Catalunya: tras la maragallada, los top-manta

Redacción.- ¿Seny en Catalunya? Eso se agotó hace tiempo. Cada decisión de las autoridades catalanas, sea cual sea su nivel, se convierte en un sainete absurdo e irresponsable. Cuando todavía no se han apagado los ecos de la última “maragallada”, ahora es el ayuntamiento de Barcelona el que protagoniza el nuevo episodio, penando a los compradores de “top manta”… en lugar de a los vendedores.

Clos y su nueva normativa sobre los top manta

Piénsese lo que supondría que las autoridades castigaran el consumo de heroína, en lugar de a los distribuidores de esa misma droga. Pues eso, precisamente, es lo que se propone hacer el Ayuntamiento de Barcelona a partir del 1 de enero de 2006. Cualquier comprador de top-manta se arriesga a ser sancionado con una elevada multa. En otras palabras, la venta callejera puede seguir realizándose sin licencia alguna, pero la compra queda sancionada.
 
Así, el ayuntamiento de Clos quiere ver una Barcelona en la que un bolso de Loewe o Buiton se venda a 1000 euros en el Paseo de Gracia y una reproducción exacta del mismo, en el mismo Paseo de Gracia, en un top manta, cueste 50 euros, y aspira a que nadie lo compre. O que un joven deba pagar 30 euros por un CD de la banda de moda en una tienda que esté al día en sus impuestos municipales, y renuncie a pagar 10 veces menos en el top manta, situado justo enfrente.
 
Todo esto demuestra la desconexión entre la realidad barcelonesa y la percepción de las autoridades municipales sometidas, como siempre, a lo “políticamente correcto”.
 
Por que, efectivamente, el ayuntamiento, una vez más, renuncia a ir al fondo de la cuestión y se arriesga a dar un nuevo ejemplo de dejación de autoridad.
 
Los problemas que plantean los top manta son los siguientes:
 
1.- La actividad de venta callejera de material ilegal, es una actividad ilegal e ilícita: no solamente no paga ningún tipo de impuestos, sino que además supone una competencia desleal a las empresas que venden los mismos objetos y si están al día en el pago de contribuciones.
 
2.- Esa actividad es, siempre, realizada por inmigrantes ilegales, esto es, que han incumplido la ley de inmigración, entrando en nuestro territorio nacional de manera ilegal. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
 
3.- El material que ponen a la venta es siempre realizado por mafias, siempre extranjeras que operan en España, conscientes de que están realizando una tarea ilegal y extremadamente lucrativa.
 
4.- La mentalidad “progresista” y “buenista” que domina entre el consistorio barcelonés prioriza el castigo al comprador (mayoritariamente español o turista) sobre el castigo al inmigrante ilegal que realiza una práctica desleal.
 
En conclusión, este nuevo decreto municipal caerá en el saco roto por imposibilidad de aplicarlo. Además, evidencia la voracidad recaudadora del Ayuntamiento, preocupado más por enjugar su cuantioso déficit que por terminar radicalmente con esta actividad ilícita.
 
Pero lo que evidenciará el Ayuntamiento de Barcelona es debilidad. Hay que recordar que en esta ciudad está prohibido que las motos aparquen sobre las aceras. Y, sin embargo, las motos aparcan sobre las aceras. Está prohibido que se fume en el metro y sin embargo, se fuma, cada vez más en el metro. El botellón está prohibido, y, por supuesto, el botellón prolifera en todas las plazas de los barrios de Gracia y Sans. Existe una ley que sanciona fumar porros en la calle, pero cada vez cuesta menos ver como se lían canutos en cualquier calle. Y así sucesivamente.
 
No hay autoridad, por tanto, no hay posibilidad siquiera de hacer cumplir la ley y, mucho menos, de poner en cintura a las mafias de delincuentes. Así que el ayuntamiento prefiere sancionar al eslabón más débil (el consumidor), antes que enfrentarse al origen del problema (la acción de las mafias y la presencia masiva de inmigrantes ilegales).
 
