado. Entonces PSC y ERC empezaron a elaborar el “nuevo Estatuto”.

Y, a partir de ese momento, se acabó la tarea de gobierno: todos los esfuerzos del tripartito se centraron en el “nuevo Estatuto”. No había tiempo, ni energía, ni capacidad, para hacer otra cosa más que elaborar un nuevo texto. Maragall porque quería pasar a la Historia de Catalunya como un “gran president”. Carod porque quería apurar al máximo la “vía estatutaria”, para luego, en cinco o seis años, abordar el proyecto secesionista final.

Además, este proyecto tenía a su favor la debilidad manifiesta y la bisoñez absoluta de ZP en su primer año y medio de gobierno. ZP –deudor de Maragall, al que le debía su cargo de secretario general del PSOE- había manifestado que aceptaría el Estatuto que saliera del Parlament. Esto era suficiente para que, en Catalunya, TODAS LAS FUERZAS POLITICAS iniciaran una endiablada carrera a ver quién era más maximalista y nacionalista: el PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA…

Cuando se llegó al final del debate sobre el Estatut en el Parlament de Catalunya, el resultado fue un texto más secesionista que nacionalista, un último peldaño estatutario y un primer peldaño independentista. Resulta INCONCEBIBLE que el PSC y el propio Maragall pudieran aprobar aquel engendro, a todas luces anticonstitucional. El propio Artur Mas no se hacía ilusiones sobre las posibilidades de este Estatuto en Madrid y optó por jugar la carta del radicalismo: ellos eran más nacionalistas que los independentistas y los socialistas y, por tanto, no aprobaban el texto… Sólo a última hora, ZP llamó personalmente a Artur Mas y le convenció de que apoyara el texto. ¿A cambio de…? En aquel momento no se sabía. Hoy se sabe suficientemente.

ZP había visto cómo sus aliados de ERC constituían un insoportable lastre electoral, una constante pérdida de intención de voto y la mejor baza del PP para volver al poder. Así pues, para un oportunista sin escrúpulos ni ideas como ZP, se trataba de deshacerse de ERC buscando un nuevo apoyo en Catalunya. Y ese apoyo era CiU. A partir de enero de 2006, esta política de sustitución se hace más clara, especialmente cuando el texto salido de tres largos años de debate en el parlamento de Catalunya (ANTE LA TOTAL INDIFERENCIA CIUDADANA), debe ser modificado si se trata de evitar el recurso de inconstitucionalidad. Y ZP TRAICIONA A ERC. Y no sólo a ERC: ZP TRAICIONA SU PROMESA DE ACEPTAR LO QUE SALIERA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. Porque ese documento elaborado largamente por el Parlament, que llega a Madrid, es literalmente enviado a la basura y sustituido por el actual texto estatutario.

Un Estatuto cambalacheado entre dos a espaldas del resto

¿De dónde ha surgido este texto? No, desde luego, del Parlamento de Catalunya, o al menos del 90% de los diputados (representantes del 80% de los electores) según se proclamó insistentemente. No, desde luego, de una demanda popular que jamás existió. SALIO SIMPLEMENTE DEL CAMBALACHEO ENTRE DOS PERSONAS: ZP Y ARTUR MAS.

En nuestra lectura del texto del Estatuto nos ha sorprendido la baja calidad del articulado, su mala redacción, e incluso, en ocasiones, su cinismo. NI LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO ESPAÑOL QUE LO APROBARON HAN LEIDO ESTE DOCUMENTO, NI LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO CATALAN QUE APROBARON OTRO ESTATUTO CONOCEN REALMENTE EL FRUTO DEL ACUERDO MAS-MARAGALL. Por eso lo han votado.

Para cualquiera que lo haya leído, es evidente que el texto en sí mismo es LITERALMENTE, “como una mierda, pero sin el como”. O dicho de una manera menos áspera: este documento va a ser la fuente de discordias futuras. Cuando mañana, domingo 18, por la noche, quede “aprobado” por una minoría de la población, pero suficiente para ponerlo en práctica, se va a iniciar un largo tira y afloja en lo relativo a las transferencias de competencias entre el Estado y la Generalitat, un eterno tira y afloja sobre las contribuciones de Catalunya al mantenimiento del Estado, un tira y afloja para pactar políticas de alcance estatal y así sucesivamente.

MAÑANA VOTAR NO,

PASADO EMPEZAR LA RESISTENCIA AL ESTATUTO DEL 3%

NI LA CLASE POLÍTICA HA LEIDO CON SERENIDAD ESTE ESTATUTO, NI EN CATALUNYA NI EN MADRID, NI MUCHO MENOS EL ELECTORADO IRA A VOTAR SABIENDO LO QUE VA A VOTAR. Y !YA BASTA! Ya basta porque hace algo más de un año hemos ido a votar una Constitución Europea, de la que era de buen tono decir que NADIE LA HABIA LEIDO… incluso la clase política reconocía que no conocía el texto, ni siquiera el Estado se creyó en la obligación de enviar –como hubiera sido preceptivo- el texto de la Constitución Europea para que lo pudiéramos leer. ¿Qué importaba? Se iba a votar y se voto y se aprobó… SE APROBÓ LO MISMO QUE EUROPA RECHAZO Y SE APROBÓ SIN DEBATE.

¡Basta ya de aprobar textos constitucionales o estatutarios desconociendo exactamente lo que se vota! El Estatuto se desconoce PORQUE CARECE DE DEMANDA SOCIAL, JAMÁS HA INTERESADO A ALGO MÁS QUE A UNA PARTE DEL ELECTORADO NACIONALISTA E INDEPENDENTISTA Y ES, DESDE TODO PUNTO, INNECESARIO.

¿Qué democracia es ésta en la que constantemente el elector es consultado SOBRE AQUELLO QUE NO LE INTERESA, por una clase política INTERESADA SOLAMENTE EN MEDRAR Y TENER CADA VEZ UN MAYOR CONTROL SOBRE LA CAJA?.

Sea cual sea el resultado de este referéndum, lo cierto es que será aprobado por una minoría de catalanes. EL RESULTADO DEL REFERENDUM ES INACEPTABLE, PORQUE EL TEXTO SOMETIDO A VOTACIÓN ES, ASIMISMO, INACEPTABLE. Lo hemos demostrado a lo largo de esta lectura no exhaustiva del texto estatutario. Lo que hemos encontrado nos ha sorprendido: NO SOLAMENTE ERA UN TEXTO TAN ABSOLUTAMENTE MEDIOCRE COMO HABÍAMOS PENSADO, SINO MUCHO MÁS INFECTO Y DESAPRENSIVO DE LO QUE JAMÁS HUBIERAMOS CREIDO.

La validez de un texto legal solamente puede ser medida por la eficacia que reporta su aplicación. No hace falta ser Nostradamus para saber que este texto es el germen de futuros problemas de ajuste entre Catalunya y el Estado. O que este texto va a ser tomado como referencia por los distintos Estatutos que ahora se quieren reformar: el andaluz (con “Andalucía Nación” y el Guadiana “blindado”), el aragonés (con el Ebro “blindado”), el gallego (la Galicia sueva transformada en “nación”), el valenciano (con la “cláusula Camps” que prevé igualar cualquier techo autonómico por alto que sea) y así sucesivamente.

UN PAIS FRAGMENTADO ENTRE 17 AUTONOMÍAS DE “ALTO CALADO” ES COMPLETAMENTE INGOBERNABLE. ¿Quién puede dudarlo? Y lo que es peor: situado fuera de la Historia, contra la Historia, más acá de la Historia. En apenas dos años de gobierno, la Historia de España ha retrocedido tanto que resulta difícil prever las consecuencias que estas “reformas”, apresuradas y poco meditadas, van a tener para las próximas generaciones.

Lo absolutamente peripatético de este Estatuto es que ha sido impulsado por un personaje debilitado mentalmente (Maragall), quizás con algún problema degenerativo en el cerebro, por un dogmático ingenuo (Carod) que ha terminado siendo arrojado al basurero y por el propio presidente del gobierno QUE CARECE DE UN MODELO DE ESTADO Y DE UNA VISION DE ESTADO y además es completamente incapaz de construir uno, sea cual sea.

España debe mirar adelante: no a su desvertebración ni al desencadenamiento de un proceso cantonalista, sino a su integración nacional y a la integración europea. ES JUSTO RECORDAR QUE ESTE ESTATUTO VA CONTRA LA CONSTRUCCION EUROPEA: LA UE ES UNA “UNION DE ESTADOS NACIONALES”, NO UNA CONFEDERACIÓN DE NACIONES, NACIONCITAS Y NACIOCILLAS.

Existen pocos textos legales en los que sea posible encontrar tan pocos valores positivos como en este engendro estatutario.

POR TODO LO DICHO EN ESTAS DIEZ ENTREGAS, ANIMAMOS A LOS ELECTORES CATALANES A MANIFESTAR MAÑANA, 18 DE JUNIO, SU REPUGNANCIA MÁS ABSOLUTA A ESTE TEXTO, VOTANDO NO.

LLAMAMOS A TODOS LOS CATALANES CONSCIENTES DE SU RESPONSABILIDAD HISTORICA, A NO RECONOCER LA VALIDEZ DEL REFERENDUM SI NO ES APROBADO POR MÁS DEL 50% DEL CENSO ELECTORAL Y A BOICOTEAR SU APLICACIÓN DE TODAS LAS MANERAS POSIBLES (TRASLADANDO SU DOMICILIO FISCAL A CUALQUIER OTRA AUTONOMIA, EXIGIENDO SUS DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES, PROCLAMANDO BIEN ALTO QUE CATALUNYA ES UNA REGIÓN PLURIIDENTITARIA DONDE CADA CUAL TIENE EL DERECHO A UTILIZAR LA LENGUA QUE ELIJA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, BOICOTEANDO LA GESTION DE LA GENERALITAT, IGNORANDO SUS LEYES Y PROCLAMANDO BIEN ALTO LA PRIMACIA DE LA LEGISLACION ESTATAL SOBRE LA REGIONAL, Y MANIFESTANDO EN TODO MOMENTO UNA ACTITUD DE RESISTENCIA ACTIVA AL ESTATUTO DEL 3%).

PORQUE UNA CLASE POLÍTICA BAJO SOSPECHA NO ES NADIE PARA IMPONER SU ESTATUTO. 

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 17.06.06

 

No al Estatuto (IX de X). Políticas de género, seguridad y justicia

No al Estatuto (IX de X). Políticas de género, seguridad y justicia
Infokrisis.- La Catalunya de Maragall es la región de España con más inseguridad ciudadana. Hasta ERC, ha sido consciente de que el despliegue de los Mossos d'Esquadra y el "repliegue" de la Guardia Cviil tiene algo que ver. La Generalitat con competencias casi exclusivas en estos temas, es responsable "casi exclusivamente" de esta situación. En esta penúltima entrega de nuestro examen al nuevo estatuto vamos a analizar las propuestas del Estatuto en materia de seguridad y justicia y, por aquello, del entremés, en políticas de género...

Políticas de género para discriminar, entre la rapacidad y el tópico

Las políticas de género ocupan un lugar menor en el Estatut, por eso es significativo que, ni siquiera en temas secundarios, el texto pactado por ZP-Mas, no responda a la realidad sociopolítica catalana. El Artículo 153 del Estatuto se preocupa de definir las “políticas de género”. Como es habitual, en Catalunya no va a haber más políticas de género que las establecidas por la Generalitat: “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de políticas de género”. ¿Podía dudarse? El Institut Catalá de la Dona, desde su fundación, siempre ha sido la trinchera de feminitudas, celosas guardianas de los derechos de la mujer. Y vale la pena mencionar que este Instituto tiene ya 30 años. Si en el curso de estos treinta años de actividad todavía no se ha alcanzado la “igualdad” hombre-mujer, es que este Instituto ha fracasado. Pues bien, es a este instituto al que le toca velar por la aplicación de este artículo del Estatuto…

¿Cuáles van a ser las funciones de la Generalitat en esta materia? Todas, incluso las innecesarias: diseñar planes para erradicar la discriminación “por razón de sexo”, la promoción del asociacionismo “femenino”, pero sólo el relacionado con “la igualdad y la no discriminación” (parágrafo b) y la “regulación de las medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género” y, finalmente “la protección integral de las mujeres que sufren este tipo de violencia” (parágrafo c). Pues bien: NO. Todo esto resulta un tópico inadmisible.

Hasta ahora tópicos de esta ralea han estado relegados a leyes vomitadas por el parlamento, que pronto se olvidan y apenas tienen otra intención que captar unas cuantas bolsas de votos. La Ley sobre Violencia de Género, aprobada por el parlamento español en julio de 2004, es una de estas leyes inútiles que prevé delitos ya tipificados en el código penal a efectos electorales y demagógicos. Este artículo del Estatuto es el hijo de aquella Ley. No basta, al parecer, que la agresión a las personas ya esté prevista en el Código Penal. Hacía falta que fuera más “proteccionista” con las mujeres. ¿Era rigurosamente necesaria? NO.

Hubiera bastado con que se penara a los inmigrantes que agreden a sus mujeres con la expulsión inmediata. Hubiera bastado que las denuncias falsas de violencia doméstica se castigaran. Y, lo que hubiera sido rigurosamente necesario, si de lo que se trataba es de vomitar una ley proteccionista, que se contemplara TODO TIPO DE VIOLENCIA DOMESTICA: la de la mujer en relación al varón o a los hijos, la de hombre o mujer contra los hijos o contra los abuelos. Pero no: se cayó en la demagogia y ahora el Estatut lo recoge nuevamente.

Y, naturalmente, lo que el Estatut contempla es que ni una sola área de actividad social en Catalunya quede fuera de su voracidad. El Institut Catalá de la Dona, inútil en su treinta aniversario, podrá contar con fondos muy superiores a los actuales. ¿Para cumplir su función? No, para distribuirlo entre los “amigos”.

La [in]seguridad es cosa de la Generalitat

En este momento, la Catalunya de Maragall es la región del Estado más insegura que pueda concebirse. El propio Maragall ha recomendado –siguiendo las instrucciones de las altas instancias del PSOE- que los vecinos “contraten seguridad privada”. Ya hoy en infinidad de urbanizaciones de Catalunya, la “seguridad privada” ha sustituido a la Guardia Civil y patrullas vecinales recorren otras urbanizaciones más modestas. Si hay alguien que debería callar en materia de seguridad, es precisamente la Generalitat que NO HA HECHO NADA BUENO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 25 AÑOS DE GESTION, sino que, más bien, ha desarticulado la seguridad catalana de la del resto del Estado.

Hoy, cuando escribimos estas líneas, el Fiscal General de Catalunya, figura establecida en el Estatut en vigor hasta hoy, José María Mena, enviaba una circular para que se extremaran las medidas contra los ladrones de viviendas. Y esta decisión, que puede resultar aceptable, puede tener consecuencias imprevistas. Porque si en Amposta (C.Catalana) robar un piso se castiga con prisión provisional, puede ocurrir que en Vinaroz (C.Valenciana) o en Fraga (C.Aragonesa), el mismo tipo delictivo tenga diferente tratamiento… ¿Es admisible? No, desde luego. La tendencia sería a integrar la legislación europea y unificar los tipos delictivos en todo el territorio de la Unión ¡EN LUGAR DE CREAR TAIFAS JURÍDICAS REGIONALES!

Pero esto suponía una “merma” de competencias para la Generalitat, así que era preciso que, además de la “autonomía judicial” actual, se diera un nuevo golpe de tuerca y se desenganchara la “justicia catalana”, lo más posible, de la “justicia española”.

La “seguridad ciudadana” es una de esas áreas en las que no pueden existir “políticas locales”, so pena de que los delincuentes migren de una región a otra en busca de a) mejores tratamientos penales a sus especialidades, b) menor efectividad policial, c) mayor riqueza que saquear. Es inconcebible que alguien haya podido pensar en parcelar las políticas de seguridad en las 17 autonomías de España. Fijémonos por ejemplo en la “seguridad privada” que tanto interesa a los dirigentes socialistas. Está regulada en el Artículo 163 del texto estatutario.

