El “sistema imposible” o la tragedia política española

Infokrisis.- Los años de la transición económicamente supusieron un verdadero desastre. La inflación llegó al 30% anual, una cifra hoy incomprensible e impensable. Todo eso ocurrió justo en los momentos en los que el sistema político español estaba mutando de una forma autoritaria que sacrificaba las libertades políticas en beneficio del desarrollo económico y la planificación, a una forma democrática en la que la participación era el eje central del nuevo discurso, la ausencia de planificación y el mercado sin dirigismos ni restricciones intervencionistas, el objetivo. En 1977 la situación economía y el marasmo político eran de tal magnitud que, concluidas las elecciones de junio de ese año, los partidos con representación parlamentaria se pusieron acuerdo en los llamados “Pactos de la Moncloa”.

A treinta años de los Pactos de la Moncloa

Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por el Partido Socialista de Cataluña), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico. Sin embargo, en aquella época AP era un partido minúsculo de derecha y lo seguiría siendo durante cinco años más hasta que se inició la decadencia del centro-derecha representado por UCD.

Han pasado treinta años desde esos pactos. Nuevamente la situación de nuestro país es explosiva en el frente económico, si bien la ciudadanía se siente hoy mucho más divorciada de la clase política que en los albores de la democracia.
 
La “burbuja inmobiliaria” no ha estallado… aún

No es cierto que la “burbuja inmobiliaria” haya estallado. Solamente lo hará cuando los precios de la vivienda desciendan por debajo del coste de las hipotecas por reembolsar, esto es, cuando los propietarios vean sus inmuebles devaluados mucho más allá de lo que les toca pagar al banco. A eso deberá unirse la certidumbre de que los precios no se recuperarán a corto plazo, esto es, que el coste de las viviendas no se reavivará e incluso que el mercado inmobiliario permanecerá atascado. De momento, los precios han caído un 20% en año y medio como promedio y algunos propietarios ni siquiera han estado en condiciones de vender su vivienda aun rebajándola un 40%. No ha llegado el estallido de la burbuja, pero nos aproximamos a él, especialmente porque se sigue construyendo: antes del verano estarán en venta un total de casi dos millones de viviendas de nueva construcción y usadas, una cantidad que el mercado, en condiciones normales, tardaría en absorber ¡cinco años!

Pero quien vea en esto el eje de la gran crisis económica, se engaña. Sólo a un tonto integral como Zapatero cuyos análisis van un año por detrás de la realidad, se le ocurre defender hoy que la crisis económica española tiene como eje central la construcción: esto ocurría hace seis meses, cuando este sector era el primero en perder fuerza de trabajo. Hoy ya ha sido sustituido en la cabeza del paro por el sector servicios y con el sector industrial. La única duda es si el estallido definitivo de la burbuja inmobiliaria ocurrirá antes, después o durante, del estallido de la burbuja bancaria.

El próximo sobresalto: el estallido de la “burbuja bancaria”

En efecto, la morosidad bancaria ha llegado ya al 4% y en algunas cajas hasta el 12%, cifras incompatibles con la supervivencia de nuestro sistema bancario. Ya se empiezan a conocer los nombres de las Cajas de Ahorro más afectadas y que, inevitablemente, entrarán en situación de quiebra técnica en las próximas semanas. Y no lo harán por culpa de los pequeños propietarios hipotecados, sino de los grandes constructores a los que sus incompetentes direcciones entregaron decenas de miles de millones de euros para comprar terrenos sobrevalorados pensando que, simplemente, elevando el precio de venta estarían en condiciones de reembolsar las líneas de crédito. A ninguno de estos lumbreras, aureolados de los mejores masters en economía y administración, se les ocurrió pensar que la crisis iba a aflorar en algún momento.

El problema es grave y largo en su manifestación: la banca española concedió alegremente líneas de crédito para la construcción hasta el otoño de 2008. Esas líneas de crédito suelen tener una duración de cinco años, en el curso de los cuales, el beneficiario solamente tiene que reembolsar los intereses vencidos, pero quedando el reintegro del mayor de la deuda ¡para cinco años después! Lo que implica, necesariamente, que hasta 2013 seguirán produciéndose impagos y morosidades multimillonarias y no precisamente por cantidades modestas, sino por miles de millones de euros.

En esas condiciones, es evidente que los bancos no van a conceder créditos, ni siquiera van a rebajar el precio del dinero que presten –por mucho que éste haya descendido prácticamente según las directivas del Banco Central Europeo- y, por tanto, es altamente improbable que la economía pueda reactivarse, como mínimo antes de esa fecha fatídica: 2013.

