Infokrisis.- El presente texto fue inicialmente elaborado para servir como documento de debate para el Acuerdo de Mínimos y, en tanto que tal, fue presentado en la reunión que tuvo lugar en el mes de septiembre. Sin embargo, a la vista de que, precisamente, al tratarse de un acuerdo de mínimos, el documento era excesivamente amplio en los temas tratados y, por tanto, no se adecuada en absoluto a la esta estructura de colaboración, lo retiré. Dado que el tiempo lo desgasta todo, decido publicarlo ahora antes de que pase completamente de actualidad. Por mi parte esto dispuesto a debatirlo con quien lo desee.
Por una profunda
reforma económica, social y constitucional
La “banda de los cuatro” ya no sirve para solucionar los graves problemas que España tiene planteados
A todos los españoles:
Durante más de 30 años, el régimen surgido de la Constitución de 1978 se ha mantenido en pie apoyado sobre cuatro columnas: el centro izquierda, el centro derecha y dos partidos regionalistas en Catalunya y Euzkadi. Pero el desgaste y la falta de soluciones ante los graves problemas que España tiene planteados en estos momentos, ha iniciado una erosión inevitable del sistema político cuyo final no puede ser otro más que una profunda reforma constitucional.
Este proceso degenerativo abre extraordinarias posibilidades para que las fuerzas sanas de la nación cristalicen en un formidable movimiento de regeneración que culmine en una reforma en profundidad del sistema político–social.
I. El dramático proceso que tenemos ante nuestros ojos
Las condiciones objetivas para llegar a esa reforma aparecerán por la transformación de la crisis económica actual en una depresión económica prolongada que, generará más y más paro, hasta cristalizar en una crisis social. A su vez, la prolongación de la depresión económica, terminará transformando, por sí misma esta crisis social en protesta política en cuanto las masas entiendan que sus intereses son completamente distintos y contrapuestos a los de la clase política. A partir de esa toma de conciencia, el régimen surgido de la Constitución de 1978 verá su principio del fin y asistiremos a la creación de un nuevo marco político.
Las preguntas que genera este proceso son simples de responder:
– ¿La crisis económica se transformará en depresión?
Respuesta, sí, a medida que el PIB, en lugar de aumentar, continúe su caída en picado, lo que indicará una ralentización del movimiento económico. Por otra parte, esta crisis es, por primera vez, mundial y no hay ninguna zona geográfica del planeta que se vea libre de ella. Esta crisis es, también, la crisis de la globalización, una crisis generada por la globalización y por la libre circulación de capitales a escala mundial que han terminado generando una inestabilidad económica global sin que exista país alguno que se vea libre de ellas.
– ¿La depresión generará crisis social?
Respuesta: sí, es inevitable, a medida que vayan aumentando las cifras del paro y sectores cada vez más amplios de la población vivan de la caridad pública. Esto supone, además, que el Estado absorbe una parte sustancial del dinero disponible para créditos que, en condiciones normales debería ir mayoritariamente dirigido hacia la empresa privada, contribuyendo a reactivar el crédito. Dado que la deuda pública ofertada por el Estado ofrece más seguridades que los dividendos ofrecidos por la empresa privada, ésta tenderá a situaciones crecientes de asfixia y a que ni siquiera sea posible abordar planes de renovación industrial, investigación o lanzamiento de nuevos productos.
– ¿La crisis social será profunda?
Respuesta: sí, durante unos años –los actuales–, inicialmente, la población tendrá la esperanza en que la situación mejorará y la sensación de que los gestores del Estado abordan medidas para paliar la crisis: pero esta sensación se irá disipando, a medida que se haga evidente que la crisis prosigue y que el endeudamiento creciente del Estado a causa de la factura social, generará cada vez más una mayor carga fiscal, y por tanto, una imposibilidad creciente para salir de la crisis.
– ¿La crisis social desembocará en crisis política?
Respuesta: sí, cuando se haya disipado completamente la sensación de que es posible salir indemnes de la crisis, tras una oleada de protestas sociales que se iniciarán en otoño de 2009 y que se irán intensificando. En el curso de estas protestas los sindicatos mayoritarios corren el riesgo de verse desbordados, apareciendo los primeros síntomas de crisis política. Ésta se manifestará en cuanto un futuro gobierno del PP –Zapatero está políticamente muerto y cuando se celebren las próximas elecciones él y su gobierno, y seguramente el PSOE estarán en estado putrefacción si no logran bajar de 3.000.000 de parados– evidencie la misma impotencia y carencia de soluciones para salir de la crisis, fuera de las medidas antisociales y de la aplicación del liberalismo más salvaje… la peor solución en las actuales circunstancias.
– ¿Este proceso podría adoptar otras características?
Respuesta: no, éste esquema es el que la lógica, la racionalidad, el sentido común y el análisis de los datos económicos objetivos indican como el único posible. Podrán variar los tiempos y las intensidades, pero este proceso es el que va inevitablemente a desarrollarse entre los próximos 5 y 7 años, más allá de los cuales, el análisis de la situación es imprevisible.
Por eso se impone solamente una conclusión:
Más vale que el pueblo español
vaya aceptando que está ante el abismo y que el próximo futuro va a ser extremadamente duro: abundarán los sufrimientos, los disturbios sociales y las convulsiones políticas, abundará el paro y las privaciones, se mantendrán los bajos niveles salariales pero sin la contrapartida de la apertura del crédito, el consumo caerá, se producirá una depauperación social creciente y un marasmo en las instituciones y en la clase política habituada a administrar los períodos de “vacas gordas”, pero falto de soluciones en períodos de “vacas flacas”.
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II. Un sistema político y económico social inestable
Todo lo anterior, nos lleva inevitablemente a reconocer que nos aproximamos a la crisis política y económico–social más grave de la historia reciente de España que, para colmo, tiene características propias que la agravan aún más a causa de:
1) La existencia de una falsa “paz social” comprada por el gobierno a los sindicatos, mediante la concesión de suculentas subvenciones, asignación de cursos de formación profesional que sirven sólo como fuente complementaria de ingresos. El estallido social futuro no va a poder ser controlado ni refrenado por unos sindicatos desprestigiados ante la masa laboral.
