No al Estatut (I de X). El peor de todos los preámbulos posibles

Infokrisis.- Abordamos una serie de diez artículos sobre los motivos de nuestro NO al Estatut. Iniciamos la serie con un estudio sobre el polémico preámbulo, exceptuando la definición de Catalunya como "nación" que abordaremos en la segunda entrega. Esperamos que esta serie sea útil para todos aquellos que precisan argumentos para apoyar su opción de voto en el referéndum del 18 de junio.

Introducción

El Estatuto surgido del parlamento de Catalunya, aprobado, como pomposamente se dijo, por el “90% de los parlamentarios catalanes”, era un texto extremadamente malo donde no sólo ni siquiera se tenía en cuenta los manifiestos elementos anticonstitucionales que figuraban en su articulado, sino que todo se había quedado en una mera carrera para demostrar quién era “más nacionalista”, esto es, quién situaba el listón autonómico a más altura. Lo que ocurrió desde el momento en que se empezó a debatir el texto fue una enloquecida carrera centrífuga, sin orden ni concierto ni consideración alguna para nuestra “ley de leyes”, la Constitución Española.

El texto originario que llegó a Madrid no puede desvincularse del hecho de que había sido construido por los partidos nacionalistas (CiU), e independentistas (ERC), a los que el PSC no había sabido poner en su lugar. En las elecciones de 2003 Maragall no obtuvo la mayoría. Si gobernó fue gracias a que la “llave” estaba en manos de Carod-Rovira. En el momento de firmar el Pacto del Tinell el “tripartito” estaba convencido de que el PP seguiría otros cuatro años en el poder, tiempo en el que cualquier reforma estatutaria sería rechazada en el Parlamento Español y les permitiría agudizar el proceso de “victimización” que tantos beneficios ha rendido al nacionalismo catalán. Pero las bombas del 11-M decidieron otra cosa y, a partir de entonces, y de la simetría electoral creada en el Parlamento de Madrid, Carod-Rovira primero y Artur Mas después, supieron extraer ventajas.

Ahora bien, el Estatuto que llegó a Madrid era el producto de un acuerdo entre un gobierno autonómico que durante tres años ha mostrado la más absoluta incompetencia para gobernar, de cuya honestidad es lícito dudar y que apenas ha hecho otra cosa que promover y trabajar por un Estatuto que, luego, con una conversación entre dos personas (Zapatero y Mas) quedó completamente recortado y desnaturalizado de su forma originaria. No es que el resultado de este pacto haya sido completamente diferente, pero sí que ha rebajado evidentemente su carga independentista.

Es preciso no olvidar que el tripartito catalán, en sus tres años de gobierno, no ha hecho otra cosa que hablar y promover la reforma del Estatuto. Nada más. El gobierno tripartito puede ser calificado como el “trienio de la ineficacia y la ineptitud”. Pues bien, en este trienio la única actividad de los “ineficaces y de los ineptos” ha sido promover el nuevo Estatuto. Este Estatuto pasará a la historia como el “Estatuto de los Ineptos”.

Ni siquiera se puede añadir al “tripartito” un título de honestidad. No, el tripartito ha sido el “gobierno del 3%”. ¿Hay que recordar que en plena crisis del Barrio de El Carmelo, el propio Maragall sacó a la superficie el tema del 3% para que, luego, tanto su partido como ICV-EUiA y ERC bloquearan la posibilidad de constituir una Comisión Parlamentaria de investigación? No, el tripartito ha sido un gobierno tan ineficaz como deshonesto. Pues bien, este gobierno es el “padre” del Estatuto.

La ineficacia y la deshonestidad son los peores acompañamientos para un “legislador” y mucho más si lo que se pretende es promover una “ley orgánica”.

Simplemente el hecho de que este texto estatutario hubiera sido promovido por el PSC, ERC e CiU, hubiera bastado para rechazarlo. Pero, en democracia, la sensación de que un partido es corrupto no puede tenerse en cuenta si no ha sido proclamado por un tribunal ordinario o por una comisión parlamentaria. Y, dado que la apreciación de ineptitud es subjetiva –aunque no por ello menos real–, hará falta dar algunos argumentos objetivos para apoyar el NO a este engendro legislativo.

