Una exigencia de la UE para disminuir el déficit: De los 65 a los 67 cotizando

Infokrisis.- ¿Pasarán nuestros prejubilados dos años más en las listas del paro? Una noticia recurrente en España es augurar la quiebra del sistema de pensiones para pasado mañana. Los bancos en los últimos diez años han publicado sucesivos informes alarmistas que recientemente ha utilizado el gobierno socialista para poner sobre el tapete la ampliación de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La Caixa lo pronosticó en  1998 que en diez años el sistema entraba en colapso. Antes, el Banco de Santander (en 1992) y el Banco de España (en 1992 y 1999). Todos se han equivocado. Los datos de los que han partido siempre, inevitablemente, han sido falsos, por tanto la previsión era errónea. Sin embargo, tanto gobierno, como agentes sociales, como oposición, todos coinciden en reconocer la próxima quiebra del sistema de pensiones… ¿Se equivocarán también?  Es sistema de pensiones puede entrar en crisis, sí, pero no por los motivos que nos auguran…

Disminuir el gasto público y aumentar impuestos, esto es gastar menos y ahorrar más son las soluciones que cualquier ama de casa conoce para llegar a fin de mes y es esa misma es la solución que los sesudos expertos en economía de la UE han impuesto a los países con problemas de déficit presupuestario. Cuando se habla de “disminuir el gasto”, los gobiernos no entienden disminuir “sus” gastos, sino los costes del Estado del Bienestar y, en primer lugar, las pensiones de jubilación. En los últimos meses se han repetido muchos mitos para justificar esta cuestión. Vale la pena repasarlos…

Imposiciones neoliberales de la UE

La aventura demagógica e insensata del zapaterismo y sus proyectos de “ingeniería social” terminaron cuando empezó la gran crisis económica. A partir de ese momento solamente quedaba pagar las facturas de la crisis. Y esas facturas, a fuerza errores y decisiones incorrectas (apoyo a la banca, apoyo a los dos Plan E, Plan Renove, gastos de integración, alegría en el reparto de subsidios a las asociaciones y organismo más inútiles, etc.), van aumentando de día en día superando hoy ¡tres veces el déficit máximo autorizado por la UE!

Zapatero es perfectamente consciente de que a mediados de la legislatura su posibilidad de reelección peligra si adopta por un reajuste neoliberal duro. Tampoco el PP va a confesar antes de las elecciones las medidas que, sin duda, no dudará en aplicar desde las primeras semanas de su estancia en el gobierno. De ahí que unos y otros hayan tratado de sondear a la opinión de la población sobre una de las medidas que insta a adoptar la Unión Europea: aumentar dos años más la edad de jubilación. No es que no la quieran aumentar… es que dos años antes de las elecciones ya estamos en período pre-electoral.

Esa medida implica teóricamente que aumentará la liquidez de la seguridad social: se ingresará más dinero dado que los trabajadores cotizarán dos años más y se retrasará, así mismo, dos años la percepción de pensiones. Dado que la edad de la población va aumentando, eso contribuirá a equilibrar las cuentas de la seguridad social y a esta en condiciones de afrontar las tendencias del crecimiento demográfico en los próximos 30 años… Tal es el razonamiento de quienes creen que esta medida serviría para algo.

Pues bien, todos estos argumentos son absolutamente falsos tal como vamos a demostrar. ¿Qué se persigue difundiendo reiteradamente tales mentiras? De un lado estimular los planes privados de jubilación cada vez más devaluados y cuyo desprestigio ha ido aumentando a causa de las mermas derivadas de las sucesivas crisis bursátiles. De otro lado disminuir las prestaciones del Estado hacia los ciudadanos mientras aumentan las percepciones que recibe en forma de cotizaciones. Negocio redondo para quien gestione el Estado y, por supuesto, para los grandes consorcios financieros.

