Una necesidad: permanente revisión sobre el 11-M (I de IV)

Redacción.- El 11-M de 2004 murieron 192 personas. Pocas semanas después, la investigación parecía resuelta y la versión oficial emitida: eran islamistas radicales contrarios a la actitud de Aznar en la cuestión Irakí. En nuestra obra “11-M: los perros del infierno” ya cuestionamos esta versión. Pero hoy los datos que siguen llegando abundan en esa dirección. Este es el estado de la cuestión.

[Para completar la lectura de este artículo se sugiere la lectura de “11-M: los perros del infierno” de Ernesto Milá, que puede ser pedido a Editorial PYRE, [e-mail], al precio de 20 euros más gastos de envío. Así contribuirás al desarrollo y mantenimiento de esta web].


Los papeles de “El Mundo”

A lo largo del mes de agosto, el diario “El Mundo” ha publicado ininterrumpidamente informaciones sobre el 11-M que abundan todas en la misma dirección (las cosas no están tan claras como inicialmente parecían) y llevan a una conclusión (los islamistas fueron ejecutores materiales de un atentado que eran incapaces de preparar y ejecutar por sí mismos) y, por esta misma dirección, a una exigencia (la comisión de investigación parlamentaria sobre el 11-M debe reabrirse).

Resulta significativo que en un mes particularmente negativo para las ventas de los diarios, “El Mundo” haya decidido publicar 15 artículos de investigación sobre el 11-M. Es lícito pensar que si en este período bajo en ventas de diarios, “El Mundo” ha lanzado 15 torpedos en la línea de flotación de la “versión oficial”, es por que en el mes de septiembre –donde las ventas de diarios recuperan sus cotas habituales- hay información suficiente como para seguir, con mayores argumentos, acosando la versión oficial.

¿Qué nos ha revelado “El Mundo” a lo largo de este mes de agosto? Lo primero –aunque no lo más importante- es que las relaciones de la llamada “banda de Avilés” (el grupo asturiano que presuntamente facilitó la dinamita para el atentado) estaba en relación constante con Manuel García Rodríguez (a) “Manolón”, comisario de Avilés y jefe del Grupo de Estupefacientes.

“Manolón” engañó a la comisión parlamentaria del 11-M, negando que tuviera una relación particular con la “banda de Avilés”. Las investigaciones de “El Mundo”, a partir de las declaraciones ante el juez del Olmo, de distintos implicados en el asunto y de testigos, ha demostrado justo todo lo contrario, a saber: que “Manolón” y la “banda de Avilés” eran uña y carne, que el comisario había sacado en varias ocasiones de apuros (por cuestiones de venta de coches robados) a Trashorras (el que facilitó presuntamente la dinamita) y a su cuñado, Antonio Toro; que estuvieron antes y después del 11-M en contacto estrecho y cotidiano. “Manolón”, habitualmente advertía a la “banda de Avilés” de cuando se preparaban redadas en la zona, para que en esos períodos, no se arriesgaran a ser detenidos.

Dejando aparte las consideraciones morales y legales que pueden deducirse de estas informaciones y de las relaciones entre delincuentes de baja calaña y un comisario jefe, funcionario del Estado, lo cierto es que por Avilés pasaron los principales implicados en la trama y que, precisamente, dentro de esa trama, el policía “Manolón” tenía a un confidente privilegiado con el que le unía, no solamente una relación profesional, sino también y sobre todo, una estrecha amistad. Es por eso que después de dos páginas de apretada información, “El Mundo” culminara su reportaje de investigación sobre la “banda de Avilés” y “Manolón”, del 7 de agosto de 2005, con estas frase: “A estas alturas nadie puede negar, y menos a la vista de estos datos, que entre la banda de Avilés y las Fuerzas de Seguridad existieron contactos estrechos y continuados a lo largo de los últimos años. Cada vez resulta más inexplicable que fuera ese grupo un elemento decisivo en la preparación de los atentados”.

Por que lo sorprendente es que, no solamente, los marroquíes implicados en la trama habían viajado hasta Asturias para, presuntamente, recoger la dinamita, sino que el propio Trashorras viajó a la casa de Morata de Tajuña, considerado como el “zulo” de los islamistas. Trashorras viajó con su mujer y “el Chino” en persona (terrorista muerto en Leganés según la versión oficial, para nosotros delincuente común accidentalizado, y en absoluto integrista islámico) le ofreció un refresco de “Mekacola”. Por cierto… hablaron de hachisch.

Luego resultará que no hay constancia de que la dinamita vendida por Trashorras, fuera la que estalló en los trenes, especialmente por que la que se pudo comprobar que faltaba era en cantidad mucho menor a la que estalló, a la que se encontró en la vía del TALGO Madrid-Zaragoza y a la que no estalló en el piso de Leganés, en total casi media tonelada.