La debilidad, verdadero efecto colateral de la “tolerancia progresista”, genera perjuicio al ciudadano y ventajas a quienes protagonizan acciones ilícitas.

Para acabar definitivamente con actividades ilícitas e ilegales

El decreto de Clos pretende abordar la lucha contra los top manta, contra la prostitución callejera y contra las actividades “molestas” que sufre en ciudadano (limpia parabrisas en los semáforos). Pues bien, todas estas actividades, sin excepción, son protagonizadas por inmigrantes ilegales. La repatriación de quienes han infringido la ley de inmigración al entrar en España es lo único que puede paliar estas actividades, unido a la persecución de las mafias de la inmigración. Cualquier otra medida, será ineficaz, y demostrará, como efecto colateral, la falta de autoridad del ayuntamiento.
 
Siempre ha existido prostitución callejera en Barcelona y usuarios devotos de esta actividad, pero solamente, desde hace unos años, esta actividad se ha vuelto extremadamente molesta para el ciudadano: a partir de la llegada masiva de ilegales. Antes, la prostitución callejera creó problemas en la ciudad, cuando la primera oleada de heroinómanos irrumpió en la segunda mitad de los años 80. Hasta 1990, la prostitución estaba encerrada en el Barrio Chino, pero, a partir de esa fecha, con la especulación inmobiliaria generada desde el mismo ayuntamiento y con la llegada, primero en goteo y luego en riada, de inmigrantes, la fisonomía de este barrio cambió y la prostitución vivía allí, pero ejercía en las inmediaciones (calles Joaquín Costa y Ronda de San Antonio). Estas nuevas zonas están ocupadas por la sufrida clase media y poblada de pequeño comercio, dos grupos que, habitualmente, han carecido de energía reivindicativa, a diferencia de las clases económicamente pudientes, o  muy pudientes, de Pedralbes que, tempranamente, cuando apareció la prostitución callejera en esas zonas, consiguieron que la policía municipal, volviera imposible esa actividad.
 
La nueva normativa municipal barcelonesa tendrá unos efectos colaterales absolutamente impensables: si, realmente, la policía municipal hiciera la vida imposible a la prostitución callejera y a los top manta –algo sobre lo que dudamos- estas actividades se mudarían a la periferia barcelonesa, con lo que, el problema, lejos de resolverse, se trasladaría a otras zonas.
 
El problema es que han existido siempre actividades ilícitas en la ciudad. Siempre ha habido trileros en el centro de la ciudad, pequeña delincuencia y prostitución callejera. La novedad es que ahora estas actividades se han convertido en masivas a causa de la inmigración ilegal.
 
Solamente a partir de este diagnóstico se puede resolver la cuestión que no pasa por aumentar la voracidad recaudadora del ayuntamiento mediante multas a los clientes, sino a través de una política de respeto a la ley de inmigración y de repatriaciones masivas. No hay otra solución. En cuanto a las mafias extranjeras (o nacionales), se trata, simplemente de acabar con ellas. No resulta muy difícil localizar los escondrijos en los que estas mafias falsifican CDs y cualquier otro producto, basta con remontarse a la cadena de ventas a partir del último distribuidor. Sin embargo, da la sensación de que ninguna de las muchas policías, pone excesivo empeño en esto. Juicios rápidos y un aumento efectivo de las penas, seguido de expulsión inmediata, serían las reformas necesarias para resolver un problema, en el fondo, muy fácil de resolver.
 
Pero, pensar que el gobierno ZP es capaz de resolver algo, es valorarlo demasiado. Si la política consiste en buscar soluciones simples a problemas complejos, el gobierno ZP no hace política, sino crear problemas inexistentes y eludir la aplicación de soluciones evidentes.