Según este artículo, a la Generalitat corresponde autorizar empresas de seguridad privada, inspeccionarlas y sancionarlas, autorizar e inspeccionar centros de formación y poco más. El drama estriba en que los criterios de “autorización” y de “sanción” pueden diferir de una comunidad autónoma a otra. La Generalitat insiste mucho en la “seguridad privada”, pero, al mismo tiempo, sostiene que un “guardia de seguridad” no tiene el derecho a detener a un delincuente, ni a repeler una agresión, que debe limitarse a avisar a los “mossos d’esquadra” en cuanto perciba un delito y que las vulneraciones a estos principios invalidarán las posibles detenciones realizadas. En definitiva: se insiste en la importancia de la seguridad privada, pero se reduce extraordinariamente su radio de acción.

Tanto en este terreno, como en cualquier otro, el Estatuto sería aceptable si lo que propusiera hubiera sido dictado por criterios de eficacia y sentido común. Pero no es así. El Estatuto no hace ninguna rectificación a los aspectos más problemáticos de la “justicia garantista” que existe en España. Desde 1977 se ha creado una legislación que protege al delincuente y genera indefensión entre las víctimas. Y eso es lo “normal”. Se piensa más en la posibilidad de “reinserción” de los delincuentes que en el castigo ejemplificador y en el resarcimiento de las víctimas. Ese sistema, formalmente, ha fracasado. Ya va siendo hora de rectificarlo. Está claro que otros Estatutos, como el valenciano por ejemplo, no se han pronunciado en relación a esta materia. ¿Y por qué deberían hacerlo, si lo normal es que FUERA EL ESTADO EL QUE UNIFICARA CRITERIOS? La Generalitat –estado pequeñito y redondito en ciernes- ha querido decir algo en esta materia. Y ese algo es, ni más ni menos, que la continuación de políticas ya fracasadas, demodés y completamente ineficaces. En materia de “seguridad privada”, la Generalitat podría haber dado el “do de pecho” y reconocer que, si a ella le competía regular el sector, se trataba de que los “guardia jurados” se convirtieran en una pieza más de esa famosa “seguridad privada”, en la medida en que el Estado no está en condiciones de garantizar, por sí mismo, la seguridad de los ciudadanos.

No más policía en Catalunya que la policía “catalana”

La Generalitat debía recordar aquel famoso dicho chino traído por Felipe González en su visita a Pekín: “Gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones”. Y aplicado a este terreno de la seguridad, al ciudadano le importa muy poco quién es el que le garantiza su seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra… lo importante es que no haya un puto delincuente en las calles… Pero la Generalitat, en esto como en todo, no mira por los intereses del ciudadano sino que establece el dogma: “solo lo catalán garantiza el autogobierno y solo el autogobierno es saludable para Catalunya”. O sea, que solamente los gatos catalanes cazan ratones en Catalunya.

El Artículo 164 establece las prerrogativas de la Generalitat en materia de “seguridad pública”. La Generalitat se reserva la “La planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña y la ordenación de las policías locales” (parágrafo 1, apartado a), La creación y la organización de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (apartado b). Y el control del tráfico (apartado c). De hecho, el “despliegue” de los mossos d’esquadra se ha realizado en casi toda Catalunya asumiendo las funciones de tráfico y la formación de las policías locales. No hay gran novedad en todo esto. Las novedades vienen en el parágrafo 3 donde se dice: “Corresponde a la Generalitat, en el marco de la legislación estatal sobre seguridad, las facultades ejecutivas que le atribuya el Estado”, pero, además de éstas, el Estatuto prevé que corresponda a la Generalitat el ejercicio sobre los derechos de reunión y manifestación (apartado a), el cumplimiento de las disposiciones para la conservación de la naturaleza, el medio ambiente y los recursos hidrológicos (apartado b), el intercambio de información en el ámbito internacional y en las relaciones con policías de otros países (parágrafo 4).

En la práctica, todo esto implica que la Generalitat asume la casi totalidad de funciones en materia de seguridad… lo que queda confirmado por el parágrafo 5 que define el ámbito de actuación de los “mossos d’esquadra”. Véase sino: “a) La seguridad ciudadana y el orden público. b) La policía administrativa, que incluye la que deriva de la normativa estatal. c) La policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, en los términos establecidos por las leyes”. Es decir, todas las atribuciones… ¿Le queda algo al Estado en materia de seguridad ciudadana?  Poco, en realidad nada.

¿Es razonable ese interés en acaparar las funciones de seguridad? Es difícil sostener la idoneidad de dividir algo tan importante como la “seguridad ciudadana” en 17 taifas o autonomías, pero sería aceptable si en Catalunya existiera realmente “seguridad ciudadana”. La presencia de los “mossos d’esquadra” no es nueva. Desde hace tres años, sus competencias en materia de tráfico y policía judicial han ido creciendo hasta igualar, prácticamente, el techo propuesto en el Estatut. En materia de formación y de seguridad privada ya se han ejercido desde hace tiempo. ¿El resultado? En Catalunya, como en ninguna otra autonomía, se añora a la Guardia Civil. La sociedad catalana califica a los “mossos” de rigoristas en materia vial. Su acción contra la delincuencia tiene una eficacia MUCHO MENOR a la de la policía nacional, y  no digamos en materia de lucha contra el terrorismo urbano, el extremismo político y el kale-borroka de las bandas de mequetrefes independentistas. El balance de los “mossos” en estos años es pobre, demasiado pobre –y es normal por la falta de experiencia de un cuerpo policial cuyos miembros han sido reclutados con la promesa de la paga y sin una verdadera y profunda motivación, compuesto por “funcionarios” poco dispuestos a sacrificarse- como para que pueda asumir EN EXCLUSIVA las competencias en materia de seguridad.

Competencias judiciales: la justicia acaba en el Ebro

El Título III del Estatuto está dedicado a “El Poder Judicial de Cataluña” y el Capítulo I a definir la naturaleza y funciones del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal o la Fiscal Superior de Cataluña. Un mal asunto para los catalanes que, a partir de ahora, ya no dispondrán de la posibilidad de acogerse al Tribunal Supremo en sus recursos. Las sentencias del Supremo son válidas para todos, menos para los catalanes…

El parágrafo 1 define al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el “órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Cataluña”. Y se añade: “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro”. Y su carácter de “instancia judicial superior” se dice en el parágrafo 2: “El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en su ámbito territorial, sea cual fuere el derecho invocado como aplicable”. ¿Y la jurisprudencia? También en esto Catalunya se desengancha del resto del Estado: existirá, a partir de ahora, una jurisprudencia específicamente catalana y otra, por el momento, española y, quizás, dentro de poco, fraccionada en 16 autonomías más. El parágrafo 3 insiste en este tema: “Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la unificación de la interpretación del derecho de Cataluña”…

¿Estará presente el Estado en alguna instancia judicial catalana? Al Estado le queda, al menos, el premio de consolación, esto es, poder nombrar al presidente –“o presidenta”, añade el timorato texto- del TSJC… Y más que al Estado, el nombramiento corresponde al Rey, “a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña”. Y, en cuanto a los Presidentes de Sala, ocurre otro tanto según el parágrafo 6: “Los Presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña”, y otro tanto con el Fiscal –o “la Fiscal”, ¡cuanta gilipollez para superar el sexismo!- Superior de Cataluña… Al Rey le corresponde, por inercia, nombrar lo que le ponga delante de las narices el organismo competente de la Generalitat a través de las “negociaciones” con el Consejo Superior del Poder Judicial. ¿En la práctica? Todo esto tiene como resultado aumentar el control de los organismos políticos sobre el poder judicial. No es, desde luego, lo mejor para un sistema democrático. En esto la Generalitat es continuista en relación a las peores tendencias del Estado, y refleja la quiebra del primer principio de la democracia: la división de poderes. Conociendo la política catalana y su tendencia al cambalacheo, es fácil suponer lo que va a ocurrir a partir de ahora: la Generalitat aumentará su control sobre el poder judicial “catalán”, y cambaleacheará sus altos cargos con el poder político “español”.

Próxima entrega:

El peor de todos los estatutos posibles pide el NO mas alto que pueda votarse

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 14.06.06.

No al Estatut (VIII de X). Por el intervencionismo hacia el caos.

No al Estatut (VIII de X). Por el intervencionismo hacia el caos.

Inkrisis.- Escribimos estas líneas cuando la campaña sobre el Estatuto de Catalunya está evidenciando la absoluta falta de igualdad de posibilidades entre el nacionalismo y las fuerzas políticas no nacionalistas. Este espíritu intervencionista e intolerante esta presente en todos y cada uno de los artículos del Estatuto, no importe qué título se revise. Hoy pasamos revistas a algunas "competencias exclusivas": desde cultura, hasta ferias, desde las Cajas de Ahorro a los juego de azar, pasando, por supuesto, por subvenciones... Allí donde hay posibilidades de tocar un euro, allí el Estatut reivindica "competencias exclusivas".


No al Estatuto (VIII de X). Por el intervencionismo hacia el caos

Buena parte del Estatuto está dedicado a definir las competencias de la Generalitat. Sería ocioso repasarlas unas tras otras. Se puede resumir así: el Estado Español ha desaparecido en Catalunya. Le quedan al Estado algunas competencias juzgadas como “molestas”; de hecho solamente el Estado mantiene las competencias militares en exclusiva y, a tal efecto, es significativo que las palabras “Defensa”, “Fuerzas Armadas”, “Ejército” o “Milicia” no sean mencionadas siquiera en el Estatuto. De hecho, en el momento actual NO EXISTE NINGUNA UNIDAD MILITAR OPERATIVA EN CATALUNYA, a pesar de que se trata de una región fronteriza, con una amplia franja costera.

Las competencias de la Generalitat están especificadas en el Título IV del Estatuto, cuyo primer capítulo está dedicado a la “tipología de las competencias”. Vale la pena sorprenderse con algunos de sus contenidos porque aquí encontraremos todo lo relativo al “blindaje de competencias”. Se dice, por ejemplo, en el Artículo 110, parágrafo 1: “Corresponden a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias”. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría de competencias del Estado se prevé en ese mismo Título IV que sean transferidas a la Generalitat, surge la pregunta inquietante de ¿para qué diablos sirve el “poder legislativo” del Estado, el Parlamento? Seamos claros: con este texto aprobado, el Parlamento Español carece casi por completo de competencia para legislar alguna ley o reglamento que se pueda aplicar en Catalunya. Solamente “la Generalitat” tiene esa potestad, y no sólo para eso, sino también “para establecer políticas propias” como se dice al final del parágrafo. Esto implica DESVINCULAR PRÁCTICAMENTE a Catalunya del resto del Estado y lo que es peor: LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR POLÍTICAS DE ESTADO. Es de suponer que, tras el Estatuto catalán, otros Estatutos reivindicarán las mismas competencias. Así puede suceder que existan 17 políticas hídricas, 17 políticas energéticas, 17 políticas educativas y 17 políticas de “fiestas y celebraciones”, porque, en su afán de acaparar competencias, hasta la Generalitat aspira a regular las fiestas, luego veremos el porqué.

Un Estado en esas condiciones ES ABSOLUTAMENTE INGOBERNABLE. Cada autonomía se va a creer con el derecho de “negociar” (esto es, de cambalachear) cualquier mínima política de Estado a cambio de alguna ventaja: tu me financias el déficit de la Sanidad y yo acepto el plan de señalización en las carreteras que me planteas; tu me das una “federación deportiva” propia y yo te firmo la ley de conservación de la mariposa casposa… y así sucesivamente. Menos mal que hay una matización que viene en el Artículo 111, titulado “Competencias compartidas”.

El título de este artículo (dudamos que los parlamentarios del Congreso de los Diputados hayan leído algo más que el título) podría sugerir que existen competencias “compartidas”. No. Es una falacia, como se encarga el texto del artículo de desmentir acto seguido: “En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y de la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. Y luego, por si existiera alguna duda, o alguien no se hubiera enterado quién es el que manda en Catalunya, se añade: “En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias”. Así pues ¿qué es lo que se comparte?

No solamente un Estado así va a resultar ingobernable y, diariamente, van a surgir tensiones entre el Estado y sus partes, sino que además, incluso en lo relativo a la Unión Europea, la situación se va a convertir en insostenible. El nacionalismo ha violado, y el socialismo ha ignorado, uno de los pactos de la transición: el que determinadas competencias del Estado no se fragmentaran para impedir su ejercicio: en especial la política exterior. Primero, la Generalitat, ya con Jordi Pujol, creó “delegaciones en el exterior”, verdaderas estructuras paralelas a los consulados españoles. El paraíso de todo nacionalista era viajar a Rabat e ir a la delegación de la Generalitat a denunciar un robo… En este estatuto ya se reivindican en otros artículos la presencia de delegados de la Generalitat en las conversaciones que el gobierno español pudiera mantener con la UE, y en el Artículo 113 se da una nueva vuelta de tuerca, definiendo las “Competencias de la Generalitat y normativa de la Unión Europea”. Se dice: “Corresponde a la Generalitat el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, en los términos que establece el Título V”. En otras palabras: corresponde a la Generalitat aplicar y ejecutar las normas de la UE y, de paso, gestionar los fondos europeos en el territorio catalán. Por si alguien no se lo cree, el Artículo siguiente, el 114 lo dice sin el menor pudor en su parágrafo 1: “Corresponde a la Generalitat, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento. A tal fin, la Generalitat puede otorgar subvenciones con cargo a fondos propios”. ¿Fondos propios? Bien, si son propios, van a los amigos, pero ¿qué ocurre con los fondos europeos o con las ayudas estatales? Se especifica, discretamente, en el parágrafo 3: “Corresponde a la Generalitat, en las materias de competencia compartida, precisar normativamente los objetivos a los que se destinan las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables así como completar la regulación de las condiciones de otorgamiento y toda la gestión, incluyendo la tramitación y la concesión”. Era de esperar: la banda del 3% se reserva para sí misma, lo venimos diciendo una y otra vez, el uso de la llave de cualquier caja fuerte que distribuya dinero en Catalunya. PORQUE ES EL CONTROL DE LA CAJA Y NO LAS CHORRADAS SOBRE LA CATALUNYA-NACION LO QUE TIENEN EN MENTE NACIONALISTAS Y SOCIALISTAS. Lo hemos dicho ya: la Generalitat no es una virgencita pura y honesta, ha demostrado ser una sucia ramera que ha depredado fondos comunitarios y ha sido acusada y multada formalmente por la UE. Si el valor al soldado “se le supone”, no le ocurre lo mismo a la Generalitat con la honestidad: su distribución de subvenciones “a los amigos” (ni siquiera a los que realizaban alguna actividad en catalán, sino solamente a los que la realizaban en catalán y que, además pertenecían a las esferas dirigentes de los partidos en el poder), su falta de honorabilidad (el título de “honorable” no implica necesariamente que su honorabilidad esté a salvo de cualquier prueba del nueve) en la custodia y distribución de fondos, son proverbiales. La atribución de la distribución de subvenciones SOLO a la Generalitat, supone que ningún organismo judicial estatal podrá perseguir el delito de defraudación de los caudales públicos, y que perseguir esta figura delictiva será competencia de tribunales catalanes, cuya instancia superior final acabará en Catalunya… es decir, controlado por la Generalitat. ¿De qué estamos hablando? ¿De división de poderes? Esto, como Montesquieu, ya es historia. Por si lo anterior no hubiera quedado claro, los parágrafos 4 y 5 son aún más elocuentes sobre la rapacidad del “legislador catalán”: “Corresponde a la Generalitat, en las materias de competencia ejecutiva, la gestión de las subvenciones estatales y comunitarias europeas territorializables, incluyendo la tramitación y la concesión” y “La Generalitat participa en la determinación del carácter no territorializable de las subvenciones estatales y comunitarias. Asimismo, participa, en los términos que fije el Estado, en su gestión y tramitación”. ¿No sería mejor, en lugar de este trabajoso y polémico Estatuto haber colocado en el frontispicio de todos los edificios de la Generalitat el lema que debería ser paradigma de sus intenciones: TODO POR LA PASTA?

