NO AL ESTATUT

No al Estatut (III de X). ¿Estatuto o constitución frustrada por las circunstancias?

Infokrisis.- El Título Preliminar del Estatuto trata sobre los "deberes", los "derechos históricos", la "lengua", la "condicion política" y los "símbolos", temas desarrollados de manera ambigua en ocasiones ("derechos históricos") y en otras de forma extremadamente detallista ("símbolos"). En estos artículos se percibe la asimetría del Estatuto (lo que interesa al nacionalismo se resalta y lo que no, se elude), así como las peligrosas ambigüedades conceptuales que encierra.

  

Una fotocopia reducida de la Constitución

A los artífices del Estatuto les ha parecido conveniente elaborar un texto en el que se reitere lo que ya ha quedado expuesto en la Constitución. Así demuestran su vocación, frustrada por las circunstancias, de haber aspirado a redactar la Constitución que corresponde a una “nación”, tal como la definida en el preámbulo. A toda Nación corresponde un Estado, y a todo Estado una Constitución. El Estatuto, por tanto, no es tal, sino una Constitución frustrada. Los defensores del Estatuto dirán que esta intención es falsa. No hace falta discutir este punto: basta con leer el articulado –algo que no suele hacerse ante ningún referéndum – para darse cuenta de su intención constitucional.

Que esta intención no haya podido concretarse se debe, no a la intención de sus promotores (para ERC se trataba de confeccionar un Estatuto previo a la independencia catalana y para el PSC se trataba de elaborar un texto que, en el fondo, sería una miniconstitución en un marco de “federalismo asimétrico”, ya descrito por Maragall, y que Zapatero enseñó a sus alumnos en su breve tránsito como profesor de derecho constitucional), sino a que los sondeos, absolutamente desfavorables para ZP en el mes de enero, le convencieron de la necesidad de romper amarras con ERC y forzar la ruptura del tripartito y, con ello, la necesidad de limar el Estatuto de sus aspectos más descaradamente anticonstitucionales.

Derechos irrealizables y reiterados

Los “derechos” de los ciudadanos de Catalunya ya están implícitos en la Constitución española. No hace falta reiterarlos, porque la Generalitat no es el “Estado” encargado de velar por ellos, sino un mero mecanismo de descentralización administrativa. Por lo tanto, resulta absolutamente fuera de lugar lo reflejado en el Artículo 4, parágrafo 1, donde se dice: “Los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, la Constitución, la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los demás tratados y convenios internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales”. Si ésta es la función de la Generalitat de Catalunya, entonces ¿cuál es la función del Estado?.

En realidad, lo que los independentistas y nacionalistas han pretendido realizar, con la aquiescencia y sumisión bovina del PSC es, no solamente un vaciado de competencias del Estado, sino también y sobre todo, una suplantación de las funciones del Estado en el territorio de Catalunya. 

En los dos parágrafos siguientes esta tendencia queda todavía más resaltada, incorporando la retórica habitual de todas las constituciones. Decimos retórica en sentido absolutamente despreciativo, en la medida en que siempre, inevitablemente, quedan como letra muerta bonitas declaraciones de principios a título de inventario que nadie tiene la más mínima intención de cristalizar en medidas concretas. Cuando se dice que todos los españoles tienen derecho a la vivienda, no quiere decir que el Estado tenga la más mínima intención de hacer real tal derecho; ni siquiera que tiene intención de atajar la especulación inmobiliaria que, en realidad, es el factor que impide la materialización de ese derecho, especialmente entre los jóvenes y las clases desfavorecidas. Estos excesos retóricos, absolutamente tópicos y, si se nos apura, altamente desagradables, están presentes en la Constitución Española y también en el nuevo Estatuto. Se dice, por ejemplo: “Los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas; deben facilitar la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social, y deben reconocer el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su identidad”, y más adelante: “Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible”.  Tales colecciones de tópicos, a fuerza de ser repetidos invariablemente, no deben impedir recordar que ni una sola Constitución. de país alguno, ha hecho nada por llevar a la práctica esos derechos. Ya va siendo hora de ir recordando que una Ley Fundamental debe ser clara y aplicativa, no un conjunto de tópicos irrealizables. Dejando aparte, naturalmente, que la reiteración de promesas de derechos en la Constitución y en el Estatuto no garantiza la aplicación práctica de los mismos.

Derechos históricos a medida de manipuladores históricos

El Artículo 5 del Estatuto está consagrado a los llamados “derechos históricos”. Y aquí hay mucho que decir. Empieza el artículo afirmando que “El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana”. El redactado es mucho más ambiguo de lo que parece. Si se trata de “derechos históricos” hubiera sido deseable que se hubiera definido el concepto y, acto seguido, se hubieran enumerado tales derechos y su alcance actual. Es demasiado sencillo reivindicar cualquier derecho imaginable partiendo de la base de que Catalunya fue, en algún momento, independiente y, por tanto, le corresponde cualquier derecho ejercido por un Estado independiente. Y no es así. Catalunya nunca fue una “nación” independiente.

La referencia a las “instituciones seculares” es también muy discutible. El hecho de que existiera, desde el siglo XIV, una institución llamada “Generalitat de Catalunya” no implica que tuviera nada que ver con la actual Generalitat. La Generalitat histórica era una estructura orgánica, corporativa y estamental que no tenía nada que ver con el aparato jurídico-administrativo de un Estado-Nación o nada similar. El concepto actual de “Generalitat” es radicalmente diferente: se trata de una estructura de autogobierno basada en la democracia formal o de partidos: en la democracia inorgánica.

El “truco” utilizado por el nacionalismo catalán ha consistido en intentar trazar un vínculo entre el presente y el pasado. Las instituciones catalanas actuales no serían más que la continuación de las instituciones tradicionales. Y éstas se justifican por “tradición”. En 1977 llamó particularmente la atención que Josep Tarradellas, “president” de la Generalitat “en el exilio”,  elegido en condiciones anormales y -en cualquier caso- en absoluto democráticas, regresara a Catalunya ostentando un título y un cargo vacío y hueco. Porque la Generalitat dejó de existir, en la práctica, cuando las tropas republicanas se replegaron hacia Francia tras la rotura del Frente del Ebro. Y lo que sobrevivió de la Generalitat después de 1939 fue perdiendo, con el paso del tiempo, su soporte democrático y popular. Pero Tarradellas “exigió” ser reconocido como “president legítimo”, para luego poder entregar poderes a Jordi Pujol, presidente de la “Generalitat reconstituida” y ya elegido democráticamente. Así quedaba salvaguardada la “tradició catalana” desde el siglo XIV hasta Pujol.

Pero, contrariamente a la pretensión de la Generalitat, la continuidad histórica se ha roto en tantas ocasiones, y lo que ha seguido ha sido tan absolutamente distinto de lo anterior, que no podemos hablar de “continuidad” o de “legitimidad”. Sino de distintas fórmulas de “autogobierno” sin más relación unas con otras que el mismo nombre de la institución: la Generalitat. Como si las comparsas de moros y cristianos de las ciudades levantinas quisieran reivindicar una “legitimidad histórica” con los “berimerines”, los “cristianos viejos”, los “piratas” o los “almohades”. Seamos serios y defendamos las verdades históricas en lugar de los mitos políticamente correctos.

La Generalitat, como cualquier organismo de descentralización administrativa, se justifica SOLAMENTE por la eficacia de su gestión, no por sus aspiraciones “legitimistas”. Los tiempos en los que las monarquías se preocupaban de anclar su legitimidad histórica en la más remota antigüedad ya han pasado. Hoy, una institución del siglo XXI se legitima, solamente, por la eficacia en su gestión o, de lo contrario, se caería en una especie de  animismo mágico: una institución surgida de la noche de los tiempos es legítima por “tradición”. No, eso valía para el período de las monarquías de derecho divino, pero no para las instituciones modernas.

El problema del nacionalismo es que se autolegitima a través de una interpretación unilateral y teleológica de la Historia. Y eso tiene valor, solamente, si se acepta la versión falsificada de la Historia. Pero si se pone en duda, todo el edificio se hunde. El Estatuto de los nacionalistas e independentistas, el Estatuto de los apáticos del PSC, es una pieza MODERNA que no tiene nada que ver –salvo en nombre de Generalitat- con la tradición catalana.

¿Derechos históricos ? No, por favor. La Historia es algo dinámico: los derechos de ayer son diferentes hoy. Quienes los encarnaron en otro tiempo no son los mismos que quienes los asumirán mañana. No existen derechos históricos fijos e inamovibles salvo para el dogmatismo nacionalista. 

Cuando Catalunya se mira permanentemente el ombligo

Catalunya es una región situada en la Nación española situada en el noreste de la Península Ibérica, o bien es una “nacionalidad” del Estado Español. Catalunya es, para los catalanes, tan importante como Extremadura lo pueda ser para los extremeños o Pomerania para los pomeranios. Catalunya no es un ente excepcional acreedor de privilegios históricos excepcionales, a los que cualquier otra nacionalidad o región podría aspirar retorciendo la Historia en beneficio propio. A fuerza de considerarse como algo excepcional y radicalmente diferente a cualquier otra parte de la galaxia, el nacionalismo catalán ha terminado por hacer caer a Catalunya en un provincianismo exasperante, progresivamente más empobrecido. En el día de hoy, cuando escribimos estas líneas, la prensa publica que la compañía de vuelos “Iberia” estudia seriamente cancelar los 32 vuelos diarios que despegan de aeropuertos catalanes, ante su creciente inviabilidad económica. Sabemos también que la Feria de Muestras de Barcelona ha sido barrida por la Feria de Muestras de Madrid y que el puerto de Barcelona ha sido derrotado en la competencia comercial por el de Valencia. Sabemos, así mismo, que las universidades catalanas se están despoblando de estudiantes extranjeros a causa de las trabas lingüísticas impuestas por la Conselleria de Educación. Y mientras Cataluña sigue perdiendo posiciones dentro de España, el nacionalismo y el independentismo siguen presos de su esquema decimonónico, afirmando que Catalunya es la “parte seria de España”… Pues bien, éste Estatuto es precisamente el instrumento para que Catalunya siga mirándose el ombligo y manteniendo imparable su proceso de provincianización.

El último parágrafo del Artículo 5 es un nuevo canto a esa ambigüedad a la que hemos aludido desde el principio: “…el presente Estatuto incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de éstas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”. Esta exaltación de lo que separa es una constante en el nacionalismo. Se exalta la lengua catalana, no como expresión tradicional del sustrato catalán originario, sino como “rasgo diferencial”. Se exalta lo poco que queda de derecho civil catalán, no por el interés que nadie tenga en él, sino en tanto que nuevo y tenue “rasgo diferencial”. Y en cuanto a la “cultura catalana”: si abandonamos la retórica que acompaña a todo nacionalismo, literalmente, no sabremos como definirla ni como se diferencia de la que está al otro lado del Ebro o de la Franja de Poniente… La cantidad de productos culturales que se consume en las cuatro provincias catalanas es tan similar a la que se consume en el resto de Europa o de Occidente, que desnaturaliza completamente el carácter que un día pudo tener la “cultura catalana”.