Estas son nuestras razones. Esperamos que sean también las de muchos ciudadanos honestos que decidan votar NO y frenar esta locura colectiva inducida por los políticos nacionalistas e independentistas, junto con la pusilanimidad del PSC.

I. Un preámbulo inextricable

Cuando, en noviembre de 2005, el parlamento español había recibido el texto estatutario y quedaba claro el carácter anticonstitucional de la inclusión del término “nación” en el articulado, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero dijo que existían muchas maneras de orillar este obstáculo. Una de ellas era utilizar sinónimos –se planteó el de “comunidad nacional”– y  otra desplazar el término “nación” del articulado al Preámbulo. Así se hizo finalmente. Y así es presentado a votación en el referéndum del 18 de junio.

Llama la atención la ligereza con que el presidente del gobierno utiliza las palabras. Una nación es una nación en el preámbulo o en el articulado. Las sutilezas jurídicas sirven para los especialistas en derecho, pero no para el grueso de la población. En un texto estatutario se trata, simplemente, de ser lo más claro posible. Esta claridad está completamente ausente en el preámbulo del Estatuto, una parte mal redactada, con una sintaxis defectuosa, absolutamente incomprensible y ante la que cualquiera puede demostrar lo que desea.

En tanto que ciudadanos no podemos votar algo tan ambiguo y mal redactado como el preámbulo que se nos presenta. Es el primer motivo para VOTAR NO.

Se dice, por ejemplo, “Cataluña ha ido construyéndose a lo largo del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida”. Haría falta enumerar cuáles eran esas “tradiciones” y “culturas” o, de lo contrario, todos podemos llamarnos a engaño. Tradiciones y culturas tienen nombres y apellidos, no se ve exactamente por qué eludirlas, salvo que se pretenda ignorar que más de la mitad de los habitantes de Catalunya proceden del resto de regiones del Estado. Además, la ambigüedad de este texto se amplía si tenemos en cuenta que en la actualidad residen en Catalunya algo más de un millón de inmigrantes extranjeros, especialmente marroquíes y ecuatorianos. ¿Se intenta equiparar a los inmigrantes españoles que llegaron a Catalunya y que se han asimilado perfectamente, con los inmigrantes llegados en los últimos siete años sin la más mínima intención de integrarse?.

Luego el texto realiza una particular interpretación de la Historia, o mejor dicho, la habitual falsificación nacionalista de la Historia, cuando dice: “El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno, encarnada en instituciones propias como la Generalitat —que fue creada en 1359 en las Cortes de Cervera— y en un ordenamiento jurídico específico recogido, entre otras recopilaciones de normas, en las «Constitucions i altres drets de Catalunya»”. No, resulta muy peligroso utilizar nociones y conceptos del siglo XIV con el significado del siglo XXI. En la Edad Media jamás se utilizó noción alguna de “autogobierno”. Los Condados catalanes, que no Catalunya, estaban integrados en la Corona de Aragón, que no era en modo alguno una “federación” (tal como sostiene el nacionalismo), sino un ente formado por los Condados catalanes, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Las relaciones “feudales” con las que se articulaban todas estas piezas no tenían nada que ver con “federalismo” alguno. Es inadmisible que en el texto estatutario, aunque sea en el preámbulo, se contribuya a satisfacer las necesidades de falsificación histórica de los partidos nacionalistas e independentistas.

A esto sigue una frase inextricable, ambigua y mal redactada a efectos de incluir el concepto de “libertad colectiva”. Véase el aborto: “La libertad colectiva de Catalunya encuentra en las instituciones de la Generalitat el nexo con una historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la persona y de los pueblos; historia que los hombres y mujeres de Catalunya quieren proseguir con el fin de hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa”. El “legislador” ha querido satisfacer a nacionalistas, independentistas y al propio partido del gobierno. Pero una ley orgánica no puede incluir términos tan ambiguos y mal definidos como “sociedad democrática avanzada”, “libertad y progreso”, o el mismo de “libertad colectiva”. En párrafos siguientes se sigue repitiendo esta inclusión de términos vagos y con carga ideológica diferente según sea quien los utilice: “El pueblo catalán sigue proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y manifiesta su voluntad de avanzar por una vía de progreso que asegure una calidad de vida digna para todos los que viven y trabajan en Cataluña”.