2) La desintegración de la “sociedad civil” desde los tiempos del felipismo. La única forma de participar, decidir y opinar se realiza a través de unos partidos políticos desprestigiados y que cada vez se muestran más incapaces para representar a la población y gestionar el Estado. Esto ha generado un divorcio creciente entre las cúpulas de los partidos y la opinión pública que, en situación de normalidad, “dejaba hacer” a los partidos, pero que en situación de crisis no percibe en estos capacidad para salir de la crisis.
3) La transición se cerró en falso en 1978 generando problemas en la vertebración del Estado, en la concepción de la representación política (listas cerradas, bloqueadas, ley d’Hont, medidas pensadas para eternizar a la “banda de los cuatro” en el poder), en temas secundarios como la reinserción de presos y la abolición de la cadena perpetua, en la ambigüedad de algunos artículos de la constitución que abrían la puerta a interpretaciones unilaterales por parte de los partidos nacionalistas. Todo esto hace muy problemática la supervivencia de esta Constitución en un marco de crisis generalizada.
4) El sistema político ha pasado de ser una “democracia” a una “partidocracia plutocrática”, es decir, un sistema en el que la representación popular solamente puede expresarse a través de una oferta limitada por las cúpulas de los partidos mayoritarios cuya presencia en la sociedad es asfixiante (por eso es una “partidocracia”), a pesar de sus bajos niveles de afiliación, cúpulas que siguen las orientaciones de los “señores del dinero” y de los grupos económicos para los que, a fin de cuentas, gobiernan (por eso es una “plutocracia”) y una rapacidad demostrada en todos los partidos mayoritarios que lleva frecuentemente a sus cuadros ante los tribunales en un momento de corrupción generalizada.
5) El crecimiento económico ficticio de los últimos 15 años, basado en el crecimiento hipertrófico de la construcción, alimentado en paralelo por un crecimiento no menos hipertrófico de la inmigración, y por tener una economía absolutamente dependiente de sectores económicos poco productivos (inmobiliario y turístico), ha llegado a su fin. Estos sectores, nunca más, volverán a los niveles de negocio de hace tres años: solamente la inmigración crece, una inmigración que ya no puede ser absorbida por ningún sector laboral al carecer por completo de formación profesional y que solamente es atractiva por su aceptación a trabajar por salarios más bajos.
Por todo ello, afirmamos que:
La estructura económica, política y social, generada por los partidos gobernantes desde 1978, ha ido sumiéndonos cada vez más en una fantasía irreal de crecimiento económico y de estabilidad política, cuando, en realidad, la Constitución y su ambigüedad generaban una permanente situación de inestabilidad autonómica y de contradicción creciente entre los derechos proclamados y los realmente disfrutados por la población. Finalmente, la “banda de los cuatro” bloqueó cualquier posibilidad de reforma constitucional, lo que unido al sistema productivo con pies de barro, determinará el derrumbe de toda esta ficción política y económica.
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III. Los cuatro puntos básicos para una reforma en profundidad
De esta crisis no se va a salir con cuatro medidas ideadas para contentar a los grupos económicos o al electorado, tal como parece creer ZP. Ni con una simple reforma en el sistema de contrataciones o una rebaja en el despido como plantearía un PP en el poder. Hace falta, en primer lugar, entender la profundidad de la crisis que se ha abierto para entender, al mismo tiempo, las medidas a aplicar. Ni el PP, ni el PSOE entienden que estamos:
– ante la crisis terminal del sistema económico nacido en Bretton Woods,
– ante una crisis del modelo económico internacional: ésta es la crisis de la globalización,
– ante la crisis del sistema político–social español nacido con la constitución de 1978.
El liberalismo salvaje ya se ha aplicado en economía desde principios de los 80. Los modelos de economía intervenida cayeron con la URSS en 1989 y los modelos keynesianos sirvieron durante los “treinta años gloriosos” (1945–75), pero hoy son inaplicables dentro del actual marco de una economía mundial globalizada. La clase política no ha sido capaz de generar nuevos modelos, ni alternativas a los existentes y ha accedido a las exigencias de los consorcios financieros, a las
multinacionales.
En lo que se refiere a España la Constitución Española, vendida como “inamovible y perfecta” se ha revelado como origen de todos los problemas que han aparecido en nuestro país:
– partidocracia y plutocracia, nunca democracia real, siempre déficit representativo,
– desmadre autonómico a partir del “café para todos”,
– ausencia de valores y de referencias utilitaristas en el día a día, irrupción de antivalores,
– ausencia de preparación y capacidad técnica en el ejercicio del poder,
– creación de un discurso político cada vez más divorciado de la realidad social,
– ausencia de planificación en el terreno económico, economía especulativa y pelotazo,
– desplome social: pérdida de vigor demográfico, delincuencia, inseguridad, aborto libre, etc.
Todos estos problemas tienen su origen en una Constitución “consensuada” (…en realidad mal cerrada) que ha facilitado la emergencia de una clase política mediocre, ambiciosa y corrupta. Ahora todo esto se aproxima a su
fin.
Las reformas que nuestro país necesita son fundamentalmente cuatro:
1) Medidas de carácter económico
– La economía española debe integrarse al máximo en la de la Unión Europea a condición de que ésta tienda la mano a Rusia y genere un espacio económico autónomo, emancipado de las finanzas anglo–sajón, verdadero cáncer de la economía mundial. El gran error político de Aznar consistió en configurarse como aliado preferencial de los EEUU, enfrentándose a nuestros vecinos y socios en la UE, el eje franco–alemán. Posteriormente, la insignificancia política de Zapatero hizo imposible explotar ninguna dirección. Frente a esta política internacional basada en los caprichos personales del jefe de gobierno de turno, una Gran Política Internacional debe reconocer la necesidad de grandes bloques geopolíticos para afrontar los problemas económicos. Por eso proponemos la creación de un eje Madrid–París–Berlín–Moscú, eje político–económico, independizado y autónomo en material económica y energética.