En la Catalunya de Maragall ha triunfado “El Código Da Vinci”. La película más vista en el 2005 ha sido la misma que en Madrid. Se han visto las mismas series de televisión y se ha bailado a los mismos ritmos. La gente se ha intoxicado con las mismas drogas y con los mismos estupefacientes pseudoculturales. Los mismos talk-shows, idénticos reality-shows han encontrado en Catalunya su tierra de promisión como en el resto del Estado y, por lo demás, el hecho de que el Barça haya ganado la liga no implica que su juego sea radicalmente diferente a cualquier otro equipo líder de cualquier liga. Porque el Barça es solamente un club y apenas nada más que un club. Si en otro tiempo fue algo más, de eso ya no queda hoy más que el recuerdo. En cuando a los castellers, las sardanas, las grallas y las cantadas de habaneras, son muy tenues muestras de cultura popular que apenas sobreviven a golpes de subvención en la UVI de las culturas en vías de extinción. Si eso es la “cultura catalana” es bien poca cosa, y si tenemos en cuenta que la “Cultura Catalana” con mayúsculas es, en buena medida, tributaria del antiguo Reino de Valencia, veremos que para situar el término “cultura catalana” en un texto jurídico –en el fondo ZP ha querido que sea una Ley Orgánica y como tal la consideramos– hubiera hecho falta entrar en un amplio debate que no se hizo durante la transición y que el nacionalismo y el independentismo han evitado trocándolo por jugosas subvenciones. Si los conceptos están mal definidos no sirven como elementos introducibles en normas jurídicas.

El nacionalismo y el independentismo han dado por sentado que existe una “cultura catalana”, aun cuando no han establecido ni sus fronteras, ni sus límites, ni sus pautas. Si existiera una edición en catalán del Play-Boy ¿se la podría considerar como “cultura catalana”? ¿Es solamente cultura catalana aquella que se realiza en catalán y que subvenciona la Generalitat? Los castellers que, en los últimos tiempos, suelen colocar anxenetas musulmanas o sudamericanas, ¿son manifestaciones culturales catalanas? ¿Subsistirían si se les dejara de subvencionar? ¿Puede considerarse “cultura popular” una cultura subvencionada? Dicho lo cual, la última frase del parágrafo resulta absolutamente terrorífica, cuando el texto “amenaza” con proyectar todas estas especificidades en el “ámbito educativo”. Se parte de una visión unilateral de Catalunya, de una visión hemipléjica de la realidad cultural catalana, para subvencionar primero a los “amigos”, y luego absolutizar mediante el sistema educativo los valores de esa cultura subvencionada.

Un Estatuto que promueve tales ambigüedades y que corre el riesgo de acentuar un triple “desenganche” de Catalunya (“desenganche” con la realidad del siglo XXI, “desenganche” con el resto del Estado y “desenganche” con todo lo que en la propia Catalunya se ve libre de nacionalismo e independentismo) no puede ser defendido más que como el escenario más favorable para la perpetuación de los errores que han ido provincianizando a Catalunya en los últimos treinta años. Por todo ello, VOTAR NO es una alta responsabilidad para todos los catalanes conscientes de la naturaleza perversa y decadente de este triple proceso de “desenganche”.

Próxima entrega:

IV. Ni cooficialidad, ni coexistencia lingüística. Liquidación del castellano

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 25.05.06

No al Estatut (II de X). La cuestión nacional.

Infokrisis.- En esta segunda entrega aludimos al punto capital del Estatut, la inclusión del término "nación". Con esta inclusión concluye un largo proceso de confusiones y despropósitos que ha llevado desde la idea de "nacionalidad" a la de "nación", gracias a las circunstancias políticas del momento presente. Además, es a partir de este texto en donde empieza a entenderse el verdadero problema de este texto: su ambigüedad y falta de concreción.

 

II. Las naciones no se crean ni desaparecen en virtud de una votación

Una misma realidad no puede ser, a la vez, dos cosas completamente diferentes. Catalunya no puede ser a la vez “nación” y “nacionalidad”, de la misma forma que España no puede ser “nación” compuesta por “naciones”. Si Catalunya es Estado y España también lo es, el Estado Español está diferenciado del Estado Catalán.

Además, se añade otro término para que la confusión provocada por el Estatuto sea completa: la Unión Europea. Dice el texto estatutario: “Cataluña, a través del Estado, participa en la construcción del proyecto político de la Unión Europea, cuyos valores y objetivos comparte”. Llama la atención ese interés estatutario en vincularse de alguna manera con la UE. Además, el texto miente. No hay que olvidar que estamos todavía en el preámbulo, más adelante veremos que “Cataluña” no solamente participa en la UE “a través del Estado”, sino que exige tener representantes propios en las negociaciones con la UE. Pero ésta es otra historia que veremos más adelante.

En el último párrafo del “maravilloso” preámbulo elaborado por el inextricable legislador se dice textualmente: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Tal era la magna aspiración de los diputados de ERC y de CiU, con la pusilanimidad y la apatía de los diputados del PSC. Desde nuestro punto de vista, es completamente irrelevante que la referencia a la “nación catalana” vaya incluida en el preámbulo o en el articulado. El término ya se ha deslizado y con él la confusión.

Porque todo este embrollo tiene mucho que ver con las confusiones derivadas del “espíritu de la transición”. En efecto, al considerar a España como “nación compuesta por nacionalidades y regiones”, se deslizaba el término “nacionalidad”, sin la consiguiente definición. Ha faltado que llegara a la Moncloa un ignorante absoluto en materia política (o bien un cínico redomado) para que la confusión entre “nación” y “nacionalidad” fuera explotada hábilmente por nacionalistas e independentistas. Tiene razón el preámbulo del Estatuto cuando dice que: “La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad”. Pues bien, “realidad nacional” es una cosa, “nación” es otra y “nacionalidad” otra distinta.

Quizás no sea éste el lugar más oportuno para aludir a las diferencias, pero vale la pena recordarlas mínimamente para poder establecer dónde reside la gran falacia de este aborto estatutario.

Una “nación” es una unidad histórica provista de una “misión” y un “destino”. La definición es de Ortega y Gasset, pero se acepta unánimemente. España no puede ser ignorada como “nación” en tanto que todos los pueblos peninsulares han sido contemplados como una unidad desde el exterior y se han comportado en la mayor parte de su Historia como un mecanismo político único. Roma llamó a este rincón del Mediterráneo ”Hispaniae” y, solo a efectos administrativos, la dividió en dos (Citerior y Ulterior) y luego en tres (Bética, Lusitana y Tarraconense). Más tarde los visigodos instauraron aquí su reino y, finalmente, liquidaron el reino suevo de Galicia, acto que evidenciaba el concepto unitario. Después se formaron los reinos de la Reconquista, contemplando todos y sin excepción la posibilidad de reconstruir la unidad del reino visigodo. El propio Carlomagno llamó a la marca del sur, “marca Hispánica”. Posteriormente, la convergencia dinástica facilitó la consolidación de una “nación” que, poco a poco, terminó siendo unitaria. España no precisa demostrar que es una “nación”.

A lo largo de la Historia de todas las naciones, la idea de “misión” y “destino” ha estado muy presente o bien se ha diluido. Ha estado presente en la medida en que han existido patriotas y hombres de Estado, capaces de redefinirlo. Hoy esta raza de políticos está ausente.

La “nacionalidad” es otra cosa. Es, sobre todo, una unidad geográfica y cultural con relativa homogeneidad que forma parte de una entidad política mayor. Desde la más remota antigüedad, los “imperios” han estado formados por “nacionalidades”. Catalunya tiene especificidades suficientes como para ser consideradas una “nacionalidad”, pero en absoluto una “nación”. La lengua (dejando aparte las distintas variedades dialectales), la cultura (dejando aparte que la Cataluña actual es un agregado de distintas identidades), cierta unidad étnica y antropológica, mucho más que la historia (muy diversa, por otra parte…, por ejemplo, “Catalunya” no apoyó unánimemente al archiduque austriaco en la Guerra de Sucesión, ni toda Catalunya se opuso a los borbones en el mismo conflicto) y el continuum geográfico definen a Catalunya como “nacionalidad”. Lo mismo podría aplicarse a Galicia y otro tanto al País Vasco. Pero es rigurosamente falso que se trate de “naciones” en el sentido moderno de la palabra.

La Historia es importante para definir la diferencia entre “naciones” y “nacionalidades”. El mundo antiguo conoció “nacionalidades” e “imperios”. Los imperios estaban formados por nacionalidades a partir de un pueblo que se imponía por su potencia militar y su superior cultura y modelo de civilización. El concepto de nación, por el contrario, es relativamente reciente. Aparece con las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, como cristalización última de un proceso que se había iniciado en los últimos siglos de la Edad Media, cuando se destruye el ecumene medieval. A decir verdad, el gran problema del nacionalismo y del independentismo es demostrar que Cataluña en alguna ocasión haya sido “nación”. No lo ha sido más que en los cerebros calenturientos de los nacionalistas e independentistas actuales. Sus precedentes, los fundadores del regionalismo romántico catalán aludían solo a “nacionalidad” (el título de la obra de Prat de la Riba es significativo al respecto: “La nacionalidad catalana”).

Cataluña nunca ha sido nación y no lo será por decisión de unos tristes parlamentarios procedentes de una legislatura que ha defraudado en gran medida al electorado catalán, ni por el resultado de un referéndum. Hay algo que define a las naciones reales y es la continuidad generacional. España sigue existiendo porque sigue habiendo hombres y mujeres que creen en su destino nacional. La continuidad generacional es la persistencia tácita de la idea de nación a lo largo de las generaciones. Una votación o un referéndum pueden tener consecuencias políticas, pero no desde luego históricas. Indica solamente la cristalización de una determinada coyuntura política, nada más. Para que exista una nación es preciso algo más. La clase política catalana, aquejada de un irreprimible complejo de tiranismo, se ha creído capaz de “crear naciones” mediante un mero debate parlamentario, argumentando que representan al “90% de los parlamentarios catalanes”. Si, pero en un momento concreto. Ni antes ha existido una voluntad de considerar a Cataluña como “nación”, ni probablemente mañana tampoco se dará esa misma circunstancia. Ni siquiera, si no hubiera estado presente un político irresponsable, carente de idea del Estado y de cualquier cosa digna de llamarse patriotismo, como Zapatero, esa idea hubiera logrado ser llevada a referéndum.

El Estatuto pretende variar la continuidad generacional necesaria para definir el término nación, por un providencialismo inmediatista del que se han aureolado los diputados que lo han aprobado. Por eso lo rechazamos.

Pero lo más sorprendente es que en el Artículo 1 del Estatuto se dice: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Lo que era nación en el preámbulo, ahora, por arte de las conveniencias parlamentarias y del equilibrio de la confusión, se convierte nuevamente en nacionalidad. La clase política catalana del 3% ha pretendido hacer de Cataluña una “nación” y también una “nacionalidad” y de seguir los consejos de Prat de la Riba en su libro antes citado, seguramente también un “imperio”, pues no en vano uno de los capítulos de esta obrita se titula significativamente “El imperialismo catalán”.