Allekema Lamari… otro colaborador de la policía.

El séptimo muerto en Leganés, apareció poco en los días posteriores a la investigación. Se trataba de Allekema Lamari, según la versión oficial, “uno de los máximos responsables del comando”. Lamari estaba en España desde 1990 y se tenían noticias que, desde 1997, trabajaba con miembros del GIA radicados en España. Ingresó en la cárcel –como no- por delito común y allí conoció a otros radicales islamistas valencianos y, a la salida, se relacionó –según un informe del CNI- con Abu Mughen, uno de los presuntos responsables de los atentados de Casablanca. En 2002 fue, de nuevo encerrado en la prisión de Pontevedra –también por delito común- y, siempre según la versión oficial, fue uno de los que más trabajaron para la comisión del atentado y la formación de la célula terrorista. Sus huellas se encontraron en la furgoneta Renault Kangoo halla ante la estación de Alcalá. Solo que Lamari había sido durante cinco años agente de la policía argelina…

Con Lamari nos encontramos al segundo colaborador de un servicio de seguridad (en este caso argelino). A partir de este dato es posible hacer cábalas: ¿estuvo Lamari siempre al servicio de la seguridad argelina? ¿fue un infiltrado en la célula terrorista? ¿al servicio de quién?

Nunca delincuentes tan seguidos pasaron tan desapercibidos

El 10 de agosto de 2005, “El Mundo” publicaba nuevos datos que abonaban un terreno ya sembrado: contrariamente a lo que se tuvo tendencia a pensar en las semana posteriores al 11-M, los presuntos culpables, lejos de ser completos desconocidos para la policía española… eran perfectamente conocidos, sus pasos seguidos y sus huellas almacenadas en la base de datos de delincuentes comunes. Y lo más espectacular: “La policía vigilaba un año antes del 11-M tres de los pisos utilizados por los terroristas”. Resulta absolutamente incomprensible que estos seguimientos y vigilancias no lograran detectar la preparación de una acción tan compleja y amplia como los atentados del 11-M. Habría que pensar que si la policía no detectó los preparativos del atentado, aun después de vigilar constantemente a este grupo de delincuentes marroquíes, era, o bien por que jamás hablaron del atentado (con lo cual la versión oficial queda desmontada), o bien los datos que permitían suponer que estaban preparando una acción terrorista, fueron escamoteados al Ministro del Interior. En el estado de conocimientos actual, cualquiera de las dos hipótesis es válida.

Todo esto es mucho más sospechoso, cuando uno de los marroquíes sometidos a vigilancia, Moutaz Almallah, realizaba frecuentes viajes a Londres. A ningún funcionario especializado en terrorismo internacional, podía escapársele que Londres era en la época y hasta los atentados del 7 de julio, el centro mundial del islamismo radical. Y todavía más sorprendente es que otro de los sometidos a vigilancia fuera Mustapha Maymouni, cuñado de “El Tunecino”, residiera en uno de los pisos sometidos a vigilancia… y fuera luego encarcelado por su presunta complicidad en los atentados de Casablanca.

En cuanto a las últimas vigilancias afectaban a los más conocidos miembros de la célula: un mes antes de los atentados, la Brigada Provincial de Información mantenía controlado el local de la calle Virgen del Toro, otros dos pisos, y la empresa en la que trabajaba “El Tunecino”.

Si tenemos en cuenta que “El Tunecino” parece ser el único de los implicados que, realmente tenía una acrisolada fe islamista y la policía le atribuye un papel fundamental en el desarrollo, preparación y comisión de los atentados, la cuestión es ¿cómo es posible que a lo largo de este año largo de vigilancias, escuchas y seguimientos, no emergiera ningún dato que permitiera pensar a los investigadores que la “célula” (o lo que fuera), estaba preparando algo más que un “pase de haschish”? Realmente es turbador saber que los culpables eran viejos conocidos de la policía y, desde luego, no eran “vírgenes” en lo que se refiere a antecedentes policiales.

