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INFOKRISIS, el blog de Ernest Milà

INMIGRACION

El caso de las remesas

El caso de las remesas

Infokrisis.- El estudio del movimiento de remesas demuestra que en plena crisis económica, la inmigración cada vez aumenta más el envío de fondos a sus países de origen, hasta el punto de que puede decirse que existe en España un comportamiento contradictorio entre los niveles de paro de la inmigración y su prosperidad económica demostrada con el envío de remesas. El asunto de las remesas es una de las cuestiones menos estudiadas del fenómeno migratorio. Vamos a intentar en las páginas que siguen resumir el estado de la cuestión.

Concepto e importancia de las “remesas”

Se entiende por “remesa” los fondos que los inmigrantes envían a sus países de origen y que pueden ingresar en cuentas propias o destinados a sus familiares. Desde que existe constancia en la historia del inicio de los flujos migratorios siempre se ha producido trasvase de fondos de unas zonas del planeta a otras, desde las zonas de residencia de los inmigrantes a las zonas de origen, pero a finales del siglo XX con la mejora de los sistemas informáticos y de los servicios bancarios, estos tránsitos económicos se convirtieron en masivos y, en su mayor parte, desregulados, lo que constituyó un poderoso incentivo para estimular migraciones.

Según las estimaciones del Banco Mundial, los países que más remesas recibieron en 2010 fueron por este orden India (55.060 millones de $, dado su volumen de población y la capacidad técnica de buena parte de sus inmigrantes), China (40.500 millones de $, fundamentalmente a causa del volumen de su inmigración), y a mayores distancias Pakistán (8.700 millones de $) y Marruecos (7.000 millones de $). Salvo India, cuya inmigración en España apenas es significativa, los otros países, especialmente los dos últimos tienen una abundante colonia inmigrante en nuestro país. Dicho de otra manera: en 2010 se fugaron varios cientos de millones de euros a esos países y, en la medida en que se trataba de dinero procedente como veremos de la economía sumergida, se trató, simplemente de lo que en rigor puede llamarse una “fuga de capital” que disminuyó el dinero circulante en España y, desde luego, tiene algo que ver con la caída del PIB (cuando desaparece dinero de un país y se trasvasa a otro, ese dinero ni se utiliza como ahorro, ni como inversión en ese país, sino que cruza fronteras, disminuye el dinero circulante, disminuye, por tanto, el consumo y, finalmente, disminuye el PIB (que no mide nada más que el total de movimientos económicos que se producen).

Todavía está por estudiar lo que afecta este fenómeno a la inflación en la medida en que si dentro de un país disminuye el volumen de dinero, los precios deberían de tender a bajar, y por tanto, la inflación disminuiría, lo que explica el porqué ninguna autoridad económica ni monetaria presta el más mínimo interés a estas cifras que, en sí mismas, como veremos, son el síntoma de una enfermedad. Dada la obsesión antiinflacionista difundida desde el Banco Central Europeo, parece como si la única enfermedad de la economía fuera la inflación (la pérdida del valor del dinero) y, por tanto, cualquier fenómeno que tienda a contenerla (y el envío de remesas tiene cierta parte de responsabilidad en la contención del fenómeno) fuera considerado como positivo. Sin embargo, si disminuye el circulante en un país, disminuye también el consumo y si disminuye el consumo aumentan las cifras del paro, los cierres de empresas y la pérdida de riqueza... Dado que el único interés del Banco Central Europeo es el control de la inflación (y defender los “ahorros” de los países con una economía más fuerte, concretamente Alemania), cualquier otra consideración (fuga de capitales, pérdida de consumo, descenso de PIB) pasan a segundo plano.

El aumento en el envío de remesas desde el inicio de la crisis

Resumimos la situación de la inmigración: llegada en oleada a España a partir de 1997 alcanza hoy un volumen de 7.250.000 inmigrantes según cifras oficiales. De estos apenas trabajan 1.800.000 en los meses altos y casi siempre por las franjas salariales más bajas. El paro entre la inmigración es más alto que en cualquier otro colectivo social. Su comportamiento económico debería de ser coherente con esta situación de crisis y precariedad: a medida que han ido disminuyendo el número de inmigrantes dados de alta en la Seguridad Social y han ido, paralelamente aumentando las cifras de paro y la inmigración se ha ido transformando en un fenómeno subsidiado que recibe muchos beneficios social y que cuesta al Estado y a la sociedad española cada vez más dinero en materia de sanidad, educación, prisiones, policía y asistencia social, parecería lógico que el dinero enviado por los inmigrantes al exterior fuera disminuyendo sensiblemente. Sin embargo el fenómeno que puede constatarse a poco que se examinen las cifras oficiales, es que desde que comenzó la crisis económica, como veremos, los envíos de remesas han ido aumentando.

La explicación al fenómeno es simple y demuestra que la precariedad de la inmigración no es tal. Los inmigrantes en paro, los que reciben el seguro de paro y las prestaciones posteriores a su término, además, integran las bolsas de trabajo negro. Eso implica que el Estado (esto es, la sociedad española de la queo se  el Estado es su encarnación jurídica) sufre un doble perjuicio: de un lado hoy en España un 23% de la economía está fuera de control de la Hacienda pública (no toda es protagonizada por la inmigración, pero sí la mayoría, a la vista de las cifras de envíos al exterior) y no existe ningún tipo de recaudación fiscal, ni IVA, ni IRPF, a través del cual el Estado obtenga algún ingreso y queden compensadas las partidas que se invierten en la inmigración, sino que, de otro lado, esos inmigrantes que están fuera del marco de la Hacienda Pública reciben prestaciones como si estuvieran al corriente de sus tributaciones.

El gran año de la inmigración fue 2006. Se había producido la regularización masiva de 2005 y ese año entrarían 600.000 inmigrantes más en nuestro país. El fenómeno no era alarmante para el Estado a pesar de que para mantenerse los inmigrantes que entraban ilegalmente pasaran inmediatamente a integrar los circuitos de trabajo negro. Las proclamas del ministro Caldera al cerrarse la regularización masiva indicando que a partir de ese momento cualquier empresario que contratase a ilegales sería duramente castigado y que aumentarían las inspecciones de trabajo en las empresas, habían quedado en agua de borrajas. Por otra parte, la inmigración se integraba en los circuitos de la construcción y de la hostelería y en esos momentos, se alcanzaban los picos histórico de volumen de negocio en ambos frentes. Pero luego, en 2007, antes incluso de que se produjera la crisis de las subprimes en EEUU (julio de 2007, episodio con el que se inicia la crisis económica actual), se había llegado al punto de inflexión en el desarrollo del sector de la construcción. Como a los cadáveres, todavía le crecerían las uñas y el cabello a este sector, pero prácticamente desde principios de 2007 las ventas de la vivienda se habían estancado y se estaba lejos de los aumentos espectaculares de los años anteriores. En realidad, la inflexión se preveía desde antes. Ya en 2003 empezaron a disminuir las compras de chalés y apartamentos en los lugares habituales de establecimiento de jubilados ingleses. En efecto, el aumento del valor del euro con el consiguiente encarecimiento del valor de los inmuebles comprados en libras, generó esta ralentización de la actividad constructora en las provincias del Levante. Por su parte, en Canarias y Baleares, las llegadas masivas de inmigración y el aumento de la delincuencia, empezó a disuadir a los jubilados europeo de establecerse allí, unido, por supuesto, a los precios desmesurados que se pedían por un chalet o por un apartamento, así que empezaron a orientarse hacia el Adriático y las islas croatas de ese mar.

En 2007 disminuía el número de inmigrantes en activo en el sector de la construcción y, sin embargo, el volumen de las remesas enviadas al extranjero habían aumentado en 1.390 millones de euros (7.059 en 2006 y 8.449 en 2007). Y si comparamos las cifras de ese año con las de 2010 veremos que se produjo también aumento de 140 millones de euros a pesar de la ralentización general de la economía. En cuanto a las cifras en relación solamente al primer y al segundo trimestre de 2011, se produjo un aumento de 412 millones de euros más que en 2006, el mejor año de nuestra economía y de la cifras de empleo de la inmigración.  Las cifras son del Banco de España y, por tanto, difícilmente cuestionables, y sin embargo están ahí como muestra de que desde 2007 deberían de haberse tomado medidas y aumentado las inspecciones para evitar que un sector de prácticamente 4.000.000 de inmigrantes quedaran fuera de todo control económico y de cualquier forma de recaudación de impuestos. No se hizo nada y el problema se fue enquistando: a medida que fue disminuyendo la actividad económica, aumentó el volumen de la economía sumergida, protagonizada, no lo olvidemos, por inmigrantes especialmente. Por que la pregunta esencial es: ¿cómo es posible que habiendo aumentado la población inmigrante en paro y pasado del 11,96% en el segundo trimestre de 2006 al 32,87% en el segundo trimestre del 2001, haya aumentado paralelamente en 412 millones de euros el envío de divisas a los países de origen? (las cifras del paro son del Instituto Nacional de Estadística y las de las remesas del Banco de España). La explicación a este fenómeno la da el mismo Banco de España en su informe sobre las remesas emitido en el tercer trimestre del 2011: la inmigración, nos dice, se ha adaptado muy bien a la crisis económica y supone el principal contingente de la economía “informal”. Las cifras de esta, 23% del total de movimiento económico, están por encima de las cifras totales de inmigración presente en España en 2011, el 15% de la población. Se insinuaba, por ejemplo: “Parece que los extranjeros que trabajan en esa economía informal están aumentando su masa salarial lo que les permite enviar más remesas”. Y lo que era peor: “Podría también ocurrir que inmigrantes que ya no viven en España estén cobrando ayudas públicas y reenviándolas íntegramente desde España a sus actuales domicilios”. Se trataría en este caso de inmigrantes que tienen  doble residencia una en España y otra en su país de origen, al que se han vuelto dadas las dificultades que hay en España de encontrar trabajo.

Desde que comenzó el fenómeno migratorio, siempre han existido en España “pisos patera” donde han llegado a estar empadronados más de 100 inmigrantes, la mayoría sino todos cobrando rentas mínimas de inserción o subsidios de desempleo. ¿Cómo se realiza el fraude? Basta con que un solo inmigrante provisto de varios pasaportes cruce el Estrecho, venga a España, y cobre los subsidios en España en nombre de bastantes que están en Marruecos. Después ese dinero se envía desde España en forma de remesas. Dado que siempre las cantidades que se envían, son inferiores a 3.000 euros, no están sujeto a retención fiscal y por tanto no se declaran ni pagan impuestos. Se sabía que estas operaciones se realizaban desde el inicio de la crisis y si no se hizo nada fue por las causa que apuntábamos en el inicio.

Existen países como Marruecos o Ecuador cuya primer fuente de ingresos son las remesas que envían sus inmigrantes residentes en el extranjero. En Marruecos, por ejemplo, las remesas solamente están por detrás de los ingresos generados por las exportaciones ilegales de haschisch (80.000 hectáreas en el valle del Rif) y muy por delante de los ingresos procedentes del turismo (que están estancados). En Ecuador, estos ingresos están por detrás... de los beneficios de la industria petrolera y, por supuesto, de los generados por la exportación de bananos, el artículo “estrella” ecuatoriano para la exportación. Buena parte de todo ese dinero es español. Tanto los EEUU, como Francia o Bélgica mantienen sobre los envíos de remesas un mayor control que el Estado Español que apenas se fija en la cantidad de 3.000 euros para dar notificación a Hacienda. Si ante cualquier transacción de este tipo se exigiera explicar el origen de los fondos, se hubiera evitado el descontrol total de la economía sumergida que está alcanzando una cuarta parte del total del movimiento económico en nuestro país.

El fenómeno inverso: remesas hacia España

Lo más dramático de toda la cuestión de la inmigración y de las remesas es constatar que, mientras por una parte, nos ha ido llegando una masa inerte de inmigración en absoluto cualificada y que, desde su llegada ha tenido como ocupación esencial acarrear escombros en obras y servir cañas, nuestros jóvenes, por el contrario, en la mayoría de los casos, con preparación universitaria, perfectamente preparados para el ejercicio de su profesión, han cruzado fronteras y se han instalado en el extranjero en proporción creciente desde 2010. Y esto ha generado un curioso flujo de remesas en dirección contraria: del extranjero a España. Vale la pena examinar también este fenómeno y extraer de él algunas conclusiones.

En 2011 las remesas transmitidas por residentes españoles en el extranjero alcanzaron los 5.702 millones de euros en el 2011. Hace falta decir que el número total de emigrantes españoles en todo el mundo en aquel momento era de 1.800.000 españoles, con lo que resulta posible establecer una proporción. Si en 2010, algo más de 7.000.000 de inmigrantes enviaban al extranjero 7.199 millones de euros y 1.800.000 españoles (cuatro veces menos) remitían a su país 5,702 millones (solamente un tercio menos que el total de las cifras remitidas por la inmigración extranjera en España), esto quería decir ni más ni menos que los trabajadores españoles que cruzaban fronteras y se iban eran extraordinariamente más productivos que los que venían de fuera y residían entre nosotros hasta el punto de que cuando aludimos a ellos como “masa inerte” o “losa”, estamos utilizando el término más preciso y más inevitable.

España se ha convertido, según lo que puede deducirse de las cifras oficiales publicadas por el INE y el Banco de España: en un país emisor de emigración productiva y regularizada en sus países de origen y, en cambio, en un país receptor de masa inerte improductiva, subvencionada y de escasa o nula cualificación profesional que gasta mucho más de lo que genera.

Por otra parte, la realidad es que del total de 1.800.000 emigrantes españoles en el extranjero solamente 654.000 han nacido en España y los que se han ido en los últimos años desde que empezó la crisis, tratándose de jóvenes con alta cualificación técnica. El resto se trata de inmigrantes de segundo y tercera generación o bien de nacionalizados por la Ley de Memoria Histórica, uno de los intentos dramáticos del zapaterismo

Y si de lo que se trataba era precisamente de defender que las remesas enviadas por los inmigrantes tenían un efecto benéfico sobre el control de la inflación... las llegadas de remesas procedentes de emigrantes españoles, hacen que incluso ese fenómeno quede completamente compensado y anulado.

Así pues, el estudio sobre las remesas nos confirma nuevamente en que la aportación de la inmigración a la economía nacional es, globalmente considerada, un verdadero lastre y que solamente, durante unos años, entre 1998 y 2006 contribuyó a aumentar la riqueza, no del conjunto de la nación, sino de las patronales de la construcción y de hostelería. Luego, la factura nos ha quedado para pagarla toda la nación.  

 © Vicente Torrico – Ernesto Milá – prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

Inmigrantes en España: cifras

Inmigrantes en España: cifras

Infokrisis.- Existe una extraña entidad en el interior de la Secretaría General de Inmigración y Emigración llamado Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Llama la atención de un “observatorio” no observe, si bien desde George Orwell y su 1984 sabemos que “la verdad es la mentira y la mentira la verdad” (lema del Ministerio de la Verdad de la novela) o que “nada es lo que parece” o que, en definitiva, determinados organismos han sido construidos solamente para mentir justificando sus alteraciones de la realidad con el pobre argumento de que determinadas verdades podrían causar “alarma social” y, lo que es mucho más importante, podrían espolear el apoyo del electorado a opciones que desde hace años vienen alertando sobre el riesgo que la inmigración masiva y descontrolada.

Todo esto viene a cuento de que el 1 de marzo de 2012 el OPI explicó con una seriedad pasmosa que El número de extranjeros residentes en España al finalizar el año 2011 asciende a 5.251.094, según los últimos datos del Informe Trimestral Extranjeros residentes en España. Principales Resultados”. Es decir que, oficialmente, estas son las cifras de inmigración para un organismo oficial. Y sin embargo, son pura ficción, una mentira absoluta, mentira estadística al fin y al cabo.

Lo sorprendente no era solamente eso, sino que en ese mismo documento se añadía hecho público por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, “refleja un incremento total de 324.486 residentes extranjeros, durante el año pasado”… ¿Cómo es posible que en tiempos de crisis, cuando España está en las portadas de toda la prensa mundial, un organismo gubernamental reconozca con una indiferencia pasmosa que siguen llegan masivamente inmigrantes que, de hecho, son inexpulsables simplemente por haber llegado hasta aquí y que en apenas dos años de residir ilegalmente (mantenidos por quién) obtendrán su “regularización por arraigo” teniendo en cuenta que en los años de llegada de más inmigración esta era apenas el doble de la que llega ahora? La medida de lo que estas cifras suponen para nuestro país lo da el hecho de que en Francia, Sarkozy, durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2012, proponía que la entrada anual de inmigrantes descendiera de 200.000 a 100.000 y Marina Le Pen de 200.000 a 10.000 y, siempre y cuando fueran necesarios para un mercado laboral extraordinariamente más vigoroso que el español.

La verdad solo es una pero la mentira siempre encuentra por muchos voceros. Estas cifras de la inmigración rondado los 5.000.000 aparece en estudios de todo tipo, incluso de los más sesudos, sobre la inmigración: la conclusión que extrae la prensa es “se están yendo” (véase El Mundo, 04.04.12, entre otras decenas de informaciones similares publicadas en los tres últimos años…) con el corolario de que “dejan de ser un problema”. Y no es así, es justamente lo contrario. El Estado sigue permitiendo que vayan llegando inmigrantes, no desde luego los 600-650.000 que llegaban en los años 2004-2006, sino de manera algo más ralentizada, pero nunca inferior a 325.000 al año tal como reconoce la OPI en su estadística publicada en marzo…

Ahora bien, como en todo, hay oficinas “más serias” y oficinas “menos serias”. La función de la OPI no es otra que tranquilizar a la población propagando la idea de que “bueno, no hay tanta inmigración como parece, y, por supuesto, no hay ningún problema”. La OPI parece un  negociado del Ministerio de la Verdad orwelliano. Así pues, nada de “alarma social”, nada de movilizaciones en defensa de lo autóctona ante una aparentemente inexistente invasión, etc. Ahora bien, la experiencia dice que cuando exista una contradicción entre las cifras aportadas por una estadística y lo que percibe tu vista, haz caso a tus ojos… y si lo que percibes en vivo y en directo está avalado, además, por alguna estadística, créetela, no por sí mismo, sino porque confirma lo que tienes ante la vista.

Ya es significativo que, dando una de cal y otra de arena, la OPI reconozca la llegada de 325.000 inmigrantes más en 2011, pero mucho más significativo es que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística el 19 de abril de 2012, un avance del padrón municipal a 1 de enero de 2012, las cifras sean un 25% distintas y al alza: según el INE existían en ese momento 7.173.999 personas extranjeras empadronadas en España representando un 15,20% de la población).

¿A qué se debe este desfase entre las cifras de la OPI y las del INE? ¿a qué estadística hay que creer? En realidad, las estadísticas de la OPI son incompletas y, por tanto, deliberadamente construidas para ser engañosas: se publican durante el primer trimestre del año, y por tanto incluyen las cifras del padrón municipal de 1 de enero del año anterior… que ya han dejado de ser actuales y reflejan, no una fotografía del momento en el que se publica la estadística, sino una retrospectiva de cómo mínimo 15 meses atrás. Es la primera mentira: dar por ciertos datos que solamente lo eran hace 15 meses.

Luego hay otra falsedad no menos importante. Inmigrante es todo aquel que ha nacido en el extranjero, ha tenido otra nacionalidad y ha venido a España para residir y, en principio, para trabajar. El hecho de que alguien lleve diez años en España y pida la doble nacionalidad, no quita el hecho de que esa persona, aunque tenga la nacionalidad española por un mero acto administrativo, sigue siendo un inmigrante. Una de las cifras mejor guardadas en los últimos cinco años es el número de inmigrantes que han sido obsequiados con la nacionalidad española.

Si tenemos en cuenta que la nacionalidad española se da después de 10 años de residencia, es evidente que este año tendrán acceso a la naturalización todos los inmigrantes que llegaron en 2002 o antes: por entonces la cifra de inmigrantes era de 3.000.000 (2.200.000 según las estadísticas oficiales de la época…), es decir, que en la actualidad buena parte de esos inmigrantes ya han solicitado y obtenido la nacionalidad española.

Como se sabe en España se sigue considerando el Ius sanguinis (la nacionalidad se transmite por la sangre, esto es, por la familia) sin embargo y de manera creciente se ha incorporado el Ius solis (según el cual los nacidos en territorio nacional obtienen la nacionalidad de manera automática si alguno de los progenitores hubiese nacido en España o si los padres proceden de países que permiten la transmisión automática de la nacionalidad a los hijos). Siendo el tiempo para solicitar nacionalidad española de 10 años de residencia permanente en España, en algunos casos los plazos son más breves: los refugiados políticos pueden obtener la nacionalidad a los cinco años, los ecuato-guineanos, filipinos, iberoamericanos, y sefardíes ¡a los dos años! Y los nacidos fuera de España cuyos abuelos sean españoles, apenas un año; los niños que hayan estado bajo tutela de un ciudadano o de instituciones españolas durante dos años, les basta un año. Finalmente, a cualquier nacido en territorio nacional, hijo de inmigrantes, le basta con un año para ser considerado español… Ius sanguinis sí, pero relativo y arrinconado por un Ius solis cada vez más presente y dominante.

Y este es el problema: que no existe absolutamente ninguna cifra ni estadística que indique el número de naturalizaciones que se han realizado en España en los últimos años. Es el gran secreto nacional. Se sabe solamente el número de inmigrantes que han obtenido la nacionalidad española después de 10 años de residencia aquí: algo más de un millón.

De tanto en tanto la prensa ha dado algunas cifras parciales y casi crípticas: El Mundo, por ejemplo, afirmaba que se habían producido un total de 386.863 casos de inmigrantes que habían obtenido la nacionalidad española a partir del 2000… sí, pero sólo hasta la fecha en que se emitió la noticia: el 26 de julio de 2009. Es decir, que estos eran los naturalizados que habían llegado, en su mayoría, en 1998… ¡pero es que la riada migratoria se inició un año antes y en ese momento no habría en España más de 500.000 inmigrantes!

Sin embargo, la noticia de El Mundo tiene un comentario interesante: Según datos de la Dirección General del Registro y Notariado, la cifra de nuevas nacionalidades por residencia no ha parado de crecer desde el año 2000, cuando fueron 11.996 las personas que accedieron al D.N.I, frente a las 21.805 de 2002, las 38.334 que lo hicieron en 2004 o las más de 62.300 que juraron la Constitución en 2006. Así, los datos oficiales revelan que en 2007 el número de nuevos nacionales ascendió a 71.806, cifra que se vio incrementada en 2008, cuando fueron 84.171 los extranjeros que se nacionalizaron. Sólo entre enero y abril de 2009, la cifra de solicitudes ascendió a 47.900, de las que se cristalizaron 10.291. Y aquí terminan las cifras. En otras palabras: el problema empieza justamente en 2009, porque fue a partir de 1998 cuando empezó la riada migratoria. Y si tenemos en cuenta que en 2009 fueron en torno a 200.000 los nacionalizados, en los tres años siguientes (y en los que vendrán) como mínimo hasta 2019 ¡las cifras de naturalizados no dejarán de crecer! Es posible incluso que en 2015 (a diez años de la regularización masiva de 2005, año en el que entraron casi 800.000 inmigrantes, cifra récord) soliciten la nacionalidad en torno a 500.000 inmigrantes.

Por su parte, el 25 de julio de 2011, El País dio unas cifras fragmentarias pero que indicaban las dimensiones que está adquiriendo el problema: cada día se estaban naturalizando 300 extranjeros, lo que permite pensar que ese año se naturalizaron 100.000 personas. Añadía El País: Las naturalizaciones de inmigrantes por residencia se han disparado hasta multiplicarse por diez en una década: 123.718 en 2010; 11.996 en 2000, según datos del Ministerio de Justicia”. Y más adelante añade otro comentario no carente de interés ¿Por qué adquieren la nacionalidad? "Piden la nacionalidad para evitar la legislación de extranjería que cada día es más dura. Si se quedan en paro y no tienen papeles, les podrían expulsar. Si son españoles, el riesgo desaparece”… dicho de otra manera: piden la nacionalidad para que los mantenga el Estado Español. O si se quiere, dicho de manera aún más clara: no buscan la nacionalidad ni por patriotismo, ni por identidad, sino simplemente porque tener doble nacionalidad es mucho más cómodo que tener una sola…

Podemos intuir pues que si en 2008 la cifra de naturalizaciones era de en torno a 400.000 inmigrantes y a partir de ahí la cifra empezó a subir (por pura lógica de las llegadas masivas producidas diez años antes) y si en 2010 se habían naturalizado casi 125.000, habrá que pensar que el año anterior lo hicieron otros 100.000 y en los dos siguientes debieron ser –a falta de cifras, pero por la progresión lógica- 150.000 en 2011 y en torno a 200.000 en 2012… no es raro que el Ministerio de Justicia guarde estos datos como uno de sus secretos mejor guardados. La cifra de naturalizados españoles ronda el millón, seguramente por encima. Y eso sin tener en cuenta la cifra de nacidos hijos de extranjeros que llevan un año en España…

© Vicente Torrico y Ernesto Milá.

¿Por qué me amargan?

¿Por qué me amargan?

Infokrisis.- ¿Por qué los inmigrantes se obstinan en amargarme la vida? El viernes me subo en un tren que me conduce a Valencia a Barcelona. Es un viaje corto, apenas tres horas, pero siempre pródigo en acontecimientos. Por algún motivo, el tren, cuando parte de Lorca (mucho antes incluso del terremoto) suele llegar con retraso. Aquella zona, además, es pródiga en inmigración, así que es frecuente que haya un cierto número de marroquíes en el tren. Todavía recuerdo dos días después del 11-M cuando se me sentó, justo delante, un moro de aspecto intranquilizador con una bolsa que dejó en el portamaletas. Aun cuando yo no creía en la “versión oficial” de los atentados, reconozco que sentí cierta intranquilidad con el moro de marras que me costó superar. En este último viaje, por el contrario, todo era más familiar: una madre magrebí vestida a la usanza de su país y con algo así como 150 kilos intentaba sentarse delante de mí acomodando a sus hijos un poco por todo el vagón. Por si el volumen de la mujer fuera poco, durante todo el viaje estuvo lamiendo chupa-chups. Uno de sus hijos pequeños –apenas dos años- también estaba armado de chupa-chups que, de tanto en tanto, pringaban la tapicería de los asientos, el pantalón del pobre diablo que tenía enfrente o las cortinas del vagón. Además, aquella familia feliz tenía la mala costumbre de hablar en su guirigay particular a voz en grito. Yo tenía endosados en los oídos los auriculares del tablet con las gomas aislantes del sonido ambiental y me era imposible inhibirme de aquella mezcla de chillidos y alaridos que algún lingüista se obstina en llamar idioma. Todos los pasajeros estaban en situación de shock desde la salida de la estación de Pintor Sorolla en Valencia hasta el desembarco en Barcelona Sans. Cuando terminó aquel viaje y dejamos atrás a aquella familia feliz llegada del sur, creo que todos los pasajeros respiramos.

Por aquello de que si las cosas pueden ir a peor, siempre, inevitablemente, empeoran. Nada más descender del mediadistancia que me llevó a Barcelona, todavía precisaba un cercarías que me acercara a mi tranquila morada en un pueblo de pescadores del Maresme. Una hora de cercanías puede ser casi como una tortura china. Es curioso, he hecho esa ruta a distintas horas y hay una en la que apenas he encontrado inmigrantes: a primera hora de la mañana cuando el tren va bien cargado de ciudadanos que van a trabajar. Sin embargo, pasada la hora de incorporación al trabajo o a la escuela, el número de inmigrantes aumenta asindóticamente entre las 10:00 y las 17:00 horas. Puedo intuir por qué será: porque la inmensa mayoría de inmigrantes que viven en el Maresme y que van o vienen de Barcelona están en paro, o mejor dicho, no trabajan.

Hoy he vuelto a coger el “cercanías” para ir a Barcelona. Me han sorprendido muchas cosas. En primer lugar, que habiendo salido a las 8:15, una vez más no había inmigrantes que fueran a trabajar (y si han venido a trabajar a España y no trabajan ¿por qué se obstinan en quedarse aquí viviendo de qué…?). Me ha llamado la atención que en la estación de Arenys una mano inocente haya arrojado, justo antes de que se cerraran las puertas, algo así como una treintena de ejemplares de La Vanguardia, edición en catalán. Al llegar a Barcelona-Plaza de Catalunya aún quedaba la mitad en el suelo, pisoteados y descuajeringados. Por mi parte, lector empedernido de la prensa en otro tiempo, no he podido por menos de hacerme con un ejemplar justo cuando los han depositado en el vagón. La edición catalana de La Vanguardia tiene un año escaso. No funciona. No es raro: el diario Avui, decano de la prensa catalana y acaso el único diario en el mundo que siempre ha sido deficitario, ha tenido que fusionar su cabeza con la del Punt Diari, al estar ambos en concurso de acreedores. El diario Ara, lanzado recientemente en una aventura periodística suicida y difícilmente explicable se vende menos que un cartón de Winston en una guardería y en cuanto a El Periódico estos días se ha hablado de su cierre. La prensa catalana, lamentándolo mucho, no funciona. Y La Vanguardia no iba a ser menos. Habitualmente todos estos diarios subsisten gracias a las suscripciones que realiza La Caixa para todas sus oficinas, gracias a los subsidios de la Generalitat y gracias a las ayudas de todo tipo. Pero esta que veo hoy me ha sorprendido. En efecto, La Vanguardia se reparte (en realidad, se arroja) gratuitamente en los trenes de cercanías –“rodalíes”- gracias a que… está adquirida por la red catalana de “rodalíes” recientemente transferida de ADIF a la Generalitat. ¿Qué cómo lo sé? Sencillo, por que una banda de La Vanguardia lo dice explícitamente: “Cortesia de Rodalies de Catalunya”. De hecho en todas las estaciones catalanas hay un cartel en donde dice que se está en una estación de “rodalíes”, añadiéndose “operat per RENFE”… Y esto tiene todavía mucha más gracia si tenemos en cuenta que desde hace diez días existen quejas en Catalunya por los retrasos de la red de cercanías (“rodalíes”), sin ir más lejos la semana pasada un tren de “rodalíes” se estampó contra uno de largo recorrido en la estación de Sans y en los horarios de los trenes que deberían de estar anunciados en las pantallas funcionan mal (en la de Calella, por ejemplo, hace tiempo que no funcionan…). Dicho de otra manera: “Rodalíes de Catalunya” parece no tener medios para poner en orden todo esto, pero si tiene medios para regalar la edición catalana de La Vanguardia a lo pasajeros… regalo que, en realidad, es una forma de subvención indirecta a la vista de que la Generalitat en sí misma ya carece de fondos para subsidiar a esta prensa invendible.

Durante el viaje leo la edición catalana de La Vanguardia. Me llama la atención que, al igual que la edición catalana de El Periódico, solamente los anuncios de sexo estén en castellano. Claro está que el catalán es una lengua poco dada al sexo. Si una mujer te dice en catalán “bésame los pezones” te dirá exactamente “petoneigam els mugrons”… que no es lo que se dice una llamada al sexo salvaje ni siquiera suena a grito en época de celo, sino que casi parece una incitación a la castidad y a la contención sexual. Por otra parte, parece como si a la burguesía catalana le escandalizara el que se publicaran anuncios de sexo en catalán, de la misma forma que la estatua de La Colometa (la protagonista de Plaça del Diamant de Mercé Rodoreda) tiene el culo cubierto con una antiestética falda que le da al bronce una forma en absoluto femenina sino lo más parecida a una cucaracha. Cierro el tema aquí, porque la Generalitat y el nacionalismo catalanista no son más ridículos porque no se entrenan. Volvamos con los inmigrantes.

En efecto, tomo el cercanías en un horario que no es el propio de los trabajadores. Así pues, está lleno de inmigrantes. Tres chinos (o vietnamitas, o qué se yo) de la que al menos la mujer tiene pinta de ser una de las que anuncian en La Vanguardia sus servicios como “china cachonda”, hablan a voz en grito. Un poco más allá unas negras aparentemente caribeñas de apenas 15-16 años con pinta de creerse irresistibles, vestidas de manera estrafalaria, para qué negarlo, de putón desorejado (y son evidentemente estudiantes de primaria) hablan a gritos e interminablemente de si les gusta este chico o aquel. Conversaciones frívolas de chicas de su edad. ¿En qué se diferencian de otras chicas? En su mala educación, en su absoluto desprecio por cualquier otro viajero a los que, sin duda, sus tonterías no nos interesan. Pero, al parecer, hay gente que está empeñada en demostrarnos que son más cutres que poner una lista de bodas en un Todo a 100. Lo que más molesta es el ritmo de la conversación. No paran. Las únicas que se atreven a llamarles la atención son unas turistas inglesas hartas del griterío. Por supuesto, las caribeñas ni les hacen caso.

El negro que tengo al lado recibe constantemente llamadas en el móvil. Debe ser swahili o cualquier otra jerga africana con la que se despacha también a gritos. Y para colmo, una venezolana (o quizás colombiana de Bucaramanga) que tengo detrás le cuenta a alguien que acaba de conocer, su vida sentimental en España (bastante triste, por cierto). ¿Por qué la vida de los andinos es lo más parecida a un culebrón?

Pero estos son los pasajeros. Luego están los “artistas”… Los dos primeros son un par de andinos que logran aterrorizar a todo el vagón en cuanto aparecen con una descomunal guitarra más grande que ellos. Yo estoy con mis auriculares escuchando La Pastoral de Beethoven. Empiezan a aporrear la guitarra y a cantar canción protesta de los 70. Y luego incluso aspiran a que se les pague por algo que nadie ha pedido. Bajan en Mataró, pero en la misma estación sube un gitano rumano con un carrito de la compra adaptado para transportar una batería de coche, un transformador y unos altavoces. Toca en el acordeón “Anocheceres de Moscú”, o algo que se le parece. En realidad, todos estos “artistas” parecen sacados de un concurso televisivo: “A ver quien desafina mejor”, o algo similar. No parece claro que tengan autorización para molestar –porque aquello no es música, es ruido desacompasado- a los pasajeros, pero nadie les interrumpe. En realidad ya no van revisores en aquella línea. Los últimos que fueron hace dos años resultaron agredidos por, imaginen, por inmigrantes sin billete. El inmigrante, por algún motivo, cree que Europa es el paraíso de las libertades y ellos, listos, se reservan la libertad de viajar sin billete. Si alguien les dice algo, es inmediatamente clasificado como “xenófobo y racista”. Hace unos meses los revisores iban acompañados de dos seguratas con perro. Ahora ni eso. ¿Para qué? Cuesta mas mantener equipos de revisores acompañados por seguratas y perros que dejar que se cuelen sin billete.

Llego a mi destino y descanso. Hoy he tenido que volver a Barcelona. Por supuesto, al desplazarme antes de las 9:00, esto es, antes de que se inicie la jornada laboral, había pocos inmigrantes en el tren. Un viaje tranquilo y casi apacible. Nadie ha hecho mucho caso de los ejemplares de La Vanguardia edición catalana, arrojados al suelo del vagón. El tiempo de la prensa escrita está pasando y después de la invención del tuperware muchos diarios ni siquiera sirven para envolver el bocata. Por muy subvencionada que esté.

Quedo en el Bar Zurich (plaza de Catalunya, el centro del centro de Barcelona), miles de turistas deambulan intentando conocer la ciudad. Estoy sentado en la terraza menos de media hora tiempo en el cual tres equipos de gitanas rumanas se obstinan en molestar a los que estamos sentados en la terraza, pidiendo limosna con una voz voluntariamente penosa. Van en grupos de tres. La mendicidad está prohibida pero he visto crecer a estas mismas gitanas rumanas en los últimos 12 años ejerciendo el mismo oficio: la mendicidad. Y de paso, si pueden robar algún teléfono móvil o algo que esté encima de la mesa, no suelen desaprovechar la ocasión. Nadie hace nada para evitar esto, como han tenido que pasar cuatro años para que se reforzara la seguridad en el metro de Barcelona a la vista de que había casi tantos turistas como carteristas. Y es raro porque Barcelona hoy vive en una medida creciente del turismo y la dejadez de las autoridades (por llamarlas de alguna forma) está matando a la única gallina de los huevos de oro que le queda a la Ciudad Condal.

La cosa tiene todavía más gracia a la vista de que por la tarde a las 3:15 vuelvo a ir al Zurich para otra cita y… otros equipos de gitanas rumanas seguían mendigando. Incluso los propios camareros del Zurich hacen pocos esfuerzos por ahuyentarlas. Barcelona no tiene remedio. Viaje de regreso al Edén, dejo Barcelona atrás. Dos chavales, aparentemente dominicanos no tienen nada mejor que hacer que jugar con el teléfono móvil: tan pronto oyen la peor música hip-hop que haya oído jamás como se obstinan en colocar algún vídeo-juego del que podemos oír todos los pasajeros su música machacona y las consabidas explosiones y ruidos. Verdaderamente insoportable. Hay que viajar en el “rodalíes” con tapones en los oídos.

De toda mi jornada barcelonesa el detalle más gracioso es que estando en la tradicional Plaza del Pino me viene un negro con aspecto de sambo norteamericano y me pregunta por el “bebubeba”… el tipo que recuerda al co-protagonista de “Forrest Gump”, sí, aquel negro que se llamaba “Buba” y por el que Forrest crea la empresa “Buba Gump”. Le tengo que hacer repetir dos veces más qué es lo que quiere para que a la tercera vez me parezca entender que el “bebubeba” es el BBVA. Se lo indico no sin sonreír. Hasta cuando uno está dispuesto a hacer un favor a un inmigrante tiene que hacer un esfuerzo de comprensión.

*     *     *

Todo esto es una banalidad, lo reconozco. Se trata de decenas de pequeñas molestias que se van sucediendo constantemente a lo largo del día y que te obligan a formularte la cuestión de “¿Por qué tengo yo que aguantar esto?” o aquello otro de “Hoy sería feliz sino fuera por el payaso éste” o “Cómo me apetece esta cerveza con patatas sino fuera por las gitanas rumanas que me obligan a estar pendiente de todo lo que tengo sobre la mesa y de quitármelas de encima. Son como lapas. Lo que decía, se trata de continuas pequeñas molestias que muy habitualmente tienen como generadores a inmigrantes llegados de horizontes en los que la educación es mínima, las costumbres son diferentes y el esfuerzo de integración nulo. Y eso fastidia a la sociedad de residencia.

A veces el problema de la inmigración no se puede valorar a través de grandes cifras, ni de grandes teorías: es cierto que estamos ante un problema de sustitución de población, es cierto que la llegada en oleadas de 7.000.000 de inmigrantes ha alterado el sustrato étnico, cultural, religioso y antropológico de nuestro país, han creado tensiones sociológicas, es cierto que hace falta realizar estudios sobre demografía para advertir el impacto de la inmigración y es cierto que hoy es –junto con el Estado de las Autonomías- una de las principales fuentes de gasto del Estado. También es cierto que la inmigración ha descuajeringado nuestro mercado de trabajo, que ha generado perjuicios sociales, laborales y salariales contra nuestros trabajadores autónomos y es cierto que es la sociología, la demografía, la antropología y la polemología a través de las que hay que valorar el problema de la inmigración para huir de los arquetipos xenófobos y racistas… sí, todo eso está muy claro, son los grandes temas. A estos temas, el grueso de la población está completamente ausente, es ajeno: simplemente sectores crecientes de la población se limitan a intuir que algo no va bien con la inmigración y reaccionan, en toda Europa. Buena parte de esta reacción se debe precisamente a millones de pequeñas impresiones negativas generadas por la presencia de los inmigrantes en Europa. Impresiones como las que he descrito en este breve artículo casi costumbrista, fresco de la Barcelona de 2012…

Y no hay que minusvalorar estas impresiones. Si hay antiinmigracionismo es porque hay gente visceral que, sin entender bien lo que supone la inmigración, rechazan todos estos pequeños picotazos y aguijonazos a su sensibilidad (como el vecino andino que celebra fiestas con griterío constantemente, como el otro que coloca música andina a todo volumen durante horas y horas, como aquellos otros que se emborrachan un día sí y otro también con cargo a los 426 euros recibidos del Estado, como los que andinos que se pelean constantemente tras haber “tomado un traguito”, como la que nos da mal sistemáticamente el cambio en la panadería, como el Todo a 100 chino que todo lo que nos vende es defectuoso sin excepción, como el africano que se obstina en tocar percusión como si eso fuera “música”, como las gitanas rumanas que pasan el día mirando a ver que pueden llevarse al descuido, como los magrebíes que miran a las chicas de manera ofensiva, como las prostitutas llegadas de medio mundo verdaderas transmisoras de ladillas multilingües, etc, etc, etc). Todo esto –que es irreductible a términos sociológicos, antropológicos o polemológicos… por su banalidad-  contribuye a generar un caldo de cultivo antiinmigración por su reiteración y su proliferación.

De lo cual dejo constancia justo ahora que me han interrumpido en el fijo y en el móvil por tres veces en menos de una hora, llamadas con acento de otra tierra en la que a través del telemarketing maldito me intentaban vender el oro y el moro. Lo dijo ahí a la consideración de todos.

¿Tiene todo esto algún remedio? Los pueblos educados no gritan, los pueblos educados no molestan, los pueblos educados se preocupan por sus vecinos y sus próximos… Sí, ya sé que también en España estamos viviendo un aumento asindótico de la malaeducación, pero no me negarán que buena parte de los inmigrantes que llegan están completamente asilvestrados. Y nuestra obligación es pedir que llegue gente educada, competente y asimilada a la población en el seno de la cual van a vivir. Ese es el verdadero problema. Mientras las cosas sigan así, no lo olvide, si tiene que trasladarse en tren (o en “rodalíes”) llévese tapones en los oídos.

© Ernesto Milá – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.

BCN: chispas de guerra étnica

BCN: chispas de guerra étnica

Infokrisis.- En la tarde ayer 3 de enero se produjo un extraño episodio en el barrio de Sant Martí de Provençals de Barcelona con el resultado de un subsahariano muerte. Poco después se iniciaban incidentes en toda la zona que, dependiendo de los medios de comunicación, eran o bien “muy graves” (incluso “gravísimos”) o bien se limitaban al vuelco de algunos contenedores. Ni la Delegación del Gobierno, ni, por supuesto, la Consellería de Interior dieron inicialmente grandes explicaciones sobre lo sucedido. Es más, se intentó ocultar tanto el origen étnico del muerto como el de los presuntos autores del crimen y no ha sido sino hasta primeras horas de hoy –después de una noche tensa en el barrio y de que los Mossos d’Esquadra tuvieran que rechazar varios ataques de las bandas étnicas- cuando ha sido imposible ocultar las dimensiones de lo sucedido.

Con la droga como problema

(Identitaria.es).- En realidad no se trata de nada nuevo. El problema de forma es la droga y la convivencia étnica, imposible a la vista de que gitanos y subsaharianos se disputan la misma clientela y comercian con los mismos productos, heroína en concreto. El problema de fondo es que en España, desde que el paro residual se vio que era imposible rebajarlo a menos del 8,00%, a fin de mantener la “paz social” se permitió que determinadas drogas con efectos analgésicos y sedantes (en especial haschisch y heroína) corriera casi libremente en determinados barrios marginales de las grandes ciudades. Decir esto no es demagogia, sino recordar que ya en el País Vasco se intentó esta política en un momento en el que el kale-borroka causaba estragos.