Estas consideraciones son las que permiten a los “legisladores” poner “patas arriba” todo lo que ha sido Catalunya hasta este momento. Se trata, simplemente, de dar marcha atrás a la rueda de la historia y restablecer las instituciones que habían existido antes. Sustituir las provincias por “veguerías”, especialmente, creando un sistema administrativo excepcionalmente denso y tupido en el que la intención inicial con la que se aprobaron los estatutos de autonomía en la transición (la descentralización del Estado y la disminución de la burocracia) dé nacimiento a un fenómeno completamente nuevo presente en este Estatuto desde el Artículo 2.2.: la creación de una burocracia catalana omnipresente y la burocratización de la vida catalana, tal como veremos más adelante. Se dice: “Los municipios, las veguerías, las comarcas y los demás entes locales que las leyes determinen, también integran el sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que ésta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía". “Municipios”, “veguerías”, “comarcas” e incluso “demás entes locales”… generan unos mecanismos tan complejos de decisión que constrastan con la realidad de Cataluña cuya primera característica es el desequilibrio territorial entre un “Área Metropolitana” de Barcelona en la que se agrupan dos terceras partes de la población catalana, y el resto de comarcas catalanas, algunas de las cuales particularmente deprimidas. El Estatuto no reconoce esta realidad, sino que la traviste en una innecesaria multiplicación de niveles administrativos y burocráticos capaces de absorber todo el clientelismo derivado de la clase política nacionalista y socialista.

En el Artículo 3 se vuelve a aludir a la política de equilibrios en la que se mueve el nacionalismo, el independentismo y el socialismo pusilánime catalán. Se trata de establecer distancias que permitan aparecer a Cataluña como “realidad nacional” (término vago que no se sabrá jamás si se refiere a “nación” o “nacionalidad”. Se dice, por ejemplo en el parágrafo 2 de dicho artículo: “Cataluña tiene en el Estado español y en la Unión Europea su espacio político y geográfico de referencia e incorpora los valores, los principios y las obligaciones que derivan del hecho de formar parte de los mismos”. Si se aludiera solamente al “Estado español” quedaría muy clara la vinculación de la Generalitat con “España”, pero si se introduce la innecesaria referencia a la Unión Europea, esta vinculación queda diluida. Y decimos innecesaria porque es evidente que, con mención o sin ella, Cataluña está vinculada a través de España a la UE. Dicho sea de paso: es significativo que se escriba con minúsculas “Estado español” pero con mayúsculas “Unión Europea”. Hasta en los pequeños detalles este estatuto evidencia la mezquindad y estupidez de quienes lo han redactado.

Asimismo, parece increíble que el parágrafo 1 de dicho Artículo 3 haya sido aprobado por los diputados de partidos “estatales” como el socialista en el parlamento español. Se dice en este artículo: “Las relaciones de la Generalitat con el Estado se fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua y se rigen por el principio general según el cual la Generalitat es Estado, por el principio de autonomía, por el de bilateralidad y también por el de multilateralidad”. Depende de quien lea esto y de la voluntad con la que se lea, este artículo puede aludir al mismo Estado o a dos Estados diferentes. ¿Qué se quiere decir con la expresión “la Generalitat es Estado”? ¿No hubiera sido mucho más claro explicar que la Generalitat es un organismo incluido en el Estado Español? ¿O era precisamente esa idea la que se intentaba esquivar? ¿Y qué se quiere decir afirmando que las relaciones entre la Generalitat y el Estado se “fundamentan en el principio de la lealtad institucional mutua”? Lo que se está queriendo decir es que entre la Generalitat y el Estado existe una igualdad intrínseca, en lugar de un principio de jerarquía: el Estado es el “todo” y la Generalitat una “parte”. Las partes son siempre inferiores al todo.

Por otra parte, y ya que estamos en esto, ¿qué “lealtad” puede ofrecer una Generalitat que hace de la colocación de una bandera “estatal” en el Castillo de Montjuich una cuestión de principios? ¿De qué lealtad puede hablar un Carod-Rovira que se ha declarado independentista o un nacionalismo cuya lealtad solamente queda asegurada por la contrapartida económica en la que se tasa? ¿De qué lealtad puede hablar una Generalitat que intenta erradicar completamente las tradiciones “españolas” del ámbito catalán? ¿O que afirma con una seriedad pasmosa la “co-oficialidad” del catalán, entendiendo que es la única lengua oficial en Cataluña y que es en el resto del Estado en donde el catalán debe ser cooficial? El recurso a la patraña de la “lealtad” viene obligada para dar una salida honorable a los diputados socialistas que, después de meses y meses de abominar del Estatuto, a la hora de la verdad, votaron SI en el parlamento español.

Por todo ello VOTAR NO, no es solamente una obligación política, sino una alta tarea moral.

Próxima entrega:

¿Estatuto o constitución frustrada por las circunstancias?

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 25.05.06

No al Estatut (I de X). El peor de todos los preámbulos posibles

Infokrisis.- Abordamos una serie de diez artículos sobre los motivos de nuestro NO al Estatut. Iniciamos la serie con un estudio sobre el polémico preámbulo, exceptuando la definición de Catalunya como "nación" que abordaremos en la segunda entrega. Esperamos que esta serie sea útil para todos aquellos que precisan argumentos para apoyar su opción de voto en el referéndum del 18 de junio.

Introducción

El Estatuto surgido del parlamento de Catalunya, aprobado, como pomposamente se dijo, por el “90% de los parlamentarios catalanes”, era un texto extremadamente malo donde no sólo ni siquiera se tenía en cuenta los manifiestos elementos anticonstitucionales que figuraban en su articulado, sino que todo se había quedado en una mera carrera para demostrar quién era “más nacionalista”, esto es, quién situaba el listón autonómico a más altura. Lo que ocurrió desde el momento en que se empezó a debatir el texto fue una enloquecida carrera centrífuga, sin orden ni concierto ni consideración alguna para nuestra “ley de leyes”, la Constitución Española.

El texto originario que llegó a Madrid no puede desvincularse del hecho de que había sido construido por los partidos nacionalistas (CiU), e independentistas (ERC), a los que el PSC no había sabido poner en su lugar. En las elecciones de 2003 Maragall no obtuvo la mayoría. Si gobernó fue gracias a que la “llave” estaba en manos de Carod-Rovira. En el momento de firmar el Pacto del Tinell el “tripartito” estaba convencido de que el PP seguiría otros cuatro años en el poder, tiempo en el que cualquier reforma estatutaria sería rechazada en el Parlamento Español y les permitiría agudizar el proceso de “victimización” que tantos beneficios ha rendido al nacionalismo catalán. Pero las bombas del 11-M decidieron otra cosa y, a partir de entonces, y de la simetría electoral creada en el Parlamento de Madrid, Carod-Rovira primero y Artur Mas después, supieron extraer ventajas.

Ahora bien, el Estatuto que llegó a Madrid era el producto de un acuerdo entre un gobierno autonómico que durante tres años ha mostrado la más absoluta incompetencia para gobernar, de cuya honestidad es lícito dudar y que apenas ha hecho otra cosa que promover y trabajar por un Estatuto que, luego, con una conversación entre dos personas (Zapatero y Mas) quedó completamente recortado y desnaturalizado de su forma originaria. No es que el resultado de este pacto haya sido completamente diferente, pero sí que ha rebajado evidentemente su carga independentista.

Es preciso no olvidar que el tripartito catalán, en sus tres años de gobierno, no ha hecho otra cosa que hablar y promover la reforma del Estatuto. Nada más. El gobierno tripartito puede ser calificado como el “trienio de la ineficacia y la ineptitud”. Pues bien, en este trienio la única actividad de los “ineficaces y de los ineptos” ha sido promover el nuevo Estatuto. Este Estatuto pasará a la historia como el “Estatuto de los Ineptos”.

Ni siquiera se puede añadir al “tripartito” un título de honestidad. No, el tripartito ha sido el “gobierno del 3%”. ¿Hay que recordar que en plena crisis del Barrio de El Carmelo, el propio Maragall sacó a la superficie el tema del 3% para que, luego, tanto su partido como ICV-EUiA y ERC bloquearan la posibilidad de constituir una Comisión Parlamentaria de investigación? No, el tripartito ha sido un gobierno tan ineficaz como deshonesto. Pues bien, este gobierno es el “padre” del Estatuto.

La ineficacia y la deshonestidad son los peores acompañamientos para un “legislador” y mucho más si lo que se pretende es promover una “ley orgánica”.

Simplemente el hecho de que este texto estatutario hubiera sido promovido por el PSC, ERC e CiU, hubiera bastado para rechazarlo. Pero, en democracia, la sensación de que un partido es corrupto no puede tenerse en cuenta si no ha sido proclamado por un tribunal ordinario o por una comisión parlamentaria. Y, dado que la apreciación de ineptitud es subjetiva –aunque no por ello menos real–, hará falta dar algunos argumentos objetivos para apoyar el NO a este engendro legislativo.

Estas son nuestras razones. Esperamos que sean también las de muchos ciudadanos honestos que decidan votar NO y frenar esta locura colectiva inducida por los políticos nacionalistas e independentistas, junto con la pusilanimidad del PSC.

I. Un preámbulo inextricable

Cuando, en noviembre de 2005, el parlamento español había recibido el texto estatutario y quedaba claro el carácter anticonstitucional de la inclusión del término “nación” en el articulado, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero dijo que existían muchas maneras de orillar este obstáculo. Una de ellas era utilizar sinónimos –se planteó el de “comunidad nacional”– y  otra desplazar el término “nación” del articulado al Preámbulo. Así se hizo finalmente. Y así es presentado a votación en el referéndum del 18 de junio.

Llama la atención la ligereza con que el presidente del gobierno utiliza las palabras. Una nación es una nación en el preámbulo o en el articulado. Las sutilezas jurídicas sirven para los especialistas en derecho, pero no para el grueso de la población. En un texto estatutario se trata, simplemente, de ser lo más claro posible. Esta claridad está completamente ausente en el preámbulo del Estatuto, una parte mal redactada, con una sintaxis defectuosa, absolutamente incomprensible y ante la que cualquiera puede demostrar lo que desea.

En tanto que ciudadanos no podemos votar algo tan ambiguo y mal redactado como el preámbulo que se nos presenta. Es el primer motivo para VOTAR NO.

Se dice, por ejemplo, “Cataluña ha ido construyéndose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida”. Haría falta enumerar cuáles eran esas “tradiciones” y “culturas” o, de lo contrario, todos podemos llamarnos a engaño. Tradiciones y culturas tienen nombres y apellidos, no se ve exactamente por qué eludirlas, salvo que se pretenda ignorar que más de la mitad de los habitantes de Catalunya proceden del resto de regiones del Estado. Además, la ambigüedad de este texto se amplía si tenemos en cuenta que en la actualidad residen en Catalunya algo más de un millón de inmigrantes extranjeros, especialmente marroquíes y ecuatorianos. ¿Se intenta equiparar a los inmigrantes españoles que llegaron a Catalunya y que se han asimilado perfectamente, con los inmigrantes llegados en los últimos siete años sin la más mínima intención de integrarse?.