Y ya que estamos en esto. ¿Cómo no iba a regular el Estatuto las relaciones de la Generalitat con las Cajas de Ahorros? Es el Artículo 120 el que se encarga de esta materia. ¿Imaginan su contenido? Efectivamente, no se han equivocado: “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorros con domicilio en Cataluña, la competencia exclusiva sobre la regulación de su organización”. Los gastos suntuarios y el déficit de la Generalitat precisan una financiación a toda prueba. Ahí están los ahorros de los ciudadanos de Catalunya, ingresados en las Cajas de Ahorro, para ofrecer, más que el pan y la sal, el caviar y el cava a los altos cargos de la Generalitat. A lo que la Generalitat aspira es a poder disponer del destino sobre los beneficios de las Cajas. Se dice en el parágrafo 2: “Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la regulación de la distribución de los excedentes y de la obra social de las cajas”. Puesto que el dinero de los catalanes está en las Cajas, metámosle mano. Y quien no lo acepte fácilmente, o se resista a la rapacidad de la Generalitat, quien intente escaquear beneficios y sustraerse al “fisco catalán”, se le amenaza con palo y tentetieso. A tal efecto, el parágrafo 3 explicita: “Corresponde a la Generalitat, la competencia compartida sobre disciplina, inspección y sanción de las cajas. Esta competencia incluye en todo caso, el establecimiento de infracciones y sanciones adicionales en materias de su competencia”. Más claro, el agua. ¿Impuesto revolucionarios? ¿Racket de protección? ¿Cómo se puede definir esta política?

¿Dónde más puede haber dinero? En el comercio y en las ferias, por supuesto. El Artículo 121 dirige sus baterías contra comerciantes y ferias. Naturalmente, también aquí el parágrafo 1 reivindica competencias exclusivas. Y dentro de este parágrafo, el apartado a) especifica que es la Generalitat la que “regula la actividad y las condiciones”, incluso en comercio electrónico y añade “o por cualquier otro medio” que pueda aparecer. Todo dentro de la Generalitat, ninguna actividad franca y libre de la Generalitat, tal es la Ley.

Este apartado es importante por algo que ya ha interesado a la Generalitat en el pasado. Se atribuye en el apartado e) “El establecimiento y la ejecución de las normas y los estándares de calidad relacionados con la actividad comercial” y en el f) “La adopción de medidas de policía administrativa con relación a la disciplina de mercado”. ¿Qué se entiende por esto? El interés de la Generalitat estriba aquí en garantizar el etiquetado en catalán y la multa a las actividades comerciales que infrinjan alguna de las leyes lingüísticas aprobadas en los últimos tres años. Hasta ahora, el nacionalismo catalán era perfectamente razonable: “la pela es la pela”. A partir de ahora, la presión de los independentistas y la pusilanimidad de los socialistas han dado otra vuelta de tuerca: se contenta a los independentistas con esto que, en sí mismo, constituye un obstáculo para las actividades comerciales e industriales realizadas en Catalunya; y a cambio se obtiene su apoyo en los temas de mayor calado. Por ejemplo, en materia de la “feria internacional”.

El parágrafo 2 del mismo artículo dice: “Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de ferias internacionales celebradas en Cataluña, que incluye en todo caso: a) La actividad de autorización y declaración de la feria internacional, b) La promoción, la gestión y la coordinación, c) La actividad inspectora, la evaluación y la rendición de cuentas”, y así sucesivamente. La “Feria de Barcelona”, en su momento, fue uno de los grandes impulsores de los intercambios comerciales, incluso durante el franquismo. Hoy es un residuo del que apenas subsisten Alimentaria y Construmat, como hegemónicos, mientras que el resto se han ido desplazando a Madrid o a Valencia. A fuerza de mirarse el ombligo y perseguir una nueva conquista, la Generalitat olvida que va a fiscalizar y gestionar la actividad de un organismo en la UVI… gracias, precisamente, al miedo generado por las exigencias maximalistas del catalanismo político. Cada vez son más los inversores y las empresas extranjeras dispuestas a invertir en “España” que realizan la petición de no hacerlo “ni en Cataluña, ni en el País Vasco”. Y lo más sorprendente es que algunos de estos inversores entran en España a partir de los bufetes de abogados propiedad de políticos nacionalistas…

Como era de prever, este Estatuto intervencionista cierne su sombra amenazadora sobre cualquier actividad desarrollada en Catalunya. Hemos hablado de las Caixas, del comercio, de las ferias y nuestro repaso nos lleva siempre a la consabida cantinela de las “competencias exclusivas” e, incluso, como hemos visto, cuando se alude a “competencias compartidas”, las condiciones para su ejercicio son tales que, en realidad, estamos hablando de nuevas formas de exclusividad. El criterio es el siguiente: “tal actividad rinde beneficios al fisco; entonces interesa meter mano”. Así de simple.

Hoy la cultura es un negocio y la cultura catalana el negocio de la Generalitat. Tiene castaña que la actividad cultural sea regulada en un Estatuto, pero el Artículo 127, no precisamente corto, demuestra que la falta de pudor del “legislador” carece de límites. ¿Imaginan? Efectivamente, han acertado. El parágrafo 1, define a la “cultura”, como una “competencia exclusiva”… ¿Podía dudarse? Lo sorprendente son los apartados siguientes de este parágrafo. En efecto, el apartado a) define en qué actividades “culturales” la Generalitat podrá “meter mano”. Desde libros (y se añade, “en cualquier soporte”), hasta la concesión del ISBN, desde filmar una película hasta distribuirla y doblarla (al catalán por supuesto, aunque no exista demanda social), la calificación de las películas (se añade la enigmática fórmula “en función de los valores culturales”) y la planificación, construcción y gestión de equipamientos culturales (cultura del ladrillo, vamos), los archivos, las bibliotecas, los museos, los restos arqueológicos, el patrimonio “arquitectónico, arqueológico, científico, técnico, histórico, artístico, etnológico y cultural en general”, el régimen jurídico sobre bienes muebles e inmuebles, la protección del patrimonio cultural de Cataluña, la difusión de la creación y la producción teatrales, musicales, audiovisuales, literarias, de danza, de circo y de artes combinadas llevadas a cabo en Cataluña…. Y después, claro está, la vocación “internacional” no podía estar ausente: la Generalitat asume la “proyección internacional de la cultura catalana”. No habrá archivo ni biblioteca sobre Catalunya que no esté bajo el control de la Generalitat. Si el Estado quiere realizar alguna actividad (y tiene castaña que solamente se alude a la posibilidad de que el Estado realice “inversiones”, pero no se dice nada de las iniciativas específicamente culturales del Ministerio de Cultura) en Catalunya, ésta será el resultado –como prescribe el parágrafo 3- del “acuerdo previo con la Generalitat”. Y la Generalitat estará también presente en la “proyección internacional de la cultura”. Resumamos: cuando se dice “cultura” en el ámbito de actuación de la Generalitat, se está reduciendo toda forma de cultura a la “cultura catalana”. Si el Estado pretende realizar una exposición, por ejemplo, sobre los “catalanes en América” o sobre “andaluces en Catalunya” deberá contar con el acuerdo de la Generalitat. Es fácil prever que este tipo de concepción intentará favorecer por todos los medios la segregación de la cultura catalana de cualquier otra forma cultural que se dé en la península, e intentará reforzar los rasgos identitarios propios. Aquí la falsificación de la Historia, la creación de una cultura de catecismo destinada solamente para exaltar lo propio y denigrar lo ajeno (¿o el nacionalismo es otra cosa?), encuentran su fórmula legal para ser intocables.

El Artículo 128 regula las “Denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad”, es decir, las denominaciones de origen. Servidor, que tiene experiencia en la cría de “gallinas del Prat”, certifica que una gallina del Prat es, solamente, aquella que se cría en el Prat del Llobregat, con pata azul… si usted intenta criar una gallina del Prat en Osona con una alimentación ecológica no logrará obtener el reconocimiento de su producto, pero si una granja industrial alimenta con mierda (como de hecho se alimentan a las gallinas criadas industrialmente) dentro del término municipal –casi completamente urbanizado- del Prat, esa gallina mutante tendrá el marchamo de la Generalitat. Bueno… nos queda la satisfacción de que el ámbito de aplicación de la denominación de origen del “asno catalán”, es toda Catalunya, incluida la Plaça de Sant Jaume a sus dos lados…

Pero la cosa tiene, en realidad, poca gracia. ¿Qué ocurre cuando una “denominación de origen” excede el ámbito catalán? ¿Por ejemplo, el cava? Esto lo regula, con una opacidad digna de un creador de crucigramas, el parágrafo 3 de dicho artículo: “La Generalitat, en el supuesto de que el territorio de una denominación supere los límites de Cataluña, ejerce las facultades de gestión y control sobre las actuaciones de los órganos de la denominación relativas a terrenos e instalaciones situados en Cataluña, en los términos que determinen las leyes. La Generalitat participa en los órganos de la denominación y en el ejercicio de sus facultades de gestión”. Bueno pero, en la práctica, esto ¿cómo se traduce? Veamos el caso del cava. El Consejo Regulador del Cava es de mayoría catalana por la sencilla razón de que, en el momento de formarse, la mayor parte del cava se realizaba en Catalunya. Solamente algunas bodegas valencianas y extremeñas consiguieron entrar en la denominación de origen, insistimos, CONTROLADA POR EMPRESAS CATALANAS. Pues bien, podemos certificar que las empresas no-catalanas reciben inspecciones constantes del Consejo Regulador del Cava, llevan al dedillo el censo de botellas estalladas e, incluso, se permiten sospechar de aquellas cuya media de roturas es menor que en las empresas del cava catalán. Y lo que es peor: NO AUTORIZAN QUE OTRAS EMPRESAS NO CATALANAS UTILICEN LA DENOMINACION DE ORIGEN “CAVA”. ¿El resultado? El resultado es que gracias al Consejo Regulador del Cava, radicado en Catalunya y formado por una totalidad de empresas catalanas, se impide, sin recurrir a criterios de calidad sino solamente por preservación de la propia industria catalana, que empresas situadas fuera del ámbito de la Generalitat puedan utilizar la denominación de origen “cava”… Pues bien, el Estatuto tiene el deseo de extender esta misma práctica a otros sectores. Los lamentos y jeremíadas de Freixenet no pueden hacer olvidar los desmanes realizados por el Consejo Regulador del Cava en beneficio del cava catalán.

Por lo que se refiere al ocio, también allí la Generalitat huele a dinero y se lanza a degüello en el Artículo 141: “Juego y espectáculos”. Obvio decir que, también aquí, el parágrafo 1, por aquello de la originalidad, también alude a “competencia exclusiva”. Ni una ficha de black-jack se va a mover si no es pagando el racket a la Generalitat. El buen ludópata nacionalista solamente lo es si deja su fortuna a la Generalitat. La Generalitat, también como es habitual, reivindica competencias para fiscalizar toda clase de juegos, incluidos las apuestas en Internet, evidenciando una ignorancia absoluta sobre la naturaleza de tales apuestas y su proceso. Ahora bien, si aparece un nuevo tipo de apuesta fuera de Catalunya, hacerla efectiva en Catalunya implica (parágrafo 2): “la deliberación en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado prevista en el Título V y el informe previo determinante de la Generalitat”.

En el resto de espectáculos, la tendencia es la misma. Pero el apartado 3 incluye alguna especificación digna de mención. Se dice, por ejemplo: “Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva –imaginación al poder- en materia de espectáculos y actividades recreativas, que incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa, el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos”. Esta declaración no es ingenua. Como se sabe, por algún motivo irracional, la Generalitat alberga la más profunda hostilidad hacia las corridas de toros, mucho más absurda en la medida en que la presencia del toreo en Catalunya es anterior a la aparición del nacionalismo y del regionalismo y, de hecho, se pierde en la noche de los tiempos. Abundan toreros, rejoneadores y novilleros catalanes, y las plazas de toros, como la de la Barceloneta (situado donde hoy está el solar de la Estación de Cercanías), estuvieron imbricadas hasta el tuétano en la historia de la ciudad. Pero el nacionalismo de barretina y esperdenyas (la barretina, ya que estamos en esto, tiene tanto de catalán como la sopa de ajo; en efecto, era el antiguo gorro frigio de los marinos de toda la costa mediterránea) juzga que las plazas de toros son caldo de cultivo del nacionalismo español y de costumbres bárbaras. Hay en esto algunos prejuicios de solteronas anglosajonas y de ecologistas vegetarianos con estómago delicado. El caso es que al nacionalismo no le gusta el toreo. Y se trata de torpedearlo. Con lo que ha llovido en la anterior legislatura y con declaraciones peripatéticas de Barcelona “ciudad antitaurina” o de pueblos que renunciaban a sus tradiciones seculares con vaquilla y torete por impulso de sus consistorios nacionalistas, se sabe lo que podemos entender por “el control de todo tipo de espectáculos” con que concluye el parágrafo.

A la vista de lo visto, no solamente habría que VOTAR NO el próximo 18 de junio, sino que especialmente cabría preguntarse si los diputados que votaron el Madrid este aborto legislativo se lo habían leído, y lo qué es más: ¿Cómo alguien que haya leído este Estatuto y conserve la cabeza sobre los hombros puede encontrar UN ARGUMENTO para avalar su voto a favor de este engendro? Escrito está: “Numerus estultus, infinitus est”

Próxima entrega:

Políticas de género y políticas de seguridad.

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 14.06.06.

No al Estatut (VII de X). Inmigración, familia, bienestar social... bla, bla, bla

No al Estatut (VII de X). Inmigración, familia, bienestar social... bla, bla, bla

Infokrisis.- Uno de los aspectos más sorprendentes del presente estatuto es que, contrariamente a lo que cabría pensar, ni siquiera asegura la protección de la sociedad catalana frente a la inmigración, ni se percibe una defensa de la familia, ni de la sociedad catalana. Aquí también la Generalita reivindica algunas competencias en materia de inmigración y lanza unos cuantos tópicos sobre la familia. Una nueva vuelta de tuerca en torno a un Estatuto ideologizado e impresentable.

 

11-M: Queremos la verdad

Hasta hace relativamente poco tiempo, sostener que el terrorismo islámico no tenía gran cosa que ver con el atentado del 11-M suponía inmediatamente ser puesto en el montón amorfo y desordenado de los “conspiranoicos” que, por sí mismos, se desprestigiaban. Ayer sábado, 750.000 personas (o una impresionante manifestación) dijeron en voz bien alta lo que algunos ya habíamos dicho desde el principio: QUE LA VERSIÓN OFICIAL SOBRE LOS ATENTADOS ES PURA BASURA y que DOS AÑOS DESPUÉS, SEGUIMOS SIN SABER QUÉ OCURRIÓ.

La histeria con que los dirigentes del PSOE recogen cualquier crítica a la versión oficial y la ausencia de pruebas que aportan, son suficientemente elocuentes de que tienen la conciencia sucia. Cualquiera que haya estudiado con relativo detenimiento la versión oficial, quien haya guardado todo lo que se publicó en los días siguientes al atentado, quien tenga un mínimo de espíritu crítico, sabe que la versión dada desde la tarde del 11-M es falsa. En nuestra obra “11-M, los perros del infierno” lo afirmamos con rotundidad, apenas tres meses después de los atentados: la furgoneta Kangoo, la casette, la bolsa que no explotó, Jamal Zougan, etc., todo esto no eran más que las piedrecitas del cuento Pulgarcito, colocadas a propósito por el verdadero instigador del crimen. Ya entonces dijimos que el principio de toda investigación criminal era “¿A quién beneficia el crimen?” y las 192 víctimas del 11-M beneficiaron a muchos…

Pues bien, los agujeros negros y el olor a podrido que destila la versión oficial del 11-M, hoy han sido reconocidos por buena parte de la población. No es un pequeño grupo de conspiranoicos ni de analistas avisados en materia anti-terrorista: simplemente es una parte del país que está conociendo la naturaleza de estos agujeros negros y que comparte la sensación de mentira, engaño, indefensión e impunidad en que se refugian los verdaderos autores del crimen.