En otros países europeos vulnerables a estallidos de violencia juvenil (Italia especialmente) se produjeron similares iniciativas. Sin olvidar que uno de los motivos de la guerra de Afganistán fue restablecer la “ruta de la droga” que, contrariamente a lo que se ha dicho y repetido en los últimos diez años, había sido prácticamente reducida a la mínima expresión durante el período talibán y que solamente volvió a sus mejores tiempos cuando se produjo la invasión norteamericana. Gracias a la heroína y a la ruta que abarca desde Afganistán hasta el llamado “corredor turco de los Balcanes”, la heroína ha realizado una segunda penetración en profundidad en Europa (y, por supuesto en todos los países que recorre la ruta desde Afganistán, especialmente en el Irán de los ayatolás en donde 3.000.000 de heroinómanos en el norte del país dan cuenta de cómo se debilita a una sociedad.

Sí, porque los EEUU son culpables de haber utilizado esta forma de guerra irregular contra sus adversarios. En especial contra Europa. Una juventud abúlica, machacada, postrada y silenciosa, como la generada por la heroína y el haschisch, hacen que ese país nunca pueda levantar cabeza. De ahí, por ejemplo, que en los EEUU, sorprendentemente, no se considere al reino de Marruecos como “país narcotraficante” a pesar de que hoy casi 100.000 hectáreas del Rif están cultivando haschisch y existe en la zona plantas procesadores que harían envidiar a nuestros maltrechos polígonos industriales. La apatía y la dejadez de la juventud española sería incomprensible de no tenerse en cuenta los miles de toneladas de resina de haschisch que terminan fumándose a este lado del Estrecho.

¿Qué hacen los subsaharianos en la ciudad de BCN?

Y todo esto nos lleva a los incidentes étnicos de Barcelona. En Facebook he preguntado a los 4.000 “amigos” de mi perfil, si han visto a algún subsahariano trabajar en alguna empresa en Barcelona. Yo, por mi parte, no he visto ninguno en los últimos 15 años. Salvo, naturalmente, los miles y miles de Top Manta que machacan al pequeño comercio en las zonas más céntricas de la ciudad, precisamente allí en donde el Ayuntamiento exige tributos más fuertes a los comerciantes. A parte de estos trabajadores ilegales y en negro, no he visto a ningún subsahariano trabajar en lugar alguno de Barcelona-ciudad. Lo que no es óbice para que cada vez se vea deambular a más y más negros (y reivindico mi derecho a llamarlos negros a la vista del color de su piel y en absoluto por un prurito racista) por las calles de la ciudad en jornada laboral. ¿De qué viven? Es ocioso recordar que viven sin trabajar y que los estamos amamantando nosotros con nuestros impuestos. Lo sabemos todos y sería inútil recordarlo aquí. Pero hay algo más.

En Barcelona el tráfico de heroína está controlado por nigerianos desde principios del milenio. Antes había sido controlado por núcleos de la comunidad gitana que operaban desde el barrio de la Mina. Sin olvidar que la heroína apareció en Barcelona, por vez primera, en los primeros años 80 cuando el “tío Manolo”, un patriarca gitano,  empezó a pagar a los menores que le traían cadenas de oro y el producto de sus tirones, con heroína. Primero la regaló, luego, muchos de ellos empezaron a comerciar con ella, y, de paso a consumirla. Primero lamían el espejo tras hacer las particiones, luego empezaron a cortarla con no importa qué producto, para alimentar su vena y finalmente, terminaron comerciando para pagarse la heroína. El resultado ha sido que toda una generación de la comunidad gitana barcelonesa en los años 80 resultó muerta por sobredosis. Un ala nueva construida en el cementerio de Pueblo Nuevo, cerca de la playa del Somorrostro, da cuenta a quien quiera ir a visitarlo de la masacre que sufrió la comunidad gitana barcelonesa en aquellos años. Masacre, no lo olvidemos, propiciada por algunos de sus propios miembros.

Los nigerianos y el tío Manolo: así entró la heroína

Pero la globalización añadió un elemento más a todo este complicado paisaje barcelonés. A partir de finales de los 90 empezaron a llegar a Barcelona los primeros nigerianos que traían kilos y kilos de heroína entre sus pertenencias. A partir de esa época desembarcaron en España legiones de nigerianos, muchos de los cuales no estaban dispuestos a realizar largas jornadas de trabajo en los campos del Maresme o en las ciudades agrícolas bajo  el plástico de Roquetas y Almería. Unos venían con sus “cartas nigerianas”, ingenua y subdesarrollada forma de estafa. Otros venían para copar el comercio de la heroína en Barcelona. Y lo lograron en detrimento de la mermada comunidad gitana.

El hecho de que miles de subsaharianos se instalaran en zonas marginales de la ciudad (especialmente en el Raval y en La Mina) aumentó los riesgos  de enfrentamiento con otros grupos étnicos. Barcelona, a decir verdad, desde 1999 se ha convertido en escenario creciente de tensiones étnicas. Este fin de año dijimos, ironizando, que en la Plaza de Catalunya se producirían en la noche, choques entre miles de andinos borrachos y otros miles de magrebíes que les intentaban robar la cartera. Así ocurrió en efecto, y no es que hayamos mejorado nuestras dotes de profecía en los últimos años, es que eso mismo viene ocurriendo desde hace 12 años, de la misma forma que tampoco nos consideramos Nostradamus cuando profetizamos que los primeros recién nacidos en las cuatro provincias catalanas, pertenecerían a grupos étnicos foráneos. Así fue, porque así es desde hace once años. Es lo mismo que con los incidentes étnicos: Barcelona es una olla a presión étnica que estallará en cualquier momento en un todos contra todos, ante la sorpresa de las autoridades de la Generalitat que creen imposible que todos los miles de euros inyectados en integración no sirvan absolutamente para nada, tal como puede constatarse a lo largo de los años.

La normalidad anómala de las ciudades europeas también en BCN

Lo que ha ocurrido esta noche en Barcelona no es algo que no haya ocurrido antes en Liverpool o en Lyon, en París o en Milán. Los grupos étnicos tienen una solidaridad en los países de acogida que no tienen en el país de origen. Basta que un boby en Manchester intente detener a un negro o un gendarme haga otro tanto con un argelino pillados in fraganti, para que estalle una revuelta en tal o cual barrio. No es nada nuevo. Ya se conoce la frase aquella de “fulano es un hijoputa, pero es nuestro hijoputa”. Los grupos étnicos tienen tendencia a considerar que todo lo que les rodea es “racismo” al no lograr mediante el trabajo vivir con los estándares de las clases favorecidas europeas. Si no logran realizar el “sueño europeo”, consideran que es porque el racismo les hostiga. Olvidan, por supuesto, que en Europa en estos momentos hay millones de parados autóctonos y olvidar que la mayoría de los inmigrantes tienen una cualificación profesional muy bajo, o incluso nulo, que no les facilita insertarse en absoluto en el mercado laboral. Ignoran también que Europa no es África y que lo que se puede hacer en un escenario en el que el Estado es pura ficción y apenas exista, no puede hacerse en una Europa que tiene leyes e instrumentos judiciales para reprimir a la delincuencia.

No puede extrañar que algunos inmigrantes consideren una ocupación normal, un trabajo digno, el dedicarse al narcotráfico y consideran que si alguien intenta impedirles ese “derecho” (traficar y situarse en general fuera de los mecanismos fiscales del Estado como los top manta) se trata por el color de su piel.

Los gitanos que todavía hoy se dedican a la delincuencia, conocen mejor el terreno que pisan. Saben que están haciendo una actividad ilegal y que en cualquier momento, su enemigo, las fuerzas de seguridad del Estado pueden reprimirlos. A muy pocos se les ocurre al ser detenidos con “consumao” encima acusar de racistas a los policías. Sin embargo, tienen mucha más dificultad en entender que se está produciendo en estos momentos una mutación y que quienes ejercieron la hegemonía en los ambientes de la delincuencia hace unos años, ven su posición comprometida por el ascenso de nuevas mafias. Y de aquí sale una competencia para controlar territorios urbanos. De esa competencia aparecen incidentes como los de ayer noche en Barcelona.

Y los barceloneses deberán aprender a convivir con problemas como éste que se convertirán en cotidianos o bien a revelarse exigiendo la repatriación de todo inmigrante no productivo y amamantado por las ubres de las distintas administraciones. No hay una tercera opción. La “integración” no es la “gran opción” sino el gran fracaso.

Catálogo de responsabilidades

Hay algo más que decir: la Consellería de interior de la generalitat ha actuado de manera tan timorata como el Ayuntamiento. No solamente ocultó la naturaleza de los hechos, evitó que pareciera en las primeras informaciones el grupo étnico de pertenencia tanto del muerto como de los agresores y, finalmente, ocultó hasta que fue imposible hacerlo por más tiempo el origen del conflicto. Y lo que es peor: contra más próximo está un medio de comunicación catalán al gobierno de la Generalitat más hierro quitaba a los incidentes que, en el límite para La Vanguardia, ese diario de la burguesía catalana que siempre se decanta por el poder, esté quien esté, que afirmaba con una seriedad pasmosa que el incidente se produjo por una disputa sobre la utilización de un campo de fútbol…

Un último apunte. La Mina, Sant Martí de Provençals, son barrios y distritos en donde hay poca población catalana de origen. De hecho se trata de barrios que se fueron formando en los años 50 y 60 con la llegada de cientos de miles de inmigrantes de otras regiones del Estado. Ni la actual Generalitat, ni siquiera el franquismo, se interesaron mucho por esos barrios. Recordamos, por ejemplo, que el primer hundimiento del barrio de El Carmelo a causa de la construcción de un túnel no se produjo cuando gobernaban el primer tripartido, sino durante los últimos años del franquismo y que hasta bien entrados los años 50 en ese mismo barrio ni siquiera había un autobús de línea que lo enlazara con el resto de la ciudad. Hoy, la Generalitat nacionalista tampoco parece muy interesada en determinados barrios. El Raval, la Ribera, Sans, Hostafrancs, Nou Barris, el Carmelo, son barrios de progresiva presencia inmigrantes en donde ya se da por hecho que nada podrá contener el proceso de “gentrificación” (sustitución de una población por otra) y que de poco importa la situación de nuestros compatriotas en estos barrios dado que de ellos el nacionalismo apenas obtiene votos.

Desde el principio, este artículo es una recopilación de una larga cadena de errores, incluso monstruosos, que, finalmente tienen nombre y apellidos: Felip Puig, conseller de interior, Artur Mas president de la Generalitat, la propia Generalitat nacionalista que poco ha hecho por los autóctonos y mucho por sus intereses de clan (¿O es que alguien duda de que el nacionalismo catalán es solamente la expresión de los intereses de la alta burguesía local?), y, por supuesto, los mentores de la globalización.

De esta larga cadena de despropósitos debe surgir una iniciativa reivindicativa en defensa de nuestra comunidad. Eso, o Barcelona (y cualquier otra ciudad de nuestro territorio y de Europa) terminará convirtiéndose en pasto de la guerra étnica.

© Ernesto Milà – infokrisis@yahoo.es – Prohibida la reproducción del presente texto sin indicar origen.

Aznar y la inmigración hoy

Aznar y la inmigración hoy

Infokrisis.- Hace una semana, José María Aznar recibió el título de Honoris Causa en la Universidad de Quito. Su presencia fue recogida en numerosos medios de comunicación ecuatorianos,  uno de ellos, el diario liberal El Universo, en su edición digital del 16 de octubre publicó una larga entrevista con el expresidete. Destacamos algunos párrafos por lo que de significativo tienen:

Dice Aznar:

“…nosotros lo que hemos dicho siempre, y lo he promovido, es que la historia de la prosperidad de España no se puede escribir sin los inmigrantes, y en particular sin la aportación de los migrantes ecuatorianos. Téngase en cuenta que cuando llego al gobierno, en el 96, hay aproximadamente 300 mil inmigrantes en España, y cuando yo salgo del gobierno hay más de 3 millones. Es decir, la explosión de la inmigración en España se produce en esos años. La prosperidad de España no se puede construir sin la migración”.

A la pregunta de sí el futuro gobierno del PP endurecerá las regularizaciones, Aznar responde:

“No, no he escuchado en el Partido Popular que esté planteando en este momento otras fórmulas de política migratoria”.

En estas dos respuestas se encuentra contenida toda la doctrina Aznar y todo el programa del Partido Popular en materia de inmigración.

Vale la pena recordar que mientras Aznar fue presidente rebajaba el número de inmigrantes que se encontraban en España. Afirmó por activa y por pasiva inmediatamente antes del 11-M que no superaban los dos millones (eludía decir que se encontraban 800.000 ilegales y que no consideraba a los que habían llegado en 2004, sino que hacía alusión a las cifras estadísticas de enero de ese año que remitían al 31 de diciembre de… 2002. Que nosotros recordemos, estas declaraciones son la primera vez en la que Aznar reconoce lo que nosotros mismos habíamos dicho y escrito en aquella misma época: que había en España 3.000.000 de inmigrantes.

Pero donde la respuesta de Aznar es decepcionante es en lo relativo a las propuestas electorales de su partido para las elecciones del 20-N. La repetimos de nuevo: “No, no he escuchado en el Partido Popular que esté planteando en este momento otras fórmulas de política migratoria”…

Para Aznar sigue sin existir el problema de la inmigración. Problema, hay que recordarlo, que él mismo creó. Aznar no fue el “gran presidente” como el PP lo presenta. Tuvo la suerte de que fue sucedido por el mayor cretino que se haya sentado en presidencia alguna en Europa y la comparación con él indudablemente le resulta favorable, pero los errores de Aznar fueron muchos y multiformes. La misma “crisis de Perejil” que se recuerda hoy con el ondear de la bandera nacional sobre aquel peñón, se cerró con una vergüenza y una indignidad: la negociación con Colin Powell terminó cuando las partes reconocieron a España la soberanía sobre el islote, pero nuestro país se comprometía a no ejercer esa soberanía. Sobre el papel de Aznar en la conferencia de las Azores y su beligerancia pro-norteamericana cabe poco que decir, se trató de un error garrafal, de un alineamiento en el furgón de cola del americanismo, que puede calificarse solamente como lo que fue: una infamia.

Pero donde Aznar alcanzó el nivel de criminal fue en abrir las puertas a la inmigración a fin de facilitar la aplicación de su modelo económico. Ese modelo era, en sí mismo criminal y garantizaba las crisis económicas futuras. Lo que se le puede reprochar a Zapatero es que no supiera afrontar la crisis, pero realmente es cierto que él no la provocó, sino que dejó que larvase mientras se fue hinchando la burbuja inmobiliaria para finalmente estallar algo que, con o sin él, hubiera estallado y cuyo origen estaba en Aznar: el modelo económico español basado en el ladrillo.

Y ahora, siete años después de haber abandonado la presidencia, Aznar, en su infinita soberbia, en su egolatría propia de un demente, no reconoce ni uno solo de sus fallos, ni siquiera el que va a generar en el futuro más angustia a la sociedad española, fallo del que fue su único responsable: el haber traído a 3.000.000 de inmigrantes completamente innecesarios que sirvieron solamente para alimentar la burbuja inmobiliaria, descoyuntar el mercado de trabajo español y convertirse en una losa para nuestra economía. Y lo peor no es eso, lo peor es que los miembros de su partido ni siquiera consideran necesario decir nada nuevo sobre la inmigración.

Aznar lo ha dicho en Quito, pensando seguramente que nadie se enteraría. Internet es maravilloso, gracias a él sabemos que en España Aznar trajo a 3.000.000 de inmigrantes innecesarios para un país con el 8% de paro estructural (Zapatero ha completado el destrozo trayendo a otros 4.000.000) y sabemos también que el PP no dice nada nuevo al respecto. Como para votar a Rajoy el 20-N…

Por eso es importante recordar en estas elecciones que el PP no es la solución sino una parte sustancial del problema. Y lo comprobaremos en los próximos años.

© Ernesto Milá – Infokrisis@yahoo.eshttp://infokrisis.blogia.comhttp://info-krisis.blogspot.com - Twitter/#ernestomila – facebook/ernestomila – google+/ernestomila – Linkedin/ernestomila – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen.

 

 

 

Impacto económico de la inmigración

Infokrisis.- Desde junio de 2007 (oficialmente la crisis de las subprime se desató en julio de ese año), y a raíz de distintos estudios económicos que intentaban explicar porqué la economía española crece a más velocidad que la europea, lo que hasta entonces era un rumor o una suposición se convirtió en una realidad objetiva razonada y argumentada por amplios estudios técnicos. En efecto, distintos organismos, todos ellos privados –la “cosa pública” prefirió eludir el espinoso problema de qué generaba crecimiento económico y evitar así que el único “éxito” de la primera legislatura zapaterista se convirtiera en una fuente adicional de tensiones- reconocieron que si la economía española crecía se debía a la inyección de seis millones de consumidores adultos en el circuito de la economía española, es decir, de casi seis millones de inmigrantes. Solamente algunos agoreros intuían la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir.

A pesar de que desde el principio todos los operadores económicos y los gobiernos dijeron reiteradamente que era imposible que el contagio llegara a Europa, éste terminó por llegar. Los productos financieros empaquetados en los EEUU se habían convertido en tóxicos terminando por infectar a instituciones bancarias de todo el mundo. El agujero inicial dejado por las subprimes se agravó en países como España por el mal tratamiento que, desde el principio, se hizo de la crisis: primero no se reconoció a causa de la proximidad de las elecciones de 2008 y luego, cuando se hizo, se la trató insertando ayudas a la banca (la responsable del desastre) y luego estímulos a la construcción (los Planes E) como si la hipertrofia del sector se pudiera salvar de alguna manera. Aquellos planes hicieron que el superávit que España tenía en aquel momento se difuminara de 2008 a 2009. A finales de 2009 ya era evidente que la cosa iba para largo, que el paro se había disparado y que, de la noche a la mañana, el paro se iba a disparar –se estaba disparando- con la consecuencia de que los que hasta ese momento habían aportado hasta un 40% de mano de obra, la inmigración, iban a pasar a las listas de paro sin esperanzas  de que encontraran trabajo en otros sectores (el agrario y la hostelería estaban saturados de inmigración). Bruscamente, el colectivo inmigrante de enriquecer a las patronales de estos tres sectores, y de constituir una factura pagadera por toda la sociedad, pero asumible en situación de bonanza económica, pasó a ser una losa insalvable que pesa desde entonces sobre nuestra economía. Y en eso estamos hoy: la falta de cualificación profesional de la inmensa mayoría de inmigrantes hace que sea muy difícil para ellos encontrar trabajo en un mercado laboral cada vez más y más contraído.

a. Aproximación aventurada a ingresos y gastos generados por la inmigración

Esta tesis es difícil de demostrar: el gobierno no ha aportado ni un solo dato que permita suponer cuál es el coste de la inmigración y qué ingresos genera en las arcas del Estado. Solamente cuando hablemos de la situación en las prisiones sobremos lo que nos cuesta el mantenimiento de delincuentes extranjeros en España… pero no sabremos lo que cuestan otros rubros relacionados con el mismo problema: ignoramos el coste de los procesos contra delincuentes extranjeros, los gastos policiales que ha acarreado el aumento de la delincuencia llegada del exterior, los gastos de los seguros para compensar a las víctimas de robos, etc.

El gobierno no ayuda a que el ciudadano sepa cuáles son los costes reales de la inmigración y se limita a decir que si cotiza cada mes a la seguridad social una media de 1.500.000 inmigrantes eso garantiza el pago de las pensiones… será por eso por lo que ha aumentado en dos años el plazo de cotización y por lo que se han restringido los requisitos para obtener el máximo de la prestación. Y, a todo esto, dando por supuesto –y a falta de cifras oficiales es lícito utilizar esta suposición- que cada empresa y/o autónomo paga una media de 350 euros por empleado extranjero los ingresos anuales estarán en torno a los 5.500.000.000 euros. El otro ingreso que aporta la inmigración es el pago de IVA. Tampoco hay, por supuesto, estimaciones oficiales de lo que supone como ingreso, pero si tenemos en cuenta que el consumo medio mensual de un inmigrante puede establecerse en unos 600 euros, cada uno generará en torno a 100 euros, es decir, 700.000.000 mensuales, 8.400.000.000 euros anuales. Es decir y simplificando al máximo, la inmigración genera en torno a 14.000.000.000 de euros al año. La mala noticia es que esos 7.000.000 de inmigrantes (6.000.000 entre legales e ilegales y 1.000.000 de naturalizados pero con la misma formación laboral y tan solo diferentes porque una decisión administrativa les ha convertido en “nacionales”) no sabemos el gasto que generan.

Podemos hacer, como hemos hecho antes una aproximación. Si tenemos en cuenta que los 7.000.000 consumen gasto sanitario, gasto educativo, gasto en cursos de formación laboral, gastos de seguro de paro y renta mínima de inserción, becas de libros y comedor para los hijos, gastos en prisiones, aumento de las dotaciones policiales, gasto de juicios, accidentes laborales, etc, etc, etc, el gasto que genera la inmigración es infinitamente mayor que los ingresos que produce. De estos gastos solamente está claro uno: el de prisiones. Se sabe cuántos presos inmigrantes hay y se sabe el coste de cada preso al mes, por tanto –como veremos en otro capítulo- solamente en este rubro estamos en torno a 1.000.000.000 de gasto generado por la inmigración al mes.

Otro gasto es fácilmente deducible: el gasto en policía. Si tenemos en cuenta que desde 2000 la población penal española apenas ha crecido y sí lo ha hecho la población inmigrante habrá que concluir que el aumento de efectivos policiales entre 2000 y 2011 se ha debido únicamente al aumento de la inmigración. En 2002 el presupuesto del ministerio ascendía a 4.582.920.570 euros pero en 2009 era de 8.996.250.900 € es decir, en apenas siete años se había duplicado aun cuando en ese tiempo el terrorismo político estaba remitiendo y si bien aumentaba la delincuencia más adelante demostraremos –a la vista de las estadísticas de prisiones- que ese aumento era solamente tributario del aumento de delincuentes extranjeros. Dicho de otra manera: el único elemento que justifica que el presupuesto de interior se duplicara era la llegada masiva de delincuentes llegados con la inmigración. Suponer que un 25% de ese aumento, en torno a 1.000.000.000 de euros tiene relación con todo esto no parece descabellado.

Queda otro gasto al que nos podemos acercar con cierta facilidad: la percepción del seguro del paro para inmigrantes y de la renta mínima de reinserción. En efecto, tampoco aquí existen estadísticas, pero supongamos una media de 500.000 inmigrantes en paro que perciben el seguro de paro y supongamos que la media de cantidad percibida sea de 700 euros, lo que supone 350.000.000 al mes y 4.200.000.000 en un año.

El 9% de los alumnos matriculados en primaria son inmigrantes por lo que fácilmente hay que deducir que el 9% de los gastos del Ministerio generados por ese grado corresponderán a la inmigración, pero, como se sabe, esta competencia está transferida a las Comunidades Autónomas. A nivel nacional, en 2009 el presupuesto del ministerio ascendía a algo más de 4.000.000.000 millones de euros pero lo que cuentan en realidad son los presupuestos autonómicos que es donde se percibe mejor el impacto de la inmigración que se reduce a enseñanza primaria, guarderías y becas de comedor y libros. Si en Cataluña hay 150.000 alumnos inmigrantes y en toda España 400.000 bastará con encontrar el gasto escolar que consume la inmigración en esa autonomía y multiplicarlo por 2,8 para que nos dé una cifra aproximada del gasto generado por la inmigración en el conjunto del Estado. En Catalunya el gasto es de 4.800 millones en el departamento, si el total de alumnos matriculados es de 1.442.188 en aquella autonomía y de ellos 150.000 son extranjeros, esto es, casi el 10%, habrá que convenir que el 10% del gasto del departamento se lo lleva ese colectivo: 480.000 millones. Ahora bien, la inmigración en Catalunya es de 1.500.000 personas, así pues supone un 22% del total de la inmigración en España, con lo que el gasto global será 4 veces superior a esa cantidad, es decir otros 2.160.000.000.

Donde se produce un aumento inmediato del gasto por la presencia de inmigrantes es en la educación. En conjunto, según el Ministerio de Educación, hay al menos 460.000 alumnos de padres inmigrantes matriculados en primaria y secundaria en toda España. El coste medio por alumno para la administración correspondiente, en este caso la autonómica, fluctúa entre los 2.600 y los 3.600 euros anuales por alumno, por lo que el total puede ascender a 1.360 millones de euros anuales. Un gasto que recae totalmente sobre las autonomías, mientras los ingresos fundamentales derivados del trabajo y legalización de inmigrantes los recibe la administración central (cotizaciones a la seguridad social e IVA, como hemos visto en el apartado anterior). Un gasto que la administración central no está compensando a las autonomías.

El gasto en sanidad también es relevante con una población extranjera residente. Con un número de altas del entorno de las 7.000.000 personas y un coste de mantenimiento del sector por persona y año que el economista Alberto Recarte estima en 1.000 euros aproximadamente (una cifra probablemente más alta, aunque ése sea el gasto medio), los gastos sanitarios totales de la población inmigrante que paga la administración autonómica alcanzan, al menos, los 7.000 millones de euros.

Y nos detenemos aquí sin calculas siquiera aproximadamente ayudas sociales dadas por los ayuntamientos, becas, ayudas de las comunidades y de determinadas ONGs, gastos de tribunales, gastos de seguros para cubrir robos y destrozos realizados por delincuentes, gastos sociales no contabilizados, etc. Solamente hasta aquí el resumen es el siguiente: 14.000.000.000 euros de ingresos y 15.000.000 de gastos que pueden ascender hasta los 20 o incluso 25.000.000. En otras palabras: la inmigración nos está costando entre 1.000.000.000 euros en el mejor de los casos y 11.000.000 euros en el peor de los casos. Demasiado y demasiado insoportable en tiempos de crisis. Inasumible para un Estado que está al borde de la quiebra.

b. Una situación completamente previsible

En el Informe Anual del Banco de España de 2006, Miguel Ángel Fernández Ordoñez achacó el “éxito económico” -preludio del fino invierno que teníamos a la vuelta de la esquina- a la inmigración y a los cambios en las condiciones financieras. En efecto, el precio del dinero había bajado y, por tanto, los créditos eran más accesibles: había dinero para todos e incluso en las mañanas televisivas se insertaban anuncios en los que por apenas una llamada te prestaban sin conocerte de nada, salvo si tenías o no alguna deuda pendiente, 6.000 euros a devolver en plazos de 100... La institución gobernada por MAFO, señalaba en ese documento a la inmigración como el principal factor del crecimiento económico. De hecho, el informe evitaba reconocer que una parte sustancial de los créditos, especialmente hipotecarios y relacionados con el consumo, tenía como receptores a los contingentes migratorios… que no presentaban garantías suficientes como para recibir préstamo alguno si en las instituciones de crédito hubiera imperado el buen sentido. Pero en 2006, aquello era la locura. La burbuja inmobiliaria, a pesar de que cada día parecía haber llegado a su fin y que empezaba a dar muestras de agotamiento, seguía hinchándose y los precios de la vivienda y del suelo estaban en sus máximos históricos.

Eran los años en los que el dinero se gastaba a espuertas y el endeudamiento de las familias superaba a sus ingresos. Así se explicaba que la deuda familiar hubiera aumentado globalmente en España casi un 20% en 2006. El ahorro, literalmente, había quedado pulverizado: se vivía al día y todo lo que entraba en los hogares se gastaba o bien se solicitaban créditos para el pequeño consumo, el veraneo, el vehículo, la hipoteca o cualquier otro capricho. No existía nada fuera del consumo desaforado y por encima de las posibilidades reales de las familias, de las empresas, de los municipios, de las comunidades autónomas y del Estado. Entre las familias, el acceso fácil al crédito (elemento esencial para el modelo económico de José María Aznar) era la contrapartida a los “salarios bajos” (otro elemento esencial del modelo aznariano). Nadie protestaba porque allí donde el salario no llegaba, llegaba el crédito y éste engañaba al consumidor sobre sus posibilidades reales de consumo. Entre 1990 y 1999, las tasas de interés descendieron 13 puntos, el abaratamiento del precio del dinero a causa de la coyuntura internacional, facilitó el que los bancos pudieran relajar las condiciones financieras y ampliar los plazos de amortización de las hipotecas que entre 1990 y 2007 pasaron de 14 a 27 años. Pero en el año 2005, primero tímidamente y luego, a partir del 2007 de manera más decidida, se tendió a una “normalización” en el precio del dinero, que fue subiendo progresivamente. No es, desde luego, un buen síntoma, especialmente para los créditos hipotecarios a interés variable. En 2005 el número de personas que dependían de un crédito alcanzaba al 42% de los mayores de 20 años, es decir, cuatro veces más que en 1990. Por otra parte, la evolución de los préstamos concedidos a los hogares ha llevado su endeudamiento hasta niveles equivalentes al 125% de su renta bruta disponible.

Pero –y esta es la pregunta clave- ¿qué ocurriría cuando ese crecimiento remitiera o cuando se produjera un parón en el mecanismo…? Aun cuando no hubiera irrumpido la gran crisis económica, hubiera bastado un descenso significativo del número de inmigrantes que entraban a un ritmo medio de 600.000 por año entre 2000 y 2009 para que el PIB se estancara. A mediados de 2007, justo cuando salió a la superficie la crisis de las subprime escribíamos en la revista Identidad:

“Así pues, estamos en puertas de asistir a un episodio histórico sin precedentes en la historia de la humanidad: ¿Qué ocurrirá cuando la recesión económica remita el crecimiento de los últimos años a sus niveles normales? ¿Qué ocurrirá cuando se inicie el ciclo económico de vacas flacas y éste sea radicalmente diferente a todos los que han sucedido con anterioridad: con más de tres millones de trabajadores españoles en paro y millón y medio de inmigrantes igualmente en paro? ¿Qué ocurrirá con las instituciones de crédito que tan alegremente han concedido hipotecas a los inmigrantes cuando aún no estaba claro ni su permanencia en el mercado laboral español ni siquiera si la presión social y la estabilidad del Estado obligarán a las repatriaciones forzosas de inmigrantes en “paro prolongado”? ¿Qué ocurrirá si eso se produce y si un parque de viviendas muy superior a lo que el mercado español puede absorber, provoca el reventón final de la burbuja inmobiliaria y el precio real de la vivienda tiende a coincidir con el previo de venta viable, es decir, un 30% menos del valor habitual?”.

En realidad, nos habíamos equivocado por muy poco (es posible que la vivienda no disminuya un 30% en relación a 2007, sino… un 50% y que el paro supere, no son 4.500.000 de los que hablábamos, sino los 5.000.000 inevitables en 2012…). Lo legítimo de nuestras dudas a la vista de lo que ha sucedido posteriormente hace impensable que gobiernos, economistas, instituciones financieras y de control bancario, no intuyera como mínimo –y, sin duda con más datos- un recorrido similar.

c. Cómo trucar la economía mediante la construcción y la inmigración

El Banco de España sostenía los efectos positivos de la inmigración sobre el crecimiento de la renta per cápita y sobre la tasa de empleo. Así, según un informe de la entidad, el impacto de la inmigración sobre el crecimiento de la producción por habitante entre 2001 y 2005 habría representado el 25% del incremento total. Por su parte, la contribución de los inmigrantes al aumento de la tasa de empleo había supuesto en aquellos años una cuarta parte del total (en un país que en el mejor momento tuvo una tasa del 8,2% de paro). Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, la presencia de la inmigración no había podido ser más negativa. Entre 2001 y 2005, la inmigración restó casi dos décimas a la tasa anual media de crecimiento de la productividad por persona ocupada, que fue del 0,5%. Así mismo, la inmigración contribuyó notablemente al aumento de la inversión, muy especialmente en construcción y hostelería, pero no tuvo ningún efecto sobre la tasa de ahorro de la economía. Ello se debe a que los inmigrantes se concentran en estratos bajos de renta, donde la propensión media al ahorro es más reducida. Las escasas cantidades que podían considerarse como ahorros eran enviados por los inmigrantes a sus países de origen en forma de remesas que no han dejado de ir creciendo desde 1998 y no han parado de hacerlo ni siquiera en tiempos de crisis (algo completamente inexplicable, salvo si consideramos que la inmigración antes y durante la crisis ha tenido propensión al trabajo en negro).

Es evidente que el principal sector que generó actividad económica entre 1997 y 2008 fue la construcción y la actividad especulativa que se desarrolló en su entorno. En aquel momento se definió piadosamente a la construcción como “el motor de la economía española”, pero otro término era más fiel a la realidad: el “ladrillazo”. No era una situación completamente nueva, en realidad, desde el franquismo la construcción ya se había situado en un lugar preferencial en nuestra estructura económico, la novedad era que, así como durante el franquismo existieron otros sectores pujantes en el sector secundario (altos hornos, minería, manufacturas, astilleros) a partir de nuestra entrada las Comunidades Europeas se asignó a España un lugar periférico en la distribución internacional del trabajo como país de servicios (hostelería y turismo) y las ayudas y los Fondos Estructurales tendían a reforzar especialmente esta orientación, mientras el resto de sectores se iban liquidando a velocidad de vértigo durante el felipismo. Finalmente, la liberalización del suelo realizada por Aznar nos redujo a un único sector, la construcción… antes de que la hipertrofia del sector operada entre 1997 y 2008 hiciera que se atrofiara, probablemente para siempre: se había construido demasiado, se había construido demasiado caro, se había construido de manera irresponsable, se habían hinchado los precios hasta lo increíble y… la sociedad se había endeudado hasta lo insoportable.

Pues bien, la eclosión de este modelo económico basado en la construcción solamente ha sido posible a causa de dos factores: uno era la quiebra de nuestro sistema educativo que se percibió ya a mediados de los años 80 (aunque los primeros síntomas se habían manifestado diez años antes), el otro era la inmigración masiva. La calidad de la formación de la mayoría de los jóvenes empezó a caer, el fracaso escolar aumentó espectacularmente hasta situarnos en la cola de Europa de manera triste e irremediable, cada ley de educación instaló un caos superior al anterior y algunos padres nos sorprendimos cuando supimos que nuestros hijos podían pasar de curso dejando atrás asignaturas suspendidas, forma de tener asegurado el fracaso escolar. Dos generaciones abandonaron los estudios y ni siquiera estuvieron en condiciones de integrarse en el ciclo de Formación Profesional, simplemente quisieron ganar dinero inmediatamente. La construcción y la hostelería eran las únicas vías. El sistema educativo español se había diseñado solamente para confirmar nuestra posición periférica en Europa: España país de servicios… En cuanto a la inmigración, serviría para que los salarios de la mano de obra en estos mismos sectores tiraran hacia la baja. En 1986 estaba todo dispuesto para que bastara con liberar el suelo y abrir la mano a la inmigración para que se iniciara la burbuja inmobiliaria. Luego solamente habría que hacer correr la voz en el Tercer Mundo (especialmente en el Magreb y en los países andinos) de que a través de España se podía entrar fácilmente en la Unión Europea, más tarde transformar a los inmigrantes alienados por el trabajo en consumidores integrados por vocación y sentarse a esperar que la burbuja se hinchara hasta el infinito… o, lo más presumible, hasta que estallara.

En el momento en el que se inició la reactivación del sector de la construcción (1997), empezaron a afluir inmigrantes que engrosaron los contingentes de ese sector económico, abaratando costes y aumentando el volumen de la mano de obra a disposición. Esto generó cierta acumulación de dinero (en buena medida, negro) que provocó nuevas construcciones de lujo en zonas y barrios nuevos, habitualmente situadas en la periferia de las grandes ciudades. Dado que iban afluyendo cada vez más inmigrantes, a partir de 1998, se empezó a producir un fenómeno nuevo: los inmigrantes se iban recluyendo en los barrios más baratos, generándose un “efecto vaciado”: la población hasta entonces autóctona abandonaba esos barrios, ponía a la venta sus viviendas y, o bien pasaban a vivir con sus hijos (dado que, en buena medida, se trataba de personas en la frontera con la jubilación o ya jubilados), y lo huecos dejados por ellos tendían a ser ocupados, no por autóctonos, sino por nuevos inmigrantes.

En un momento dado, los bancos advierten este fenómeno y a partir de 2003 ya empiezan a aprovechar el fenómeno: se trata de convertirlos en propietarios de sus viviendas (con permiso de la hipoteca, claro está). Si los bancos empiezan a buscar a los inmigrantes como clientes es por dos motivos: porque ya están presentes en número suficiente (con más de tres millones) como para que el volumen del negocio justifique la inversión publicitaria y el riesgo asumido, y porque tienen legítimamente la sospecha de que una amplia mayoría de inmigrantes no albergan absolutamente el menor interés en regresar a su país. No estamos ante una inmigración transitoria sino permanente. Y los bancos no han hecho otra cosa mas que convencer al inmigrantes de que, puestos a quedarse e España, es más barato a la larga, acceder a la vivienda de propiedad que de alquiler. Además, les han convencido –y no sólo a ellos sino a buena parte de la población autóctona- de que la forma española de ahorrar es invertir en vivienda: ¿acaso no se ha revalorizado el precio de la vivienda hasta doblarse en los últimos diez años? Si esto había sido así, muchos creyeron que ese proceso se iba a reproducir también hasta el infinito…

Cuando el mercado inmobiliario español ya daba muestras de estar saturado (hacia 2003) y las hipotecas realizadas dieron muestras de descender, las cajas de ahorro especialmente y los bancos, tomaron como “target” de su publicidad a los inmigrantes: ya no se trataba solamente de lograr mano de obra barata para alimentar la burbuja inmobiliaria, sino de ampliar el mercado vendiendo a los inmigrantes recién llegados a precio de oro los pisos que ellos mismos construían a precios de saldo. Se trató de una estafa pura y simple que algunas cajas de ahorros especialmente realizaron a sabiendas de que la burbuja era efímera, que se estaban tasando inmuebles a unos precios exagerados, se estaban concediendo hipotecas a gentes con muy pocas posibilidades de pagarlas y se estaba alimentando un fraude a la sociedad que, finalmente, esa misma sociedad está en estos momentos pagando –y seguirá pagando durante toda una generación- después de las desastrosas políticas zapaterianas para salir de la crisis.

Este mecanismo fraudulento y especulativo se completó con las buenas cifras que aportaba la inmigración al PIB. Nadie advirtió en aquellos años que contra más crecía la inmigración, más crecía la economía y el PIB en concreto. Entonces ni los cerebros económicos de este país, ni los comentaristas de los diarios económicos, ni en tertulias de economía, y seguramente ni siquiera en el ministerio de economía y hacienda, nadie parecía darse cuenta de que aquel crecimiento, en buena medida era ficticio y derivaba del peso muerto de la inmigración. En efecto, si inyectamos en un barrio de 1.000 habitantes, una población halógena de 140 nuevos vecinos (proporción de inmigrantes en la sociedad española cuando se inició la crisis en 2007), serán precisas más viviendas para albergarlos, más comercios para satisfacer sus necesidades y más consumo de bienes y servicios… No es que se crezca económicamente porque aumente la productividad o aumenten nuestras exportaciones, o simplemente seamos líderes en nuevas tecnologías o en I+D, crece la economía ¡simplemente porque crece la población a razón de 600.000 inmigrantes/año! Tal era el truco para que el gobierno de turno pudiera alardear de cifras “triunfales” de crecimiento económico: simplemente bastaba con inyectar población adulta que abarate la mano de obra y genere, por el mero hecho de su presencia, consumo. Para ese viaje no se precisaban alforjas. Nada parecido con un crecimiento económico digno de tal nombre en el que lo que se crea es, simplemente, riqueza. En el modelo español lo que se generó fue una fiebre consumista sobre una población recién llegada que, más que integrarse, lo que quería era imitar el “sueño español”, a despecho de que su situación laboral fuera extremadamente precaria.

d. No hubo “milagro económico”, el “milagro” fue la inmigración

En una encuesta elaborada por el IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) e incluida en su informe “La gestión empresarial en el año 2007”, los empresarios definieron la política de Zapatero sobre la inmigración como “inadecuada” (62,4%) o “muy inadecuada” (17,9%). Es significativo que un organismo patronal vertiera estos calificativos. Los empresario se manifestaban a favor de "fomentar una inmigración cualificada y adoptar medidas que conlleven la selección de inmigrantes en función de las necesidades de nuestro país", en otras palabras, lo que estaban proponiendo es regular los flujos migratorios de manera efectiva, algo que ni el PP hizo en su momento, ni el PSOE ha tenido jamás intención de realizar.

Si esto ocurría en los medios próximos a la patronal, en el otro “interlocutor social”, CCOO, los juicios no eran mucho más condescendientes en relación con la política gubernamental. A principios de junio de 2007, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, pidió al Gobierno que cambiase su actual política migratoria e implante otra mucho más restrictiva. Fidalgo, en el curso de unas jornadas sobre deslocalización de empresas, celebradas en el Consejo Económico y Social, aseguró que “en España sobra mano de obra muy barata y no hace falta seguir importándola”. Para el dirigente sindical, la prioridad es invertir en educación, formación profesional e investigación y desarrollo para “llenar la mochila de productividad” y frenar así la deslocalización de empresas. Las declaraciones del responsable de Comisiones Obreras deben encuadrarse en el cambio de modelo productivo que reclama el sindicato y que se basa en dar menos prioridad a un crecimiento basado en el consumo y en la construcción y sí en sectores con mayor capacidad para generar valor añadido. El actual “modelo de bajo coste”, razona Fidalgo, sólo sirve para atraer inmigrantes.

Otro estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) iba en la misma línea de denuncia. No existe “crecimiento económico español milagroso”, a pesar de que nos lo hayan presentado como superior a cualquier otro país de Europa, todo era un fraude. Según la FEDEA el 90% del crecimiento medio del Producto Interior Bruto (PIB) de los últimos cinco años está directamente relacionado con la inmigración. O lo que es lo mismo: es un crecimiento ficticio que se detendrá en el momento en que deje de afluir una media de 600.000 inmigrantes por año. Las cifras dadas por FEDEA indican que el peso de la inmigración durante el decenio 1996-2005 suponía un 39% del crecimiento medio del PIB español; pero si nos limitamos al período 2000-2005, esta aportación se dispara ¡hasta el 90% del crecimiento total!

No hay, pues, “milagro” en la economía española. El milagro es la inmigración. Si los salarios están contenidos es a causa de la inmigración… esto, en teoría, contribuye a frenar la inflación, aumentando el consumo, pero dice muy poco de los derechos y necesidades del trabajador español, el principal perjudicado. El citado informe Las remesas de dinero que los inmigrantes mandan a sus países de origen se han más que multiplicado por cuatro en seis años, pasando de los poco más de 1.500 millones de euros del año 2000 hasta los 6.500 millones de euros contabilizados en el año pasado. Los autores del informe sostienen que estas remesas contribuyen a “disminuir las desigualdades” en los países a donde van a parar… dato manifiestamente falso: en realidad, contribuyen a empobrecer a esos países. No en vanos, las zonas de África que han generado más inmigración y que reciben más remesas de los que se fueron son las más pobres y los campos están abandonados: en efecto, si ya hay dinero que llega de los que se han ido a España ¿para qué trabajar?

Por otra parte, el informe, realizado desde una perspectiva ultraliberal considera extremadamente positivo que la inmigración haya contribuido a contener los salarios. En realidad, no ha sido así: los salarios han perdido poder adquisitivo. Por otra parte, es rigurosamente falso que la inmigración haya abaratado los precios tal como sostiene el informe: véase el sector de la adquisición de viviendas que ha podido ir incrementando artificialmente los precios gracias a la demanda de vivienda de 6.000.000 de “consumidores” llegados del extranjero. El informe llega a sostener de manera absolutamente insensata que se paguen 2.500 euros como prima por inmigrar a España… Obviamos citar los nombres de los autores para evitar que puedan ser tachados de alucinados. Lo esencial a retener de dicho informe es, precisamente, el impacto de la inmigración en el PIB. Este se estancará o retrocederá en el momento en que cese la oleada migratoria. Es evidente que esta oleada no puede durar eternamente (ya es problemático que la sociedad española pueda integrar el fenómeno), así pues, el crecimiento económico se detendrá bruscamente antes o después con los efectos deletéreos sobre la economía y, especialmente, sobre la sociedad española. Las reclamaciones deberán entonces realizarse a los gobiernos que han permitido este disparate. Y es, por eso que decimos que harán bien en ausentarse sin dejar señas.