La “exposición razonada” para la reapertura de la Comisión 11-M

El 14 de agosto, una carta “carta del director”, escrita por Pedro J. Ramirez (dos páginas), llevaba por título “Primera exposición razonada a favor de la reapetura de la Comisión del 11-M”. Pedro J. empezaba cargando contra el juez del Olmo al que, literalemtne, trataba de inútil: “el magistrado –decía- nunca será capaz de averiguar por sí mismo lo sucedido” y añadía más adelante: “Su Señoría se ha dejado marear en la ausencia de un plan sistemático de investigación, la total falta de rumbo y criterio en una instrucción que en la práctica está siendo conducida en función de la conveniencia política del Gobierno, por la fiscalía y por unas fuerzas de seguridad cuya “ponderada actitud” ya dedicaba del Olmo tan absurdos como mal redactados ditirambos desde sus primeros autos”. Luego añadía un dato sorprendente: “No es de extrañar que en el último Consejo de Ministros hubiera quien se preguntara si su señoría quiere que le hicieran otros su trabajo y quien directamente pasara a tildarle de chalado”. Pedro J. Concluye: ”… las pautas de comportamiento exhibidas hasta ahora por su señoría, propias del arquetipo del tímido autoritario, dejan poco margen a la esperanza”

Recuerda Pedro J. algunos de los elementos más sorprendentes de la investigación: “el robo de un coche por parte de ETA en el callejón de Trashorras y la simultaneidad de las dos caravanas de la muerte en la noche del 28 de febrero de 2004”. Se trata, evidentemente, de un balón de oxígeno a la tesis del PP (ETA tuvo “algo que ver” en el atentado), lo que queda confirmado cuando escribe: “La hipótesis de la conexión logística entre ETA y los islamistas no queda descartada por el resultado de rigurosos interrogatorios a los autores del atentado de Santander, por la exhaustiva reconstrucción de las andanzas de Toro y Trashorras o por pesquisas mínimamente serias en el ámbito carcelario”.

Pedro J. tiene razón en una cosa: una investigación sobre un atentado que ha acabado con la vida de 192 personas, no puede dejar cabos sueltos. Y, en la actualidad, uno de los muchos cabos sueltos, son todos estos pequeños datos sobre las relaciones entre ETA y los islamistas. El PP, naturalmente, se aferra a ellos para justificar su tesis, pero, en principio no parecen excesivamente relevantes… aunque sí significativos. Da la sensación que “alguien” ha sembrado datos en cierta dirección que puede ser considerada como una “diversión” en el caso de que la versión oficial se desplomara: la atención quedaría orientada hacia la muy problemática relación ETA-islamistas, en lugar de hacia direcciones mucho más prometedoras.

Nuevamente, Pedro J. tiene razón cuando valora el resultado de la investigación. Tanto secreto del sumario, tanta “instrucción”, para finalmente, no contar con nada sólido, sino solamente con tesis inspiradas por el ministerio del interior, por el grupo prisa y por el fiscal general. Dice Pedro J.: “si bien los más de 130 tomos de lo hasta ahora instruido aclaran poco sobre quien planificó el 11-M y aportan nada sobre quien montó las bombas con los móviles, incluyen en cambio una rica panoplia de indicios sobre la incompetencia policial que posibilitó la masacre y sobre las “imprecisiones” y “falsedades flagrantes” con que estos altos mandos enmascararon sus responsabilidades en las comparecencias parlamentarias”

¿Dónde terminan los razonamientos de Pedro J.? En algo, hasta cierto punto lógico: es preciso reabrir la Comisión Parlamentaria sobre el 11-M y, desde luego, pedir responsabilidades penales a aquellos comparescentes que mientan en sus declaraciones ante la comisión. De hecho, varios miembros del a Guardia Civil ya han sido “pillados” en falso, sin embargo, desde el Ministerio de la Defensa, Pepe Bono, el demagógico y cateto ministro de quien depende la Benemérita, no ha tomado ni sanciones ni incoado expedientes contra los falsarios.

Podemos pensar en la “reapertura” de la comisión 11-M

Pedro J. tiene una necesidad: ofrecer cada día a sus lectores una parte de la verdad sobre lo que ocurrió el 11-M. Con ello, no solo aumenta sus ventas –lo que no está mal para una empresa periodística- sino que además hace un notable servicio a la sociedad: aquel que correspondía a los servicios de seguridad del Estado, a la magistratura o al propio parlamento. Los déficits democráticos de nuestro país hacen que esa parcela de la gestión pública no pueda ser realidad por aquellos a los que les corresponde, y deba recaer sobre los medios de comunicación.

Pero, en realidad, no es malo que así ocurra: es una posibilidad que tiene la sociedad española de que está ante un sistema político imperfecto, necesariamente reformable y que tiene acusados déficits democráticos en terrenos –como la justicia, la fiscalía, la seguridad del Estado- fundamentales.

Pero hay que ser realistas: mientras persistan las actuales circunstancias, ninguna comisión parlamentaria va a ser capaz de llegar más allá de donde llegó la que se extinguió en el mes de mayo de 2005. En nuestra obra “11-M: los perros del infierno” ya advertimos que una comisión de este tipo –a la vista de anteriores casos- no iba a ir muy lejos en su trabajo. Con el PP preocupado por defender su “tesis oficial” (fue ETA) y con el PSOE preocupado por la suya (el atentado fue culpa de la intervención de Aznar en Irak), mientras persistan las actuales simetrías parlamentarias, no hay absolutamente nada que hacer.

Por lo demás, tampoco existe iniciativa política suficiente como para modificar el reglamento de comparecencias. Mentir a una comisión parlamentaria, sale gratis. Ni sanción, ni procedimiento penal, ni nada. A esto hay que añadir que los parlamentarios tienen pocas ganas de trabajar: una comisión de investigación, implica investigar, no leer los periódicos de la mañana para saber hacia donde hay que orientar las preguntas. Hasta ahora todas las comisiones parlamentarias han funcionado gracias a las iniciativas exteriores al parlamento. Digámoslo ya: cuando vimos las sesiones de la comisión, quedamos literalmente aterrorizados; los parlamentarios no sabían lo que preguntaban, era evidente que todos iban de oídas, carecían de capacidad de razonamiento y desconocían buena parte de los aspectos del sumario del 11-M, sus preguntas eran frecuentemente ridículas y cuando se topaban ante un testigo “difícil”, éste les cortaba con unas pocas frases dichas sin convicción; si se encontraban con un testigo con fuerte personalidad (el mismo Aznar), balbuceaban preguntas, recibían hectolitros de agua fría sobre sus cabezas o, simplemente, quedaban ridiculizados como le ocurrió al propio Llamazares o el bendito representante de ERC cuyo nombre no ha pasado a las crónicas como un dechado de “enteligencia”.

No, una nueva comisión parlamentaria constituirá un nuevo fracaso, una decepción que éste país no puede tolerar por segunda vez. Las iniciativas de este tipo no tienen en el parlamento el mejor canal para expresarse mientras no se aborde la reforma del reglamento por el que se rigen estas comisiones. Hay que recurrir a otros cauces. En nuestra obra “11-M: los perros del infierno” ya apuntamos cuáles eran.

A la opinión pública no le importa si el esclarecimiento sobre lo sucedido el 11-M, procede del parlamento, o de fuera del parlamento. Tenemos la sensación muy nítida de que no va a proceder del interior de las severas (e inútiles) salas de la Carrera de San Jerónimo. Así pues, la “verdad” deberá ser esclarecida fuera del parlamento. ¿En los tribunales? Podemos dudarlo. Pensar que un solo juez, acompañado de unos pocos funcionarios, puede esclarecer un sumerio tan absolutamente complejo, resulta de un optimismo irresponsable. Del Olmo ya ha demostrado ser limitado en su instrucción. Veremos lo que se prolonga. En cuanto a los abogados de la defensa, buena parte de ellos pertenecen al turno a oficio, así que no pondrán mucho interés en un caso que no les va a reportar beneficio alguno. Por lo demás, la sentencia será recurrida y veremos lo que tardamos en disponer de una sentencia en firme. Por casos de terrorismo de mucho menor calado, la opinión pública italiana ha tenido que esperar hasta un cuarto de siglo para conocer algo remotamente parecido a la “verdad”. No hay motivo para pensar que en España va a ser diferente.

No queda más remedio que apelar a la iniciativa ciudadana. No es un parlamento en el que todas las fuerzas políticas tienen unos objetivos bien definidos por los que quieren encarrilar la investigación, de donde saldrá la verdad, sino que ésta solamente puede ser investigada por una representación libre de ciudadanos –una comisión cívica- de indudable prestigio, independencia, solvencia ética y moral y peso en la sociedad española. Una comisión de este tipo –similar a la Comisión Russell organizada en torno a Bertrand Russell para juzgar la intervención norteamericana en Vietnam- quizás no tenga un peso penal, pero si, desde luego, contribuiría a que la sociedad española conociera lo que ocurrió el 11-M. Claro está que habría políticos, policías, que podrían negarse a declarar… pero con esa negativa estarían muy claras su nivel de implicación.

De momento, nadie hasta ahora se ha atrevido a proponer públicamente una comisión ciudadana –no parlamentaria, eso ya lo conocemos- de investigación. Pero, con el paso del tiempo, necesariamente, se percibirá esa como la única solución para llegar al fondo de la cuestión del 11-M. Si hasta ahora no ha sido posible se debe a que la “sociedad civil” española está desarticulada desde mediados de los años 80, cuando los socialistas hicieron de este país su cortijo. Entre otras medidas desmantelaron o domesticaron los movimientos asociativos. No es de extrañar que la sociedad civil española siga hoy inerme ante atentados como los del 11-M y que las instituciones públicas no se crean en la obligación de llegar al fondo de las investigaciones sin mirar la actitud de los “jefes políticos”.

Pero es inevitable: allí donde las instituciones no llegan, es la sociedad civil la que tiene que llegar.

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