El “Caso Vic” versión 2.0. La decisión de la Comisión Europea reabre el debate sobre los inmigrantes en Vic

Infokrisis.- El tripartito catalán ha establecido un dogma: “empadronar inmigrantes es legal” y ese dogma ha sido avalado por dios-padre, José Luis Rodríguez Zapatero. Y resulta que no, que no solamente la legalidad sobre el empadronamiento de inmigrantes era cuestionable según la legislación española, sino que además la Unión Europea sitúa la legalidad en otro lugar. Zapatero calla, su nueva  secretaria de inmigración, Ana Terrón, balbucea excusas y el tripartito sigue aferrado a su dogma. La reciente decisión del consistorio de Vic de comunicar a la Delegación del Gobierno en Catalunya sobre los inmigrantes ilegales empadronados en la ciudad ha acabado por complicar la situación. El gobierno estará ahora obligado a actuar ante situaciones de ilegalidad… El Caso Vic está de nuevo en el candelero. Mal asunto eso de dejar debates abiertos.

En enero, el Ayuntamiento de Vic decidió que no empadronaría a ningún inmigrante que se encontrara en situación irregular mientras no acreditara que había cursado la solicitud o prórroga del permiso de residencia. Sin embargo, finalmente la aplicación de la norma no se llevó a cabo por presión de la Generalitat y del gobierno Zapatero. Sin embargo, el Caso Vic distaba mucho de haber concluido.

La noticia de que la UE no avalaba la decisión de la Generalitat ni del gobierno español publicada el pasado 11 de abril supuso el desencadenamiento de una nueva polémica que situaba por segunda vez en menos de cuatro meses a esta población catalana [véase el despiece: Vic, capital espiritual de Catalunya] en el centro de la atención mediática. La noticia según la cual el Ayuntamiento de Vic informará "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales", desencadenó el revival del “Caso Vic”.

La Unión Europea avala el no empadronamiento de ilegales

Aunque la Comisión Europea no puede tomar medidas formales antes del 24 de diciembre de 2010, fecha en la que todos los Estados miembros tienen que incorporar a su ordenamiento jurídico la Directiva de retorno, ha pedido "velar" por el cumplimiento de las normas fijadas en la misma "tan pronto como sea posible".

El primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), aseguró a Efe, que el consistorio “ha decidido llevar a cabo esta medida para no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea”. Se trataba, en realidad, de un “efecto rebote” generado por la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, quien aseguró pocas horas antes que "las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio"…

La Comisión Europea ha advertido a través de Malmström que, cuando tenga conocimiento de esta situación de ilegalidad, deberá iniciar el procedimiento de expulsión o regularizar a los inmigrantes. Malmström recordó que la normativa comunitaria obliga a los Estados miembros a "expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio" pero que también permite "conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo".

Cecilia Malmström señaló, así mismos, que las autoridades españolas, "una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".

Malmström aclaró igualmente que los Estados miembros pueden decidir qué nivel administrativo -local, regional o federal- toma las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. En todo caso, el Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la normativa comunitaria "en la totalidad de su territorio".

El problema es que en España nunca resulta claro qué nivel administrativo es responsable de algo tal como demuestran los últimos 30 años de “Estado de las Autonomías” en las que constantemente cada escalón ha culpado a los otros de cualquier error o tragedia: Estado contra Autonomías, Autonomías contra Estado, Ayuntamientos contra Autonomías, Autonomías contra Autonomías… y ahora, lo que faltaba: Estado y Generalitat contra la Unión Europea.

Las declaraciones de Cecilia Malmström realizadas por “una instancia superior” (la UE), suponían un mazazo para las dos instancias jurídicamente inferiores: el Gobierno Español y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya que intentaron justificar con toda una maraña jurídica algo que era extremadamente simple de partida: las condiciones de empadronamiento de la Unión Europea son contrarias a la dogmática del gobierno español y del gobierno autonómico catalán. Y esto ocurre cuando la presidencia europea de José Luis Rodríguez Zapatero se encamina hacia su recta final con más pena que gloria. Las declaraciones de Cecilia Malmström suponen un nuevo desdoro para este abochornante semestre de presidencia española.

Culpas, ambigüedades y balones fuera de CiU

Las declaraciones de Cecilia Malmström eran la respuesta a una pregunta de Ramón Tremosa, eurodiputado de CiU sobre si era legal o no empadronar a inmigrantes ilegales.