Por su parte, otra asociación patronal, el Instituto de la Empresa Familiar, en un informe sobre la política de inmigración -“Hacia un Modelo de Inmigración Sostenible”- publicado a mediados de junio de 2007, reclamaba más orden en las políticas de migración. Las conclusiones a las que llega el informe tienen cierto nivel de esquizofrenia, pero a la postre resultan significativas. Se dice por ejemplo que “La inmigración legal es positiva; la irregular puede llegar a ser un enorme problema para los ciudadanos españoles y para los inmigrantes”… si tenemos en cuenta que el 90% de la inmigración es irregular valdría más la pena decir simplemente que “la mayoría de la inmigración es un enorme problema”. Así mismo, se insiste, con mucho tino en que “Es prioritario apostar por la contratación en origen”. Algunas empresas lo hacen, por ejemplo VIPS que se jacta de que el 60% de su plantilla son inmigrantes contratados en los países de origen. Pero esto crea un problema, por que lo lógico sería que si se contratan legalmente en los países de origen, los inmigrantes irregulares fueran inmediatamente repatriados… y eso no ocurre. Así pues, en las actuales circunstancias, el problema de la inmigración se agrava desde el momento en que sin cerrar la vía a los irregulares, se contratan en origen. Se reconoce lo que a partir de mediados de 2007, es del dominio público, a saber que “La Inmigración esta teniendo una aportación positiva al PIB español”, pero se añade, también con buen tino que “La experiencia de otros países indica que a largo plazo será menor y que no es un sustituto adecuado de las reformas estructurales necesarias”. Mucho más discutible es la afirmación de que el inmigrante no genera un mayor coste sanitario que la población autóctona… claro que es menor, pero sólo si atendemos a la cifra global, si nos atenemos a la relación gasto/gasto ingreso per cápita, los inmigrantes están muy por encima de los autóctono en “consumo sanitario”, entre otras cosas por que tienen una demografía mucho más activa y por que los accidentes laborales son más frecuentes entre inmigrantes que entre autóctonos. Otra afirmación discutible en el citado informe es que “La mejor Política de integración es la Educación”… tópico manido y eternamente repetido que, si bien, en esta ocasión viene atenuado con el reconocimiento de que “La Inmigración no es la causa de las deficiencias del Sistema educativo, pero las acentúa”. Se podría decir más claro y cristalino: la inmigración es una de las causas principales de la quiebra del sistema de enseñanza pública. Otro punto destacable del informe es el reconocimiento de que “La Inmigración no es una solución a las deficiencias que presenta el Sistema de Pensiones ni al envejecimiento de la población. Retrasa la aparición de los problemas que conllevan, pero los hace más grandes”, lamentablemente no se insiste en que alguien nos ha mentido y que entre 1997 y 2005 este concepto de la inmigración como panacea universal para resolver los problemas del sistema de pensiones ha sido sistemáticamente repetido por loros mediáticos y políticos autistas. El informe reconoce igualmente que la inmigración genera una economía sumergida que no hay forma de sacar a la superficie y que supone competencia desleal para con el resto de las empresas y los trabajadores. El informe deja en el aire algunos temas que parecen mal resueltos o en los que los redactores no se han preocupado por proponer alternativas. Así por ejemplo se dice tajantemente, “La Repatriación de personas es una política cara”, pero no se recomienda ninguna otra política. Se pone el dedo en la llaga en otro problema: “Las acciones de ayuda a los inmigrantes no pueden suponer la exclusión de estos programas de la población local más desfavorecida. No se puede producir un efecto sustitución”, pero tampoco se propone ninguna alternativa. De hecho, cuando los redactores de este informe abordan las propuestas en positivo, se percibe claramente… la imposibilidad de concretarlas, apenas unas vaguedades y una fe en que la Unión Europea venga y nos resuelva el problema…

Uno de los puntos mas graves del informe es donde se asegura que el sistema de la seguridad social peligra a causa de la inmigración, pero las cifras cantan. En este momento hay alrededor de 1,9 millones de extranjeros afiliados al Seguro que, en este momento, suponen una aportación de unos 8.000 millones de euros a las arcas del sistema público de pensiones. Ahora, todavía parece que, globalmente, los inmigrantes porten más de lo que reciben. Ciertamente, sólo uno de cada 30 cotizantes extracomunitarios recibe una prestación de la Seguridad Social, frente a la media de uno cada 2,65 trabajadores españoles, pero eso no ocurrirá siempre. A medio plazo, en cuanto los trabajadores inmigrantes que hoy tienen 35-40 años empiecen a jubilarse, o simplemente, cuando el paro vuelva a enseñorearse, se investirá la balanza y la inmigración se convertirá en un elemento más del déficit de la seguridad social. Además, ya hoy, los inmigrantes tienen sueldos un 30% inferiores a los nacionales y eso provoca que coticen de promedio 4.327 euros frente a los 4.770 euros de la mayoría de los españoles… es decir, según el estudio, estas cifras revelan que "el dinero aportado por los cotizantes (extranjeros al Seguro) no se corresponde con el que percibirán tras su jubilación", dice el estudio y cita al que fuera asesor del Gobierno Aznar, José Barea, para afirmar que el problema se agravará por el aumento de la esperanza de vida. La sentencia final a este respecto es dura, pero no por ello menos objetiva: "La inmigración sólo sirve para generar más dudas en torno al futuro del sistema de pensiones".

Por su parte, la Fundación Encuentro, dependiente de la Fundación Cultural de Caja España, publicaba su informe sobre anual “España 2007” aportando algunos datos interesantes. Uno de ellos llama la atención por su precisión: “España necesita entre cuatro y siete millones el número de extranjeros que necesita España para seguir creciendo al ritmo actual”… cuatro millones ya están aquí desde el 2005, ahora estamos llegando apresuradamente a los seis millones y seguramente superaremos los siete antes del 2009… por arcanos desconocidos “Encuentros” considera que se llegará a los siete millones ¡diez años después, en 2020! Si el PIB ha crecido tanto últimamente se debe a la inyección de 600.000 inmigrantes y, por esta regla de tres, hará falta que sigan entrando al mismo ritmo para que puedan mantenerse los actuales ritmos de crecimiento, solo igualados por China y por otros pocos ¿privilegiados? Para el informe de Caja España, los inmigrantes no son responsables del 90% del crecimiento económico, sino solamente de la mitad.

El estudio comete un error matemático y de concepto. Explica que los inmigrantes aportan a las arcas del Estado 23.402 millones de euros al año, mientras que las contraprestaciones que reciben son "sensiblemente inferiores", de 18.618 millones de euros, es decir, el 5,4% de los gastos de las Administraciones Públicas… pero no explican exactamente qué es lo que contabilizan como “contraprestaciones”. Además, no se trataría solo de observar las “contraprestaciones” sino también los “

gastos generados”. ¿Se han contemplado los gastos en materia de prisiones, trabajo en juzgados, salarios de nuevas promociones policiales y daños pagados por las aseguradoras o que debe cubrir el propio ciudadano víctima de un delito? Si, ya sabemos que no es políticamente correcto recordar todo esto, pero a la vista de que, como hemos demostrado, la inmigración influye decididamente en la inseguridad ciudadana, habrá que introducir estas cifras por algún sitio y mucho nos tenemos que los 5.000 millones de superavit que según “Encuentro” aporta la inmigración queden muy por detrás de los gastos no contabilizados.

Por otra parte, el informe reconoce que en 2005, los inmigrantes compraron el 25% de las viviendas que se vendieron en España (cuando apenas representaban un10% del total de la población). De lo que cabría deducir que, en caso de que estas ventas no se hubieran producido la vivienda hubiera debido experimentar no una desaceleración sino un descenso en su precio. Tampoco se entiende por qué “Encuentros” considera positivo el que a lo largo de 2006, los inmigrantes enviaran a sus países 6.250 millones de euros (un 332% más que cinco años antes). Desgraciadamente, no se explica en qué consiste lo “positivo” de esta cifra. El informe repite un viejo tópico que viene arrastrándose desde el año 2000: que la Unión Europea necesitará 45 millones de inmigrantes para mantener los niveles de protección actuales hasta el año 2050…

Como podemos ver, los distintos informes, todos ellos realizados por gabinetes preparados y equipos solventes… no son en absoluto coincidentes y mucho menos esclarecedores. Como máximo permiten aislar algunos datos significativos que, unidos a otros, componen una situación extremadamente sombría.

Para colmo, CCOO, manejando datos de la Encuesta de Población Activa, afirma que el trabajador inmigrante es un 19% menos productivo que el trabajador autóctono. El estudio afirma que la diferencia de productividad entre un trabajador nacional y un inmigrante es cada vez más grande. Pasó a ser de 6.025 euros en 2002 (37.192 euros por ocupado en los nacionales y 31.998 euros en los inmigrantes) a 7.070 en 2004 (37.793 en los nativos y sólo 30.723 en los extranjeros). En porcentaje, la diferencia de productividad (a favor del nativo) ha pasado del 14,3% al 18,7% en sólo tres años. Lo que ha provocado el crecimiento de la diferencia no es la menor profesionalidad de los inmigrantes, si no su distribución. Uno de cada cuatro encuentra un empleo en sectores poco productivos, como agricultura, hostelería y construcción. En realidad, esto es cierto, pero sólo en parte. Ocurre también que la mano de obra que llega a España, en su inmensa mayoría, no es mano de obra cualificada, sino en fase de aprendizaje, con todo lo que ello implica en bajos rendimientos laborales.

Por otra parte, en marzo de 2007, el número de afiliados a la Seguridad Social superó los 19 millones de personas, de los que casi dos millones son inmigrantes, el 10,5% del total de afiliados (y, entonces, los otros tres millones de inmigrantes ¿qué medios de vida poseen? Sería bueno que ulteriores estudios, trabajos, informes, dossiers y encuestas respondieran a esta cuestión... Claro está que esta cifra es relativa. Si se da por buena la cifra de cuatro millones de inmigrantes, estamos hablando de 1 de cada 2, afiliados a la seguridad social… pero si, como parece, nos aproximamos a los seis millones, entonces estamos hablando de 1 de cada 3 y, a partir de aquí la carga económica para el Estado (pagado por la sociedad española) es insoportable. Todos estos elementos conducen a CCOO a una ecléctica conclusión: “Si bien la inmigración es globalmente positiva, ha repercutido negativamente en la productividad y en los niveles salariales”… conclusión obligada, pero también limitada. Ha repercutido negativamente en otros muchos sectores y terrenos.

A pesar de su disparidad y de las distintas evaluaciones del mismo fenómeno, lo que estos datos confirman es que el crecimiento económico español desde 1998 depende de la inyección de inmigrantes y que cuando existió, el crecimiento económico español era ficticio y basado en la inyección artificial de consumidores y en el descenso salarial que genera al aumentar la fuerza de trabajo por encima de las necesidades: a mayor oferta de trabajo y a una demanda estable corresponde un descenso del precio de la fuerza de trabajo, esto es, del salario.

© Ernesto Milà – infokrisis – http://infokrisis.blogia.comhttp://info–krisis.blogspot.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

Inmigración (IV) 2004-2011

Infokrisis.- Y entonces llegó Zapatero... La inmigración como doctrina, como dogma y como práctica suicida.   Resumiendo puede decirse que el franquismo preparó las bases de un modelo económico, en parte erróneo, que al estar en buena medida basado en hostelería y construcción haría necesario el que más adelante entrarán masivamente inmigrantes. El felipismo, al negociar mal nuestra incorporación a Europa generó la destrucción de amplios sectores de la economía nacional que quedó reducido a turismo y construcción. Para colmo, a partir del felipismo Ceuta y Melilla serían cada vez menos españolas y más marroquís. Los eventos del 92 contribuyeron a que las primeras legiones de trabajadores marroquíes aparecieran en España. Aznar, por su parte, basaría su modelo económico en el desarrollo de esos dos sectores, especialmente de la construcción, para lo que hacía falta una entrada masiva de inmigración. Puede decirse que con Aznar la inmigración empieza a llegar masivamente y que bajo su gobierno llegaron 3.000.000 de inmigrantes, ante lo cual el presidente optó por mirar a otro lado.

Y así estaban las cosas el 14 de marzo de 2004 cuando un tipo gris que parecía estar eternamente planeando entre el “buenismo” y la sonrisa bobalicona alcanzó sorpresivamente el poder gracias al impacto de los atentados del 11-M. La mayoría creíamos entonces que era imposible que existiera un personaje como Zapatero y estábamos persuadidos de que sus gestos y actitudes se debían a los consejos de algún asesor de imagen, pero que a la hora de gobernar lo haría exactamente como cualquier otro político. Nos equivocamos. Zapatero era así. No puede extrañar que bajo su mandato entraran otros 4.000.000 de inmigrantes. Al concluir en medio de la crisis económica, social y nacional más importante de la historia de España (al mismo nivel que la invasión napoleónica, la pérdida de Cuba y Filipinas o la mismísima Guerra Civil), 1.000.000 de personas han desaparecido de las listas de inmigración y reaparecido como “nacionales”. Zapatero ha sido algo más que una catástrofe en la historia de España: ha sido el intento deliberado de convertir España en una nación mestiza, la tarea irresponsable y absurda de introducir a martillazos el multiculturalismo y la renuncia consciente a nuestra identidad. Esta es su obra…

a. Un desconocido obsesionado con la inmigración

En junio de 2000 cuando Zapatero juzgó que había llegado su hora; hasta ese momento había sido un diputado (durante unos años el más joven, con 26 años) pero las crónicas no registran ningún aspecto relevante en su actuación parlamentaria; era un diputado gris, un “yes man” habituado a votar según las indicaciones de su jefe de grupo parlamentario. Tras las elecciones de 2000, Joaquín Almunia había dimitido y quedaba abierta la carrera para su sucesión al frente del PSOE. Zapatero creó una corriente interior, Nueva Vía de la que declaró que estaba en la misma onda que el “socialismo europeo” de la época: el socialismo que gobernaba en Inglaterra con Tony Blair y su Third Way que parecía haber dejado atrás al laborismo clásico, el que gobernaba en Alemania con Gerhard Schöder y su Neue Mitte (Nuevo Centro) que desbarataba el equilibrio interior del SPD desde el congreso de Bad Godesberg y, finalmente, el socialismo francés de Lionel Jospin, un hombre llegado del trotskysmo y que, acaso por eso, era incapaz de concebir una izquierda fuera de la izquierda clásica. Fue, precisamente, Jospin quien primero se distanció de Zapatero. Al parecer, Zapatero debió de contemplar en alguna ocasión convertirse en el futuro referente del socialismo europeo, pues no en vano intentó “limar” –como siempre- las asperezas entre Jospin y Schröder[1].

Nueva Vía se quería más centrista y liberal que la opción encabezada por José Bono y las otras dos candidatas (Matilde Fernández y Rosa Díez) que no eran más que distintas formulaciones de socialismo clásico, con cierta propensión al antinacionalismo. En aquel momento, todos los analistas estaban convencidos de que Zapatero –el desconocido diputado leonés- no aspiraba a otra cosa más que a recuperar el “espacio de centro” que, perdido por Almunia en las elecciones de 2000 con su llamamiento a un “frente de izquierdas”, era la único que podía hacer que el PSOE retornara al poder. Es decir, ni siquiera los analistas más favorables a Zapatero le concedían el beneficio de una “ideología soft”, simplemente se le trató, hasta el momento en que ocupó la secretaría general, de mero oportunismo. Cuando venció, lógicamente, había que entenderse con él, así que pasó a ser intocable, especialmente para PRISA y hasta un año antes de su ocaso definitivo en 2011.

Cuando Zapatero anunció su intención de presentarse candidato a la secretaría general enunció sus principios. Es el único documento de su puño y letra que permite intuir algunas de las categorías de pensamiento en las que se mueve Zapatero[2]. Lo hizo en el curso de una reunión de la dirección leonesa del partido a la que dio a conocer su programa compuesto por siete puntos. Llama la atención lo “flojo” del conjunto sobre el que parecía increíble que nadie pudiera encamarse sobre José Bono. En el momento en que, como era evidente, nos aproximábamos a una crisis energética sin precedentes, cuando en toda Europa la inmigración ya era considerada como problema cuando, el terrorismo internacional y nacional estaban en el candelero, cuando se discutía sobre el fin de la historia, la sociedad de los tres tercios y las nuevas orientaciones geopolíticas… he aquí los siete puntos que concibió José Luis Rodríguez Zapatero para aspirar a la Secretaría General del PSOE[3]:

  1. Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes.
  2. Dar prioridad a la educación y crear empleo estable.
  3. Dar a los padres más tiempo para pasar con sus hijos y cuidar a los ancianos.
  4. Promover la cultura.
  5. Convertir a España en un país admirado por ayudar a los más necesitados.
  6. Ayudar a éstos con iniciativas de calidad.
  7. Fomentar la democracia, adecentar la política y promover los valores por encima de los intereses coyunturales.

El hecho de que la inmigración ocupe el primer lugar es, cuando menos, sorprendente, especialmente para una provincia como León (en la que se presenta el programa) que en aquel momento apenas disponía de 150 inmigrantes…[4] Es raro que, para un político procedente de la áspera meseta, que todavía hoy dispone de una tasa de inmigración muy inferior al resto del Estado, la cuestión de la inmigración ocupase el primer lugar con un llamamiento implícito al “papeles para todos”. Citamos nuevamente la frase: “Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes”.

Zapatero en junio del 2000 estaba extremadamente sensibilizado por el problema de la inmigración, cuando ya la inmigración era percibida como problema por una parte creciente de la población que iba aumentando a la misma velocidad que aumentaba la presencia de inmigrantes. Pero Zapatero juzgaba que no había inmigrantes suficientes. Vale la pena releer una vez más el punto inicial de su candidatura donde propone “Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes”. El resto de los puntos del programa es de tal mediocridad, falta de originalidad y ausencia por completa de interés, que no vale la pena siquiera comentarlos y genera la irreprimible tristeza propia de aquello que es insustancial. Así mismo, causa una perplejidad increíble el pensar que los compromisarios del PSOE terminaron votando al autor del engendro: Zapatero.

Sin embargo, el programa del PSOE en 2004 (en donde las propuestas en materia de inmigración están incluidas en las páginas 125 y 126) en ningún punto se alude a “Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes” y ni siquiera plantea la posibilidad de realizar una regularización masiva como se hizo un año después de que Zapatero llegara a La Moncloa. Está claro que el punto 1 de la candidatura de ZP a la Secretaría General del PSOE nos lleva directamente a la regularización masiva de 2005 –sin pasar por el Programa Electoral que se dio a la consideración de la sociedad y que ésta votó en 2004, si bien bajo la presión de un extraño atentado que causó 93 víctimas- e incluso, tardíamente, a la negativa del gobierno en julio de 2008 a suscribir la cláusula del Pacto Europeo de la Inmigración propuesta por Francia que prohibía nuevas regularizaciones masivas en todo el ámbito de la Unión Europea. Diego López Garrido justificó esa negativa (y ese enfrentamiento con Francia) así: “cuando la economía española remonte hará falta mano de obra… no podemos atarnos las manos”[5], increíble muestra del optimismo antropológico habitual, tanto en el presidente del gobierno como en sus ministros más mediocres.

En 2004 había llegado a la presidencia del gobierno el hombre providencial que tenía en mente de manera deliberada una sociedad multicultural, multiétnica, avance de lo que creía que iba a ser el futuro en todo el globo (China ¿sociedad multiétnica? Rodhesia ¿sociedad multirracial?...). Contrariamente a los ataques de la derecha contra Zapatero, su proyecto de ingeniería social no era una forma de fatuo “oportunismo” destinado solamente a captar votos y a engañar a la población, sino que entre los oscuros corredores de su cerebro latía una “ideología” (en el peor sentido de la palabra, es decir, como esquema rígido y antihistórico, utópico e inviable que se intenta encajar a martillazos con la realidad) muy precisa cuyas líneas básicas eran: humanismo extremo y afectado, universalismo frente a cualquier forma de patriotismo (con el acompañamiento de conceptos como “mestizaje”, “multiculturalidad”, “sociedad pluriétnica”, “fusión cultural”, los nacionalismos son fuente de tensiones internacionales, guerras y conflictos y lo único que puede evitarlos es la “fusión” de pueblos, de culturas, de razas, en beneficio de algo indiferenciado: la “humanidad” surgida de la mezcla étnica y cultural), afán moralista y progresista (valores finalistas sin acompañamiento de valores instrumentales, consideración de que la historia se encamina siempre hacia niveles superiores de desarrollo), recurso a la “tolerancia” para solucionar cualquier conflicto y renuncia al ejercicio de la autoridad.

El nuevo PSOE de Zapatero no tenía nada que ver con las siglas históricas y muy poco que ver con lo que había sido el felipismo. No ha sido por azar que durante 10 años, las siglas del PSOE se hayan eclipsado por la sigla ZP. El 20 y 21 de julio de 2001 tuvo lugar Conferencia del PSOE que supuso una verdadera refundación del partido. El tema de la inmigración estuvo presente en aquella ocasión: “Ante el fenómeno migratorio. Queremos sociedades más humanas, que no sean insensibles al dolor y las muertes que causan la intolerancia, las guerras o la miseria en el mundo, que sean capaces de integrar al diferente desde la igualdad y partidarios del mestizaje. Creemos que la mejor inversión es la destinada no a levantar barreras sino a encauzar y ordenar los flujos migratorios potenciando una política comunitaria de inmigración, la destinada a favorecer la integración real de los inmigrantes, la destinada a facilitar su agrupación familiar, la destinada a imponer la observancia de la legalidad en la prestación de su trabajo, la destinada a hacerles titulares de derechos y libertades políticas, civiles o sociales, la destinada a incorporar en la educación la existencia y contenidos de otras culturas, el respeto al diferente y la igualdad de todos los seres humanos. Porque, contra falsos equívocos, el extranjero no quita puestos de trabajo sino que cubre actividades que los españoles ya no queremos desempeñar y pueden ser una vía de contribución en la solución del problema demográfico que tenemos”.

b. Las fuentes de la “doctrina Zapatero”

Zapatero quería ser recordado como el “reformador progresista que abrió España al siglo XXI”, tal fue su imperativo categórico. La cuestión a plantear ahora es: ¿Cuáles son las fuentes del “pensamiento zapaterista”? ¿De dónde procede? En la Ponencia Marco del XXXVII Congreso del PSOE se daba alguna pista. En las 57 páginas del documento se entiende con claridad que todos los problemas actuales de la humanidad deben resolverse desde una perspectiva “trasnacional”. En el punto 475, por ejemplo, se dice: Muchos retos requieren de una perspectiva transnacional porque han de ser abordados desde la adopción de medidas que trascienden a nuestras fronteras”, están aludiendo a “fenómenos como el cambio climático, los movimientos migratorios, la economía internacional derivada de la globalización o la bioética” y esto solamente puede hacerse dentro de la perspectiva diseñada por la ONU, según explica la ponencia. En el punto 477 se lee: “tenemos la obligación de aumentar la “exportación” de pensamiento político ante la gran demanda existente en el entorno internacional de políticas que están siendo aplicadas en nuestro país por un gobierno socialista y que están siendo ejemplo fuera de nuestras fronteras”. Ese “pensamiento político a exportar” es la doctrina Zapatero, una forma de “pensamiento excéntrico” (es decir “raro y extravagante”).

Zapatero realizó una mutación radical en el PSOE en el curso de su XXXV Congreso (año 2000). El partido de Pablo Iglesias se desplazó desde la tradición de la izquierda y del socialismo español hasta una mixtura extraña y extravagante, frecuentemente caricaturesca, grotesca en muchos aspectos, de contenido universalista surgida de allende fronteras del socialismo. Las propuestas que se encuentran en el texto de la Ponencia Marco, cosmopolitismo, globalización, fenómenos migratorios, pobreza en el mundo, feminismo, apoyo al mundo gay, etc, son lugares comunes que encontramos repetidos hasta la saciedad en los documentos de la UNESCO y de NNUU. Esta asimilación de la ideología humanista y universalista a la ideología de un partido socialista, no lo ha hecho dirigente alguna del socialismo mundial. Y, por si hubiera alguna duda, el punto 141: “Nosotros, los socialistas, trabajamos por esos objetivos en el seno de Naciones Unidas. Creemos en su capacidad de acción, en la de todas y cada una de sus agencias y programas para avanzar en ese objetivo y apoyaremos decididamente que refuercen su papel” y se añade en el punto 200: “Ahora, ante emergencias concretas proponemos que no solo actúen los países, sino también las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, cuya acción seguiremos apoyando financieramente”. Triste destino el de estos “socialistas” ganados para una estrategia que no es la suya y que unen su destino a unas organizaciones internacionales que hoy como nunca tienen su prestigio a mínimos. Las obsesiones de “ingeniería social” y en particular la obsesión zapaterista por la inmigración proceden de la ONU y muy especialmente de la UNESCO. Contrariamente a lo que se tiene tendencia a pensar estos organismos internacionales tienen políticas propias generadas por su casta funcionarial que en los últimos 25 años intenta aportar un basamento ideológico y una justificación moral a la globalización.

La Ponencia Marco del PSOE reconoce: “los socialistas debemos aspirar a un nuevo modelo económico  caracterizado por una globalización más justa de la actual”. La Ponencia Marco explica que la globalización es el producto del “cambio tecnológico anterior” y añaden, “[este cambio] resume en la expansión sin precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación a todas las esferas de la producción, el consumo, los intercambios comerciales y financieros, e incluso a los estilos de vida de las personas. Y como consecuencia de la globalización y de la conexión y competencia entre más empresas e individuos, el cambio tecnológico está, a su vez, acelerándose”. Pero no es exactamente así como se ha producido el fenómeno. La globalización no es más que un fenómeno derivado de la acumulación de capital (y se engaña quien piense otra cosa) que se ha ido produciendo a medida que el capitalismo avanzaba. Tras haber pasado por su etapa artesanal, luego por su etapa industrial, más tarde por su etapa multinacional, la etapa siguiente, no podía ser más que la globalización, es decir la optimización a escala mundial de la producción y de los beneficios, junto a la creación de un mercado global y el impulso a la economía especulativa sobre la productiva… y para que este sistema viera la luz, indudablemente la informática y las nuevas tecnologías han ayudado, pero en absoluto han sido esenciales, ni motores del cambio que, repetimos, encuentra su principal impulso en la naturaleza expansiva del capitalismo.

Cuando la ONU y la UNESCO aluden al cambio climático y a la ecología, el PSOE, en todo esto, no tiene doctrina propia, sino que asume la aprobada por Naciones Unidas en sus distintos foros y conferencias. En la Ponencia Marco esta temática ocupa de las páginas 16 a la 28 y puede resumirse así: “desarrollo sostenible”… tal es la palabra que se instauró en el imaginario colectivo a partir de la Conferencia de Río, organizada por la ONU, en 1992. Lamentablemente, desde entonces ya ha llovido mucho. Hoy sabemos que no hay desarrollo sostenible: el desarrollo de 6.000 millones de personas nunca no puede ser “sostenible” para la biosfera. Difícilmente el planeta podría embarcarse en un desarrollo ilimitado cuando sus recursos son limitados. Las doce páginas que contenía la Ponencia Marco sobre esta temática no eran más que una traducción, traslación y resumen de las distintas orientaciones de la ONU sobre la materia.

El segundo error es la percepción que el zapaterismo tiene de la inmigración, no en vano el primer lobby pro-inmigracionista mundial es la ONU y el principal impulsor de la mística del mestizaje y la multiculturalidad, la UNESCO. La postura del zapaterismo en inmigración es una constante -como hemos visto- desde que salió del anonimato en el 2000 y presentó su programa ante la ejecutiva del PSOE de León: “papeles para todos”… cualquier cosa que no fuera esto debía de considerarse “xenofobia y racismo”. Desde entonces su posición no ha variado. Dice el punto 33 de la Ponencia Marco: “España es un país cada vez más abierto, con una sociedad más cosmopolita y con una aspiración de progreso que inspira permanentemente al PSOE”. A continuación, individualiza tres “megatendencias del cambio”. La tercera es la “del cambio social y demográfico, caracterizado por sociedades más individualizadas, más informadas, más igualitarias (en términos de género), más cosmopolitas y más diversas, que requieren nuevas políticas”. No había ningún punto, más adelante, que aclarase a que “cambios” se refería, especialmente, cuando la mayoría de la población tiene la sensación de que ya se ha llegado demasiado lejos en materia de inmigración y que el fenómeno, especialmente en tiempos de crisis, debe reducirse urgentemente: falta trabajo incluso para españoles y las cajas del Estado están vacías.

Pero lo sorprendente es que no hay ni una sola línea en todo el documento que aluda a la necesidad de frenar el fenómeno migratorio, algo que la sociedad española percibe cada vez más como una necesidad urgente.¿Vamos a olvidar que un estudio de NNUU en 2000 afirmaba con una seriedad pasmosa que Europa necesitaba 90.000.000 de inmigrantes? Si la ONU y UNESCO estimulan este fenómeno es por buenas razones inherentes a su “pensamiento mágico”: “gobierno mundial”, “revolución mundial”, “raza mundial”, “religión mundial”… Esta “raza mundial”, se identificaría con el mestizaje que tanto promueven desde esos ambientes. El resultado de todo esto es un barrido de identidades, consideradas como bastiones reaccionarios contra el cambio y el tiempo nuevo. Para ello hay que estimular la inmigración. Sólo la inmigración facilitará la creación de una “raza cósmica”[6] y allanará el camino hacia el mestizaje.

Pero lo importante son las consecuencias que la Ponencia deduce de este proinmigracionismo. Dice el punto 233: “Para dar respuesta a este nuevo enfoque, debemos apostar por más gobernanza a nivel global. Ya nada se puede resolver exclusivamente desde el Estado-Nación. A los desafíos de la globalización económica, ya considerables en su magnitud y complejidad de trato, se han añadido una serie de desafíos que configuran una globalización política, si cabe aún más compleja”. Así pues, la inmigración generará mestizaje y la abundancia de inmigración (no lo olvidemos, promovida desde el ámbito de la ONU y en absoluto un movimiento espontáneo de gente huyendo de la pobreza) hará preciso “una gobernanza a nivel global”, puesto que el marco del Estado-Nación queda desbordado… y eso nos lleva de nuevo a la ONU como escenario más adecuado. Por demasiados caminos –y todos excéntricos– la Ponencia revalorizaba el papel de la ONU hasta límites inauditos.

Ciertamente, la Ponencia no alude en lugar alguno al “humanismo universalista” sino que utiliza el adjetivo “progresista” para evitar definiciones compometedoras. Dice la Ponencia: “El pensamiento progresista se centra en liderar los cambios. De lo que se trata es de gobernar la nueva sociedad, con nuevas políticas y nuevas instituciones, para explotar las oportunidades que ofrece y minimizar los problemas que genera. El Partido Socialista lleva muchos años instalado en este enfoque  de la política, siempre a la vanguardia, intentando transformar la sociedad en beneficio de la ciudadanía y, sobre todo, de los que menos tienen. El PSOE del Siglo XXI ha de seguir esta senda. Ha de ser esa fuerza política transformadora que lidere los profundos cambios que nos han tocado vivir. Somos progresistas, modernos, innovadores. No nos asusta la evolución de la sociedad. La vemos como una oportunidad, no como un problema. Pero esa evolución se ha de liderar desde los poderes públicos para que el progreso económico y social que supone llegue a todos por igual, para que en esta nueva sociedad que estamos construyendo haya más igualdad, más democracia, más confianza en la ciudadanía, más gobernanza global y mejor convivencia”… y nuevamente, toda la divagación bobalicona sobre el “progresismo” culmina con la idea de “gobernanza global”.

El concepto de “gobernanza global” es relativamente reciente. Fue teorizado por James Rosenau, miembro de uno de los círculos mundialistas, la Asociación de Estudios Internacionales y la revista Foreing Policy. La idea de Rosenau es que la “gobernanza global” consiste en regular las relaciones entre los grupos sociales internacionales mientras no exista una autoridad mundial única. La palabra fue utilizada públicamente por primera vez en el Foro Barcelona 2004 en el “diálogo” Del consenso de Washington a una nueva gobernanza global, en el que participó Jeffrey D. Sachs, asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, así como el Premio Nobel de 2001, Joseph E, Stiglitz.

En el marco doctrinal el zapaterismo utiliza la idea de “gobernanza global” con la intención de transferir espacios de soberanía propios del Estado-Nación (cuya época la ponencia dice que ha acabado) a las instancias internacionales. Justo lo que la ONU pretende llevar a la práctica.

A partir de todo esto no puede extrañar que la Ponencia insista en los lugares comunes a la ideología de NNUU: la causa de todos los males del mundo, absolutamente de todos, reside en la “pobreza”. España, en tanto que nación “rica” (¿?) está obligada a solidarizarse con “la pobreza” y ayudar a estos países a que mejoren su situación. Todo esto supone ignorar que el atraso del tercer mundo no se debe solamente a la pobreza y que ésta existe también en el primer mundo. De hecho, las acumulaciones de dinero más insultantes se producen con frecuencias en los países más atrasados del mundo. Existen causas antropológicas, culturales e históricas que explican el atraso de amplias zonas del tercer mundo. Es inevitable interpretar el papel de la religión islámica como una de las causas, sin duda más importantes, de las que deriva al atraso de todo el mundo árabe, incluido de los países más ricos en material primas. Sin embargo, el PSOE de Zapatero hace de la “pobreza” el eje central de su discurso en política exterior.

Es sorprendente, por ejemplo, cuando la Ponencia se las ingenia para buscar excusas para enviar más fondos al Tercer Mundo. Se dice, por ejemplo, en el punto 106: “Europa podría liderar el movimiento para extender los derechos de los trabajadores en el mundo. También podría liderar las nuevas políticas de cooperación al desarrollo, a través de iniciativas originales como la reinversión en origen como compensación por la descapitalización que se produce en los países más pobres cuando sus élites intelectuales y profesionales emigran para trabajar en los países desarrollados”. Lamentablemente, resulta difícil explicar qué “élites intelectuales” nos llegan de Mali, Níger, Camerún o Marruecos... Ocurre justamente lo contrario: élites culturales y científicas europeas se establecen en EEUU, Japón, incluso en China, para poder llevar a cabo proyectos científicos por no haber fondos suficientes en España… En la medida en que todo el diagnóstico sobre la “pobreza” es erróneo –aun inspirado por UNESCO y la ONU-, es inevitable que las soluciones propuestas por el zapaterismo hayan sido a menudo grotescas y siempre perjudiciales para afrontar los problemas que quería solucionar.

Inútil extendernos en todas las consideraciones que el documento hace sobre la “igualdad” en materia sexual. La temática es suficientemente conocida por su superficialidad y banalidad. Como ya hemos visto, todos los ataques contra la homofobia y el sexismo tienen su origen en material elaborado por la ONU y UNESCO desde mediados de los noventa, materiales que no contemplan, por cierto, la situación específicamente española, sino la “global”. No hay nada en la Ponencia Marco que sea, en este terreno, ni propio, ni original.

Los compromisos con la realidad hacen que, como hemos visto, en lo relativo a la globalización no se tengan arrestos suficientes como para clamar por el final de un sistema mundial injusto, sino que se aluda a “otra globalización” o a la “humanización de la globalización”, o finalmente a la “globalización positiva” (punto 66). En el fondo esto es coherente con el espíritu del humanismo universalista. A fin de cuentas la globalización, es injusta… pero es una forma de universalismo que contribuye a barrer las identidades nacionales, desfigurarlas, crear un sistema jurídico internacional, arrinconar al Estado-Nación, etc. Es decir, la globalización es un “más” en relación al Estado-Nación, pero un “menos” en relación al “universalismo” que, a fin de cuentas es lo que esta doctrina de Zapatero y su matriz, la ONU, tienen en mente. Además, esta posición tiene la ventaja de facilitar la coexistencia con el núcleo del capitalismo mundial, el verdadero y único poder, ante el cual solamente se exhiben algunos tímidos deseos de reforma sintetizados en la aséptica expresión “globalización positiva”, para acto seguido, condenar enérgicamente el “proteccionismo inviable”, el gran enemigo de la globalización. Toda la tendencia del documento se sintetiza en el punto 95 en el que se alude a las “dos lógicas”: “por un lado la “lógica de la apertura” relacionada con la integración, (…) asociadas al concepto de ciudadanos cosmopolitas; y por otro lado, la “lógica del cierre”, la selección y la exclusión sobre la que se basan los sistemas nacionales de bienestar y solidaridad tradicionales”. El enemigo son, pues, los Estados-Nación y los sistemas identitarios. Paradójicamente, todo esto está proclamado por un partido que gobierno en un Estado-Nación, no puede extrañar, por tanto, que buena parte de su esfuerzo durante los años del zapaterismo estuviera dirigido a desmantelarlo y centrifugarlo.

Esto es el Zapaterismo. Su gran logro consistió en haber absorbido la doctrina propaganda por la ONU y la UNESCO y haberla transferido íntegra y, sin prácticamente retoques, al PSOE. En la óptica de Zapatero, la ONU es intocable e indiscutible y, a pesar de que nadie la ha elegido como tal es la representante de “la humanidad”.

La gran apuesta de José Luis Rodríguez Zapatero consistió en dar una salida a la crisis de senectud y el vacío que se abre ante la izquierda europea, enmascarándolo con el recurso a los principios humanistas y universalistas de la ONU y la UNESCO, dándole un nombre “progresismo”, tendencia que ya había aparecido en los años 90 en algunos sectores de Izquierda Unida. Si durante la primera legislatura de Zapatero ya fue evidente que este pensamiento era vacío, limitado y caótico en su aplicación, la aparición de la crisis económica hacia el final de ese ciclo (concretamente en julio de 2007) hizo que todavía fuera más evidente la incapacidad del presidente del gobierno para gestionar el país. Cuando convocó elecciones anticipadas en 2011 era evidente que se había quedado completamente solo incluso dentro de su partido. Quien quiso redimir a la socialdemocracia mundial de su inadecuación ideológica, que desde el inicio de su segunda legislatura, se evidenció su parálisis y falta de reacción ante los problemas reales de la sociedad.

c. Consecuencias de la utopía zapateriana: la regularización masiva (I) Así empezó…

Este pensamiento enfermizo y situado fuera de la realidad cotidiana de una España que crecía a golpes de ladrillo y con la presencia de millones de turistas de medio y bajo poder adquisitivo, debía de engendrar un monstruo: la “regularización masiva” que se prolongó administrativamente entre febrero y mayo de 2005. Es cierto que Zapatero cuando se encontró en la Moncloa había heredado 800.000 inmigrantes ilegales llegados en los últimos dos años del período Aznar, pero la solución no era una regularización masiva, sino justamente lo contrario: una repatriación masiva que cortara el “efecto llamada” cuando ya empezaban a presentirse negros nubarrones en el sector de la construcción y resultaba evidente que la especulación inmobiliaria había llegado demasiado lejos y la burbuja se aproximaba a su estallido. Un lugar de eso, la regularización masiva, multiplicó el “efecto llamada”.

La “regularización masiva” estuvo mal planteada desde el principio y fue uno de los signos de que el nuevo gobierno estaba formado por “amateurs” con poca capacidad de gestión y un exceso de irresponsabilidad. No era sólo el presidente del gobierno el que estaba anclado en las nubes del dogmatismo en materia de inmigración, sino que el quehacer de su círculo más íntimo de colaboradores iba por los mismos derroteros. Rafael Caldera, aconsejado por Consuelo Rumi, fueron los responsables de la catástrofe en la que se convirtió aquel episodio. En agosto de 2004, cien días después de que Zapatero hubiera tomado posesión de su cargo, Consuelo Rumi anunció sorpresivamente que se iba a producir una regularización masiva. Tras muchos titubeos y rectificaciones, se anunció finalmente que el proceso tendría lugar entre febrero y mayo de 2005. El plazo entre el anuncio de la regularización y el inicio de la misma había sido tan extenso que generó un amplio efecto llamada incluso de inmigrantes ilegales radicados en Francia y Portugal que hizo que pasaron de la condición de ilegales a la de legales fueran reemplazados por la misma cantidad de nuevos ilegales generados durante el tiempo entre que se anunció el proceso y concluyó.

Los requisitos iniciales que se pedía eran: haber llegado a España antes de junio de 2004 y contar con un contrato de trabajo firmado de seis meses como mínimo. Inicialmente lo que preveía era castigar a los patronos que hubieran contratado a ilegales obligándoles al pago de las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. Naturalmente, la patronal no estaba dispuesta a pagar la factura, así que se negaron a aceptar estos términos… con lo que la factura de cuotas atrasadas de la Seguridad Social la pagaría todo el pueblo español. UGT y CCOO asintieron. Fue así como el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron el 10 de noviembre un acuerdo en torno al reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería que recogía una disposición transitoria para abrir un proceso de legalización de inmigrantes en situación irregular que contasen con un contrato de trabajo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estimó tras la firma del acuerdo que el proceso podría realizarse durante los meses de febrero, marzo y abril de 2005.

Lo que Caldera no estuvo en condiciones de decir es cuántos inmigrantes resultarían legalizados en esta operación. De hecho, sus “previsiones” oscilaron entre los 400.000 iniciales y los 800.000 previstos poco antes de iniciarse la regularización. Sin embargo, solamente en 2003, la UE estimó que habían entrado en España como mínimo 600.000, la mayoría ilegales. A estos se unirá el número de ilegales que entraron en los tres años anteriores de los cuáles solo un 30% habían resultado regularizados o entraron con papeles en regla. Inicialmente Caldera insistió en que la regularización sólo afectaría a extranjeros que ya se encontrasen trabajando en un intento de cortar las críticas susceptibles de argumentar que contra más trabajadores se legalizaran los salarios tenderían más a bajar. El contrato de trabajo que se requería como condición sine qua non para regularizarse debía estar firmado por empleador y trabajador de una duración de seis meses, aunque se recogía un tratamiento específico para trabajadores del sector de agricultura, hostelería y construcción, así como para el servicio doméstico.

Casi nadie estaba de acuerdo en que regularización se realizara en los términos en los que se hizo: los empleadores (la mayoría autónomos o pequeñas empresas) porque perdían la posibilidad de contratar a trabajadores ilegales y, por tanto, el precio de la mano de obra se les encarecía, los inmigrantes porque para acceder a una autorización de residencia y trabajo debían darse de alta del contrato en la Seguridad Social, lo que otorgaría una autorización de residencia durante un año a cambio de una merma en sus ingresos. Pero nadie había preguntado a la sociedad y ni siquiera el PSOE lo había hecho a sus electores a la vista de que en el programa electoral de 2004 no figuraba en lugar alguno alusiones a una regularización de ilegales. A la vista de que la patronal no había consentido pagar cuotas atrasadas, el reglamento que reguló el proceso no exigía demostración alguna de relación laboral previa entre empleador y empresario ni tampoco obligaba a éste último de pagar las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. En definitiva, y como norma general, terminó exigiéndose al extranjero en situación de ilegalidad que estuviera empadronado en España seis meses antes de la entrada en vigor del Reglamento y que presentase un contrato de trabajo, firmado por empleador y empleado, para otros seis meses.