Barcelona o el kale borroka II

Desde el mes de julio en algunos barrios de BCN se viene asistiendo a un aumento de la violencia callejera protagonizada por grupos anarquistas e independentistas. Esta actividad ha tenido su cenit en dos momentos: el pasado 12 de octubre, cuando grupos de este tipo intentaron asaltar la Librería Europa, y el 11 de septiembre, aprovechando la “Diada de Catalunya”. A partir de ese momento, el gobierno municipal tomó conciencia de que estaba ante un problema. La cuestión es que desde hacía diez años, se venían repitiendo ese tipo de episodios a los que nadie había dado la más mínima importancia. El pasado 11-S, incluso, el concejal por Gracia, miembro de ERC, se limitó a “reprender” la actividad  de estos grupos que habían pintado y repintado el barrio decenas de ocasiones en los últimos años y destruido millones de pesetas en mobiliario urbano.
 
Hay que decir, que el pasado 12-O, la librería Europa se salvó de ser nuevamente incendiada y saqueada, gracias a que tuvo la previsión de enviar un burofax a la Jefatura de Policía, solicitando protección y enviando un cartel emitido por estos grupos extremistas. De no haber existido este burofax, sin duda, hubiera ocurrido lo mismo que en años anteriores: que la policía no se daba por enterada de las convocatorias extremistas que llamaban mediante carteles en toda la ciudad, al saqueo de la Librería Europa.
 
Hoy, en Barcelona, han proliferado los “casales independentistas” y anarquistas, las casas ocupadas –especialmente en Sans y Gracia- convertidas en verdaderos focos de kale borroka. Y el ayuntamiento –de izquierdas- ha permanecido silencioso y callado. Desde 2002, sabemos que en estos centros se programan pequeños, pero continuos, episodios de guerrilla urbana a imitación del kale borroka vasco. En estos locales, durante un tiempo, ETA realizó la captación de nuevos afiliados en Catalunya y, posteriormente, el GRAPO también encontró personal “lumpen” para sus fechorías.
 
Tras los últimos incidentes en Barcelona, las autoridades reaccionaron: tarde y, como siempre, débilmente. Es una constante. El ayuntamiento, no quiere asumir el coste de desalojar las casas ocupadas, ni cualquier cosa que pueda provocar conflictos con las ramas juveniles de los partidos que componen el consistorio municipal, especialmente con los jóvenes de JERC y de IUV-EUA…

Conclusión: la merma en la calidad de la vida barcelonesa

La ineficacia del consistorio para gestionar la vida ciudadana y crear condiciones agradables para la mayoría de la población urbana, ha terminado convirtiendo a Barcelona en una ciudad inhabitable. No solamente, su papel económico-social ha ido disminuyendo progresivamente en relación a Madrid o Valencia, sino que, además, la especulación inmobiliaria, está generando una disminución progresiva de habitantes. Cada año, entre 10 y 15.000 barceloneses, se despiden de la ciudad que les vio nacer y eligen otros lugares más agradables como residencia. Paralelamente, cada año, entre 20 y 25.000 inmigrantes recalan en la ciudad.
 
Hace menos de quince días, La Vanguardia demostraba que el antiguo Barrio Chino se ha convertido en una de las zonas más caras de la ciudad. No es que allí la calidad de la vida haya mejorado después de las últimas maniobras especulativas que convirtieron a la Avenida García Morato en la Rambla del Raval, sino que la cantidad de inmigrantes ha hecho que la demanda de vivienda subiera hasta superar a la oferta, con la consiguiente subida meteórica de precios.
 
El destino de Barcelona es paralelo al de Marsella, el gran puerto mediterráneo de los años 60 que, desde principios de los 80 ha ido perdiendo población autóctona para convertirse, finalmente, en una ciudad norteafricana instalada en la ribera norte del Mediterráneo.
 
Tal es el destino de la Ciudad Condal. Un destino deleznable y rechazable que solamente tiene un culpable: el ayuntamiento de Barcelona. Finalizadas las olimpiadas del 92 y el Forum 2004, se ha evidenciado la triste realidad de la gestión de izquierdas: Barcelona está progresivamente convertida en una ciudad inhabitable. Dentro de 20 años dar marcha atrás será algo irremediable. Hoy, quizás, todavía sea tiempo de salvar Barcelona. Lo dice alguien que, voluntariamente, ha dejado de ser barcelonés hace poco.
 
© Ernesto Milà – infokrisis – [e-mail]