Para Tremosa, la postura de la comisaria europea avala al Ayuntamiento de Vic en su polémica con el Gobierno, que le exigió inscribir a los sin papeles en el padrón. Lo que olvida decir Tremosa es que CiU se vio obligado a proponer el no empadronamiento de ilegales en el Ayuntamiento de Vic por presión de la Plataforma per Catalunya y como última esperanza para detener la avalancha de votos hacia esta nueva formación política que amenaza con empañar el stablishment local.

El teniente de alcalde de Vic Xavier Solà (CiU) considera que la Comisión Europea trata de obligar al gobierno español a adoptar una postura coincidente con los criterios de la UE sobre empadronamiento de ilegales ya que el Ayuntamiento "no tiene competencias" en materia de inmigración. En otras palabras: el Gobierno debe decidir si expulsa a los ilegales o les da permiso para residir en España.

Así pues la culpa de que en Vic se sigan empadronando inmigrantes ilegales es del gobierno español porque el ayuntamiento local, “ha hecho lo que ha podido para impedirlo”. Y no es cierto: el Ayuntamiento de Vic podía haber hecho mucho más. Podía apelar a las instancias europeas que le habrían dado la razón avalado en el hecho de que la legislación española en la materia es contradictoria. El Ayuntamiento de Vic hubiera podido presentar denuncia al Tribunal Constitucional. Podía haber aplazado el empadronamiento, podía haber realizado inspecciones por parte de la policía municipal para confirmar si los datos aportados por los ilegales en su hoja de empadronamiento eran ciertos o falsas, podría haber enviado inspecciones de sanidad para ver si los pisos que los ilegales señalaban como residencia eran, en realidad, “pisos patera”. El ayuntamiento de Vic hubiera podido declararse, pura y simplemente, en estado de insumisión a las imposiciones del gobierno catalán y del gobierno español, manifestándose a la espera de las aclaraciones pertinentes… Pero el ayuntamiento de Vic controlado por CiU no hizo nada de todo esto. Y no es raro: a CiU le tiene absolutamente sin cuidado el tema de la inmigración.

El juego de CiU es bien simple y visible: el tema de la inmigración les interesa solamente en la medida en que el aluvión de votos que se prevé para PxC se basa en la aceptación de buena parte del electorado de las posiciones de este partido en materia de inmigración. Practicando el lenguaje de la ambigüedad, CiU lo que pretende es recuperar e instrumentalizar el tema de la inmigración, presentándose como una víctima del gobierno central… pero sin explicar exactamente cómo quiere resolver el problema de la inmigración.

¿CiU oponiéndose a la inmigración? Tan increíble como un pijama con hombreras… ¿Es creíble la posición de CiU cuando fue precisamente su venerado Jordi Pujol quien no sólo no se opuso a la llegada de inmigrantes subsaharianos al Maresme ya a finales de los años 80, sino que las empresas de flores propiedad de Marta Ferrusola figuraron entre las primeras que contrataron de esas nacionales incluso en situación ilegal? ¿Es creíble la posición de CiU cuándo fue precisamente Jordi Pujol quien creó una “embajada” de la Generalitat en Marruecos para estimular la llegada de inmigrantes marroquíes a Catalunya con la excusa de que al no hablar castellano –a diferencia de los andinos- aprenderías antes el catalán? ¿Es creíble la posición de CiU contraria a la inmigración cuando durante quince años ha callado sino elogiado la llegada masiva de inmigrantes?

Y hoy, cuando CiU ve peligrar si situación en muchos ayuntamientos, cuando la inmigración ha pasado a ser uno de los grandes problemas de Catalunya y cuando la pérdida de identidad catalana a causa de la inmigración masiva ya ha desfigurado muchos barrios y ciudades, ahora precisamente, CiU lanza una de cal y otra de arena sobre el problema demostrando por activa y por pasiva que lo importante para CiU es seguir gobernando ¿Catalunya? No, en absoluto, lo importante para CiU es seguir gobernando sus buenos negocios hechos al calor de los distintos peldaños de la administración catalana.

La reacción de los “amigos de los ilegales” (I): ZP

Ana Terrón es el actual perro de presa de ZP en materia de inmigración, sustituyendo a la malhadada Consuelo Rumi (la responsable de la regularización masiva de inmigrantes en febrero-mayo de 2005 que renovó y redobló el “efecto llamada” cuyas consecuencias duran hasta nuestros días). Es a la Terrón a quien correspondió –ante el silencio de Zapatero, todavía más incomprensible en razón de su cargo de presidente de la UE- dar la cara ante el nuevo capítulo del Caso Vic.