En la práctica, parece claro que un inmigrante, por el mero hecho de haber llegado antes de junio de 2004 (¿cómo demostrar la fecha de entrada cuándo muchos inmigrantes la ocultaban y declaraban haber extraviado sus pasaportes, mientras que basaban sus pretensiones en documentos privados fácilmente manipulables?) y por el mero hecho de poder presentar un contrato de seis meses (¿y cómo evitar que el “empleador” argumente al día siguiente de la regularización del inmigrante que se ha visto obligado a despedirlo?) ya está regularizado por siempre jamás… Sólo al terminar el proceso se supo que el nivel de fraude había sido muy alto pero nadie se tomó la molestia de indagar el porcentaje.

Luego, la banca y las cajas de ahorro hicieron lo demás para situarse ante el abismo: a partir de esta regularización y viendo que la concesión de hipotecas a ciudadanos españoles había tocado techo, empezaron a percibir la inmigración como un nuevo “target” del mercado inmobiliario. Las cajas de ahorro, especialmente la CAM y la Caixa Catalunya, empezaron a ofrecer a inmigrantes recién regularizados hipotecas sobre el 120% del valor de tasación de inmuebles de ínfima calidad, pagaderas a 30 años con el único “aval” de contratos de 6 meses y permiso de trabajo. Los pisos vendidos en aquella época, por lo demás, estaban sobretasados entre un 30 y un 40% del valor de su valor real. La catástrofe que seguiría en el momento en el que estallara la burbuja inmobiliaria supuso una dramática vuelta al orden y el fin de las Cajas de Ahorro que más clientela inmigrante habían captado.

El gobierno había demostrado debilidad a pesar de que se obstinara en presentarla como “talante”. En lugar de repatriar sin contemplaciones al millón largo de inmigrantes que había entrado ilegalmente en España, empezando por los que hubieran cometido delitos en territorio nacional, el gobierno socialista, dogmático y timorato como pocos, lo que hizo fue ceder ¡porque el proyecto de sociedad multicultural y mestiza de Zapatero precisaba inmigración masiva sin considerar si la podíamos mantener, ni si tendrían acomodo en nuestro escuálido mercado de trabajo!

Esta tendencia a lo que entonces se llamó “la renuncia preventiva” fue una característica del gobierno Zapatero desde sus primeras semanas. La opinión pública española quizás no lo advirtiera pero quienes sí lo habían advertido fueron los dirigentes de las mafias paquistaníes de la inmigración. En los días posteriores a los atentados del 11-M disminuyó momentáneamente el flujo de inmigrantes; pero, poco después, la inmigración y los traficantes de carne humana, advirtieron los resquicios que dejaba abiertos la debilidad de ZP. Estas mafias -que en la región catalana siguen en importancia y actividad a las marroquíes- reaccionaron inmediatamente ocupando la Catedral de Barcelona en la peor infamia que recuerda la historia del lugar desde la violación del recinto por las tropas napoleónicas en busca de los patriotas barceloneses que no se resignaron a dejarse avasallar por “el francés”. Casi doscientos años después, las tumbas de los menestrales barceloneses sirvieron de urinarios, los bancos de la Cripta de Santa Eulalia y de la nave central, fueron apilados y colocados como barricadas dentro del Templo y, finalmente, la Sala Capitular en donde se encuentra el Cristo de Lepanto, se utilizó como basurero… El gobierno ZP y el “honorable” Maragall, en lugar de reaccionar con expulsiones inmediatas y encarcelamiento de los allanadores –porque, a la postre, era un allanamiento y algo más que un allanamiento si tenemos en cuenta el carácter sagrado del lugar para unos y artístico para todos– prometió que “revisaría la política de inmigración”. Esta fue la señal que convenció a las mafias de la inmigración de la debilidad que estaba injertada en el AND del presidente del gobierno, algo que ya habían intuido durante la campaña electoral.

A partir de ese momento, el “efecto llamada” se convierte en una constante. Cuando tiene lugar la ocupación de la Catedral de Barcelona, ya se estaba rondando la cifra de 4.000.000 de inmigrantes.
A estos 4.000.000 había que añadir los que se hicieron eco del “efecto llamada” desencadenado a partir de las declaraciones de Consuelo Rumi en agosto de 2004, cuando estableció las normas generales de lo que luego sería la reforma de la Ley de Extranjería que abrió la vía para la regularización masiva de febrero-mayo. Sobre este período no hay cifras oficiales. El Ministerio del Interior, insistió a lo largo de todo el año 2005 que había disminuido el flujo de inmigrantes ilegales. Pero, de hecho, son los únicos que se atrevían a afirmarlo apoyados en trampas estadísticas y discriminación entre legales e ilegales, comunitarios y no comunitarios. Sindicatos policiales, gobiernos autonómicos y municipales, servicios sociales, servicios sanitarios, sin excepción eran mucho más pesimistas: en 2005, 2006 y 2007 se ha disparado la inmigración masiva. De hecho, la regularización masiva no fue considerada ni por la inmigración, ni por las mafias, como una muestra de “generosidad” (tal como Zapatero pretendía), sino de “debilidad”. Y al débil se le obliga siempre a que realice más concesiones. La regularización convirtió la marejada en un alud incontenible, un “efecto llamada” redoblado, cuyos efectos duran todavía hoy.

d. El principal error del gobierno Zapatero

Zapatero no se daba cuenta al abrirse la regularización masiva el 7 de febrero de 2005 (ni probablemente lo haya comprendido en su ocaso político) que el ladrillo y la hostelería habían tocado techo y se aproximaban a su caída. El modelo económico generado durante el “aznarato” había dado de sí todo lo que podía haber dado: no era razonable seguir construyendo al ritmo que se estaba haciendo engordando visiblemente una burbuja especulativa que antes o después –era evidente- terminaría estallando. En lugar de poner el freno y buscar sectores económicos que reemplazaran a la construcción, en los años 2005, 2006 y 2007, en España se construyeron más viviendas que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Los precios (y las tasaciones) estaban hinchados entre un 20 y un 50%. Las cuotas de la hipoteca superaban el 40% de los ingresos de las familias jóvenes. Era evidente que aquella locura colectiva había tocado fondo.

Zapatero no lo advirtió, como antes Aznar tampoco advirtió que había creado el monstruo que terminaría devorando a nuestro país. Ambos se preocupaban solamente de las “cifras macroeconómicas” y estas eran extremadamente buenas. Había movimiento de dinero, el PIB, por tanto, subía, así pues ¿qué podía importar el resto? Zapatero se permitió bromear declarando que habíamos superado a Italia en PIB y que en breve superaríamos a Francia. Luego aludió a que nuestra economía estaba en la Champions y cuando, finalmente, las circunstancias ya empezaban a ser claramente adversas (noviembre de 2008) pataleó hasta poder acudir con sigla plegable a la reunión del G-20, foro de las mayores economías del mundo.

Salvo en puestos cualificados, en el resto y, particularmente en los niveles salariales más bajos, los trabajadores españoles (que representaban a los sectores sociales más débiles y vulnerables) empezaron a ser progresivamente desplazados por los contingentes procedentes de la inmigración. Este fenómeno era particularmente visible desde finales de los años 90 y cuando se llegó a la regularización masiva estaba claro para muchos de nosotros que se estaba excediendo con mucho las posibilidades de absorción del mercado de trabajo español, porque a poco que la construcción perdiera impulso, se iban a generar cientos de miles de nuevos parados en un país cuyo mercado laboral nunca tuvo una tasa de paro menor al 8%. Por tanto resultaban grotescas declaraciones como las que realizó el responsable de Inmigración de CCOO, Julio Ruíz, al leer el texto de la regularización masiva. Ruiz manifestó su "satisfacción por un texto que pretende la llegada de trabajadores extranjeros a España respondiendo a las necesidades del mercado laboral", porque si respondía a algún interés no era desde luego el de los trabajadores españoles entre los cuales el nivel de paro iba a subir brutalmente a partir de los primeros efectos de la crisis mundial de julio de 2007 cuya existencia no se reconoció en España hasta justo un año después. Porque si había alguien perjudicado por la regularización masiva fueron los trabajadores autóctonos en sus franjas salariales más bajas.

Zapatero no advirtió que el crecimiento económico español era ficticio y carecía de bases sólidas. El turismo podía cambiar en cualquier momento de gustos y los países del Este se presentaban como una alternativa sólida. La construcción no podía ir mucho más allá de donde había llegado en 2004, so pena de que la burbuja aumentase más allá de lo tolerable previo al consiguiente estallido. No se podía contratar mano de obra no cualificada y de forma creciente para trabajos agrícolas y al mismo tiempo permitir que cada vez la Unión Europea admitiera más frutas y hortalizas procedentes del Magreb.

Los años que medían entre 2005 y 2008 son los años en los que los factores que contribuirán a desencadenar la crisis más grande de nuestra historia van aumentando de volumen e intensidad. Alguién dijo a principios de 2009 que Zapatero ignoraba en realidad porqué crecía la economía y luego, al iniciarse la crisis, ignoraba porqué caía el ritmo de actividad económica. Un Estado tan complejo como el español no puede permitirse tener a su frente a un abogadillo de pocos pleitos, a un diputado mudo durante legislaturas que finalmente había resultado ser un dogmático iluminado ansioso de pasar a la historia por haber generado una mutación social en España. Hacían falta técnicos, expertos y profesionales cualificados con capacidad para ver más allá del día a día y advertir de las consecuencias de los rumbos que se estaban tomando… y con el valor suficiente para decir bien alto al presidente que estábamos más cerca del abismo. Pero ni Jordi Sevilla, ni Solbes, prácticamente los únicos técnicos cualificados que entendían algo de economía, estaban dispuestos a enfrentarse al “optimismo antropológico” de Zapatero. Así que callaron (Solbes continúa callado todavía cuando en 2007 vendió el 40% de las reservas de oro del Banco de España justo cuando el precio estaba más barato… al día siguiente de la venta, el precio empezó a aumentar y en eso sigue en el momento de escribir estas líneas).

Zapatero se fue deslizando solo y sin ayuda de nadie por la pendiente de lo irreversible: primer se agotó el superávit del Estado, luego se inició una loca carrera de emisión de deuda pública hasta que, finalmente, surgieron dudas sobre nuestra capacidad para poder pagarla. Era la antesala de la ruina. En 2005 se podía haber evitado, seis años después ya es prácticamente imposible. Sobre 6.000.000 de inmigrantes más o menos (excluyendo al 1.000.000 naturalizado español) apenas cotizan a la seguridad social 1.500.000 y en los mejores momentos han cotizado en torno a 2.000.000. Un país que en el mejor momento tenía un 8’2% de paro ¿verdaderamente precisaba inmigración masiva? Quien lo pensó –Aznar y Zapatero- deberían ahora responder a la pregunta clave: ¿qué hacemos con 6.000.000 de inmigrantes (más 1.000.000 de naturalizados) en un mercado laboral moribundo con un 20,2% de parados en el verano de 2011 y con unas perspectivas de recuperación del empleo que los más optimistas remiten a 2015 y los más pesimistas a 2021?

e. Regularización masiva en marcha (II) “Empadronamiento por omisión”

Mientras se prolongó la regularización el gobierno se vio obligado a rectificar las condiciones rebajando siempre las exigencias para intentar que todos los inmigrantes ilegales pudieran acogerse a la iniciativa.

Caldera entendió lo que quería decir el viejo adagio latino “tempus fugit”, cuando a un mes de la fecha prevista para el cierre de la regularización masiva, los expedientes presentados eran la mitad de los previstos. Fue en ese último sobresalto final cuando el gobierno empezó a dulcificar las exigencias necesarias para lograr la regularización hasta situarse próximo al “papeles para todos”. ¿Cómo cabe definir un proceso en el curso del cual cambian las condiciones requeridas en varias ocasiones? Nadie dudará que un proceso de ese tipo, es un proceso injusto en el que los primeros en presentar documentación deben hacer encaje de bolillos para cumplir lo exigido, pero los últimos se benefician de una tolerancia creciente. Hacia principios de abril de 2005, a un mes del cierre de la ventanilla, de los 800.000 inmigrantes esperados, solamente habían acudido a presentar documentación la mitad. A Caldera se le echaba el tiempo encima. A un mes del final del plazo de regularización, ya no había tiempo material para modificar el Reglamento de Extranjería y éste preveía que el único documento válido debía seguir siendo el certificado de empadronamiento. Había que estimular al resto a que se dieran prisa. Fue entonces cuando Caldera creó la grotesca figura del “empadronamiento por omisión”.

El gobierno aceptó que los inmigrantes no se hubieran inscrito antes del 8 de agosto de 2004 en el padrón municipal –tal como se exigía inicialmente- si un documento público prueba que residían antes en España. Era la excusa para salvar las bajas cifras de la regularización de inmigrantes. En la práctica, esto equivalía a que cualquier inmigrante que no estuviera inscrito en el padrón antes del 8 de agosto de 2004, pudiera aspirar a la legalización, si contaba con un pre-contrato de trabajo. A esto le llamaron “empadronamiento por omisión”. Los inmigrantes no empadronados debían acudir a los ayuntamientos, dotados de “documentos públicos fehacientes” que demostraran que habían llegado a España antes del plazo marcado. Los ayuntamientos debieron hacer constar en el certificado de empadronamiento la fecha de permanencia en España del extranjero. Así pues era cierto lo que nosotros decíamos desde 2002 sobre lo peligroso de tomar el padrón municipal como el indicativo infalible de los inmigrantes que se encontraban en España. Finalmente el gobierno reconocía lo que muchos le habíamos advertido antes: que muchos son los ilegales y no tantos los empadronados. Así pues, a la hora de la verdad, la inscripción en el padrón servía para poco o para nada. El problema que se planteaba a partir de entonces era que la fecha que figuraba en el certificado expedido por el padrón municipal era la fecha en la que se producía la inscripción… pero nunca la fecha en la que el inscrito llegó a España.

Los ayuntamientos consultados por los rotativos mostraron su perplejidad por la decisión del Ejecutivo. “El Mundo” se entrevistó con el director gerente de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, Felipe Baselga el cual explicó serenamente: «Pretenden que una Administración no competente certifique un hecho para el cual no tiene capacidad. Uno se da de alta en un registro en el momento en que presenta la instancia». Por su parte, el teniente de alcalde de Valencia, Vicente Igual, explicó que la iniciativa es imposible de ejecutar. «¿Cómo voy a realizar empadronamientos con carácter retroactivo? Eso no existe. Tendrán que sacar una nueva normativa y entonces, los servicios jurídicos decidirán», declaró.

Puestos a vulnerar leyes y razonamientos lógicos, el gobierno socialista se mostró insuperable. La Ley de Bases de Régimen Local especifica de forma clara la separación entre las funciones de los ayuntamientos y las del Ministerio del Interior. A éste último le compete el control de la permanencia en España de ciudadanos extranjeros. En absoluto a los Ayuntamientos, ni existía resquicio legal para atribuirles semejante responsabilidad.

La exótica figura del “empadronamiento por omisión” implicaba que a los funcionarios del padrón municipal, les tocaba decidir si los documentos aportados por los ilegales para inscribirse con carácter retroactivo eran verdaderos o falsos. Y, además, ¿qué documentos eran admisibles y cuáles no? La presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, realizó intensas gestiones para determinar si se admitían  documentos como la tarjeta sanitaria o el justificante de la escolarización de los hijos para emitir el certificado… pero, en teoría, estos dos documentos solamente podían expedirse a partir de la inscripción en el padrón municipal. Así que, o bien se hacía una “vista gorda” masiva, o bien el “empadronamiento por omisión” quedaba como una enésima rareza inútil a todos los efectos. 

A todos los efectos, el “empadronamiento por omisión” contenía un nuevo elemento sainetesco de confusión, más propio de la España de Rinconete y Cortadillo que de un Estado moderno. No se publicaron datos sobre cuántos inmigrantes se habían acogido a esta figura, pero lo cierto es que las cifras absolutas son suficientemente elocuentes. Pero restando de la cifra total de expedientes presentados al concluir el proceso, los expedientes presentados un mes antes, se obtiene una cifra que, en buena lógica, puede pensarse que corresponde con relativa exactitud al número de inmigrantes que se acogieron a esta figura. Los que tenían la seguridad de que podían presentar todos los papeles, ya lo habían hecho en las primeras semanas de apertura del proceso. Y distaban mucho de ser los previstos.

f. Un país alarmado por la inmigración, un gobierno generando el “efecto llamada”

En la siguiente encuesta del CIS, realizada tras el cierre de las ventanillas de admisión, en agosto de 2005, más de la mitad de los españoles creían ya que había “demasiados inmigrantes”, confirmándose como el segundo principal problema después del paro. Para un 40% de los ciudadanos se trataba del primer problema. La encuesta demostró que un 85% opinaba que lo más adecuado era permitir la entrada sólo a los inmigrantes con contrato de trabajo y que el 33% de los 2.500 entrevistados juzgaban que los inmigrantes eran "bastantes, pero no demasiados", sin embargo para el 59,6% eran "demasiados". Sólo un 3,5% opinaba como el gobierno, que eran “pocos”.

Había otra respuesta interesante en aquella encuesta: a la pregunta de si un extranjero debía ser expulsado del país si cometía un delito grave, el 80% de la población contestó afirmativamente frente a la mitad de los encuestados que se inclinaba por esta medida ante la comisión de cualquier tipo de delito, grave o no. Tampoco se le había pasado al 47% de la población que los sueldos bajaban a causa de la llegada de inmigrantes otro 68% opina que su presencia "perjudica más las perspectivas económicas de los españoles pobres que la de los ricos".

La encuesta no era producto del desconocimiento sino de las relaciones que el 65,5% reconocían haber tenido con inmigrantes (un 64,4% en el ámbito laboral, el 47,7% en el vecindario y el 55,3% como amigos. Pues bien, a pesar de esas cifras que expresaban el sentir de la opinión pública, los inmigrantes siguieron afluyendo sin contratos laborales previos y los delincuentes nacidos en el extranjero no fueron expulsados ni tras haber cometido delitos graves, ni después de cientos de delitos leves… El gobierno seguía negándose a salir de sus posiciones utópicas y dogmáticas en el tema de la inmigración y se trataba de un tema tabú que no se podía cuestionar en el interior del PSOE so pena de que quien lo hiciera fuera arrojado inmediatamente al ostracismo.

A dos años de haberse perpetrado –por que es la palabra que mejor le cuadra-, la regularización masiva de febrero-mayo de 2005 se percibía como una de las mayores “metidas de pata” que haya podido cometer José Luis Rodríguez Zapatero no solamente dentro de España sino en los fotos internacionales, especialmente procedentes de la UE. En una Europa sin fronteras, lo que entra por un extremo puede alcanzar cualquier país. La ligereza de uno acarrea problemas para todos. Los líderes europeos censuraron la ligereza de Zapatero y Caldera. A dos años de aquella regularización, estábamos en condiciones de percibirla como la recta final del gigantesco caos migratorio que sólo se redujo en parte con el estallido de la gran crisis económica. En el verano de 2007 había más inmigrantes ilegales de los que había en 2005. Y nos aproximábamos aceleradamente a los seis millones de inmigrantes. Mucho más de lo que podíamos asimilar y muchísimo más de lo que necesitaba nuestra economía y de lo que podía soportar nuestra sociedad. No es raro que la regularización insensata costara el cargo a Jesús Caldera que fue desterrado del gobierno Zapatero y, a la vista de los buenos servicios prestados hasta entonces, se le diera la responsabilidad de dirigir la “fundación de fundaciones” del PSOE que, para más ironía dio en llamarse “Fundación Ideas”…

Lo más sorprendente de la regularización masiva era que se había colocado el listón tan bajo que, en la práctica, equivalía a un “papeles para casi todos”, tal como el programa de Zapatero para la secretaría general del partido establecía en el año 2000: un programa que los españoles nunca votaron.

g. Doctrina Zapatero: “integrarse sin perder la raíz”

La regularización masiva “había puesto el contador a cero”, tal como dijo Caldera a finales de octubre de 2005. De tanto en tanto, y dado que el gobierno en aquellos primeros meses de gobierno, empezaba a ganarse fama de debilidad, Caldera procuraba simular energía y decisión. Decía, por ejemplo: “Quiero que quede claro que quien haya entrado en España después del mes de junio de este año no va a poder acogerse a esta medida”… evidente, porque se acogía a otra no menos irresponsable: la “regularización por arraigo”. En cuanto a las inspecciones en las empresas y las sanciones a quienes hubieran contratado a ilegales fueron poco menos que nulas.

En el primer año del gobierno Zapatero, Jesús Caldera era, sin duda, el ministro que aparecía con más frecuencia en los informativos. Cualquier declaración que hiciera sobre la próxima regularización masiva   generaba más y más dudas sobre el futuro. En febrero de 2005, se le oyó reflexionar sobre la integración de los recién llegados: “Los inmigrantes deben integrarse sin perder su raíz”. Loable voluntad que, sin embargo chocaba con el fracaso de todas las políticas de inmigración en toda Europa. ¿Hay algún motivo que permita pensar que en España se va a poder operar la ansiada integración? En realidad no; es más, la diferencia de España en relación a otros países de Europa es que el gobierno Zapatero había demostrado debilidad, improvisación y desconocimiento del tema. El 10 de noviembre de 2004, por ejemplo, el gobierno resolvió que el Islam se enseñaría en las escuelas públicas a quien lo solicitara... mientras que la religión católica era excluida. La diferencia esencial entre ambas religiones es que la católica es la tradicional en España, mientras que nuestro país se forjó, precisamente en la lucha contra el Islam.

Estimular la enseñanza del Islam es la fórmula ZP para que los inmigrantes se integran “sin perder su raíz”, es decir, alimentando su raíz. Una raíz que, en el caso de los islamistas tiene algunos elementos anticonstitucionales: los islamistas -todos- admiten la poligamia (cuatro esposas en todos los casos), la poligamia está penada en nuestro Código Civil. Los islamistas -todos- admiten la teocracia como forma de gobierno. Nuestra constitución es laica. Los islamistas –objetivamente- subordinan la mujer a la tutela y tiene el estatuto de una la propiedad del varón. La constitución considera a la mujer igual al varón. Los islamistas predican la guerra santa… Estos sin contar con que determinadas tradiciones islámicas regionales practican actos tan absolutamente despreciables, crueles, miserables y depravados, como la ablación del clítoris. ¿Es esto de lo que Caldera cuando alude a “integrarse sin perder su raíz”?

Caldera decía estas palabras cuando participaba en Groningen (norte de Holanda) en la primera Conferencia Ministerial de Inmigración, organizada por la presidencia holandesa de turno de la UE. A poco de concluir esta conferencia, justo en Holanda, y Theo van Gogh era asesinado por un comando terrorista islámico-marroquí y el pueblo holandés se echaba a la calle protestando contra la intolerancia islámica. No era el mejor augurio para ir y predicar la integración de los que no desean integrarse.

Caldera defendió en aquella memorable ocasión que puede combinarse la integración del inmigrante en el país de acogida con el hecho de que no quede aislado de sus raíces. Lamentablemente no explicó cómo hacerlo, ni dónde se ha realizado una integración de este tipo. Ejemplos de buenos resultados de integración no existen en lugar alguno. A menos que se considera un buen resultado la situación que vive Francia actualmente en la que los inmigrantes magrebíes se han enseñoreado de 1200 “zonas urbanas sensibles” de Francia, Esta calificación era un intento de dulcificar lo que la década anterior se llamaron zonas de “non droit”, donde ya no rigen los derechos y obligaciones de la Francia republicana. A Caldera, para rematar su “histórica” alocución solamente le faltó el pequeño detalle de señalar un solo ejemplo, uno y no más, en donde se haya operado esa balsámica y mirífica integración.

En aquel momento, Holanda era el país sobre el que recaía el semestre de presidencia comunitaria. Una de los principios básicos enunciados por la presidencia holandesa era que los inmigrantes tienen que implicarse en los principios básicos que guían la UE, como el respeto de los Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia. Lamentablemente todos estos bonitos deseos se formulaban sin antes haber tenido la precaución de consultar lo que pensaban los inmigrantes. A estas alturas nadie podía dudar de que el Islam, en general, incluso el más tolerante, solamente es sólo compatible la futura constitución europea y con las constituciones nacionales de los Estados europeos, a costa de traicionarse a sí mismo: en efecto, el Islam rechaza el laicismo, piedra clave de la ordenación jurídica europea, rechaza la igualdad hombre-mujer, rechaza la monogamia y así sucesivamente. Tarik Ramadan, agitador islamista francófono de cierto renombre por su habilidad a la hora de buscar coartadas exculpatorias para la comunidad islámica, lo explicaba públicamente ante la TV  “Los islamistas no tienen ninguna objeción a la legislación europea…”; solo ante sus alumnos islamistas, en privado, añadía la coletilla inevitable: “…mientras esta legislación no se oponga al Islam”… que es como decir, no tengo inconveniente en la tributación fiscal, salvo que me toque a mí pagar impuestos. Maestro en el arte del doble lenguaje, Tarik Ramadán y su escuela, solamente conservan su crédito ante tontos rematados que se niegan a reconocer la diferencia radical entre el Islam y la cultura europea. La debilidad, la desidia y la falta de energía, cuando se une a la estupidez es doblemente deletérea. Resulta inevitable pensar en Zapataro, Caldera, Rumi y demás “estrategas” del gobierno.

h. La “regularización por arraigo” (III) o los beneficios de la ilegalidad

Ahora quedaba responder a otra de las preguntas claves: ¿Qué ocurrirá con los no regularizados? Caldera, como Rumi o el propio Zapatero, nunca hablaron de repatriaciones: lo que implica reconocer, en buena lógica que, pocos meses después se produciría otra acumulación de ilegales y la consiguiente nueva regularización. Para evitarlo, la “reforma Caldera” introdujo una nueva figura: la regularización por arraigo que partía de la base de que al cabo de tres años de que un ilegal hubiera conseguido entrar en España defraudando a la Ley de Extranjería, era recompensado con la regularización, a diferencia de un inmigrante escrupuloso con la legalidad vigente en España que hubiera pedido en el consulado español de su país el permiso de trabajo y residencia aportando todas las condiciones exigidas por la ley y del cual que jamás tenía la seguridad de cuándo le iba a responder la administración española. La regularización por arraigo era simplemente una regularización masiva continua y que jamás se detendría. Una puerta abierta para todos los ilegales, un efecto llamada permanente y sin fin que haría que siempre, a lo largo de los años del zapaterismo posteriores a la regularización masiva existiera un bolsa de entre 800.000 y 1.000.000 de ilegales: tantos se regularizaban “por arraigo”, tanto otros más entraban por las fronteras.

La gravedad de esta situación llegó a ser tal que en el último reglamento de extranjería fue necesario, con un mercado laboral que había superado el 20% de paro, reducir el tiempo de estancia en situación de ilegalidad de tres años a dos para recibir el permiso de residencia. ¿Cómo actuó el zapaterismo en materia de inmigración a lo largo de sus siete años y medio de estar en el poder? Justamente, siempre, en dirección contraria a cómo debería de haber actuado, parecía que tal fuera la norma del gobierno desde la regularización masiva de 2005 hasta la publicación del Reglamento de Extranjería en 2011.

i. Las vicisitudes de una regularización de opereta

En las primeras tres semanas de regularización masiva se habían presentado 48.000 solicitudes, cifra que según el inefable Caldera, estaban “por encima de las previsiones del gobierno”. ¿Por encima de las previsiones? Aun pensando que este ritmo se mantendrá en los próximos dos meses, se está muy lejos de los 900.000 ilegales previstos en septiembre del 2004, o de los 800.000 previstos en enero del 2005, o de los 600.000 previstos en agosto del 2004. Realmente ¿podemos hablar de previsión “con fundamento” (que diría Arguiñano)?

Lo peor vino cuando un becario enviado por una diario madrileño, preguntó ingenuamente al ministro cuál era el perfil de las “empresas” que estaban ofreciendo contratos a ilegales que les permitieran regularizarse. Caldera tragó salida, puso la más convincente de sus miradas y respondió como pudo: la mayoría de los regularizados pertenecen al servicio doméstico, es decir, no hay patrono, se trata de inmigrantes que deberán cotizar como autónomos. Los obreros agrícolas, de la construcción y de hostelería, apenas habían pasado por ventanilla. Pero, además, hay que tener en cuenta que entre el sector del servicio doméstico el fraude es mayor que en cualquier otro: en estos momentos se están ofreciendo 1000 euros e incluso 2000, para conseguir que españoles presenten la documentación fraudulenta, alegando que necesitan “mayordomo”, “babysister”, “jardinero”, “asistenta” o acompañante para abuelota… una parte no desdeñable de estas documentaciones (que Caldera ha evaluado en un 5% y que nosotros elevamos al 20%, basados en el testimonio de un familiar muy directo que fue contratado para recibir documentación) eran fraudulentas y tendrán como único efecto, regularizar a inmigrantes que ni cotizarán jamás a la SS, pero sí se beneficiarán de permiso de trabajo (de un trabajo que jamás encontrarán) y de residencia.

En esa misma rueda de prensa celebrada a mediados de febrero de 2005, Caldera estuvo particularmente sembrado cuando reconoció que el proceso de regularización estaba siendo “un éxito”… a pesar de que en Ceuta y Melilla, en donde hay más inmigrantes ilegales por metro cuadrado que en ningún otro lugar de Europa… no se hubiera presentado ninguna documentación.

¿Qué estaba pasando? Algo muy sencillo: los empresarios no habían entrado al trapo de la legalización, entre otras cosas por que las empresas más sólidas que contaban con inmigrantes entre su personal, se trataba de inmigrantes ya legalizados. Quienes contrataban a inmigrantes ilegales eran pequeñas explotaciones agrícolas y pequeñas empresas del sector de hostelería y construcción. Y estos prefieren despedir a sus trabajadores inmigrantes, recurrir a los de siempre para cubrir las plazas y no buscarse problemas. No es raro que en la primera semana 10.000 inmigrantes presentaran los papeles, pero los sindicatos calcularan que 12.000 habían sido despedidos esa misma semana por sus empresas… Otro problema añadido era la fenomenal confusión que existía sobre la regularización y lo que implicaba para los patronos. En el mismo momento en el que Caldera lanzaba su perorata, estaban corriendo los más diversos rumores, nunca desmentidos por el gobierno, que eludía cualquier pedagogía y, aun a pesar de que entre el anuncio de las medidas (agosto del 2004) y su aplicación (febrero del 2005) había mediado casi medio año, el gobierno en ningún momento se creyó obligado a realizar explicaciones de ningún tipo.

Todo ello había llevado a un fenomenal enredo del que el gobierno empezaba solo a ser consciente en este momento, con la regularización ya en marcha:

- en la segunda semana del proceso de regularización parecía difícil que lograran legalizar su situación más allá de 350.000 ilegales. Si la regularización superó esta cifra se debió a que en el curso de la misma se fueron suavizando las condiciones.

- de estos 350.000, probablemente el 20% se tratará de regularizaciones fraudulentas, obtenidas mediante la entrega de documentación amañada.

- sin embargo, los inmigrantes seguían entrando a una media de 3000 al día por todas las fronteras, ninguna de las cuales estaba siendo reforzada en la práctica, pues, no en vano, el gobierno negaba una y otra vez que la regularización hubiera activado el efecto llamada.

- esto llevaba a un aumento de la bolsa de ilegales de…. 300.000 más, mientras durase la regularización. 600.000 si empezamos a contar desde el mes de septiembre de 2004 cuando se desencadenó el fenómeno.

- en diciembre de 2005 se habrá cumplido la mayor migración realizada en la historia: desde el 14 de marzo de 2004 hasta esa fecha habrán entrado en España un millón de ilegales aproximadamente.

El 7 de mayo, cuando concluyó el proceso regularizador, lo único que quedaba por digerir era el gigantesco fracaso cosechado y esperar los sucesivos tirones de orejas de nuestros socios europeos: el efecto llamaba había logrado lo que parecía imposible, que desde el anuncio de la regularización hasta su cierre, habían entrado en España más ilegales de los que habían resultado regularizados en el curso del proceso.

j. El mito de la “integración”

Caldera, acompañó sus ruedas de prensa sobre la regularización masiva con declaraciones que le resultaban más agradables de realidad. Decía en aquellos días: “Los inmigrantes deben integrarse sin perder su raíz”. ¿Se había logrado esto en algún país de Europa? En absoluto. ¿Había algún motivo que permita pensar que en España se iba a poder lograr este anhelo? Sí, la debilidad del gobierno ZP. La “integración” constituía el leit motiv del gobierno que repetía sin cesar. Se trataba de llegar a ese punto que había definido Caldera “integrarse sin perder raíces” lo que traducido quería decir llegar a la cuadratura del círculo.

En el otoño de 2004, Zapatero realizó un guiño significativo de cara a la inmigración islámica: no se enseñará en las aulas religión católica –la tradicional de nuestro país- pero si, en cambio, se enseñará islam a quienes lo soliciten en lo que podría ser definido como un laicismo asimétrico. Esa es la única forma en la que los inmigrantes islámicos se “integraran sin perder su raíz”: bastaba con alimentar su raíz… Una raíz que, en el caso de los islamistas es anticonstitucional al admitir la poligamia (cuatro esposas en todos los casos), penada en nuestro Código Civil. O admitiendo la teocracia que aceptan todas las corrientes del Islam, algo de difícil encaje con nuestra constitución laica. Por no hablar de la situación de subordinación de la mujer islámica en relación al marido, tutelada por el varón y propiedad de éste… en un país cuya constitución considera a la mujer igual al varón. Y, sin olvidar,  naturalmente el que los islamistas predican la guerra santa y buena parte del Islam africano aprueba y recomienda la más odiosa práctica pre-islámica, la ablación del clítoris. ¿Es esto a lo que aludía Caldera como “integrarse sin perder su raíz”?

Caldera decía estas palabras cuando participaba en Groningen (norte de Holanda) en la primera Conferencia Ministerial de Inmigración, organizada por la presidencia holandesa de turno de la UE. A poco de concluir esta conferencia, justo en Holanda, el periodista Theo van Gogh era asesinado por un comando terrorista islámico-marroquí y el pueblo holandés se echaba a la calle protestando contra la intolerancia islámica. Caldera defendió en aquella infausta ocasión que podía combinarse la integración del inmigrante en su país de acogida con el hecho de que no quedase aislado de sus raíces. En su angelical percepción del fenómeno de la inmigración veía el mundo compuesto por seres iguales y homogéneos como iguales y homogéneas eran todas las culturas, y por tanto serían compatibles. Las experiencias que en aquellos momentos tenían lugar en distintos países europeos indicaban que la “integración” había fracasado en todas partes en donde se había intentado, empezando por los países más tolerantes y liberales, Holanda, por ejemplo. Exactamente un año después, en noviembre de 2005 tendría lugar la intifada en los suburbios franceses y aun habría que esperar seis años más para que el Reino Unido se incendiara en agosto de 2011. ¿Dónde se ha operado esa balsámica y mirífica “integración”? Zapatero y Caldera confundían los tópicos que hasta esos momentos habían manejado sobre la inmigración como si se tratase de realidades sociológicas cuando no eran más que ficciones destiladas desde los laboratorios de la UNESCO.

Una de los principios básicos enunciados durante el turno de presidencia holandesa de la UE fue que los inmigrantes tienen que implicarse en los principios básicos que guían la UE, como el respeto de los Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia. Pero, a estas alturas nadie puede dudar de que el Islam, en general, incluso el más tolerante, es sólo compatible con la futura constitución europea y con las constituciones nacionales de los Estados europeos, a costa de traicionarse a sí mismo: en efecto, el Islam rechaza el laicismo, piedra clave de la ordenación jurídica europea, rechaza la igualdad hombre-mujer, rechaza la monogamia y así sucesivamente. Tarik Ramadan, líder islamista francófono lo explicaba ante la TV “Los islamistas no tienen ninguna objeción a la legislación europea” y, solo ante sus alumnos islamistas añadía: “mientras esta legislación no se oponga al Islam”… que es como decir, no tengo inconveniente en la tributación fiscal, salvo que me toque a mí pagar. Maestro en el arte del doble lenguaje, Tarik Ramadán y los que son como él, solamente mantienen hoy credibilidad ante “buenistas” rematados del jaez de los Caldera y ZP.

k. Regularización masiva (IV). El “día después”.

Cuando terminó el proceso de regularización se habían presentado 700.000 solicitudes de las cuales la mayoría fueron aprobadas sin un análisis en profundidad (no había funcionarios en número suficiente para ello). Caldera, exultante, explicó que a partir de ese momento solamente quedaban 100.000 ilegales en España. Se equivocaba o simplemente mentía. Caldera había cogido como cifra de referencia el número de ilegales que se suponía existían en España en el verano de 2004… pero en aquellos momentos, según los sindicatos policiales, estaban entrando en España 2.000 al día, lo que daba una cifra de 700.000 nuevos inmigrantes ilegales en un año. En otras palabras: lo comido por lo servido, se habían regularizado, justo los inmigrantes que habían entrado desde el 14 de marzo de 2004.

En enero de 2004, en Catalunya existían 700.000 inmigrantes de los cuales 350.000 eran ilegales. Tras la regularización se conocieron las cifras que afectaban a Catalunya donde se habían regularizado 140.000 ilegales, esto es, menos de la mitad. A esto había que añadir los que llegaron a Catalunya en 17 meses: como mínimo 150.000. Aunque todos los niveles administrativos evitaran dar cifras concretas e indubitables, lo cierto es que en la calle se percibía un aumento desmesurado de la inmigración en aquella autonomía. El fracaso de la regularización masiva fue absoluto ¡solamente se había regularizado a un tercio de la inmigración ilegal realmente existente en aquel momento! El resto, simplemente ni siquiera había presentado la documentación exigida en la medida en que era consciente de que no cumplía las condiciones requeridas en la regularización.

Pero había una cifra extraordinariamente preocupante que podía deducirse del desfase entre las cifras de Trabajo e Interior y las cifras de altas en la Seguridad Social. El 50% de los regularizados tenían que ver con el servicio doméstico, un 0% con las grandes empresas, un 20% con los trabajos en el campo y un 30% con la pequeña empresa. En teoría, al menos 350.000 regularizados deberían haberse dado de alta inmediatamente en la SS, en el régimen de autónomos… pero se dieron 40.000. Faltaba 660.000 cotizantes ¿dónde estaban? Esa era la gigantesca bolsa de fraude…

Antes de la regularización la tarifa pagada por un contrato de trabajo falso ascendía a 1.000 euros, al iniciarse el proceso ascendió a 2.000 y al finalizar ya había alcanzado los 3.000. El inmigrante pagaba y ofrecía pagar la seguridad social durante 3 meses… Sorprendentemente, nos hemos enterado de que buena parte de las regularizaciones corresponden a puestos de trabajo de “mayordomos”… catalogación profesional tras la que se esconde casi un 100% de fraude que corresponde a varones, fundamentalmente magrebíes. Bastaría comprobar los ingresos de los “contratantes” para advertir que la inmensa mayoría no tenían ingresos que permitieran pensar en que están en condiciones de contratar a un “mayordomo”…

Cuando llegamos al mes de diciembre de 2005, la cifra de ilegales superaba ampliamente el 1.000.00 de personas. El proceso no había servido para nada. En cuanto a los 700.000 regularizados, dejando aparte el fraude indeterminado pero que se pensaba era alto, los que efectivamente estaban trabajando lo hacían habitualmente con contratos temporales, a tiempo parcial y por el salario mínimo interprofesional. Tal como preveía la ley, dos años después de su regularización, los inmigrantes podían pedir “reagrupación familiar” lo que hizo aumentar extraordinariamente la cifra de inmigrantes a partir de 2006, inmediatamente antes de que estallara la gran crisis económica. Aun sin crisis, la reagrupación familiar implicaba un esfuerzo para los servicios de asistencia social, escolarización y orden público. En otras palabras, ya por entonces y aun antes de que hubiera estallado la crisis los costes de la inmigración eran muy superiores a los ingresos que reportan. O dicho de otra manera: las pensiones de los abuelos no quedan aseguradas por la inmigración, sino que, precisamente, ¡peligraban a causa de la inmigración! La inmigración solía cotizar por las franjas salariales más bajas (habitualmente, una parte del salario se pagaba en negro). Dando por supuesto que el sueldo medio debía oscilar en torno a los 1.000-1.200 euros/mes, de los que una media de 250 volvían a su país en forma de remesas, el inmigrante generaba un IVA no superior a los 100 euros/mes cifra muy inferior a los costes medios de sanidad y de educación de sus hijos.

Ni siquiera se había acabado el “trabajo negro” del que el gobierno Zapatero solamente volvió a preocuparse cuando el déficit público empezó a ser insoportable y el Estado precisaba de más ingresos. Tampoco en esta segunda ocasión se logró sacar a la superficie la inmensa bolsa de trabajo no declarado y de defraudación fiscal. A pesar de que Caldera declarase que la regularización había sacado la mayor bolsa de trabajo negro de la historia de España, una vez más se equivocaba o quería engañar. La mayor parte de talleres clandestinos eran (y siguen siendo) propiedad de inmigrantes, jefes mafiosos, para los que trabajan en régimen de esclavitud gentes de su misma nacionalidad que han contraído deuda con los primeros. El inmigrante interesaba a las pequeñas empresas propiedad de autóctonos a causa del ahorro que suponía en costes de SS, cuando esa ventaja se hubo acabado, el inmigrante fue despedido o simplemente se le rebajó el sueldo ¡salvo en los talleres clandestinos propiedad de capos mafiosos chinos, magrebíes o pakistaníes en donde siguió trabajando a causa de los lazos mafiosos o clientelares que unían a trabajador inmigrante con el patrón inmigrante!

l. De la “reforma Caldera” a la “reforma Corbacho”

Que la actual Ley de Inmigración precisaba una reforma en profundidad era algo que estaba fuera de toda duda. Debió llegar el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración para que se operase esta reforma en forma de proyecto de nuevo reglamento. Las biografías oficiales de Celestino Corbacho no explican cuál era su titulación y sus méritos para ser nombrado ministro de “trabajo”. Se sabe dónde nació, se sabe donde vivió pero no se dice en lugar alguna cuál era su titulación académica y probablemente no se trataba de una ausencia interesada, sino que, simplemente, no existía. A fin de cuentas no era el único ministro del zapaterismo que carecía de titulación relacionada con el ministerio al que había sido llamado a ocupar; los había peores: Trinidad Jiménez ministra de exteriores después de suspender dos veces el acceso a la Escuela Diplomática y antes ministra de sanidad, por supuesto, sin los más mínimos conocimientos médicos como su sucesora Leyre Pajín; sin hablar, por supuesto, del amigo íntimo de Zapatero, José Blanco llevado a uno de los ministerios claves de un país, Fomento, avalado por un modesto título de COU. En el caso de Corbacho, al menos, tenía un 50% de méritos bien ganados para alcanzar el puesto de titular de un ministerio cuya segunda actividad era… “inmigración”.

En efecto, entre 1994 y 2008, Corbacho había sido alcalde de Hospitalet de Llobregat una ciudad con un cuarto de millón de habitantes de los que 65.000 son inmigrantes (más del 25%). A pesar de las tensiones vecinales que soportó la ciudad en 2002-2003, Corbacho logró que la situación no se descontrolase (a pesar de que en varias ocasiones estuvo cerca del estallido). El 31 de mayo de 2005, tres chavales resultaron apuñalados en Hospitalet por bandas étnicas latinas. Dos años antes en varios parques de la ciudad se habían producido violentos incidentes e incluso manifestaciones vecinales a causa de la actuación de bandas étnicas en varios espacios públicos de la ciudad. Corbacho había actuado en todos estos casos con relativa habilidad, especialmente quitando hierro, ocultando la situación real de los barrios a los medios de comunicación y haciendo de bombero en unas ocasiones y en otras asumiendo el papel de avestruz. Justo esta actitud de cabeza visible de una ciudad multiétnica hizo que Zapatero le llamara para bregar sobre todo en materia de “inmigración” y mucho menos en materia de “trabajo”, los dos frentes del ministerio.