El 11-M proyectado sobre el futuro

Es evidente que durante el tiempo en que ZP y gentes como Rubalcaba se sienten en las poltronas del poder, el gobierno va a hacer todo lo posible por apuntalar la versión oficial y mantener al Juez del Olmo al frente de la investigación. Pero no lo estarán siempre. Esa es la gran amenaza que pesa sobre el PSOE y sobre los ZP y su banda de oportunistas sin escrúpulos.

En la preparación del 11-M debieron participar no menos de un centenar de personas, acaso un 50% funcionarios del Estado en distintos cuerpos de seguridad. Solamente así pudo elaborarse la "versión oficial"; contando con la colaboración y complicidad de un equipo amplio, la mayoría de los cuales solamente tendrían una visión limitada de su trabajo. En su conjunto podría elaborarse una gigantesca patraña macabra y sangrienta cuya astracanada final fue el turbio y mal montado episodio de Leganés, donde mueren todos los "culpables". Una versión como la oficial solamente puede sostenerse a corto y medio plazo si se cuenta con un gobierno que bloquee la investigación y desaliente cualquier tipo de esfuerzo por proseguirla. Pero esta situación, recuérdenlo los que han organizado el 11-M, no se prolongará eternamente.

Para un gobierno que, EN EL FUTURO, se proponga investigar qué ocurrió el 11-M, no será difícil investigar las cuentas de estos funcionarios a partir de sus distintos niveles de responsabilidad y silencio, las de sus allegados, sus bienes y en qué momento los adquirieron; y extraer las conclusiones oportunas. El 11-M y la explosión de Leganés precisan la complicidad de varios funcionarios de distintos cuerpos. Complicidad previa al crimen, cuando los instigadores estaban empezando a colocar las "piedrecitas" de Pulgarcito, complicidad en el momento del crimen, complicidad en la investigación y silencio eterno. El silencio se compra con dinero. El caso GAL ya lo demostró. Pero los funcionarios –que luego se jubilan y perciben pensiones- precisan, hasta el día en que mueren, dinero, dinero y dinero, especialmente si están habituados a pateárselo con putas, queridas, coca y buena vida. A quien encargó el 11-M –sea quien sea, o mejor, sean quienes sean- le va tocar pagar y seguir pagando durante décadas. Como en el caso GAL, siempre habrá alguna filtración, algún descontento, una querida envidiosa y despechada, alguna fuente que crea que resultará más beneficiada si llama a la puerta de “El Mundo” o de cualquier otro medio, que a donde ya le conocen y ya le han pagado.

Y luego está la posibilidad de que el PP vuelva al poder. Cuando lo haga, es presumible que algunos de los que han colaborado en la trama piensen si no sería mejor cubrirse las espaldas y denunciar a sus cómplices. Es posible que sea un funcionario jubilado, que esté percibiendo una pensión y tema perderla si se le procesa por conspiración, ocultamiento y demás…

Es por todo esto que entiendo perfectamente que todos los hombres del PSOE, los Blanco, los Rubalcaba, los De la Vega, los Alonso y tantos otros, reaccionen histéricamente cada vez que les recuerdan que EL 11-M NO ESTA CERRADO, QUE NO SABEMOS LA VERDAD, Y QUE HOY YA UNA PARTE Y MAÑANA TODA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, QUERRAN CONOCER LA VERDAD.

Vale la pena dirigir unas palabras al presidente del gobierno y a los Rubalcaba y demás: EL 11-M OS PERSEGUIRÁ SIEMPRE, AQUELLOS ATENTADOS OS DIERON EL ACCESO AL PODER, PERO TAMBIÉN EN ESE MOMENTO, EMPEZÁSTEIS A CAVAR VUESTRA TUMBA. Es posible que algunos de vosotros no tengáis nada que ver con la trama, pero sabéis lo suficiente -por que no sois idiotas del todo- como para percibir que en la "versión oficial", desde que la SER dio la noticia una hora después del crimen, de que era un "atentado islámico", planea el aroma del misterio, la conspiración y el fraude... y calláis. Por eso sois tan culpables como las mentes asesinas que idearon el crimen y lo ejecutaron. Sois cómplices por encubrimiento. No lo olvidéis, porque muchos españoles tampoco lo vamos a olvidar mientras vivamos. 

Otro aspecto importante de la manifestación de la AVT es que, finalmente, con la presencia del PP en la misma quedó clara la desvinculación del partido de la primera posición que mantuvo: “ha sido ETA”. En dos años, el nombre de ETA recorre tangencialmente la trama, pero no hay nada que indique una participación del terrorismo vasco en la trama. Como máximo puede hablarse de “manipulación” del terrorismo vasco. Si, porque da la sensación de que quien ideó el 11-M tuvo muy presente que el PP vincularía los atentados a ETA (de ahí el éxito inicial de la operación que culminaría en el vuelco de unos cuantos cientos de miles de votos del PP al PSOE y en el innoble "queremos la verdad"... solamente de 11 a 14 de marzo de 2003) y decidió que era bueno sembrar también algunas pistas indirectas que se refirieran también al terrorismo vasco. Esto garantizaba la existencia de una “línea de repliegue” por parte de los mentores del 11-M: si, a la larga, se cuestionaba la pista islámica, quedaba la pista etarra a la que el PP se aferraría desesperadamente y con la que quedaría satisfecha su ansia de investigar el 11-M. A fin de cuentas, hasta hace sólo unas semanas el PP seguía defendiendo la autoría de ETA.

Ahora bien, si esto es así, y es muy posible que fuera así, es evidente que alguien dentro de ETA debía de facilitar la elaboración de pistas falsas: por ejemplo, el hecho de que la organización robara un coche JUSTO EN EL MISMO CALLEJÓN EN EL QUE VIVÍA TRASHORRAS, o que la “caravana de la muerte”, que condujo parte de los explosivos de Asturias a Madrid en Enero, siguiera un recorrido paralelo a la “caravana de la muerte” de ETA en itinerario y en fecha. Y esto nos lleva directamente al “proceso de paz", piedra angular de la política de ZP y máxima esperanza para su reelección.

El “topo” de ETA con nombre y alias

El 12 de julio de 2002, “Josu Ternera”, de verdadero nombre José Antonio Urriticoechea, abandonaba su escaño en el parlamento vasco y pasaba a la clandestinidad con la excusa de haber sido requerido por la Audiencia Nacional para declarar sobre el atentado a la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Desde entonces, solamente Carod-Rovira le ha visto oficialmente la cara en la repugnante reunión de Perpignan.

Vale la pena repasar un poco la historia de los últimos años de ETA. La “tregua trampa” fue decretada, solamente, a causa del lamentable estado de la organización, literalmente convertida en un gruyere, acosada por los topos y bajo una presión insoportable por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ETA aprovechó aquella “tregua trampa” para duplicar su infraestructura y crear una organización paralela a salvo del acoso policial.

Esto dio buenos resultados en un primer momento. En el año 2000-2002 no ocurre nada anormal. La organización comete atentados y van cayendo algunos comandos, con la misma frecuencia que en el período anterior. Sin embargo, a partir de 2002, las caídas se convierten en más frecuentes. Basta que un etarra salga de su madriguera con una bomba o con un cartucho de dinamita, para que inmediatamente sea detenido por la policía. Y esas caídas se producen no solamente a nivel de base, sino también entre la cúpula dirigente, particularmente en Francia. Caen todos. El propio Mikel Antxa, que acompaño a Carod en la reunión de Perpignan, resultó detenido en octubre de 2004 en Francia… Ya no hay duda: ETA tenía un topo, un topo eficaz y silencioso. Los medios lo han silenciado para no hacer peligrar su misión. Pero las cosas están cambiando. Y el topo está situado en la clave de una trama político-conspirativa de singular maquiavelismo y complejidad.

Ese topo no era un topo como los anteriores. No era un militante de base que en unos años logra escalar una posición de privilegio y consigue desarticular unos cuantos comandos antes de tener que poner tierra por medio. En esta ocasión el topo era diferente: estaba en la cúpula. ¿Por qué lo afirmamos? Porque durante tres años (de 2002 a 2005) logró seguir incrustado en la estructura etarra sin despertar sospechas. No era un topo en la base, era un topo en la cúpula, con prestigio dentro de la organización, consciente de que ETA se estaba acabando y que aspiraba solamente a una salida personal airosa en la que se incluía quedarse con la parte del león del “tesoro de ETA”: el producto de cuarenta años de rackett, secuestros y exacciones. Si hubiera sido un topo "de base" pronto habría sido descubierto, identificado y perseguido o asesinado. Su tarea delatora habría concluido pronto. Pero no ocurrió así: entre 2002 y 2004, los golpes que recibió ETA fueron constantes, sin que la organización consiguiera explicar por qué sus militantes no estaban en condiciones de realizar ningún atentado. El topo debía tener una visión más amplia de la organización, debía de ser un "intocable" de la misma, a salvo de cualquier crítica y con prestigio entre la militancia.  

Hace dos años y medio, advertimos por primera vez lo sorprendente de las operaciones policiales continuadas que se reiteraban una y otra vez contra ETA y que evidenciaban a todas luces la existencia de un topo. Entonces, en Krisis.info formulamos nuestra teoría: no sabíamos entonces quién era el topo que estaba desmantelando la organización etarra, solamente intuíamos que se trataba de un topo situado en la cúpula de la organización. Y entonces decíamos: “hará falta ver con el tiempo qué dirigente etarra queda a salvo de las detenciones. Entonces no habrá dudas: ese es el topo”. Hoy lo sabemos: ese "superviviente" es “Josu Ternera”, de verdadero nombre José Antonio Urriticoechea… Él es el único dirigente que ha resultado incólume de las brillantes operaciones policiales desarrolladas contra ETA.

“José Ternera”, hombre clave en el “proceso de paz”

Todo lo anterior es, naturalmente, una hipótesis de trabajo… avalada por datos objetivos. Hoy, más que nunca, esa hipótesis de trabajo se ve sostenida por más y más datos. En principio, por el “proceso de paz”. El miércoles se publicaba la noticia de que “Josu Ternera” ha sido visto en libertad y sin ser molestado en las calles de San Sebastián y que él era el personaje clave del proceso de paz. ¡Pues claro que lo es!

En los dos últimos años, desde que ZP se sienta en la Moncloa, algo ha cambiado en la relación del gobierno con ETA. Si el PP llegó a la conclusión de que era posible acabar con la organización por la vía policial, ZP cree que la vía del pacto es mucho más prometedora. En el fondo, la discusión sobre la estrategia a seguir en la lucha antiterrorista podría ser admisible en el seno de una sociedad democrática, siempre y cuando, entre los dos partidos mayoritarios exista un consenso. ZP rompió el consenso antiterrorista y emprendió el camino que ya había elegido antes de ser presidente del gobierno. El PP tiene todo el derecho en llamar a ZP DESLEAL, por los contactos del PSE con HB y por el giro unilateral de la política antiterrorista, rompiendo de facto el “Pacto Antiterrorista”. Hoy se sabe que no era sólo ZP quien mantenía contactos con HB, sino muchos estamentos del PSE, incluidas las “mujeres” del partido, que los mantenían con las “mujeres” de HB. Dado que el PSOE y el PSE habían firmado el Pacto Antiterrorista, que impedía mantener contactos con grupos ilegales, la acusación de DESLEALTAD es perfectamente razonable.

Para ETA era evidente que si bien el PP jamás volvería a ser seducido por una “tregua trampa”, al menos con ZP se podía obtener algún beneficio… por pequeño que fuera. Y, en lo que se refiere a ZP, sabía que quien lograra la “pacificación” del País Vasco tenía asegurada la reelección. Así pues, la “paz” era un “joint-venture” entre ZP y ETA. ¿Y el topo? El "topo-Ternera" apenas podía aspirar a huir con el botín de ETA, hasta el 11-M del 2003. Con ZP, puede aspirar incluso a tener un brillante futuro político en el futuro País Vasco...

En los dos últimos años, la policía ha realizado “desarticulaciones selectivas” que han mermado a ETA. Los detenidos han sido los contrarios a iniciar el “proceso de paz”, los sectores más radicales de la organización. No es algo nuevo. Habitualmente, las policías de todo el mundo, cuando acosan a una organización terrorista, tienen no solo en cuenta la pertenencia de tal o cual miembro a la misma, sino el efecto que va a generar en el interior de la organización ésa o la otra detención. Detenciones selectivas se han producido en organizaciones terroristas españolas desde el siglo XIX. En los dos últimos años, esas “detenciones selectivas” han reforzado la posición de “Josu Ternera” en el interior de la banda, y desmantelado cualquier sector crítico que pudiera tener. Los partidarios del terrorismo a ultranza están, en su mayor parte, en prisión. Ternera tiene las manos libres para hablar en nombre de la organización. Pero el hecho de que, hoy mismo, se haya conocido la carta de De Juana Chaos a "Gara" advirtiendo las condiciones que los presos etarras imponen a los negociadores, es significativo de que no todos están en la misma posición. 

En los próximos 15 días, los enviados de Rubalcaba y ZP se sentarán con “Josu Ternera” para negociar. No con otros dirigentes, sino con él. Con el hombre al que la lógica apunta que es el topo en ETA desde 2002. El terrorista que se encontró con Carod en Perpignan (aún en ambientes de ERC se siguen preguntando cómo fue que el CNI llegó a saber que se había producido la reunión…), el hombre que presumiblemente traicionó a su camarada “Mikel Antxa”, y a tantos otros, por sus propias ambiciones personales.

“Ternera” hombre clave de un futuro gobierno PSE-HB

El llamado “proceso de paz” puede resumirse en esto: la consumación de una traición a cambio de unas cuantas concesiones (libertad escalonada de los presos, reagrupación en cárceles vascas con medidas de gracia excepcionales, relegalización de HB y poco más), especialmente realizadas sobre la memoria de las víctimas del terrorismo, a cambio de no cometer más atentados y, sobre todo, de la promesa del apoyo de HB a un gobierno de coalición con el PSE de cara a marginalizar definitivamente al PP de la política vasca y arrancar el poder de manos del PNV.

Tal es la política del actual secretario general del PSE, Patxi López. El PSE tiene en su haber que su anterior negociación con ETA(p-m) supuso un éxito parcial. Gracias a la negociación se desmovilizó a una parte de la organización, mientras que su “frente político”, Euzkadiko Ezkerra, terminó fusionándose con la entonces esquelética Federación Vasca del PSOE, dando lugar al actual PSE. ZP cree que ahora este proceso, en cierta manera, puede repetirse. Un sector del PSE vasco cree, verdaderamente, que en HB pesará más el ser un “partido de izquierdas” que un “partido nacionalista” y que, por tanto, al igual que ERC, preferirá pactar antes con el socialismo que con el nacionalismo… No es del todo claro, pero tal es el diseño estratégico de ZP y de Patxi López.

En ese marco, la figura de “Josu Ternera” es clave: el antiguo dirigente de la banda, el diputado aberzale miembro de seis comisiones (Economía Hacienda y Presupuestos, de Ordenación Territorial, Transportes y Medio Ambiente, de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno, de Incompatibilidades, de Agricultura y Pesca y de la Comisión Especial de Autogobierno), es el que “garantiza” el cumplimiento del pacto pues, no en vano, ni Otegui, ni Permach, ni Landa, tienen talla ni prestigio suficiente como para asumir el liderazgo político que implica un giro copernicano en HB.

Los “talones de Aquiles” del “proceso de paz”

ZP se la juega y su proverbial buena suerte puede terminar traicionándole. Hoy está en manos de una banda de desaprensivos con menos escrúpulos que él. Entre traidores anda el juego y quien ha traicionado a sus propios camaradas no va a dudar en traicionar a un alfeñique político como ZP. De hecho, desde hoy hasta el final del “proceso de paz”, ZP tiene cogidos los testículos por “Josu Ternera”. Es así de simple.