La Terrón afirmó que “España” no vulnera ni incumple ninguna norma comunitaria sobre Extranjería y que ha trasladado la Directiva de Retorno sobre inmigración ilegal de manera satisfactoria. La Terrón olvidó decir que fue el gobierno Zapatero y no “España” quien se opuso a la Directiva de Retorno de la UE, la combatió hasta el final e incluso consiguió que prosperara eliminó del texto la prohibición de celebrar nuevas “regularizaciones masivas”. Olvidó decir que en la Directiva de Retorno no figura ninguna alusión a la esperpéntica “regularización por arraigo” que sigue en vigor en España. Y olvidó decir que mientras la mayoría de gobiernos europeos son conscientes de que hay que contener a la inmigración masiva, solamente los últimos mohicanos del “papeles para todos”, atrincherados tras las últimas barricadas de la derruida ciudadela zapaterista sostienen hoy estas posiciones.

La Terrón añadió: "Por descontado España no vulnera ninguna norma comunitaria y por descontado no hay nada de lo que estemos haciendo que sea contrario a la UE". Para colmo explicó que: “Lo único que dice la Directiva es que existe la obligación de expulsar lo más rápidamente posible a los ciudadanos en situación irregular y que es exactamente lo mismo que dicen las leyes españolas”… la única observación que se puede hacer es que en la última reforma de la Ley de Extranjería los plazos de detención de ilegales están muy por debajo de los recomendados en esa directiva y que, por lo demás, el que las leyes españolas digan lo mismo de la directiva, es absurdo simplemente porque la ley española en materia de inmigración, no solo es contradictoria, sino que no se cumple: los “ilegales” son habitualmente puestos en libertad y solamente se repatría a cifras inferiores al 3% de ilegales... prueba de ello es que en la última reforma de la ley de extranjería no se abolió la figura de la “regularización por arraigo” que premia a quienes han logrado estar tres años en situación de ilegalidad con la obtención del permiso de residencia. ¡Vaya forma de “cumplir” la Directiva del Retorno!

En realidad, la Comisión Europea daba el viernes 11de abril la razón al ayuntamiento de Vic (en realidad cabría más decir, que la UE a quien ha dado la razón es a la Plataforma per Catalunya y al movimiento anti-inmigración que fue quien propuso la medida) indicando claramente que “España que no es libre para tolerar la situación de irregularidad de los inmigrantes y empadronar a los que no tienen papeles”. Ante esta explícita y taxativa declaración, las palabras de Ana Terrón suponen casi un chiste y sus declaraciones indicando que la “la CE ha dejado claro que no es competente para opinar en el empadronamiento  de España”, suponen una afrenta al sentido común.

La reacción de los “amigos de los ilegales” (II): El tripartito catalán

El mismo viernes 11 la Generalitat defendió el empadronamiento de ilegales con la excusa –muy mala, por cierto- de que esa inscripción de permitía “conocer el número y perfil de la población en Cataluña” (como si no se conociera por las estadísticas realizadas a través de los servicios sociales de los ayuntamientos o de las estadísticas de las policías municipales…). La Generalitat indicó, con una ingenuidad rayana en la estupidez que "Cataluña tiene legislación propia y los ayuntamientos la han de cumplir"… olvidando que Catalunya es una parte del Estado español y, lo que es más importante, que debe cumplir la legislación europea y adaptar su arsenal legal a las Directivas aprobadas por la UE.

Más allá del límite del engaño, el “tripartito” catalán –cuya gestión en los últimos ocho años ha constituido una verdadera tragedia para Catalunya- se atrevió a “instar” a los entes municipales a abordar "conjuntamente el debate sobre la inmigración a través del Pacto Nacional para la Inmigración y la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, desde la proximidad y no la lejanía de Bruselas"…

Interesante “europeísmo” el del tripartito gracias al cual no existe “debate” y cualquier debate es cerrado en falso. Maravillosa estupidez la del Pacto Nacional para la Inmigración cuyos únicos miembros ¡son todos aquellos partidos pro-inmigracionistas! y cuyas diferencias son solamente por matices secundarios. Y, finalmente, maravilloso el tripartito catalán y CiU que olvidan que el “debate” sobre la inmigración no lo han generado ellos (¡que son precisamente los responsables del desastre generado por la inmigración!) sino PxC a cuyo remolque están yendo…