Primera falsedad: “Vivimos más”

La clase política y los sindicatos explican con una seriedad pasmosa que la “esperanza de vida” ha aumentado cuatro años entre 1980 y 2005, esto es en apenas un cuarto de siglo y, por lo tanto, la seguridad social debe de abonar a los pensionistas 48 mensualidades más… algo considerado unánimemente como insostenible para el sistema de pensiones y dogma que no cuestiona ninguno de los agentes sociales, ni mucho menos los comunicadores o la oposición. Existe un consenso en aceptar este primer punto que sería decisivo para el futuro del sistema. Pues bien, se trata de una de esas “mentiras estadísticas” que tan habituados estamos a soportar.

Es faso que “vivamos cuatro años más”. En realidad, lo que ocurre es que la esperanza de vida va aumentando en la medida en que esa cifra es una media estadística que resulta de sumar las edades de todos los españoles en un momento concreto y compararlas con otros momentos anteriores. Lo que resulta de esto es una media aritmética que va aumentando a medida que va disminuyendo la mortalidad infantil… no porque “vivamos más”.

Como se sabe hasta no hace mucho, las mayores tasas de mortalidad se producían durante el nacimiento o en los primeros meses de vida. Pero, las mejoras en la sanidad y los avances en materia de asistencia a los neonatos, han evitado que esta sangría de recién nacidos prosiguiera. De hecho desde hace cincuenta años disminuye progresivamente.

En el pasado la ignorancia sobre el origen de determinadas infecciones generaba tasas de mortalidad impensables hoy cuando la inmensa mayoría de niños nacen en un entorno sanitario que garantiza su supervivencia. En España han desaparecido las causas de lo que hasta no hace mucho habían sido los principales causantes de la mortalidad infantil: pobreza, hambre, desnutrición, falta de agua potable, de atención sanitaria, neumonías y diarreas que todavía hoy provocan la muerte de 26.000 niños al día en todo el mundo.

Las cifras nos dicen muy a las claras que las tasas de mortalidad materna son extremadamente bajas -una por cada 16.400- y las de mortalidad infantil se han reducido en los últimos 50 años hasta un 80%, pasando de ser cifras tercermundistas -cien muertes por cada mil nacimientos- a ser la tercera menor del mundo, por detrás sólo de Islandia y Suecia.

Si en los últimos 10 años la mortalidad infantil en España no se ha reducido todavía más, se debe en buena medida al ingreso de grupos étnicos por vía de la inmigración están habituados por tradición antropológica a tener los hijos sin recurrir a médicos ni hospitales. Desde 2000,  las cifras de muertes infantiles de menores de cinco años se mantienen estables (entre 2.000 y 2.200 al año); casi la mitad (43,4%) fallecen por afecciones perinatales, derivadas de partos prematuros con bajo peso y de pactos en solitario que generan infecciones posteriores. Uno de cada cuatro de estos fallecimientos se debe a accidentes domésticos, descuidos de los padres, incendios y síndrome de la muerte súbita.

Resulta significativo que Cantabria y Navarra, por un lado, tengan la menor tasas de mortalidad infantil (2,29/1.000), mientras que Ceuta tiene la mayor (12,5/1.000) con una evolución cada vez más negativa. Si tenemos en cuenta que Ceuta tiene las mayores tasas de inmigración y las otras dos autonomías norteñas las más bajas, se entienden muchas cosas.

Pues bien, al haber ido disminuyendo la cifra de fallecimientos que cuentan como “0” años en las estadísticas, la “media” ha ido, como no podía ser de otra manera, ascendiendo… No es que “vivamos más”, sino que cada vez mueren –afortunadamente, habría que añadir- menos niños.

En realidad, es cierto que la mejora de las condiciones de vida ha tendido a aumentar ligeramente la “edad media” en la historia: Franco vivió 83 años (es decir, por encima de la esperanza de vida media de los varones actuales españoles), pero Carlomagno, situado en una época en la que apenas existía sanidad y donde se ignoraban los criterios científicos sanitarios casi completamente, vivió 73 años y Jaime I, que vivió cinco siglos después no ahorrando cautiverio, guerras y combates, alcanzó los 68 años de edad. Mucho atrás en la historia son famosos los casos históricos de los filósofos griegos Eratóstenes que vivió 95 años, Pirón de Erris que llegó a los 90 y Jenófanes que alcanzó la friolera de 105 años, mientras que Jeanne Calmet nacida en el siglo XIX en Francia también está constatado documentalmente que vivió 122 años y 164 días… a pesar de no pertenecer a una clase particularmente privilegiada ni de vida cómoda y haber nacido en una época en que la edad media apenas superaba los 58 años.