– Esto implica repercusiones económicas inmediatas: no existirá libre circulación de capitales fuera del marco de éste eje geopolítico. El capital no puede migrar caprichosamente allí en donde existan mayores esperanzas de beneficios, condenando a la inestabilidad a la economía mundial. El capital debe estar fijado a un territorio y las inversiones fuera de ese territorio deben estar penalizadas.
– La segunda consecuencia es la ruptura de la globalización: la situación de las distintas zonas geográficas, excepcionalmente desiguales, hace imposible que exista “competencia” entre unos y otros lugares del planeta. La competencia implica necesariamente igualdad de posibilidades. No puede haber competencia entre Estados del Bienestar y Estados sin coberturas sociales, sin estructuras sindicales, con mano de obra esclava y jornadas de trabajo de 12 y 16 horas. Sólo dentro de espacios homogéneos –y el nuestro es el espacio Euro-Ruso– pueden existir competencia en condiciones de igualdad.
– Es preciso abandonar las tentaciones de la economía especulativa y volver a la economía productiva. Esto implica, estimular la producción industrial, diversificarla y adaptarla a nuestro marco económico, el espacio euro–ruso. Las empresas deslocalizadas y transformadas en redes comerciales deben ser estimuladas a dar marcha atrás, y, por supuesto, cualquier importación procedente de fuera del espacio euro–ruso debe ser desmotivada con gravámenes arancelarios.
– La actividad especulativa debe ser regulada y sus beneficios limitados por ley. Los paraísos fiscales, deben ser simplemente prohibidos so pena de situarse fuera del derecho internacional y en condiciones de ser intervenidos por cualquier país que se sienta afectado negativamente por el refugio de dinero negro. La debilidad con la que el G–20 (con presencia de Zapatero con silla plegable) abordó la cuestión de los paraísos fiscales en su última reunión es significativa de la falta de interés en acometer reformas profundas y radicales en el sistema económico mundial.
– El préstamo con interés debe estar sometido a leyes mucho más estrictas que las actuales. Debe de recuperarse la figura delictiva de la usura, préstamos con intereses abusivos. El crédito, especialmente cuando está vinculado a derechos constitucionales (vivienda) no puede estar en manos privadas, sino que debe estar concedido por la Banca Pública. En este sentido, la actual crisis económica enseña que la nacionalización del crédito hipotecario es una necesidad que redundará en una mercado inmobiliario en el que los precios estén en relación al valor real de las viviendas y no estén sometidas a las oscilaciones generadas por las presiones bancarias (a través de tasadores, a través de un falseamiento de la situación del mercado inmobiliario).
– Así mismo, el crédito a la pequeña y mediana empresa no puede derivar del “humor” de los operadores bancarios y de que sus operaciones especulativas en otros terrenos hayan tenido más o menos éxito, la pequeña y mediaba empresa deben poder recurrir al crédito oficial cuando el crédito privado se inhiba. De hecho, hay que recuperar la situación en la que la banca no era más que un almacén de depósitos privados, en los que los depositarios aceptaban que ésta invirtiera tales depósitos a cambio de un interés. Aquí debe empezar y terminar el papel de la banca en una España reordenada en función de la racionalidad y no en función del ventajismo de los actores económicos más influyentes.
– El fracaso de la globalización ha impuesto de nuevo y bruscamente, las políticas económicas “de proximidad”: cada espacio económico, cada país, cada región, cada comarca, deben planificar su economía en función de la proximidad y de sus recursos propios y solamente pensar en “exportar” excedentes e importar elementos deficitarios. Debe evitarse por todos los medios las situaciones contradictorias de la modernidad globalizada en la que un país como España debe destruir los excedente lácteos pactados con la UE… e importar leche, destruir su tejido agrícola para permitir a Marruecos, Turquía e Israel, inundar Europa con sus productos. El principio de una nueva economía debe ser: cada comunidad consume preferentemente lo que produce, cada economía importa sólo lo que no puede producir y precisa para sobrevivir.
– El Estado debe recuperar su función planificadora de la economía. El liberalismo salvaje debe de ser reducido a recuerdo histórico lamentable. Los mercados no planifican su futuro, simplemente viven el aquí y el ahora, la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo, y por esto mismo, son incapaces de proyectarse en el futuro y generan tensiones continuas. Solamente la posibilidad de una planificación en manos de técnicos y expertos al servicio del Estado, puede generar de nuevo estabilidad en los mercados y resolver el complicado problema de la planificación económica a medio y largo plazo, algo que no figura en las agendas de los gobiernos actuales que trabajan sólo a cuatro años vista.
– El mercado es uno de los elementos de la economía, pero el mercado debe estar sometido al bien común y a los intereses de la comunidad. El principio esencial que debe quedar reflejado en una constitución es que no existe nada por encima de los intereses de los ciudadanos: si los intereses de los partidos, ni los intereses de las patronales o de los consorcios financieros, ni, por supuesto, los intereses del capital.
2) Medidas de carácter presupuestario
– La sociedad debe proveer al Estado los recursos necesarios para la realización de sus fines y éste debe administrarlos de una manera prudente sometido al principio de la cualificación: esto es, la economía y la vida económica del Estado debe tener como único fin satisfacer la necesidad de la totalidad de la población en lugar del criterio neo–liberal basado en que la satisfacción de los intereses de los que poseen en capital redundará, a la larga, en beneficio de los trabajadores y de la sociedad. Esta crisis es hija directa de este concepto que hay que desterrar de la vida pública como uno de los más inmorales y perversos que pueda haber generado un cerebro humano.
– La contención del gasto presupuestario solamente tiene un límite y su desbordamiento una justificación: la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Entendemos por “ciudadano” el miembro de una comunidad cuyos
ascendientes pertenecen a esa comunidad como mínimo dos generaciones. Solamente tienen acceso a la categoría de “ciudadanos” los hijos de padre españoles. La adquisición de la ciudadanía solamente puede realizarse mediante la demostración fehaciente de asimilación a las costumbres, tradiciones, a la sociedad y a la legislación española.