El nuevo episodio del empadronamiento de inmigrantes ilegales cogió a Montilla con el paso cambiado justo cuando buscaba el voto inmigrante en Reus. Montilla acudió a la 25ª Assemblea Anual d’Associacions de Veïns de Catalunya  (Confavc) que se ha celebraba en Reus. Allí –en el peor momento- instó a “construir una sociedad más tolerante y cívica y poder así consolidar la cohesión social que necesitamos para todos los vecinos de Catalunya” y, puestos a ser “tolerante” aludió a los inmigrantes destacando “el importante papel que ha jugado la Llei de Barris en la integración de la inmigración. Sin esta ley, la inmigración no podría haberse integrado tan fácilmente y habrán surgido muchos más problemas”… ¿A qué integración alude este bobalicón con rostro de granito? ¿A la integración en Salt? ¿Al “islam catalán”? ¿Al imán de Cunit? ¿A la integración en L’Hospitalet? ¿A los problemas continuos de convivencia en toda Catalunya?

Las declaraciones de Montilla se vuelven todavía más insultantes cuando a un Lley de Barris -que ha pasado completamente desapercibida para la población catalana- le pone coste: 1,2 millones de euros ¡solamente en materia de “integración de inmigrantes” y durante el ejercicio 2009!

La reacción de los “amigos de los ilegales” (I): ERC

Las reacciones en Catalunya a la resolución de la Comisión Europea han sido las que correspondían al talante tradicional de cada partido: CiU en su línea de recuperar el voto sustraído por PxC e instalada en la ambigüedad permanente; el PSC montilliano siguiendo las orientaciones del zapaterismo agónico. ICV con su muletilla habitual de “papeles para todos”; el PP alarmado también por la fuga de votos y cargos hacia PxC, Ciutadans, ese partidillo de “centro-izquierda-antiidentitaria” con su permanente Ns/Nc, no sabe-no contesta en materia de inmigración. En cuanto a UPyD simplemente, ausente y sin señas en Catalunya. Pero de entre todas las reacciones de los partidos catalanes, la del área independentista merece comentarse.

Se tiene tendencia a pensar que los independentistas figuran entre las fuerzas políticas catalanas más partidarias de conservar la identidad catalana. A nadie se le escapa que la inmigración masiva, legal o ilegal, altera la identidad de Catalunya y de cualquier otro lugar de Europa. Sin embargo para el independentismo (y para el nacionalismo de CiU) lo importante es que el inmigrante se “catalanice”. Se olvida que el inmigrante llega con una cultura de origen muy bien definida, que tiene conciencia de su diferencia en relación al grupo autóctono y que esa conciencia aumenta los rasgos identitarios al refugiarse en su propio grupo social formado por gentes de su propia comunidad.

Con el Islam esto es particularmente visible. Y ante esto, los partidos catalanes mantienen posturas curiosas: CiU prefiere eludir el problema del Islam y no aludir nunca, absolutamente nunca, a esta cuestión, para evitar que se le recuerde que el Islam está presente en Catalunya gracias a Jordi Pujol y a CiU que lo trajeron de la mano. El PSC cultiva el voto islámico con singular énfasis dado que agrupa al mayor número de inmigrantes que cualquier otra en las grandes poblaciones catalanas en donde el PSC cuenta con mayorías que no quiere perder en las próximas elecciones municipales. ICV es una cero a la izquierda en política catalana gracias a su actitud hacia la inmigración (“papeles para todos”, “ningún ser humano es ilegal”, tópicos suicidas que aún defiende). Y en cuanto a ERC la presencia masiva de islamistas en Catalunya le ha inducido a difundir la ficción de que existe hoy, en Catalunya, un “islam catalán” que estaría perfectamente integrado… cuando lo que existe es una presencia masiva de islamistas en Catalunya que es algo muy diferente a un “islam catalán”.

Dado que Carod y ERC ignoran completamente lo que es el Islam y en su esquematismo zafio creen que se trata de una religión como cualquier otra, han seguido trabajando sobre esa ficción, confeccionando diccionarios de árabe-catalán, multiplicando subsidios a todas las asociaciones islámicas y conformándose con que de tanto en tanta salga algún islamista en TV3 hablando catalán con acento de Ketama, Nador o de Tánger. Eso es el “islam catalán”.

La propia actitud de ERC tras la declaración de la comisaria Malmström es antológica de la inopia en la que está instalado el independentismo catalán. Joan López aparenta ser concejal de Acción Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Vic y portavoz de Esquerra Republicana (ERC). López, contradijo al alcalde de la localidad, Josep Maria Vila d'Abadal (UDC), al asegurar que el Consistorio no notificará a la Delegación del Gobierno los casos de inmigrantes irregulares empadronados. Preguntado sobre si el municipio enviará información al Estado español de inmigrantes sin papeles, López respondió que Vic seguirá siempre leyes "como la de la protección de datos"... Cualquier cosa antes que expulsar a un ilegal.