Luego el texto realiza una particular interpretación de la Historia, o mejor dicho, la habitual falsificación nacionalista de la Historia, cuando dice: “El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno, encarnada en instituciones propias como la Generalitat —que fue creada en 1359 en las Cortes de Cervera— y en un ordenamiento jurídico específico recogido, entre otras recopilaciones de normas, en las «Constitucions i altres drets de Catalunya»”. No, resulta muy peligroso utilizar nociones y conceptos del siglo XIV con el significado del siglo XXI. En la Edad Media jamás se utilizó noción alguna de “autogobierno”. Los Condados catalanes, que no Catalunya, estaban integrados en la Corona de Aragón, que no era en modo alguno una “federación” (tal como sostiene el nacionalismo), sino un ente formado por los Condados catalanes, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Las relaciones “feudales” con las que se articulaban todas estas piezas no tenían nada que ver con “federalismo” alguno. Es inadmisible que en el texto estatutario, aunque sea en el preámbulo, se contribuya a satisfacer las necesidades de falsificación histórica de los partidos nacionalistas e independentistas.

A esto sigue una frase inextricable, ambigua y mal redactada a efectos de incluir el concepto de “libertad colectiva”. Véase el aborto: “La libertad colectiva de Catalunya encuentra en las instituciones de la Generalitat el nexo con una historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la persona y de los pueblos; historia que los hombres y mujeres de Catalunya quieren proseguir con el fin de hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa”. El “legislador” ha querido satisfacer a nacionalistas, independentistas y al propio partido del gobierno. Pero una ley orgánica no puede incluir términos tan ambiguos y mal definidos como “sociedad democrática avanzada”, “libertad y progreso”, o el mismo de “libertad colectiva”. En párrafos siguientes se sigue repitiendo esta inclusión de términos vagos y con carga ideológica diferente según sea quien los utilice: “El pueblo catalán sigue proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y trabajan en Cataluña”.

Es preciso, además, desmantelar la idea tópica arrastrada desde los inicios de la transición, según la cual “es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya”. No, por esta regla de tres, un marroquí recién llegado a Catalunya puede ser considerado “catalán” con tanto derecho como alguien con los cuatro apellidos catalanes, que durante siglos ha contribuido con su esfuerzo y sus impuestos a construir Catalunya. No, si hay que definir a “los catalanes” de una manera objetiva y razonable, bastará decir que “catalán es todo aquel ciudadano español que vive y trabaja en Catalunya”. Ni un magrebí, ni un subsahariano, ni un andino, aspiran a ser considerados catalanes, ni lo son por el mero hecho de residir en territorio catalán. Marruecos, Ecuador, Ghana, no han compartido ningún episodio histórico, ni antiguo ni reciente, como para que haya nexos que permitan aplicar “graciosamente” la “nacionalidad catalana” a sus ciudadanos residentes en Catalunya. En cambio, esos nexos y la pertenencia a una Nación y a un Estado, son comunes cuando se habla de ciudadanos procedentes de otras regiones y nacionalidades españolas.

Hay algo más que llama la atención en este ominoso preámbulo y que, luego, a lo largo del texto, volverá a emerger en varias ocasiones. Se trata de la irreprimible tendencia a meterse en lo que habitualmente se llama “camisa de once varas”. ¿De qué otra manera hay que entender frases como la que sigue? “Cataluña, desde su tradición humanista, afirma su compromiso con todos los pueblos para construir un orden mundial pacífico y justo”. ¿Su “tradición humanista”? La de Llull, por ejemplo, era justo todo lo contrario. La del “rector de Vallfogona lo era tanto como cualquier literato de su tiempo. Y en cuanto a la de Jaime Balmes, sería mucho más oportuno aludir a la “tradición católica española” más que a cualquier otra. ¿La de mossen Collell? ¿ La de Verdaguer? ¿A quién se refieren y de qué se refiere el texto? Siempre nos quedará la duda hasta que el programa de estudios de un futuro gobierno nacionalista nos lo aclare por vía de la falsificación histórica.

Y lo peor del preámbulo es cuando se intenta reconciliar a los opuestos. La ambigüedad llega a extremos exasperantes: “El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”. Si se habla de la Constitución española, inevitablemente hay que equilibrar aludiendo a los “derechos históricos” (que nadie se preocupa de definir, enumerar y describir). Si se alude al “Estado Español”, inmediatamente es preciso tranquilizar a los nacionalistas realizando una precisión que les resulte cara y reconocer sus “diversas identidades”. Antes muerto que claro…

Pero peor es cuando de la ambigüedad se pasa a la mentira pura y simple: “Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas”. No, más adelante cuando veamos cómo trata el texto estatutario las ideas consideradas como “no progresistas”, entre las que se encuentran las propias ideas católicas, o simplemente, el absolutismo idiomático de la Generalitat, veremos que esta declaración es, pura y simplemente, falsa. Lo realmente triste es que el pueblo catalán es particularmente solidario e integrador, pero no así la clase política nacionalista. Y es ella la que ha redactado el Estatuto.

Así pues, cuando se dice en el mismo preámbulo: “La aportación de todos los ciudadanos y ciudadanas ha configurado una sociedad integradora, con el esfuerzo como valor y con capacidad innovadora y emprendedora, valores que siguen impulsando su progreso”, la clase política nacionalista está mintiendo. No sólo porque no tiene ningún interés integrador, sino porque aspira solamente a la asimilación de cualquier diferencia cultural a su propio concepto de Catalunya, sino porque además, lo que en un tiempo fue cierto, hoy ya no lo es. Veamos: aludir en el siglo XXI a la “capacidad innovadora y emprendedora de Catalunya” es aludir al pasado. Hoy, esa capacidad es la misma en cualquier lugar de España. Los tiempos en los que Catalunya era la única parte del Estado industrializada y donde, frente al caos decimonónico que reinaba en Madrid, Barcelona era “faro y guía” del desarrollo español, papel al que aspiraba la burguesía catalana en la dirección de España, ya ha pasado. Hoy Barcelona es una ciudad en declive, cuyo consistorio se mira eternamente el ombligo frente a la pujanza mediterránea de Valencia o frente a Madrid. La “seriedad”, que antes era una cualidad considerada como específicamente catalana, hoy no lo es tanto. Han bastado tres años del chusco gobierno de Pascual Maragall para que el mito del “seny” catalán saltara hecho pedazos. La idea expresada en el preámbulo del Estatuto ha sido sistemáticamente repetida desde que los regionalistas del siglo XIX la formularon por primera vez. Pero la “europeización” de España por un lado, su industrialización y, finalmente, el lastre que para Catalunya ha supuesto la hegemonía política del nacionalismo desde 1979, han alterado el escenario. Cualquier otra región española tiene hoy “capacidad innovadora y emprendedora”.

Y por lo demás, ¿a qué viene aludir otra vez a una “sociedad integradora”? A la vista de los últimos veinticinco años de política lingüística más habría que hablar de política “asimilacionista”. Y si nos referimos a los últimos sesenta años, veremos que la burguesía catalana creó verdaderos guetos para la inmigración llegada de otras regiones. Ciudades dormitorio, inhóspitas, sin infraestructuras, apenas sin comunicaciones, sin mantenimiento, fueron el lugar destinado para las migraciones interiores. ¿A quién ha logrado “integrar” la Generalitat? La trampa está en que se alude a la “sociedad”, intentando equiparar la “Generalitat de Catalunya” con la “sociedad catalana”, la “Catalunya oficial” con la “Catalunya real”. Este desfase se percibía ya en el ventenio “pujolista”, pero ha quedado en evidencia en el trienio “maragallano”. La Generalitat, a través de un control y una tutela absoluta sobre los medios de comunicación catalana, ha conseguido dar la sensación de que no existe una brecha entre instituciones y población. Pero esa brecha existe, ayer, cuando la corrupción se apoderó de la Catalunya pujolista, sin duda el área del Estado en donde las corruptelas estaban más extendidas y más cubiertas por los medios, y existe hoy, cuando un gobierno fantoche ha empleado tres años en elaborar un mal Estatuto eludiendo su responsabilidad de gobernar día a día.

La obsesión lingüística tiene su parte en el preámbulo del Estatuto. Se dice: “La tradición cívica y asociativa de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de la lengua y la cultura catalanas, de los derechos y de los deberes, del saber, de la formación, de la cohesión social, del desarrollo sostenible y de la igualdad de derechos, hoy, en especial, de la igualdad entre mujeres y hombres”. Es evidente que la tendencia a la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, el desarrollo sostenible y demás, no son “rasgos diferenciales” ni con el resto de regiones y nacionalidades españolas, ni con el resto de países europeos. Están presentes en todas partes y con la misma fuerza. ¿Para qué mencionarlo? Simplemente para acompañar al elemento emotivo y sentimental de la “lengua catalana” que, tradicionalmente, el nacionalismo considera como el único y verdadero rasgo diferencial a falta de otras diferencias marcadas de tipo étnico, cultural o antropológico. Más adelante volverá a salir la omnipresente cuestión lingüística.

Queda todavía algo que merece ser tratado al margen del Preámbulo, dada su importancia. La definición de Catalunya como “nación”.

Próxima entrega:

II. Las naciones no se crean ni desaparecen en virtud de una votación

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 25.05.06

 

Catalunya frente al futuro (I) Balance del gobierno Maragall: Tres años de agonía

Infokrisis.- Cuando en noviembre de 2003, en el portal Krisis.info, comentábamos la formación del gobierno tripartito catalán, a la vista de la naturaleza de sus componentes, anticipábamos lo difícil que iba a ser agotar la legislatura. Y dábamos al tripartito un límite de 24 meses. Nos equivocamos solo por cinco meses. Toca ahora hacer balance del gobierno más lamentable que ha tenido Catalunya en toda su historia y también pensar en el futuro.

El problema ha estado en la presidencia de la Generalitat

La revisión de lo que han supuesto estos últimos dos años y medio, indica que después de veinte años de gobierno de CiU, no existía una alternativa mínimamente solvente. Hoy se empieza a sospechar que la alternativa a Pujol… era Mas y no Maragall. Maragall ha sido un paréntesis lamentable en la política catalana tal y como, por lo demás, podía intuirse. Lo dijimos desde el principio de la legislatura catalana: Maragall no está en condiciones de presidir la Generalitat. El rumor sobre su alcoholismo ha recorrido transversalmente las redacciones de los diarios y se ha repetido en cientos de blogs. Nosotros mismos lo hemos oído en las redacciones catalanas de los principales semanarios de información. Sea o no cierto, lo importante es que ya desde el tiempo en que Maragall era alcalde de Barcelona, los rumores sobre su comportamiento y actitudes eran múltiples y variopintos. Se decía –lo decía Pujol- que Maragall era un personaje “genial” que cada día llegaba a su despacho en el Ayuntamiento con media docena de ideas nuevas. Sus colaboradores se preocupaban de que la mayoría de esas ideas no prosperase. De tanto en tanto, tenía alguna idea genial y de varias de ellas, alguna era aplicable e incluso tenía éxito.

Maragall es hijo de la alta burguesía catalana. Militó en el FLP y, tras la desarticulación, sus padres lo enviaron a estudiar a las mejores universidades inglesas y norteamericanas. Regresó y militó en el PSC, pero siempre fue un individualista, poco a dado a someterse a la disciplina de partido. Una especie de “bala loca”, aupado en el prestigio de su apellido, en los dineros de papá y en sus méritos como ex del FLP.

Como cualquier persona, Maragall tenía un límite y una ambición. Su límite era ser alcalde de Barcelona. Si tenemos en cuenta que sobre 6 millones de catalanes, 4 viven en el área metropolitana de BCN, es casi más importante estar en el lado del Ayuntamiento en la Plaza de Sant Jaime, que en el lado del Palau de la Generalitat. Maragall tenía ese desparpajo fuera de protocolo y esa sensación de proximidad y populismo con el que muchos alcaldes suelen “enlazar” con los ciudadanos. No era ni un gran gestor, ni un buen administrador, pero sabía ser popular entre los electores de la ciudad. El problema aparece cuando alguien aspira a un cargo situado más allá de su preparación y de sus límites personales. Hacia 1996, de regreso de Roma, a Maragall se le ocurrió que estaba llamado a ser “president de la Generalitat”. No lo consiguió hasta el 2003. Pero el cargo le cogía demasiado mayor, desgastado, incluso desprestigiado en las filas del propio PSC. Y, por lo demás, las cualidades que le habían hecho triunfar en el Ayuntamiento no eran las que requería el cargo de President. Pero, desde el fracaso de Nadal como candidato del PSC (ex alcalde de Gerona, pero con mucha más solvencia personal y política que Maragall), la única figura que podía hacer sombra, si no a Pujol, sí al menos a su sucesor, Artur Mas, era Maragall.

El PSC le venía pequeño y las reuniones de comités ejecutivos, de comités centrales, la democracia interna, todo eso, le fastidiaba profundamente. Así que Maragall creó su propia estructura política: “Ciudadanos por el cambio”. Las relaciones entre esta plataforma y el PSC jamás fueron todo lo claras que hubiera convenido al PSC, pero, en el fondo, Maragall era lo único que podía presentar ante Mas. A lo largo de la campaña electoral de 2003, Maragall demostró la conveniencia de permanecer callado: cada vez que abría la boca, existía un 50% de posibilidades de que su opción perdiera votos. En realidad, el PSC no podía perforar el techo de CiU por una sencilla razón: se veía incapaz de ganar votos en el cinturón industrial castellano-parlante, no conseguía incorporar los votos de la otrora importante fuerza política que fue el PSUC y, tampoco lograba convencer a los electores de CiU de que cambiaran su opción.

Así que, en las elecciones de 2003, Maragall, con menor número de votos que CiU, gobernó gracias a la improvisación de un gobierno tripartito, junto a ERC (en ese momento en auge) y la fuerza residual rosa-verde de ICV-EUiA. Lo normal hubiera sido un gobierno CiU-PSC, pero las dos “grandes reinonas”, Maragall y Mas, jamás hubieran podido entenderse. El problema era que un gobierno de este tipo no entraba en la estrategia del PSC, pero sí en la de ERC.

Durante años ERC difundía la idea de que el independentismo catalán solamente era viable si se conseguía ganar a los sectores socialistas. Así pues, el partido mayoritario (PSC), fue incluido en la estrategia del minoritario (ERC). Maragall dio TODO a ERC: le permitió que el “conseller en cap” fuera, primero Carod, y luego el gris, desdibujado y mediocre Bargalló; le dio más consejerías y más importantes de lo que su peso político real indicaba; y, finalmente, entró en la dinámica de ERC de avanzar hacia la independencia mediante un “nuevo estatuto” que alcanzara un techo competencial sin precedentes. Porque era ERC y no el PSC el que creía en el “nuevo estatuto”. Maragall y los socialistas catalanes se encontraron, de pronto, encarrilados en una dirección que no era la suya. Sin embargo, Maragall, asumió pronto la idea. Era la posibilidad de pasar a la historia de Catalunya en una sola legislatura y superar incluso la fama de su tío-abuelo, el insigne poeta. Las bombas del 11-M crearon una situación favorable para la coalición ERC-PSC y para los delirios de Maragall y las realidades estratégicas de Carod. Zapatero precisaba los votos de ERC para lograr mayoría parlamentaria. Y, además, Zapatero era secretario general del PSOE gracias a los votos de Maragall y del PSC. Estaba claro que, al menos durante un tiempo, iba a existir “feeling” entre Carod, Zapatero y Maragall. Existía una comunidad de ideas: Maragall y Zapatero eran firmes defensores del “federalismo asimétrico” y de una nueva reestructuración de España. Estaban también de acuerdo en que era preciso una “segunda transición” y estaban dispuestos a asumir los riesgos de pilotar al país por horizontes situados más allá de la Constitución.

A partir de ese momento quedaba abierta la vía para el “nou estatut”. Desde que llegó al poder el tripartito, más que gobernar, se había dedicado a “catalanizar el país” y meterse en camisa de once varas. Eso llevó a crear fricciones en Catalunya. El uso del castellano empezó a ser estigmatizado más allá de lo tolerable, mientras que la legislación anterior, extremadamente proteccionista con el catalán hizo caer el peso de sus posibilidades punitivas. Menudearon las multas a los comerciantes que “vulneraban” la ley de uso del catalán. Los “comisarios lingüísticos” se hicieron odiosos en las emisoras de radio y TV, incluso para los propios catalanoparlantes y, para colmo, lo que más llamaba la atención es que la labor de gobierno del tripartito brillaba por su ausencia. Tal como Maragall reconoció, el 90% de su esfuerzo estaba centrado en la elaboración del “nuevo estatuto”.

El lamentable espectáculo de Carod entrevistándose con los dos grandes carniceros de ETA en Perpignan, la bochornosa actuación de la Generalitat (la de CiU y la del tripartito) en el asunto de El Carmelo, con la secuela ignominiosa del 3% encubierta por todos los partidos, la llave de Carod queriendo indicar quién tenía la sartén por el mango en la gobernabilidad, no sólo de Catalunya sino también del Estado, las soflamas federalistas de Maragall, y el resultado de la discusión estatutaria con el boicot a los productos catalanes, todo esto y nada más, ha sido la caótica realidad de estos tres años de gobierno del tripartito. Maragall es el gran culpable de lo ocurrido. Maragall y los que, dentro del PSC, sabiendo que estaba en condiciones de ocupar el poder, lo auparon hasta allí y se refugiaron tras él para hacerse con jirones del poder.

Estos dos años y medio de Maragall han constituido un seísmo en la política catalana y han hecho saltar por los aires todo el planteamiento del nacionalismo desde Prat de la Riba. Este planteamiento sostenía que Catalunya era la “parte seria de España” y que el destino de los catalanes consistía en “tomar las riendas del Estado Español”, a cambio de unos altos niveles de autonomía. El mayor nivel de industrialización y de riqueza, e incluso la perfecta organización de la Olimpíada del 92, parecían dar la razón a los nacionalistas. No era del todo cierto: durante el período de Jordi Pujol, Catalunya fue la zona del Estado en donde arraigó con más fuerza la corrupción. Sin embargo, esta corrupción ha permanecido soterrada e ignorada, gracias a la complicidad de los medios de comunicación catalanes, defensores siempre de la idea de “Catalunya = seriedad” que excluía de partida la existencia de corrupción entre las autoridades.

Sea como fuere, los veinte años de Pujol constituyeron una balsa de aceite en comparación a los dos años y medio de Maragall. Después de Maragall, Catalunya no volverá a tener esa imagen de “seny”, eficacia y cordura que intentó imprimir Prat de la Riba y los impulsores del nacionalismo catalán.

El “nuevo estatuto” y el acuerdo Más-Zapatero

Primero el debate previo a su entrada en el Parlament, luego la discusión parlamentaria, más tarde la aprobación, finalmente el traslado a Madrid, la discusión en comisión, la aprobación parlamentaria, luego la aprobación en el senado; y entre medio de todos estos peldaños, interminables discusiones, boicots sin precedentes a los productos catalanes, declaraciones contradictorias, maximalistas, y un inmenso cansancio, no solo en la sociedad catalana, sino en toda la sociedad española con la historia del “nuevo estatuto”.

La sociedad catalana y española se cansó pronto del tema por la sencilla razón de que jamás había demandado la reforma del Estatut. Ni siquiera los independentistas iban en esa dirección. Para la mayoría el “camino estatutario” se había agotado y era mejor plantear el derecho de autodeterminación, antes que un “nuevo estatuto”. Para la inmensa mayoría del electorado convergente, socialista y no digamos popular o para la opinión pública, el Estatuto de Nuria estaba bien planteado y no daba problemas así que ¿para qué reformarlo?.

Era la clase política del PSC, especialmente, la que contemplaba mejoras en su situación si lograban un techo estatutario mayor. El razonamiento es simple: un 3% sobre X es menor que un 3% sobre 4X. Se trataba, simplemente, de obtener un mayor control sobre los recursos fiscales recaudados en Catalunya. Así habría más que repartir. No hay otro motivo razonable para aspirar a un “nuevo estatuto”. Este “nuevo estatuto” se ha elaborado DE ESPALDAS a las necesidades, a los intereses y a la atención del pueblo catalán. Y, en el fondo, es lo único que ha hecho el tripartito en estos dos años y medio.

Y, lo mejor, es que podrían haberse ahorrado todo este trabajo. En la larga tramitación del “nuevo estatut”, todos los partidos optaron por intentar rebasar al de al lado en nacionalismo y cada uno colocó el listón más alto que su competidor. El resultado fue un proyecto de Estatuto anticonstitucional que resultó aprobado por el 90% de los parlamentarios catalanes… Era evidente que ese Estatuto, ni podía ser aprobado en el parlamento español, ni hubiera superado un análisis superficial de constitucionalidad.

La mediocridad y falta de claridad de Rodríguez Zapatero contribuyó a enmarañar todavía más este proceso y a levantar falsas expectativas en algunos de los protagonistas de esta tragedia catalana. Carod-Rovira, presentado como el “malo” de la película ha sido, en realidad, la esposa engañada, la última en enterarse de la infidelidad de su marido del alma con un nuevo partener.

Porque, a fin de cuentas, estos dos años y medio angustiosos y aburridos con la discusión estatutaria de fondo podían haberse ahorrado. Hubiera bastado agotar el Estatuto de Nuria y habilitar un par de decretos leyes sobre régimen fiscal, para llegar al mismo punto que se ha llegado con el acuerdo Mas-Zapatero. El hecho de que aparezca en el preámbulo la palabra “nación” es, hasta cierto punto irrelevante. El preámbulo del Estatuto es un mal chiste, ilegible, incomprensible, mal redactado desde el punto de vista sintáctico, deliberadamente ambiguo y opaco; intenta contentar a todos y apenas logra otra cosa que inducir a la duda y a la perplejidad. Lo realmente importante es que el “nuevo Estatuto” salido del Parlamento Español, no es el mismo que el “nuevo Estatuto” salido del Parlamento Catalán. Es el estatuto salido del acuerdo entre dos personas, tras una tarde de negociaciones. El resultado de un cambalacheo realizado a espaldas del pueblo español, del pueblo catalán y de las instituciones autonómicas, sin luz ni taquígrafos, sin la participación de los representantes electos, y además, una reforma encubierta de la Constitución. El “nuevo estatuto” es el estatuto de la infamia, aprobado por el 90% de los diputados catalanes, pero de espaldas al pueblo catalán; un “nuevo estatuto” aprobado por los pelos en el Senado español y un “nuevo estatuto” en el cual los diputados socialistas más hostiles dieron la medida de lo que valían: porque ni Guerra, ni los diputados extremeños y andaluces, ni Bono, ni los diputados socialistas madrileños o castellano-manchegos, que tanto habían chistado en la tramitación del “nuevo estatuto”, se atrevieron a moverse en la foto final. ¿Para qué pues un parlamento? Con apenas con los seis jefes de grupo parlamentario, el resto sobra.