Si no vivimos más… ¿por qué habría que aumentar la edad de cotización?  Simplemente porque unos tecnócratas, manejando torticeramente estadísticas han sembrado en la sociedad un razonamiento optimista (la prolongación de la esperanza de vida) con la intención de estimular planes de pensiones privados quien hagan entrar más dinero en los circuitos financieros dentro del proceso creciente de financiarización de la economía que venimos denunciando en IdentidaD.

Segunda falsedad: “todos vivimos lo mismo”

No todos los grupos sociales viven lo mismo. La esperanza de vida de un obrero de la construcción o de un minero es muy parecida a la de un funcionario… sin embargo son diez veces inferior a la media de esperanza de vida que corresponden a los salarios más altos, habitualmente identificados con la aristocracia económica y la oligarquía. También esto tiene su explicación.

El funcionario, habituado a estar sentado ocho horas al día durante años tiende a desarrollar enfermedades cardiovasculares, mientras que el maestro sometido a tensiones nerviosas y situaciones de estrés crecientes durante todo el tiempo que dure el ejercicio de su profesión; por su parte, el obrero manual que va desgastando su cuerpo y sus energías mediante el esfuerzo y los ambientes viciados o el obrero de la construcción que debe realizar esfuerzos físicos durante todo el tiempo que dura su actividad laboral, todos ellos tienden a vivir 10 años menos de promedio que los miembros de la oligarquía económica que a lo largo de toda su vida laboral su cuerpo no queda agotado por una incesante actividad, están en condiciones de delegar responsabilidades que les resulten molestas o estresantes, desconocen lo que es el desgaste por esfuerzo físico, pueden permitirse medicamentos y tratamientos que compensen posibles mermas físicas y, finalmente, no están sometidas al estrés generado por contratos en precario, posibilidad de quedar en el paro, estrecheces, etc.

No vivimos lo mismo… Nuestra esperanza de vida tiene mucho que ver con el grupo social al que pertenecemos y con nuestra capacidad adquisitiva y nuestra renta. Lo interesante es constatar que aquellas grupos sociales privilegiados -que suponen una ínfima minoría entre los cotizantes de la seguridad social- viven 10 años menos que la media de los trabajadores manuales… que constituyen una mayoría de cotizantes y, por tanto, que aportarán la mayoría de jubilados. Si la media de vida de los trabajadores manuales es de 70 años, pensar que la edad de jubilación pase de los 65 a los 67 años supone que la Seguridad Social tendrá que pagar solamente durante siete años de media. Toda una vida cotizando para percibir tres miserables años una pensión: ¡gracias Estado…!

Vale la pena especificar que esta diferencia de “esperanza de vida” entre los que cobran más y los que cobran menos es habitual en todos los países occidentales y solamente en los EEUU asciende a 15 años a causa de lo que hasta ahora ha sido el mal endémico de los EEUU: la inexistencia de una asistencia sanitaria gratuita. Pero es no menos sorprenden que en el ámbito de la UE, esta misma diferencia sea de 7 años, esto es tres menos que en España. Esta diferencia se debe a varios motivos: deficientes sistemas de seguridad entre los trabajadores en España y, por consiguiente, una siniestralidad laboral mucho más elevada que en Europa, una inmigración andina incomparablemente superior a la europea con altas tasas de alcoholismo y, por tanto, de siniestralidad laboral, a lo que se une unas tasas no especificadas pero indudablemente mayores (puesto que mayor es el consumo medio global) de drogas especialmente como el hachís y el alcohol.

Tercera mentira: “extender la edad de jubilación implica disponer de más fondos”

A partir de los 45 años un trabajador que queda en paro encuentra muchas más dificultades que uno de 35 aunque sus capacidades físicas e intelectuales no estén mermadas en absoluto. A partir de los 55 años, le resulta prácticamente imposible reinsertarse en el mercado laboral. Así pues, extender la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supone simplemente mantener a buena parte de los trabajadores en situación de paro durante dos años más.

En otro tiempo, especialmente las mujeres que durante años habían realizado tareas administrativas pero que, en un momento dado habían quedado en el paro, se dedicaban a cuidar a personas de más edad, inválidos o incluso niños pequeños. Pero esa posibilidad ha desaparecido con la llegada masiva de inmigrantes, especialmente de mujeres andinas, que han asumido esas tareas a coste más barato. A nadie se le escapa que a partir de los 55 años resulta prácticamente imposible para un trabajador que no tenga una especialización muy concreta, encontrar un puesto de trabajo que desempeñar durante sus últimos años de vida laboral.

Por eso resulta, particularmente nefasto –y por eso los gobiernos lo han establecido con el silencio increíble de los sindicatos- para los trabajadores que el cálculo de lo que corresponde de pensión se realice en base a los años de cotización y, especialmente, a lo que se ha cotizado en los años previos a la jubilación, años en los que sus posibilidades de encontrar trabajo van disminuyendo asindóticamente. De poco vale que alguien haya cotizado entre los 25 y los 50 años continuadamente, si queda en paro a los 50 años cuando sus posibilidades de  encontrar trabajo van disminuyendo progresivamente. Esta cálculo está inducido por el truco habitual en todo mal pagador: poner condiciones incumplibles para realizar los pagos.

Por otra parte, hoy a partir de los 15 años de cotización a la SS, el parado, tras agotar sus percepciones tiene derecho a lo que equivale a una pequeña pensión de prejubilación de entre 400 y 500 euros… Lo que, por sí mismo demuestra que mantener dos años más a los trabajadores en vías de jubilación en esta situación solamente supondrá un ahorro mínimo, cuando en realidad de lo que se trata es de reformar el mercado laboral para que todo aquella persona en edad de trabajar pueda hacerlo, cotice durante su vida laboral y se jubile lo antes posible para aprovechar los últimos años de su vida en lo que estime conveniente y deje hueco en el mercado laboral para las nuevas generaciones, o de lo contrario, el paro se irá acumulando también en las edades jóvenes.

Extender la edad de jubilación no supone en absoluto que la Seguridad Social pueda disponer de más fondos: eso ocurriría solamente si se reforma de arriba abajo el mercado laboral y todas las circunstancias que le rodean a fin de facilitar el empleo para las edades superiores a los 50 años. Y sobre todo, si hay trabajo…

Cuarta mentira: “No hay más dinero”

Parece prudente que el dinero de las cotizaciones vaya a parar a una caja única, pero ¿por qué seguir manteniendo el dogma de que sólo con ese dinero se pueden pagar pensiones? A fin de cuentas una pensión es un dinero que da el Estado a un sujeto, ¿por qué ese dinero tiene que salir solamente con el dinero de esa caja única? ¿No estaremos cayendo en un dogma que, como todos los dogmas, solamente es indiscutible mientras nadie se atreve a hacerlo? El Estado tiene dinero: prueba de ello es el disparatado gasto presupuestario actual y los miles de partidas nada justificadas o escasamente justificadas que, sin embargo, nadie discute y que parecen no existir para nadie salvo para sus beneficiarios.

El Estado del Bienestar consiste precisamente en que cada ciudadano tiene a derecho a una serie de servicios y prestaciones durante su vida activa, pero también durante su jubilación. Al margen de lo que ha trabajado y cotizado a la seguridad social, también ha pagado impuestos directos e indirectos y seguramente ha dado al Estado mucho más de lo que el Estado le ha dado a él. En los años de su vejez, cuando ya no está en condiciones de rendir con la fuerza de su trabajo más beneficios al Estado, es el Estado el que tiene que empezar a garantizar al ciudadano una vida digna hasta sus últimos momentos. Existe un déficit entre lo que el ciudadano aporta al Estado y lo que el Estado le da y ese déficit deriva de la gestión del poder por parte de una clase política parasitaria y de unas concepciones políticas liberales según las cuales el Estado debe de intervenir lo menos posible en la vida pública… pero la clase política tiene todo el derecho a distribuir el dinero de los ciudadanos en gran medida en beneficio de propio por aquello de que quien “parte y reparte se lleva la mejor parte” algo que el refranero español conoce desde los tiempos de Cervantes como mínimo.

El Estado tiene más dinero y tendría más si sus gestores fueran más escrupulosos y eficaces. Sólo que no está dispuesto a repartirlo en beneficio de los ciudadanos. Es por tanto completamente falso que el gasto del Estado en materia social sea excesivo. Hoy, el Estado paga un 8,4% del PIB en forma de pensiones y se calcula que en el 2050 ese porcentaje habrá llegado a un 15%, algo que se considera insostenible e imposible, de ahí las voces de alarma que tienden a reformar la seguridad social. Es falso.

Cuando durante el franquismo se puso en marcha el sistema de pensiones y la seguridad social –aportación de Girón y del sector falangista del régimen empeñado en aplicar políticas sociales, similares a las que se empezaban a aplicar en otros países- algunos liberales intramuros del régimen vaticinaban que en pocos años el sistema entraría en crisis… cuando solamente suponía un 3% del PIB. Sin embargo, hoy cuando casi se ha triplicado esa quiebra todavía no se ha producido. ¿Por qué? Por que han crecido las pensiones, pero también ha crecido la productividad del país. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra  reconoce en un artículo sobre la viabilidad de las pensiones que: “Suponiendo un crecimiento anual de la productividad española en un 1’5% -que el Banco de España considera como razonable- el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que en el año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del OIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es lo que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007”.

Resumiendo: hoy España tiene mas recursos para pagar a sus pensionistas que hace 25 años, de la misma forma que hace 25 años existían más recursos que cuando el sistema se puso en marcha y poco importó que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se duplicara… porque la productividad había aumentado paralelamente.

¿Cuál es el único problema? Que la economía española funcione y genere empleo. Sin generación de empleo no hay posibilidades de nada. Lo que implica necesariamente establecer un modelo económico que precise sobre qué pilares se ha de levantar la economía española y que sectores hay que incentivar desde el Estado. Junto a esto, es preciso abordar un proceso de “desglobalización” y rearme arancelario y, por supuesto, la desactivación del efecto llamada para inmigrantes y el redimensionamiento del mercado de trabajo español: España no puede sostener a 5.000.000 de parados y nuestro mercado laboral no puede absorber a 7.000.000 de inmigrantes. Es imprescindible rectificar las políticas de inmigración asumidas desde 1997 y deconstruir el fenómeno de la inmigración procediendo a repatriaciones masivas que sanearán el gasto público definitivamente.

Quinta mentira: "las proyecciones demográficas de los españoles son negativas para la SS"

Lo dicho anteriormente tiene mucho que ver con lo que sigue: estamos hablando de demografía. Las políticas criminales de los últimos gobiernos del PP y del PSOE han convertido a la seguridad social en una especie de “truco de Ponzi” o “estafa piramidal”. Para que la cúspide de jubilados pudieran cobrar sus pensiones era preciso que la base se ampliara constantemente.

La primera ampliación se produjo a partir de los años 60 con la ampliación del mercado de trabajo a la mujer (que hasta entonces ocupaba una mínima parcela y durante un tiempo mínimo, no más allá de los 25-35 años). Con la progresiva incorporación de la mujer se produjo un fenómeno perverso: lo que fue considerado como un logro y un avance social, en realidad consistió en introducir en la ley de la oferta y la demanda un elemento que tiraba a la baja de los salarios. En efecto, si el mercado de trabajo registra un incremento de fuerza de trabajo, pero los puestos de trabajo crecen a menor velocidad, obviamente se produce una devaluación de la fuerza de trabajo y, por tanto, una bajada en el precio de los salarios.

Eso es lo que ha ocurrido desde mediados de los años sesenta, primero de manera poco visible y luego, progresivamente, a una velocidad cada vez mayor. Pero luego, a principios de los años 80, en Europa Occidental y en los EEUU se produjo una nueva vuelta de tuerca. En efecto, era preciso abandonar cualquier idea de “pleno empleo” considerada como “peligrosa” (si había pleno empleo los salarios tenderían a alzarse…) y rebajar aun más el valor de la fuerza de trabajo. Dado que el baby boom ya había terminado, el único recurso que quedaba era la inyección de fuerza de trabajo alógena en forma de inmigración. España llegó tarde a este proceso y le cupo a Aznar la vergüenza de haber estimulado este proceso en nuestro país. Los socialistas aceleraron este fenómeno hasta el punto de que el PSOE puede ser llamado en rigor “el partido pro-inmigracionista”.

La teoría del colapso de la Seguridad Social víctima de las modificaciones de la pirámide de población se basa en que hay menos nacimientos que fallecimientos. Por tanto, a mas beneficiarios pero menos cotizantes corresponde la quiebra del sistema si no se inyectan fondos desde fuera del sistema (¿y por qué no deberían inyectarse llegado ese caso?)… El razonamiento es completamente falaz. Como si las cotizaciones que llegan a la seguridad social tuvieran algo que ver con la pirámide de población.

Según esto si nuestra pirámide poblacional tuviera una forma de “pirámide egipcia”, (base impresionante y cúspide minúscula) como la que podía tener la sociedad española en los años 50, el sistema podría no ser viable si la tasa de paro fuera monstruosamente alta, tal como ocurre en algunos países africanos que ni siquiera son capaces de tener un sistema de seguridad social estable. En efecto, el problema no es la pirámide de población… sino el número de cotizantes y la cotización por persona.

El segundo elemento a tener en cuenta es también importante: los niveles salariales y la productividad. Imaginemos un país en el que todos trabajan, pero sus salarios son ínfimos y su productividad bajo mínimos. Aunque la pirámide de población registrara muchos más nacimientos que fallecimientos, no existe garantía alguna de que se pudieran mantener un sistema de seguridad social capaz de dar pensiones dignas, tal como ocurre en la mayoría de países africanos y en algunos países andinos.

Aquí valdría la pena introducir la pregunta de por qué la oligarquía prefiere insertar población inmigrante antes que estimular la demografía nacional. Las respuestas son muchas y todas ellas desfavorables a los fenómenos migratorios, pero el hecho real y objetivo es que las familias españoles tienen menos hijos de los que quisieran (no tienen más por razones económicas), los jóvenes se independizan cada vez más tarde (por no encontrar trabajo o por encontrar trabajos que no les permiten la independencia, ni siquiera la subsistencia sino es dentro del hogar paterno) y tienen hijos menos hijos y más tardíamente.

La inmigración, con una tasa de natalidad absolutamente desbordante (entre dos y media y tres veces superior a la autóctona) garantiza una pirámide de población “a la egipcia”, pero esto dista mucho de garantizar algo más que salarios bajos (luego pocos ingresos a la seguridad social, baja productividad y tendencia a la baja de los salarios). Repetimos: el mecanismo no puede funcionar si no hay trabajo y los fenómenos de deslocalización empresarial y de financiarización de la economía no dejan lugar al optimismo. No solamente se dista mucho del pleno empleo sino que incluso hoy parece difícil que países como España puedan establecer su cota de paro por encima del 10% en el mejor de los casos.

Algunos demógrafos como Emmanuel Todd sostienen que la inmigración al llegar a Europa y adquirir un estilo de vida europeo y un razonable nivel de vida, irá disminuyendo sus tasas de natalidad. Si esto ocurre la pirámide de población tenderá de nuevo a adoptar la forma actual y, siguiendo el dogma establecido de que sólo países con una pirámide clásica pueden atender al pago de las jubilaciones, se procederá a ¿inyectar aún más inmigración? Es lo malo que tiene confundir la Seguridad Social con una estafa piramidal: siempre hace falta que la base se amplíe.

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En este tema la posición del centro-derecha es exactamente la misma que la del centro-izquierda. Anclados PP y PSOE en los dogmas y en las falsedades estadísticas, amparados en el silencio –sino en la traición- de los sindicatos y de la patronal, y con la voz de su amo –la prensa- dando el visto bueno, todos coinciden en anunciar catástrofes futuras, reorientar el ahorro hacia los planes de pensión privados (esto es hacia los circuitos del capitalismo financiero siguiendo el proceso de financiarización de la economía que algunos agoreros denunciamos) y proponer medidas superficialmente estudiadas que siempre, inevitablemente siempre, suponen sacrificios para los trabajadores y merma de derechos sociales ya adquiridos.

Antonio Barea, el que fuera secretario de Hacienda en el primer gobierno Aznar, va desde hace quince años en la misma dirección anunciando la quiebra del sistema de pensiones para pasado mañana y ahora enfatizando con dramatismo la fecha de 2015 como tope máximo para la supervivencia del actual sistema. Y lo hace con el argumento único de que “ahora vivimos más”… argumento que ya hemos deshecho.

Paradójicamente, nosotros coincidimos en esa fecha: el 2015 es más que posible que España todavía no haya logrado salir de la crisis económica iniciada en 2008. No se percibe ni de dónde podría salir el crédito para estimular el consumo, ni qué sectores de la economía podrían reemplazar a los sectores caídos (construcción y turismo) que nunca más volverán a alcanzar los niveles de desarrollo que tuvieron hasta hace dos años. No hay trabajo –y pasarán muchos años antes de que algún sector de actividad económica surgido de no se sabe exactamente de dónde puede absorber a tres millones de trabajadores. Milagro será que no alcancemos los 6.000.000 de parados reales en el próximo año y medio. En esas condiciones ni la Seguridad Social ni nada que tenga que ver con España estará en buena situación y mucho menos el sistema de pensiones.

La clase política no está dispuesta a renunciar a ninguno de sus privilegios ni a un control democrático de su gestión y del manejo de los fondos del Estado, ni por supuesto animada a aumentar las penas por corrupción ni a dar más dotación a las unidades policiales especializadas.

En los últimos tiempos, el gobierno parece haber asumido aquel otro refrán español que dice: “dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces”. El gobierno español alardea, por ejemplo, de que la obvia falsedad para quien tenga ojos y vea, de que la inmigración consume menos recursos del sistema sanitario que los autóctonos. El gobierno sostenía a principios de marzo, contrariamente a toda la clase médica, que el rebrote de determinadas enfermedades desterradas de España no tenía nada que ver con la inmigración, el mismo día que los sindicatos sostenían contra el sentido común que la inmigración no había tenido nada que ver con la caída de los salarios. Y, por fin, el inefable Rubalcaba aseguraba que los delitos no habían subido en esta bendita España de la ceja y de la generación ni-ni. Para colmo, los gobiernos del PP primero y hoy del PSOE nos han repetido una y mil veces que la inmigración venía para “pagar las pensiones de los abuelos”… Todo era mentira.

La única realidad es que los datos sobre los que en los últimos 15 años se ha basado la teoría del colapso de la seguridad social y del sistema de pensiones son literalmente falsedades fácilmente demostrables. Y sin embargo, el sistema corre un riesgo cierto: la llegada de 7.000.000 de inmigrantes ha desequilibrado irremisiblemente el mercado de trabajo y la sociedad española y ha terminado por distintas vías absorbiendo más recursos de los que da al Estado. Si hay un riesgo de quiebra del sistema, va por ahí. Poner el cascabel al gato supone abordar el espinoso tema de cómo repatriar a un mínimo de 4.000.000 inmigrantes hacia su lugar de origen. Sólo eso, unido a un proceso de desglobalización que haga retornar la producción industrial y alimentaria a nuestro país, serán capaces de resolver el problema actual de la seguridad social y de las pensiones: la existencia de una alta tasa de paro que, efectivamente, puede poner en colapso el sistema. Porque el problema, a fin de cuentas, no está en mantener a las personas de 65 años dos años más en las listas del paro, sino de estimular el empleo, a partir de los cual todos los problemas de presente y futuro quedan resueltos.

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