Ahora vienen los años duros

[Este artículo fue escrito a principios de 2011 y publicado en el número 34 de la revista Identidad. En cierto sentido era un artículo profético: se auguraba que el año iba a ser negro, pero incluso en esta perspectiva, ignorábamos que iba a ser tan negro como está resultando. Convocadas las elecciones generales para el 20-N, la población español las afronta con vagas esperanzas de que Rajoy logre sacarnos del agujero... en realidad, esas esperanzas se habrán diluido de aquí a seis meses...]

2008, 2009 y 2010 fueron los previos, los de la crisis, que, tal como la define el diccionario, no es más que el cambio brusco de una situación a otra. Ahora empieza lo que sería la segunda fase del proceso, el establecimiento del nuevo status, muchísimo peor para el pueblo del que más o menos disfrutábamos.

Una de las pocas cosas ciertas que ha dicho el ilustre economista Zapatero es que, como mínimo estaremos “apretados” cinco años. El ciclo mínimo para ver los resultados de un plan económico son cinco años. De ahí que la mayoría de los planes económicos dirigidos, como en el antiguo Bloque del Este sean quinquenales. Vamos, que por orden cronológico en los análisis, Zapatero nos ha dado la razón. Hay que saber que a los cinco años es cuando se ve si un plan era bueno, pero, como desarrollaremos más adelante, no lo creemos. Con lo que estamos abocados a romper y rasgar como sociedad o enfrentarnos a estar en la miseria dentro de un lustro.

Imponen las medidas a la marioneta Zapatero, la marioneta Rajoy las aplaude

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 no son más que una imposición desde fuera. En principio marcada por Merkel y Sarkozy, por detrás de ellos los de siempre, que van a pescar enormes truchas en un río muy revuelto.

Como aperitivo tuvimos el R.D. 8/2010 de 20 de mayo, por el que se congelaban las pensiones contributivas, atacando a uno de los sectores más débiles, el de los jubilados. El entrante nos lo sirvieron el 17 de septiembre con la Ley 36/2010, que abarata las indemnizaciones por despido. Son las dos primeras medidas de gran calado para el retroceso en los derechos de los trabajadores que se han dado desde 1936, Franco, Transición y Democracia por medio.

Llegando a la auténtica degustación del “menú” nos encontramos con que en los nuevos PGE se reduce el gasto en un 8% de media, pero no en reducciones de dietas ni de coches oficiales. La auténtica mano dura en los PGE se va a ver reflejada en las clases media y baja españolas. Si todos vemos un exceso en el número de funcionarios por la duplicidad o triplicidad de Administraciones, no se va a buscar la lógica e ir reduciendo el número de funcionarios de la manera menos traumática posible, sino que van a echar a personal laboral sin tocar a los enchufados varios dedicados a perder el tiempo a costa del dinero de todos nosotros. Y como el personal expulsable de determinados Ministerios supondrá una merma en servicios, externalizarán sus funciones dándoselas a empresas privadas de bajos salarios y a pagar por todos.

La contracción de gastos en los Ministerios, reduciéndose entre un 14% y un 15% las partidas, se reflejará en la congelación de sueldos del personal de servicio principalmente, después en lo anteriormente relatado.

Al R.D. 8/2010 y Ley 36/2010 se le van a sumar los efectos de la subida en dos puntos del I.V.A. y la eliminación de los 426 € de ayuda que, si bien favorecían a algunos vagos, no es menos cierto que también ayudaban a gente que buscaba infructuosamente trabajo habiendo agotado la prestación por desempleo. Se nos ocurre que en vez de eliminar la ayuda deberían haber investigado quien la recibía. Desaparece también la ayuda por maternidad, después dirán que hay un problema de natalidad que pone en peligro las pensiones.

Pero no se van a apretar por igual todos los cinturones. Las grandes rentas o SICAV van a tener su tasa de fraude legalmente consentida, con tal de que salgan a la luz sus capitales. Seguirán pagando un 1%, a la recepción del capital tributarán con los bajos tipos de éstas rentas, impuesto de patrimonios que no se rescata y tendrán rebajas efectivas de Cotizaciones a la S.S. de sus empresas, con lo que el Estado va a financiar “de facto” los despidos masivos, conversiones de contratos temporales a los de tipo basura pero tildados de “indefinidos”, etc.