Corbacho era un tipo aparentemente dialogante que, por lo demás, siempre daba la cara y no delegada el dar malas noticias en sus subordinados. Tuvo mala suerte: durante su mandato las tasas de paro se dispararon y suerte tuvo si no se produjeron estallidos étnicos. En este frente –inmigración- su actuación hubiera pasado completamente desapercibida –lo que no es mal asunto para un ministro- de no ser porque recibió el encargo de redactar un reglamento de inmigración que, en realidad, constituía la enésima reforma de la ley de extranjería. La redacción de este reglamento tenía como finalidad mantener en lo posible el “efecto llamada” en tiempos de crisis. Y, por supuesto, está suponiendo una nueva catástrofe en materia de inmigración.

Durante el 2008, 461.889 inmigrantes, según los datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, se desplazaron a vivir a territorio español. Esto ocurría en plena crisis. Antes, cuando la crisis se perfilaba, en 2007, habían entrado 701.023 inmigrantes. El año anterior, 2006, fueron 587.000. Y así sucesivamente: desde 1997 hasta 2008, ha entrado inmigración a una media de 500-700.000 por año.

Por mucha ingeniería social, concesiones aceleradas de nacionalidad española, enmascaramiento y maquillaje de las cifras reales de inmigración, aludiendo en ocasiones a “inmigrantes legales”, en otras a “inmigrantes empadronados”, pero siempre eludiendo la suma de “inmigrantes legales + inmigrantes ilegales empadronados + inmigrantes ilegales no empadronados”, lo que daría la cifra total que hasta 2004 el PP evitaba dar y que el PSOE se negó también siempre, lo cierto es que, en estos momentos, deben residen en España 7.000.000 de inmigrantes, de los que 1.000.000 ya ha obtenido la nacionalidad española.

La “osadía” del Reglamento español se enfrentaba directamente con la Directiva Comunitaria que prolongaba el plazo de detención preventiva de ilegales durante año y medio, la reforma Corbacho solamente la amplía de 40 a 60 días… En junio de 2008, durante las discusiones para una política comunitaria común, cuando la crisis hacía un año que se había enseñoreado de los mercados internacionales y empezaba a sacudir al mercado de trabajo español con dureza, Diego López Garrido, Secretario de Estado para la Unión Europea, bloqueó la intención franco-alemana de prohibir en el ámbito de la Unión Europea las “regularizaciones masivas”, afirmando con una seriedad pasmosa que España necesitaría mano de obra cuando pasara la crisis y que no podían atarse las manos… lo que implicaba decir que, el gobierno no había extraído consecuencias del fracaso brutal de la regularización de 2005, aquella que tenía como objetivo acabar con todos los ilegales y con el “trabajo negro” y no tendría el más mínimo inconveniente en repetir aquel desastre. Esta incapacidad para prever la realidad futura, esa permanente confusión entre una percepción fantasiosa e irreal del futuro y la triste y miserable realidad que tenemos ante la vista, ha sido una constante del zapaterismo, casi criminal y, desde luego, suicida.

Todos los analistas reconocen que en períodos de crisis las zonas más deprimidas tienden a generar flujos de inmigración más intensos que en períodos de bonanza económica. Y, poco importa que el país receptor de estos flujos se encuentre también en crisis: el inmigrante no es un economista, le basta con saber que aquí en Europa hay seguridad y asistencia social, servicios gratuitos y una salario mínimo de inserción que traducido a su moneda local es, simplemente, espectacular: y todo ello por estar. Así pues, se trata solamente de alcanzar lo que, desde el Tercer Mundo, se percibe como la sociedad de la opulencia. Luego, una vez aquí, ya se verá… Tal es la mentalidad con la que está llegando la inmigración y eso explica porqué incluso en tiempos de crisis sigue llegando a inmigración a Europa. No es, desde luego, como se decía en tiempos de “vacas gordas” porque en los países pobres están pendientes de nuestro desarrollo económico y vienen a donde perciben que hay trabajo; por esta misma lógica, la inmigración debería conocer que la crisis económica es particularmente dura en España y en EEUU, los países que en la actualidad tienen una mayor tasa de recepción de inmigrantes y, por tanto, si llegaran con intención de trabajar se orientarían hacia otros países. El problema es que, en realidad, viene para disfrutar de nuestro sistema asistencial. Hace treinta años, en el curso de una entrevista, un joven tunecino preso por tráfico de cocaína en París nos comentaba: “Se vive mejor en La Santé –la prisión de París- que en mi país en la calle”. Se hubiera podido decir más alto pero no más claro”.

El anteproyecto del reglamento fue adelantado –como no podía ser de otra manera- por El País. Como todo lo que ha ocurrido bajo el zapaterismo se trata de un conjunto de medidas inconexas elaboradas de cara a la galería más para respondes a las exigencias reales de un país abrumado por la crisis. La reagrupación familiar sufría algunas limitaciones… lo que, en principio sería normal, queda desdibujado por el articulado: la reforma equipara las parejas de hecho al cónyuge a efectos de reagrupación, lo que, en la práctica implica que cada inmigrante legal podrá traer a otro acogiéndose a la reagrupación y sea o no su cónyuge.  Para colmo, el cónyuge y los hijos mayores de 16 años llegarán ya con permiso de trabajo automático… justo en esta época en la que el primer problema del país es que, precisamente, falta trabajo. ¿Sería posible redactar una ley más de espaldas a la realidad? Sí, vean sino el resto de puntos “reformados” de la Ley de Extranjería.

Han hecho falta diez años para que el gobierno español advirtiera que entre un 5 y un 20% de los matrimonios celebrados en España en los que una de las dos partes es inmigrante son fraudulentos y no tienen otra finalidad más que regularizar la situación de un ilegal. Le ha hecho falta al zapaterismo cinco años de ejercicio para actuar contra las contrataciones de ilegales. Hay que esperar a la aplicación de esta ley para que todo esto se resuelva con multas de 100.000 euros para penar las contrataciones de ilegales y los matrimonios simulados… que irán a parar a empresas o sujetos declarados insolventes de partida. 

Dado que el 80% de los inmigrantes entrar ilegalmente, hay que… reconocerles los derechos, en lugar de repatriarlos; tal es el espíritu del reglamento. Por primera vez en la historia de España la vulneración de una ley implica el reconocimiento de un derecho. Como si ser detenido en un control de carreteras con dos copas de más, hiciera acreedor al conductor de ser obsequiado con una degustación de Cava o de Rioja… Los derechos propuestos en la futura reforma serán: derecho de asistencia jurídica, derecho de entrada de las ONGs a los centros de internamiento, derecho de educación a los menores de 18 años, derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación… ¿Es este el camino para resolver el problema más grave de nuestra sociedad? Si las situaciones de ilegalidad y las vulneraciones de la ley tuvieran como contrapartida la concesión de derechos ¿en que se basaría el respeto a la ley?

Las costuras de nuestra sociedad no van a soportar la doble tenaza formada por una situación económica cada vez más angustiosa y, sin esperanzas de que pueda invertirse la tendencia a medio plazo, y una presencia cada vez más masiva de inmigrantes que contribuyen a agravar la crisis: el peso muerto de la estancia de 2/3 partes de los inmigrantes residentes en España, lo estamos pagando todos los ciudadanos.

En situación de bonanza económica, se podía perder el tiempo discutiendo sobre mitos que nunca han funcionado en Europa: “integración”, “multiculturalidad”, “mestizaje”, “sociedad pluriétnica”… conceptos que allí donde se han aplicado, en modelos de democracia, han fracasado rotundamente. Pero los períodos de bonanza económica tienen eso: que es el tiempo de los diletantes y se puede discutir interminablemente sobre el sexo de los ángeles. Ese tiempo ha concluido: la brutalidad de la crisis ha desplazado el tiempo del bizantinismo y de los experimentos multiculturales “avanzados”. Estamos en un período de apretarse el cinturón y reducir el gasto público. Nuestra sociedad no va a poder soportar por mucho tiempo el peso de más de 4.000.000 de inmigrantes que no constante como afiliados a la seguridad social, es decir, que no trabajan, ni cotizan, pero si consumen beneficios y ayudas sociales ¡4.000.000!

Para colmo, Toxo, el nuevo secretario general de CCOO estrenó cargo con una sorprendente declaración en la que lamentaba que el gobierno “acotara las reagrupaciones familiares de los extranjeros”, añadió que “no se puede tolerar la injusticia que el Gobierno ha cometido”… La “injusticia” consistía en abrir un poco más las puertas a la inmigración, facilitar y estimular la entrada de mas inmigrantes en España, cuando la crisis económica y nuestras tasas de paro la habían ralentizado en relación a 2007 y 2008. Los puntos esenciales del reglamento que suponían una reforma de la Ley de Extranjería eran:

-    Hoy, los padres y abuelos pueden reagruparse con sus familiares residentes en España. La reforma prevé que esta posibilidad quede restringida a los que llevan 5 años en España y tengan autorización permanente.

-    La reagrupación solamente será aplicable en caso de familiares en línea ascendente (hijos), pero no padres ni abuelos. En contrapartida se concederá a los reagrupados la carta de trabajo. Los mayores de 65 años podrán ser reagrupados con sus familiares.

-    El tiempo de internamiento de ilegales se aumenta de 40 a 60 días… pero dista mucho de los 18 meses que prevé la directiva europea recientemente aprobada.

-    Se reconocen los derechos constitucionales a los inmigrantes ilegales que incluso llega a poder asociarse, reunirse y sindicarse, además, por supuesto, de gozar de todos los beneficios sociales como ya gozan hoy.

-    El gobierno “fomentará” –pero no “obligará”–  el aprendizaje del castellano y de las lenguas autonómicas, punto que hay que interpretar asumiendo que el gobierno destinará ingentes cantidades de fondos a esta materia (que irán a parar a los “amigos” del gobierno) y que la medida no servirá absolutamente para nada.

En el curso de la elaboración del reglamento y a la vista de que se había generado una nueva bolsa de inmigrantes ilegales que oscilaba en 2010 entre 800.000 y 1.000.000, es decir, que existía un desfase creciente entre los ilegales que iban llegando y la “regularización por arraigo” que al cabo de tres años de residir vulnerando la Ley de Extranjería los transformaba automáticamente en legales, fue preciso introducir en el articulado un nuevo elemento: la reducción de tres a dos años de ilegalidad para recibir el permiso de residencia y, especialmente, de trabajo… mucho celo en que la inmigración reciba este documento en un momento en el que el mercado laboral está literalmente pulverizado.

El Real Decreto 557/2011 aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. El zapaterismo no se resignaba a desaparecer por el basurero de la historia sin dar un penúltimo paso para generar una sociedad multiétnica y multicultural, fiel a su proyecto dogmático inspirado en el humanismo-universalismo expandido por la ONU y la UNESCO.

m. Bandas latinas.-  El año 1997, los titulares de la prensa española, de tanto en tanto, registraban las noticias sobre la eclosión de las bandas latinas en Nueva York, pero estaban muy lejos de imaginar que la recién llegada inmigración ecuatoriana se iba a convertir en el foco difusor en nuestro país del mismo fenómeno. Repasando aquellas noticias algunos advertimos por primera vez nombres y siglas que apenas seis años después se iban a popularizar en nuestro país: los Latin Kings, La Familia, los Bloods, los Salvatruchas, etc.

En 2002 se empezó a detectar la presencia de “bandas latinas” (en realidad bandas étnicas compuestas por jóvenes inmigrantes originarios de países andinos y caribeños) en España. Hasta ese momento, la violencia juvenil que había llegado con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, era una violencia aislada que procedía de grupos de delincuentes sin vínculos orgánicos. Ni el fenómeno se había previsto, ni se tomaron medidas ni nadie tenía la más mínima intención de reconocer la gravedad a la detección de los primeros núcleos organizados. Hay que recordar que en julio de 2002, Aznar no solamente negaba que hubiera aumentado la inseguridad ciudadana, sino que atribuía esa sensación muy extendida en la sociedad, a una percepción errónea de la inmigración. Ciertamente, al iniciarse el otoño de ese año, Aznar había rectificado y establecido medidas para contener el aumento de la delincuencia que ese verano se hizo demasiado evidente como para poder negarlo, pero ni desde la presidencia, ni siquiera desde el ministerio del interior, se había aludido hasta entonces a las “bandas latinas”. De hecho, no se aludió a ellas en medios oficiales hasta un año después, cuando a principios de 2004, ya estaban extendidas por toda la geografía nacional y, desde luego, en todos los puntos en donde existían comunidades iberoamericanas fuertemente asentadas.

Antes de 2003, las autoridades policiales y, particularmente, los grupos antiatracos, ya percibían el cambio que se estaba operando en la delincuencia organizada. Uno de sus mandos precisó: “Proliferan las bandas de origen suramericano, especialmente chilenos -como la desarticulada en el marco de Operación Sahara, desarrollada en el mes de junio, en la que fueron detenidos cuatro individuos acusados de seis atracos- y colombianos -como la que cayó el pasado mes de julio en la calle de Rafael Finat del distrito de Latina- que vienen con documentación cubana para evitar ser extraditados”. Así mismo, los responsables policiales estaban sorprendidos por la premeditación y frialdad con la que suelen actuar las bandas suramericanas: tras seleccionar y estudiar el objetivo, distribuyen las funciones de los integrantes del grupo. Pero, de entre todos los grupos de delincuentes, los colombianos llamaban poderosamente la atención.

Hasta mayo de 2003, la opinión pública tenía la sensación de que, de toda la delincuencia iberoamericana que actuaba en España, la colombiana era la única peligrosa. En 2001 había aumentado ya alarmante e inexplicablemente el número de homicidios en Madrid. Hasta el mes de junio de ese año se había registrado, solamente en la región de Madrid, 33 homicidios, frente a 26 en el mismo período del año 2000 0 18 en 1999. El problema había ido aumentando un 25% cada año. Casi siempre, los titulares que daban cuenta de estos sucesos hablaban de “ajustes de cuentas”. Leyendo la letra pequeña de los artículos se podía saber que estos “ajustes de cuentas”, habitualmente entre ciudadanos de origen colombiano se debía, casi exclusivamente, al tráfico de cocaína. Desde finales de la década de los 90, la Guardia Civil había puesto contra las cuerdas a los narcotraficantes gallegos, cuyas estructuras habían saltado por los aires. En ese mismo tiempo, los carteles colombianos empezaron a desconfiar de los gallegos, especialmente por razones económicas: sus beneficios eran exorbitados, así que los colombianos decidieron asumir la totalidad del negocio, ellos mismos traerían la cocaína a España y ellos mismos se encargarían de su distribución. Así lo hicieron y así empezaron a ajustar cuentas con aquellos peones que, por unos u otros motivos, defraudaron a los carteles colombianos. Por lo demás, hay que decir que el grueso de la comunidad colombiana no era particularmente conflictiva, habían venido a trabajar honradamente a España y eso era lo que estaban haciendo. Una ínfima minoría, había criminalizado a toda una comunidad… eran los riesgos de no practicar una política selectiva de inmigración, tanto a la salida de Colombia como a la entrada en España.

Así pues, en mayo de 2003, la delincuencia “hispana” se identificaba con los narcos colombianas que operaban en nuestro país. Pero las bandas latinas, en ese momento ya se estaban organizando y extendiendo especialmente por la Comunidad de Madrid. Históricamente, el primer incidente en el que salen a relucir “bandas latinas” tiene lugar el 27 de febrero de 2002, en el instituto de la calle Maqueda en Aluche en donde dos grupos de estudiantes se enfrentaron en una riña multitudinaria. A un lado ecuatorianos y colombianos, al otro madrileños. Los incidentes habían comenzado días antes cuando los ecuatorianos y colombianos amenazaron a un estudiante madrileño, lo agredieron luego al salir de clase. La víctima presentó denuncia en comisaría.

Como es habitual, las autoridades, en este caso la Consejería de Educación, negaron la importancia a los incidentes alegando que los episodios de violencia no son habituales en este instituto… Pero los padres de los alumnos españoles opinaban otra cosa: las peleas entre estas dos bandas venían de lejos. Vecinos del barrio añadieron incluso que la mayoría de ecuatorianos y colombianos que participaron en los incidentes no eran estudiantes del centro. Llovía sobre mojado, en cualquier caso, por que existían seis denuncias policiales contra estos grupos. Y uno de los estudiantes que no participó en la pelea describió la pelea como una riña « entre suramericanos y españoles, pero nada fuera de lo normal». En 2002 “nada fuera de lo normal”. Por su parte, la policía también desmintió a la consejería de educación, afirmando mediante un portavoz que en numerosas ocasiones debieron intervenir en el centro para evitar peleas entre chicos: «Son riñas entre estudiantes de distinta nacionalidad que afortunadamente no llegan a ser graves y que suelen sucederse, casi siempre, a la salida del instituto», añaden. «En muchas de las intervenciones nos avisan los propios profesores que han oído como los chicos se citaban para pegarse», agregó. Así pues, en 2002, las autoridades autonómicas madrileñas practicaban la habitual política del avestruz: negar la evidencia creyendo que hacerlo así evitaría que el conflicto saliera a la superficie.

Hacia mediados del 2006, un sector de los Latin Kings parecía dar síntomas de “debilidad”. Muchos de ellos habían resultado detenidos, buena parte de sus círculos estaban desarticulados y, precisamente porque habían crecido extraordinariamente, dentro de estos grupos no todos veían las cosas de la misma manera, ni estaban dispuestos a sacrificar lo mismo. Por otra parte, algunas esferas autonómicas, especialmente en Catalunya, sostenían la necesidad de hacer algo parecido a lo que se había hecho en EEUU en los tiempos de Giuliani: romper a las bandas latinas, ofreciendo a los sectores más “sensibles” la legalización a cambio de la inmunidad por los delitos cometidos hasta entonces. Esto supondría una merma en sus efectivos. Por otra parte, una de las condiciones –no confesadas, por supuesto- para entrar en la legalidad era informar a la seguridad del Estado de quienes estaban cometiendo los crímenes que a partir de ese momento se produjeran.

Esta estrategia se puso en marcha en Catalunya impulsada por el ayuntamiento de Barcelona a principios de marzo de 2005. El gobierno municipal de la Ciudad Condal permitió la reunión “semiclandestina” de 200 delegados de los Latin King de toda España para valorar las posibilidades de legalización, y por tanto, de alejamiento de cualquier actividad delictiva. El impulso venía del ayuntamiento de Barcelona que exigía para reconocerlos legalmente cuatro puntos: insertarse en la sociedad española, abandonar la violencia, dejar la clandestinidad y reconciliarse con las bandas rivales, especialmente los ñetas, con los que existía un proceso paralelo de regularización.

Aquello provocó solamente algunas retiradas de dirigentes del grupo en busca de subvención, pero la mayoría no les siguió e incluso recientemente, en el momento de escribir estas líneas se han recrudecido las actividades delictivas del grupo.

En marzo de 2006, según fuentes policiales, solamente estaban en activo cuatro “capítulos” de los Latin Kings en Madrid que agrupaban a unos cincuenta activistas.  Desde el mes de septiembre de 2004 la policía había identificado solamente en Madrid a 400 miembros de la banda, muchos de los cuales ya estaban en prisión o procesados. El informe era altamente optimista porque indicaría que las bandas estaban prácticamente desarticuladas. Se añadía que los máximos dirigentes de la banda en España habían sido detenidos. Y así era, en efecto: Eric Javier Velastegui Jara, el jefe máximo de la banda, estaba a punto de ser juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid, tras ser acusado de un delito de robo, otro de detención ilegal y otro más por agresión sexual por hechos ocurridos en mayo del 2003, justo cuando las bandas latinas salieron a la superficie. Pero el informe policial callaba algunas cosas.

Los cuatro capítulos de la banda implantados en la región (dos capítulos en Carabanchel -Capítulos Viracocha y Azteca-, otro en Galapagar -el Capítulo Chicago-, y otro en Villalba -el Capítulo Wolverine-, además del capítulo femenino –Amazonas- sin ubicación geográfica concreta) seguían gozando de buena salud y, tras la crisis de crecimiento inicial que se produjo entre 2003 y 2004, a pesar de las detenciones y de algunos abandonos, especialmente de miembros que todavía no estaban regularizados, seguían manteniéndose frescos como rosas (y como sus espinos).

Además, se estaba produciendo un fenómeno todavía más peliagudo. Dado el aumento sin precedentes de la inmigración andina en España (y que no tiene comparación con el seguido en ninguna parte del mundo, ni siquiera en EEUU, en donde han llegado contingentes sólo ligeramente superiores para una población seis veces mayor…), las bandas latinas habían crecido extraordinariamente, incluso antes de que sus líderes pudieran estructurarlas de tal forma que no perdieran el control sobre ellas. Además, al haberse generado una presión policial efectiva, habían aparecido, un poco por todas partes, individuos con la “estética” propia de las bandas latinas pero que, sin embargo, no estaban adscritos a la dependencia de ninguna. Simplemente, actuaban por su cuenta, sin ningún tipo de control.

Esto era lo que permitía al ayuntamiento de Alcorcón afirmar con una seriedad pasmosa en enero de 2007 que “no existían bandas latinas en la ciudad”… efectivamente, ni existían Latin Kings, ni Ñetas, ni Salvatruchas, etc, sino que existían delincuentes desorganizados, provistos de la misma estética y, lo que era peor, que se limitaban a copiar las prácticas de estos grupos. Por que lo cierto era que en Alcorcón no existirían bandas latinas organizadas, tal como decía el ayuntamiento local, pero no era menos cierto que cientos de latinos cobraban peajes para utilizar parques públicos e imponían su ley en las canchas de baloncesto. No es que existieran solamente tres bandas organizadas, sino que además de ellas existían decenas de grupos locales y, lo que era peor, una tendencia a actuar localmente como lo estaban haciendo las bandas organizadas en otras zonas.

El movimiento de las bandas latinas se había atomizado y solamente en 2010 volvió a estar reconstruido sobre bases nuevas. Al carecer los grupos organizados de fuerza suficiente para arrastrar e incorporar a los grupos locales, éstos, simplemente, actuaban independientemente sin recibir instrucciones ni atenerse a ninguna disciplina. Así mismo, habían desechado los rituales, la mística y la dinámica interna de las bandas organizadas, pare quedarse solamente con el estilo exterior (la vestimenta) y las formas delictivas (robos, coacciones, pago de “peajes”, etc.).

En este contexto, la legalización de las bandas latinas era un recurso táctico, como lo era la presión policial, pero no iba a ser la solución a los problemas. Los incidentes de Alcorcón en enero de 2007, lo demostraron ampliamente. Por otra parte ¿es moral la “legalización” de grupos de delincuentes, justo para que dejen de serlo? No está claro. En el fondo, la legalización no consistía en otra cosa que en “comprar” a los dirigentes más proclives a ser “comprados”, ofrecerles el señuelo de subvenciones y prebendas para desmovilizarlos. Esto tenía una parte buena (amputar del movimiento a algunos sectores, los más oportunistas, sin duda), pero tenía una parte negativa: la “compra” era demasiado evidente… así que para desmovilizarlos a todos, había que “comprarlos” a todos. Y, a la vista de que el número de andinos residentes en España iba creciendo constantemente, utilizar esta estrategia resultaba imposible a corto plazo. Además, había que reconocer que un Latin King legalizado es como una hiena que ha renunciado a sus colmillos. Lo esencial de las bandas latinas es el proceso mediante el cual se integra a sus miembros: para entrar en la banda es preciso realizar algún acto delictivo que demuestre la lealtad y el compromiso del neófito a la banda. Así pues, por definición y por iniciación, todo Latin King es un delincuente por el mero hecho de serlo.

Esto no impidió que el 31 de julio de 2006, el tripartito catalán, a través de su departamento de justicia inscribía a la “Organización Cultural de Reyes y Reinas latinos de Cataluña” con el número 32929/1. Las instituciones catalanas consideraron el acto de la inscripción como el primer paso para lograr la integración y asimilación de los adolescentes latinos. La asociación se había constituido con fecha 7 de mayo con “objetivos sociales”: el fomento de las relaciones interculturales, la promoción de la educación en valores de defensa de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos, y el favorecimiento de la participación de los jóvenes de cualquier nacionalidad en actividades de formación profesional y cultural, social y deportiva. Era la coronación a los esfuerzos iniciado en noviembre de 2004 por el Ayuntamiento de Barcelona. La nota periodística que daba cuenta de la legalización añadía la clave del asunto: “Una vez comiencen a desarrollar sus actividades sociales, la asociación podría beneficiarse de subvenciones públicas si reúne los requisitos para ello”. La legalización fue saludada con cierta euforia por las autoridades (aunque no estaba muy claro si la euforia se debía al hecho en sí o a que ese mismo día empezaban las vacaciones estivales). Harina de otro costal fue la reacción de los Mossos d'Esquadra que se limitaron a reaccionar con «prudencia» advirtiendo que pese a este paso por la legalización de las bandas latinas, seguirá existiendo un grupo dentro del cuerpo de la Policía autonómica que estudie el comportamiento y haga el seguimiento de este colectivo.

Realizada la experiencia en Catalunya quedaba ahora extrapolarla al resto de España. Y aquí aparecía otro problema, porque en realidad la inmigración latina en Catalunya era minoritaria en relación a otros grupos desde que en los años noventa, el gobierno de Jordi Pujol decidió priorizar la inmigración magrebí a la latina por motivos lingüísticos (los latinos hablaban castellano y no se esforzarían en aprender al catalán, mientras que los magrebíes si podían asumir ese esfuerzo para comunicarse con los catalanes…). La clave de la cuestión no se encontraba en Barcelona, sino en Madrid en donde en marzo de 2006 ya se habían identificado a más de 1.200 jóvenes vinculados a estos grupos. Además, en Madrid, la presión policial se había demostrado extraordinariamente eficaz

Además de los cuatro capítulo de los Latin Kings (con 150-170 activistas cada uno), en Madrid operaban dos grupos de Ñetas, además de los Dominican Don't Play, los Forty Two y los Trinitarios. Hasta ese momento, los más golpeados por la policía habían sido los Latin Kings,cuyo máximo dirigente en la Comunidad de Madrid, King Wolverine (Rey Lobezno), había sido detenido disminuyendo la actividad delictiva de la banda. A pesar de que daba la sensación de que estaba disminuyendo la actividad de los Latin Kings, lo cierto es que, globalmente, seguían produciéndose extorsiones a la población y amenazas a quienes querían abandonar la banda. Lo más llamativo era que desde enero de 2006 no se habían vuelto a producir choques entre distints bandas latinas, tan habituales hasta entonces. Esto era considerado como un síntoma de vuelta a la normalidad, cuando apenas indicaba otra cosa que una distribución de zonas de influencia pactada. Cuando se preguntaba en Madrid a los responsables policiales encargados del seguimiento de las bandas latinas, qué les parecía la legalización de los Latin Kings en Catalunya, ninguno quería valorarlas desde el punto de vista policial, alegando que se trataba de cuestiones “políticas”.

El 29 de mayo de 2007, la Generalitat del segundo tripartito, siguiendo con su política de legalización, dio la luz verde a la asociación de Ñetas con el número 34144/1 con el nombre de “Asociación Sociocultural, Deportiva y Musical de Ñetas”. Tiene gracia que también aquí, los medios, comentando la noticia y reproduciendo las declaraciones de la autoridades de la Generalitat, volvieran a destacar especialmente, lo que ya habían destacado al legalizarse los Latin Kings: “Una vez comiencen a desarrollar sus actividades sociales, la asociación podría beneficiarse de subvenciones públicas si reúne los requisitos necesarios”...

¿Cuál es el problema? En realidad, ninguno, siempre es bueno que, aunque sea por una vía subsidiada, el menor inmigrante se integre en la sociedad de acogida. Ahora bien ¿bastará un simple subsidio a una asociación cultural y a sus dirigentes para integrar a toda una comunidad? El ayuntamiento de Barcelona tomó como referencia la política de Rudolf Giuliani en Nueva York para vencer a las bandas latinas: la zanahoria por un lado (legalizar a los legalizables) y el palo por otra (presionar policialmente al resto). La primera táctica ha sido adoptada entusiasticamente por las autoridades políticas (y percibida con recelo por autoridades policiales) según el “modelo americano”… pero no era a América hacia donde había que haber mirado, sino a la vieja Europa, especialmente a Francia en donde esta política ya se había aplicado sobre lo que allí se llama las “bandas étnicas”, fracasando estrepitosamente. La “intifada” de noviembre de 2005 en Francia selló el fracaso absoluto de esta política. Cuando se subvenciona la integración, lo que se está haciendo es generar una red de intereses que aspira a vivir de la teta del Estado. Si hay que subsidiar la integración, es que ya no es integración, sino “compra”. Los inmigantes españoles en Francia y en Alemania no recibieron ni un franco ni un marco para integrarse en una sociedad en la que, por lo demás, cuando llegaron a esos países, ya estaban próximos. No hay mejor integración que la que se genera espontáneamente. Por eso somos altamente pesimistas ante las posibilidades de integración de quienes no aspiran a integrarse más que para disfrutar de subsidios.

El 23 de febrero de 2011 una sentencia condenaba a tres años y medio a Jara Velastegui (que se sumaban a otras condenas anteriores), José Fabricio Icaza Lazo, alias 'El Príncipe, y a dos años a la número tres de la banda, María Torres Olivers, La madrina o Queen Maverick, por un delito de asociación ilícita. Jara Velastegui, ecuatoriano, había llegado a España en 1999 para reunirse con su madre. Tras unos meses en España, regresó a su país, donde se reunió con King Jean, jefe de los Latin Kings en Ecuador, quien le autorizó a organizar la banda en España, cosa que hizo el 14 de febrero de 2000 en Galapagar. Velastegui está en la cárcel desde mayo de 2003 por varios delitos, el más grave una violación, y desde allí seguía dirigiendo la banda, llamada Sagrada Tribu América Spain (STAS, sección de los Latin King en el municipio de Collado-Villaba). La sentencia explicaba que los Latin constituyen una organización "directamente orientada" hacia la "violencia interna" sobre sus miembros para mantenerlos sometidos, y la "violencia externa" contra bandas enemigas, especialmente Los Ñetas. En 2007, la Policía y la Guardia Civil estimaban que los Latin Kings contaban con 615 integrantes en España.

El 14 de junio de 2011, nueve pandilleros de la banda, fueron detenidos en Barcelona, acusados de apuñalar, golpear y dejar seriamente herido a un joven de 20 años que quería abandonar la banda. El grupo, de entre 15 y 32 años, atacó a su víctima el pasado 23 de abril, cuando todos asistían a una fiesta en un domicilio. Y eso que en Barcelona cinco años antes habían “negociado” su transformación de una asociación cultural…

Nacidos durante el gobierno de Aznar, la historia de los Lating Kings como la de otras bandas andinas y caribeñas demuestra que solamente las políticas de fuerza pueden contenerlas. Ahora, en 2011 ya puede hablarse de los fracasos cosechados en la política de “integración” que se intentó llevar desde Cataluña. La actividad de todas las bandas latinas, después del período fundaciones, se ralentizó directamente cuando sus núcleos originarios fueron desarticulados (2005, año en el que cometieron, como mínimo, cinco asesinatos). En los tres años siguientes, las bandas se atomizaron y, siempre relacionados con la delincuencia, tardaron en reorganizarse. Cuando lo hicieron (hacia 2008) las fuerzas de seguridad del Estado ya estaban desbordadas por los distintos frentes abiertos por la delincuencia llegada de fuera. En el momento actual da la sensación de que la batalla se ha perdido.

n. El País de las Tres Culturas

A partir de 1992, empezó a popularizarse el slogan de “España, país de las tres culturas”, y por ellas se entendían no la cristiana, la greco-latina y la indoeuropea, sino la cristiana –lo cual es correcto- la islámica –lo cual ya es mucho más discutible- y la judía. Se presentaba, no a España, sino a Al-Andalus, es decir, a la idea que los islamistas se hacen de nuestro país, como un lugar de tolerancia, convivencia e idilio intercultural. Es posible que el slogan surgiera de malos lectores de Américo Castro y de peores políticos a la búsqueda de una idea “progresista” que vender a falta de algo mejor. El caso es que, aquellas aguas trajeron estos lodos y del mito de la “España, país de las tres culturas”, surgió la nefanda y pervertida idea del “diálogo de civilizaciones” (como si las civilizaciones dialogaran y no fueran los civilizados a quienes cupiera tal honor y habilidad).

Jamás hubo un “país con tres culturas”; mejor dicho, hubo varios, la cuestión es que, lejos de convivir armoniosamente, cada cultura maldijo a las demás. Y, si se nos apura, algunas culturas despreciaron más a otras. No se puede decir que la cultura islámica haya sido particularmente tolerante, ni fértil –salvo honrosas excepciones- en los ocho siglos de presencia en nuestro solar. Y, en cuanto a la judía, si es cierto que demasiado frecuentemente, a partir del siglo XIII, fue más yunque que martillo, pero cabría añadir que en las estrofas del Talmud no se encuentran precisamente llamamientos a la tolerancia, sino justamente al desprecio más absoluto del “goim”, esto es, del no judío.

Nuestro país ha sufrido un proceso de falsificación histórica que se inicia en el último tramo de los años setenta, cuando cualquier localista podía retorcer la historia en beneficio propio, sin que nadie opusiera el más mínimo reparo, so pena de ser tildado de franquista y ridiculizado como “fundamentalista visigodo”. La falsificación flagrante que el nacionalismo periférico hizo de nuestra historia, abrió las puertas a cualquier otra falsificación ulterior, desde el lanzamiento del mito de las “tres culturas”, hasta el movimiento por la recuperación de la “memoría histórica”, es decir, de una memoria hemipléjica. Porque aquí, pecados, lo que se dice pecados, los cometieron las dos partes y no es el caso ahora, elucidar cual de las dos fue más culpable.

Un eminente arabista e hispanista, R.I.Burns, escribe en su obra Los mudéjares de Valencia: “a pesar de la asimilación recíproca y pacífica convivencia de cristianos y musulmanes, una aversión profunda dividía a ambos pueblos. Este sentimiento fue, no solo más allá de las actitudes convencionales o expresiones de desprecio mutuo, sino incluso más allá de la hostilidad que se podía esperar que provocarían las diferencias religiosas: refleja un antagonismo básico de culturas en una posición clásica de conflicto. Tal antagonismo tomó, finalmente, forma violenta en las revueltas y asaltos a las aljamas mudéjares que afectaron a todo el Reino de Valencia hacia el 1275 (…) Para comprender este fenómeno no resultan muy útiles los conceptos modernos de tolerancia/intolerancia o de raza o patriotismo nacionalista frente a la amenaza de revuelta”.

El bachillerato del franquismo nos lo ocultó, quizás por aquello de “nuestra tradicional amistad con los árabes”, pero el caso fue que en el 729, dieciocho años después de que Tarik y Muza cruzaran el estrecho y se desplomara el Reino Visigodo de Toledo, tuvo lugar un episodio repugnante que no contribuye en mucho a afianzar la idea de la convivencia entre dos de lastres culturas de la España medieval. Ese año, en una sola noche, fue exterminada toda la nobleza hispano-visigoda de Toledo, a traición y por la espalda. Amrus bin Yusuf, gobernador de Talavera, recibió la orden de liquidar a la nobleza toledana sobre la que recaía la sospecha de que antes o después terminaría sublevándose. El episodio es relatado con minuciosidad por Evariste Leví-Provençal. Con esa duplicidad de intenciones que ha “topificado” al islamismo, bin Yusuf llegó a Toledo aparentando buenas y loables intenciones. Reunió a los nobles y les propuso que residieran en el interior de un castillo que él mismo construiría en el noroeste de la ciudad. Cuando concluyó la construcción, Abderramán pasa cerca de Toledo y bin Yusuf y los notables salen a su encuentro y le invitan a visitar la ciudad. Abderramán acepta y Yusuf invita a la nobleza toledana al convite. Uno a uno, a medida que van penetrando en el recinto, son llevados por el estrecho pasadizo que bordea el foso de donde se ha extraído la tierra para construir las murallas. Ahí, uno a uno, son degollados. Displicentemente, los esbirros de Yusuf los dejan caer al foso muertos o agonizantes en lo que se convertirá en una fosa común. Los islamistas de Hispania acababan de inventar la “limpieza étnica”.

Pues bien, desde la “noche de las fosas” hasta la guerra de las Alpujarras en el siglo XVI, pasando por la represión de Hixen II contra los cristianos o las reiteradas técnicas de “limpieza étnica” de los “djuns” (milicias armadas de la aristocracia árabe) en el tiempo de Abdelramán III (siglo X), puestos en la balanza los pros y los contras del mito del “país de las tres culturas”, parecen dar la razón a los “negacionistas” por mucho que les pese a los Antonio Gala del Manuscrito Carmesí (Al-Andalus, el paraíso perdido) o a los Ropp y Calamar autores en comandita de La España árabe, legado de un paraíso.

Todas estas obras son altamente tributarias del libro de Américo Castro “La Realidad Histórica de España”. Por que Américo Castro se equivoca cuando dice: “las tres religiones, ya españolas, conviven pacífica y humanamente”. O bien: “es imposible separar lo español y lo sefardí” o “Tan españoles son los unos como los otros todavía en aquella época”, citas extraídas de La Realidad Histórica de España. Para comprender por que Américo alude a “los españoles” en el siglo XIV hay que leer otra de sus obras, Sobre el nombre y el quien de los españoles, no carente de aspectos interesantes, pero erróneo en este aspecto que nos ocupa ahora. De todas formas, no es solamente Américo Castro quien se equivoca sino también Toynbee el cual niega connotaciones racistas al Islam. Y las tiene. Vaya que si las tiene.

A quien diga que siempre subsistieron importantes comunidades mozárabes en Toledo, Mérida, Córdoba o Sevilla, también es rigurosamente cierto que en el siglo XII, los cristianos de Málaga y Granada fueron deportados en masa a Marruecos y expoliados de todos sus bienes. Y sin olvidar que entre el 850 y el 859, los cristianos cordobeses sufrieron una dura persecución (con la decapitación de San Eulogio). En toda Al-Andalus los cristianos fueron objeto continuado de condena moral. Dice el sevillano Ibn ‘Abdun: “Debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y somitas”. Y acto seguido pide que se circuncide a los nacidos cristianos. En la Granada nazarí se martirizaron a franciscanos durante en 1397 durante el reinado de Enrique III, que habían ido a predicar la fe cristiana en aquella zona.

Es habitual entre los notables musulmanes alterar sus genealogías para mostrarse como descendientes del Profeta o bien, simplemente, para promocionarse socialmente. Esto sin olvidar las dificultades puestas los las autoridades islámicas a las uniones entre islamistas y no islamistas. De hecho se recuerda a la secta “ajnasí”, como una rareza, precisamente porque autorizaba tales matrimonios. Hay jurisconsultos islámicos que llegan a negar el derecho a permanecer en territorios no musulmanes, dado el riesgo que corren de contraer matrimonios mixtos. La práctica coránica establece el concepto de kafa’a, según el cual el matrimonio aconsejable es aquel en el que existe igualdad social entre ambos cónyuges. Y precisamente por eso, una cónyuge musulmana, jamás puede ser “igual” a un esposo que no lo sea. Ahora bien… un varón musulmán si puede casarse con una mujer que no lo sea, dado que, como recuerda Fanjul, “por ser su condición masculina garantía de una superioridad que no permitirá, por ejemplo, que los hijos adopten otra fe distinta de la islámica”. Al racismo se une el machismo.

Pero el racismo islámico se observa especialmente en relación a las etnias negras africanas. Ciertamente, el esclavismo de los siglos XVIII y XIX, no figura entre los capítulos más luminosos de la historia de Europa, pero, puestos a revisar la historia, habría que añadir que estos esclavos eran capturados por traficantes árabes que habían conquistado territorios en África Central. El hecho de que los negros sean considerados como situados en el escalón más bajo de la escala social y, por tanto, la unión de una musulmana con un negro repugne a la conciencia islámica, se evidencia en el episodio de Las Mil y Una Noches, en la que un “negro bueno” es recompensado al final de su vida ¡volviéndose blanco en el momento de la muerte!, o la historia de los reyes Sahzaman y su hermano Sahriyar en la que sus esposas fornican con negros.

Ciertamente hay alguna obra clásica musulmana en la que se defiende a los negros. Por ejemplo en Elogio de los negros frente a los blancos de al-Yahiz, cuyo título, precisamente, evidencia ciertas connotaciones racistas. Es, de todas formas, una excepción. Lo más habitual es considerar a los negros en los términos que hace al-Maydani en sus Proverbios Árabes, uno de los cuales dice: “Como el negro, cuando tiene hambre, roba, y si se sacia, fornica”. Y no encontraríamos la menor dificultad en multiplicar las citas en el mismo sentido intolerablemente racista. Así pues, con el Islam cabalga un racismo innegable y tozudo. Podemos pensar que ese racismo también cristalizó en los ocho siglos de presencia islámica en la Península Ibérica.

Hacia el 1500 apenas existían 25.000 moriscos en Castilla , casi todos concentrados en Trujillo, Plasencia de las Armas, Alcántara y Uclés, mientras que en Andalucía solamente quedaban 2.000 en Sevilla y Córdoba, aparte de los de las Alpujarras y Granada que en esa época apenas quedaban 40.508. Es decir, que en la España liberada de reinos musulmanes, apenas quedaban no más de 65.000 moriscos. Poco, realmente. Y no se sentían “españoles” contrariamente a lo que Américo Castro opina. Ni se sentían, ni lo eran, ni querían serlo, ni se comportaban como tales. Uno de ellos –el morisco Juan González- escribía en 1597: “la lei de los cristianos se podía decir de perros […] que era puto el que estaba en esta lei de Cristo […] Y que quisiera que lo llevara el diablo a su tierra [Argel] que havía de fazer quemar a todos los cristianos que allí uviese”. La política generosa de integración impulsada por los Reyes Católicos no cosechó el más mínimo resultado.

Y en cuanto a los judíos, no puede decirse que fueran muy numerosos en relación a la población residente en otros países europeos. Se cree que en el siglo XI no vivían en la Península más de 50.000 judíos y algunas fuentes hebreas dan cifras menores. Ahora bien, esta minoría era fuertemente racista y tampoco aquí encontramos nada que pueda evocar la “España de las tres culturas”. Quien no era de raza judía, de pura raza judía, no pertenecía al “pueblo elegido”. La sangre, tanto como la religión, eran extremadamente importantes en la visión hebrea de la vida. Serafín Fanjul, siempre atento a los pequeños detalles, recuerda que “en la literatura hispano-hebrea menudean las muestras de hostilidad hacia cristianos y judíos”. Cita también dicterios hispano-hebreos repletos de improperios hacia los musulmanes, que, en el fondo, no son sino la muestra de la mentalidad de la época, cualquier cosa menos “multicultural”.

En la época medieval, el fenómeno religioso era capital. Así pues, no hay que extrañarse de la hostilidad recíproca entre las distintas comunidades presentes en la Península Ibérica. Los cristianos reprochaban a los judíos el haber sido “el pueblo deicida”. Y a los musulmanes les reprochaban haber obstaculizado por todos los medios el culto cristiano en la zona dominada por ellos. Aunque las iglesias cristianas subsistieron en parte, tampoco se abrieron iglesias nuevas e incluso no faltaron casos en los que la autoridad islámica impidió que se procediera a restauraciones en las ya existentes. Durante ochocientos años, las campanas no pudieron sonar en la Península dominada por los musulmanes. Además, los musulmanes seguían una religión cuyo libro sagrado no era precisamente un dechado de tolerancia: “¡Creyentes! No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos”, se dice en el Corán 5:56. Y, para colmo, los musulmanes, como los judíos y los cristianos, se consideraban seguidores de la “única religión verdadera”, así que cualquier entendimiento era imposible por que, residiendo uno en la verdad, los otros dos, necesariamente, estaban instalados en la mentira. En cuanto a la animadversión de los cristianos hacia los judíos tenía un fundamento teológico. Los Padres de la Iglesia ya habían determinado que su condición deicida les había condenado a la sumisión eterna. En la España cristiana se les consideraba “propiedad del rey” y así queda determinado en el Fuero de Teruel (1176) “los judíos son siervos del rey y pertenecen al tesoro real”.