Por lo demás, hace falta realizar una precisión semántica. Llamar a este “proceso” “proceso de paz” es un puro sinsentido. ¿Va a disminuir este proceso la presión del nacionalismo contra los no nacionalistas? ¿Va a hacer que disminuyan las agresiones psicológicas o físicas, las humillaciones y las provocaciones contra el sector de la población considerado como “españolista”? No, EL TECHO DE ESTE PROCESO CONSISTE EN DESMOVILIZAR A UNA PARTE DE ETA Y SENTAR A PATXI LOPEZ EN LA LENDAKARITZA. Nada más.

Si se trata de examinar referencias históricas anteriores, se percibe con claridad que la historia de ETA es la historia de sus escisiones. Entre “políticos” y “militares”, en varias ocasiones en el pasado, o entre “oportunistas” y “fanáticos”. Antes o después, el mundo abertzale meditará sobre lo ocurrido en los últimos seis años y comprobará que nada de lo que ha ocurrido es casual. Tendrá la convicción de que ha sido traicionado e intentará indagar sobre quién lo traicionó. Otros –acaso los más inteligentes- serán capaces de revisar lo que han hecho a lo largo de su vida y se harán olvidar en el anonimato: bastante sangre han vertido y bastantes asesinatos han cometido como para que el olvido no sea su mejor recompensa. Los habrá que colaborarán en el “proceso de paz” por ambición e incluso por miedo. Pero de lo que podemos estar completamente seguros es de que NI ETA, NI EL MUNDO ABERTZALE REACCIONARAN DE LA MISMA MANERA ANTE LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE PAZ. Los habrá que se plegarán a un acuerdo con ZP, los habrá que se retirarán a sus hogares o esperarán salir de prisión o del exilio, y los habrá que considerarán el proceso como una traición y seguirán en la “lucha armada” y en el abertzalismo de extrema-izquierda irreductible.

Parece difícil incluso que el PSE y los restos de una relegalizada HB logren formar un gobierno con mayoría suficiente para dirigir el País Vasco. Ni siquiera está clara la posición de Aralar en este engendro. Tampoco el margen de maniobra de ZP es muy grande: las concesiones que puede hacer son suficientemente claras en este momento y no satisfacen ni a los más radicales, ni siquiera a los militantes abertzales más convencidos de su causa.

Pero este “proceso de paz” tiene un aspecto particularmente siniestro: el castigo a los crímenes realizados por ETA en los últimos años puede quedar en suspenso. ZP va a especular con el dolor de las víctimas. Estas, si primero sufrieron el dolor de ver la muerte de sus seres queridos o de resultar ellos mismos heridos en atentados, ahora la “gracia” de ZP les provoca un “segundo dolor”: el de ver cómo los criminales pueden ser puestos en libertad. EN LA ESPAÑA DE ZP, EL CRIMEN SALE BARATO.

Pero que no juegue ZP con el dolor de las víctimas. La manifestación de ayer indica hasta qué punto existe una fractura vertical en este país entre ZP y quienes opinan que el criminal debe ser castigado con todo el peso de la ley. Y estos últimos no son precisamente pocos. Que ZP no juegue con el dolor de las víctimas. Bastante debería agradecerles  que hayan tenido el temple de no utilizar las cuotas y las escasas subvenciones que recibe la AVT para pagar a mafiosos que persigan a los pistoleros allá donde se encuentren. Cualquier mafioso búlgaro cobra hoy 3000 euros por cabeza cortada y les aseguro que apenas les importa su Rh. Y son muchas las cabezas de criminales que van a salir en los próximos meses en virtud de la negociación.

Todo induce a pensar que el alcance del “proceso de paz” será limitado, que solamente logrará desmovilizar a una parte de la organización terrorista y no logrará la unanimidad en el mundo abertzale. Por otra parte, que no canten victoria los “negociadores”: ETA frecuentemente, tras romper una tregua, ha apuntado sus pistolas contra los negociadores. Estos tampoco saldrán indemnes. Los etarras que se nieguen a entregar las armas apuntarán contra ellos. Que lo sepan, porque los oportunistas de hoy pueden ser los cadáveres del mañana.

Y todo para que Patxi López tenga la oportunidad algún día de ser “lendakari” y para que la baba coriácea de ZP sea reelegida en el 2008… ¡Qué miseria de política! ¡Qué “proceso de mierda”!

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 11.06.06.

 

 

No al Estatuto (VI de X). Los municipios en el nuevo Estatuto

No al Estatuto (VI de X). Los municipios en el nuevo Estatuto

Infokrisis.- Llama la atención el poco espacio que los municipios ocupan en el nuevo Estatuto de autonomía de Catalunya. Esto evidencia la falsedad de toda la retórica creada en torno al papel del Estatuto. No se trata de "descentralizar el Estado", sino de "concentrar poder" en la Generalitat. Este Estatuto crea problemas donde no los había y crea nuevas estructuras burocráticas. El Estatuto se convierte en un foco de problemas e incertidumbre que anima a votar NO.

 

El Capítulo III del Título VI está dedicado a “Las Haciendas de los Gobiernos locales” y la Sección II del Título II alude al Municipio. Lo vamos a analizar. El Artículo 86 está dedicado a la “autonomía municipal”. En el parágrafo 1 se define al municipio como el “ente local básico de la organización territorial de Catalunya y el medio esencial de participación de la comunidad local en los asuntos públicos”… es decir, lo mismo que la Constitución. Esto indica muy a las claras que el Estatuto está planteado como una “constitución catalana”. De ahí que importe muy poco las reiteraciones que puedan existir entre Constitución y Estatuto. Porque si todos estos extremos están presentes en el Estatuto ¿para qué recordar la Constitución? ¿Qué sentido tiene un Estatuto que repita las palabras textuales de la Constitución si no es para que la Generalitat suplante al Estado?

Pero es que, además, en los parágrafos siguientes nos sumergimos en plena retórica. En el 3, se dice: “El presente Estatuto garantiza al municipio la autonomía para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas y la defensa de los intereses propios de la colectividad que representa”… que es decir muy poco, porque lo realmente necesario no es desplazar al Estado centralizador por la Generalitat centralizadora. De lo que se trata, y este Estatuto es una ocasión frustrada, es de operar una “segunda descentralización”, capaz de aproximar la administración al ciudadano, aligerar la burocracia y reforzar los poderes de los municipios. Esto, evidentemente, no interesa a la Generalitat. Los municipios son verdaderas “entidades históricas”, preexistentes a la Generalitat y, por tanto, más “naturales” que ésta. Pero el nacionalismo jamás ha estado en condiciones de plantear políticas municipales propias. Su objetivo no es el municipio, sino la “nación” (y si no existe se crea falsificando la Historia o retorciéndola). Así pues, no es raro que este Estatuto desprecie a los municipios y no les atribuya nuevas funciones, sino que confirme las que ya tenía.

Esto tiene un efecto deletéreo especialmente en Catalunya, donde existe un desequilibrio absoluto entre el Área Metropolitana de Barcelona y el resto de Catalunya, en buena medida despoblada o en fase de recesión demográfica. Las comarcas deprimidas de la provincia de Tarragona, las comarcas empobrecidas de Lérida, ¿qué peso van a tener ante un AMB que alberga a algo más del 75% de población del Principal? Seguramente, desplazando algunas funciones de la Generalitat a los municipios se evitaría que la periferia de Catalunya se vea sometida al inevitable centralismo barcelonés.

De hecho, ésta era la única reforma seria que podía haber justificado la redacción de un nuevo Estatuto: tender a la “segunda descentralización”. Si la primera había sido del Estado a las Comunidades Autónomas, esta segunda hubiera debido ser de éstas a los Municipios. Sin embargo, la Generalitat ha preferido algo mucho más complicado: aumentar la burocracia creando las “veguerias” (comarcas), cuyas funciones son menores y solamente aspiran a ser las piezas sobre las que justificar el desmantelamiento de las provincias, y los “municipios”, que mantienen sus atribuciones.

El Artículo 89 está dedicado a definir el “Régimen especial del municipio de Barcelona”, del que se llega a decir que “Debe participar en la elaboración de los proyectos de ley que inciden en este régimen especial y debe ser consultado en la tramitación parlamentaria de otras iniciativas legislativas sobre su régimen especial”. Esto contribuye a aumentar la tendencia a sobrevalorar a Barcelona por encima del resto de Catalunya. El Estatuto en este terreno confirma las peores tendencias del Estatuto anterior.

En el Capítulo III, del Título VI esta tendencia queda explícita. Se dice en el parágrafo 2: “Los ingresos de los gobiernos locales consistentes en participaciones en tributos y en subvenciones incondicionadas estatales son percibidos por medio de la Generalitat, que los debe distribuir de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de haciendas locales de Cataluña, cuya aprobación requerirá una mayoría de tres quintos, y respetando los criterios establecidos por la legislación del Estado en la materia”. Es irónico que la Generalitat aspire a realizar la tarea que le correspondía al Estado, pero no esté dispuesto a ceder la potestad recaudadora a los Municipios.

En el Título Preliminar, Artículo 2, parágrafo 3, se enumeran los distintos niveles de la administración autonómica: “Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía”. ¿Qué es una “veguería”? Sea lo que fuera en la Historia de Catalunya, el Estatuto la define como un sustituto de las Diputaciones Provinciales. Es decir, la veguería acaba con las provincias, lo que equivale a aumentar los desequilibrios, las desigualdades y los “hechos diferenciales” entre Catalunya y el resto de España. Por ese camino nos arriesgamos a que cada comunidad autónoma termine creando sus propios subterfugios para acabar con la división provincial. Es cierto que tal división, ni era tradicional en España, ni se remonta a más de doscientos años… pero era una división que, al menos, tenía la virtud de ser uniforme en todo el territorio nacional. Y, además, la administración ya se había habituado a ello, así como el ciudadano. El desmantelamiento de las provincias y de las Diputaciones Provinciales, ni era una demanda social, ni una necesidad urgente para alcanzar el “autogobierno”. Era, simplemente, una reivindicación del nacionalismo más radical –del independentismo, en concreto- para aumentar la brecha entre Catalunya y el resto del Estado, crear “hechos diferenciales” forzados y realizar la especialidad que ha caracterizado al tripartito catalán en los últimos dos años y medio: eludir la resolución de los problemas reales (especulación inmobiliaria, abastecimiento de agua, mordida generalizada, falta de honestidad en la administración de los recursos públicos, inseguridad ciudadana, inmigración masiva, etcétera…) para generar problemas nuevos allí donde no existían.

El Estatuto no define cuáles son esas “veguerías”. Si se tratara solamente de cambiar el nombre de “provincia” a “veguería”, esto no sería más que una evidencia de la falta de luces del “legislador” y de la mezquindad semántica del nacionalismo. Pero la tendencia es otra. Uno de los primeros movimientos del gobierno tripartito consistió en elaborar una nueva división administrativa de Catalunya… de cuatro provincias a seis veguerías. Estábamos en 2004, cuando el debate estatutario todavía no había comenzado. Luego esta discusión quedó aparcada. El hecho de que la provincia de Barcelona y la de Tarragona se partieran en dos dejaba abierto el problema de la capitalidad de las dos nuevas veguerías. Una forma de reavivar las rivalidades locales tan habituales en Catalunya y que hacen de ella una zona tan española como cualquier otra…

El Artículo 90, parágrafo 1, de la Sección Tercera define lo que es la Veguería: “Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía”. Vanamente buscaríamos en todo el texto del Estatuto una enumeración de las “veguerías”. Se elude la cuestión y se remite, en el parágrafo 4 del Artículo 91 a “La creación, modificación y supresión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías, se regulan por ley del Parlamento. La alteración, en su caso, de los límites provinciales se llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 141.1 de la Constitución”. En otras palabras: dado que la enumeración de las veguerías llevaría a una discusión entre localidades vecinas por la capitalidad, se evitan las voces discordantes, sean cuales sean, para que una futura ley en la siguiente legislatura resuelva la cuestión… Pero esta dilación no evitará que la discusión sobre la capitalidad de las nuevas veguerías constituya un nuevo e innecesario foco de tensión de la política catalana.

De hecho, es evidente que la capitalidad implica mucho para las ciudades que la obtengan: medios económicos, puestos de trabajo, construcción de nuevas dependencias administrativas, aumento de la población (esto es, de los contribuyentes), etc. No se va a tratar de una discusión banal, sino de extraordinario calado que va a generar tensiones innecesarias entre poblaciones vecinas. Será otro hallazgo del nuevo Estatuto. Un buen motivo para rechazarlo como a la peste.

Los artículos 91 y 92 están dedicados a la formación de nuevos organismos burocráticos hasta ahora inexistentes: el 91 a los Consejos de veguería, del que se dice en el parágrafo 3 que “sustituyen a las Diputaciones”. Si antes había cuatro diputaciones ahora habrá seis de estos nuevos consejos. El Artículo 92 está dedicado a crear otro ente de “autogobierno”, la Comarca. Nadie duda de que las comarcas existen, lo que resulta ya mucho más cuestionable es que una división surgida del período medieval siga teniendo hoy alguna vigencia. Una comarca abarcaba el territorio geográfico, más o menos homogéneo, que correspondía habitualmente al que tardaba en recorrer un carruaje hasta llegar al “Mercado”. Las actuales redes de comunicaciones, los medios de transporte actuales, impiden que la división comarcal tenga hoy algún tipo de importancia. No hay más comarcas que las tradicionales… sin embargo la Generalitat en su ambición de abarcar cualquier poder y en su omnímoda búsqueda de protagonismo, se reserva incluso el “crear comarcas”… Así queda establecido en el Artículo 92, parágrafo 2: “La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como el establecimiento del régimen jurídico de estos entes, se regulan por una ley del Parlamento”… Las comarcas han dejado de ser divisiones históricas tradicionales para pasar a ser “cosa de la Generalitat” que será capaz de decidir lo que generaciones y generaciones de catalanes no han percibido antes; como si, bruscamente, ahora viniera alguien y nos explicara, con una seriedad pasmosa, que entre el siete y el ocho no habíamos advertido que se encontraba el número “ucru”… y lo instituyera por decreto.

Lo que más sorprende es la falta de contenido de las comarcas y de los organismos comarcales que las encarnan. De hecho, ya hoy resulta demasiado evidente que los pequeños parlamentos establecidos por los Estatutos de Autonomía pasan las más de las veces desapercibidos para la población; lo que no impide que día tras día vayan elaborando leyes, la mayoría de las cuales apenas tienen repercusión entre la población. Bienvenidos sean tales parlamentos si se trata de establecer canales de participación democrática. Y otro tanto puede decirse de los ayuntamientos, asimismo organismos de participación y gestión. Pero lo que no puede hacerse es multiplicar hasta el infinito estos niveles, so pena de crear monstruosos engranajes burocráticos, con perfiles mal definidos, superposición de funciones y escasas competencias.

Todo lo relativo a los municipios, a las veguerías y a las comarcas en el Estatuto, resulta absolutamente deslavazado, mal planteado y, por todo ello, rechazable: ni se traspasan competencias de la Generalitat a los municipios, ni se aumenta el papel de éstos como organismos de proximidad; se realiza una pirueta en el vacío desmantelando las Diputaciones Provinciales y se nos pide que votemos un Estatuto que ni siquiera es capaz de tener el valor de definir cuáles son las nuevas veguerías. Se crean organismos de gobierno huecos de competencias, e incluso la Generalitat se reserva la potestad de crear nuevas comarcas en cuya existencia nadie había reparado. De hecho, si las naciones se crean por decreto, ¿cómo no se iban a crear y disolver comarcas a voluntad?

Seamos serios: solamente este capitulo bastaría para dudar de la capacidad del “legislador” para crear una norma de convivencia efectiva y razonable para el autogobierno de Catalunya. No, este Estatuto es el peor de todos los Estatutos posibles. Capítulo por capítulo parece haber sido redactado por tontos de baba, si no por irresponsables. Un Estatuto que obliga necesariamente a rechazarlo con un NO rotundo.