La burbuja bancaria está a punto de estallar y se va a llevar a Cajas de Ahorros y bancos. Y aquí ningún banco, por fuerte que quiera mostrarse, tiene garantías seguras de supervivencia. Por de pronto el Santander ya dejó de pagar dividendos este año a los inversores en su fondo inmobiliario, Banif. Es el primer síntoma de lo que vendrá. Realmente, quien hoy mantenga en su cuenta corriente bancaria más dinero del que utiliza mensualmente para realizar sus pagos, no tendrá derecho a quejarse por el “corralito” que se prepara.
 
La, hasta hace tres meses, tan cacareada “salud de nuestro sistema bancario” no es tal. En el momento de escribir estas líneas, la prensa ha publicado el angustioso llamamiento de las Cajas de Ahorro al ministro Solbes, solicitando ayuda. Se ha sabido también que el Fonde de Garantía de Depósitos apenas cuenta con un patrimonio de 7.222 millones para garantizar el ahorro de los españoles y evitar las quiebras financieras. Lo peor no es lo misérrimo de esta cantidad sino que el desplome de la que hasta ahora parece la Caja más afectada, la de Castilla-La Mancha, se llevará solamente la mitad de esa cantidad. Lo dicho, quien mantiene en su cuenta corriente más dinero del que absorben sus pagos al mes, está realizando sin saberlo una ruleta rusa y como en este malhadado deporte, siempre, antes o después, resuena el estampido y se produce la tragedia.

El estallido de la “burbuja del crédito”

El sistema económico-social español actual, cuyos primeros antecedentes se encuentran precisamente en los Pactos de La Moncloa, se basó en salarios bajos (que primero se mantuvieron incorporando masivamente a la mujer al mercado de trabajo y, posteriormente, a se acentuó ya en los años 90 mediante la importación masiva de mano de obra), construcción y especulación.

Desde hacía quince años los trabajadores no advertían lo miserable de sus sueldos y el encarecimiento del coste de la vida, gracias a que obtenían créditos para cualquier compra: bastaba con tener un piso y pagar una hipoteca para recibir una “tarjeta oro” de crédito literalmente regalada. A partir de 2004, el crédito medio de estas tarjetas se situaba en torno a los 6.000 euros. Un televisor de plasma de 3.000 euros podía comprarse con créditos de hasta 50 meses y se podían comprar vehículos pagando apenas una modesta entrada y plazos de 150 euros casi durante tiempo indefinido. Ordenadores a 30 euros/mes. Equipos de alta fidelidad al mismo precio. Joyas anunciadas en TV a 40 euros. Se vivió la ilusión de que se disponía de poder adquisitivo, cuando en realidad de lo que se disponía era de capacidad de endeudamiento. Era peligroso y bastaba con que el mecanismo se detuviera para que las entidades crediticias entraran en números rojos.

Ahora ya estamos en esta situación: antes de devolver la tarjeta de crédito, miles de usuarios han preferido, recién estrenada su situación de paro, retirar todo el crédito que el cajero automático les permitía. Luego no han hecho efectivos los plazos de reembolso. Entidades como VISA, AmericanExpress o MasterCard se encuentran en estos momentos en difícil situación y parece muy difícil que logren salvar los muebles en el plazo de entre seis y doce meses. La caída de estas entidades terminará bloqueando el pequeño consumo y será una puñalada para el mercado de trabajo. ¿Qué seguirá?

El estallido social a año y medio vista

Poco importa lo que venga después. Cuando ocurra todo eso se habrá llegado ya a los 5.000.000 de parados reales. En estos momentos estamos rondando los 4.000.000 aunque el gobierno reconoce solamente 3.500.000, pero ¿quién cree a estas alturas en las cifras del gobierno? Si el mercado laboral no se recupera antes de un año –y no hay ni un solo economista serio que entrevea un horizonte esperanzador- más de tres de esos cinco millones de parados no cobrarán ningún subsidio.
 
En esas circunstancias dramáticas, el Estado debería de garantizar la ayuda a las legiones de necesitados que se prevén en el horizonte: pero el Estado estará en ese momento en situación de ruina. Y no todo se va a solucionar mediante emisión de deuda: en primer lugar porque las garantías crediticias de nuestro país han disminuido, en segundo lugar porque para superar este hándicap hará falta dar más intereses a los compradores de deuda y, aun así, resultará difícil colocar deuda pública española en un mercado internacional saturado de deudas públicas de países mucho más solventes que el nuestro.

Hoy se perciben signos agónicos por parte de las administraciones: más multas por cualquier inevitable e inofensiva infracción, más inspecciones fiscales, más presión, más reclamaciones por deudas… técnicas utilizadas por la administración del Estado, por las Autonómicas y por los Ayuntamientos. El Estado ya no tiene dinero para pagar sus compromisos. Va a ser difícil que los Ayuntamientos no utilicen buena parte de los fondos del Plan de Empleo de ZP para pagar sus deudas que para el objetivo inicialmente fijado en dicho plan. Va a ser mucho más difícil que las Comunidades Autónomas rectifiquen sus políticas de despilfarro, de hecho solamente han servido para generar una administración parasitaria con el cerebro puesto únicamente en aumentar la caja. Y en lo que se refiere el Estado habrá que preguntarse qué relación existe entre la realidad económica del país y el idílico oasis previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. No existe absolutamente ninguna posibilidad –repetimos, ninguna- de compaginar un aumento del gasto público con una reducción de la recaudación fiscal, fundamentalmente por el descenso de la actividad económica. Y si esta situación no puede compensarse con la deuda, al Estado solamente le quedará la posibilidad de declarase en un plazo máximo de dos años, en situación de quiebra.

Apartado sobre las Comunidades Autónomas

Que el Estado de las Autonomías se planteó mal desde un principio es algo que hoy cualquiera puede aceptar. Que diecisiete comunidades autónomas, cada una de ellas con su gobierno, su parlamento, sus consejerías, sus estructuras burocráticas, son demasiadas y, lo que es peor, son tan inútiles como insoportables para el gasto público. Sea cual sea la fórmula para resolver el “sodoku” de la financiación autonómica (¿hay necesariamente solución al sodoku?), la cuestión no varía: el Estado de las Autonomías que, inicialmente se nos presentó como una alternativa “de proximidad” al centralismo y una forma de aligerar la administración ha operado el efecto justamente contrario. Durante los años de crecimiento económico esto no parecía preocupar a nadie, así fue creciendo el gasto del Estado hasta límites insoportables. Ahora toca plantearlo de manera directa y definitiva. Y solamente hay cuatro soluciones:

-    O se sigue pensando que el Estado de las Autonomías es una maravilla de la ciencia política española y todo sigue como hasta ahora…

-    O se reconoce que el Estado ha entrado en una deriva insoportable y que, por tanto, ya va siendo hora de liquidar la experiencia…

-    O se acepta la propuesta de Otero Novas realizada al principio de la transición: tres autonomías con potestad legislativa (Gal-Euz-Cat) y el resto apenas con una descentralización administrativa.

-    O finalmente se actúa como actúan las instituciones bancarias: fusiones en tiempos de crisis, esto es, reducción del número de autonomías.

La primera solución es la que satisfaría a las clases políticas autonómicas pues, no en vano, son ellas las únicas beneficiarias de la situación. La segunda es descartable en las actuales circunstancias. La tercera es una fórmula asimétrica que difícilmente aceptarían 14 de las 17 autonomías, especialmente Andalucía. La cuarta no ha sido planteada por ninguna fuerza política y, por tanto, aún siendo la más lógica, lo único que demuestra es que la lógica no rige entre nuestra clase política.

El descrédito general del sistema

Cualquiera de las fórmulas que se adopten en materia autonómica implica un gran acuerdo nacional de los dos grandes partidos. Algo parecido a lo que ocurrió durante los Pactos de La Moncloa. Pero las situaciones son muy diferentes.

Por de pronto, el PP de hoy, no es la UCD de ayer y el PSOE de hoy no tiene nada que ver con el de hace treinta años. En lo que se refiere al resto de firmantes: si bien es cierto que sigue existiendo CiU y el PNV, también ellos han sufrido mutaciones interiores y, en cuanto al PCE ha dejado literalmente de existir. En general, el nivel de la actual clase política es inferior, muy inferior o extremadamente inferior a la que suscribió los acuerdos de la transición. Zapatero es un personaje irrelevante, como lo es Rajoy. Artur Mas está encaneciendo como “joven promesa” de CiU y Durán i Lleida ha sido el personaje más ministrable de toda la democracia. En cuanto al PNV, aun siendo el partido con más soporte social en Euzkadi, no es menos cierto que, globalmente, el nacionalismo parece haber entrado en situación de declive.

Entre Suárez, Santiago Carrillo y Felipe González existían lógicas rivalidades y desconfianzas, pero todos ellos parecían dirigidos por un interés superior –que muy bien pudiera ser la manifestación de presiones exteriores que sufrieron- que los aproximó ante la gravedad de la crisis de la época. Eran adversarios, no enemigos. La situación actual es diferente y se remonta a finales de los años 80: González no era solamente adversario de Aznar, sino también enemigo. Literalmente se odiaban. Era imposible que pudieran cruzar dos palabras sin adoptar cara de perro. La cosa no ha variado, Zapatero odia a Rajoy y el aprecio es mutuo. Son, además de adversarios, enemigos y si no fuera porque les restaría votos, se apuñalarían mutuamente.

Por lo demás, la clase política está hoy más desprestigiada que nunca. Cuando los estrategas del PSOE llegaran a la conclusión de que era imposible que, a la vista del caos económico, obtuvieran mejores resultados electorales, cayeron en la cuenta de que se trataba mejor de adoptar una estrategia de acoso y derribo del PP que intentar vender un mensaje de confianza entre el electorado.
 
El fruto de esta estrategia fue la Operación Gürtel y el caso de espionaje en la comunidad de Madrid. Sea lo que fuere que hay detrás, a nadie se le escapa que estos casos salieron a la superficie en un providencial período pre-electoral. Sin embargo, la estrategia se desarrolló mal y terminó peor: con el descrédito absoluto de una de las piezas (el ministro Bermejo), con olor a requemado por lo que se refiera a Garzón (qué veremos en qué condiciones sale de este lío), con sospechas de corrupción en los entornos del PP. El resultado de esta estrategia no ha sido ni el hundimiento del PP, ni el aumento del descrédito sobre Garzón o el PSOE, sino una erosión general de todo el sistema: del concepto de división de poderes, de localidad humana y moral de las clases dirigentes de los DOS partidos y de la confianza de la población en los medios de prensa que TODOS han quedado caracterizados por difundir informaciones tendenciosas en una u otra dirección.

Nuevos Pactos de la Moncloa

En estas condiciones, el drama del sistema político español consiste en que, ante el estallido social inevitable que se prepara para dentro de un año, la única salida es un “gran acuerdo nacional” entre el PP y el PSOE… pero un acuerdo de este tipo es imposible dado el estado de crispación entre los dos partidos y dado el raquítico nivel de sus dos clases políticas dirigentes.  Dicho de manera más descarnada: no hay salida.

Durante 25 años, los dos grandes partidos se han ido desgarrando unos a otros olvidando que el sistema político español se mantenía sobre las columnas que ellos representaban. En ese tiempo el divorcio entre la clase política y la población ha ido aumentando. El hecho de que un 60-65% de la ciudadanía acuda a las urnas es el único vínculo que existe entre un político y su elector. Aun cuando el porcentaje de votantes no es particularmente bajo, lo que si está a la altura del betún es la opinión que la sociedad española tiene de sus políticos. En ese tiempo la democracia mutó en partidocracia primero y, finalmente, bajo el zapaterismo demostró su naturaleza exclusivamente plutocrática. Ni la clase política de hoy es la misma que la de 1977, ni la situación internacional es similar (la globalización sustituyó a la bipolaridad), ni las esperanzas de la población hoy son las que en 1977 unánimemente unían a la mayor parte de la población a la clase política que intentaba sustituir a un régimen por otro y hacerlo viable. En aquel momento la democracia formal pudo presentarse como una panacea universal. Hoy ya pocos se lo creen.
 
Parece pues difícil que en España se genere una “Gran Koalición” a la alemana. Y no es porque la situación objetiva no lo reclame (es la única salida para solucionar el sodoku de la financiación autonómica, avalar un pacto económico-social y la única que daría estabilidad parlamentaria suficiente para acometer reformas de envergadura en la estructura económica española), sino porque la situación subjetiva (los odios eternos del PP y del PSOE) la hace literalmente imposible.

Los dos mejores consejos que podemos dar en este blog son, por este orden: retirar el dinero en efectivo de nuestras cuentas corrientes bancarias antes de que nos encontremos bonitas colas ante el cartel de “No queda ni un euro” y cesar todo apoyo a los partidos mayoritarios: si no son capaces de entender la gravedad de estos meses, es que no merecen ni gobernar, ni recibir nuestros votos. Las europeas serán un momento para expresarse en las urnas y, si entonces estos partidos no han llegado a un acuerdo para salir de la crisis es que no ven más allá de sus ambiciones de “parte”, de partido al que subordinan el interés de la Comunidad del Pueblo.

© Ernesto Milà – infokrisis – [e-mail] – http://infokrisis.blogia.com