El “efecto Vic”…

En cuanto a las organizaciones de inmigrantes han reaccionado airadamente ante las declaraciones de Cecilia Malmström. Para el Centro Islámico de Vic “El padrón es un control del municipio y para ese tipo de información ya está el Ministerio del Interior. Su labor es sólo municipal, por lo que consultaremos con los servicios legales que nos asesoran la viabilidad de esta decisión”, aseguró, declarando que la medida recomendada por la UE. “Es ilegal y amoral”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ecuatorianos de Vic (sí, porque después de los marroquíes invitados por la Generalitat de Pujol llegaron los andinos…) Carlos Ordóñez, contorneó el tema explicando que “A raíz de lo que pasó en enero creamos una comitiva de seguimiento  del debate, por lo que programaremos una reunión de urgencia para evaluar esta decisión”.

Por el momento, el efecto de toda la polémica suscitada y del debate abierto en Enero y reabierto en Abril en torno al empadronamiento de inmigrantes ha tenido un efecto inesperado: muchos inmigrantes magrebís se están yendo de Vic…

Las distintas asociaciones de inmigrantes que se reúnen mensualmente en Vic en el Casal Claret han manifestado su intención de “debatir cara a cara con el Ayuntamiento”… y, más vale que se den prisa porque dentro de poco habrá otro Ayuntamiento en Vic y como decía la memorable canción de Bob Dylan “los vientos van cambiando”. En ocasiones no sólo es viento lo que sopla sino vendavales. El tripartito catalán quedará literalmente barrido en las elecciones de noviembre. Falta saber el alcance de la victoria de CiU.

Los resultados de PxC y el índice de abstención serán los elementos que determinarán si la victoria de CiU será limitada y alicorta o cómoda y con margen de maniobra, algo que parece casi completamente descartado. El Caso Vic todavía no ha terminado todavía.

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Vic, centro espiritual de Catalunya

LA geopolítica enseña que siempre existe una contradicción entre potencias terrestres y potencias marítimas y dentro de cada potencia, entre mar y montaña. Este esquema se repite en Catalunya en donde la “muntanya” es completamente diferente al “mar”.  Y es que, Catalunya, como mínimo, es dual. Las comarcas del interior, la “muntanya” –y específicamente Osona, cuya capital es Vic- son históricamente católicas, conservadoras, rurales y monárquicas. Las del “mar”, por el contrario, son laicas, progresistas y políticamente republicanas.

Vic no pertenece ni a la Catalunya industrial que nació en torno a Barcelona en la primera mitad del siglo XX y creció como Área Metropolitana en la segunda, ni tampoco tiene mucho que ver con las comarcas costeras del Maresme, la Costra Brava y el Penedés o la costa tarraconense. Existe una “especificidad viguetana” que hace de aquella ciudad algo completamente diferente al “mar” catalán y la forma más pura en la que hasta hace poco se han conservado las tradiciones catalanas en estado relativamente puro.

A pesar de su proximidad a otras comarcas de “muntanya”, Vic y su comarca tampoco tiene que ver con las comarcas pirenaicas o con la Terra Ferma de Lleida. Vic es otra cosa. El elemento diferencial viguetano surgió en el siglo XIX en torno al seminario de Vic que formó a generaciones de sacerdotes tradicionalistas que sostuvieron durante décadas a las partidas carlistas. Junto a estos curas trabucaires se forjó tras los altos muros del seminario de Vic a una corte de intelectuales conservadores católicos que tuvieron a Jaume Balmes como su figura más representativa, y más tarde a Jaume Collell y a Narcís Verdaguer como predicadores católicos que enlazaron con la alta burguesía conservadora catalana (a través de la familia Güell).

Cuando el pairalismo (tradicionalismo católico catalán) selló una santa alianza con la alta burguesía catalanista, el nacionalismo catalán tomó carta de naturaleza. Figuras como Jacinto Verdaguer, clérigo de Folgueroles, pequeño puedo de Osona, próximo a Vic, gran poeta de la lengua catalana, amigo íntimo de Eusebio Güell, fue otra de las grandes figuras de la Renaixença y de la primera generación catalanista. Los obispos Morgades y Torres i Bages, contribuyeron como nadie a organizar el catalanismo político desde Vic antes de hacerse cargo de la sede de Barcelona. Gracias a todo esto, Vic fue, primero plaza fuerte del pairalismo y del carlismo combatiente; luego, durante la Restauración, plaza fuerte del regionalismo catalanista y de la Lliga. El franquismo no chirrió en aquella comarca mientras el catolicismo fue fuerza hegemónica hasta el Concilio Vaticano II y, a partir de la transición, se convirtió en fortaleza de CiU.

Cuando en la segunda mitad de los años 90 CiU facilitó la llegada de magrebíes a Catalunya, Osona y la Plana de Vic sufrieron una primera oleada de inmigración que se acomodó laboralmente en la industria porcina. Una década después llegaron los andinos. Hoy, la plaza del mercado de Vic es una muestra del drama de Catalunya: cada vez hay menos catalanes y el número de extranjeros va creciendo incesantemente. Vic es cada vez menos catalana y más cosmopolita. Y seguramente eso no es lo que más les gusta a los viguetanos. Reclamaciones a los partidos mayoritarios, PxC tiene las manos y la conciencia limpias.

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La novela familiar del alcalde de Vic

En 2003, la Plataforma per Catalunya entró con fuerza en el consistorio viguetano. Cuatro años después se convertía en la segunda formación política local obligando a la creación de un “gobierno de concentración” que unía a CiU, PSC, ERC e ICV. Gracias a PxC, el PP desapareció de Vic, algo que genera un verdadero quebradero de cabeza a este partido; matemáticamente no existe posibilidad de mayoría absoluta para el PP en el Estado si no obtiene un número mínimo de diputados en Catalunya; la existencia de la PxC contribuye a empequeñecer el papel del PP. El hecho de que en Vic gobierne una coalición de todos los partidos representados en el ayuntamiento, menos PxC, evidencian el pánico que causa el ascenso de esta pujante formación política entre los partidos tradicionales.

Al frente del cuatripartito viguetano se sitúa Josep Maria Vila d’Abadal Serra, un apellido ilustre del nacionalismo catalanista. D’Abadal es miembro de Unió Democrática de Catalunya, socio menor de Convergencia Democrática de Catalunya en el seno de la coalición CiU. Su abuelo, precisamente fue uno de los fundadores de UDC cuya orientación es democristiana. A pesar de tener pedigrí nacionalista D’Abadal fue muy discutido dentro de la coalición cuando fue nombrado candidato a la alcaldía en 2007. Sustituía a Jacint Codina, quien había sido alcalde en las tres legislaturas anteriores. A favor de d’Abadal no jugaba ni su experiencia en gestión, ni su prestigio entre la población, sino solamente su apellido.

Los D’Abadal, desde su masía, El Cavaller de Vidrà, dominan la comarca desde el siglo XVI. La masía fue habitualmente refugio de las partidas carlistas durante las guerras civiles del siglo XIX. El propio bisabuelo del actual alcalde fue uno de los líderes del carlismo montañés. Pero cuando el líder carlista Marià Vila Teixidor se casó con Pilar d’Abadal Calderó, pubilla de una poderosa familia liberal de la comarca, las fidelidades carlistas de los D’Abadal se atenuaron. El matrimonio no tuvo hijos, así que el patrimonio familiar recayó en manos del hijo segundo de los Vila, un conocido médico otorrino, Lluís Vila d’Abadal, abuelo del actual alcalde.

Lluís Vila abandonó el carlismo pasándose a Acció Catalana, un partido regionalista, antes de ser uno de los fundadores de UDC en 1931. Como otros miembros de este partido, Lluís Vila auxilió a perseguidos católicos y su casa barcelonesa fue llamada el “obispado clandestino”. Desde allí se organizó una red de ayuda a los católicos perseguidos por la CNT-FAI. La red resultó desmantelada por el SIM un año antes de que terminara la guerra civil, cuando ya Vila d’Abadal había fallecido unos meses antes de muerte natural.

El otorrino tuvo nueve hijos, dos de los cuales siguieron vinculados al catalanismo político. Marià, el primogénito perteneció a la dirección clandestina de UDC durante el franquismo y fue diputado de CiU en la primera legislatura. El hijo segundo, Quico, fue socialista, siguiendo la tradición de las viejas familias catalanas de que cada hijo se posicionaba en partido diferente para que los negocios familiares resultaran favorecidos gobernara quien gobernara.

El actual alcalde de Vic es hijo de Marià Vila d’Abadal un hombre que siente el aliento de Josep Anglada en el cogote…

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