– Es importante distinguir entre “ciudadanos” y “trabajadores invitados”. Se entiende por “trabajadores invitados” a aquellos extranjeros que han venido a cubrir huecos en el mercado laboral español y que son necesarios para la buena marcha de la comunidad. Esto implica aceptar la necesidad de una inmigración regulada que no depende de la voluntad del
inmigrante sino de la necesidad del país de acogida.
– Ni el aznarismo, ni el zapaterismo respetaron esta consideración: simplemente admitieron más y más inmigrantes, a razón de 600.000/años entre 1996 y 2007 para lograr que el PIB subiera (al haber más consumidores adultos) y el coste de la mano de obra bajara (al haber más oferta laboral). Hoy, cuando sobre nuestro suelo residen oficialmente 5.000.000 de inmigrantes y realmente 7.000.000 (entre legales, ilegales, empadronados, no empadronados y naturalizados por decisión administrativa), la inmigración es la primera fuente de gasto social del Estado, un gasto que no va a parar a “nacionales”, es decir, a los que han construido este país, sino a los que han llegado, en un 90% ilegalmente, del exterior.
– El gasto generado por la inmigración se extiende por distintas partidas presupuestarias: subsidios y coberturas sociales, costes de “integración” (dinero tirado, porque quien no llega integrado jamás se integrará y hará de los subsidios para la integración un modus vivendi), gastos en sanidad, muy superiores a los de la población autóctona en la medida en que buena parte de los inmigrantes llegan con enfermedades congénitas (dengue, tuberculosis, mal de Chagas, VIH, etc.) o tienen una natalidad tres veces superiores a la población autóctona (y por tanto unos gastos sanitarios triples), gastos en el sistema educativo, gastos en el sistema carcelario, gastos en seguridad ciudadana, etc.
– Nadie ha llamado a los inmigrantes: vinieron por voluntad propia, en la mayoría de los casos vulnerando la legislación española; ahora deben irse. Eran tiempos de “vacas gordas”. Esos tiempos han terminado y los ciudadanos
españoles no están en condiciones de financiar con cargo a su menguado patrimonio, su presencia en nuestro país: se deben de ir.
– El gasto social podría extenderse a todos los españoles a condición de repatriar inmediatamente a los excedentes de inmigración. Estos excedentes demuestran su condición al estar en paro. Un inmigrante y su familia deben ser repatriados en cuando agoten su seguro de paro. No pueden beneficiarse las mismas coberturas sociales que los “nacionales” en la medida en que las familias y los antepasados de estos, se han sacrificado para construir éste país durante generaciones. Por otra parte, la “ciudadanía” debe otorgar derechos superiores a quienes no la poseen (como ocurre en todo el mundo), prioridad a la hora de acceder a puestos de trabajo y prioridad a la hora de acceder a recursos y beneficios sociales. Esto es lo que se llama “preferencia nacional” y que en la España de ZP, tan altruista y desinteresada, la clase política ha sustituido por la “discriminación positiva” a favor de los inmigrantes. La contención del gasto público (en sanidad, en educación, en prisiones, en seguridad ciudadana, en becas de comedor, etc.) que derivaría de la repatriación de los excedentes de inmigración, permitiría extender y mejorar las coberturas sociales para los “nacionales”, reduciendo incluso el déficit del Estado. Pero para ello es precisa la repatriación de todo inmigrante en situación de paro que haya concluido su percepción del seguro de desempleo.
– Así mismo, tanto las comunidades autónomas, como los municipios como el Estado deben de manejar sus fondos según el principio de prudencia y austeridad. En los últimos 30 años no lo han hecho: han procedido a endeudarse progresivamente alcanzado un límite insoportable. No han aplicado prudente y mesuradamente sus recursos. Esta irresponsabilidad en el manejo de fondos públicos debe ser causa de disolución de los organismos afectados y del procesamiento de sus responsables, aun cuando no exista intención dolosa. Debe bastar con la irresponsabilidad en el manejo de fondos públicos para que se incurra en un delito contra la comunidad.
– En cuanto a los delitos de corrupción deben de ser incluidos entre los de especial gravedad y penados como tales, con negación de redenciones de penas mientras no se devuelva la totalidad de los fondos sustraídos. La corrupción debe ser considerada como un delito contra la comunidad, no contra un individuo, y penada duramente como tal, sin excluir la cadena perpetua y la confiscación de bienes a ascendentes, descendentes y a cualquier persona que haya tenido relación con el reo de corrupción. El servicio a la nación en cargos de responsabilidad política debe ser considerado como un sacerdocio y la corrupción como un sacrilegio y penado con una dureza extrema y ejemplificante.
3) Medidas de carácter político
Las medidas de carácter político que debe reflejar un nuevo orden constitucional afectan a tres niveles: la representatividad institucional, el sistema de participación democrática y las vertebración del Estado.
– Proponemos la supresión de la institución monárquica que en estos últimos treinta años ha sido absolutamente pasiva y no ha servido de contrapeso –como era su obligación– a la voracidad de la partidocracia ni de la plutocracia. La monarquía se ha limitado a ilustrar las páginas del “colorín” y de los programas del corazón, frivolizándose como una institución no política y sin el carácter de contrapeso a los excesos o a las malas orientaciones de la clase política. Esto es lo que ha deslegitimado a la monarquía ante los ciudadanos: el estar completamente ausente ante sus problemas, el renunciar a poner coto a las luchas partidistas y el evitar denunciar la ineficacia en la gestión política de buena parte de los presidentes del gobierno. En realidad, la constitución de 1979 se había redactado para satisfacer a la derecha franquista (que no viera en la abolición de la monarquía un signo de “ruptura democrática” y de victoria de la oposición) y a la izquierda democrática (mediante la figura de un monarca… sin poderes reales). Pero hoy, lo que cuenta verdaderamente, son instituciones que ostenten el poder real y que estén por encima de los partidos. La monarquía está por encima de los partidos, pero estos se han preocupado de vaciarla de contenido y de poder. Por tanto, la monarquía, carece de significado y debe ser abolida en un futuro orden constitucional.