Es cierto que algunos condottieros cristianos se pusieron al servicio de los musulmanes, pero su gesto mercenario no mejoró su imagen ante los musulmanes. “Las memorias –escribe Fanjul- de ‘Abd Allah de Granada reflejan el descontento y odio suscitado contra quienes admiten ofertas de servicio bélico de los catalanes”. El tratado de Ibn ‘Abdum, escrito en el siglo XII, equipara a judíos y cristianos con leprosos, prescribiendo su aislamiento para evitar contagios y algunas prohibiciones derivadas: “Ningún judío debe sacrificar una res para un musulmán” o “no deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco de libertino”, o esta otra: “No deberá consentirse que ningún alcabalero, judío ni cristiano, lleve atuendo de persona honorable, ni de alfaquí, ni de hombre de bien” y, finalmente, esta: “Un musulmán no debe dar masaje a un judío ni a un cristiano, así como tampoco tirar sus basuras ni limpiar sus letrinas, porque el judío y el cristiano son más indicados para estas faenas, que son para gentes viles”. Ni aun cuando los musulmanes fueron derrotados y pasaron a ocupar un lugar subalterno en los reinos cristianos de la Península, varió este tabú: los judíos eran considerados inferiores y así debían seguir siéndolo por toda la eternidad. En las Capitulaciones de anta Fe entre Boabdil y los Reyes Católicos, se incluye una cláusula a este respecto: “Que no permitirán sus altezas que los judíos tengan facultad ni mando sobre los moros, ni sean recaudadores de ninguna renta”. Para es que, a finales del siglo XVIII, los musulmanes seguían sosteniendo que ni judíos ni cristianos podían entrar en la ciudad de Fez sino descalzos, como signo de humillación y en todo el norte de África estaba extendida la costumbre que ni judíos ni cristianos podían entrar en las ciudades en montura alguna para evitar que sus cabezas estuvieran sobre las de los musulmanes.

Resulta curioso que nuestros “progres” insistan en uno de los argumentos más peregrinos sobre su nebulosa idea del “país de las tres culturas”, pues no en vano, aluden con frecuencia al “Estado Español” para evitar referirse a España y a los españoles, mientras pugnan por imponer a los moriscos y mudéjares la nacionalidad española.

A decir verdad, da la sensación de que los Reyes Católicos conocían poco la mentalidad de los moriscos y se dejaron llevar en este tema, más por la generosidad que por la realidad. Ignoraban, por ejemplo, que la lengua árabe es considerada por los musulmanes como una lengua sagrada –no en vano, en ella se redactó el Corán y era la lengua del Profeta- así que pretender que utilizaran el castellano era pedirles que renunciaran, no solamente a una seña de identidad, sino también y mucho más, a un puntal de su fe.

Cuando se inicia la sublevación de las alpujarras, los rebeldes –gandules y monfíes- se tocan la cabeza con turbantes turcos y solamente toman las armas cuando han recibido garantías de apoyo turco. No eran unos insensatos desesperados por una opresión cultural y étnica de la que si alguien es inocente son los Reyes Católicos, sino los insurgentes que llaman en su auxilio a una potencia enemiga de Castilla y Aragón. No es que no se quisiera asimilar a los moriscos, es que estos se identificaban con el mundo islámico, y no solamente de manera religiosa o cultural, sino empuñando las armas contra los reinos cristianos o abriendo la puerta a sus enemigos. Ni eran ni se sentían “españoles” porque en todo momento, desde la Toma de Granada hasta la expulsión, los moriscos ni reivindicaron su “españolidad”, ni estaban dispuestos a salir de sus “guetos” que, a fin de cuentas, eran los garantes de su propia identidad. Cierto es que, aparte de la política integracionista de los Reyes Católicos, la mayor parte de la España cristiana no reconocía a los moriscos como de nuestra nacionalidad. Es rigurosamente cierto que los ocho siglos de Reconquista hicieron que el hecho religioso y el nacional estuvieran íntimamente unidos como en ningún otro lugar de Europa.

A partir del siglo XI –como demuestra Maravall en su obra El Concepto de España en la Edad Media-, los distintos reinos peninsulares se reconocían “españoles” y asumen la Reconquista como objetivo común. Pero ninguna taifa o califato musulmán asumía tal pertenencia. Ciertamente, también hasta el último musulmán peninsular se sentía partícipe de una comunidad supranacional y metapolítica, pero no era desde luego, España, sino el “dar Islam”, las tierras ganadas para el Islam que se extendían desde Oriente Medio hasta Al-Andalus. Al-Andalus jamás alcanzó unificación étnica, cultural y religiosa hasta los últimos siglos cuando se había reducido al Reino de Granada. Hasta entonces había predominado el elemento árabe, pero conviviendo con distintas minorías que, poco a poco, fueron exterminadas, deportadas, expulsadas, esclavizadas o fugadas. Particularmente fuertes fueron los encontronazos entre bereberes y árabes. La incapacidad musulmana para superar el estadio tribal y constituir naciones en el sentido moderno de la palabra, estuvo siempre presente y rompió el Califato de Damasco por las mismas razones que luego se rompería el de Córdoba y alumbrarías las inefables taifas.

En cuanto a la práctica de la “taqqiya” (ocultación de los verdaderos sentimientos, una práctica, que algunas autoridades islámicas autorizan; existieron “cripto-judíos”, como existieron “cripto-musulmanes”). Se habían hecho bautizar, pero mantenían sus prácticas religiosas originarias en secreto y boicoteaban como podían la práctica cristiana. Se sabe que muchos “cripto-musulmanes” evitaban ser enterrados en cementerios cristianos, o bien se sometían a un ritual de “limpieza” que borraba los beneficios aportados por el Bautismo. Se conocen casos en los que moriscos, presas de ataques de cólera. Entre la Toma de Granada y la expulsión definitiva de los moriscos se sucedieron casos de profanación de iglesias y de objetos litúrgicos, hubo ensañamientos con imágenes de Cristo y la Virgen y Cardaillac cita el desánimo y la desazón con la que estos “cripto-moriscos”, tomaron la noticia de la victoria de Lepanto. El deseo de revancha aparecido con la Toma de Granada se reavivó de nuevo.

En 1495, finalizó la exención de impuestos a la comunidad morisca de Granada y, en ese momento, muchos optaron por emigran o por las conversiones más o menos interesadas. A pesar de la gran estatura religiosa, moral y política de fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, y del énfasis puesto por él en que fueran predicadores capaces de expresarse en árabe quienes asumieran la evangelización de su diócesis, lo cierto es que cuando los Reyes Católicos regresaron a Granada en 1499, encontraron la ciudad completamente islamizada, aunque dirigida por el pequeño núcleo cristiano. En cualquier momento podía producirse un riesgo de subversión y, efectivamente, en el 1500 el Albaicín se subleva. Talavera actuó de mediador entre las partes y, aun a pesar de que se habían producido algunos asesinatos de cristianos, extendió la oferta de perdón a los sublevados, a cambio de bautismo. La Reina Isabel debió jurar que no consentiría conversiones forzadas, pero la sublevación se extendió por las Alpujarras. Allí destacó la guerrilla de los “gandules”, jóvenes moriscos sublevados. El Rey Fernando se desplazó a Granada y ofreció de nuevo el perdón. Hubo lucha y, finalmente, conversiones como alternativa de supervivencia, que por convicción. En 1501 la sublevación se había extinguido y se ofreció a los rebeldes medios para que emigraran, porque ya en esa época las autoridades empezaban a valorar que, ante la imposibilidad de integración de las comunidades moriscas y ante lo poco convincente de sus bautismos, solo quedaba la alternativa de la expulsión.

A diferencia de algunos judíos conversos que adoptaron la nueva fe con un vigor desconocido incluso para los cristianos viejos –la famosa “fe del converso”- no ocurrió lo mismo entre los musulmanes. Muchos fueron los conversos que destacaron luego como defensores de la fe cristiana, sin dobleces e incluso con un punto de fanatismo, desde Torquemada a Santa Teresa. Hubo en el caso de los judíos un intento de integración aunque el fenómeno de los “cripto-judíos” se prolongara hasta bien entrado el siglo XVII. Los moriscos, en cambio, nunca quisieron ser considerados españoles. Su identidad era otra. Sus esfuerzos de integración fueron nulos. Su resquemor aumentó a medida que fue aumentando el tiempo transcurrido desde la toma de Granada. Se aliaron con los turcos, abrieron las puertas a los piratas argelinos y bereberes, se sublevaron finalmente, después de un período de continuas insurrecciones y conflictos. La expulsión se mostró pronto, como la única medida posible para atajar los problemas futuros que podían derivarse. Gracias a la expulsión subsiguiente a la guerra de las Alpujarras, la España que heredamos no tiene nada que ver con Bosnia o Kosovo. Los problemas de integración no son nuevos, son connaturales a las comunidades musulmanas.

Isaac Baer en su Historia de los judíos en la España cristiana escribe: “Las distintos comunidades eran entidades políticas separadas”. Así pues, cabría más bien hablar de la “España de las tres culturas… aisladas” que omitir la última palabra con el riesgo de pensar en una convivencia pacífica que no fue tal. Si existió convivencia fue por que cada comunidad vivía en un aislamiento total y hacía innecesaria tratar con miembros de las otras dos. Zapatero, pues, alimentó durante sus años de gobierno un mito. Mejor dicho, alimentan una mentira. El mito es una dramatización con fines educativos. La mentira es una forma de falsear los modelos. Así lo se ha hecho insistentemente a partir de los eventos del 92 y así se repitió una y otra vez en la España de ZP.

ñ. La Alianza de Civilizaciones

Una mentira mil veces repetida logra solamente engañar a los incautos y encabronar a los que se mantienen en guardia. Las mentiras y los errores fatuos sobre multiculturalismo, mestizaje, triplete cultural y demás, llevaron directamente al que fue el gran intento de Zapatero de alcanzar un renombre mundial: la Alianza de Civilizaciones.

El 14 de julio  2005, la agencia de comunicación de la ONU emitía la siguiente noticia: “El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, anunció hoy la “Alianza de Civilizaciones”, una iniciativa cuyo objetivo es promover el compromiso de la comunidad internacional de cerrar la brecha que divide a las sociedades islámicas y a las occidentales. El proyecto es una respuesta a la necesidad de involucrar a las sociedades –tanto a nivel institucional como civil- en el esfuerzo de tender puentes que permitan superar los prejuicios, las percepciones erróneas y la polarización que podrían amenazar la paz mundial. La Alianza tiene el propósito de evitar los problemas surgidos de concepciones hostiles que fomenten la violencia. Asimismo, intentará impulsar la cooperación para salvar estas divisiones. Los eventos de los últimos años han dejado clara la falta de entendimiento mutuo entre el mundo islámico y el occidental, y este clima ha sido explotado y exacerbado por los extremistas de todas las sociedades. La Alianza de Civilizaciones surge como una coalición contra dichas fuerzas y tiene por bandera el respeto mutuo por las creencias religiosas y las tradiciones en un mundo de interdependencia creciente en todos los terrenos, desde la salud hasta la seguridad”. Sólo en el penúltimo párrafo se mencionaba al eximio presidente del gobierno español: “La iniciativa –ideada originalmente por el presiente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero- es auspiciada por los gobierno de España y Turquía, que se han comprometido a aportar las contribuciones iniciales para establecer un fondo que financie los trabajos la Alianza”.

Lo que hasta ese momento había sido una iniciativa personal de Zapatero, a partir del 14 de julio de 2005, fue asumida por la ONU, a la vista de que respiraba el mismo aroma. Era natural que así ocurriera dado que el proyecto se había ideado sobre la base de la ideología de la ONU basada en expandir el entendimiento y la concordia internacionales para facilitar la marcha hacia el universalismo que viene proponiendo desde 1945.

Algo menos de un año antes, el 21 de septiembre de 2004, Zapatero había acudido ante la Asamblea General de NNUU. Su discurso iba a encontrar mucho más eco en el edificio neoyorquino que en su país en donde la Alianza de Civilizaciones ha sido objeto de frecuentes ironías y no ha despertado absolutamente ningún entusiasmo. El de aquella ocasión no fue un gran discurso, sin embargo dejó huella. Empezó recordando los atentados del 11-S que no era una forma de congraciarse con el público americano aun cuando no fuera precisamente el mejor aval para proponer el diálogo de civilizaciones. Realizó luego paralelismos con los atentados del 11-M y siguió con una frase hueca: “Resistiremos al terrorismo. Nuestra historia es nuestro aval. Seguiremos nuestro combate contra el terrorismo. Pero lo haremos siempre desde la legalidad nacional e internacional. Lo haremos desde el respeto a los Derechos Humanos y a las Naciones Unidas, y sólo así”. Se puso a continuación dramático (“El terrorismo es la locura y la muerte, y lamentablemente siempre habrá fanáticos dispuestos a asesinar para imponer su locura por la fuerza. Dispuestos a extender la semilla del mal”), pero señaló que había esperanza por mesiánico que fuera (“la simiente del mal se malogra cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad, de la esperanza”). Para él, el terrorismo “puede arraigar cuando cae en la tierra de la injusticia, de la pobreza, de la humillación, de la desesperación”… Así pues, la culpa de que haya gente con instintos asesinos era de la pobreza… Sin embargo, los asesinos oficiales –ya que ZP acepta y promueve las versiones oficiales- del 11-S y del 11-M no eran pobres (Mohamed Atta era técnico urbanista, Jamal Zougan un pequeño empresario y quienes se sentaron con él en el banquillo eran pequeños delincuentes y traficantes de droga que no precisamente vivían en la pobreza sino instalados en el trapicheo que da más confortabilidad económicas que el trabajo humilde). Pobres son los cabreros afganos, pobres los sin techo de EEUU y los parados de nuestro país… que no tienen nada que ver con el terrorismo.

Pero Zapatero, siempre en la senda de la doctrina de la ONU y de la UNESCO, la pobreza lo explicaba todo. Desde su fundación, Naciones Unidas publica anualmente el Índice de Desarrollo Humano, como una forma de ordenar comparativamente los países por su pobreza, la instrucción, la educación, la esperanza de vida, y otros factores como el gasto militar. Además, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio aparece la preocupación por la pobreza en el Objetivo 1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, mediante dos estrategias: “Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre”. El Objetivo 8 tiene que ver con esta temática: “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo” capaz de “lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional”.

Así mismo, en 1965 NNUU puso en marcha el Programa para el Desarrollo con la intención de erradicar la pobreza. En la misma dirección trabajan la UNESCO, la OMS y la FAO, agencias asociadas a la ONU. Y, realmente, ésta es, sin duda, una de las misiones más encomiables de estos organismos internacionales… pero de ahí a reducir todos los problemas a la pobreza va un trecho que Zapatero no dudó en cubrir utilizando el improbable puente del terrorismo.

Pasó luego Zapatero a recordar la guerra de Iraq. Eran los tiempos en los que estaba demasiado cerca su victoria electoral gracias a las bombas del 11-M (“La abrumadora mayoría del pueblo español se manifestó en contra de una guerra. No nos convencieron las razones que esgrimían quienes la promovieron”). Y proclamó que “la guerra era mucho más fácil de ganar que la paz. La paz es la tarea. Una tarea que exige más valentía, más determinación y más heroísmo que la guerra”. Zapatero, en esto, seguía ateniéndose a la Carta de San Francisco, matriz de la ONU. Zapatero añadió que “La seguridad y la paz solo se extenderán con la fuerza de las Naciones Unidas, la fuerza de la legalidad internacional, la fuerza de los derechos humanos, la fuerza de la democracia, de los hombres sometidos a las leyes, de la igualdad, de la igualdad de las mujeres y los hombres, de la igualdad en las oportunidades se nazca donde se nazca. La fuerza frente a quienes manipulan o quieren imponer cualquier religión o creencia. La fuerza de la educación y la cultura. La cultura es siempre paz”

Cuando el discurso ya estaba a la mitad y parecía ser una de esas intervenciones protocolarias en las que el “artista invitado” parecía sólo “trabajar” con denuedo para merecer los aplausos que recibiría al final, de repente cogió por sorpresa a todos proponiendo: “Por eso, como representante de un país creado y enriquecido por culturas diversas, quiero proponer ante esta asamblea una Alianza de Civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán. Cayó un muro. Debemos evitar ahora que el odio y la incomprensión levanten otro. España somete al Secretario General, cuya labor al frente de la Organización apoya con firmeza, la posibilidad de constituir un Grupo de Alto Nivel para llevar a cabo esta iniciativa”.

Sólo unas horas antes de su intervención en NNUU, Zapatero había concedido una entrevista al Times un conocido semanario norteamericano. “Soy feminista” había dicho… y así lo registró el Times; luego había explicado, sin pestañear, ¡que las desigualdades sexuales eran causa del terrorismo y que para erradicarlo bastaba con promover la igualdad sexual! Afortunadamente para él, había abandonado territorio norteamericano cuando se publicaron todas estas declaraciones que contribuyeron a que Zapatero adquiriera una pésima imagen internacional, no solamente ante la presidencia de los EEUU, sino ante los círculos intelectuales y de poder.

Era difícil que la Alianza de Civilizaciones fuera considerada con cierto interés en los EEUU a la vista de las malhadadas declaraciones publicadas por Times. Para colmo, justo en los mismos momentos en los que Zapatero hablaba en la tribuna de la ONU, un rehén norteamericano había sido degollado en Iraq. Resulta difícil pedir el diálogo entre el mundo occidental y el árabe.

Si la idea de la Alianza de Civilizaciones pudo ser aceptada e incorporada como programa de NNUU fue solamente porque la iniciativa había extraído de ella su inspiración. Todo lo que Zapatero dijo ante NNUU era justamente lo que NNUU había difundido como doctrina propia desde 1945. La única aportación propia era la más torpe y mendaz, y se reducía a esa absurda vinculación entre la pobreza y el terrorismo.

En este sentido la Alianza de Civilizaciones no es más que una fibra más del tejido cuidadosamente trenzado por los funcionarios de plantilla de NNUU a lo largo de las seis últimas décadas y la prueba más plausible de que ahí es donde hay que encontrar las fuentes originarias de la utopía zapaterista. Cuando el proyecto enunciado por Zapatero fue recuperado por la casta funcionarial de la ONU, la Alianza de Civilizaciones se convirtió en una de las muchas redes generadas en los últimos 66 años para hacer avanzar el proyecto universalista implícito en su Carta fundacional. En este proyecto España estaba a un lado, Turquía al otro.

Incluso el mismo nombre de la red era engañoso: no se trataba de promover una “alianza de civilizaciones”, sino tan sólo de tender la mano al Islam. El por qué lo hacía un presidente de gobierno español estaba claro: a fin de cuentas España, según el humanismo universalista era el “país de las tres culturas” y, por tanto, la más apropiada para que tender la mano al Islam fuera creíble. Además, el ejemplo –ficticio, como hemos visto- de una Hispania medieval en la que judíos, moros y cristianos vivieran en paz era un estímulo para resolver, al mismo tiempo, el conflicto palestino. Y la presencia de Turquía se imponía por razones de muy diferente magnitud y origen: Turquía estaba intentando aproximarse a la Unión Europea y cualquier cosa que lograra aproximarlo un poco más contaba con la adhesión entusiástica de Ergodan. Por otra parte, Turquía aspiraba a liderar a los países árabes moderados gracias al peso específico que le concede el estar “trabajando” el llamado “espacio turcófono” que abarca todos los territorios que en algún momento de la historia fueron dominados por los otomanos, en especial las antiguas repúblicas del sur de la URSS. Así pues, Turquía aspiraba a erigirse en mediador entre Europa y el Mundo Árabe y, por tanto, la Alianza de Civilizaciones podía ser un vehículo para una estrategia así.

En noviembre de 2006, Zapatero se desplazó a Ankara para escenificar el lanzamiento internacional de la Alianza de Civilizaciones. Allí estuvo exultante. Por fin había encontrado en Erdogan a un mandatario de cierta importancia que le descolgara el teléfono y que no le tirase de las orejas ante de los medios. Allí explicó en qué consistía el “diálogo de civilizaciones”, amparándose en un nebuloso documento elaborado por un “comité de sabios” hecho público entonces. Y sorprendió porque nunca tanto sabio fue capaz de enumerar tanta banalidad como afirmar la presunción de que “la educación contribuirá a resolver los problemas de las civilizaciones” (una educación coránica estricta, lo único que hace es estimular el deseo de guerra santa; No olvidemos que “taliban” es, literalmente, “estudiante”, ¿de qué?, de fe islámica) o la afirmación de que “buscamos la paz” (¿y quién no?). En el curso de la rueda de prensa que siguió al encuentro con Erdogan, un periodista le preguntó a ZP qué opinaba sobre la integración de la mujer en el Islam. Evidentemente el periodista ironizaba, dada la situación de discriminación y desigualdad flagrante que ocupa la mujer en todo el ámbito islámico. Era el momento de demostrar que la existencia de la Alianza de Civilizaciones podía servir para remediar problemas reales. Sin embargo, Zapatero se salió por la tangente, por la más odiosa tangente que el periodista que formuló la pregunta, podía imaginar: “Europa no puede dar lecciones”. Pues bien, si. Europa, en este y en muchos otros terrenos, puede dar lecciones. El problema es que ZP ha sido ganado por la mentalidad humanista universalista que se niega a ver que Europa es un oasis de libertad y de integración de la mujer. La ideología dominante de NNUU es una forma de humanismo tercermundista que, por eso mismo, tiende siempre a culpabilizar a Europa de los males que afligen al mundo a causa de la colonización: Europa es culpable y debe pagar.

En 2010 cuando la deuda alcanzaba unos niveles más que preocupantes se supo que el año anterior el gobierno había destinado 2.200.000 de euros para la Alianza de Civilizaciones con los que se pagó la sala del edificio de la ONU en Nueva York diseñada por Josep Barceló. Otros 100.000 euros fueron a parar al Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB) para unas jornadas sobre la Alianza de Civilizaciones (76.000 euros), y el resto para la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) para celebrar el Seminario Internacional Alianza de Civilizaciones. Esto por lo que respectaba a Exteriores, otros ministerios también aportaron su subvención. El de Cultura, por ejemplo, desvió 40.000 euros para la Fundación UIMP/Campo de Gibraltar “para el diálogo de las culturas mediterráneas árabe-cristiana-judía en el marco de la alianza de civilizaciones desde la Biblioteca de Alejandría a la actualidad”. La Organización Carta Mediterránea tuvo la suerte de recibir otros 30.000 euros para Arte español por los derechos humanos y la Alianza de Civilizaciones, mientras que Cultura llegó incluso a dar 10.000 euros para el Club UNESCO Albacete para una cátedra sobre la Alianza de Civilizaciones. En otras convocatorias para la concesión de ayudas por parte de Cultura, el ministerio especificaba: “se priorizarán aquéllos proyectos que fomenten el diálogo intercultural en el marco de la Alianza de Civilizaciones”.

Desde el inicio, este proyecto generó las más vivas ironías por parte de la opinión pública y nadie, ni siquiera los más “progres” lograron tomárselo en serio. Si bien en la primera legislatura el zapaterismo lo presentó como a su “hijo más querido”, al llegar la campaña electoral de 2008 desapareció completamente de los mítines y de la publicidad: se había constatado que no interesaba a nadie. En el documento electoral 100 Motivos (resumen del programa) ni siquiera aparecía citado una sola ocasión a pesar de que en el ilegible Programa Electoral (286 páginas) se citaba a la Alianza de Civilizaciones en nueve ocasiones.

Salvo en lo referido a subsidios y subvenciones, a lo largo de la segunda legislatura de Zapatero, la Alianza de Civilizaciones ha estado completamente ausente de los medios de comunicación españoles. Los tres Foros de la Alianza se celebraron en 2008, 2009 (en Estambul) y 2010 (en Brasil) con un interés decreciente. Se supieron las cuantiosas subvenciones que recibió el proyecto, no por sus impulsores, sino por la prensa de derechas que había percibido la hostilidad con la que la opinión pública recibía todo lo relativo al proyecto. Y no eran pocos... pero todos se dilapidaron en la nada.

El énfasis dado por el zapaterismo a la Alianza de Civilizaciones derivaba directamente de su interés por transformar España en una sociedad mestiza y multicultural. La Alianza de Civilizaciones, para la derecha era una muestra de la fatuidad de Zapatero: pero era mucho más. La Alianza debería aportar el basamento doctrinal para tan ambicioso como irresponsable proyecto de transformación etno-cultural de un país. En el ocaso del zapaterismo (incluso desde su ecuador) era evidente que el proyecto era incomprendido por buena parte de la sociedad y que la otra parte se desinteresaba completamente.

o. El fracaso del retorno voluntario

Hubo que esperar dos años desde el inicio de la gran crisis económica hasta que algunos agoreros advirtieron al gobierno socialista de que no iba a poder pagar los subsidios y las prestaciones sociales a los inmigrantes que estaban siendo los grandes afectados por el paro que entonces ya se había disparado. Además, en un alarde de irresponsabilidad inmigrantes que habían sido regularizados en 2005 y que apenas habían cotizado unos meses a la seguridad social, gentes que estaban a la búsqueda de un trabajo eventual que les permitiera pagar el teléfono móvil y la factura de Internet, la parte alícuota del alquiler y enviar 200 euros a su país de origen, se obstinaban en acogerse a la reagrupación familiar para traer aquí a mujer e hijos. Fue así como el gobierno lanzó otro proyecto que culminó con el más absoluto de los fracasos: el Plan de Retorno Voluntario. En realidad, el plan estaba tan mal concebido que parecía como si apenas fuera otra cosa que una estructura para acallar a los que decían que había que empezar a pensar el librarse de inmigrantes improductivos, pero que jamás existió la intención de librarse de ellos realmente.

El 16 de noviembre de 2008 se aprobó el plan para el retorno voluntario de los trabajadores extranjeros a sus países de origen, entre los que figuran diez países latinoamericanos con los que España tiene firmados convenios de seguridad social. El plan había sido anunciado por Zapatero el mes de abril e inicialmente estaba previsto que se acogieran 100.000 inmigrantes, luego la cifra se rebajó a 87.000… Tres años después el fracaso era palpable. En sus dos años de existencia, el Plan apenas ha repatriado a 23.500 inmigrantes.

Por aquello de que si algo es simple –y en el fondo el “retorno” si es “voluntario” implica solamente el facilitar un transporte a su país de origen al inmigrante- el gobierno socialista ha tendido siempre a complicarlo, se dieron tres supuestos: o bien el inmigrante puede capitalizar la prestación de desempleo y llevársela a su país (40% en mano y el 60% al estar en su país) además del billete, opción a la que a mediados de 2011 se habían acogido 17.168 personas; o bien el llamado “retorno social” para los que no tenían recursos y se les paga el billete de avión y 400 euros; o finamente el “retorno productivo” que consiste en que se facilita al inmigrante la creación de una empresa en su país estimulándolo con 5.000 euros. En el fondo todo era muy simple: el billete, la liquidación del seguro de paro y un dinero para gastos de bolsillo del viaje. Pero, ya se sabe que para el zapaterismo, la regla de oro es “antes muerto que sencillo”. De hecho, la modalidad a la que se han acogido la mayoría de inmigrantes es la primera y se hubiera simplificado si en el check-point de Barajas de les diera el 100% del dinero que les correspondía. La tercera modalidad, por ejemplo y como era de prever, no se ha podido poner en marcha en 2011 porque la dotación presupuestaria se acabó hacia mediados del 2010 con lo que apenas 99 personas había retornado por este sistema en 2010… No se explicaba, por supuesto, que seguimiento se realizaría en el país de origen; imaginemos a un inmigrante de Mapiri (Bolivia) situado a 2.000 km de La Paz y de la oficina diplomática española más próxima, ¿cómo controlar en qué gasta un inmigrante los 5.000 euros concedidos a “su proeycto”…? Y, por cierto ¿para qué irse de España si aquí se puede cobrar 425 euros durante meses y meses, bastante más en comparación que los 400 euros y el billete que se daba en la segunda opción. Dicho de otra manera: si se han acogido al plan en su primera modalidad 17.168 personas se trataba en su inmensa mayoría de inmigrantes que ya habían decidido retornar a su país y que lo hicieron simplemente al quedarse en paro o al pactar con el empleador el despido… y que pague el Estado. Lo lógico y lo previsible hubiera sido que el mayor contingente de retornados se acogieran al “retorno social”, legales o ilegales, pero sin embargo, estos constituyen una minoría… gracias a los subsidios que buena parte de la inmigración recibe simplemente por estar en paro y para desincentivarles de su deseo de retornar.

Y si antes hemos dicho que ni siquiera estaba interesado en que los inmigrantes retornaran voluntariamente, en el coloquio que tuvo lugar en la Casa de América en 2011 y en el que participaron Estrella Rodríguez Pardo, directora general de integración de los inmigrantes del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Carlos Jiménez, director de Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la UAM, y Carolina Céspedes boliviana representante de la Asociación de Cooperación Bolivia-España. El diálogo que siguió fue más interesante. Clara, una inmigrante ecuatoriana, quería volver a su país, llamó al teléfono de información del plan, pero allí le remitieron al INEM donde tampoco lograron acararle cómo hacerlo. Por otra parte, el retorno voluntaria con “traslado de derechos sociales” al país de origen solamente es viable cuando existe un acuerdo firmado con ese gobierno, algo que solamente se ha hecho con algunos países iberoamericanos.

A la vista de cómo está la situación económica en España –de la que diariamente informan todos los medios de comunicación- el “gancho” que se ofrecía a la inmigración de que tendrían derecho “prioritario” para retornar a España dentro de tres años, no suponía el estímulo suficiente para la repatriación voluntaria. En la práctica, el inmigrante sabe que cada tres años puede ir y venir a través de una agencia de viajes llamada “Estado Español”. Tampoco parecía muy estimulante el hecho de que descendiera de tres a dos años el tiempo de estancia para obtener el permiso de residencia en su segunda llegada a España… algo que el Reglamento de Extranjería aprobado en 2011 ya contemplaba.

A los tres años de su puesta en marcha, el Plan de Retorno Voluntario ha fracasado completamente: los retornos son incomparablemente inferiores a las nuevas llegadas. En 2009, en plena crisis, por ejemplo, el gobierno afirmó que a lo largo de todo el año apenas iban a llegar 200.000 inmigrantes, añadiendo que la mayoría entrarían a España de manera legal. En 2007 habían entrado 600.000 (que, finalmente fueron 716.257 para el Eurostad y 958.000 para un estudio del INE); en 2008, según el gobierno descendió a 400.000 (que luego han resultado ser 443.930), de tal manera que los 200.000 esperados para este año certificaban una obvia desaceleración. Todo era una gigantesca mentira construida para evitar que la alarma se extendiera en la sociedad: no solamente estábamos cada día más hundidos por la crisis sino que cada día entraban por nuestras fronteras miles de inmigrantes que se encargarían por su mera presencia de hacer más espesa la losa que había caído sobre nuestro mercado laboral.

El sábado 14 de noviembre, cuando, seguramente por un fallo de coordinación entre oficinas paraestatales, al Instituto Nacional de Estadística se le escapó el dato capital para entender la situación actual de la inmigración en España. Copiamos la noticia de El Confidencial: “según las estimaciones del INE, durante los primeros nueves meses del año nada menos que 371.226 inmigrantes se han inscrito en los distintos padrones municipales. La horquilla se ha movido entre los 45.072 inmigrantes que se inscribieron en el mes de marzo y los 35.148 registrados en agosto, lo que da idea de la intensidad del fenómeno migratorio. Esto significa que cada mes se inscriben (como media) 41.247 inmigrantes en los registros oficiales, lo que ha sorprendido a los estudiosos en cuestiones de inmigración, que esperaban un reflujo más importante en la entrada de inmigrantes en un contexto económico tan negativo como el actual: la mayor recesión en medio siglo”. Una media de 41.247 al mes implica que en 2009 entrarán 494.964. Medio millón de personas que es ¡la misma cifra de inmigrantes que ha entrado como promedio en los últimos 14 años, los grandes años del “crecimiento económico”!

Algunos, ciertamente, retornan. Nuevamente copiamos de la agencia AP y pegamos: “Cerca de 9.000 personas, casi todas ellas de origen latinoamericano, solicitaron acogerse al plan de retorno voluntario para inmigrantes desempleados, que contempla el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo”. Según los números facilitados por el gobierno, las 8.724 solicitudes cursadas fueron en un 44% de ciudadanos ecuatorianos y en un 18% de colombianos. La cuantía media de las prestaciones por desempleo recibidas por los extranjeros ascendió a 9.148 euros (13.588 dólares) por persona. Se ha tratado de un nuevo traspiés del gobierno que esperaba que retornara algo más del doble… como si el retorno de 20.000 inmigrantes hubiera supuesto algo en relación a los más de 7.000.000 que han ido llegando desde 1996...

Obviamente retornan otros sin acogerse al “Plan de Retorno Voluntario”… Este año han faltado 316.873 en los padrones municipales, pero ¿han retornado? Sólo algunos: en gran medida se trata de los que ya disponen de doble nacionalidad y por tanto pueden entrar y salir con pasaporte español. Si el mercado de trabajo está mal aquí se van a su país de origen y si luego oyen que en España remonta, vienen de nuevo. Son, en cierto sentido, unos privilegiados. Pero no todos. Cada año hay desfases en el padrón en relación al anterior, sin que se hayan producido modificaciones reales, debido a que los inmigrantes están obligados a inscribirse en el padrón municipal y luego a renovar su inscripción cada año… sin embargo, a partir del primer año, cuando obtienen la tarjeta sanitaria y la inscripción en la escuela de sus hijos o en la asistencia social, pueden prescindir completamente de renovar su inscripción, algo que hacen, especialmente los extranjeros residentes en España procedentes de la Unión Europea.

Lo más terrible es que da la sensación de que el propio gobierno ignora las cifras. Los datos de las inscripciones en el padrón municipal se conocen varios meses después de haberse producido las altas. Por otra parte, es rigurosamente cierto que se trata de una cifra que se presta a equívocos: existen muchos inmigrantes que no renuevan su padrón y otros que han entrado ilegalmente que no juzgan necesario inscribirse.

El pasado 20 de noviembre de 2009, varios medios de comunicación publicaron la noticia de que a población española llegará a principios de 2010 a los 46 millones de habitantes, cinco más que en 2002, aumento debido únicamente a la inmigración. Para restar dramatismo a la noticia (si antes de 2002 estaban presentes 2.500.000 de inmigrantes, una simple suma demostraría sin mucha dificultad que estamos por encima de los 7.000.000 de inmigrantes) se añadía que la llegada de inmigrantes se había “frenado”, moderándose el crecimiento del 1’20% en 2008 al 0’4 en 2019… Se reconocía eso sí que entre 2002 y 2008 el crecimiento demográfico de nuestro país se ha debido hasta un 92% a la inmigración.

Llama la atención que estas cifras del INE reconocieran que en 2007 llegaron casi un millón de inmigrantes (958.000) y se felicitaran de que en 2009 solamente lo hicieran 400.000 (si bien, una semana antes, el propio INE había dado como media la entrada de 40.000 inmigrantes mes en España en 2009, lo que hace un total de 480.000). De todas formas el INE no podía dejar de reconocer el impacto extraordinario de la inmigración sobre la natalidad de nuestro país. La edad media en el que las mujeres empezaban a tener hijos era de 31 años, añadiéndose “gracias a la inmigración”.

Es sorprendente que estas monstruosas cifras de llegada de inmigrantes no sean presentadas como dramáticas señales de alerta: el casi medio millón de inmigrantes que llegará en plena crisis económica a España, si bien supone un descenso en relación a 2007 (año récord de la inmigración), corresponde a la media de inmigrantes que ha llegado a España en los últimos 14 años: 450.000 inmigrantes cada año ¿dónde está la buena noticia? ¿No es una tragedia admitir a medio millón de inmigrantes que será imposible acomodar en el mercado de trabajo y deberán vivir de la delincuencia o de la caridad pública?

El Plan de Retorno no gusta a los inmigrantes que lo han criticado de manera especialmente hostil: “España nos utilizó y ahora nos margina” dijo un ecuatoriano de la inefable asociación Rumiñahui, olvidando que llegó voluntariamente, sin que nadie le llamara y vulnerando la legislación vigente y que, ahora, se va subvencionado. Raúl Jiménez, portavoz de la asociación ecuatoriana Rumiñahui, veía el plan como "una invitación para que los inmigrantes se marchen". No lo es, de hecho tal como está concebido es todo lo contrario: el inmigrante percibe en nuestro país muchos más beneficios sociales que las ventajas que otorga el retorno, especialmente si no está muy interesado en trabajar y se conforma con sobrevivir. Este juicio pertenece a los “políticamente incorrectos”, es más, algunos lo considerarían “altamente incorrectos”, fronterizos entre la libertad de expresión y la xenofobia y el racismo puros y simples.

Las cifras aportadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración destacan que regresaron sobre todo bolivianos (477), argentinos (377), ecuatorianos (225), brasileños (281), etc. Pocos, realmente para países que como veremos tienen varios cientos de miles de connacionales en nuestro territorio. Estas cifras son todavía más inexplicables desde el momento en que se sabe que la crisis ha golpeado mucho menor a los países de Iberoamérica que, en conjunto ha tenido un aumento del PIB del 6% durante 2010, en el mismo tiempo en que el PIB español se contraía un 0’1%. Y mucho más inexplicable si tenemos en cuenta que en Argentina y Brasil el crecimiento fue del 9,5% y del 7,5%, cifras similares se dieron en Paraguay, Uruguay y Perú. La pregunta del millón es: si hay más crecimiento económico en los países de origen y, por tanto, más posibilidades de trabajo ¿por qué el grueso de la inmigración se obstina en permanecer en un país permanentemente situado al borde la quiebra desde hace dos años? Y lo mismo vale para los rumanos que siguen llegando (especialmente los miembros de la etnia Rom, los gitanos rumanos) aun a pesar de que en 2011 la economía de aquel país crecerá entre un 3 y un 5%...

Cuando nos aproximamos al final del zapaterismo hay que ver en el Plan de Retorno Voluntario otra “delicia” de un régimen dogmático especialmente en materia de multiculturalidad y mestizaje que en su segunda legislatura dejó de hacer las apologías infantiles que realizó a lo largo de la primera parte de su gobierno (2004-1008) todo para justificar una regularización masiva cuyas consecuencias tardarán décadas en extinguirse. Y en el fondo era fácil abordar el tema: bastaba simplemente con eliminar el término “Voluntario” a un necesario “Plan de Retorno” que cada día es más urgente y al que cada día la inmigración le presta menos caso.

 

Cuando el zapaterismo haya sido alejado definitivamente del poder dejando atrás, no solamente un PSOE absolutamente desorientados, sino a una sociedad española completamente maltrecha, cuando no sea mas que un recuerdo habrá dejado atrás tres herencias de la que tardaremos décadas en recuperarnos: un embrollo autonómico especialmente grave en Cataluña (con la reforma innecesario del Estatuto de Autonomía), en el País Vasco (en donde el área pro-etarra arrinconada y vencida va camino de convertirse en fuerza hegemónica), una crisis económica (irremediable a medio plazo por cuatro años de reacciones tardías, un agujero en las cuentas y un vacío completo en el modelo económico que obligará a los jóvenes mejor preparados a buscar otros horizontes para salir adelante) y, finalmente, una inmigración masiva que no sólo no demuestra el más mínimo interés en volver a la tierra que les vio nacer ni siquiera cuando las posibilidades de trabajo son mayores. El “modelo Aznar”, no solamente había estallado con una brutalidad que ni siquiera los más pesimistas eran capaces de imaginar, sino que a partir de ese momento -2007- ocupaba el poder un gobierno instalado en el dogmatismo más absoluto y, por tanto, incapaz para afrontar una crisis de esa magnitud que, para colmo, albergó la quimérica idea de convertir a la sociedad española en una sociedad mestiza y multicultural. Las insensateces se pagan y nuestro pueblo ha pagado –con creces- la aventura de haber votado en dos ocasiones al zapaterismo. Suele decirse que cada país tiene el gobierno que merece…



[1] El País, 11 de junio de 2001

[2] Véase la biografía de Zapatero contenida en la web de la Fundación Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB) http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/europa/espana/jose_luis_rodriguez_zapatero

[3] Campillo, Óscar (2004), Zapatero. Presidente a la Primera., Madrid: Esfera de los Libros.

[4] Es fácilmente accesible a través de Internet el informe titulado Decadencia Demográfica e Inmigración en Castilla y León, presentado en las X Jornadas de Economía Crítica celebradas en Barcelona, 23 a 25 de marzo de 2006, por José Mª Martínez Sánchez (Universidad de Burgos). http://www.ucm.es/info/ec/jec10/ponencias/818martinezsanchez.pdf. en este informe se evidencia lo irrelevante de la inmigración en León.

[5] Revista IdentidaD – nº 10, 15 de julio de 2008, páginas 3-9.

[6] La raza cósmica, tal era el título del ensayo de José Vasconcelos publicado en 1925. Vasconcelos sostenía que América debería ver el nacimiento una "quinta raza" del continente americano que surgiría de la mezcla de todas las razas que vivían sobre el continente americana (blanca, negra, amarilla, cobriza), dando lugar a la “quinta raza” mestiza e indiferencia que no tendría identidad ni distinción y que poblaría “Universópolis”. La idea de Vasconcelos era trascender a las ideas de raza y nacionalidad en nombre de un futuro único para la humanidad.

© Ernesto Milà – infokrisis – http://infokrisis.blogia.comhttp://info–krisis.blogspot.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen

Inmigración (III) 1996-2004

Infokrisis.- El “aznarato” (1996-2004). Cuando en 1996, el PP gana las elecciones apenas mencionaba de pasada el tema de la inmigración. El realidad, el problema salvo en Ceuta y Melilla no existía y los niveles de inmigración que existían en aquel momento no dejaban prever la importancia del conflicto que dejaría atrás Aznar cuando los atentados del 11-M y los errores imperdonables en materia de política exterior especialmente en la cuestión de Iraq y se seguidismo bovino hacia la agresiva administración americana de la época, lo apearían inesperadamente del poder.

a. La inmigración en los programas del PP

En el programa del PP para las elecciones de 1996, la inmigración era mencionada apenas en una decena de ocasiones. Nadie podía prever que el modelo económico que Aznar pondría en marcha a partir de ese momento, se basaba en cuatro puntos, tres de los cuales tenían relación directa con la inmigración: basar el crecimiento económico en salarios bajos y mano de obra barata destinada a impulsar el sector de la construcción y la hostelería, para lo cual era preciso importar masivamente inmigración, un modelo suicida que, como era de prever desde el principio era “pan para hoy, hambre para mañana” y quiebra para pasado…

En la página 204 del programa de 1996 el PP anotaba como intención general en materia de “integración social de los inmigrantes”: El fenómeno de la inmigración en España obliga a la adopción de una política de integración social de los inmigrantes y de sus descendientes que abarque, entre otros, los campos del empleo, la educación y la sanidad. Se debe mejorar la atención a los peticionarios de asilo y prever mecanismos de inserción social y de alojamiento para los acogidos. Se elaborará, asimismo, un marco legal que regule adecuadamente los mecanismos de ayuda a los refugiados por los hechos de guerra. Los poderes públicos deberán intensificar la colaboración con las organizaciones sociales que se dedican a esta tarea”; y en la página siguiente proponía algunas medidas concretas para llevar a cabo esta línea: “Promoverá la aplicación del Convenio de Schengen como regulador básico de una política europea de inmigración” y un par de párrafos más adelante: “Extremará la persecución de las mafias organizadas que introducen y emplean a inmigrantes ilegales en España y aumentará los controles administrativos en aquellos sectores productivos que tradicionalmente utilizan inmigración ilegal”. En la página 215, mezclaba la velocidad con el tocino proponiendo el “Apoyo a mayores grados de integración en el pilar de justicia e interior y en particular en el ámbito de la cooperación judicial y policial, asilo e inmigración, en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, especialmente contra el narcotráfico. No se reconocerá al territorio de Gibraltar como frontera de la UE”.