La abstención no basta, es preciso la movilización activa para minimizar el impacto de este aborto legislativo.

Próxima entrega:

VII. Ni defensa de la familia, ni defensa del trabajador, ni defensa de la sociedad catalana

© Ernesto Milà – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 08.06.06

 

 

 


No al Estatut (V de X). El Estatut innecesario. El Estatut del 3% y la fiscalidad

No al Estatut (V de X). El Estatut innecesario. El Estatut del 3% y la fiscalidad

Infokrisis.- Jamás un Estatuto de Autonomia tuvo detrás una demanda social tan débil. Mejor dicho, jamás una clase política actuó tan de espaldas a la opinión pública, como la clase política nacionalista. Ni existía demanda social de una reforma estatutaria, ni interesó su tramitación, ni interesa el referendum del día 18. La reforma era innecesaria. Sólo para el nacionalismo era una "aspiración irrenunciable". Y no para introducir el contenido "nación", sino para tener en sus manos la totalidad de los recursos generados en Catalunya.

 

¿Por qué la clase política nacionalista se empeñaba en reformar el Estatuto si el pueblo catalán no aspiraba a un mayor techo de autogobierno? Este Estatuto quedará marcado para la historia como el “Estatuto del 3%”. El 3% de mordida que el imprudente Maragall reconoció que percibía CiU (“el seu problema es el 3%”) en el peor momento de la “Crisis del Carmelo”. El 3% que ERC se negó a investigar –sabiendo que era rigurosamente cierto- cuando votó en contra de la creación de una comisión parlamentaria propuesta por el PP. El 3% al que aspiraron los forajidos del PSC durante los años de gobierno de CiU… Pues bien, la clase política del 3%, la clase política corrupta y corruptora, es la que ha promovido esta reforma estatutaria. ¿Por qué? Simplemente porque tras toda la morralla de declaraciones ultranacionalistas, maximalismos sobre la “nación catalana” y demás chorraditas, lo que se oculta es una aspiración a repartirse un pastel mucho más grande que del que disponían hasta ahora. Lo realmente importante de este Estatuto es que la Generalitat podrá manejar más fondos que antes. Ese era el objetivo. Sólo ése y nada más que ése. Amparados en la impunidad de unos medios de comunicación que comen de la mano de la Generalitat, con unos periodistas domesticados en el “aquí no pasa nada” pujoliano, la zona más corrupta de todo el Estado y dónde la corrupción se ha realizado con mayor impunidad, ahora proclama un nuevo Estatuto que otorga a la clase política nacionalista (PSC y CiU) un control casi total de la recaudación fiscal catalana. Si el “patriotismo” es la última trinchera de los miserables, la cartera es su principal objetivo. Este nuevo Estatuto no tiene más objeto que facilitar el saqueo de Catalunya por parte de la clase política nacionalista. Nada más. Presentar así las cosas hubiera sido suicida, de ahí que el Estatuto que surgió del Parlament fuera un Estatuto maximalista y polémico especialmente en aquellos puntos “sensibles” que contribuían a generar un acompañamiento emotivo y sentimental; una especie de recubrimiento y hojarasca suficiente para enmascarar el objetivo final: en absoluto servir a Catalunya, como proclaman, sino servirse de Catalunya y, más en concreto, servirse de sus recursos fiscales: el 3% sobre 3X es el triple que el 3% sobre X…

De ahí que el Estatuto sea constantemente intervencionista. La Generalitat aspira a controlar cualquier forma de vida inteligente que se desarrolle sobre el territorio catalán, pero, muy especialmente, la vida económica. El Título VI del Estatuto es el que rige “La financiación de la Generalitat”, de los artículos 202 a 225, cuya extensión supone una quinta parte del texto.

El verdadero paradigma de las aspiraciones de CiU y PSC puede leerse en el parágrafo 2 del artículo 202: La financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera, coordinación, solidaridad y transparencia en las relaciones fiscales y financieras entre las Administraciones públicas, así como por los principios de suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional entre las mencionadas Administraciones. Dado que el bandazo hacia las posiciones nacionalistas es demasiado obvio, el parágrafo 4 del mismo artículo intenta tranquilizar al resto del Estado: “De acuerdo con el artículo 138.2 de la Constitución, la financiación de la Generalitat no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto de las restantes Comunidades Autónomas. Este principio deberá respetar plenamente los criterios de solidaridad enunciados en el artículo 208 de este Estatuto”.

De estos dos parágrafos solamente puede confirmarse la ambigüedad que preside el Estatuto desde el principio. Todo depende de quién interprete el Estatuto, de quién gobierne la Generalitat y de la necesidad que tenga el gobierno del Estado del concurso de los votos nacionalistas catalanes para asegurar la gobernabilidad del Estado. De ahí que podamos fácilmente prever que este Estatuto, lejos de dejar asentado “durante décadas”, como dijo ZP, el encaje entre Catalunya y el resto del Estado, va a ser una fuente constante de discordias y tensiones. Es evidente que si Catalunya es dueña de más recursos, esos recursos se van a retraer del fondo de solidaridad y cohesión territorial. Decir otra cosa es mentir. El “principio de solidaridad” al que alude el artículo 208 es nuevamente ambiguo, ¿qué se entiende por solidaridad? ¿Hasta dónde llega la solidaridad? ¿Alguien cree seriamente que la Generalitat va a aceptar de buen grado el desarrollo de regiones que, dentro del Estado, podrían competir –ventajosamente, además- con Catalunya?

Pero si este Estatuto no beneficiará la solidaridad interterritorial, tampoco beneficiará a los ciudadanos de Catalunya. Históricamente existen dos modelos impositivos: el descentralizado y el centralizado. En el primero, las “partes” (las Autonomías) recaudan directamente los tributos, se reservan una parte y entregan lo convenido al Estado. En el segundo, el “todo” (el Estado) recauda impuestos y los distribuye entre las “partes”. El primer modelo tiende a sobrecargar al ciudadano con una mayor presión fiscal. Las promesas y las buenas palabras del Estatuto –“principios de suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional…”- significan muy poco a la hora de la verdad. A fin de cuentas quien tiene la sartén por el mango es quien recauda los tributos y realiza los presupuestos de la Generalitat, no quien recibe las sobras. Cuando en Europa se han producido situaciones de este tipo, se ha tendido a hinchar la burocracia regional, planificar proyectos tan costosos como poco interesantes y a cualquier medida para inmovilizar recursos en la propia autonomía. Al mismo tiempo, se tiende a crear una clase clientelar amamantada por las ubres de la comunidad autónoma, que precisa ser mantenida y satisfecha… aumentando impuestos. Este modelo tiende a priorizar las políticas regionales sobre las estatales, hace prácticamente imposible la creación de infraestructuras a escala de Estado y deriva recursos a proyectos faraónicos y suntuarios de poco interés para el ciudadano: carreteras regionales apenas utilizadas, permisividad ante la especulación inmobiliaria, eventos internacionales concebidos como mero quemadero de recursos, etc.

En el Artículo 203, parágrafo 1, siguen las frases ambiguas –La Generalitat dispone de unas finanzas autónomas y de los recursos financieros suficientes para hacer frente al adecuado ejercicio de su autogobierno- y luego otras, francamente intranquilizadoras: La Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar libremente sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus instituciones de autogobierno. Este segundo parágrafo confirma que la Generalitat es la única dueña de los recursos surgidos de la fiscalidad en el territorio catalán. La Generalitat, una vez más, tiende a presentarse como la “instancia superior” a cualquier otra y no sometida ahora a ningún principio de solidaridad, sino “libre” para aplicar sus recursos según las orientaciones del gobierno de turno. Un gobierno nacionalista de la Generalitat impondrá una política fiscal nacionalista. Y dado que, mientras persistan las mismas circunstancias y simetrías políticas en Catalunya, el gobierno de la Generalitat solamente puede ser nacionalista o socialista-pusilánime, es evidente que la única política fiscal va a ser nacionalista.

El parágrafo 3 enumera los recursos de la Hacienda de la Generalitat. La mera enumeración casi ocupa una columna del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados; observen: Los rendimientos de sus impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás tributos propios, el rendimiento de los tributos estatales cedidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del presente Estatuto, los recargos sobre los tributos estatales, los ingresos procedentes del Fondo de compensación interterritorial y de otras asignaciones establecidas por la Constitución, otras transferencias y asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, los ingresos por la percepción de sus precios públicos, los rendimientos del patrimonio de la Generalitat, los ingresos de derecho privado, el producto de emisión de deuda y de las operaciones de crédito, los ingresos procedentes de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias, los recursos procedentes de la Unión Europea y de programas comunitarios, cualquier otro recurso que pueda establecerse en virtud de lo dispuesto por el presente Estatuto y la Constitución… En otras palabras: la Generalitat tiene capacidad para establecer impuestos propios. Y, por supuesto, ha asumido las competencias que habitualmente corresponderían a un Estado: la emisión de deuda pública (con desgravaciones especiales se supone o, de lo contrario, ¿quién compraría deuda de un organismo con un déficit galopante?).

El parágrafo 2 del Artículo 204 refuerza esa sensación de completo desenganche fiscal de la Generalitat en relación al resto del Estado. Se dice, por ejemplo, La Generalitat tiene capacidad para determinar el volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de sus competencias financieras, así como para fijar la afectación de sus recursos a las finalidades de gasto que decida libremente. Contrariamente a lo que aspira ERC, la Generalitat no absorbe la totalidad de impuestos recaudados en Catalunya. La gran mayoría son tributos “cedidos totalmente”, pero existe un remanente de “tributos cedidos parcialmente”, aquellos en los que corresponde a la Generalitat “una parte de los rendimientos y, en su caso, capacidad normativa”.  Los siguientes parágrafos abundan en esa dirección. El parágrafo 3 alude a la “capacidad normativa” de la Generalitat. El parágrafo 4 insiste en que “Corresponden a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos totalmente y dichas funciones, en la medida que se atribuyan, respecto a los cedidos parcialmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 205”. Para colmo, el parágrafo 5 establece que “La Generalitat tiene competencia para establecer, mediante una ley del Parlamento, sus tributos propios, sobre los cuales tiene capacidad normativa. El ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los principios de equidad y eficiencia. En su actuación tributaria, la Generalitat promueve la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y la sostenibilidad medioambiental”.

¿Podemos imaginar lo que supone todo esto? Lo vamos a resumir: supone la descoyuntación fiscal del Estado. A partir de ahora, cada comunidad autónoma es dueña de establecer nuevos tributos según su criterio y sus conveniencias. Puede ocurrir que una ciudad como Villena, situada en la Autonomía valenciana, tribute un 10% más que Caudete, situada apenas a 10 km., en la Autonomía manchega, o un 5% menos que Yecla, distante 20 km. y situada en la Autonomía murciana… En un radio de acción de apenas 20 km. pueden llegar a existir cuatro regímenes fiscales diferenciados. La cuestión es si un Estado del siglo XXI es gobernable a partir de unos criterios tan mezquinos y diversificados. Es evidente que cuando se alude a “sostenibilidad medioambiental”, cada cual es libre de interpretar lo que guste. Y otro tanto cabe decir sobre la “cohesión y el bienestar social”…

Llegamos aquí al gran hallazgo del Estatuto que, por sí mismo, lo justifica como máxima aspiración y objetivo de la clase política más rapaz de haya tenido el Estado: la creación de la Agencia Tributaria de Catalunya, prevista en el artículo 205: “La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Cataluña, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña”. Ya tenemos una nueva estructura burocrático-administrativa imprescindible en cualquier fotocopia reducida de Estado, que se superpone y coexiste con la Administración Tributaria del Estado a la cual se la deja vivir en el parágrafo 2, que recibió un nuevo redactado en su paso por el Congreso de los Diputados quedando así: “La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los demás impuestos del Estado recaudados en Cataluña corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo. Para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña”. Si hemos logrado seguir hasta aquí el razonamiento del “legislador”, donde antes existía una sola administración tributaria… ahora existen tres, la autonómica, la estatal y el “consorcio”. Hubo un tiempo en el que se creyó que los estatutos de autonomía iban a eliminar burocracia estatal y crear administraciones de proximidad. Tras 25 años de experiencia se ha visto que el fenómeno que se producía era justo el contrario: la burocracia aumentaba, como aumentará a partir de ahora, la presión fiscal, la dureza e inflexibilidad de las inspecciones y, finalmente, la lucha entre las distintas administraciones fiscales por expoliar al contribuyente. Es voluntad del Estatuto que la Agencia Tributaria Catalana asuma incluso “por delegación” la recaudación de los tributos municipales (parágrafo 5).

La burocratización de la fiscalidad y la proliferación de entes recaudadores aumentan aún más cuando se lee el Artículo 214 que prevé la creación de la “Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat”, concebido como “órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica”. A esta comisión corresponde pactar la distribución del dinero de los contribuyentes entre la Generalitat y el Estado y sus revisiones quinquenales, y establecer cómo entender los “mecanismos de nivelación”.

Las polémicas entre las distintas administraciones tributarias van a presidir buena parte de nuestras vidas a partir de ahora. El Artículo 206 describe cómo se van a dirimir las reclamaciones de los contribuyentes. Se podrá interponer recurso contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria de Catalunya, pero se añade: “Todo ello, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación de criterio que le corresponde a la Administración General del Estado”. Si esto no supone introducir bastantes elementos de ambigüedad y conflictividad, dispersión y despiste para el contribuyente, los artículos que siguen confirman el caos fiscal que se avecina en este país, caos en el que el contribuyente es el eslabón más débil.

En el Artículo 208 se alude a los mecanismos de “nivelación y solidaridad”. El redactado del parágrafo 1 es completamente opaco e inextricable. El 2 se presta a interpretaciones diversas y discusiones entre el Estado y la Generalitat. El parágrafo 3 reproduce la ambigüedad y el contenido vago y conflictivo de los dos anteriores. Tiene gracia que en este parágrafo se alude a que la “Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados niveles serán fijados por el Estado”. No se excluye que, en lugar de ser Catalunya quien entregue fondos a otras comunidades en virtud del principio de solidaridad, ocurra justo lo contrario…

Pero es el parágrafo 5 el que más polémico y sorprendente resulta hasta el punto de que resulta chocante que diputados socialistas de otras regiones lo hayan podido votar a su paso por el Parlamento del Estado. Obsérvese: “El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de renta per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”. Así pues, de lo que se trata es que Catalunya siga a la cabeza de regiones del Estado en lo referente a renta per cápita. Los ricos seguirán siendo ricos y los pobres, pobres, en virtud de un Estatuto esperpéntico y surrealista. Ni siquiera se considera la posibilidad de que las distintas autonomías del Estado IGUALEN su renta o tiendan a la igualdad, lo único que le interesa al bromista redactor del Estatut es que Catalunya siga en las primeras posiciones de riqueza.

Esta insensatez demuestra muchas cosas: en primer lugar el grado de estupidez e inconsecuencia al que han llegado los diputados socialistas y sus electores: “Votemos socialista en Andalucía para que Andalucía siga siendo pobre y, en cualquier caso, España siga teniendo a Catalunya como leadership”… En segundo lugar demuestra que el tópico de Prat de la Riba y el vizconde de Güell, los mentores del nacionalismo catalán, sigue todavía vivo en la mentalidad arcaica y arcaizante del nacionalismo catalán: “Catalunya  es la parte seria y rica de España y debe llevar las riendas de España para que España sea viable…”. La capacidad del nacionalismo para seguir mirándose al ombligo y no advertir los cambios radicales que se están operando en la España moderna, dicen todo lo necesario sobre la incompetencia de la clase política nacionalista catalana. La Feria de Muestras de Barcelona está en la UVI, Iberia estudia retirar 32 vuelos del Aeropuerto de Barcelona, el puerto de Valencia se ha configurado como el gran puerto mediterráneo, las multinacionales están huyendo de Catalunya, la población inmigrante está creciendo hasta extremos insoportables en Catalunya;  y Barcelona, en apenas 20 años, de seguir como en los últimos seis, se va a convertir en la Marsella española, una ciudad convertida en un pálido reflejo de lo que hasta entonces era.