– República Presidencial. No apoyar la monarquía implica necesariamente hacerlo por la República. Ahora bien, los dos intentos republicanos ensayados en España se han traducido en dos fracasos sin apelativos, el segundo de los cuales terminó en una Guerra Civil. Así pues, hay que cuidarse a la hora de proclamarse republicano. Hoy, en las actuales circunstancias y según las necesidades del país, la única república concebible y necesaria es una República Presidencial en la que el Jefe del Estado, elegido democráticamente en listas que no tengan nada que ver con los partidos políticos, sea la máxima autoridad, con capacidad de veto sobre las decisiones del poder legislativo y que pueda disolver parlamentos, convocar elecciones, encargar formación de gobiernos y decretar la disolución de los mismos.
– Precisamos un poder real que esté por encima de los partidos políticos y que solamente deba rendir cuentas a la comunidad nacional. De ahí que no baste con afirmar que se es “republicano”, sino que sea preciso añadir que se aspira a una “república presidencial” en la que el poder de los partidos esté disminuido y los ejes del poder oscilen entre un jefe del Estado, autónomo de las estructuras de los partidos, y una ciudadanía que lo elige directamente.
– En cuanto a los sistemas de participación democrática, es evidente que el actual sistema electoral español facilita las corruptelas, la ley de la “omertà” entre las distintas mafias políticas y reduce extraordinariamente (hasta casi hacerlo desaparecer) la necesaria presencia de la voluntad del pueblo en las instituciones. De ahí que las listas electorales sean cerradas y bloqueadas (con lo que las cúpulas dirigentes de los partidos tienen la última palabra en la presentación de los candidatos), que sea prácticamente imposible recurrir a las consultas populares mediante referéndums ante situaciones
particularmente graves, que la ley d’Hont imposibilite la presencia de partidos minoritarios en las instituciones, y, por todo ello, que el poder político y la representatividad se hayan esclerotizado y, finalmente, difuminado. El diputado hoy carece completamente de relación con su electorado. El ciudadano ignora completamente quién es su representante político. El resultado es un absentismo electoral generalizado y un divorcio irremediable entre la población y la clase política.
– Finalmente, la vertebración del Estado debe abordar un nuevo rumbo en materia autonómica o de lo contrario seguirá en el callejón sin salida que se encuentra en la actualidad. Diecisiete autonomías son demasiadas para un país de recursos limitados y, mucho más, si cada de una esas autonomías no experimenta la responsabilidad de contener el gasto público. Hay que limitar el número de autonomías a las estrictamente necesarias. Y 17 son demasiadas. Sobran pues, autonomías. Por otra parte, en la propia constitución se encuentran presentes las ambigüedades que han resultado más lacerantes: no queda clara la diferencia entre “nación” y “nacionalidad”. Parece evidente que en un Estado–Nación como España, la única “nación” posible es la española, sin embargo, la ambigüedad constitucional ha permitido la redacción de estatutos que sentencian la presencia de “naciones” dentro de la “nación española”, algo que ninguna forma de derecho político podría tomarse en serio.
– Sobran entre 8 y 10 estatutos de autonomía. Falta la exigencia clara e indubitable de que las políticas exteriores, la representación, la defensa, la educación y la sanidad, deben ser únicas en todo el Estado y se debe resaltar, sobre todo, que las autonomías son organismos del Estado para administrar de forma más racional territorios del mismo, no entes dotados de soberanía alguna. En un momento en el que los fondos públicos amenazan con desplomarse, el Estado de las Autonomías languidece afrontando políticas de financiación autonómica que sólo intentan desviar hacia tal o cual autonomía el mayor número de recursos… que es lo que permitirá un mayor despilfarro por parte de las clases políticas regionales. El “estado de las autonomías” ha fracasado estrepitosamente y hoy se trata solamente de simplificarlo.
4) Medidas de carácter social:
Hay tres frentes de actividad social:
– El primero de todos ellos es restañar los problemas generados por la inmigración masiva y desordenada que ha ido afluyendo desde 1996, generando unos problemas crecientes en la sociedad española. El demográfico por encima de todos. En los últimos años, la demografía española ha crecido como la de ningún país europeo: pero ese crecimiento ha sido ficticio y se ha debido a una mentira estadística. Si la tasa de natalidad en España ha subido se debe a
la presencia masiva de inmigrantes, no a la natalidad entre parejas españolas. El PP no adoptó ninguna medida para estimular la natalidad española y los 2.500 euros concedidos por ZP eran “para quienes tuvieran los papeles en regla”.
– No puede olvidarse que el problema no es la natalidad de los inmigrantes (tres veces superior a la de los españoles), sino la de nuestro pueblo. Y en este sentido, todo gobierno que no priorice la ayuda a las familias jóvenes, las ayudas para la natalidad de españoles, debe ser considerado como traidor a los intereses nacionales.
– En estos momentos, un sistema educativo que arrastra males congénitos desde hace más de 35 años, ya no está en condiciones de formar nuevas generaciones de ciudadanos, sino simplemente generaciones de robots que acepten acríticamente la globalización, la ideología humanista–universalista propia del zapaterismo y el mercado como panacea universal. Ni han sido educadas en el servicio a la comunidad, ni se les ha dado conciencia de comunidad, sino que se les ha enseñado que por encima de sus intereses egoístas y de los valores finalistas en los que se les ha educado, existe la “humanidad”, el ser “ciudadanos del mundo”, la “multiculturalidad”, el “pensamiento políticamente correcto” y demás lindezas. Ahora se trata de retornar a la realidad, de aplicar lo que se sabe positivamente desde hace milenios: que un individuo que ama a su pueblo debe estar dispuesto a sacrificarse por él, que todo individualismo debe ser situado por debajo del interés común, que una cosa es la “normalidad” y otras los distintos grados de alejamiento de esa normalidad. Que las afinidades sexuales gays, lesbianas, que el divorcio, el aborto, la eutanasia, etc, no contribuyen en nada a la renovación de la población y, por tanto, distan mucho de ser problemas de la comunidad del pueblo, sino que son apenas problemas individuales, y por tanto secundarios, que nuestra sociedad es débil porque no se ha enseñado al joven ni altruismo, ni generosidad, ni nada que fuera más allá de sus derechos reales o supuestos y que entre sus planes no cuenta el servicio a su comunidad.