El “nuevo estatuto” que, finalmente, será sometido a referéndum, no es, desde luego, el mismo estatuto maximalista que salió del Parlamento de Catalunya. Se han atenuado sus aspectos más escandalosamente anticonstitucionales y ha pasado a ser apenas una “dentellada” en la recaudación fiscal unido a unas cuantas frases incomprensibles en el preámbulo y a cuatro medidas que consagran el catalán como única lengua oficial en Catalunya y sellan la limpieza étnica de los castellanoparlantes. Nada más. Y todo pactado por Mas y Maragall.

Carod-Rovira, la figura dramática del tripartito catalán

Es difícil valorar a Carod-Rovira cuando todavía están demasiado cerca sus “hazañas”. Siempre hemos sostenido que Carod es el mejor valor de ERC, a mucha distancia del resto. Diremos incluso más: las metidas de pata de Carod se han debido no tanto a su falta de honestidad política, como a su falta de experiencia política real. Esa falta de experiencia es lo que le ha impulsado a decir lo que verdaderamente piensa, en lugar de practicar el doble lenguaje como ha hecho el resto de la clase política catalana. Carod es un personaje shakesperiano, dramático, que cree verdaderamente en lo que defiende y que nunca se ha definido más que como “independentista”. “No soy nacionalista, soy independentista”, ha dicho en reiteradas ocasiones. Y, en tanto que independentista, ha procurado llegar al máximo de posibilidades del Estatuto de Nuria y fraguar un nuevo Estatuto que llegara todavía más lejos, al que seguiría, naturalmente, acabadas las experiencias estatutarias, el proceso de autodeterminación.

Carod Rovira encajaba mal con la política catalana. Incluso en el interior de su propio partido, su figura parece extremadamente solitaria. Llegó a la Secretaría General después del lamentable período de Colom-Rahola y encontró un partido saqueado e insolvente. ERC era un cadáver cuando llegó Carod y, apoyado por circunstancias casuales, no solamente tuvo la habilidad de convertirlo en un partido de gobierno en Catalunya, sino incluso decisivo durante dos años para la gestión del gobierno ZP.

De Puigcercós puede decirse que es antiguo jefe de una banda juvenil, la JERC, con aires de suficiencia y la desmesurada ambición de sustituir a Carod al frente de ERC. De Bargalló puede decirse que es un individuo gris e irrelevante, sin capacidad, talla ni preparación, cuyo único mérito para ser “conseller en cap” fue pertenecer a una “colla de diables” y a otra de “castellers”. Por su parte, el president del Parlament, Benach, logra superar a Bargalló en mediocridad e irrelevancia (aparte de la aportada por su barriga). No hay mucho más de relevancia en ERC. Y, en cuanto a las bases, se trata en buena medida de ex. Ex militantes de Terra Lliure, ex militantes de CiU, ex militantes de Acció Ciudadana, ex militantes del MDT, ex militantes de La Crida, ex militantes del PSC, poco más. Unos han acudido a ERC cuando han sido relegados a posiciones secundarias en CiU o PSC, otros han llevado consigo su radicalismo y su falta de experiencia, los hay que han llegado a ERC por ambición de poder y deseo de apropiarse de alguna poltrona. En el fondo ERC es más pequeña que CiU y el PSC, así que eso garantiza poca competencia por la poltrona. No hay gran cosa de interés en ERC.

Salvo Carod-Rovira…

Y el error de Carod-Rovira fue creer que podía confiar en un político de sonrisa fácil, escasas ideas y traidorzuelo de vocación, como José Luís Rodríguez Zapatero. El problema fue que las encuestas demostraron a ZP –como tuvimos ocasión de comentar en infokrisis- que el independentismo, poco recatado de Carod, era odiado en el resto de España. Y que una alianza con Carod implicaba una caída en picado en las encuestas. Así que ZP decidió sacrificar a Carod. Para ello solamente tuvo que hacer una llamada a Artur Mas. No era la primera. Cuando CiU se plantó en el tramo final de la discusión sobre el “nuevo estatuto” en el Parlamento de Cataluña, ZP debió llamar a Mas para desbloquear la situación. De aquella primera llamada nació un principio de entendimiento. A partir de ese momento, Carod se convirtió en sacrificable. CiU tenía mejor imagen ante el resto del electorado español. Claro está que sacrificar a ERC implicaba también sacrificar a Maragall, pero, en el fondo, ¿a ZP que le importaba? Maragall era un cadáver político y, además, un foco de problemas. Era más viable entenderse con Artur Mas y CiU instalados en el Palau de la Generalitat que seguir las piruetas, los sobresaltos y las excentricidades de Maragall. Así que cuando el Estatut empezó a debatirse en el Congreso de los Diputados, el acuerdo Mas-Zapatero dio un nuevo golpe de tuerca y configuró el futuro político catalán. Y este futuro ya no pasaba por Carod-Rovira. Mas, en el fondo, era un político más pragmático, menos dogmático, si se nos apura, sin ideales ni otro objetivo que no fuera asir las riendas del poder. La flexibilidad de Mas –heredero de los veinte años de experiencia de gobierno de CiU- contrastaba con el dogmatismo de Carod. Carod, no solamente se dice demócrata, es que, además es fiel a la idea que se hace de democracia. Así, cuando llamó a la sofisticada idea de votar “nulo” en el referéndum sobre el Estatut las bases le rectificaron, aunque esa rectificación supusiera en la práctica ofrecer la excusa para que el tripartito saltara por los aires. Y Carod, demócrata de pro, aceptó la decisión de las bases a sabiendas de que, probablemente, eso implique su hara-kiri político.

Los errores políticos de Carod han terminado pasándole factura. El principal fue sobredimensionar sus propias fuerzas. Hubiera debido manejar su capital político con más discreción, hubiera debido evitar meterse en camisa de once varas, como sus contactos con ETA. Hubiera debido ser menos compasivo con la tradición catalana de “aquí no pasa nada” y haber hecho de la investigación del 3% un hecho fundamental para seguir en el gobierno. Calló en ese momento. Cuando se supo que ERC cobraba un “racket” del 20% a sus altos cargos, y cuando alguno de sus militantes fue detenido en redadas policiales contra las redes de pederastas, la imagen del partido –y la del propio Carod, bestia negra de casi todos- se resintió, hasta ser el político peor valorado en todo el Estado. Algo excesivo: en lo personal, es evidente que los ideales de Carod no son los míos, sin embargo no tengo el más mínimo problema en reconocer que me da la sensación que Carod-Rovira es el último político que antepone sus ideas al pragmatismo sin principios que se ha apoderado de la política español.

Y de ahí que, si bien Maragall es el aspecto esperpéntico de estos dos últimos dos años y medio, Carod-Rovira encarna el idealismo independentista traicionado por el socio en el que había confiado (ZP), por el otro partido nacionalista (CiU) y sacrificado, finalmente, por aquel a quien durante dos años intentó cubrir todas sus vergüenzas (Maragall).

El futuro político de Carod dependerá del resultado de las próximas elecciones catalanas. Ha cometido demasiados errores como para salir indemne. Y, desde luego, parece difícil que él o alguno de su partido, entren en una nueva combinación de gobierno. Creo que la política española terminará echándolo en falta.

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 13.05.06

Catalunya frente al futuro (II) El Referéndum y las próximas elecciones

Infokrisis.- El nuevo ciclo electoral, que no se esperaba hasta noviembre de 2007, ha terminado adelantándose. La convocatoria del referéndum sobre el "nuevo estatuto" y la anunciada convocatoria de elecciones autonómicas catalanas para otoño, anticipándose un año, van a suponer dos pruebas de fuego para el gobierno ZP. Vamos a analizar la importancia de estos dos procesos políticos.

El Referéndum y sus posibles resultados

En tanto que ley fundamental de una comunidad autónoma, un “estatuto de autonomía” es válido, solamente, si existe un amplio consenso en torno a su fisonomía. De lo contrario, cualquier variación en las simetrías electorales, forzarán cambios en el articulado. Puede entenderse que los padres de la Constitución intentaran por todos los medios favorecer el consenso, aunque mucho menos el que se alcanzara un punto de acuerdo por la vía de la ambigüedad. En política, la ambigüedad favorece el acuerdo cercano y garantiza el conflicto a medio plazo. Las aguas del consenso constitucional trajeron los lodos de las reformas estatutarias.

Si la Constitución define a España como Nación, desde luego no es de recibo que otra comunidad nacional se abrogue el mismo título de “nación”. Jamás en la historia política de la humanidad ha existido una nación compuesta por dos naciones (tres si sumamos la peripatética “nación andaluza” cuyos antecedentes históricos son aún menos visibles que los catalanes, por no decir completamente inexistentes. Los términos no son neutrales: una Nación es un proyecto histórico, implica un destino y una misión. Las naciones no surgen por una votación constitucional, ni se extinguen por otra. Pero de esto ya hemos hablado en otras ocasiones. La inclusión del término “nación” en el preámbulo del “nuevo estatuto”, es algo peor que un error, es una chapuza. El resto del Estatuto evidencia la desmesurada ambición de la clase política catalana por controlar recursos económicos cada vez mayores. Lo más sorprendente e inmoral es que una clase política bajo sospecha –este estatuto puede ser llamado con propiedad el “Estatuto del 3%”- haya sido capaz de redactar una ley que va a afectar a todos los catalanes y que va a ser imitado por otras autonomías.

El “nuevo estatuto” ni hacía falta, ni se ha tramitado pensando qué ocurriría con su aplicación, sino que el punto de encuentro ha derivado, no de la resolución de las contradicciones y los conflictos, sino de su superación, una vez más, mediante redactados ambiguos en los que cada cual puede entender lo que le interesa. El texto, fundamentalmente intervencionista, intenta regular por ley todas las actividades que se den en Catalunya. En lugar de dar vía libre, este estatuto aspira a “modelar” a la población residente en Catalunya según los designios nacionalistas. En resumen, este “nuevo estatuto” es contrario a la necesidad y a la tendencia histórica de repliegue del Estado a las funciones mínimas esenciales para el bienestar público. Stalin se hubiera sentido extremadamente conforme con este texto.

Tal es la chapuza que los catalanes irán a votar en junio.

Cuando se somete a votación un texto de este tipo, el éxito de la convocatoria depende de tres factores: la campaña asfixiante de los medios de comunicación, la actitud de los partidos y la predisposición del electorado.

Los medios de comunicación catalanes hace años que han perdido de vista lo que es la “independencia”. Comen de la mano de la Generalitat, la cual les desvía generosa publicidad institucional. Si son radios, les obliga no solamente a eso, sino a introducir “cuotas lingüísticas”. Si son TV’s, la obligación de emitir en catalán no está escrita, pero es la única garantía de recibir la subvención correspondiente. No van a ser, desde luego, los medios de comunicación catalanes los que hagan campaña contra el “nuevo estatuto”. Es más, van a ser los primeros en animar al electorado a perder unas horas votándolo. La creación del Consejo Radiovisual de Catalunya ha sido la puntilla. Los censurados han aprobado plenos poderes para el censor. En este terreno, salvo la COPE, el resto de medios tiene una respuesta unánime. Todavía recordamos cómo la redacción catalana de El Mundo, dirigida por Alberto Montagut, reducía la carga antisocialista de su diario en Catalunya durante los días del GAL.