Es preciso, además, desmantelar la idea tópica arrastrada desde los inicios de la transición, según la cual “es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya”. No, por esta regla de tres, un marroquí recién llegado a Catalunya puede ser considerado “catalán” con tanto derecho como alguien con los cuatro apellidos catalanes, que durante siglos ha contribuido con su esfuerzo y sus impuestos a construir Catalunya. No, si hay que definir a “los catalanes” de una manera objetiva y razonable, bastará decir que “catalán es todo aquel ciudadano español que vive y trabaja en Catalunya”. Ni un magrebí, ni un subsahariano, ni un andino, aspiran a ser considerados catalanes, ni lo son por el mero hecho de residir en territorio catalán. Marruecos, Ecuador, Ghana, no han compartido ningún episodio histórico, ni antiguo ni reciente, como para que haya nexos que permitan aplicar “graciosamente” la “nacionalidad catalana” a sus ciudadanos residentes en Catalunya. En cambio, esos nexos y la pertenencia a una Nación y a un Estado, son comunes cuando se habla de ciudadanos procedentes de otras regiones y nacionalidades españolas.

Hay algo más que llama la atención en este ominoso preámbulo y que, luego, a lo largo del texto, volverá a emerger en varias ocasiones. Se trata de la irreprimible tendencia a meterse en lo que habitualmente se llama “camisa de once varas”. ¿De qué otra manera hay que entender frases como la que sigue? “Cataluña, desde su tradición humanista, afirma su compromiso con todos los pueblos para construir un orden mundial pacífico y justo”. ¿Su “tradición humanista”? La de Llull, por ejemplo, era justo todo lo contrario. La del “rector de Vallfogona lo era tanto como cualquier literato de su tiempo. Y en cuanto a la de Jaime Balmes, sería mucho más oportuno aludir a la “tradición católica española” más que a cualquier otra. ¿La de mossen Collell? ¿ La de Verdaguer? ¿A quién se refieren y de qué se refiere el texto? Siempre nos quedará la duda hasta que el programa de estudios de un futuro gobierno nacionalista nos lo aclare por vía de la falsificación histórica.

Y lo peor del preámbulo es cuando se intenta reconciliar a los opuestos. La ambigüedad llega a extremos exasperantes: “El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”. Si se habla de la Constitución española, inevitablemente hay que equilibrar aludiendo a los “derechos históricos” (que nadie se preocupa de definir, enumerar y describir). Si se alude al “Estado Español”, inmediatamente es preciso tranquilizar a los nacionalistas realizando una precisión que les resulte cara y reconocer sus “diversas identidades”. Antes muerto que claro…

Pero peor es cuando de la ambigüedad se pasa a la mentira pura y simple: “Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres donde cada uno puede vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas”. No, más adelante cuando veamos cómo trata el texto estatutario las ideas consideradas como “no progresistas”, entre las que se encuentran las propias ideas católicas, o simplemente, el absolutismo idiomático de la Generalitat, veremos que esta declaración es, pura y simplemente, falsa. Lo realmente triste es que el pueblo catalán es particularmente solidario e integrador, pero no así la clase política nacionalista. Y es ella la que ha redactado el Estatuto.

Así pues, cuando se dice en el mismo preámbulo: “La aportación de todos los ciudadanos y ciudadanas ha configurado una sociedad integradora, con el esfuerzo como valor y con capacidad innovadora y emprendedora, valores que siguen impulsando su progreso”, la clase política nacionalista está mintiendo. No sólo porque no tiene ningún interés integrador, sino porque aspira solamente a la asimilación de cualquier diferencia cultural a su propio concepto de Catalunya, sino porque además, lo que en un tiempo fue cierto, hoy ya no lo es. Veamos: aludir en el siglo XXI a la “capacidad innovadora y emprendedora de Catalunya” es aludir al pasado. Hoy, esa capacidad es la misma en cualquier lugar de España. Los tiempos en los que Catalunya era la única parte del Estado industrializada y donde, frente al caos decimonónico que reinaba en Madrid, Barcelona era “faro y guía” del desarrollo español, papel al que aspiraba la burguesía catalana en la dirección de España, ya ha pasado. Hoy Barcelona es una ciudad en declive, cuyo consistorio se mira eternamente el ombligo frente a la pujanza mediterránea de Valencia o frente a Madrid. La “seriedad”, que antes era una cualidad considerada como específicamente catalana, hoy no lo es tanto. Han bastado tres años del chusco gobierno de Pascual Maragall para que el mito del “seny” catalán saltara hecho pedazos. La idea expresada en el preámbulo del Estatuto ha sido sistemáticamente repetida desde que los regionalistas del siglo XIX la formularon por primera vez. Pero la “europeización” de España por un lado, su industrialización y, finalmente, el lastre que para Catalunya ha supuesto la hegemonía política del nacionalismo desde 1979, han alterado el escenario. Cualquier otra región española tiene hoy “capacidad innovadora y emprendedora”.

Y por lo demás, ¿a qué viene aludir otra vez a una “sociedad integradora”? A la vista de los últimos veinticinco años de política lingüística más habría que hablar de política “asimilacionista”. Y si nos referimos a los últimos sesenta años, veremos que la burguesía catalana creó verdaderos guetos para la inmigración llegada de otras regiones. Ciudades dormitorio, inhóspitas, sin infraestructuras, apenas sin comunicaciones, sin mantenimiento, fueron el lugar destinado para las migraciones interiores. ¿A quién ha logrado “integrar” la Generalitat? La trampa está en que se alude a la “sociedad”, intentando equiparar la “Generalitat de Catalunya” con la “sociedad catalana”, la “Catalunya oficial” con la “Catalunya real”. Este desfase se percibía ya en el ventenio “pujolista”, pero ha quedado en evidencia en el trienio “maragallano”. La Generalitat, a través de un control y una tutela absoluta sobre los medios de comunicación catalana, ha conseguido dar la sensación de que no existe una brecha entre instituciones y población. Pero esa brecha existe, ayer, cuando la corrupción se apoderó de la Catalunya pujolista, sin duda el área del Estado en donde las corruptelas estaban más extendidas y más cubiertas por los medios, y existe hoy, cuando un gobierno fantoche ha empleado tres años en elaborar un mal Estatuto eludiendo su responsabilidad de gobernar día a día.

La obsesión lingüística tiene su parte en el preámbulo del Estatuto. Se dice: “La tradición cívica y asociativa de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de la lengua y la cultura catalanas, de los derechos y de los deberes, del saber, de la formación, de la cohesión social, del desarrollo sostenible y de la igualdad de derechos, hoy, en especial, de la igualdad entre mujeres y hombres”. Es evidente que la tendencia a la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, el desarrollo sostenible y demás, no son “rasgos diferenciales” ni con el resto de regiones y nacionalidades españolas, ni con el resto de países europeos. Están presentes en todas partes y con la misma fuerza. ¿Para qué mencionarlo? Simplemente para acompañar al elemento emotivo y sentimental de la “lengua catalana” que, tradicionalmente, el nacionalismo considera como el único y verdadero rasgo diferencial a falta de otras diferencias marcadas de tipo étnico, cultural o antropológico. Más adelante volverá a salir la omnipresente cuestión lingüística.

Queda todavía algo que merece ser tratado al margen del Preámbulo, dada su importancia. La definición de Catalunya como “nación”.

Próxima entrega:

II. Las naciones no se crean ni desaparecen en virtud de una votación

© Ernesto Milà Rodríguez – infokrisis – [e-mail] – 25.05.06