– El sistema educativo español ha fracasado porque, en lugar de insertar los valores de mérito, honor, lealtad, constancia, esfuerzo, sacrificio, trabajo, ha insertado los de pacifismo, universalismo, individualismo, multiculturalismo y demás zarandajas finalistas que no sirven en nada para construir un proyecto de nación con futuro. Desde el momento en que se decretó en la enseñanza primaria que había que “aprender jugando” y se resto Autoridad a la figura del maestro, era evidente que el resultado iba a ser una caída en picado del nivel de la educación. Ahora se trata de desandar lo andado y reconstruir un sistema de enseñanza a partir de la inserción de valores instrumentales y de restitución del principio de autoridad en las aulas.
– La permisividad de nuestro sistema judicial implícita en los redactores de la constitución de 1978 ha matado a esa misma constitución: 30 años de permisividad han dado lugar a una sociedad dislocada e inestable, con una tasa de delincuencia insoportable. Ahora, el péndulo se desplaza hacia el otro extremo y exige una sociedad estable, en la que el resarcimiento a las víctimas y el castigo a los culpables pese mucho más que la reinserción social de los delincuentes. El “efecto llamada” universal para delincuentes que se remonta a antes zapaterismo, es una de las necesidades a conjurar: reinserción sí, pero después de expiación del delito y después de resarcimiento a la víctima.
– Las miserias de la constitución española han afectado especialmente al castigo contra delitos de terrorismo: hemos visto como asesinos sin escrúpulos, verdaderos psicópatas, enfermos mentales, han ocupado escaños en el Parlamento Vasco, como el Estado se ha rebajado a negociar con ellos, en lugar de encerrarlos y arrojar las llaves, como se ha cedido a delincuentes considerados como “terroristas”, como se les ha premiado con la abolición de la pena de muerte sin que ellos hayan renunciado al ejercicio del asesinato y del crimen político al servicio de vaya usted a saber qué intereses. En los 20 primeros años de vigencia de la constitución, el terrorista seguía siendo un “héroe romántico” y la víctima… “algo habría hecho”. Se glorificó a los asesinos y se ignoró a las víctimas.
– La transformación del terrorismo en un arma política de coacción de masas, alcanzó sus máximas cotas con el asesinato de 192 personas el 11–M, delito que todavía sigue hoy impune y que es preciso investigar de arriba abajo y depurar responsabilidades, no solamente por los hechos criminales en sí mismos, sino por los que cubrieron el crimen, crearon y difundieron pistas falsas y obstaculizaron la investigación hasta el punto de que hoy se ignora casi todo de lo esencial sobre el 11–M.
– La prohibición de la negociación con ETA, el cumplimiento completo de condenas para delitos de terrorismo, la prohibición de todo “frente político” que haga causa común con los terroristas y la reimplantación de la cadena
perpetua, sin posibilidades de remisión, son necesidades ineludibles. El primer derecho humano es la seguridad, sin la cual, ninguno de todos los demás pueden ejercerse. El Estado tiene la responsabilidad de restituir la seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos. Los derechos de los ciudadanos están por encima de la reinserción o de cualquier otro derecho de los delincuentes, incluidos los terroristas.
– Para colmo, es preciso reconstruir la sociedad civil y abrirle las puertas de las instituciones. En un país gobernado desde hace años por la partidocracia más miserable y corrupta, ahora es el momento de devolver el control del poder a la sociedad civil. Durante treinta años hemos tenido un senado absolutamente inútil, llevamos 20 años soportando que cada vez que se constata la absurda existencia del senado se complemente con la intención de convertirlo en una “cámara de las autonomías”, como si los diputados del parlamento no representaran suficientemente a su lugar de origen (si no lo representan ¿a quién representan?). Es hora de que universidades, sindicatos, mundo asociativo, jóvenes y tercera edad, fuerzas armadas, colegios profesionales, municipios, ONGs, estén presentes en el senado con la capacidad de vetar
resoluciones del parlamento y de censurar al gobierno. Hace falta que una institución, surgida de la sociedad, limpia y sin contaminación de la clase política, tenga el derecho de veto y de investigación sobre la gestión del gobierno y de las comunidades autónomas. El senado debería ser la voz de la sociedad, la voz del pueblo, frente al parlamento, que no sería sino la voz de los partidos.
– Es evidente, además, que hay que ir limpiando la sociedad española de la contaminación de los partidos políticos. Estos deben desaparecer de la administración de las cajas de ahorro y de las instancias de control de los medios de comunicación inmediatamente y tras haber rendido cuentas de su gestión y censuradas por el organismo competente. Después de 30 años de hiperpoder de los partidos políticos, ahora toca redimensionarlos a su justa medida: la de unas estructuras con poca afiliación y demasiado poder, unos partidos que han matado a la democracia trastocándola en partidocracia que han secuestrado la voluntad popular identificándola abusivamente con los intereses de sus cúpulas dirigentes y que, ahora, deben de ceder protagonismo y poder.
Todos estas reformas implican una nueva Constitución, no una simple reforma constitucional: no es solamente un modelo político de sustitución, sino también una sustitución de los patrones políticos que se han utilizado hasta hoy por otros que eviten la partidocracia, la plutocracia, el actual déficit democrático y se abran caminos nuevos en el senado (cámara de la sociedad), con capacidad de veto sobre las decisiones del parlamento (cámara de los partidos), dentro del marco de una República Presidencial. En este proyecto constitucional debe de instaurarse, clara y rotundamente, el concepto de “preferencia nacional”.