La posición de los partidos políticos es más variada. Los partidos mayoritarios, PSC y CiU, votarán a favor. Los situados a la derecha y a la izquierda, ERC y PP, votarán no. La propuesta de Carod de votar nulo en el referéndum, con objeto de no evidenciar una identidad de posición con el PP y de manifestar un nivel de oposición “distinto” a la derecha, fue enmendada por las bases de ERC, mucho más toscas, que obligaron a rectificar la decisión inicial y votar no.

En cuanto a la reacción del cuerpo electoral hay que considerar dos factores. El primero es la indiferencia con la que la inmensa mayoría del pueblo catalán ha asistido a la discusión sobre el “nuevo estatuto” y la falta de interés con que siempre ha acogido todo lo referente al mismo. El segundo es la tendencia natural de la población a inhibirse en este tipo de consultas. El Estatuto de Nuria ya tuvo un alto nivel de abstención (en torno al 38%), cuando sí existía una “demanda social” por un Estatuto de Autonomía. Esa demanda ha estado hoy completamente ausente.

El resultado de estos tres factores va a ser: una abstención que rondará la mitad del cuerpo electoral y, de los votantes, entre una cuarta y una quinta parte votarán no; posiblemente, el número de votos nulos sea también más elevado en relación a otras consultas similares. Esto llevará a la situación de que el “nuevo estatuto” corre el riesgo de ser aprobado por entre un 32 y un 35% del total cuerpo electoral. Parece muy difícil que un estatuto con este soporte social tan débil pueda ser aplicado con convicción y rigor. Es más, un resultado de este tipo contribuiría a confirmar lo que puede suponerse: que existe una brecha entre los intereses de la clase política y de la ciudadanía.

La peor de las hipótesis para CiU y el PSC (especialmente para éste) es que el referéndum no dé un número suficiente de “síes” (menos del 80% de los votantes) en el marco de una abstención masiva (más del 40%). En esas circunstancias, estos dos partidos van a situarse en posición de desventaja en la carrera electoral. Porque los grandes beneficiarios de unos resultados como estos, serían el PP y ERC.

El otro escenario sería el más ventajoso para las opciones mayoritarias: una asistencia a las urnas relativamente masiva (más del 60% de electores), con un número de “síes” alto (más del 80% de los votantes). Un resultado de este tipo implicaría el fracaso y la incomprensión de los mensajes del PP y de ERC y comprometería sus resultados en las elecciones autonómicas.

Las dudas sobre el futuro

CiU, el partido de la burguesía catalana, ha demostrado ser el más hábil en esta situación. Artur Mas ha evidenciado a las claras que le interesa muy poco el referéndum porque, de momento, ya se ha lanzado a la carrera electoral. CiU no puede ocultar su voluntad de obtener un resultado que le permita gobernar sola. Quiere mayoría absoluta y manos libres para aplicar el Estatut. Pero si no obtiene esa mayoría absoluta, el acuerdo entre ZP y Mas, con toda probabilidad, hace que la única coalición aceptable sea entre CiU y el PSC. Un PSC, por supuesto, liberado del lastre que supone Maragall y su plataforma cívica. CiU tiene muy claro lo que quiere y quién va a ser su cabeza de lista.

No ocurre lo mismo con el PSC. Por no saber, el PSC no sabe siquiera quién va a ser su candidato. No es evidente que Maragall vaya a repetir y, si lo hace, parece claro que nunca en la historia de la democracia, un partido va a presentar a su candidato con tan poca fe. Si el PSC decide presentar de nuevo a Maragall, no es porque tenga la más mínima esperanza en que salga elegido, sino porque no hay otro candidato de sustitución.

Nadal, seguramente el candidato más honesto que puede presentar el PSC, está quemado por el hundimiento de El Carmelo. En cuanto a Montilla, considerado durante ocho años como el sucesor natural de Maragall, está hoy liquidado y rematado por el papel jugado en la OPA de Gas Natural sobre Endesa. No hay más. En el momento de escribir estas líneas, justo cuando se ha dado a conocer la composición del gobierno monocolor del PSC, todavía no se sabe si Maragall repetirá como cabeza de lista de este partido. Nos tememos que sí lo será. Si el PSC duda, Maragall tomará la delantera, intentará un show que lo revalide en el puesto y que haga inapelable la decisión de ser el número 1. Pero eso no implicará que mejoren las posiciones electorales del PSC, sino todo lo contrario. De ser así, el apoyo del “aparato” del PSC será tibio y todos los demás partidos harán campaña contra Maragall –muy fácil por lo demás- al que acusarán del esperpento continuado de estos últimos dos años y medio.

O mucho nos equivocamos, o a fin de año volveremos a tener un gobierno de CiU sentado en la Generalitat, ya sea en solitario o con un PSC capitidisminuido que habrá jubilado a Maragall tras el previsible descalabro electoral. El misterio consistirá en saber si ERC ha logrado mantener sus posiciones, avanzarlas, o bien se ha hundido electoralmente. Y en cuanto al PP, sus resultados supondrán la confirmación o la defenestración de Piqué. En este sentido, el destino de ERC está mucho más vinculado al resultado del referéndum que el del PP. En el fondo, ERC ha variado extremadamente sus posiciones: fue el impulsor del “nuevo estatuto”, fue la fuerza política que más trabajó por su elaboración y aprobación, luego se sintió traicionado por ZP y optó por el voto nulo y luego por el no, pero en el senado y en el congreso nacional, sus diputados apoyaron el Estatut… toda esta serie de rectificaciones va a ser muy difícil que la puedan explicar al electorado catalán. Da la sensación de que solamente en Gerona ERC conseguirá unos resultados iguales o quizás superiores a los del 2003. En las otras tres provincias catalanas, va a ser mucho más difícil que igualen cifras.

Por lo que se refiere al PP de Piqué, se le puede reprochar tibieza en su oposición al “nuevo estatuto”. Piqué siempre ha tenido pánico al aislamiento. No ha advertido que, frecuentemente, el aislamiento político garantiza el crecimiento e imprime carácter a una opción política, mientras que eludirlo supone pan para hoy y hambre para mañana. La postura de Piqué ha sido tibia, pero, al menos, lo defendido por el PP ha sido coherente y constante: el “nuevo estatuto” no era necesario, lo aprobado en Madrid tiene poco que ver con lo que salió de Barcelona y se mantienen algunos elementos de inconstitucionalidad. Además, durante dos años y medio, el gobierno de la Generalitat ha estado paralizado por la elaboración del Estatut y la tarea de gobierno ha pasado a segundo plano. Este mensaje claro, puede hacer que el PP mejore algo su situación en Catalunya. Por otra parte, la disidencia antiestatut que ha emanado de los sectores “españolistas” del PSC y que se ha concretado en la opción “Ciudadanos por Catalunya” que tiene a Albert Boadella como principal exponente, puede contribuir a aumentar la ruina electoral del PSC y, si logra entrar en el parlament, hacer que el PP no esté aislado en materia autonómica y lingüística.

¿Alguna otra opción? El magma rojo-rosa-verde representado por ICV-EUiA, bastante tendrá si logra mantener sus actuales posiciones. Lo irrelevante de esta opción, hace que desde su fundación se vaya replegando sobre sí misma y cuente con un espacio político cada vez más reducido. Si logran algún resultado apreciable, quedarán fuera de cualquier opción de gobierno. De hecho, estas elecciones catalanas, si tienen lugar en una situación similar a la actual y, salvo que se produzca un cataclismo al conocerse los resultados del referéndum (por ejemplo, un número de “noes” desmesurado, superior al 30%), todo induce a pensar que CiU lo tiene fácil para regresar al Palau de la Generalitat. Tras Pujol, Mas. Para ese viaje no hacían falta alforjas.

© Ernesto Milá Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 13.05.06

Catalunya frente al futuro (III) ¿Votar? ¿a quién votar? ¿para que votar?

 

Infokrisis.- La tercera entrega sobre la catástrofe política catalana no puede sino estar dedicada a la parte positiva. Nos podemos plantear a qué votar, a quién votar y para qué votar. Quien esto escribe, por primera vez en su vida, no votará. Si ser catalán es "vivir y trabajar en Catalunya", nosotros hemos dejado de ser catalanes. Lo que no quiere decir que nos abstengamos de opinar y aconsejar sobre Catalunya.

Nuestro apellido es catalán como pocos. Catalán, oriundo de Francia. Nuestros antepasados fueron provenzales que llegaron para repoblar Catalunya. No tuvieron el más mínimo inconveniente en probar su nobleza en las Órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara. En el siglo XV se asentaron en el Penedés y allí –mira por donde- cultivaron viñas. Como tantos otros catalanes de pura cepa, cuando tocó buscar fortuna en las América, los hijos segundos de los Milá fueron a Cuba junto a otros apellidos ilustres catalanes, los Güell, los Xifré, los Vidal-Quadras, etc. Así que podemos enarbolar pruebas de catalanidad, como mínimo, tan acrisoladas como las del que más.

Pero el clima de ensimismamiento de la política catalana, la provincianización operada en el “país” desde los primeros años del gobierno de Pujol, la asfixiante aparición de un nacionalismo que ha elaborado una nueva “historia de Catalunya” a su medida y al servicio de sus necesidades y, sobre todo, esa negativa a reconocer que sobre el suelo de Catalunya, históricamente, han convivido dos identidades; nos ha inducido a domiciliar nuestra residencia fuera de Catalunya. Desde fuera del Principado, el drama de la política catalana se percibe más como sainete que como tragedia. Cada pueblo tiene los políticos que se merece y Catalunya no iba a ser una excepción. El bajo perfil de los políticos catalanes corresponde a la crisis de Catalunya. No se es “nación” a fuerza de repetirlo una y mil veces, se es nación cuando se es capaz de definir un “destino” y una “misión”. Y de eso la clase política catalana no tiene ni puñetera idea. Si esa es la “talla” de los políticos catalanes, es que Catalunya se ha equivocado.

Vale la pena preguntarse cómo Catalunya puede orientar su voto para que este período de crisis, mirarse el ombligo y ensimismamiento, termine cuanto antes y Catalunya pueda participar en España y dentro del marco de la UE en una “misión” y un “destino”.

¿Votar?

El voto es un derecho democrático, aun cuando sirva realmente para poco y el voto aislado sea como un grano de arena en la playa. No hay que sobrevalorar el hecho de votar. Votar es expresar la opinión cada cuatro años y elegir mandatarios. Toda la teología creada sobre la “soberanía popular” como sustitutivo del “derecho divino” es fatua e inútil.

En un referéndum, el voto es quizás más importante para el futuro que en cualquier otra consulta. Se va a elegir la norma de convivencia de la sociedad catalana y las relaciones de Catalunya con el resto del Estado y con la Nación Española. Así pues votar, en este caso, es una obligación moral. La abstención es una opción demasiado sencilla, es la opción de los apáticos y de quienes son incapaces de concebir algo más allá de su propia individualidad. Una opción rechazable por insolidaria y antihistórica.

