CUP: NEGAR LA REALIDAD

SATISFACER A LA CUP PARA SEGUIR IGNORANDO LA REALIDAD.- La CUP ha presentado la “primera ley penal republicana”. Vale la pena saber lo que propone y cuál es la prioridad. Se trata de una propuesta de “ley integral contra todas la formas de odio y discriminación”. La CUP se jacta de que es la “primera ley republicana que invade competencias del Estado”. La excusa es “tolerancia cero con la extrema–derecha”. Persigue los delitos de racismo y odio. Así pues, para la CUP, el principal problema que afronta Cataluña en este momento es la existencia de una “extrema–derecha” que difunde “odio y discriminación”. Incluso, el proyecto de la CUP prevé un nuevo delito: el “feminicidio”.

A la CUP no le interesa que estos tipos delictivos ya estén presentes en la legislación española. Lo que, verdaderamente le interesa, es encontrar una excusa para enfrentar al gobierno catalán con el gobierno español. De aprobarse esta legislación, por ejemplo, el 49,7% del electorado austríaco hubiera carecido de derecho a la libertad de expresión o el 30% del electorado francés habría visto fuera de la ley al partido que votaron. Con una extrema–derecha, inexistente en Cataluña, lo menos que puede decirse de la CUP es que son “previsores”.

El encargado de presentar esta ley ante los medios de comunicación ha sido Benet Salellas que esta semana se ha mostrado muy activo en relación a los okupas del barrio de Gracia. Salellas se ha mostrado partidario de que “los movimientos sociales recuperen el Banc Expropiat”. Y tiene gracia que sea Salellas un “chico bien”, quien proponga la expropiación de inmuebles para los okupas, especialmente mientras no sean los suyos. Porque Salellas tiene, como mínimo, dos viviendas, tres locales comerciales y seis fincas rústicas  propiedades inmobiliarias a su nombre. A diferencia de Ada Colau que ha propuesto emplear fondos públicos para comprar el Banc Expropiat y entregarlo a los okupas (propuesta de legalidad cuestionable y que es solamente un ir más allá de la actitud adoptada por el anterior alcalde de Barcelona que, simplemente, pagaba el alquiler, los recibos de IBI, agua, luz y gas, así como las reparaciones y la antena de TV a los okupas), Salellas lo que propone es expropiar a los propietarios del local de Gracia (que no es, por cierto, un banco).

Todo esto llega cuando el futuro del gobierno Puigdemont pende de un hilo: su futuro está ligado a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat presentados por Oriol Junqueras, para lo cual le faltan los votos de la CUP que, inicialmente anunció que votarían en contra. LA CUP exige, en este terreno, la superación de los límites del déficit impuestos por el ministerio de economía y hacienda. La CUP sabe que, en su triste debilidad, Puigdemont accederá a cualquier exigencia que le presenten. Y éste, mansamente, para hacerse acreedor del favor acaba de presentar la primera ley de “desconexión” que afecta a la futura ley de Seguridad Social catalana. ¿Recuerdan que, en la práctica, el “procés soberanista” está finiquitado, muerto por falta de apoyos electorales, por rechazo de las instituciones europeas y por desconfianza del mundo de la economía y los negocios?

Cualquier cosa, con tal de ganar tiempo y ver si tras el 26–J se sienta en Madrid un gobierno de izquierdas receptivo a los planteamientos soberanistas de la Generalitat.