La retahíla habitual de tópicos que se repetía en la época aparece en el programa del PP en la página 221: “La Conferencia Intergubernamental de 1996, en materia de Justicia e Interior, debería resolver definitivamente la puesta en marcha de EUROPOL y abordar los siguientes aspectos: una mayor comunitarización de las políticas que afectan en este campo al conjunto de la UE, tales como: las decisiones relativas a la política de asilo, el paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros, la política de inmigración y la política relativa a los nacionales de terceros países, la lucha contra la droga y el crimen organizado, el terrorismo, la xenofobia y el racismo y la cooperación judicial en materia civil y penal. Algunas de estas cuestiones exigen la previa resolución del problema de la colonia de Gibraltar, pero ello no exime de adoptar posiciones de principio que permitirían avanzar en la creación de un espacio policial y judicial europeo” (la negrilla está en el original). Tópicos que se repetían en relación a Marruecos en la página 227: “Los esfuerzos de cooperación con el Magreb deberán ser acompañados de una política de inmigración en el contexto de nuestras obligaciones derivadas de acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo de Schengen y de nuestra pertenencia a la Unión Europea”.

Finalmente, en el “Índice de voces” (página 249) se dice que el término “inmigración” está tratado en las páginas 211, 212-213… pero, sorprendentemente, cuando consultamos estas páginas, vemos que no hay absolutamente ninguna referencia a la inmigración, lo que denota el interés del PP en la materia. Esto era todo.

Lo primero que puede deducirse es que, tópicos aparte (equiparar la “lucha contra la droga y el crimen organizado, el terrorismo” que existían en aquel momento de manera espectacular, con la “xenofobia y el racismo” y colocarlo todo bajo la misma rúbrica, parece una concesión al clima de la época en donde la izquierda todavía alimentaba el mito del “papeles para todos”. El único incidente racista se había producido con la muerte, aún reciente, de Lucrecia Pérez que, para colmo, se trataba de una acción unilateral de un individuo exaltado y nada indicaba que existiera una oleada de “xenofobia y racismo”. Pero era la frase recurrente para “quedar bien”. No dejaba de ser una enormidad comparar el secuestro de Ortega Lara o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o las decenas de asesinatos de ETA en la época, con la “xenofobia y el racismo” que no aparecían por ninguna parte.

Además, en aquel tiempo (1996) todavía no habían estallado los grandes conflictos localizados (El Ejido, Ca’n Oriac, La Almunia) que se manifestarían entre finales de los 90 y la primavera del 2000, primer anuncio de que algo no funcionaba bien y que había zonas en las que el listón del 5% de presencia inmigrante hacía tiempo que se había superado quedando abierto el camino hacia el conflicto. El PP en aquella época no percibía a la inmigración como problema: sería a lo largo del “aznarato” cuando aparecería como tal y generado –es bueno no olvidarlo jamás- por el propio PP.

Ninguna de las propuestas del PP en materia de inmigración se cumplió en la primera legislatura de Aznar: EUROPOL no pudo ser implementada en la medida en que aún no se había constituido el marco legal y de previsión de conflictos que debería haber acompañado y precedido a los acuerdos de Schengen. El marco legal para regular la llegada de inmigrantes varió sí, pero no a iniciativa del PP, sino del resto de grupos parlamentarios –mayoritarios frente al PP en aquella primera legislatura “popular”- que impusieron una ley de inmigración que desencadenó el primer gran “efecto llamada”.

Pero si en 1996, la inmigración estaba casi completamente ausente y reducida al mero nivel de tópico o bien aparecía de manera extemporánea, en un lugar siempre completamente irrelevante, en cambio es menos comprensible que en las siguientes elecciones de 2000, la cuestión de la inmigración ocupase un lugar asimismo irrelevante, cuando ya estaba en camino de convertirse en un problema muy real. El programa del PP para las elecciones del año 2000 en materia de inmigración sigue manteniéndose en el terreno de los tópicos, salvo la introducción de algún elemento nuevo. Véase, por ejemplo, en la página 104, esta muestra de tópicos y agradecimientos: Contribuiremos a que España sea una sociedad integrada y abierta. Nuestro compromiso y participación en el proceso de construcción europea define la respuesta que España ha de dar al fenómeno de la inmigración: desarrollo de una política común de la Unión Europea y acogida a quienes buscan nuevas oportunidades dentro de nuestras fronteras. Reconocemos la aportación que hacen a nuestra sociedad, a cuyo bienestar contribuyen con su trabajo”... y ya podían reconocerlo porque el modelo económico de Aznar seguía apoyándose en buena medida en la inmigración, sin advertir que en el momento en que la construcción pinchara (lo que estaba claro que ocurriría en un sector sometido a ciclos) y el turismo se estabilizara o remitiera (una posibilidad cierta a la vista de que los países del Este de Europa veían en este sector una posibilidad de impulsar sus economías y otro tanto ocurría en el Norte de África), quedarían en la calle cientos de miles de inmigrantes destinados a ser mantenidos por las arcas del Estado que pesarían como una losa sobre nuestra economía.

Pero era en la página 147 del programa “popular” en el que se abordaba directamente la cuestión de una política de inmigración, en el apartado “Gestión de flujos migratorios”. Y el texto no podía ser más decepcionante:

“En estrecha cooperación con países de origen y de tránsito, se llevarán a cabo campañas de información sobre las posibilidades reales de inmigración legal y se impedirá toda forma de trata de seres humanos. Deberá seguir desarrollándose una activa política común en materia de visados y documentos falsos, incluidas en una cooperación más estrecha entre los consulados de la UE en terceros países. También se prestará atención especial en los ámbitos nacional y europeo para hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, en especial luchando contra quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los emigrantes, y se salvaguardarán en todo momento los derechos de las víctimas de esas actividades, con especial atención a los problemas de mujeres y niños. De acuerdo con nuestros compromisos comunitarios, se reforzará la cooperación y la asistencia técnica mutua entre los servicios de control fronterizo con los demás Estados miembros con programas de intercambio, transferencia de tecnologías, y con una especial atención a las fronteras marítimas. Adoptaremos las iniciativas necesarias para desarrollar la asistencia a los países de origen y tránsito de inmigrantes con objeto de promover el retorno voluntario y ayudar a las autoridades de esos países a mejorar su capacidad para combatir eficazmente la trata de seres humanos”.

Si estas eran las orientaciones, cabe decir que en marzo de 2004 todas ellas, sin excepción o no se habían puesto en práctica o simplemente habían fracasado estrepitosamente en la anterior legislatura, como veremos más adelante. No existió cooperación con los países emisores o por los que pasaban inmigrantes en tránsito, no solamente no se pudo combatir “la trata de seres humanos” sino que en esos años las mafias de la inmigración camparon por sus respetos desde Marruecos, no solamente no se afrontó a la inmigración ilegal, sino que se la ocultó a los ojos de la opinión pública, se minimizaron las cifras (que alcanzaban los 800.000 ilegales presentes en 2004) y se sobreprotegió tanto a los “menores” inmigrantes que se olvidó que el mejor destino de un menor era junto  a sus padres en el país de origen y no bajo la tutela del Estado Español. En cuanto a la “asistencia de los países de origen y tránsito” se convirtió simplemente en un pozo sin fondo que consumió recursos del Estado sin que se obtuviera ni un solo éxito. Repetimos: ni uno solo. No solamente no se impidió la “trata de seres humanos” como proponía el programa, sino que de pasar a ser algo con repercusión mínima pasó a tener una envergadura desproporcionada. Por otra parte, aludir a la “trata de seres humanos” era equívoco: la inmigración no tenía nada que ver con la existencia de mafias organizadas que trajeran inmigrantes contra su voluntad, sino que se trataba de verdaderas “agencias de viajes” que ofrecían una amplia gama de servicios que los inmigrantes pagaban gustosos por caros que fueran. En cuanto al concepto de “sociedad integrada y abierta” sonaba mucho mejor, desde luego, que proponer una “sociedad desintegrada y cerrada”, pero no dejaba de ser otro tópico sin contenido similar a los que manejaba el PSOE en la época. Los cuatro años que había estado el poder no le habían servido para aquilatar experiencias sobre la materia, ni siquiera a investigar cómo se desarrollaba la cuestión en una Europa que empezaba a estar desesperada porque todos los fondos destinados a la integración era dinero tirado en un agujero negro que no cosechaba el más mínimo resultado.

Todo esto es todavía más incomprensible cuando recordamos que al plantearse las elecciones del 2000, ya se habían producido tensiones étnicas en Aragón y Cataluña, y El Egido estaba a punto de estallar. El PP practicó en esa segunda legislatura la política del avestruz: no querer ver los problemas, mirar a otro sitio y no se trataba de alarmar a la opinión pública que ya empezaba a relacionar y a vincular inmigración con delincuencia. En la página 183 del programa “popular” se proponía: “La lucha contra toda forma de violencia contra las personas, incluido el ámbito doméstico, con la adopción de medidas preventivas hacia personas y grupos de riesgo (mujeres, menores, mayores y marginados), en el tráfico de la inmigración ilegal y en las diversas manifestaciones de la explotación sexual”… En aquella época la violencia doméstica ya había repuntado y desde el principio resultaba evidente que la incidencia de la inmigración masiva era la única causa que lo podía explicar. Pues bien, esto que hoy es evidente para todos –Amnistía Internacional terminó reconociéndolo solamente en 2006- era una herejía “xenófoba y racista” en 2000, herejía en la que el PP no estaba dispuesto a caer, ni siquiera a reconocer… Seguíamos con la política de ambigüedades y tópicos.  Y vale la pena recordar todo esto cuando en la actualidad el PP catalán se muestra como redentor de la sociedad en materia de inmigración.

La prueba de que la inmigración se había convertido en un problema era que desde el año 2000 aparecía regularmente en las encuestas del CIS como uno de los cinco problemas que más preocupaban a los españoles. De ahí que el PP abordará las elecciones de 2004 con un nuevo programa que ya dedicaba una sección entera a la inmigración: “21. Inmigración ordenada en una sociedad abierta” que abarcaba de la página 169 a la 173, prueba de que las cosas habían cambiado a lo largo del “aznarato” cuando, de ser una problema inapreciable, se pasó a ser un problema ocultado por todos, antes de convertirse en un problema incontrolable y particularmente experimentado especialmente por las clases trabajadoras en las que se habían instalado bolsas ingentes de inmigrantes con las que les parecía muy difícil convivir.

El programa del PP en esa ocasión empezaba constatando lo obvio (“La inmigración es uno de los fenómenos más importantes que afectan y seguirán afectando a nuestro país y a nuestro entorno europeo en los próximos años. Hemos de hacer un esfuerzo para anticiparnos al reto que va a suponer la adaptación de nuestras estructuras sociales a esta cuestión”) y lo que hoy causa carcajadas leerlo (“La entrada de inmigrantes se ha acelerado en los últimos años como consecuencia de nuestro desarrollo económico y de las oportunidades de empleo de nuestra sociedad. España se sitúa entre los países mas prósperos y desarrollados del mundo, pasando de ser un país de emigración a ser un país de acogida”). Se constata que 900.000 extranjeros cotizaban entonces a la SS… en un momento en el que entre legales e ilegales, empadronados y no empadronados, las cifras de inmigración alcanzaban los 3.000.000, de los que 800.000 eran ilegales (según declaraciones de Jesús Caldera, primer Ministro de Trabajo e Inmigración que justificó la regularización masiva de febrero-mayo de 2005 alegando que el nuevo gobierno socialista había heredado esta bolsa y algo debía hacer).

Luego, el PP afirmaba con una seriedad pasmosa que nuestra política de inmigración debía regirse por la política de la Unión Europea en la materia… olvidando que no existía una política común de inmigración y que las políticas nacionales practicadas en Europa, incluso la más avanzada y reverencia, la holandesa, se habían mostrado como un fracaso.

Finalmente, el PP proponía: “La ordenación legal de los flujos migratorios, la integración real y efectiva de los extranjeros que lleguen legalmente a nuestro país, la lucha contra la inmigración ilegal, poniendo especial acento en la persecución del trafico y explotación de seres humanos, la cooperación al desarrollo de los países de emigración...”. Y da gusto leer este programa porque es, más o menos, el mismo que enarbolaba el PSOE en esas mismas elecciones y el mismo que ambos siguen ocho años después, cuando está próximo otro proceso electoral: también el programa del PSOE hablaban de “una política de inmigración basada en planteamientos integradores y respetuosos” (pág. 23), ayudas a los países emisores de inmigración (pág. 17), “fomentaremos programas de integración de la inmigración” (pág. 49), y, finalmente, se coincidía también con el PP en que la inmigración era necesaria, enriquecedora y juega un papel fundamental en el crecimiento económico (pág. 125). Ambos insistían –con las mismas palabras- en la “ordenación de los flujos migratorios, adaptada a nuestra capacidad de acogida”, el “estímulo de programas de acogida”. Había, eso sí un único elemento diferencial entre ambos programas: mientras el popular aludía, no sin cierto cinismo, a la repatriación de los ilegales (algo curioso porque en los ocho años del “aznarato” no se había abordado esa política de repatriaciones lo que generó la acumulación de 800.000 ilegales a la que aludía Caldera unos años después). Dejando aparte esta pequeña diferencia, las propuestas de los dos grandes partidos en materia de inmigración eran como dos gotas de agua: exactamente iguales y superponibles. 

b. Las leyes de extranjería con Aznar

A principios de 2000 se promulgó la nueva Ley de Extranjería, que sustituía a la vigente desde 1985. A pesar de ser el PP el partido de gobierno, esta ley nació con la oposición del gobierno, apoyado por los partidos de izquierda y algunos nacionalistas. El PP advirtió que, en caso de obtener la mayoría absoluta, en las siguientes elecciones, modificaría la ley, como, de hecho, ocurrió. El 15 de diciembre de 2000, la nueva ley presentada por el gobierno fue aprobada por una cámara en la que el PP contaba con mayoría absoluta. Así pues, hemos de hablar de tres leyes de Extranjería en apenas 15 años: la de 1985, la de principios de 2000 y la que entró en vigor en el 2001...

Los textos legislativos relativos a la inmigración anteriores a la ley de 1985 respondían a la práctica inexistencia del fenómeno. Así, por ejemplo, en la ley de 30 de diciembre de 1969 se equiparaban los trabajadores hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos, que residían y se encontraban legalmente en España, con los trabajadores españoles en sus relaciones laborales y aludía especialmente a su inclusión en los distintos regímenes de la Seguridad Social. Era un texto que en buena medida rezumaba una buena predisposición hacia los inmigrantes “luso-americano-filipinos”, dentro del concepto de Hispanidad que subsistió en el tardofranquismo. En las últimas fases de la transición democrática, en 1980 se promulgó el Real Decreto 1031/80 del 10 de mayo, que regulaba la concesión de los permisos de residencia y trabajo, que derogó textos anteriores (el Real Decreto 1874/78 de 2 de junio de 1978 y el 522/74 de 14 de febrero de 1974) sobre la misma materia. El origen de la ley del 85 hay que buscarlo en el proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros residentes en España remitido por el gobierno al Congreso el 14 de abril de 1981. Tuvieron que pasar cuatro años para que el texto, inicialmente redactado por UCD, fuera modificado y aprobado finalmente por una cámara en la que el PSOE era mayoritario. Básicamente se reconocían a los inmigrantes los derechos contenidos en el Título I de la Constitución, se regulaba la concesión de permisos de trabajo y residencia y los mecanismos y motivos de expulsión. El hecho de que, una vez aprobada, la ley tardara un año en entrar en vigor, indica a las claras que en aquel momento no existía problema alguno con la inmigración y se concedía a los pocos miles de extranjeros residentes en España un amplio plazo para que regularizaran su situación. En sus 15 años de vida, la ley sufrió distintas modificaciones siempre en el sentido de una mayor protección de los derechos de la inmigración y de conceder cada vez más garantías para evitar expulsiones. En julio de 1987 se derogaron tres artículos y se facultó a los jueces para anular una decisión de expulsión. En la tardía fecha del 2 de febrero de 1996 se aprobó la reforma del Reglamento de Ejecución de la Ley de 1985. En ese momento se implantó el permiso de residencia permanente, que evitaba que los residentes tuvieran que renovar periódicamente sus permisos. Quedaron tipificados los distintos permisos de trabajo y residencia, la reagrupación familiar, la regulación de los centros de internamiento, el régimen sancionador para los no nacionales, las circunstancias de expulsión y la regulación sobre visados de acuerdo con las directrices europeas y el acuerdo de Schengen.

La Ley de 1985 había sido contestada por numerosos colectivos sindicales (CCOO) y sociales (SOS Racismo) que solicitaban su derogación y el que fuera sustituida por otra capaz de "facilitar la convivencia en igualdad”, que según ellos trataba a la inmigración pobre “como un problema policial, reprimiéndola". Estos colectivos criticaban a la Ley de Extranjería, especialmente a partir de mediados de los años 90 por considerar que había quedado desfasada al convertirse España en un país receptor de inmigrantes. Para estos colectivos la Ley de 1985 era insuficiente para regular estos nuevos flujos migratorios que entraban a mayor velocidad que cuando fue redactada. La ley, decían, no estaba preparada para soportar los retos que planteaban las primeras oleadas de inmigrantes de la globalización. Para estos sectores sociales y sindicales, orientados a la izquierda, la Ley de Inmigración debe, sobre todo, garantizar los derechos sociales y políticos de los inmigrantes extracomunitarios. Estos grupos empezaron a movilizarse a partir del asesinato de Lucrecia Pérez y de los primeros naufragios en el Estrecho. Las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, como hemos visto, habían favorecido la entrada de inmigrantes –habitualmente marroquíes- que contribuyeron al buen fin de las obras. En 1998, los grupos pro inmigracionistas presentaron en Interior 1.400 “autoinculpaciones" de personas que se declaraban objetores de la declararon objetores de la Ley de Extranjería: "Nos declaramos culpables de infringir el artículo 98 de la Ley de Extranjería, que sanciona con multa de hasta medio millón de pesetas a aquellas personas que ayuden o protejan a un inmigrante indocumentado". Esta iniciativa formaba parte de la campaña "Papeles para todos. Ningún ser humano es ilegal". La finalidad de la campaña era que "ningún inmigrante fuera considerado como ilegal en España por no cumplir determinados requisitos administrativos".

Esta presión social se unió al informe sobre migraciones elaborado por la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados aprobado en abril de 1998. Este informe incluía anotaciones para la modificación de la ley de extranjería y la elaboración de un nuevo texto legislativo. De este informe surgió el proyecto de ley de principios de 2000, consensuado por los socialistas con otras fuerzas de izquierda. Como puede verse por su origen y orientación, se trataría necesariamente de un proyecto de ley extraordinariamente generoso con los derechos de los inmigrantes.

Tras aprobarse esta segunda ley se abrió un período extraordinario de regularización de inmigrantes ilegales que duró desde el 31 de marzo al 31 de julio. En ese período, las 245.000 peticiones de regularización desbordaron todas las previsiones y doblaron las que se esperaban. En la práctica durante este tiempo se inició el “efecto llamada”. Fue este efecto el que esgrimió el gobierno para cambiar el texto y hacerlo algo más restrictivo. Sólo en ese año los tránsitos ilegales de pateras y que pudieron ser constatados habían pasado de ser 3.569 en 1999 a casi 15.000 en el 2000.

El 22 de diciembre de 1999 el Parlamento español aprobó la nueva Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, que sustituía a la legislación aprobada en 1985. Los aspectos más problemáticos de la ley fueron limados por el PP y CiU en el Senado. Ambos partidos habían alertado de la posibilidad de que la “generosidad” del texto promoviera un “flujo masivo de inmigración” (entonces no se hablaba todavía del “efecto llamada”).

Los puntos más polémicos se referían al reconocimiento de derechos a todos los inmigrantes residentes en España sin aludir a su situación de legalidad o ilegalidad; el mecanismo de regularización permanente que permitía legalizar su situación a quienes acreditaran dos años de permanencia en territorio español; la posibilidad de recurrir las denegaciones de visado ante los tribunales. Era imposible redactar una ley más progresista... y al mismo tiempo más ignorante de la legislación europea de la época. Porque, desde la Cumbre de Tampere (1999), la Unión Europea había establecido una política común de asilo y gestión de flujos migratorios... algo que, literalmente, parecía traérsela al fresco al PSOE y sus aliados en esta aventura, IU, PNV y Grupo Mixto. Al aprobarse estas enmiendas, la izquierda intentó movilizar a la calle. En aquel momento proliferaron las manifestaciones callejeras (no particularmente concurridas, por cierto), pero que abrieron el camino para que, de regreso al Parlamento, las enmiendas introducidas en el Senado fueran rechazadas.

La nueva ley estaba compuesta por 64 artículos. La primera disposición transitoria exponía que "El Gobierno establecerá el procedimiento para la regulación de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años". Una de las disposiciones finales establecía que "los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". El capítulo I, que se titulaba "Derechos y libertades de los extranjeros", las definía idénticos a los que gozaban los españoles: libertad de circulación, reunión y manifestación, derecho a la educación, al trabajo, a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales y a la Seguridad Social. El artículo 10 precisaba que "todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria". El artículo 15 establecía que "los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas". Se establecía que bastaba inscribirse en el padrón municipal para tener derecho a las prestaciones sanitarias necesarias desde el ingreso en un centro hospitalario o en un servicio de urgencias, hasta el alta médica. El reagrupamiento familiar quedaba contemplado en el capítulo II. Se reconocía el derecho de los familiares de los inmigrantes que residían en España a reagruparse con el residente; la medida abarcaba al cónyuge, a los hijos del residente y del cónyuge, los ascendientes del residente y cualquier otro familiar si se justifica por razones humanitarias. El capítulo III, aludía a las garantías jurídicas ("los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva") y a la asistencia jurídica gratuita. Luego, en el artículo 24, se regulaban los requisitos de entrada en España ("se podrá autorizar la entrada de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria"). Aparecía la figura de la “residencia temporal” (artículo 30) para la que era necesario acreditar "una estancia ininterrumpida de dos años en territorio español, figure empadronado en un municipio en el momento en que formule la petición y cuente con medios económicos para atender a su subsistencia". Los permisos de trabajo “se concederán por una duración inferior a cinco años y podrán limitarse a un determinado territorio, sector o actividad”.

A decir verdad, la ley 4/2000 no entró con buen pié. Los socialistas pasaban por un período en el que sus bases gritaban “papeles para todos” (o poco menos) y elaboraron una ley que, en la práctica equiparaba la situación de los inmigrantes ilegales a la de los legales. Y, para colmo, esta ley se anticipó solamente unos días a los incidentes de El Egido. La ley se había elaborado por consenso de todos los partidos políticos, salvo el PP. Cuando, en las elecciones de marzo, éste obtuvo la mayoría absoluta redactó un nuevo proyecto de ley con dos objetivos: adecuar la legislación española de inmigración a la normativa europea y detener el “efecto llamada” generado por el período extraordinario de regularización. Aznar, completó esta medida con la creación de una Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, al frente de la cual situó a uno de sus hombres de confianza, Enrique Fernández-Miranda. Este presentó un informe al Consejo de Ministros en el mes de junio de 2000, que serviría de base para el proyecto de modificación de la ley anterior.

A pesar de discutirse el nuevo proyecto de ley con todos los grupos parlamentarios, no pudo existir el consenso. IU-IC, BNG, IC, UGT y CCOO, rechazaron la reforma; CiU, ERC, CC, CHA y el PA se mostraron dispuestos a asumir cambios desde el diálogo. El PSOE en aquella época era el líder en la promoción y defensa de los derechos de los inmigrantes. El 27 de junio de 2000, el PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley que planteaba esperar un año, para conocer los efectos de la ley 4/2000 antes de proceder a su reforma... Algo absurdo por que resultaba evidente en ese momento que el “efecto llamada” ya se había desatado. La mayoría absoluta del PP bastó para que la proposición fuera rechazada. Con todo, la propuesta logró 117 votos del PSOE, IU, PNV, y grupo mixto. En esta ocasión CiU y Coalición Canaria se abstuvieron, demostrando hasta qué punto eran volubles y no habían meditado mucho su opción que permitió salir adelante a la ley 4/2000 sólo unos meses antes. Claro que rectificar es de sabios, por que el 1 de julio de 2000 el número de inmigrantes interceptados en los seis primeros meses del año suponía un incremento del 460% con respecto al anterior. Pocos días después, Jordi Pujol reconocía que el "efecto llamada" era una consecuencia de la legislación aprobada y se decantó por su reforma urgente.

En julio de 2000 se aprobó el anteproyecto de reforma, ratificado el 4 de agosto. Tras el retorno de las vacaciones parlamentarias, en octubre, comenzó el debate en el Congreso, con carácter de urgencia. Las enmiendas a la totalidad presentadas por IU, PNV y el Grupo Mixto, fueron rechazados; fueron aceptadas cerca de una cincuentena parciales procedentes de casi todos los grupos e incorporadas al texto. La ley vigente en la actualidad fue, finalmente aprobada a finales de noviembre de ese año. En el Senado el proyecto fue rechazado por el PSOE al rechazar el PP incorporar en el texto una referencia al derecho de reunión, asociación, sindicación, huelga y manifestación, de los inmigrantes ilegales. Finalmente, la ley fue aprobada el 14 de diciembre con los votos del PP, Coalición Canaria y CiU. El 23 de enero de 2001 entraría en vigor.

La nueva Ley de Extranjería difería en algunos puntos de la anterior. En el área de sanidad limitaba la atención médica de los inmigrantes ilegales a las urgencias. De la educación no se aludía a la pre-escolar ni al bachillerato y se garantizaba, por el contrario, la enseñanza gratuita para hijos de inmigrantes ilegales a la primaria. Seguía manteniéndose la posibilidad de que los inmigrantes pudieran pedir el amparo de los tribunales, incluso los rechazados en la frontera. La única limitación estribaba en que solamente los inmigrantes legales podrían recurrir a la asistencia jurídica gratuita en los litigios que pudieran tener. La nueva ley excluía del principio de publicidad, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, a los visados, cuya denegación sólo habrá que motivar cuando la petición apele a la reagrupación familiar o al trabajo por cuenta ajena. Se incorporaron también algunas modificaciones sobre el proceso de expulsión. El mero hecho de estar en España en situación irregular, hace acreedor de la medida de expulsión. Si un inmigrante es expulsado por orden judicial o administrativa o se le deniega a seguir en España, deberá salir del país obligatoriamente. Las expulsiones preferentes son inmediatas. Las normales establecían que se debe abandonar el país en el plazo fijado, que nunca será menor a 72 horas. También se limitaba el derecho sindicación, huelga, asociación y reunión de los inmigrantes ilegales. Para que pudiera acogerse a la reagrupación familiar era necesario que el inmigrante hubiera cumplido un año de residencia legal en España. También se establecía responsabilidad penal para los que transportaran a inmigrantes y les ayudaran a ingresar ilegalmente en España.

Tal es el marco legal vigente en durante el segundo período de gobierno de José María Aznar.

 

c. ¿Cuántos inmigrantes albergaba la España de Aznar?

Eurostat calculaba que en el año 2001, 1.068.000 inmigrantes nuevos entraron en la Unión Europea. Tres años antes lo habían hecho justamente la mirad (581.000 personas). El mismo organismo privado declaró que España era el país de la UE con mayor flujo migratorio en el 2001. En efecto, la cuarta parte de los inmigrantes que llegaron a la UE, se asentaron en nuestro país. Italia y Alemania, con el 17%, y el Reino Unido, con el 15%, nos seguían en este ranking. En el 2001 la población de la Unión Europea llegó a 379,4 millones de habitantes, aumentando un 3’9% en relación al año anterior. Pues bien, el 70% de ese incremento se debía a la inmigración. El año 2002, el Ministerio del Interior británico cifraba en un millón las personas que querían cruzar cada año las fronteras de la UE. El Centro Internacional para las Inmigraciones estimaba que 500.000 conseguían entrar anualmente.

En junio de 2002 tuvo lugar la Cumbre de Sevilla de la UE que situó el control de la inmigración ilegal como una de sus prioridades. De allí, y por boca de Aznar, salió la voluntad de tomar cartas en el asunto a partir del 1 de enero de 2003. Y se tomaron. El 28 de enero de 2003 se inició en Baleares la operación "Ulises", primera iniciativa de la UE contra la inmigración ilegal y que debía ser el “germen” de la futura policía europea de fronteras. Patrulleras y corbetas de España, Reino Unido, Francia, Portugal e Italia participaron en la operación. Lamentablemente –como ya hemos recordado- en esa zona la inmigración en pateras era nula... Quienes entraban ilegalmente en Baleares lo hacen por los aeropuertos o los ferrys, nunca en pateras. El aterrizaje era bueno, pero los cerebros de la operación “Ulises” se habían equivocado de “aeropuerto”. Si se quería valorar la eficacia de la experiencia debía haberse hecho en el Mar de Alborán o en Gibraltar, no en una zona huérfana de pateras.

El 19 de diciembre del 2002 la UE emitió una directiva por la que, a partir de junio de 2003 se exigiría visado a los ecuatorianos que pretendieran entrar en la UE. Aznar, el hombre que se había manifestado en la cumbre de Sevilla como partidario de contener la inmigración, logró retrasar la aplicación de esta medida en España hasta el 1 de enero del 2003... Hay que preguntar a Aznar: los inmigrantes ecuatorianos que llegan a España ¿entraban por algún aeropuerto europeo que no sea por Barajas? Difícilmente; entonces, retrasar la aplicación de la directiva en España hasta enero del 2004, representaba retrasar su aplicación práctica en toda Europa. Por lo demás, el anuncio de esta medida hizo que entre enero y mayo solamente entraran en España 250.000 ecuatorianos (la información procede del portavoz de la asociación de ecuatorianos Ruminahui, Raúl González). Una vez más, el gobierno español generó y estimuló de manera irresponsable (o interesada) el “efecto llamada”. Si un cuarto de millón de ecuatorianos entraron en España en apenas cinco meses, ¿cuántos entraron hasta que se les aplique la exigencia de visado?

El 26 julio 2002 los ministros del Interior de los países candidatos a entrar en la UE firmaron la “Declaración de Salzburgo”, en la que acordaron coordinar sus políticas contra la inmigración ilegal y las mafias organizadas. El 26 septiembre 2002, Bélgica, Francia y Gran Bretaña crearon controles comunes de inmigración en el puerto belga de Zeebrugge y en el tren bajo el Canal de la Mancha. Pocos meses después, el 3 de diciembre de 2002, la Comisión Europea dio a conocer que invertiría 934 millones de euros hasta 2006 en los países de origen de inmigrantes ilegales para atenuar el flujo; 350 millones de euros se destinarán a Bosnia, Albania, Croacia y Macedonia, 119,9 millones a Marruecos - el país al que la UE destinará más ayuda- además de Afganistán (60 millones), Somalia (51 millones), Ucrania (33,5 millones), Colombia (25,3 millones), China (10), Etiopía (6,5), etc.  A partir del 29 de noviembre de 2002 se negociaron acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales con Turquía, Albania, Yugoslavia, Rusia, Túnez, Ucrania, Argelia y China; se recomendaron penas de ocho años de cárcel para los traficantes de inmigrantes. Ese mismo día se aprueba un presupuesto de 17 millones de euros para el regreso a Afganistán de 100.000 afganos que permanecían en la UE.

Antes de la Cumbre de Sevilla, el 23 de mayo de 2002, finalizaba la segunda Operación RIO (Risk Inmigration Operation) consistente en realizar controles conjuntos en 25 aeropuertos internacionales de la UE. Se impidió la entrada de 4.597 inmigrantes irregulares. España fue con 601 el segundo país de los veinte participantes que más personas interceptó, después de Francia que interceptó el doble… ¿Cifras prometedoras? Más bien ridículas, si tenemos en cuenta que aproximadamente el 90% de todo el pasaje de aviones de ciertos países sudamericanos (Ecuador, en concreto, y más tarde Bolivia y Perú) eran inmigrantes ilegales que aspiraban a quedarse en nuestro país. Desde hacía dos años, la UE venía realizando tímidos intentos de afrontar el problema, más que nada para contentar a un electorado que cada vez más se adhería a las posiciones antiinmigracionistas de algunos partidos hasta entonces marginales. El 28 de julio de 2000, la UE celebró en Marsella, por primera vez, un debate sobre las perspectivas a largo plazo de la inmigración y sobre la posibilidad de coordinar sus políticas en la materia. El 5 abril de 2002, la Conferencia Ministerial del Grupo Europa-Asia (ASEM), celebrada en Canarias, acordó crear una red de vigilancia de la inmigración ilegal. Una semana después, la Comisión Europea difundió el Libro Verde, “Una Política comunitaria de retorno de los residentes ilegales”, que proponía normas para la repatriación. Poco después, ese mismo mes, los ministros de Interior de la UE barajaron sanciones contra los países de donde hayan partido las embarcaciones, que deberán readmitir a los ilegales que llegan a las costas de la UE. El acuerdo no tendrá continuación. Todas estas medidas se mostraron completamente ineficaces.

Además, el problema era otro. La cuestión no era sólo cortar el flujo de inmigrantes, sino ¿de qué manera repatriar a los que se encuentran en situación ilegal? Y en este terreno no había que caer en trampas estadísticas: ciertamente en la UE se decretaron en el año 2000, algo menos de 200.000 expulsiones, pero lo que la estadística no cuenta es cuántas de estas fueron efectivas. Por que, en el fondo, la expulsión no es más que un papel que se remite al interesado que éste puede asumir o ignorar; no todas las expulsiones decretas son expulsiones reales.

Aznar, a todo esto, no se interesaba por la inmigración, salvo por su impacto en el crecimiento económico. Hacia 1998 ya era evidente que el sector de la construcción estaba creciendo a una velocidad para la que ya no existía mano de obra española. De ahí que el gobierno Aznar fuera entreabriendo las puertas a la inmigración: era evidente que la inmensa mayoría de andinos que entraban por Barajas lo hacían para quedarse y que los visados de turista harían que 90 días después iniciaran una situación de ilegalidad… pero no importaba, y a pesar de lo fácil que era aplicar medidas, no solamente no se hizo, sino que se evitó hacerlo con todo tipo de excusas, lo que implicaba, incluso, no cumplir los preceptos de la propia ley de extranjería reformada por el propio gobierno de Aznar. A medida que se examina una y otra vez los orígenes del problema de la inmigración en España, aparece cada vez más evidente la responsabilidad de José María Aznar en esta materia.

El presidente del gobierno español, estaba confundida con las declaraciones de organismos internacionales sobre la materia. En efecto, en febrero de 2001, la “División de Población” de la ONU emitió un informe en el que se afirmaba que “el futuro de la economía y el bienestar de Europa dependían de la inmigración”. El informe era alarmista y, a todas luces, exagerado y producto de la actividad del lobby pro inmigracionistas que actúa en el interior de este organismo internacional. Se decía que en los próximos 50 años la población europea pasará de los 729 millones actuales a 628 millones. Sólo la llegada de ¡159 millones de inmigrantes! podrá garantizar la fuerza de trabajo y paliar el envejecimiento de la población. El informe afirmaba que la “hipótesis cero”, es decir, el cierre de fronteras a la inmigración haría caer la población de la UE de 372 millones de habitantes en 1995 a 311 millones en el 2050; solamente un mínimo de 79 millones de inmigrantes asegurarían el mantenimiento de las pensiones y la viabilidad de la industria. España, además, se convertiría en el país con la media de edad será la más elevada del mundo en el 2050. Se precisaría la entrada de 300.000 inmigrantes al año hasta el 2025, una cifra análoga en Italia, 500.000 en Alemania. Francia, necesitará “según los expertos”, 23 millones de nuevos activos a un ritmo de 766.000 por año. Hoy, esas cifras solamente se recuerdan en las hemerotecas y nadie ha pedido explicaciones a los redactores del informe, que contribuyó solamente a que la credibilidad de la ONU descendiera un poco más. En lugar de abordar políticas lógicas de fomento de la natalidad en Europa y control de la natalidad en el Tercer Mundo, lo que la ONU proponía era distribuir los excedentes de población de los países con mayor tasa a los de menor tasa, sin importar que esto supusiera el desarraigo de millones de habitantes, porque a fin de cuentas lo que interesa especialmente a los funcionarios de la ONU y de la UNESCO era la creación de una sociedad multiétnica y multicultural, fantasía recurrente de la progresía. En 2003, la tasa de natalidad media en la UE era de 1’4 niños por mujer, con la que no se garantizará la continuidad de la población europea, máxime si se tiene en cuenta que en esta cifra entran ya inmigrantes de segunda y tercera generación, étnicamente no europeos, pero administrativamente con todos los derechos (y que en 2011 en España son ya 1.000.000 y aumentará hasta los 3.000.000 en los próximos cinco años). En 100 años los europeos, étnicamente descendientes de los pueblos históricos del continente, corremos el riesgo de convertirnos en una especie en vías de extinción.

La dejadez y desinterés del gobierno en materia de inmigración, la conveniencia de atraer al mayor número de inmigrantes para poner ladrillos y servir cañas, hizo que al iniciarse el “aznarato” en 1996, estuvieran presenten en España 542.314, el 1,37%, para pasar a ser 637.085 (1,60%) dos años después y ya en el 2000 llegaran a 923.879 (2,28%). En 2001 llegaron oficialmente 450.000 inmigrantes, ascendiendo la cifra a 1.370.657 (3,33%), pero en 2002 se produjo la entrada de 600.000 inmigrantes más llegando casi a los 2.000.000 (4,73%) y un año después se registraran 650.000 entradas alcanzándose la cifra de 2.664.0168 inmigrantes (6,24%) habiéndose rebasado la conflictiva barrera del 5% a partir de la cual todo podía pasar. Pero esa inmigración estaba desigualmente repartida y ya entonces eran perceptibles grandes concentraciones en la costa mediterránea y en Madrid o en Andalucía, mientras que en la cornisa cantábrica y en amplias zonas de Castilla-León apenas había inmigrantes. Cuando Aznar abandona el poder como resultado de las bombas del 11-M, la inmigración ha superado los 3.000.000, de los que 2.200.000 son legales y el resto ilegales existiendo un cierto número de no empadronados o de otros que habiéndose empadronado años antes no sabían que tenían que renovar su inscripción y habían sido dados de baja, con lo que no aparecen en las estadísticas, aunque podrían evaluarse en 250.000 más.

Todo esto era más incomprensible a la vista de que en 1997, uno de cada cinco trabajadores españoles estaba en paro y se había roto la barrera de los 2.000.000 de parados (véase ABC del 30 de diciembre de 1997, pág. 149). La pregunta es obligada: en un país con 2.000.000 de parados ¿son necesarios 3.000.000 de inmigrantes?

d. Aznar con Turquía contra Europa

En la última etapa de su mandato, Aznar asumió el papel de vanguardia proamericana en la Unión Europea. Hasta ahora ese papel había sido desempeñado casi en exclusiva por Blair que no hacía sido seguir la tradicional política atlantista y proamericana de Inglaterra. Pero desde el verano de 2002 a Blair le había salido un competidor, José María Aznar. En realidad, ambos, más los polacos, se habían revelado como la quinta columna de los EE.UU. en Europa, frente al eje París-Berlín que optaba por una política de mayor independencia. Unas semanas después del incidente de Isla Perejil, Aznar se convirtió en el principal valedor de Turquía en la Unión Europea.

Turquía tiene una importancia estratégica singular. No es Occidente, sin embargo, pertenece a la OTAN, de la que es la excepción islámica. Tiene un pie en suelo europeo (Tracia), pero el otro está en Asia (Anatolia). Está en Oriente Medio, pero no es árabe. Es islámica, pero no es un Estado confesional, sino una república laica; laica, si, pero gobernada por un partido islamista. Turquía es un país de contrastes, pero a nadie se le escapa que ni por cultura ni por pasado, es remotamente similar a los países de la UE. Turquía es, además, el aliado principal de EEUU en Oriente Medio, sin duda después de Israel, pero con mucha mas importancia estratégica que él; sin embargo, Turquía mira a Europa. La geopolítica concede a Turquía un valor muy especial. Cierra las puertas de Rusia al Mediterráneo. Su territorio es fronterizo con las naciones de Oriente Medio y abre también las puertas a las repúblicas ex soviéticas de Asia central, mayoritariamente musulmanas. En 1996, Turquía selló un pacto con Israel que atenazaba a Siria. El gran impulsor de este pacto fueron los EEUU. Turquía apoyó a EEUU en las guerras de Corea (1950-53), del Golfo (1990-91) y de Afganistán (2001-02). "Turquía es un ejemplo para el resto del mundo musulmán", manifestó recientemente en Bruselas Stephen Hadley, el segundo de Condoleezza Rice, consejera de seguridad nacional de Bush. Pero Turquía, pese a ser una excepción islámica, seguía sin cumplir, para los europeos, los  mínimos democráticos requeridos.

Existen varios obstáculos que impiden el ingreso de Turquía, con unos 70 millones de habitantes (95% musulmanes), en la Unión Europea. Algunos países desconfían de la competencia agrícola turca. Pero esta desconfianza deriva también del conflicto con Grecia que tiene a Chipre como foco central de tensión y la cuestión kurda. La U.E. desconfía del respeto a los derechos humanos en Turquía y mucho más del integrismo islámico que ya ha aflorado en aquel país.

La política exterior norteamericana en Turquía no es esencialmente diferente de la inglesa en el siglo XIX durante la Guerra de Crimea. En efecto, aquella guerra tuvo como objetivo impedir a los rusos el acceso al Bósforo y a los Dardanelos, es decir, al Mediterráneo y, a través del Indukús, al Océano Indico. Se trataba de cerrar el paso a Rusia a los mares cálidos del sur. Esta política ha sido reactualizada completamente por los estrategias del Departamento de Estado norteamericano. El comodín que ayer tuvo Inglaterra y hoy está a disposición de EEUU es el aliado turco. Los dos oleoductos que conducirán el petróleo del Caspio serán trazados con el visto bueno de los EEUU: uno atravesará Kurdistán y Afganistán para llegar a los mares cálidos del Índico a través de Pakistán; el otro, pasará por Turquía y su trazado discurrirá al sur del Cáucaso, es decir, fuera del área de influencia rusa.