Catalunya va a vivir en los próximos años un proceso de burocratización creciente y un aumento de la presión fiscal, va a experimentar un desenganche progresivo con el resto de regiones del Estado y va a entrar en una espiral de discusiones, tiras y aflojas sobre los dineros del contribuyente a distribuirse entre el Estado y la Generalitat. Si la parte fiscal –“els diners”- es aquella en la que el “reformador” ha puesto más énfasis, es precisamente para defendernos de la rapacidad de la Generalitat, por lo que hay que VOTAR NO a este Estatuto-engendro, al Estatuto del 3%...

Próxima entrega:

VI. Los municipios en el nuevo Estatuto

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 06.06.06.

 

 

No al Estatuto (IV de X). Ni co-oficialidad, ni coexistencia lingüística.

No al Estatuto (IV de X). Ni co-oficialidad, ni coexistencia lingüística.

Infokrisis.- El catalán es el único puntal sólido sobre el que se apoya el "hecho diferencial catalán". Esto se sabía desde los tiempos de Prat de la Riba y del vizconde de Güell. De no existir la lengua catalana, el nacionalismo carecería de su principio de razón suficiente. No es raro, pues, que, a un estatuto nacionalista corresponda una defensa cerrada de la lengua catalana y, consiguientemente, un intento de erradicación del castellano, de todas las áreas de la administración.

 

En media docena de artículos se hace referencia al catalán en un contexto proteccionista extremado y exasperado. Las alusiones al catalán son, para los que nos expresamos normalmente en catalán pero carecemos de “impulso” nacionalista, a todas luces exageradas. Empieza la retahíla de alusiones al catalán en el Artículo 6, titulado “La lengua propia y las lenguas oficiales”, en el que puede leerse, en su parágrafo 1: “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. Y aquí habría que matizar, porque la “lengua propia de Cataluña es el catalán”… salvando el hecho de que desde el siglo XIX  se ha producido una llegada masiva de españoles,  procedentes de otras regiones del Estado, para integrarse en la naciente industria catalana; y esto ha dado lugar a que, sobre el suelo de Catalunya, coexistan dos identidades culturales que se expresan a través de dos lenguas vehiculares: el catalán y el castellano.

El punto central del nacionalismo es negar el hecho evidente de que sobre el territorio catalán coexisten dos identidades y no una sola. De ahí la dificultad y el riesgo de llamar a Catalunya “nacionalidad” (lo cual es aceptable) o “nación” (lo que resulta irreal, ficticio y falso). Se tiene tendencia a pensar que una “nación” es algo homogéneo y que a toda “nación” corresponde una “identidad”. Pero no es así: basta mirar la realidad sociológica catalana, después de 25 años de Estatuto de Autonomía para advertir lo que ya hemos dicho: la existencia de una Catalunya provista de dos “identidades”, la catalana y la castellana, en función de la lengua utilizada.

El Estatuto parte de la base de que es obligación de todos los “catalanes” (es decir, de todos “los que viven y trabajan en Catalunya”, aprender “su” lengua. Pero se trata de un razonamiento falso, una falacia autoritaria. Catalunya forma parte del “Estado Español” y, por supuesto, de la “Nación Española”. Por tanto, la lengua propia de todo ciudadano español residente en Catalunya es, en primer lugar, el castellano (no decimos “español” ya que, en sentido estricto, el catalán es también una lengua “española”).

En el fondo se trata de aceptar algo que el Estatuto nacionalista niega: la existencia de una jerarquía institucional. Primero el Estado, y, como parte del Estado, es decir, subordinado a él, las instituciones autonómicas. Primero el Estado, luego las instituciones autonómicas. No al revés. Y este es el punto que todo el Estatuto contornea: evitar reconocer que la Generalitat es una parte de un “todo”, el Estado, y no un “todo” que compite con otro “todo”. Para el espíritu del Estatuto el “Estado” en Catalunya se llama “Generalitat” (primera falacia) y la “lengua de Catalunya es el catalán” (segunda falacia), lo que lleva, irremisiblemente, a la erradicación del castellano del territorio geográfico catalán.

De hecho es cierto, como dice el Estatuto, que el catalán es “la lengua normalmente utilizada” en Catalunya, pero le queda por decir, “por los que la utilizan”, de la misma forma que puede decirse sin engañar a nadie que el castellano es la lengua normalmente utilizada en Catalunya por los que deciden expresarse en esa lengua.

El problema es que, a partir de este momento, el Estatuto se convierte en un conjunto de imposiciones autoritarias que indican al “buen catalán” lo que debe hacer, decir y en qué idioma hacerlo. La libertad lingüística que implica expresarse en la lengua que se prefiera –algo que es aceptado en el día a día del pueblo catalán, pero que el Estatuto tintado con una fuerte carga ideológica nacionalista, niega- es negada en el espíritu del texto estatutario.

Por eso de nada valen las especificaciones hechas en el artículo 2, que no hacen sino aumentar las confusiones a la espera de que una nueva legislación lingüística, realizada por nacionalistas, independentistas y pusilánimes socialistas, consagre el espíritu anticastellano del Estatuto. Se dice: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua”. A tenor de lo visto en la política lingüística en los últimos 25 años, es evidente que este parágrafo es un falseamiento de la realidad y una mentira deliberada puesta ahí para sacar las castañas del fuego a Zapatero y evitar su hundimiento en las encuestas en el resto del Estado. Si, porque ha existido discriminación lingüística en Catalunya. En los medios de comunicación catalanes, incluidos los amamantados por el PSC –BTV, por ejemplo- , se insiste en que la totalidad de los invitados hablen -y los programas se realicen- en catalán. La lengua no debería ser, a la vista de este parágrafo, un obstáculo para el desarrollo de profesiones y, sin embargo, lo es. Se valora el nivel de catalán con la misma importancia que una carrera para puntuar en un concurso-oposición. Y así sucesivamente.

Puede aceptarse que a partir de 1939 el franquismo primara y priorizara la utilización del castellano, si bien es rigurosamente falso que el catalán estuviera prohibido. Desde 1941 la Caixa d’Estalvis publicaba libros en catalán (los poemas de Verdaguer, por ejemplo), hecho histórico que ha sido ocultado deliberadamente. Desde 1965 se publicaba el semanario catalán “Tele|Estel” y existía, desde antes, una tupida red de boletines y revistas impresas en catalán, así como la Editorial Milla publicaba desde los años 50 libros en esta lengua. No existían obstáculos para la enseñanza de la lengua catalana. Nosotros mismos tuvimos, a mediados de los años 60, una clase de lengua catalana a partir del 4º de Bachillerato en el colegio de los Escolapios…

Entonces ¿cuál era el problema? Era doble: por una parte que la enseñanza se realizaba en castellano –la lengua del Estado al que pertenecía y pertenece Catalunya- y que la cultura catalana en la época no estaba subvencionada. Estos dos elementos son fundamentales para entender lo que se quiere decir cuando se afirma que la cultura catalana estuvo “perseguida” durante el franquismo, concepto dramático que, en realidad, se reduce a estos dos obstáculos: ni subvención, ni carácter oficial.

Lo cierto es que recordamos como, en nuestra infancia, en el Penedés se hablaba catalán habitualmente sin ningún obstáculo ni limitación… a diferencia de ahora, cuando tras veinticinco años de catalanización por decreto-ley cada vez se oye hablar más castellano. Es aceptable que entre 1979 y 2006, la Generalitat haya cuidado particularmente el catalán, para que pudiera recuperar el terreno perdido entre 1939 y 1976… bien. Pero ¿cuándo se va a juzgar que el catalán ya ha recuperado esa cuota del mercado lingüístico que le correspondía y se restablezca una “normalidad” en las distintas posibilidades de cada idioma?

Pero, aún hoy, la Generalitat sigue apoyando SOLAMENTE a la inviable industria del libro en catalán, subvencionándola indirectamente gracias a las compras masivas de libros en catalán por parte de la Xarxa de Bilioteques de la Generalitat o de la Consellería d’Ensenyament. Los ejemplos de esta discriminación son muchos y no vale la pena enumerarlos, están en la mente de todos. El hecho de que los programas de RTVC sean TODOS en catalán, sin que quede hueco alguno abierto a los 3.500.000 de catalanes que PREFIEREN EXPRESARSE EN CASTELLANO, es suficientemente significativo de la situación.

El nacionalismo es una forma de irrealismo político que magnifica el “rasgo diferencial”, exaltándolo hasta más allá de cualquier límite razonable. En Europa hay casi 70 idiomas con un seguimiento similar al catalán. Es evidente que la UE no puede tenerlos a todos en cuenta y que hay que ceñirse a los idiomas más habituales, no solamente en Europa, sino en el mundo: francés, inglés, alemán y… español. Un idioma utilizado por 450 millones de personas, incluso en lugares claves como son los EEUU (hoy un candidato a la presidencia de los EEUU no puede ignorar el castellano si quiere salir elegido) o Brasil (que ha aceptado como “segunda lengua” el castellano de cara a facilitar y reforzar sus enlaces en Iberoamérica), no puede compararse a un muy digno, pero pequeño idioma, hablado solamente por 3.000.000 de personas y cuyo seguimiento es todavía menor en el Antiguo Reino de Valencia.

A este respecto hace falta decir en voz bien alta que el catalán y el valenciano son dos formas diferentes que tienen el mismo origen (el “llemosí”) que hablado en las cuatro provincias del Principat se ha llamado “catalán” y en las tres provincias del Reino de Valencia se ha llamado “valenciano”, con importantes diferencias en su estructura gramatical y en su léxico.

Resulta absolutamente increíble que por la abulia del gobierno español y por el impulso nacionalista, se niegue al castellano algo que resulta evidente en todo el mundo: su pujanza, a despecho de cualquier subvención e incluso en circunstancias muy desfavorables en su competencia con el inglés en EEUU. Resulta surrealista que sea precisamente en la tierra-madre del castellano, España, donde se intente limitar más su uso.

Pues bien, el castellano, hoy, es una lengua internacional que permite viajar prácticamente a todo el mundo. Por eso es completamente ridícula la desproporcionada reivindicación de sentar al catalán en la UE. En el parágrafo 3 se dice: “La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la presencia y la utilización del catalán en los organismos internacionales y en los tratados internacionales de contenido cultural o lingüístico”. El esfuerzo realizado en pro de la Constitución de la UE no puede ser ralentizado u obstaculizado por los micronacionalismos deseosos de imponer sus pequeños rasgos diferenciales, recargando la burocracia de la Unión.

El hecho de que el Estatuto, y mucho menos el nacionalismo, no reconozca la gradación jerárquica entre las instituciones, lleva directamente a este maximalismo lingüístico: si se ignora que el Estado Español está sobre la Generalitat de Catalunya, se ignora así mismo que la Unión Europea está por encima del Estado Español y, por consiguiente, la Generalitat de Catalunya, en cualquier acuerdo internacional o en sus relaciones con la UE, debe pasar A TRAVÉS DEL ESTADO ESPAÑOL en lugar de ese maximalismo lingüístico reflejado en el Estatuto.

Ese maximalismo está presente en el parágrafo siguiente cuando se alude a una supuesta “proyección exterior del catalán”. En su concatenación de ensimismamientos nacionalistas, alguien ha creído que el catalán tiene posibilidades de “exportación”. Recientemente hemos visto como, en un viaje organizado por la Presidencia de la Generalitat, se ha firmado un acuerdo de cooperación lingüístico-cultural con Egipto ¿con Egipto? Si, con Egipto, país en el que se abrirán cursos de catalán… Se dice, en el parágrafo 4: “La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las demás comunidades y los demás territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanismos de colaboración para la promoción y la difusión exterior del catalán”. La pretensión quimérica, ya lo sabemos, es competir con el castellano.

Nada que decir sobre la alusión al aranés en el Estatuto. En el parágrafo 5 se dice: “La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística”. Nada que decir, salvo una cosa. Pensemos lo que sucede en las escuelas aranesas: se reconoce al aranés como lengua propia y se enseña. Luego se enseña también el catalán, lengua de la Generalitat, y por supuesto el castellano, lengua del Estado. Además, en las escuelas aranesas, como en las del resto del Estado, se enseña una lengua extranjera, el francés o el inglés… ¿queda alguna hora para enseñar matemáticas o filosofía? Pocas, desde luego. La tolerancia y benevolencia del Estatut para con el aranés no puede hacer olvidar el desastre educativo que una medida de este tipo, en principio bienintencionada, puede acarrear entre los destinatarios.

Las lenguas sobreviven por el impulso de los pueblos que las encarnan. No por subvenciones, decretos ley, ni leyes de represión lingüística. El aranés y el catalán sobrevivirán o morirán por que la gente se sienta beneficiada o no con su uso, no por otra cosa.

Lo dicho hasta aquí bastaría para que el Estatuto hubiera dejado claro las preferencias hacia el catalán. Pero no. Esto era sólo el entremés. Esto no ha hecho nada más que comenzar. El resto del Estatuto está plagado de alusiones tendentes a recalcar el poder omnívoro del catalán.

Así, por ejemplo, en el Artículo 12, que trata sobre “Los territorios con vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña” insiste: “La Generalitat debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y los territorios, pertenecientes o no al Estado español, que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado, según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración en todos los ámbitos, que pueden incluir la creación de organismos comunes”. Este artículo es antológico. Se alude a unos “territorios” que en absoluto se enumeran, quizás para evitar que los destinatarios nieguen los pretendidos “vínculos históricos”. Desde la batalla de Muret, a principios del siglo XIII, la Corona de Aragón renunció a sus pretensiones de expansión hacia el norte de los Pirineos. El Tratado de los Pirineos selló la vinculación a Francia del Rosellón y la Cerdaña. Había catalanes en los momentos más trágicos de la caída de Constantinopla (como también había castellanos) y se sabe de la expedición de los catalanes a Grecia y la fundación de los ducados de Atenas y Neopatria. También hubo catalanes en Cuba y un barrio catalán en La Habana. Y en el Algher… Se habla algo de catalán en la Franja de Poniente, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y en cuanto al Antiguo Reino de Aragón, se constituyó siempre como independiente, como el Reino de Mallorca.

La historia es suficientemente rica en matices, movimientos e intensidades, como para que aludir a “derechos históricos” o “vínculos culturales e históricos” sea algo vago y que precisa una concreta definición. ¿De qué está usted hablando? El Estatuto no lo dice, pero lo dice Prat de la Riba en su “Nacionalitat Catalana”, en el capítulo titulado literalmente “El Imperialismo Catalán”. El territorio del Principal es pequeño y carece de talla suficiente como para que la “nación catalana” pueda alcanzar una independencia que sería sofocada por Francia y España. Por tanto, ese territorio precisa ampliar sus horizontes. Es la “Catalunya Gran” que va desde Fraga a Mahón y desde Salses a Guardamar… y que incluye a la Franja de Poniente, a las Islas Baleares y a la comunidad valenciana. El “primer círculo” nacionalista está formado por el Principal; el “segundo círculo” por estos territorios; y aun existe un “tercer círculo” formado por la Comunidad Autónoma de Aragón, y la antigua Occitania francesa. Lo que Maragall ha llamado en infinidad de ocasiones, la “eurorregión”. En otras palabras: debilitar a Francia y debilitar a España para constituir, con un fragmento de cada una de estas naciones históricas, un Estado Catalán con entidad geográfica, demográfica e industrial suficiente como para que la independencia sea viable.

De ahí el interés del Estatuto en lograr una “protección exterior”, interés que alcanza el Artículo 13 que trata sobre “Las comunidades catalanas en el exterior” y dice así: “La Generalitat, en los términos establecidos por la ley, debe fomentar los vínculos sociales, económicos y culturales con las comunidades catalanas en el exterior y debe prestarles la asistencia necesaria. A tal fin, la Generalitat, según proceda, puede formalizar acuerdos de cooperación con las instituciones públicas y privadas de los territorios y los países donde se encuentran las comunidades catalanas en el exterior y puede solicitar al Estado la suscripción de tratados internacionales sobre esta materia”. Hablar de “comunidades catalanas” en el exterior es, nuevamente, eludir la evidencia jerárquica: porque si son catalanas, son también españolas y, por tanto, ¿qué tiene que decir la Generalitat de Catalunya en acuerdos internacionales? Este Estatuto desnaturaliza las funciones del Estado: reduce su papel en el terreno internacional.

El Capítulo III tiene un título, ya de por sí abusivo: “Derechos y deberes lingüísticos”. Es aquí  donde empieza a entreverse el afán intervencionista del Estatuto en la vida de la población. El pueblo catalán no es libre de elegir hablar en la lengua que desee. El pueblo catalán, a partir de ahora, tiene “derechos y deberes lingüísticos”, los emanados de la doctrina nacionalista que, como todo nacionalismo, se autoconsidera legítima representante de los intereses de todos los habitantes de Catalunya, nacionalistas o no.

Ante un título tan inquietante, es lógico que un Estatuto, redactado como prodigio de ambigüedades y equilibrios entre el nacionalismo y el oportunismo sin principios de ZP, haga votos por la “igualdad lingüística”. En el artículo 32, se alcanza el colmo del cinismo. Se dice textualmente: “Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas. Los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia”. Es una completa falacia. Las leyes aprobadas por la Generalitat en estos últimos años dicen todo lo contrario y sientan a las claras cuál es el espíritu del Estatuto en este sentido: se financia la rotulación de comercios en catalán hasta el 100% del coste… ¿se financia la misma rotulación en castellano? Se permite que en los anuncios de empleos se aluda a “condición imprescindible uso normal del catalán”, bien, pero, ¿cómo reaccionaria la Generalitat si un anuncio dijera “condición imprescindible uso normal del castellano” y discriminara a ciudadanos que cometieran faltas en su ortografía castellana? Hemos visto cómo se ha multado a comercios y empresas por no tener un empleado que pudiera atender en catalán o una lista de precios en catalán… ¿hemos visto alguna sanción por lo contrario? En absoluto.

Es importante insistir en este punto: no existe una discriminación lingüística en la calle, ni un absolutismo lingüístico entre la población (salvo en unas minorías ínfimas radicalizadas), la discriminación SOLAMENTE está en la plaza de Sant Jaume, en el Palau de la Generalitat y en el Ajuntament de Barcelona. El pueblo catalán aspira a que los puestos de jueces y funcionarios públicos sean ocupados por individuos COMPETENTES al margen de cuál sea el idioma en el que se expresan. Solamente la clase política nacionalista, independentista y los socialista-abúlicos aspiran a que sean solamente SUS AMIGOS y paniaguados quienes ocupen los cargos en la función pública. De ahí el recurso a la cláusula lingüística como mecanismo de selección y discriminación.

Miente el Estatuto cuando en su artículo 33 alude a los “Derechos lingüísticos ante las Administraciones públicas y las instituciones estatales”. Se dice en el parágrafo 1: “Los ciudadanos tienen el derecho de opción lingüística. En las relaciones con las instituciones, las organizaciones y las Administraciones públicas en Cataluña, todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan. Este derecho obliga a las instituciones, organizaciones y Administraciones públicas, incluida la Administración electoral en Cataluña, y, en general, a las entidades privadas que dependen de las mismas cuando ejercen funciones públicas”. Ese “derecho de opción lingüística” puede estar bien de cara a que los diputados socialistas andaluces o extremeños salven la cara al haber votado favorablemente al Estatuto en el Congreso de los Diputados, pero no hace honor a la realidad.

Cualquiera que leyera este artículo del Estatuto pensaría que la Generalitat ofrece cuestionarios e impresos en dos idiomas para que el ciudadano eligiera aquella lengua que prefiriese. Pero nunca ha sido así, ni en el Ayuntamiento, ni en la Generalitat. La Generalitat (y todos los organismos dependientes) ofrecen sus impresos SOLAMENTE en catalán, discriminando lingüísticamente a los castellanos parlantes o a quienes desean utilizar el castellano como lengua de expresión administrativa. Hace falta pedir el impreso en castellano… que frecuentemente no existe, o que en otros casos implica decir en voz alta “no soy nacionalista”, luego…

La co-oficialidad lingüística nunca ha existido como tal para la Generalitat. Es más, ERC no ha dudado en dar su versión: la co-oficialidad quiere decir que cualquier ciudadano catalán de viaje o residente en cualquier punto del resto del Estado puede solicitar realizar sus gestiones en catalán… Dado que nadie ha explicado a los nacionalistas e independentistas que este absurdo raya en el surrealismo más grotesco, en el ambiente nacionalista es ésta  la idea que se tiene de co-oficialidad. De hecho, esta idea sigue presente en el parágrafo 5 del mismo artículo, cuando se dice: “Los ciudadanos de Cataluña tienen el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos constitucionales y con los órganos jurisdiccionales de ámbito estatal, de acuerdo con el procedimiento establecido por la legislación correspondiente. Estas instituciones deben atender y deben tramitar los escritos presentados en catalán que tendrán, en todo caso, plena eficacia jurídica”.

Nuevamente, al olvidarse el principio jerárquico entre instituciones, se cae en los errores. Porque si se acepta que el ciudadano catalán es también español… es evidente que tiene el “deber” de saber el castellano, lengua oficial de TODO EL ESTADO, INCLUIDA CATALUNYA y, por tanto, es evidente que en sus relaciones con la “administración del Estado” deberá utilizar la “lengua del Estado”. Pero el Estatuto, sobrecargado de nacionalismo hasta los poros, no puede aceptar un razonamiento tan simple que rebajaría sus aspiraciones lingüísticas.

El parágrafo 3 del mismo artículo niega todo lo que parece obvio: “Para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo”, lo que traducido quiere decir que los funcionarios de cualquier departamento del Estado TIENEN LA OBLIGACION de hablar catalán aunque SEAN ESPAÑOLES Y EJERZAN DENTRO DEL TERRITORIO ESPAÑOL. Eso, o de lo contrario “no serán aptos”… Esto, ¿es o no es “discriminación lingüística”?

Y esto vale, no solamente para los funcionarios de la Generalitat, sino para los funcionarios del Estado destacados en Catalunya. Lo dice explícitamente el parágrafo 4: “Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado situada en Cataluña debe acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que lo hace apto para ejercer las funciones propias de su puesto de trabajo”. No se trata solo de que la administración autonómica sea catalanizada, sino que también lo sea la administración del Estado.

No nos engañemos: de lo que se está hablando es del DESENGANCHE de Catalunya del resto del Estado. No de otra cosa. Esa aspiración no se afirma taxativamente por exigencias tácticas. ERC no lo ha negado, sino que ha afirmado muy a las claras que se trata de tender hacia ese objetivo final. Y CiU sabe que no puede decirlo, si quiere conservar su actual cuota electoral y seguir extrayendo un rendimiento de sus relaciones con “Madrid”. Pero el objetivo del “nacionalismo” es llegar a la independencia, mediante un “proceso de construcción nacional”, que remeda a la “teoría del salchichón”: ya que es imposible comerse un salchichón de una sola pieza, habrá que trocearlo en rodajas progresivamente.

Los Artículos 34 (“Derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios”), 35 (“Derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza”), indican a las claras esa tendencia a la absolutización del catalán en todos los ámbitos del Estado. Es particularmente importante lo que se dice para el ámbito de la enseñanza. El parágrafo 1 decreta que “Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria”. ¡Menudo “derecho”! Un derecho que implicara el uso de una LIBERTAD implicaría necesariamente PODER ELEGIR LENGUA… Pero el cinismo nacionalista llega a límites ridículos: el catalán es la “millor llengua del mon”, por tanto, debería suponer un valor añadido el “tener derecho” a ser enseñados en dicha lengua… ¿es posible creer que un Estatuto tan altamente ideologizado haya podido salir de los gabinetes de agitación de ERC?

El parágrafo 2 insiste en el esperpento y con la mayor dosis de cinismo impone: “Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria. Tienen también el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios”. Este parágrafo es deliberadamente engañoso: una cosa es la ENSEÑANZA EN y otra muy distintas la ENSEÑANZA DEL. El aborto estatutario considera al castellano como una asignatura más, a la que no puede rebajar al nivel de las “tres marías”, pero que queda desterrado del ámbito de la educación como lengua vehicular para reducirse a ser una mera asignatura más.

Así mismo cínico es el parágrafo 3 en el que se dice: “Los alumnos tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupos de clase distintos por razón de su lengua habitual”. Pero es que no es un DERECHO, sino justamente lo contrario. El derecho real sería que cada alumno pudiera elegir libremente la LENGUA EN LA QUE DESEA RECIBIR LA ENSEÑANZA. Negar implícitamente el derecho a ser enseñado en la lengua que se desea y presentar esa prohibición como un derecho a la no discriminación, es algo que rebasa cualquier límite de la estupidez.

Pero el surrealismo más acrisolado y extremo se alcanza en el Artículo 36, donde se vuelve de nuevo a la carga con el aranés. Hay que decir que, hoy, el aranés es apenas hablado por unas 5000 personas en el mejor de los casos. El Vall d’Aran es una comarca dedicada casi completamente al turismo, cuyos habitantes, en la mayoría de los casos, saben que si quieren aspirar a un lugar en esa industria deben aprender, fundamentalmente, francés, inglés, además de español. Se reconocen a los araneses, en teoría, los mismos derechos que a los castellanoparlantes residentes en Catalunya, con lo cual la Generalitat se presenta como un portento de “equidad lingüística”. Pero no es así: solamente hay 5000 araneses, la inmensa mayoría de los cuales hablan perfectamente castellano y catalán, a diferencia de 3.500.000 de castellanoparlantes residentes en Catalunya. El absurdo estriba en reconocer a una “región” de Catalunya los mismos derechos lingüísticos que se reconocen a la lengua del Estado, hablada, insistimos por 450.000.000 de personas. Esta asimetría hace incluso que, a despecho de la simpatía que podemos tener hacia el aranés y hacia nuestros muchos amigos araneses, se añada otro esperpento más a un Estatuto ya de por sí esperpéntico.

El artículo 50 tiene una nueva connotación totalitaria; su título es “Fomento y difusión del catalán”. Al parecer todas las protecciones habidas hasta la fecha no han sacado al catalán de una presunta UVI lingüística, por tanto, todavía no procede, en la óptica de la Generalitat, dar vía abierta a una libre concurrencia lingüística… Por ello se afirma en el parágrafo 1 que “Los poderes públicos deben proteger el catalán en todos los ámbitos y sectores y deben fomentar su uso, difusión y conocimiento”. Lo que queda reforzado en el parágrafo 2: “El Gobierno, las universidades y las instituciones de enseñanza superior, en el ámbito de las competencias respectivas, deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos de las actividades docentes, no docentes y de investigación”. Y, por supuesto en el 3: “Las políticas de fomento del catalán deben extenderse al conjunto del Estado, a la Unión Europea y al resto del mundo”. La lengua catalana, presentada así, parece más cuestión de ecolo-conservacionistas que de lingüistas, como si se tratara de una especie en vías de extinción a la que hay que preservar en un ambiente cálido y resguardado de cualquier “agresión”, entendiendo por tal la más mínima expresión en cualquier otra lengua, en especial el castellano (resulta curioso constatar que los nacionalistas e independentistas de estricta observancia, incluidos algunos socialistas-pusilánimes, no tienen inconveniente en ofrecer las traducciones al inglés de sus panfletos, y solo en tercer lugar –y no siempre- tras el inglés, aceptan traducirlos al castellano; pero jamás de los jamases, desde su óptica, es políticamente correcto incluir la versión castellana junto a la catalana, exclusivamente).

La vieja cuestión del etiquetaje en catalán, a la que la clase empresarial le tiene tanto pánico, está presente en el parágrafo 4: “Los poderes públicos deben promover que los datos que figuren en el etiquetado, en el embalaje y en las instrucciones de uso de los productos distribuidos en Cataluña consten también en catalán”... No es, desde luego, una de las medidas que más vayan a favorecer al comercio en Catalunya y, desde luego, esta medida no será entendida por grandes ni por pequeñas empresas. ¿Qué ocurre si una partida destinada a Catalunya, rigurosamente etiquetada en catalán, no se vende? ¿Habrá que distribuirla en algún otro punto del Estado? ¿Habrá que etiquetarlo sucesivamente en vascuence, gallego, castellano, bable… o aranés…? Un DVD fabricado en Taiwan deberá tener un manual redactado en las 70 lenguas minoritarias de la UE… ¿o es que el catalán es algo especial? ¿Es serio, en definitiva, todo este puntillismo lingüístico que, en el fondo, lo único que hace es fastidiar incluso a los catalanoparlantes?

Menos mal que el Estatuto también piensa en los sordos catalanes. Otra cosa hubiera sido políticamente incorrecto. El parágrafo 6 lo explicita: “Los poderes públicos deben garantizar el uso de la lengua de signos catalana y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas con sordera que opten por esta lengua, que debe ser objeto de enseñanza, protección y respeto”. Hay que suponer que los sordos araneses verán también respetados sus derechos lingüísticos…

Bromas aparte –y nuestros amigos araneses bromean también con estas insensateces- el parágrafo 7 del mismo artículo tiene el conocido aroma de la amenaza: “El Estado, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, debe apoyar la aplicación de los principios establecidos por el presente artículo. Deben establecerse los instrumentos de coordinación y, si procede, de actuación conjunta para que sean más efectivos”. Aquí se está hablando veladamente de “censores lingüísticos” y de “policía lingüística”.

Resulta difícil explicar a un nacionalista lo que supone en los medios de comunicación la existencia de censores lingüísticos que corrigen a los redactores e imponen sus giros y voces, en detrimento de las usadas popularmente. Muchos de estos redactores son catalanoparlantes de toda su vida e incluso votantes nacionalistas, y son los primeros damnificados por la política lingüística de la Generalitat: no solamente hay que hablar en catalán sino que hay que hablar el catalán que la Generalitat promueve.

Este mismo aroma represivo está presente en el Artículo 143, parágrafo 1 donde se dice: “Corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, los usos y los efectos jurídicos de su oficialidad, así como la normalización lingüística del catalán”. “Normalización lingüística”… ¿qué puede hacerse con una lengua que no ha sido normalizada tras 25 años de legislación proteccionista? ¿Hay que pensar que alguna vez se “normalizará”? ¿Cuál será el indicativo?

El uso del catalán está en los mismos niveles que en 1992. No avanza. En algunos ámbitos incluso retrocede. Desde el punto de vista no nacionalista, esto es indiferente. Una lengua que se pierde es una tragedia cultural, pero una lengua que sobrevive subvencionada por tiempo indefinido es un futuro cadáver que se desplomará en cuanto falte la subvención. Es probable que el nivel “normal” de utilización del catalán en estos momentos esté en torno a un 40%. Ignoramos cual sería el nivel “real” si el catalán dejara de estar subvencionado y protegido por ley. No sabemos si subiría o bajaría. Lo que sí sabemos es que la población catalana sería mucho más libre si pudiera optar por hablar y realizar sus gestiones en la lengua que deseara libremente. Hoy, esto no es posible. El nacionalismo ha decretado que había que proteger y promover el catalán en detrimento de cualquier otra lengua y a despecho de las relaciones jerárquicas normales entre organismos del Estado y el Estado mismo.

Y este Estatuto, si hace algo, es limitar las libertades de los ciudadanos de Catalunya en todos los terrenos, especialmente en el lingüístico. Con la excusa del “autogobierno de Catalunya”, este estatuto intervencionista se permite regular incluso nuestra vida privada. Por eso animamos a votar NO.

Próxima entrega:

V. El Estatut era innecesario. Los intereses nacionalistas lo han hecho necesario


© Ernesto Milá Rodríguez – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – 05.06.06