Excluyamos el votar SI en el referéndum. El sentido de la historia va en la dirección de crear formas mayores de organización política. A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, con el "boom" de las comunicaciones y los transportes y, posteriormente, con la irrupción de la era de la informática, el mundo se ha hecho progresivamente más pequeño; y la complejidad de la investigación científica y de la producción de tecnologías de vanguardia, hace que las naciones deban aproximarse unas a otras, formando bloques geopolíticas de nuevo cuño. Hoy resulta evidente que, una dimensión nacional como las de las naciones europeas, ya no está en condiciones de sobrevivir sin aproximarse entre sí, o bien, sin plegarse a los deseos de superpotencias. España es hoy uno de los puntales de la Unión Europea. Y lo que se trata de defender es la proyección de esa Unión como entidad geopolítica independiente y con voluntad de convertirse en uno de los ejes de un mundo multipolar. La UE es una “unión de Estados Nacionales”. Todo lo que contribuye a reforzar esa Unión puede ser considerado como positivo, lo que contribuye a debilitar a cada una de las naciones que la componen y, por tanto, alejarnos del objetivo final, la constitución de una Federación Europea, es negativo. La historia no da marcha atrás: los tiempos de las taifas y de la formación de los condados catalanes, de la corona de Aragón o los avances de Castilla, quedaron atrás cuando abordaron de común acuerdo un proceso de convergencia, primero, y de unidad después. Hacer saltar por los aires ese proceso histórico supone hacer girar hacia atrás la rueda de la Historia. Cuando un proceso centrífugo de este tipo, además, está pilotado por una clase política indigna del más mínimo crédito y culpable de saquear las arcas del Estado, ese estatuto es un engendro depravado que no puede apoyarse en ningún caso. El SI es una opción a excluir y, a medida que se acerque la fecha del referéndum iremos dando argumentos más concretos contra el “nuevo estatuto”.

El voto que aconsejamos está entre el NO y el voto NULO. Para elegir entre uno u otro deberemos tener en cuenta lo dicho en la parte II de esta trilogía de artículos sobre la política de Catalunya. Un aumento excesivo del NO implicaría aumentar el papel político de ERC y, en menor medida, del PP. A ERC se le puede achacar su independentismo irrealizable. El independentismo es el nacionalismo llevado al límite, al margen de cualquier consideración pragmática, de la lógica y del sentido común. Por su parte, al PP se le puede achacar falta de claridad, haber renunciado a la movilización popular en Catalunya y una ambigüedad calculada para evitar su aislamiento del resto de partidos políticos catalanes. Finalmente, el hecho de que el PP y ERC coincidan en su NO al estatuto añade un nuevo elemento de duda y ambigüedad, que desaconseja hacer causa común con estos partidos, votando NO.

El único argumento a favor del NO sería minimizar el apoyo al estatuto e invalidarlo al ser apoyado por menos de un tercio del cuerpo electoral real, entre “noes” y abstenciones. Que ese estatuto no va a resolver ninguno de los problemas catalanes parece demasiado evidente y que, por el contrario, va a aumentar las contradicciones entre Catalunya y España parece también claro. Así que la forma más clara de oponerse es decir NO. En la urna, todos los “noes”, vengan de donde vengan, tienen el mismo resultado. Por lo tanto es una opción a contemplar.

El voto nulo es otra posibilidad. Abandonada por ERC, ha quedado libre como forma de expresar una oposición activa al nuevo estatuto. Tiene la ventaja de que no implica identificación con ninguna fuerza política y que resta porcentaje al SI. Además, permite una campaña pedagógica en el curso de la cual no se corre el peligro de contribuir a aumentar el peso de ninguna opción.

Rechazo del SI, opciones entre el NO y el voto NULO y recomendación de ejercer el derecho al voto, son las opciones que podemos establecer de cara al referéndum.

¿Por qué votar en las autonómicas?

Tras el referéndum, las elecciones autonómicas. No debería de ser así. De hecho, si la existencia de un gobierno se convierte en inviable, lo que procede es primero resolver la cuestión de la gobernabilidad y, luego, someter el texto del estatuto a referéndum. Especialmente porque el texto estatutario ha sido promovido por un gobierno que ha caído. Otra posibilidad hubiera sido convocar el referéndum y las elecciones en la misma fecha, pero esto tenía el inconveniente de que cogía a los partidos en una situación de imprevisión. Se optó por la solución que más convenía a Maragall: primero referéndum, luego elecciones. Así tenía tiempo para reforzar su posición y la legítima aspiración de que si la consulta sobre el estatuto fuera un éxito de participación y del SI, el “president” lo podía enarbolar como un éxito personal para forzar su reelección como candidato del PSC.

La decisión está tomada, así que de poco vale lamentarse o discutir. En cinco meses tendremos elecciones autonómicas en Catalunya. Si ahora mismo se convocaran elecciones generales en España, el “voto útil” causaría estragos y polarizaría la intención del voto hacia el PP y hacia el PSOE. En ese contexto, a nivel nacional, ninguna opción nueva va a tener posibilidades de irrumpir cuando se convoquen elecciones generales en el 2008. Los partidos nacionalistas y los partidos marginales, como IU, quedarán ampliamente laminados en las generales y cualquier intento de irrupción de opciones nuevas, será asfixiado por el “voto útil”. Pero esto no ocurre en las elecciones autonómicas catalanas. Si en el Estado lo que existe es un bipartidismo imperfecto, en Catalunya existe un sistema multipartidista en estado puro. No hay “voto útil” que valga y cada cual puede votar en conciencia a la opción que considere más acorde con sus aspiraciones, ideas o pretensiones.

Por cierto, desde infokrisis ¿qué podemos exigir y a qué podemos aspirar?

En primer lugar a un encaje entre la política catalana y la política española, basado en tres principios: la lealtad de Catalunya hacia España, la pertenencia de la “nacionalidad” catalana a España (la “nacionalidad” es un espacio geográfico en el que existen rasgos históricos, antropológicos y culturales comunes) y, finalmente, la existencia en Catalunya de dos identidades. Catalunya es una autonomía “pluriidentitaria” que forma parte de la Nación (unidad dotada de “misión” y “destino”) y del Estado (encarnación jurídica y organizativa de la nación).

En segundo lugar, que las políticas sociales son mucho más importantes que las políticas autonómicas y que la gestión de un gobierno autonómico no es otra que resolver los problemas que aparecen en su campo de aplicación. En este sentido, hay que recordar el principio de solidaridad interterritorial: Catalunya no puede desvincularse y desentenderse del desarrollo y las necesidades de otras partes de España, especialmente porque el desarrollo catalán ha sido posible gracias al trabajo de millones de inmigrantes llegados de otros puntos del Estado a los que se les ha impedido conservar incluso su propia identidad.

En tercer lugar, un partido catalán tiene la obligación de situar en toda su gravedad el problema de la inmigración, máxime cuando las políticas de la Generalitat en relación a la inmigración han sido una completa y total locura. En el período de Pujol se trataba solamente de impedir la llegada a Catalunya de inmigrantes iberoamericanos hispanoparlantes, y se cometió la estupidez de priorizar la inmigración magrebí. Por algún extraño motivo a algún “cerebro” de la Generalitat se le ocurrió que los magrebíes aprenderían antes catalán que los iberoamericanos. Hoy, el 65% de la inmigración marroquí en España está ubicado en Catalunya, donde, por lo demás, no se ha podido evitar que a los magrebíes siguieran los andinos… Hoy la inmigración es el gran problema de Catalunya junto al encarecimiento de la vivienda y a la delincuencia, ligada en una medida asfixiante a la inmigración.

Ningún partido político mayoritario de Catalunya ha dicho nada mínimamente razonable en relación a la inmigración. Como máximo la obligación de todos los inmigrantes de conocer el catalán… algo inútil para ellos, dada la alta movilidad laboral que los lleva de un lugar a otro de la geografía nacional. Así pues, una opción “aceptable” será aquella que contemplase decisivamente la aplicación de medidas para cortar la inmigración masiva en Catalunya… y en el resto del Estado.

Finalmente, en Catalunya es preciso restar a la Generalitat sus pretensiones de intervenir en todos los ámbitos de la vida social, y, sin embargo, restaurando el principio de autoridad. Ese principio está en trance de desaparecer en Catalunya. Ocupaciones sistemáticas, movimientos antisistema de radicalismo agresivo y violento, una criminalidad en aumento más que en cualquier otro lugar de España, una policía autonómica novata y rebasada en todos los terrenos, un incivismo creciente en la sociedad, violencia en las escuelas, bandas latinas operando a sus anchas, formación de guetos en todas las zonas industriales, masificación en las cárceles, baja calidad de los medios de comunicación dependientes de la Generalitat, intervencionismo en los medios con la amenaza de no renovar las licencias de emisión en caso de actitud hostil, una inmoralidad creciente…, son algunos de los problemas sociales que es preciso resolver en Catalunya o en caso contrario esos problemas acabarán con la sociedad catalana.

Pues bien, no hay ningún partido cuyo programa esté dispuesto a coger el toro por los cuernos y afrontar decididamente todos estos problemas. Así pues, se conoce la frase de los Hermanos Marx: “En la casa de al lado hay un tesoro” dice Groucho. Zeppo le contesta: “Pero si al lado no hay ninguna casa” y Groucho concluye: “Es igual, construiremos una”. De lo que se trata, pues, es de crear una nueva opción política.

¿A quién votar?

Esa nueva opción no puede salir de partidillos pertenecientes a otro tiempo que, si no han conseguido arraigar en zonas mucho más favorables para ellos (Madrid, Castilla, Navarra), mucho menos lo van a hacer en Catalunya. Estas opciones “nacionales” o “nacionalistas españolas” nunca han tenido gran arraigo en Catalunya, en situaciones mucho mejores. Parece difícil que hoy logren arraigar mínimamente, toda vez que cuentan con menos cuadros y militantes que nunca. Ni democracias nacionales, ni falanges, ni partidos de este tipo tienen la más mínima posibilidad de sumar más de 2000 votos en todo el territorio catalán y bastante esfuerzo tendrán con encontrar nombres suficientes para estructurar candidaturas que cubran las cuatro provincias. No es sobre esas bases sobre las que se podrá estructurar una alternativa de futuro.

En este momento solamente existe una opción en embrión que progresivamente va arraigando en los municipios y que, seguramente, hubiera podido demostrar su ímpetu si las elecciones autonómicas hubieran tenido lugar DESPUES de las municipales. En efecto, “Plataforma per Catalunya”, en los últimos dos años, ha ido trenzando un tejido cada vez más tupido de delegaciones locales que permite pensar que tras las próximas municipales podrá contar con un grupo de concejales cada vez más numeroso. En nuestra opinión, se trata de apoyar y reforzar a la “Plataforma per Catalunya”, trabajar para completar los planteamientos de esta organización y procurar que sea, efectivamente, el embrión de un gran partido catalán alternativo.

Si el gran problema de Catalunya es el que deriva de la presencia masiva de un millón de inmigrantes con los daños colaterales que eso comporta, entonces no hay más remedio que reconocer que la “Plataforma per Catalunya” hoy es la opción más realista y por la que vale la pena, no sólo apostar, sino comprometerse; así como procurar que en otras zonas de España surjan opciones similares. Cuando el “modelo de partido” se ha hecho inviable, el “modelo plataforma” es la única vía aceptable. Deseamos a la “Plataforma per Catalunya” un avance sustancial en las próximas elecciones municipales y un despegue en las autonómicas de otoño. Y animamos a la creación de organizaciones similares en otras autonomías.

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 13.05.06