La política inglesa en el siglo XIX consistía en penetrar en los Balcanes para proteger sus posiciones en Suez e impedir que otras potencias europeas (incluida Rusia) se abrieran hacia Asia. Hasta que el kaiser Guillermo II viajó a Turquía para inaugurar una nueva política, Inglaterra bloqueó cualquier paso europeo hacia el Este. Guillermo II fraguó una corta alianza con los turcos en la que estos, en lugar de orientarse hacia el Oeste, es decir, hacia Europa, rectificaron su expansión, dirigiéndose hacia el sur (hacia Irak, el Golfo Pérsico y el Indico). Por primera vez los turcos dejaron de pensar en marchar sobre Viena o remontar el curso del Danubio. Esta alianza intentaba transformar el imperio turco en algo más que un agregado de cultura y orientación islámica, aliado de Europa, pero la iniciativa duró poco tiempo. La primera Guerra Mundial y el ataque del Imperio Británico contra Turquía y los Imperios Centrales, rompió esta alianza. Alemania pretendía que Turquía, en lugar de seguir una expansión de Este a Oeste, siguiera una expansión de Norte hacia el Sur, alejando el peligro para Europa, pero esta política fue derrotada y tras la II Guerra Mundial se regresó a la anterior política capitaneada por Inglaterra y que actualmente es defendida por EEUU: intentar que Turquía se expanda hacia el Oeste, es decir, hacia el marco de la Unión Europea. Y esa política es la traición a nuestro pasado histórico, la traición a Don Juan de Austria y a Felipe II, la traición a Carlos V y a los lucharon y murieron en Lepanto, en la defensa de Viena y mucho antes en los muros de Constantinopla en donde formaron caballeros castellanos y aragoneses. Esa política criminal y antieuropea, fue la asumida por Aznar.

A finales de 2002, Giscard d’Estaing afirmó que la entrada de Turquía en la Unión Europea supondría el fin de esta institución; la subsiguiente victoria islamista en las elecciones turcas, no hizo sino avivar la polémica. El por qué EE.UU. trata a Turquía como aliado preferencial se entiende mejor si se recurre a un mapa de la zona. En efecto, la geopolítica ha determinado que Turquía sea un país fronterizo con Iraq, Irán, Siria, Georgia y Armenia. Su frontera Este está separada por apenas 600 km de la cuenca del Caspio. En otras palabras, Turquía es una cuña en las zonas por las que EE.UU. muestra en estos precisos momentos un mayor interés. En efecto, es una cuña situada entre el país con las segundas mayores reservas petrolíferas mundiales (Iraq) y la zona del Caspio en donde se encuentras las terceras mayores reservas petrolíferas… Con Bush, gobierna en Washington el lobby de los petroleros. No es raro que se preocupen de aquel país que les permite estar presentes, con armas y bagajes, en aquella zona que para ellos constituye en la actualidad su principal teatro de operaciones.

El 8 de octubre de 1997, la Comisión Europea, dio un espaldarazo a la ampliación de la U.E. con la recomendación oficial de que se incorporaran 10 países del Este Europeo en el año 2004, en lo que constituirá la ampliación más importante de la U.E. Así, mientras que la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta reciben el aprobado de Bruselas, se rechazó la entrada de Turquía, alegando que, “a pesar de los avances registrados desde el verano, Turquía no cumple todavía los requisitos políticos ni económicos para convertirse en un futuro en miembro de la UE”. Aunque Turquía cumpliera con las exigencias económicas y políticas, no debería entrar en la U.E. y esto por que supondría la ruptura de la continuidad cultural de la federación, permitiría la diseminación por el territorio de Europa Occidental de 70 millones de potenciales inmigrantes y  no es un aliado de Europa, es un aliado de EEUU. Turquía sería el primer país islámico que entraría en la U.E., como ya hemos dicho, eso rompería con la continuidad y uniformidad cultural de la U.E., necesaria en todo país que aspira a ser una gran potencia. Pero, Turquía es algo más que un país de mayoría islámica construido sobre la destrucción de la cultura europea, es, sobre todo, un aliado preferencial de EE.UU. Y, no hay que olvidar, que si la U.E. tiene futuro, este pasa por ser un contrapeso internacional a la agresividad y el expansionismo norteamericano. De hecho, EE.UU. ya considera a la U.E. como un competidor comercial, previo paso a considerarla como un adversario político.

Aznar hizo algo más que permanecer de espaldas tras haber entreabierto las puertas a la inmigración en España: pretendió que toda Europa sufriera las consecuencias de la dispersión de millones y millones de turcos por Europa. No puede decirse que la gestión de Aznar en esta materia fuera excepcionalmente lúcida porque ya en 2002 era evidente que el problema de la inmigración estaba siendo percibido como tal en la calle y que se había transformado en una molestia permanente para muchos ciudadanos. Vale la pena recordar lo que ocurrió en aquellos años.

e. La inseguridad ciudadana durante el “aznarato”

El Ejido no fue un episodio aislado, pero sí el más dramático de una situación que desde entonces, viene repitiéndose con relativa frecuencia. En Jumilla el 22 de julio de 2003 los vecinos convocaron una manifestación en el curso de la cual se pidieron a gritos la expulsión de todos los inmigrantes sin papeles; “Nos están matando, nos están robando y no hacéis nada”, recriminaron los vecinos al alcalde y al resto de concejales. En mayo del 2003, un inmigrante murió en una pelea entre ecuatorianos y marroquíes. Jumilla como antes El Ejido no estaban acostumbrados a esta situación.

Todo esto viene a cuento del barómetro del CIS publicado el 1 de agosto de 2002, cuando media España estaba de vacaciones que reveló que el 60% de los españoles relacionaba inmigración con delincuencia y el 84% pensaba que la inmigración debe limitarse en nuestro país a aquellos que vengan con contrato de trabajo. En la encuesta se ofrecían otros datos significativos: sólo un 9% consideraba que no debería haber obstáculo legal a la entrada de inmigrantes, cuando hace un año el 13% reclamaba "papeles para todos"; el 54% consideraba que eran "demasiados" los extranjeros que vivían en España, frente a un 42% el año anterior; el 35% afirmaba que eran "bastantes, pero no demasiados" y sólo al 4% le parecían pocos. El 40% pensaba que la inmigración es positiva, pero el 29% la consideraba negativa. El 28% afirmaba que los inmigrantes debían “asimilarse”, es decir, renunciar a sus costumbres; para el 67% debían aprender nuestra lengua y costumbres y compatibilizarlas con las suyas propias.

A partir del primer trimestre del 2002 era evidente que la población percibía que la delincuencia había aumentado en la mayor parte de ciudades de España y que una parte muy significativa de esta delincuencia estaba protagonizada por extranjeros. Algo debía de saber la ciudadanía porque era ella quien sufría la delincuencia. En septiembre de 2002, Aznar se vio forzado a tomar medidas contra la “pequeña delincuencia”. Estas medidas fueron más electoralistas que otra cosa, destinada a tapar la boca de quienes denunciaban la situación, más que a resolver el problema. Esta pequeña delincuencia estaba siendo copada progresivamente por inmigrantes ilegales. Pero, luego estaba la “gran delincuencia” que igualmente con una frecuencia progresiva aparecía en las primeras páginas de los diarios: asesinatos, ajustes de cuentas, crímenes truculentos, también tenían como protagonistas cada vez con más frecuencia a ilegales. Y quedaban finalmente las agresiones domésticas. En 2002 algunos ya empezaban a intuir que la violencia doméstica no había aparecido como una mutación de la sociedad española, sino que empezaba a ser relacionada con la inmigración. Para los que trabajaban en sectores profesionales relacionados con la violencia doméstica (médicos de urgencias y asistentes sociales) para advertir que una parte sustancial de las agresiones domésticas están relacionadas directamente con la entrada masiva de inmigrantes.

Pero en 2003, para algunos, vincular delincuencia a inmigración constituía una opción xenófoba aun a despecho de las cifras de presos extranjeros en nuestras cárceles y a despecho de la observación pura y simple de la realidad social. El 1 de junio de 2003, la directora del Centro de Estudios Criminológicos de la Universidad de La Laguna, Patricia Laurenzo, explicó que la vinculación que se ha hecho entre inmigración y delincuencia ha insensibilizado a la sociedad frente a los inmigrantes, a los que ahora percibe como un peligro. A finales de abril de 2003 se publicaron las cifras de la criminalidad referidas al año anterior. Según fuentes del Ministerio del Interior se registraron 2.148.469 actos delictivos, lo que representa un incremento del 8,7% respecto al año 2001. Otra información –tan oficial como contradictoria con la anterior- facilitada por el Gobierno al Parlamento, indicaba que los actos delictivos cometidos en 2002 habrían crecido un 53,9% respecto a 2001 hasta alcanzar los 3.042.447 delitos y faltas. Sin embargo, el 31 de marzo de 2003, el Gobierno anunciaba que el incremento de las infracciones penales en 2002 había sido del 4,95%, lo que a todas luces no respondía a la realidad. Mucho menos realista era la declaración del Ministro del Interior, Ángel Acebes, quien anunció en junio de 2003 que los índices de delincuencia habían caído en el primer trimestre de 2003 un 1,59%, descenso que hubiera sido posible gracias al descenso de los delitos en un 7,28% que compensó el aumento de las faltas en un 4,44%. La verdad es que el Ministerio no mintió al liberar la cifra de 3.042.447 de delitos y faltas, los sacó de la Revista Estadística del propio Ministerio, datos sin aderezar de cara a la opinión pública y que dan como resultado el verídico y escalofriante aumento del 53'9% de la delincuencia en nuestro país protagonizada en un 77'3% por extranjeros. SOS Racismo Madrid tachó todo esto de “política de criminalización”.

El 10 de noviembre de 2002, el Grupo de Estudios Estratégicos formulaba la pregunta clave: “La pregunta verdaderamente interesante es si el porcentaje de delincuentes en la población inmigrada es mayor o menor que en la autóctona”. La conclusión del GES era incuestionable: “el número de detenidos extranjeros casi se ha triplicado entre los años 1992 y 2000, lo que implica una tasa media de incremento anual del 12%, levemente superior a la tasa de incremento de los residentes regulares extranjeros”. El informe se completaba realizando un estudio de la delincuencia por nacionalidades: “La tasa de delincuencia de los residentes extranjeros es de 35 por mil (35 detenciones por mil habitantes), es decir tres veces superior a la de los ciudadanos españoles. Los ciudadanos de los demás países de la Unión Europea presentan la tasa más baja, 20 por mil, mientras que para el resto del mundo se eleva al 41 por mil”. Argelinos y colombianos tienen unas tasas de criminalidad superiores a marroquíes y ecuatorianos, a pesar de ser países vecinos. La conclusión era inapelable: “resultara difícil negar que efectivamente la población extranjera presenta en España una tasa de delincuencia mayor que la autóctona”. No era nada que no supiera quien tuviera ojos y viera, y entendimiento y entendiera. A fin de cuentas era lo mismo que estaba ocurriendo en esos mismos años en Europa Occidental: al Alemanoa la tasa de delincuentes extranjeros era cuatro veces mayor a la de autóctocos, en Suiza en 1993 los inmigrantes suponían la mitad de los condenados por homicidio y violación. Así pues, la relación entre delincuencia e inmigración que el propio Aznar había negado en julio de 2002 no era un mito.

f. La opinión de los ciudadanos durante el gobierno Aznar

En el 2001 hubo 96 muertes violentas en Madrid y 19 de ellas fueron de colombianos. En los años siguientes, delincuentes colombianos se han visto envueltos en ajustes de cuentas, secuestros, asesinatos contra españoles, ecuatorianos y colombianos, redes de tráfico de mujeres para esclavizarlas en la prostitución, falsificación de documentos y moneda, extorsiones y muertes al intentar asaltar viviendas. Solo en los 6 primeros meses de 2003, las muertes violentas en Madrid ascendieron a 77 y mayoritariamente estaban vinculadas a temas de alguna manera relacionados con la inmigración ilegal. “Mire usted: ¿Cómo pretende que los españoles no desconfiemos de los colombianos, si son los que se matan a tiros en las calles y llenan de cocaína a España?”, manifestó a un conocido diario nacional un airado vecino de Tres Cantos, población aledaña a Madrid. 

Hasta el mes de septiembre de 2002, el gobierno había evitado relacionar el aumento de los índices de delincuencia con el aumento de la inmigración. No sólo eso, sino que, por aquello de que “España va bien”, se había negado incluso a admitir que la delincuencia estuviera aumentando. Pero la calle tenía otra percepción y, por lo demás, Aznar es consciente de que hasta ahora una de los logros del PP es carecer de enemigos a su derecha. Sin embargo en septiembre de 2002, Aznar se vio obligado a rectificar y tomar medidas. Este cambio de posición no era voluntario, sino forzado por la publicación de la encuesta del CIS sobre las preocupaciones de los españoles. En efecto, los primeros síntomas de que la percepción de la opinión pública estaba cambiando se tuvieron en el mes de mayo cuando el barómetro del CIS revelaba que uno de cada tres españoles achacaba el avance de Le Pen, Fini, Haider, etc, a la inmigración. En efecto, el 34’5% de los encuestados señala que la inmigración es la primera causa del avance de la ultraderecha, mientras que el 23’1% opinaba que el ascenso de esas formaciones se debe a la desconfianza en los partidos tradicionales. El 12% opinaba que el electorado quería cambios y estas formaciones se lo ofrecían. Ya en esa encuesta aparecían cifras extremadamente preocupantes para el gobierno: el 23,8% de los encuestados citaban la inseguridad ciudadana entre esos problemas y el 23,5% hablaba de la inmigración. La encuesta se había realizado bajo el impacto del triunfo electoral de Le Pen en las presidenciales francesas, pero daba la sensación de que, por primera vez se había destapado la caja de los truenos y una parte de la población manifestaba públicamente sus miedos, aunque fueran políticamente incorrectos. Más de dos de cada tres españoles dijo conocer los resultados de los comicios franceses. Además, el 45,5% de los entrevistados aseguraba estar "poco" o "nada preocupado" por los resultados cosechados por el partido ultraderechista liderado por Le Pen. También se preguntó a los encuestados sobre la posibilidad de que en España pudiera surgir un partido de estas características, a lo que el 46% creía "poco o nada probable" frente al 27% que opinaba lo contrario.

Pero si así estaban las cosas a nivel nacional, en algunas ciudades las encuestas daban cifras todavía más preocupantes. La percepción de inseguridad en Barcelona había aumentado espectacularmente. En la encuesta trimestral realizada por el Ayuntamiento de la ciudad condal, se reflejaba que el 26,5% de los ciudadanos constataban la falta de seguridad en las calles y la delincuencia como los principales problemas que debían afrontar. La sensación de peligro ante la delincuencia volvía a dispararse creciendo un 5,5% respecto a el estudio anterior (la encuesta se había realizado mediante entrevistas telefónicas a una muestra de 800 barceloneses mayores de edad). En 1999 había aparecido por primera vez este problema en apenas un 4% de los barceloneses. El foco del conflicto se encontraba en Ciutat Vella y en los barrios limítrofes, Eixample y Sans-Montjuich. En Barcelona la inseguridad ciudadana no era un problema más, era “el problema”, seguido a distancia por la preocupación por la circulación (18%), los problemas asociados a la inmigración (12,4%), el paro (5,9%) y las obras y el urbanismo (4,1%).

“Malditas estadísticas”, debió pensar Aznar y los responsables de Interior cuando supieron que otra encuesta revelaba que en Cataluña solamente se denunciaban la mitad de los delitos cometidos. Esto explica por qué la población tiene la sensación de que los delitos aumentan, mientras que el gobierno afirma que disminuyen. Según la encuesta de 2002 sobre la seguridad pública en Cataluña, el problema que más preocupa a los catalanes (14%), seguida de la inmigración (12,2%) y el paro (11,3%). La cifra era todavía más significativa por que se trata de una respuesta espontánea de los entrevistados, no inducida por los encuestadores y además se había celebrado antes del marasmo de las elecciones francesas, entre enero y marzo de 2002, sobre una muestra de 18.679 personas. Era, además, el primer sondeo que realizaban conjuntamente el Departamento de Interior de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana, ya que hasta ese momento cada institución hacía su estudio. La cifra más reveladora de la situación era que sólo el 50,8% de los ciudadanos encuestados víctimas de un delito presentaron denuncia. La cifra era muy similar en la ciudad de Barcelona (50,3%) y algo superior en el área metropolitana (52,6%). Lo que traducido implicaba que las cifras dadas por el interior sobre el número de delitos ¡había que multiplicarlas por dos!

La interpretación de esas cifras cuestionaba las estadísticas policiales: el hecho de que descendieran los delitos no implicaba que bajase la delincuencia. Si la inmensa mayoría de los delitos que se denuncian eran cuestiones menores, resultaba acertado pensar que los que no se denunciaban eran faltas. Así pues, si tenemos en cuenta uno de los documentos estadísticos más serios, la “Memoria de 2001 del Juez Decano de Barcelona” que situaba el hurto como delito más frecuente (104.029 diligencias), seguidos de los robos (63.166 diligencias), se tendrá que las cifras totales de delitos serán de 204.058 hurtos y 126.232 robos para una población de 1.500.000 de habitantes censados. El 12,7% de los entrevistados en el conjunto de Cataluña declararon que habían sufrido algún delito. Los encuestados afirmaron sentirse menos seguros que hace un año, tanto en su barrio como en su ciudad. En una escala de ocho puntos sobre el nivel de seguridad hubo un descenso de 7,1 a 6,2 en el barrio y del 6,9 al 6 en la población. Igualmente significativa era la respuesta a la pregunta de cuál era el problema principal que afronta la sociedad catalana; el 14% afirma que la inseguridad ciudadana, el 12,2% indica la inmigración, seguían el paro (11,3%) y la falta de valores (8’9%).

Pocos meses después, las encuestas daban cifras todavía más dramáticas para el gobierno Aznar. En septiembre de 2002 otra encuesta demostró que el 44% de los españoles apoyaría a un partido que limitara el exceso de inmigrantes. La inmigración había dejado de ser un problema ajeno a los españoles para pasar a ser la cuarta preocupación, por delante incluso de las drogas, que tradicionalmente ocupaban en las estadísticas un lugar preferente entre los problemas más importantes para los españoles. Más de un 90% consideraba que la llegada de ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea era un problema en mayor o menor medida. Y lo que era peor, casi la mitad de los encuestados -44,2%- apoyaría a un partido que luchase “contra el exceso de inmigración”. El 72,3% de los encuestados ya relacionaban mayoritariamente el aumento de la delincuencia con la inmigración.

En septiembre de 2002 una encuesta de Ipsos-Eco Consulting para ABC reflejaba que la inseguridad ciudadana se había convertido en el tercer problema de los españoles (31%), sólo por detrás del paro (71,3%) y del terrorismo (60,6%). La inseguridad ciudadana tenía una repercusión más directa que el terrorismo, incluso en Madrid (ciudad que se ha visto afectada por sangrientos crímenes de ETA con demasiada frecuencia), en donde un 66% de los ciudadanos percibían el deterioro del orden público, por delante de los valencianos (un 57%) y de los catalanes y gallegos (52’5%). El 12% de los encuestados afirmaba haber sido víctima de algún delito a lo largo del 2001.

En septiembre de 2002, Mariano Rajoy, entonces Ministro de la Presidencia, flanqueado por los titulares de Justicia e Interior, Michavila y Acebes, fueron los encargados de presentar a bombo y platillo el pomposamente llamado Plan de Lucha contra la Delincuencia anticipado por Aznar en el anterior Debate sobre el estado de la Nación. El plan se basaba en tres ejes: la revisión de leyes, mayor eficacia policial y aumento de efectivos policiales y de la magistratura. Un plan ambicioso, mucho más desde luego que la dotación presupuestaria para llevarlo a cabo: apenas 500 millones de euros. El plan contemplaba juicios rápidos, reforma de la prisión provisional y del Código Penal, desarrollo de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que ponga especial atención en la reinserción, reforma de la Ley de Extranjería, mejora del trato dado a las víctimas del delito, con especial hincapié en las de violencia doméstica y ampliación de plazas de jueces y fiscales. Pero los “siete programas operativos” para poner en marcha este plan (12.825 policías nacionales y 7.175 guardia civiles patrullando en las calles, refuerzo de la seguridad en los barrios, especial atención a las nuevas formas de delincuencia, contacto permanente de las Fuerzas de Seguridad con el público y dotación de más formación y equipos, convenios con la policía local y cooperación internacional) no dieron absolutamente ningún resultado, la delincuencia siguió subiendo y este plan como el anterior, el plan Policía 2000, se saldaron con el más estrepitoso fracaso y un pálido recuerdo. Ni había jueces ni fiscales, ni posibilidad de formarlos a corto plazo; tampoco aumentó la plantilla policial por falta de fondos… En cuanto a la propuesta de que tres faltas fueran consideradas delitos y entrañaran la expulsión inmediata, obviamente no prosperó a la vista de que hoy a inmigrantes con 400 y hasta 600 detenciones se les renueve el permiso de residencia.

El balance no podía ser más desalentador para Aznar. Desde 1996 a 2001, la criminalidad había crecido un 10%; la criminalidad violenta aumentó un 25% y la criminalidad rural se incrementó en un 42%. La tasa de homicidios en España era ya la más alta de toda la Unión Europea. Desde 1996 6.000 policías menos patrullaban las calles españolas, mal equipados, peor pagados y, en consecuencia, la desmoralización se extendió en el cuerpo como una mancha de aceite. Fanático de la privatización de todo lo privatizable, Aznar y su equipo, tras el truculento asesinato de un abogado ante su familia en La Moraleja, aconsejaron desvergonzadamente “el que quiera seguridad que la pague”.

g. Expulsión de ilegales durante el aznarismo

Durante el gobierno Aznar, paradójicamente aumentó el número de expedientes de expulsión incoadas, pero disminuyó porcentualmente el número de expulsiones efectivas. El año 2000 se habían incoado 35.476 expedientes de expulsión (de ellos 21.706 marroquíes). A lo largo del 2001 un total de 44.841 inmigrantes fueron devueltos a su país de origen o expulsados cuando intentaban entrar ilegalmente en España, se encontraban irregularmente en el país o cometieron alguna de los supuestos que conlleva un expediente de expulsión. El 15 de Noviembre de 2002 el gobierno filtraba la noticia de que 62.423 inmigrantes ilegales habían sido repatriados hasta el mes de noviembre, el doble que en 2000. Las mismas fuentes aseguraban que Interior se disponía a aumentar su presupuesto de expulsiones en un 186% para llegar a las 110.000 devoluciones anuales en 2003. Entonces casi el 40% de los repatriados procedían de Europa del Este. Y, efectivamente, las cifras eran espectaculares en relación al año 2000 cuando la Administración repatriaba al mes a una media de 2.956 inmigrantes, en su inmensa mayoría marroquíes. Dos años después, la firma de convenios de inmigración con Rumanía, Ecuador, Colombia o Polonia hizo que las repatriaciones aumentaran. Durante el 2002 la media de expulsiones mensuales era de 6.242 personas, un 211 por ciento más que hace tan sólo dos años. En 2002, en los pasos fronterizos de La Junquera, Campodrón, Portbou, Canfranc, Les e Irún habían sido interceptados 18.264 ciudadanos del Este de Europa, de los que 11.851 eran rumanos.

Pero hay dos datos que ennegrecen la brillantez de estas cifras. De un lado, la mayor parte de estos inmigrantes ilegales fueron detectados en las dos ocasiones en que se suspendió el acuerdo de libre circulación de personas por motivos de seguridad durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea. De otro lado, los mandos policiales más optimistas calculaban que el número de expedientes de expulsión es cinco veces inferior al de ciudadanos que logran penetrar en España. El 6 de marzo de 2003 se publicó la noticia de que las autoridades españolas habían expulsado en el curso del año 2002 a 12.159 inmigrantes irregulares, apenas el 30,3% de los 40.131 contra los que se abrió un expediente de repatriación. Estas cifras diferían extraordinariamente de las oficiales. En diciembre de 2002 el Ministerio de Interior, señaló que 74.467 personas en situación irregular fueron repatriadas a lo largo del año. Sin embargo El Pais y Europa Press afirmó que la suma de extranjeros rechazados, devueltos y expulsados eran casi la mitad, 38.132… y para confirmarlo citaban datos que la Comisaría General de Extranjería entregó a Cáritas. Según El País los otros 27.972 extranjeros (de los 40.131) que permanecen en territorio español recibieron de las autoridades una orden que les impedía trabajar legalmente.

h. ¿Racismo y xenofobia?

En el informe publicado en marzo de 2001 por el Observatorio Europeo de Fenómenos Racistas y Xenófobos, sólo el 4% de los españoles se declaraba intolerante hacia otros grupos minoritarios, frente al 14% de la media comunitaria. Bélgica (con un 25%), Dinamarca (20%) y Grecia (27%) eran los países donde una mayor parte de los ciudadanos se declara intolerante. En las antípodas estaban España (4%), Luxemburgo (8%) y Finlandia (8%). El informe insistía en que en España existía "un nivel alto de aceptación de inmigrantes". El 77% de los españoles se declara tolerante, aunque el 61% asegura ser “tolerante pasivo” y sólo el 16% o tolerante "activo". El 25% de los europeos en aquellos mismos años tenían una posición ambivalente, es decir, que tienen actitudes a la vez positivas y negativas frente a las minorías, pero en el caso de España son menos, el 18% de la población.

i. Las cárceles al completo

En 2003, el Ministerio del Interior firmó acuerdos para la construcción de cuatro nuevas cárceles (Madrid, Castellón, Sevilla y Cádiz), para descongestionar el sistema penitenciario que entonces sumaba 54.653 presos (ocho años después casi se ha duplicado…). Las 77 prisiones existentes entonces sólo contaban con 36.197 celdas, con un 150% de ocupación. Según las cifras oficiales el 22% de los penados son extranjeros.

La distribución era desigual. En la región valenciana el 50% de los presos de Fontcalent eran de origen extranjero y se organizan según su nacionalidad. El robo de pisos se había convertido en el delito “estrella”. Las cifras de esta comunidad superan incluso a las de Madrid. Argelinos, rumanos, lituanos y yugoslavos habían asumido esta especialidad delictiva. Los ladrones, aun a pesar de resultar detenidos con cierta frecuencia, no eran acusados de robo sino solo de receptación. En los últimos 5 años, la delincuencia extranjera se había triplicado en Levante: los argelinos estaban especializados en robos en el interior de pisos, robos de vehículos, uso de tarjetas de crédito falsificadas; los marroquíes dirigían el tráfico de hashchish, delitos contra los derechos de los trabajadores, tráfico de inmigrantes y secuestros de compatriotas; los rumanos estaban vinculados a la prostitución, falsificación de tarjetas y robos. Los rusos eran diestros en la falsificación de pasaportes, el tráfico de inmigrantes, secuestros de compatriotas, robo de vehículos de lujo con manipulación de números de bastidor; los lituanos ejercían de ladrones con violencia en domicilios habitados y falsificación de moneda; los yugoslavos practicaban también el robo en domicilios; los albanokosovares especializados en el robo de oficinas, establecimientos y domicilios por el procedimiento del butrón; los polacos en la prostitución; los checos maestros en la falsificación de tarjetas; los nigerianos en el timo de los billetes tintados y la falsificación de tarjetas, los colombianos en narcotráfico y los atracos a joyerías, y así sucesivamente.

El 28 de agosto, los teletipos informaban que con 55.000 reclusos, las prisiones de España habían alcanzado un índice de ocupación superior al 100%. Solo en Cataluña se ha producido un aumento del 21% en apenas dos años. El ministerio del Interior había hecho todo lo posible por silenciar estas cifras. Interior enumeró los factores que habían hecho aumentar el número de presos: juicios rápidos, mayor eficacia policial, tribunales ágiles y aparición de nuevos tipos de delitos...

j. Prostitución extranjera

En 2003, la prostitución movía en España 18.000 millones de euros y empleaba a 300.000 personas, según la Asociación Nacional de Locales de Alterne. Suele decirse que después del tráfico de armas y de drogas, la prostitución es el negocio que globalmente mueve más dinero. La “facturación” –si es que así puede llamarse- de una prostituta era de una media de 300 euros al día obtenidos con un promedio de siete “contactos”, pero las hay que llegan a 15 e incluso más. Los “servicios” costaban entonces de 20 a 60 euros hasta 1.200. ANELA afirma que cada día los españoles gastan 50 millones de euros en prostitución. Dos mil locales de alterne y un número imposible de determinar de pisos compiten con prostitutas callejeras que pululan por las grandes ciudades.

Pues bien, sean cuales sean las cifras, lo cierto es que de esas 300, 350.000 o más prostitutas, en un 98% extranjeras. El resto –en proporciones siempre indefinidas- eran oriundas de África, Asia y, especialmente, de Iberoamérica. Si el 98% de las 300.000 prostitutas que ejercen en España eran extranjeras y las cifras oficiales hablaban en 2001 de un millón y medio de inmigrantes en nuestro país.  Médicos Mundi en su Informe Exclusión de 2001 reduce el porcentaje de prostitutas extranjeras al 66%. Nueva cifra que reduce el porcentaje de inmigrantes que se dedican a la prostitución hasta un 10%, 1 de cada 10 inmigrantes (sobre 2.000.000 según cifras oficiales en 2003), proporción que sigue pareciendo alta y que, necesariamente, sigue implicando que el número de inmigrantes es mayor.

La ley de Extranjería, en su artículo 59, establecía que las mujeres forzadas a la prostitución que cooperasen con la policía propiciando datos esenciales contra los extorsionadores, podrían quedar exentas de responsabilidad administrativa y no serían expulsadas. Pero esto no ha evitado el miedo a las represalias de las mafias, contra ellas o contra sus familiares en el país de origen. Por lo demás también han existido casos de chicas que han denunciado a sus extorsionadores y no han podido evitar la orden de expulsión y ser contempladas como inmigrantes ilegales. “Se les incoa una orden de expulsión que tarde o nunca se materializa”, según el responsable de la Sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Solans. Solamente en el año 2000 y 2001 se desarticularon 244 redes de trata de blancas.

k. Reaparición de enfermedades desterradas

Durante el aznarismo se percibió que una de las consecuencias de la llegada masiva de inmigrantes generó el retorno de enfermedades que estaban desterradas de España. Cuando en el año 2000 se produjo la ocupación de la Iglesia del Pi por parte de un grupo de inmigrantes, en su mayoría paquistaníes, se produjeron varios casos de tuberculosis, enfermedad erradicada desde finales de los años 70. También aparecieron virus tropicales traídos por inmigrantes subsaharianos. A partir del 2001 la sífilis y la gonorrea experimentaron un despunte. El doctor Vilalta comentó que estas enfermedades se debían a la prostitución procedente principalmente de países del este y del Caribe. El dermatólogo Salvador Laguarda, de la clínica Casa de la Salud, señaló que estaban aumentando la tasa de enfermedades desaparecidas como las de transmisión sexual, que son importadas como “la sífilis, la gonorrea, la sarna y otros gérmenes de enfermedades de transmisión sexual debido a la expansión de la prostitución y a la falta de precauciones”. Y todo esto también podía preverse. De hecho, se había previsto.

El 12 de diciembre de 1994, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alertó sobre la fuerte expansión de la tuberculosis en España, donde aparecían unos 20.000 nuevos casos cada año, y denunció el descontrol de las autoridades sanitarias ante esta enfermedad. Según datos de esta sociedad, España, con una incidencia de 40 casos por cada 100.000 habitantes, es el país con mayor número de enfermos de la UE y la única nación comunitaria que registra actualmente un aumento sifnificativo de casos. Según se explicó en este congreso, las causas del incremento de esta enfermedad eran, el SIDA y el aumento de la inmigración desde el tercer mundo.

A esto se unen las Enfermedades de Transmisión Sexual que tienen que ver especialmente con la prostitución en la que, como hemos visto, la inmigración ocupa un papel central. En la encuesta de Salud 2001-2004 realizada por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat de Valencia se puso de relieve que el 53% por ciento de los varones no utilizaba preservativo en sus relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual, frente al 46% de las chicas. A lo que hay que añadir las características específicas de algunas de estas enfermedades. La gonorrea, por ejemplo, es una enfermedad venérea fácil de detectar en los varones a causa de la secreción purulenta que genera en la uretra y que produce dolor al orinar, sin embargo en la mujer es mucho más difícil de detectar. Cualquier persona que tenga relaciones con una mujer infectada sin saberlo, pasará a sufrir la enfermedad.

No hay que olvidar que la mayoría de países establecen que para poder gozar de permiso de residencia es preciso someterse a un examen médico que certifique la ausencia de enfermedades. Esto no se exige en España. El resultado es que parte de los inmigrantes que llegan desde países subsaharianos sufren de SIDA. No es raro puesto que en el continente negro existen entre 20 y 40 millones de infectados con el VIH. En su país de origen, pocos son los que pueden recibir cuidados y medicación adecuados. Pero es evidente que Europa no dispone de recursos suficientes como para atender a todos los casos de SIDA que aparecen en África. Y, por lo demás, ¿hasta qué punto es ético asegurar los cuidados solo de los africanos que logran llegar hasta nuestro país y olvidar a los que no tienen fuerzas ni decisión suficientes como para seguir el mismo trayecto? Hablando de ética: cuando se inició la epidemia de neumonía asiática, los afectados fueron aislados; no se hizo lo mismo con los afectados del SIDA en su momento y la enfermedad se expandió por todo el globo. ¿Y ahora? ¿Resulta aceptable que la población española corra riesgos de contaminación por el hecho de que en el momento de aprobarse la Ley de Extranjería, incluir un artículo sobre la revisión médica de quienes aspiraran a estar entre nosotros fuera considerado por algunos “políticamente incorrecto”?

l. El problema de los menores inmigrantes bajo Aznar

El 2 de noviembre de 2001, el gobierno autónomo asturiano aprobaba un crédito para establecer medidas alternativas al internamiento de los menores delincuentes. En enero de 2001, se aprobaron la construcción de centros de internamiento para menores en la comunidad de Castilla-La Mancha. En Toledo se creará un nuevo centro terapéutico para jóvenes con trastornos psiquiátricos; Ciudad Real acogerá otro lugar de internamiento en régimen cerrado y semiabierto y se ampliarán las actuales instalaciones de Albaidel en Albacete, con la creación de un nuevo módulo de internamiento. Así mismo, en Santa Cruz de Tenerife la Dirección General de Protección del Menor amplía su red para la aplicación de la Ley de Medidas Judiciales para menores en régimen abierto con cinco centros de día, tres en Gran Canaria y dos en Tenerife. Podríamos multiplicar los ejemplos. Se abren nuevos centros y se inauguran proyectos alternativos, por que hay una mayor delincuencia juvenil. Lo que es peor: hemos puesto ejemplos de ciudades de dimensión media. En las grandes ciudades el problema es mucho mayor.

En el 2000 se inició el “efecto llamada”; por entonces, los primeros “niños de la calle” marroquíes llegaron a Barcelona; un año después se habían transformado en una legión de delincuentes juveniles atraídos por la idea de que en la Ciudad Condal podía hacerse cualquier desmán sin coste penal alguno. A principios de abril de 2001 actuaban como mínimo en Barcelona 500 delincuentes menores de edad, apenas niños; sus delitos habían generado una sensación de inseguridad en los barrios del Raval y de la Ribera, y en el turístico Barrio Gótico. Tras un año de pasividad, la fiscalía y las autoridades empezaron a reconocer lo que el ciudadano medio percibía desde el principio, a saber, que el problema se había descontrolado. La Guardia Urbana de Barcelona estrenó en julio el llamado Turno C, formado por 50 funcionarios que sólo trabajan de jueves a sábado y en vísperas de festivos, de las 21 a las 7 horas. La mayoría patrullaba por las zonas más castigadas por la delincuencia del Casco Antiguo. Así mismo la policía nacional vio reforzados sus efectivos en la Ciudad Condal. Era la respuesta al brutal incremento de la inseguridad ciudadana...

La seguridad ciudadana en Barcelona había alcanzado mínimos históricos más que alarmantes. En pocos meses los robos a viviendas crecieron un 29% y los robos con intimidación un 11%. Pero había algo peor que no registraban las estadísticas: la sensación de inseguridad que vivían los barceloneses y que se ponía de manifiesto en conversaciones privadas y en tertulias.  Tanto la Guardia Urbana como la Policía Nacional mostraban un grado aceptable de eficacia. Las detenciones practicadas por estos últimos subieron un 15’7% en el 2001. Los agentes adoptaron los más inverosímiles disfraces y camuflajes para detener con las manos en la masa a los sirleros más peligrosos. Paralelamente, la brutalidad de los delincuentes menores iba en aumento: lejos de actuar en solitario, recorría el casco antiguo de la ciudad en bandas lanzándose sobre las víctimas. En algunas ocasiones su técnica consistió en atacar por la espalda rodeando el cuello de la víctima con una cuerda o un alambre, provocándoles asfixia; así el resto de delincuentes de la banda, logran sustraerles con más tranquilidad la cartera. En otros casos, la chaqueta de la víctima era rociada con un disolvente que los delincuentes prendían fuego. En un gesto instintivo, la víctima tendía a despojarse de su chaqueta y arrojarla al suelo... con la cartera. Los delincuentes se limitaban a salir corriendo con el botín. En el ferrocarril metropolitano de Barcelona entre 2001 y 2003 habían irrumpido los carteristas (que hoy en 2011 han pasado a ser legiones en las mismas líneas del suburbano).

En 2001, según un folleto entregado por el Consulado Norteamericano de Barcelona a los turistas de esa nacionalidad, una de las situaciones de máximo riesgo es cuando el turista pasa junto a un grupo de niños que juegan a la pelota en el Casco Antiguo. Si detectaban que era portador de algún objeto de valor, le arrojarán con fuerza la pelota y en la confusión procurarán apropiarse de bolsas, maletas o cartera. En el mismo folleto se exhortaba encarecidamente a sus ciudadanos que no se detuvieran por nada del mundo a jugar al fútbol con niños...  En calles extremadamente céntricas, como la calle Pelayo, grupos de menores marroquíes rodeaban a automóviles, especialmente de turistas, incluso arrojándose sobre el capó. Cuando el coche se detenía, la banda abría las puertas del automóvil sustrayendo todos los objetos de valor. Pasear por el Barrio Gótico suponía inevitablemente ver alguna carrera entre un ladrón que huía con el bolso de algún turista y en el peor de los casos, ser uno mismo víctima de estos robos. Dejar el coche aparcado en plenas Ramblas era ya en 2001 un acto de insensatez: existía un razonable porcentaje de posibilidades de que será saqueado. En la misma Plaza de Cataluña, el centro de la ciudad, grupos de “descuideras” “Rom” (gitanos rumanos) robaron durante meses indiscriminadamente bolsos de turistas.

Si la delincuencia se disparó en Barcelona, no es por ineficacia policial, sino por la lentitud de reacción, la apatía, y la inercia de autoridades, juristas y partidos políticos. De hecho, todos los cuerpos policiales se sienten desmotivados y cansados de ver como los mismos delincuentes que detienen cada día, vuelven a aparecer al día siguiente realizando los mismos delitos en casi los mismos lugares.

Los protagonistas de casi todos estos incidentes, en la época eran menores en situación ilegal en nuestro país; no se trata de delincuentes habituales curtidos, sino de adolescentes que apenas han dejado atrás la niñez. Un miembro de la Guardia Urbana declaraba a un medio de comunicación local: “Cada día tenemos que soportar que algunos delincuentes que hemos detenido en veinte o treinta ocasiones, nos digan que esta noche dormirán en el calabozo y mañana desayunará en su pensión. Así no se puede trabajar; mientras no se reformen las leyes no va a haber seguridad ciudadana”. Quinientos menores habían logrado desmoralizar a las distintas policías…

Los pequeños comerciantes se veían imposibilitados para hacer frente a la pequeña delincuencia; una de sus representantes, Teresa Caja, a mediados de 2001, presentó denuncia ante el Juzgado de Guardia contra la directora de la Direcció General d'Atenció al Menor (DGAM), Anna Soler, por dejación de funciones, abandono de menores e incumplimiento de la ley de atención al menor. Por su parte, los consulados de EE.UU., Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, remitieron tras el verano del 2000 una carta al entonces alcalde Joan Clos, transmitiendo su preocupación por las agresiones y robos de que habían sido objeto los ciudadanos de estos países mientras visitaban Barcelona. Mientras que en junio de 1999 la delincuencia figuraba en el séptimo puesto de la escala de preocupaciones de los barceloneses, con un 4’3 de puntuación, en la encuesta realizada por el Ayuntamiento dos años después, la delincuencia había pasado a ser percibido como el principal problema con un 17’1% de puntuación. Ese año el 15% de los barceloneses sufrieron en su propia carne algún tipo de actividad delictiva. Fuentes de la Guardia Urbana declararon a La Vanguardia el 17 de julio de 2001 que el 85% de los detenidos por robo son extranjeros. Se reconocía que unos 400 delincuentes “peinaban” a diario las principales zonas turísticas de Barcelona, en especial Ciutat Vella (El Raval y el Barrio Gótico), con el único propósito de llevar a cabo hurtos o robos con intimidación a la población y a los turistas.

Este ejército de delincuentes está formado por multirreincidentes que, en total, acumulan ¡más de 12.000 detenciones!, según datos manejados por el Cuerpo Nacional de Policía. Algunos de estos delincuentes rebasan las cien detenciones y la media se sitúa en torno a las treinta. Solo un 15% eran españoles. La Direcció General d’Atenció al Menor (DGAM) de la Generalitat elaboró un protocolo consensuado con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que los fiscales puedan pedir a los juzgados civiles el internamiento “forzoso” de los menores inmigrantes indocumentados, más conocidos como “niños de la calle” y que, principalmente viven en las calles del distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Hasta 2002, estos menores, que continuamente cometían pequeños hurtos y robos con violencia, eren tutelados por la Generalitat, pero, sin embargo, no podían ser obligados a quedarse en un centro de menores.

En la época la Generalitat que gestionaba los Centros de Acogida, afirmaba que no realizaba distingos por raza, origen o nacionalidad, con lo que resulta imposible hacerse una idea del impacto que generaron entre 2001 y 2003 los “niños de la calle” en Barcelona. Sin embargo, funcionarios que trabajan en estos centros comentaban que en 1999, apenas existían “niños de la calle” ingresados, sin embargo, en 2003 ascendían al 80% del total.

A lo largo del 2002 la situación pareció mejorar. El número de delitos protagonizados por los menores magrebíes descendió… pero el problema no ha desaparecido: aún hoy en 2011 sigue habiendo delincuencia de menores inmigrantes ilegales en Barcelona y el descenso se ha debido a que varias decenas han abandonado una ciudad en la que eran suficientemente conocidos y donde se iba endureciendo el comportamiento de las instituciones hacia ellos. Simplemente, el problema ha descendido en Barcelona por que muchos delincuentes menores se han ido a otras ciudades más “blandas”. Coincidiendo con el final de la presencia de los “niños de la calle” marroquíes, aparecieron en Barcelona y en las grandes aglomeraciones urbanas, las “bandas latinas”…

La falta de seguridad inquietaba también en otras zonas turísticas de Cataluña. En la autopista A-7, donde los robos protagonizados por la “banda de los peruanos” volvieron a ser habituales a partir de mediados del 2001. En Madrid, en los barrios de La Latina, Carabanchel, Los Cármenes o San Isidro, registraron un aumento desmesurado de la violencia juvenil a lo largo del 2003. A los problemas de siempre se había añadido la presencia de bandas juveniles latinoamericanas. Los Latin Kings aparecieron en España hacia el mes de septiembre del 2002.

m. Ablación del clítoris

La “ablación” es, según el diccionario, la separación o extirpación de cualquier parte del cuerpo y la “ablación genital femenina”, la mutilación genital o ablación del clítoris. Una práctica que jamás se ha conocido en el viejo continente, ni siquiera períodos prehistóricos. Hasta no hace mucho se creía que era una rareza antropológica de pueblos primitivos. La llegada de riadas masivas de inmigración a nuestro continente que llevaban con ellos sus tradiciones y costumbres, ha hecho que, bruscamente, hayamos tomado conciencia del drama por el que atraviesan millones de mujeres del Tercer Mundo. ONU y UNICEF consideran que entre 130 y 150 millones de mujeres han sido martirizadas con esta mutilación que les dejará secuelas durante toda su vida. