DOSSIER: La inmigración magrebí fuera de control

Redacción.- Para los sociólogos, los «bidonvilles»  (barrios de chabolas) que rodean a las grandes ciudades marroquíes, han superado el llamado «umbral de sostenibilidad social», es decir, el límite de deterioro de las condiciones de vida que un grupo social está dispuesto a soportar sin rebelarse. Existen dos formas de rebelión: el islamismo y la inmigración. O ambas, tal como demuestran los reiterados casos de terroristas islámicos que actúan en Europa camuflados entre los contingentes de inmigrantes. Las políticas erráticas en materia de inmigración se han traducido en una llegada de casi cinco millones de inmigrantes en menos de una década. La inmigración y su integración –fracasada en toda Europa- se ha convertido, bruscamente, en el primer problema social de nuestro país

La inmigración está fuera de control en España. Entre la dejadez del PP mientras tuvo el poder y el aventurerismo torpe del PSOE, de la reforma de la Ley de Extranjería en 1999 hasta la regularización masiva de 2005, la inmigración se ha transformado en un problema que, cada vez más, genera alarma social. El episodio del asalto a las vallas de Ceuta y Melilla y la revuelta generalizada en Francia en noviembre de 2005, unido al goteo continuo de inmigrantes, especialmente procedentes del Magreb, han causado un profundo impacto en la opinión pública española.
 

Dos orillas del Mediterráneo, dos realidades

Las dos orillas del Mediterráneo viven realidades diferentes e, incluso, se podría decir, tiempos diferentes. El Norte industrial y el Sur subdesarrollado. El Norte democrático y el sur autocrático. El Norte económica y políticamente estable, el Sur, dominado por la inestabilidad. El Norte laico y de cultura cristiana y el Sur teniendo al islamismo como principal fuerza político–social. El Norte estancado demográficamente y el Sur viviendo un permanente baby–boom. Y todo esto separado por los apenas 12 kilómetros que median entre Tarifa y Gibraltar. Entre dos mundos tan diferentes como el Norte y el Sur del Mediterráneo, tan cerca geográficamente y tan lejos en todo lo demás, no pueden sino surgir contradicciones y conflictos.

España tiene seis veces mayor capacidad adquisitiva que Marruecos. La esperanza de vida a este lado del estrecho es diez años superior a la marroquí. No es raro que las mujeres marroquíes que viven próximas a Ceuta y Melilla prefieran cruzar la frontera para dar a luz en hospitales españoles; 25.000 recién nacidos mueren cada año en Marruecos y 1.500 mujeres perecen en el curso del parto. La tasa de mortalidad infantil, del 4 por mil en España, se dispara hasta el 40 por mil en Marruecos. El analfabetismo, residual en España, llega al 50% en Marruecos. La escolarización en nuestro país alcanza al 92% de los jóvenes, en Marruecos es apenas del 51%.

España está instalada en el Primer Mundo y en el siglo XXI, mientras Marruecos sigue en el Tercer Mundo, rigiéndose por principios medievales. La inmigración aparece como un fenómeno, lógico y masivo. Mucho más si es estimulado por las mafias próximas al majzén y consideradas como un instrumento de presión para obtener subvenciones de la UE o, simplemente, como arma política. El problema es que esta diferencia entre el Primer y el Tercer Mundo está presente también en el interior de la sociedad marroquí. Junto a los barrios más miserables de Casablanca, cruzando la calle, se entra en la opulencia y el lujo más insultante. Chabolismo frente a centros comerciales de acero, vidrio y cemento. Este contraste explica por qué Marruecos es un país con ingresos medios aceptables, pero la miseria se percibe fácilmente en las calles: en efecto, la renta está muy mal distribuida. Una pequeña minoría lo tiene todo, pero un 65% de la población vive en el umbral de la pobreza o sumergido en la miseria más absoluta y la clase media –el gran colchón atenuador de cualquier tensión–, en lugar de crecer, se proletariza.

Cuando se produce una sequía, los sociólogos, a la vista de las encuestas de población, calculan que un cuarto de millón de personas, emigran bruscamente del campo a la ciudad. El año 2005 ha sido el de la gran sequía, por tanto se augura que estas cifras se habrán superado en el momento de escribir estas líneas. Esto implica que, a partir del 2006, se acelerará el ciclo infernal que une emigración hacia las ciudades, aumento de los cinturones de miseria, y, finalmente, crecimiento de la frustración social que encuentra su desembocadura en la inmigración a Europa o en el islamismo.

El campo marroquí ha visto frenadas sus exportaciones desde que en 1986, la CEE se amplió dando entrada a productos agrícolas españoles. Desde entonces, la exportación de productos agrícolas españoles a Europa se ha multiplicado por cinco, mientras que los productos marroquíes venden lo mismo. El analfabetismo y la desestructuración propios de los ambientes de pobreza, generan otro fenómeno preocupante: la explosión demográfica. En Europa, la gran explosión demográfica de mediados del siglo XVIII, generó la industrialización y las revoluciones burguesas que fueron estallando por toda Europa a partir de 1789. Pero en Marruecos un fenómeno de este tipo no se ha producido todavía y, cuando lo haga, revestirá otras características, especialmente a la vista del crecimiento del islamismo político. El desprecio que las autoridades marroquíes experimentan por su propio pueblo (la lucha contra la pobreza solamente supone el 10% del presupuesto del Estado, cuando en los países limítrofes se duplica) hace que las islas de pobreza estén cada vez más extendidas (en realidad, cabría hablar de islotes de lujo rodeados de miseria) y que las políticas sociales de creación de infraestructuras, viviendas sociales, alfabetización, etc., no sean suficientes como para paliar el problema. La demografía supera las posibilidades que tiene el Estado de absorber el descontento, paliar la miseria y modernizar la sociedad.
 

Marruecos tiene también su modelo de descentralización, basado en los municipios. Algunas ciudades, en efecto, se han tomado un interés particular en mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pero este modelo entraña también problemas. Agadir, por ejemplo, donde los planes de viviendas sociales y de construcción de infraestructuras, son superiores a otras ciudades, se ha visto sumergida por el «efecto llamada»  protagonizado por miles de marroquíes desarraigados que han abandonado el campo y otras ciudades para establecerse en una ciudad en la que parece que se vive mejor. Algunos ayuntamientos, prefieren renunciar a estas políticas sociales, ante el riesgo de generar un flujo de emigrantes interiores que empeorara todavía más la situación. El «modelo marroquí de descentralización»  no contribuye a reducir las desigualdades locales, sino a la aparición de diferentes iniciativas, en ocasiones contrapuestas, en los distintos municipios.
 

¿Inmigración? ¡Cómo no va a haber inmigración en Marruecos!

El 70% de los marroquíes es menor de 35 años, en torno a 20,5 millones de personas. El régimen de Mohamed VI no ha logrado integrar a la juventud marroquí que, en su inmensa mayoría, se siente ajena al régimen, desvinculada de cualquier tarea que tenga que ver con el Estado y que no ve perspectivas de futuro en su país. Los jóvenes que militan políticamente, lo hacen desde formaciones islamistas o, los menos (y los más ambiciosos) en el socialismo de la USFP. Estos últimos son los que aspiran a ser los futuros cuadros del régimen y, por supuesto, no contemplan la perspectiva de la inmigración. El resto de jóvenes, militen o no políticamente, miran al otro lado del Estrecho.
Marruecos no es lo que se dice un paraíso de la cultura. La tasa de analfabetismo total se sitúa en un 50% de la población, pero es particularmente dramática entre las mujeres de zonas rurales, elevándose a un 83%. Seis de cada diez campesinas optan por trasladarse a las ciudades. Las zonas rurales –salvo el Rif, gracias al cultivo de hachís– están empobrecidas y generan una emigración interior hacia las ciudades. Los cinturones de miseria que rodean a Rabat, Casablanca, Tánger, Fez, etc., están formados por antiguos campesinos desarraigados que viven en condiciones infrahumanas. 

El medio rural ofrece algunos puestos de trabajo, cuando no hay sequía. A pesar de que el campo marroquí vive una pobreza endémica, la estructura tradicional de la sociedad agraria marroquí ha resistido mejor la crisis socio–económica. Al menos, en las zonas rurales se ha mantenido la estructura familiar y cada persona tiene el apoyo de su comunidad. El apoyo mutuo que se deparan los miembros de las familias marroquíes, compensa, en cierta medida, la pobreza de esas zonas. Por el contrario, en los arrabales de las grandes ciudades, la desintegración de las estructuras tradicionales y el desarraigo, están abriendo el camino a la desesperación que cristaliza en dos formas: o bien aumentando el impacto del fundamentalismo islámico, o bien, impulsando a la inmigración. O a ambas cosas.
 

El 19% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza) y el paro afecta a un 22% de la población urbana. No es raro que la juventud vea el camino de la inmigración como la única posibilidad de mejorar su situación. En cuanto a los «bidonvilles», verdaderos cinturones de miseria, suponen el caldo de cultivo más favorable para la expansión del fundamentalismo islámico. Quienes no tienen nada, ni pueden aspirar a nada, están en su derecho de creer que Alá les reserva un paraíso si mueren en la guerra santa. En Palestina e Irak, el reclutamiento de terroristas suicidas se ha realizado sobre una base sociológica similar: seres desesperados y sin perspectivas de mejora.
Inmediatamente fue entronizado, Mohamed VI, el majzén quiso presentar al nuevo rey como «el monarca de los pobres», sugiriendo que su gestión iría en la dirección de mejorar las condiciones de vida de la población. Desde entonces, han pasado seis años y, efectivamente, ha demostrado honrar ese título, pero no en el sentido que pretendía dar el majzén; en efecto, nunca como ahora han existido tantos pobres en Marruecos y nunca el balance de la acción del gobierno ha sido tan cicatera en relación a las clases más desfavorecidas. Cuando muere Hassán II, la renta per capita en Marruecos era de 1.260 dólares, pero en 2002 ya había bajado a 1.218.

Decir chabolismo es decir miseria y desestabilización. Hubo un tiempo en el que los marroquíes se forjaban esperanzas. Entre 1984 y 1992, el país había conseguido disminuir (del 21% al 13%) la tasa de población que vivía con menos de dos dólares al día. Pero se trataba de una mejora puntual que se vino abajo en el 2000 cuando se volvió a elevar alcanzando el 19%. En ese período la población había crecido y, con ella el número de pobres: 3,4 millones en 1994, frente a 5,3 en el año 2000.
 

Hoy, una cuarta parte de la población rural y una octava parte de la población urbana es pobre. Estos últimos, además de la pobreza, deben soportar el vivir en chabolas inmundas y carecer completamente de infraestructuras y servicios públicos. El Estado ha renunciado a estar presente en esos barrios que registran altas tasas de inseguridad ciudadana y depauperación. La miseria no genera beneficios para el Estado, por tanto, se abandona a los miserables a su suerte.

Pero ni siquiera los jóvenes que disponen de alguna preparación cultural tienen perspectivas de mejora dentro de la sociedad marroquí, si no pertenecen a las esferas del poder o del funcionariado. Un titulado universitario es un aspirante a futuro parado. El 62% de los jóvenes en paro tiene título universitario o de grado medio y el 70% de los jóvenes estudiantes desea emigrar al extranjero. En su país carecen completamente de centros de ocio y deporte. Solamente tienen televisor (verdaderos bosques de parabólicas incluso en los barrios modestos) desde el que pueden ver el modo de vida occidental, constituyendo, cada teleserie, cada reportaje sobre las playas y los centros de turismo y ocio europeos, un reclamo para la inmigración.
 

En 2000, los medios de comunicación occidentales proclamaron la aparición de lo que llamaban «Generación MVI»  (Generación Mohamed VI). Se les presentaba como jóvenes «suficientemente preparados», de clase media–alta y con aspiraciones hacia una evolución democrática de la sociedad. Pero, un año después, las esperanzas en que esta generación ocupara los resortes del poder, quedaron decepcionados, especialmente tras la manifestación de mujeres islamistas en Casablanca, contra la reforma del «Estatuto Personal». Esa manifestación evidenció la realidad. Y la realidad es sólo una: el Islam avanza imparable entre los jóvenes. Este impulso disuadió al gobierno de aplazar la reducción de la mayoría de edad electoral de los 21 a los 18 años hasta después de las elecciones legislativas de 2002, al existir la convicción de que la inmensa mayoría del voto juvenil iría a parar al PJD. Incluso el sindicato estudiantil, habitualmente dominado por socialistas y comunistas desde la independencia, en estos momentos está en manos de los islamistas radicales de Justicia y Caridad.
 

Los jóvenes marroquíes cada vez se casan mas tarde a causa de las dificultades económicas. Esto no es una novedad, ocurre también en Europa, sólo que en Marruecos es un fenómeno reciente que choca con la tradición antropológica, inherente a la cultura local, de formar una familia, cuanto más grande mejor. Quien no tiene familia, quien no ha sido capaz de formar una familia, es un fracasado y, en algunos ambientes rurales, se duda si considerarlo suficientemente «hombre». Hoy la edad media para contraer matrimonio en Marruecos es de 27 años. A la pobreza, se une cierto menosprecio para el hombre que, a esa edad, no ha conseguido ser cabeza de una familia.

La liberación de la mujer constituye otro aliciente para una población que sólo considera honesta a la mujer cubierta con el velo y luciendo chilaba hasta los pies. ¿Cómo no sentirse atraídos por las mujeres europeas que no dudan en ir a las playas en top less o caminar por las calles con minifalda y tacones? Desde el punto de vista de la cultura marroquí, las mujeres que osan ir así no son honestas... pero son atractivas. Y, además, está la perspectiva de poder trabajar, lo cual no es poco.

Si no hay trabajo, siempre está la vía del trapicheo y los circuitos de la delincuencia. De hecho, algunos estratos juveniles marginales llegan a nuestro país atraídos por lo «barato»  que sale delinquir. En Marruecos, es frecuente que por un pequeño robo, la policía apalee en comisaría al ladronzuelo, le espere una larga condena de prisión en un entorno penitenciario miserable, cruel y proclive a las humillaciones y abusos; aparte, naturalmente, del descrédito que cae para la familia el tener un hijo delincuente y en la cárcel. Todo esto en España apenas ocurre: las leyes son extraordinariamente permisivas comparadas con las marroquíes, el régimen penitenciario es humano e, incluso, cómodo. Solamente entran en cárcel quienes han sido sorprendidos en la comisión de delitos de cierta gravedad: los pequeños hurtos, los robos sin violencia, los trapicheos de todo tipo, ni siquiera justifican entrar en prisión, ni mucho menos la expulsión. Incluso es frecuente que un narcotraficante detenido hoy, sea puesto en libertad al cabo de unos días y quede a la espera de un juicio al que lo más probable es que jamás acuda. De hecho, en el lejano 1986, un joven marroquí me decía: «Estoy mejor en la cárcel en España, que en la calle en mi país». Y lo debía de saber por que, efectivamente, decía esas palabras desde la Cárcel Modelo de Barcelona. No es raro que los sueños de la juventud marroquí pasen por Europa.

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A principios de enero de 2005, Madrid recibía una media diaria de 280 inmigrantes. El dato no parecía inquietar ni a la Delegación del Gobierno, ni al Ayuntamiento, ni a la Comunidad, y menos que a nadie, a las autoridades del PSOE.

Pedro Zerolo, además de «líder gay», es secretario de Movimientos Sociales del PSOE y, en tanto que tal, en octubre de 2005, realizó diferentes propuestas para mejorar la situación de la inmigración en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. En esta tarea le secundaron distintas ONGs especializadas en el apoyo a la inmigración (Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, SOS Racismo, Andalucía Acoge y Melilla Acoge) y responsables de la Administración (la directora general de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez). La gran preocupación de Zerolo eran los posibles estallidos de racismo e intolerancia… justo en los momentos en que toda España pudo experimentar angustia ante el asalto masivo de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla por miles de inmigrantes y la sensación, cada vez más acusada –aún no se había producido el «noviembre francés»  con sus incendios y saqueos– de que España no tenía posibilidades de integrar a más inmigrantes.
 

Paga y calla, paisa…

El 4 de octubre de 2005, el problema de los asaltos de inmigrantes a la valla que separa Marruecos de Ceuta y Melilla había llegado a la UE. En las instancias europeas se albergaba la más absoluta desconfianza en relación a la política de inmigración del gobierno ZP, así que decidieron enviar una comisión a la zona. 

El comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, comunicó a Moratinos que los sucesos de Ceuta y Melilla «nos refuerzan en la necesidad de acelerar la puesta en práctica de las distintas medidas y políticas que tiene la UE con Marruecos en materia de inmigración». ¿Cuáles eran las medidas? En principio regalar a Marruecos 40 millones de euros para «proteger las fronteras y mejorar las condiciones en el terreno». El chantaje marroquí, una vez más, había tenido éxito: se crea el problema, y no se cierra hasta que se ha abierto la espita del dinero. Decididamente, resulta difícil saber cuál es la decisión más timorata, si enviar dinero a Marruecos para que siga sin hacer nada en materia de inmigración (salvo matar a siete inmigrantes durante la crisis de las vallas), o bien la decisión adoptada por el gobierno español de ampliar a seis metros la valla fronteriza.
Frattini reconoció que 30.000 inmigrantes estaban preparados en Argelia y Marruecos para dirigirse hacia las fronteras de Ceuta y Melilla. Las cifras procedían del informe preliminar que preparó la misión técnica de la UE que debía viajar a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y en base a datos de los servicios de inteligencia españoles. En Argelia se encontrarían esperando 20.000 inmigrantes para entrar en Ceuta y Melilla, mientras que otros 10.000 ya estaban en territorio marroquí. Lo más terrible era el reconocimiento de que «no hay pruebas de que la actual alta presión migratoria hacia las fronteras externas vaya a disminuir a corto plazo» e incluso aumentará en los próximos años, según declaró Frattini.
 

Marruecos no permitió a la misión técnica de la UE, enviada para analizar la situación de los inmigrantes en la frontera con Ceuta y Melilla, acceder a su territorio en esta zona. Y Franco Frattini, a pesar de haber sido desairado por esta decisión, comentó benévolamente: «fue una lástima»… Sorprendentemente, a pesar del desaire de Marruecos, Frattini, contra toda lógica y sentido común, continuó proponiendo la entrega de fondos: «Ahora es el momento de ayudar a Marruecos, no el tiempo de reprochar. Habrá una investigación. Habrá, claro está, la oportunidad de volver sobre esto, pero cuando Marruecos nos pide que le ayudemos, la respuesta no puede ser sólo reprocharle».

Por otra parte, el comisario informó que había pedido convocar en Bruselas, a nivel técnico, una reunión con representantes de Argelia y Marruecos para ayudar a las patrullas a prevenir el tráfico de seres humanos. Asimismo, esta reunión abordaría la situación de las 30.000 personas que se encontraban en ambos países a la espera de acceder al territorio europeo. Ese mismo día, el ministro de Comunicación de Marruecos, Nabil Benabdallah, denunciaba que la ayuda económica de la UE, 40 millones de euros, era insuficiente… ¡Cómo no iban a querer más! Para Marruecos, Europa es la quintaesencia de la debilidad y de la falta de redaños. Y, en realidad, nuestra clase política les confirma en esta percepción, día a día.
 

La crisis de las vallas

En realidad, ante una situación así, la única posibilidad de contener a 30.000 personas, era demostrando fuerza y determinación. La orden de José Bono de enviar a la Legión, con las armas descargadas era suficientemente absurda como para empeorar las cosas. En realidad, la solución era demasiado simple como para que Zerolo, ZP, Bono, Caldera, Rumi y demás «enterados»  en materia de inmigración se decidieran a tomarla en consideración: bastaba con dejar la puerta abierta de la valla fronteriza para que cuantos inmigrantes quisieran entrar en España pudieran hacerlo sin necesidad de rasgarse la piel en la alambrada fronteriza; y, acto seguido, una vez censados, bastaría con que se les volviera a abrir la puerta de la valla para que regresaran por donde habían venido, en calidad de expulsados. Esto, en pocos días, bastaría para desactivar el efecto llamada y descorazonar a quienes intentaban forzar la legalidad española, cruzando la frontera de forma irregular. ¿Sencillo, verdad? Bueno, pues hasta muy avanzada la crisis de las vallas, cuando ya se habían producido siete muertos a tiros en la zona marroquí, el gobierno español no se decidió a expulsar a un centenar de subsaharianos. 

El 7 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros, aprobó una subvención de 4.500.000 de euros a las ciudades de Ceuta y Melilla, destinada a programas de integración social de los inmigrantes. Esa decisión tiene un nombre: debilidad. Los gobiernos débiles intentan acallar cualquier foco de tensión, inyectando fondos. Y duran, lo que duran los fondos. No es que Ceuta y Melilla no merezcan la llegada de fondos, es que el problema de la inmigración no se soluciona subvencionando la llegada de ilegales, sino repatriándolos con la misma velocidad con la que van llegando. Este es el único realismo con el que puede tratarse el tema de la inmigración masiva. Para el año 2006, el presupuesto de Inmigración y Emigración ascenderá a 320.996.000 euros, un 14´38% de aumento en 2006 con respecto al año anterior. Desde que ZP llegó al poder, en apenas dos ejercicios presupuestarios, se han incrementado los recursos para inmigración en 182.984 millones de euros.

Para evitar avalanchas, la Delegación del Gobierno en Melilla anunció la instalación de una tercera valla en el perímetro fronterizo de la ciudad. En Ceuta se mejoraron los elementos de control con cámaras térmicas, la reposición de equipos de vídeo y la limpieza de los matorrales entre las dos verjas existentes.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunieron con la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras haber acusado al gobierno de estar «incapacitado» para resolver el problema de las avalanchas de inmigrantes. Ambos presidentes tenían claro lo que estaba ocurriendo y lo resumieron: «está pasando porque están gobernando unos señores que no protegen suficientemente las fronteras españolas». ¿Es tan difícil entenderlo?
 

Las vallas no son cosa de hoy

El asunto de las vallas no era nuevo. El 6 de enero de 1998, tres policías habían resultado heridos y seis inmigrantes subsaharianos detenidos en un enfrentamiento en Melilla. Los centroafricanos protestaban por el criterio restrictivo de entrada a la Península. Fue el primer signo de lo que se avecinaba. Al día siguiente, el jefe militar manifestó que «el Ejército debe vigilar la frontera al no haber solución a la inmigración».

Ese día 117 inmigrantes de Melilla lograron pasar a centros de la Península. Quedaban otros 700 subsaharianos, más 600 en Ceuta. El gobierno del PP había resuelto el problema de la superpoblación de los centros para extranjeros en las plazas africanas, enviando a sus residentes a la península. Cinco días después –la debilidad se paga siempre– 150 argelinos se concentraron ante la sede del Gobierno en Melilla para pedir su traslado a la Península.

A final de ese mes, la situación era tan tensa en la frontera que el Gobierno Aznar anunció el «cierre inmediato»  de la frontera de Melilla y la construcción de los muros que se harían famosos siete años después. Una pequeña inversión de mil millones de pesetas. El 24 de enero de 1998, el gobierno dio la vía libre hacia la Península a 1.340 inmigrantes de Ceuta y Melilla. Las ONG se comprometieron a integrarlos y formarlos profesionalmente. Otros 500 inmigrantes argelinos se quedaron en esa ocasión en Ceuta y Melilla porque no pudieron entrar dentro de este programa. Ese mismo día, y a la vista de la situación, distintos colectivos vecinales pidieron que se aplicara un toque de queda a los inmigrantes para que no salieran de noche, dado que «la presencia de estos extranjeros crea inseguridad entre la ciudadanía».

IU, instalada en la inopia más absoluta, consideró que la prensa estaba magnificando el problema de las vallas y condenaba «las medidas intolerables que se están llevando a cabo, parezcan justificadas» y, en particular, «la necesidad urgente de suspender de forma inmediata el acuerdo de deportación». Como puede verse, no hay nada nuevo bajo el sol. Siete años después el problema estalló con toda su virulencia.

El 6 de octubre de 2005, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que esa misma mañana se habían producido devoluciones en frontera a Marruecos de inmigrantes que intentaron atravesar la valla con Melilla, después de tres intentos de avalancha esa misma madrugada. Pero ni siquiera fue capaz de informar sobre cuantos inmigrantes fueron expulsados. ONGs subvencionadas con cargo al erario público, como Prodein, Pro Derechos Humanos y SOS Melilla, protestaron por estas expulsiones y, de paso, manifestaron su rechazo a la presencia del Ejército a lo largo del perímetro fronterizo. Lamentablemente, no explicaron cómo sugerían que podía resolverse el problema de la inmigración ilegal y masiva. Mientras lo piensan, sería bueno que esas ONGs hicieran público lo que cobran en materia de subvenciones y en qué lo utilizan.

En septiembre de 2005, Marruecos acusó al gobierno argelino de la crisis de las vallas. Es cierto que Argelia no era absolutamente inocente en esta cuestión y que manifestaba una irreprimible tendencia a crear problemas a Marruecos (y viceversa) y la inmigración era un arma arrojadiza a su disposición. El Frente POLISARIO había recogido a 92 inmigrantes subsaharianos abandonados por Marruecos en diversos puntos del muro defensivo construido por las fuerzas marroquíes en el Sahara Occidental. Por su parte, el primer ministro marroquí Driss Jetu afirmó que Argelia estaba reuniendo en la región de Tinduf a «candidatos a la inmigración clandestina con el fin de hacer de ello un instrumento propagandístico en el conflicto del Sahara».
 

ZP: especialista en sembrar desconfianza

En mayo de 2005, se evidenció que los gobiernos de Francia y Alemania estaban particularmente descontentos con la política de inmigración del gobierno español. Nicolás Sarkozy, ministro del Interior francés, acusó al Gobierno español de ser un «aprendiz de brujo» con su política de inmigración (fisura notable en el cacareado eje «hispano–franco–alemán que solamente existió en el calenturiento cerebro de Zapatero). Entretanto, el ministro alemán de Interior, Otto Schily, afirmó que «las regularizaciones masivas tienen el efecto secundario de que atraen a nuevos ilegales». La UE estaba comprobando, alarmada, que España, gracias a una irresponsable política de inmigración, se había convertido en lanzadera de subsaharianos clandestinos que cruzan los Pirineos hacia zonas de influencia francófona, como Bélgica, Holanda o la propia Francia.
En torno a  25.000 ilegales subsaharianos habían cruzado los Pirineos en los últimos meses y otros tantos permanecían en nuestro país después de haber quedado fuera del proceso de normalización de trabajadores extranjeros impulsado por el Gobierno Zapatero. Cuando esa regularización masiva se produjo, la inmigración masiva, hacía tiempo que estaba fuera de control.
 

El 1 de enero de 2005, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, 705.944 ciudadanos de origen africano estaban empadronados en España, de ellos, al menos, 140.000 son subsaharianos. Pero hay que introducir una corrección a estas cifras, añadiendo la estimación de los no empadronados y los que habían cruzado la frontera a lo largo de todo el año 2005. Las cifras, entonces, pasan a ser de 1.250.000 africanos, de los que un millón serían magrebíes y el resto subsaharianos.

Marruecos incumple los acuerdos firmados

Las devoluciones de inmigrantes irregulares subsaharianos a Marruecos se han realizado con cuentagotas desde que España y el reino alauí firmaran en 1992 el convenio de readmisión de extranjeros. En trece años, el país vecino aceptó a menos de 200 extranjeros en virtud de la aplicación de ese convenio; cifra absolutamente ridícula.

Según el acuerdo, el Gobierno marroquí debía readmitir a los inmigrantes irregulares encontrados en España si se demostraba que habían llegado desde Marruecos, pero su aplicación estuvo rodeada de dificultades desde un principio a causa de las reticencias del reino alauí. Firmar un acuerdo con Marruecos es algo endiabladamente inútil. Todo aquello que no le beneficia directamente, ni lo aplica, ni tiene intención de aplicarlo, aunque suponga una vulneración del pacto firmado y rubricado por sus diplomáticos.
En 1995, una delegación del Departamento de Justicia e Interior, que entonces dirigía Juan Alberto Belloch, viajó a Marruecos para intentar resolver la interpretación del acuerdo. Las autoridades marroquíes exigían que la entrada del inmigrante irregular en España desde Marruecos pudiera ser acreditada documentalmente… ¿cómo?, era absolutamente imposible aportar prueba alguna, salvo la lógica: es evidente que el corredor de tránsito entre África y Europa pasa por Marruecos. Pero la lógica no es una virtud que adorne a las decisiones del gobierno marroquí. 

Cuando fue ministro de interior Jaime Mayor Oreja, intentó reactivar el acuerdo en 1996; desde 1992 a 1996 Marruecos sólo había aceptado ¡cinco! de las más de 600 solicitudes de readmisión que había presentado España. La presión de Mayor Oreja operó el milagro y consiguió que, solamente en 1996, Rabat aceptara el reingreso en su territorio de 65 inmigrantes subsaharianos. Cifra récord.

El 2001, tras ímprobos esfuerzos, Marruecos admitió a unos cuarenta subsaharianos que habían llegado a España en pateras procedentes de Marruecos. La cosa seguía yendo mal, por que, para esas fechas, ya era probablemente en torno a un millón de ilegales los que habían llegado a España procedentes de Marruecos y éste país apenas había admitido la devolución de 120.

España optó por negociar una nueva modificación en 2003: Marruecos aceptaría a los subsaharianos que hubieran viajado en una embarcación con patrón marroquí, lo que serviría como prueba de que salían de su territorio. Marruecos firmó la modificación, pero, como es habitual, no la respetó. El entonces delegado del Gobierno para la Inmigración, Ignacio González, admitió que Marruecos estaba dificultando y retrasando la aplicación del acuerdo. Ese año, todas las peticiones de readmisión –1.600 en total– habían sido rechazadas. Estábamos en pleno «desencuentro».
¿Quién tiene el valor de explicar a Marruecos que los acuerdos se firman para respetarlos? Cualquier acuerdo firmado con Marruecos que no implique envío inmediato de fondos, da la sensación que es completamente desconsiderado. Y en cuanto a los que implican ayuda económica, duran el tiempo que tarda en dispersarse el dinero.
 

La inmigración en cifras

Londres tiene un 40% de población inmigrante y París un 25%. Aparentemente, estas cifras distan mucho de igualarse con las que se darían en España. A fin de cuentas, España carece de tradición en esta materia y ha sido, más bien, un país que ha dado inmigrantes, mucho más que los ha admitido. Pero esta tendencia se iba, finalmente, a invertir.
En julio de 2004, Madrid tenía 3.228.914 habitantes censados, y ya el 16% eran de otro país. Dos puntos más que el año anterior. El barrio de San Cristóbal, en el distrito de Villaverde, es el que más inmigrantes empadronados tiene, un 40%; el distrito de Centro tiene un 30% de extranjeros; le siguen Tetuán, Carabanchel, Usera y Villaverde. Los ecuatorianos son la colonia más numerosa, luego aparecen los colombianos. En el 2004, los rumanos superaron a los marroquíes que en el 2000 eran la colonia mayoritaria en la capital. La inmigración es un fenómeno muy dinámico.

En cambio, en Catalunya los marroquíes siguen siendo ampliamente hegemónicos. En los años 90, el gobierno autónomo catalán, tuvo la genialidad de orientar la inmigración marroquí hacia su comunidad, pensando que, a diferencia de los iberoamericanos que hablaban castellano y no juzgarían necesario aprender catalán, los magrebíes, al desconocer el idioma, se catalanizarían más fácilmente. Razonamiento erróneo. Hoy, el 45% de los marroquíes residentes en España se ubican en Catalunya, mientras la comunidad ecuatoriana va creciendo aceleradamente. La Generalitat no quería caldo, pero ahora se encuentra obligado a beber dos tazas: los marroquíes siguen apegados a sus tradiciones de origen y se integran menos que el aceite en el agua; en cuanto a los ecuatorianos han llegado en cantidades similares a otras regiones de España.
También hay amplias comunidades marroquíes en Levante y Andalucía. Es evidente que a los magrebíes les atrae el Mediterráneo, tanto que en algunos barrios de Barcelona (el Raval y la Ribera) se alcanza la astronómica cifra de 65% de población extranjera.

En el año 2002, se habían incorporado al padrón municipal 694.651 nuevos extranjeros. Dos años después, se volvía a alcanzar una cifra similar. En efecto en el año 2004, se empadronaron en los municipios españoles 650.000 extranjeros; realmente poco si tenemos en cuenta lo que iba a ocurrir el año siguiente. En 2005, el «efecto llamada»  generado por la regularización masiva, seguramente hará que esa cifra sea ampliamente superada. El 1 de enero de 2005, oficialmente residían en España 3.600.000 de extranjeros que, seguramente, ascendían a 4.000.000 si contamos los que no habían juzgado necesario empadronarse. A finales de año, se contabilizarán 700.000 nuevos empadronados, como mínimo, con lo que nos aproximaremos a la cifra de 5.000.000, en torno a un 13% de la población, cifra muy superior a la de Francia (8%), a la de Alemania (9%) o de Austria (9,2%).
 

Hijos de la inmigración

Estas cifras son hoy excesivamente altas, pero en apenas seis años es posible que se haya duplicado. De un lado, la reagrupación familiar hará que afluyan a nuestro país un número no inferior a 2.000.000 en los próximos años. Luego están los hijos nacidos de inmigrantes. Muchos. Muchísimos.

Entre 2000 y 2005, el número de niños nacidos de madres extranjeras en España casi se triplicó, lo que supone un ritmo de crecimiento unas doce veces mayor que el de la media de nacimientos a nivel nacional. Los nacimientos de madre extranjera pasaron, de menos de un 5% del total en el año 1999, al 12% en 2003.

En 1999, nacieron en España 380.130 bebés de los que sólo 18.503 (el 4,87%) eran de familias inmigrantes. Sólo en 2003 nacieron en España 439.863 niños, de los que 53.306 (un 12,12%) eran hijos de inmigrantes. Mientras que el número total de nacimientos en España aumentó en ese periodo un 15,7%, el de hijos de inmigrantes creció un 188,1%. Tomen nota por que este vuelco demográfico no tiene precedentes en la historia y no va a realizarse sin que se produzcan tensiones extremas en los próximos años.
Melilla experimentó en 2003 un mayor porcentaje de niños nacidos de madre inmigrante (el ¡50%!), mientras que Ceuta tenía un porcentaje menor (con el 27,45%). Baleares, Madrid, Murcia, La Rioja y Catalunya, superan la barrera del 15% de nacimientos de extranjeros.

En marzo de 2005, se supo que la población de la capital de España crecía debido sólo a los inmigrantes. Mientras que el año 2004, 25.139 españoles abandonaron la capital, la merma fue compensada ampliamente con la llegada a la ciudad de 48.692 extranjeros.

Mientras que en enero de 2000, solamente un 3’5% de la población madrileña era de origen extranjero, cinco años después, ese porcentaje había pasado al 15%, esto es 481.162 personas. El distrito de Centro de la capital es el que más porcentaje de inmigrantes tiene: 29 de cada 100 vecinos han nacido fuera de España y de ellos 2.987 son marroquíes. En toda la comunidad había a principios de 2005, 765.884 extranjeros empadronados (un 12,7% de la población), pero es posible que, en el momento de escribir estas líneas, entre los recién llegados y los no empadronados se esté rondando el millón de extranjeros. Parla y Alcalá de Henares tenían, respectivamente, el 18% y el 16% de presencia inmigrante. Con cifras así, la integración es prácticamente imposible. ¿Para qué integrarse si la propia comunidad ofrece todos los servicios y cubre cualquier necesidad? El propio ministro Caldera dijo: «Creo que lo razonable es tener inmigrantes por un 8 a 10% de la población total (…) Esta cifra tiene en cuenta las posibilidades de integración y de funcionamiento de nuestro sistema». En realidad, estudios sociológicos de principios de los años 90 establecen que una población alógena de más de un 5% corre el peligro de generar focos de conflicto y aislarse en guetos. 

El 18 de mayo de 2004, nacía en el Hospital General de Alicante, un bebé hijo de padres marroquíes. Nada más nacer, su padre, Mohamed, le recitó la oración completa: «Que Dios es grande, único, que Mahoma es su profeta...», cumpliendo la tradición coránica que prescribe que esas son las primeras palabras que debe escuchar todo musulmán al nacer. A lo largo de 2004, el número de niños hijos de extranjeros inscritos en el Registro Civil de Alicante ha superado al de los hijos de españoles. Era la primera vez que ocurría en nuestro país desde los tiempos de la Reconquista. No se trataba de una sorpresa, los funcionarios del Registro Civil de Alicante advirtieron el fenómeno en agosto de 2003: «Las colas para apuntar a los niños parecían más las de la oficina de Extranjería que las del Registro Civil», explicó el secretario del registro.

En los hospitales de Alicante se han debido asumir las tradiciones de parto propias de las distintas latitudes. Las magrebíes paren con la cabeza cubierta con un velo o un pañuelo. Tal como explicó Mohamed, el afortunado padre, «una mujer sólo puede descubrirse delante de su familia».
 

Cuando las proyecciones demográficas son erróneas

La demografía no es una ciencia exacta. En 2002 se calculaba, con todo rigor y seriedad, que hasta el 2025 no se alcanzaría la cifra de 2.250.000 inmigrantes. De hecho, en aquella época, el gobierno de turno, falseaba las cifras, o al menos, las rebajaba para evitar la aparición de tensiones sociales. En aquella época, los inmigrantes ya superaban esa cifra. A lo largo de 2006, se habrá llegado a la cifra de 5.000.000, que los demógrafos veían imposible de superar…

Lo más sorprendente es que, incluso en 2003, cuando se daba la cifra de un 6% de inmigrantes (estimación falseada, por cierto) los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social eran mucho menos y los nacidos en España suponían mucho más de ese porcentaje. Por entonces se decía que, gracias a los inmigrantes el Estado iba a poder pagar las pensiones de «nuestros abuelos». Pero hoy, con la experiencia acumulada en el último lustro, sabemos que la inmigración cuesta más al país receptor y solamente es un negocio para las patronales de algunos sectores. La inmigración absorbe más gastos (en educación, en seguridad social, en prisiones, en justicia, en recursos sociales, etc.), de los beneficios que depara. En abril de 2004 había 16.998.997 de afiliados a la seguridad social, y sólo 822.118 eran inmigrantes, apenas el 4,83%. En la Comunidad de Madrid el 60% de los detenidos por agresiones sexuales son extranjeros y el 40% de las victimas también son extranjeras. El noviembre de 2004, 59 mujeres habían sido asesinadas ese año. Sin embargo, los españoles podemos sentirnos orgullosos: España figuraba como uno de los países con menor violencia doméstica de toda la UE. Lamentablemente, el 30% de esa cifra, está protagonizado por inmigrantes. Es decir, tres veces superior a la que sería normal entre españoles.

Otra proyección demográfica que se demostrará no menos falsa en los próximos años, indica que en el 2015, el 27% de la población de España será extranjera. Dada la velocidad de crecimiento de la inmigración y las correcciones que se han debido introducir en las proyecciones estadísticas, lo más probable es que hacia el 2011, un tercio de la población española ya sea inmigrante. Dadas las dificultades de integración evidenciadas a lo largo de 2005 en países considerados modélicos en políticas de integración (Francia y Holanda), es inevitable que en España estemos ante la antesala de grandes tensiones sociales. Y a la clase política –que ha generado este problema– no a nosotros, corresponde explicar como piensa resolver el conflicto.

Matrimonios de conveniencia

Las uniones entre extranjeros y españoles han aumentado casi un 30 % en apenas un año. Qué bonito es el amor. Lamentablemente una parte importante de este porcentaje corresponde a matrimonios de conveniencia.

Con todo, las uniones mixtas, entre nacionales y extranjeros, es una realidad en auge en España. En 2001 fueron 14.094 y al año siguiente habían llegado a 17.841. Los marroquíes pagan entre 3.000 y 6.000 euros por los matrimonios de conveniencia. En Ceuta es una práctica frecuente ya que una parte de la población de origen musulmán tiene la nacionalidad española y realiza matrimonios de conveniencia con sus familiares y amigos marroquíes.

En 1997 la UE instó a los países miembros a que persiguieran la escalada de matrimonios de conveniencia. En España, las medidas adoptadas se redujeron al envío de una circular al personal de los registros civiles para que en los expedientes que tienen que formular los futuros cónyuges traten de ver alguna señal de ficción; en ese caso, deben informar para abrirse el proceso de anulación consiguiente. En 2003, un total de 226 casos fueron llevados a juicio, el 1,2% de las cerca de 20.000 bodas mixtas que se celebraron en nuestro país. Hoy se estima que la cifra de matrimonios de conveniencia debe estar en torno al 10% de los formalizados en España con un cónyuge extranjero. Pero había otras cifras que habían crecido desmesuradamente e indicaban la aparición de patologías sociales llegadas con la inmigración.
 

El paisaje de las cárceles ha cambiado

En noviembre de 2004, seis de cada diez reclusos de las cárceles españolas son ya extranjeros. Las cárceles españolas albergaban en ese momento a más de 59.000 presos, un 5,5% más que el año anterior. En cuatro años, los encarcelados extranjeros se incrementaron un 110%.

Pero hay que realizar una precisión en torno a estas cifras. Si en lugar de hacer referencia al número de presos encarcelados, aludimos al número de delitos cometidos, se verá que las cifras aumentan espectacularmente. Si existen estadísticas, están bien escondidas. Sin embargo, no hay nada más que visitar cualquier juzgado de guardia a la hora del traslado de presos. No todos los detenidos son enviados a la cárcel. En particular, los pequeños delitos, hurtos, robos sin violencia, peleas tumultuarias, son protagonizados por inmigrantes, pero no tienen como consecuencia el ingreso en prisión. Un funcionario del juzgado de guardia de Valencia nos indicó en diciembre de 2003, que algunos días el número de inmigrantes trasladados de las distintas comisarías, ante ese juzgado, podía llegar hasta el 85% del total, pero sólo una mínima parte, pasaban a la cárcel. Así pues, aunque, de por sí, las cifras de inmigrantes presos, son inusualmente altas (especialmente las de algunas comunidades, magrebíes, por ejemplo), distan mucho de reflejar el problema real, esto es, el aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Hace falta realizar una precisión: la inmensa mayoría de inmigrantes que residen en España han venido aquí para trabajar y mejorar su vida y son respetuosos con la ley; lo cual no es óbice para recordar también que la inmensa mayoría de delincuentes que llegan a los juzgados de guardia, son inmigrantes.

Los marroquíes, 4.625, representan el 30 % de la población penal extranjera. Los argelinos, por su parte, aportaban en 2004, 1.182 presos. La cifra de incremento de estos internos se ha disparado al 110% en cuatro años.

Desde 1999, la población reclusa extranjera en las prisiones españolas ha pasado de 7.900 internos a 16.626. En ese mismo tiempo, mientras los reclusos nacionales sólo se han incrementado un 17,91% (de 36.297 a 42.799), los de fuera de España se han disparado al 110,45%.

Los magrebíes suponen un 38% de los extranjeros que vienen a España y los subsaharianos el 25%. Uno de cada tres inmigrantes residentes en España son magrebíes o ecuatorianos, sin embargo, mientras estos últimos no tienen una tasa de delincuencia anómala, los magrebies eran la comunidad con más población carcelaria con un total de 5.399, el 10% de la población penitenciaria. 

El aumento de la inmigración ha modificado la opinión que tienen de ella de los españoles. Si en 1996, apenas un 18% consideraba excesivo el número de inmigrantes, en 2003 esta cifra había aumentado hasta el 54%; tal era una de las cifras más significativas contenidas en un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro.

En dicho estudio se destacaba también que en el año 2003, un 85% consideraba que sólo se debería permitir la entrada a los inmigrantes con un contrato de trabajo. Otro dato del informe indicaba que el 74% de españoles se manifestaba dispuesto a que sus hijos compartieran aulas y compitieran por sus plazas con los inmigrantes.

El 58% de los encuestados consideraba la inmigración como un factor que influye en el aumento de la inseguridad ciudadana: en Madrid y Barcelona, un 43% de los encuestados manifestaron tener sensación de inseguridad. El 58% de la población no puede estar ciega a la realidad social. Los últimos gobiernos, en cambio, si han dado la espalda a la realidad. Como cuando en julio de 2002, Aznar negaba que hubiera aumentado la inseguridad ciudadana y en septiembre de ese año, se vio obligado a tomar medidas para reforzar la lucha contra la delincuencia. O cuando Zapatero aprobaba la ley contra la violencia doméstica, ignorando que uno de cada tres casos (el 33%) estaba protagonizado por inmigrantes. Si el gobierno hubiera querido reducir la violencia doméstica un 33%, habría bastado con incluir un pequeño artículo que estableciera la expulsión inmediata de nuestro país a cualquier inmigrante que golpeara a su pareja. Esto, unido a las denuncias falsas contra el cónyuge para mejorar la posición ante las sentencias de divorcio, hace que esta lacra tenga unos índices similares en España, en relación a otros países europeos. No, similares no, inferiores. La ley contra la violencia doméstica, ha igualado a los españoles a otras culturas cuya tradición antropológica no ahorra desprecio, violencia y agresividad contra la mujer. El índice de violencia doméstica entre españoles es inevitable y no descenderá por ley alguna: es el que corresponde a la tasa de psicópatas, sádicos, ancianos con enfermedades degenerativas, etc., inevitable en toda sociedad. Una ley demagógica, no es nunca una ley eficaz. Sobre todo si su articulado da la espalda a la realidad social y a los focos de origen de esa violencia.
 

Marruecos depende de la inmigración

Marruecos es un país absolutamente dependiente de los envíos económicos realizados por sus inmigrantes en el extranjero. Marruecos pasó de recibir en 1990, 16.573 millones de dirhams en distintas divisas procedentes de sus inmigrantes en la UE, a 36.858 millones de dirhams en 2001. En la actualidad está en torno a 40.000 millones. El Estado marroquí sería inviable sin estos envíos procedentes de sus tres millones de ciudadanos que han debido emprender el camino de la inmigración.

Los marroquíes residentes en España, enviaron a su país una cantidad no inferior a 300 millones de euros a lo largo del año 2003. Esta cantidad supone la primera fuente de divisas del reino alauíta y supera a las inversiones extranjeras y a los ingresos por turismo. De no existir estas remesas la tasa de pobreza en Marruecos aumentaría cuatro puntos.

En 1985 estas remesas suponían el 3,81% del PIB marroquí, pero cinco años después habían aumentado hasta el 4,24% y alcanzado la cifra de 1.336 millones de dólares; realmente poco, porque en 2001 alcanzaron el 9%. En esos seis años, el PIB marroquí se había multiplicado por tres. Aparentemente, eso debería de haber limitado las salidas de marroquíes hacia el extranjero. Sin embargo, lo que ocurría era todo lo contrario y los envíos de la inmigración marroquí en Europa se habían multiplicado por siete. A medida que crece la economía marroquí, crece también, a mucha más velocidad, la inmigración (y, consiguientemente, las remesas de euros remitidas a Marruecos). Para entender este fenómeno es preciso tener en cuenta las características de la sociedad marroquí en donde las desigualdades de renta son extremas. Cada vez existe una mayor acumulación de riqueza en menos manos (lo que explica el aumento del PIB; aumenta, peno no se distribuye) y quienes no tienen perspectivas de mejora en su tierra, se ven forzados a emprender el camino de la inmigración.

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En 2002 se calculaba que existían cuatrocientos mil musulmanes en España. Si tenemos en cuenta que, además de magrebíes, las comunidades subsaharianas procedentes de países islámicos y los pakistaníes, han experimentado un gran crecimiento, en estos momentos, el Islam español contará en torno al millón de fieles. Después del catolicismo, es la segunda comunidad religiosa de nuestro país; la mayor parte de sus fieles son inmigrantes. «España no es un país cualquiera para el Islam, ocho siglos de presencia musulmana fueron muy importantes, no sólo para nuestra civilización sino para la historia de la humanidad. Filósofos como Averroes o científicos como los de la escuela de Toledo contribuyeron al avance de la humanidad. La convivencia de las tres religiones durante años es algo que se recuerda», explicó Mohamed Elafifi, portavoz de la mezquita madrileña. Cerca de allí se encontró el vídeo de reivindicación de los atentados del 11–M.