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III. Las tareas de la reconstrucción nacional
Las medidas que necesariamente se han propuesto en estas cuatro áreas sólopueden ser impulsadas por un movimiento nacional y popular capaz de operar como tambor para el despertar de nuestro pueblo. Después de 30 años de medias verdades y de mentiras oficiales que todos sabíamos que lo eran, ahora toca hablar claro y señalar con el dedo a los culpables de esta situación.
1) Superar la inseguridad, restablecer el Orden y la Autoridad.
En un régimen de libertades públicas y democráticas no hay lugar para las corruptelas y si aparecen deben ser aplastadas y a los corruptos se les debe deparar el mismo trato que a las cucarachas. En un régimen democrático no hay lugar para listas cerradas y bloqueadas ni para la negativa sistemática a la consulta a la población mediante referéndum. La democracia implica libertad y la libertad solamente puede ejercerse si, existe un “paraguas” de seguridad para poder ejercerla. Por eso decimos que la seguridad es el principal valor democrático, a partir del cual, todos los demás son posibles.
Hoy, la partidocracia española ha generado un régimen que nos ha instalado en plena inseguridad:
– inseguridad en el empleo: que a fines de 2009 alcanzará el 20% de la población laboral y el 25% entre los jóvenes, sin esperanzas de que a corto plazo se creen las condiciones necesarias para generar empleo.
– inseguridad ciudadana: que en los últimos 12 años no ha dejado de crecer constantemente ligada a la llega descontrolada de inmigración y al efecto llamada mundial que la legislación permisiva de nuestro ejerce sobre los delincuentes de todo el mundo.
– inseguridad ante la gestión del gobierno: de cuya capacidad para resolver problemas técnicos es absoluta y que en cinco años y medio de gestión en ni una sola ocasión ha acertado a plantear soluciones correctas desde el punto de vista de la racionalidad y de la técnica.
– inseguridad social: se pagan las abultadas cotizaciones a la seguridad social a pesar de que se tiene la convicción moral de que cada vez se hará más inaccesible la percepción de la jubilación y que el “saneamiento del sistema de pensiones” solamente se hará rebajando las prestaciones y aumentando los años de cotización.
– inseguridad en materia de defensa nacional: subordinando los intereses de nuestra defensa nacional, a los de la OTAN, esto es, al Pentágono, sin tener en cuenta que nuestro adversario geopolítico se encuentra en el Sur, en el Magreb cada vez más convulso e inestable.
– inseguridad alimentaria y energética: la deslocalización alimentaria nos ha hecho dependientes y vulnerable del suministro del exterior tanto como lo somos del petróleo y del gas, sin tener en cuenta que una pandemia puede interrumpir el tránsito de alimentos y mercancía bruscamente.
– inseguridad medioambiental: que impide confiar en las energías blandas y que siempre las dudas ante la posibilidad de la energía nuclear, al tiempo que el efecto combinado de distintos fenómenos genera desconfianza en la estabilidad ecológica del planeta en el próximo futuro.
– inseguridad entre los jóvenes: hoy, ni siquiera un título universitario o una cuidada preparación profesional son garantías para acceder al empleo cada vez más rarificado. Las nuevas generaciones carecen de la posibilidad de dejar de ser mileuristas.
– inseguridad ante el futuro: todas las inseguridades anteriores terminan generando en la población serias dudas sobre cómo afrontar el futuro y generan un desasosiego que se traduce cada vez más en la irrupción de estados depresivos y en una desmotivación generalizada
Esta situación es intolerable e insoportable y la brusca irrupción de la crisis económica hará que sea percibida como tal por la sociedad española, induciéndole a abandonar la pasividad y el fatalismo con que ha abordado las crisis económicas desde 1973.
Por eso afirmamos que ante esta situación
Es prioritario restablecer los principios de Orden y Autoridad en la gestión de la cosa pública. Hace falta restablecer el principio de la competencia en el ejercicio del poder y considerar que el poder tiene la obligación de elevar el principio de Autoridad en la gestión del Estado y a la búsqueda del Orden y de la estabilidad como objetivos de la sociedad. Solamente un Estado en que rija un principio de Orden y de Autoridad libremente aceptado, merece ser considerado como tal: un Estado que destierre por completo la sensación de inseguridad y extienda a todos los ciudadanos la convicción de que pertenecen a una estructura sólida y bien dirigida capaz de solventar sus problemas.
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2) La creación de un movimiento popular organizado, vanguardia de la ciudadanía y punta de lanza de la Nación
Pero esta perspectiva de reconstrucción del Estado y de una idea de Poder y Orden solamente puede llevarse a cabo contando con la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Lo que estamos proponiendo es un proceso de regeneración nacional que, partiendo de las fuerzas sanas de la Nación, vaya ampliando su radio de acción y sumando cada vez una mayor masa social. Un proceso de este tipo no puede abordarse sin la existencia de un amplio
movimiento de masas que genere entusiasmo popular y que esté presente en las instituciones.
Las fuerzas sanas de la Comunidad Popular deberían converger y reaccionar más allá de las estructuras de los partidos y cristalizar en Plataformas Cívicas de Defensa que agrupen a partidos, asociaciones culturales y sindicales, ciudadanos independientes conscientes de la necesidad de organizarse más allá de la “banda de los cuatro”.
– Este movimiento social, nacional y popular aspira a ser la vanguardia organizada de la ciudadana y punta de lanza de la nación en defensa de una situación en la que sus intereses queden más protegidos y representados.
– Este movimiento no debe aceptar servidumbres históricas ni debe reconocerse en movimientos anteriormente existentes en la historia de España, ni de Europa, arranca de la necesidad histórica de aportar soluciones a problemas de hoy. Es un movimiento adaptado para aportar soluciones a los graves problemas de nuestros días.
– Este movimiento debe insertarse en la legalidad vigente y aceptar las reglas del juego tal como fueron fijadas por la Constitución de 1978, manifestando desde el principio su vocación de modificarla profundamente.
– Este movimiento debe considerarse trasversal en la medida en que rechace las opciones de centro–izquierda y de centro–derecha y considere que la clasificación entre derecha e izquierda está superada por la historia. Debemos situarnos más allá de estas clasificaciones políticas.
– Este movimiento debe ser abierto y aspirar a integrar a grupos políticos hasta ahora dispersos pero que tienen la necesidad de converger para alcanzar la “masa crítica” necesario y la “acumulación de medios” suficiente para irrumpir en la política nacional.
3) La estrategia: estar presentes en las luchas sociales para preparar el nuevo orden político
Ante la actual situación política y ante la previsible evolución de los acontecimientos en los próximos años, urge lanzar una estrategia basada en cuatro puntos:
– Hacer del triángulo “crisis económica y paro – inmigración masiva - corrupción” el eje de nuestra actividad política, concentrando esfuerzos y propuestas en esta dirección, en la convicción de que estos elementos son las tres caras de un mismo problema.
– Participar y estimular las luchas sociales, directamente o a través del sindicalismo independiente, denunciando la traición de los sindicatos mayoritarios y la falta de soluciones de la “banda de los cuatro”.
– Proponer a la sociedad la repatriación de los excedentes de inmigración y de aquellos inmigrantes que, independientemente de su situación jurídica, estén en paro de larga duración y hayan agotado las prestaciones.
– Movilizar a los jóvenes en tanto que grupo social particularmente afectado por la precariedad en el empleo y el paro y sin horizontes y a los que ni siquiera un título universitario puede sacar, en el mejor de los casos, del “mileurismo”.
Entendemos, pues, que el eslabón más débil de la cadena defensiva trazada por el zapaterismo es el mundo sindical cuyo “control” ha sido confiado a unos sindicatos amamantados por las ubres del Estado y formados por 300.000 “intocables”, liberados sindicales que ya ni sienten ni experimentan, ni les interesan los problemas de los trabajadores, sino sólo su modus vivendi y de ahí su silencio. Entendemos que las clases trabajadoras son las que están arrastrando el peso de la crisis y que son hoy un gigante dormido, un gigante que cuando despierte arrojará convulsionará al sistema político–económico. Debemos de trabajar para que ese despertar se produzca lo antes posible y por el desbordamiento de los sindicatos domesticados. Y debemos hacerlo estimulando las protestas contra el 20% de paro y la nulidad del gobierno ante las puertas del INEM, ante las oficinas de los sindicatos traidores, en las calles, directamente o a través del sindicalismo independiente que se trata de incorporar a la “protesta nacional”.
El derecho a la “preferencia nacional”, esto es, a la primacía de los nacidos en este país para acceder a puestos de trabajo, percepciones sociales, becas, ayudas y subsidios, es irrenunciable y debe constituir otro de los ejes del movimiento de protesta contra la inmigración masiva. La consigna en este terreno es clara: repatriación de excedentes migratorios y preferencia nacional. Ambas medidas supondrán una corrección del mercado laboral y a la eliminación del absurdo actual: la presencia de siete millones de inmigrantes (entre legales, ilegales y naturalizados) y la existencia de casi cinco millones de parados. No hay más solución que la repatriación. No hay más aspiración que la preferencia nacional para nuestra gente.
Finalmente, la juventud es la gran damnificada por la actual crisis y por el actual modelo económico: hoy el joven español tiene por delante un largo camino como aprendiz, como becario, sometido a precariedad y a condiciones miserables de contratación, ni siquiera un título universitario le garantiza el acceso a un salario que le permita independizarse y formar una familia. Ni siquiera una excelente formación profesional le habilita para trabajar en un mercado laboral pulverizado por la presencia de la inmigración que siempre estará dispuesta a trabajar por un salario más bajo y peores condiciones laborales. No es raro que la juventud se haya inhibido de la tarea política: han percibido en el político a un arribista, a un mentiroso patológico que practica el doble discurso y que tan solo piensa en medrar a la sombra del poder. Y han abandonado la política: es nuestra tarea incorporarlos a la “protesta nacional”, multiplicar las movilizaciones en las escuelas y en los institutos, en los centros de formación profesional, en las universidad y en las empresas difundiendo el mensaje del movimiento: esta crisis es la crisis del sistema, está es la crisis de la globalización y de ella no vamos a salir con cuatro parches técnicos mal planteados. Esta crisis no tiene salida dentro del actual marco institucional. Así pues, para salir de la crisis, es preciso adoptar medidas ante las cuales el sistema político surgido de la Constitución de 1978 no puede asumir.
La participación masiva de nuestros candidatos en las elecciones municipales supondrá un primer impulso para el movimiento y una primera cita electoral en 2011. A partir de los apoyos obtenidos y de la fortaleza interior del movimiento será posible pensar en participar en las elecciones generales con un programa de profunda reforma institucional. Esto nos permitirá estar en condiciones de asumir un papel relevante en el momento en que la persistencia de la crisis social derive en una crisis política y en el hundimiento de la “banda de los cuatro” y del sistema político nacido en 1978.
Llamamiento a todos los españoles:
Estamos viviendo los momentos más duros que nuestra sociedad haya vivido jamás, momentos de desintegración nacional y social, momentos de crisis económica y depresión que llegan justo en los momentos en los que las riendas de la política están en manos de unas camarillas tan inútiles como miserables y tan ciegas como estúpidas. El futuro va a depender de nosotros si es que queremos tener un futuro. Y eso va a implicar compromiso, trabajo y esfuerzo, pero va a valer la pena si es para preparar el país que recibirán nuestros hijos. Tenemos la obligación moral y ética para con ellos de entregarles un país en orden y en funcionamiento, un país que les abra vías para insertarse en la sociedad, para poder formar sus familias y continuar el hilo generacional que ha hecho de España un gran país y que hoy, una banda de políticos miserables ha transformado en un país desecho y paralizado por el miedo a un futuro que, de persistir las actuales circunstancias, se rebela sombrío.
Es el momento de redoblar esfuerzos para la construcción del movimiento para una profunda reforma constitucional. ¡Ahora o nunca!
Otoño 2009
© Ernesto Milà – infokrisis – infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com – Prohibida la reproducción total o parcial en la red de este texto sin indicar origen