Y, ¿no había otra solución?

Sí, la había. Empezando por las SICAV, si un gran empresario decide tributar en las Bahamas se le puede aplicar tasas de importación a los productos que genere, aunque sea en España, tratándolos como mercaderías importadas. Puede que después no le interese cotizar fuera de aquí. Las ayudas a la natalidad se deben entender como inversiones a largo plazo, por lo que en vez de retirarlas habría que aumentarlas. Las Administraciones locales han de buscar la efectividad en el trato y ayuda al ciudadano, no colocar a los amigotes en embajadas allende los mares. Las pensiones no se tocan. Si no entendemos que son el fruto del trabajo de la gente durante 40 años de su vida (aunque en realidad se paguen con las aportaciones actuales y sea un sistema de solidaridad intergeneracional) empezaremos a pensar que todo el sistema no es más que una enorme estafa piramidal. Las ayudas al desempleo, en vez de mutilarlas, deben supervisarse, que hay medios para hacerlo. Nadie quiere que se aprovechen los vagos dedicándose a rechazar ofertas de empleo, pero el arbitraje debe vigilar también al empleador para que no aproveche la situación y se cargue todos los derechos laborales.

Hay dos medidas estrella: Desde luego una es la repatriación de 6 (8 con los nacionalizados) millones de inmigrantes que hoy, directamente, no podemos mantener. Y que en su momento fueron necesarios para el enriquecimiento de los especuladores del ladrillo. Eso sí, con el cobro de sus aportaciones correspondientes, y que no descapitalizará tanto a España como seguir manteniéndolos aquí un solo año más. No se les discrimina ni se les rebaja de su categoría de personas, simplemente se acaba el “contrato” en España.

La otra es la intervención del precio de la energía. Si queremos que sea rentable a los empresarios y emprendedores quedarse en España y generar de nuevo empleo a partir de la pequeña y mediana empresa, ha de controlarse y abaratarse el precio del kilovatio. Se sacrifica interviniéndolo un sector para beneficiar al resto.

Si cabe una tercera medida es la del control y solicitud de devolución de las ayudas percibidas por los bancos… si como Estado todos los ciudadanos les hemos ayudado para que no quebrasen, ahora deben devolver la ayuda. Al fin y al cabo es lo que hacen ellos cuando prestan dinero.

Otras medidas, no económicas, pero igualmente necesarias, son las que implican la erradicación de toda la subcultura auspiciada por los extremistas progres estos últimos años, cuyo mayor éxito ha sido el nacimiento de la generación Ni-Ni (ni estudian, ni trabajan). La formación de nuestra juventud en valores clásicos europeos traerá como fruto una sociedad responsable, familiar y trabajadora.

La necesidad de las medidas drásticas

Todo lo explicado anteriormente sobre los PGE no se entiende sin aclarar por qué el gran imperio del capital los ha impuesto. Quieren que España se acerque al 3% de déficit sobre el PIB en 2013. De esta forma se aseguran el cobro de los préstamos que le han hecho al Gobierno (del PPSOE-PNV-CiU) mediante la compra de bonos y obligaciones. Préstamo a los políticos, que no a los españoles. Si mientras tanto llegamos a la necesidad o al hambre les da lo mismo.

La deuda del Estado acumulada actualmente es de 2,7 veces el PIB nacional, lo que supone que, por años, en 2010 asciende al 62,8% del PIB y para el 2011 el 68,7% del PIB. Se lleva generando quince años y se ha incrementado astronómicamente en los dos últimos. Ha sido provocada por el interés de los especuladores y ahora la vamos a pagar todos.

Dentro de cinco años, al vencimiento de este plan quinquenal y con Rajoy (seguramente) en el Gobierno el panorama va a ser el siguiente: Bajada de 5 millones a 4 de parados, los cuales supondrán un desempleo estructural inextinguible. Por debajo del umbral de la pobreza se pasará del 28% de la población actual a un 35-40%. La natalidad quedará en manos de la inmigración, principalmente musulmana, debido a que nadie disfrutará de ayudas al nacimiento pero ellos sí tendrán las ayudas de integración que no desaparecen. El poder adquisitivo de la clase media será en torno a un 50% menor y de la baja un 80%... y lo más increíble es que nuestra sociedad no se tire a la calle antes de que suceda.

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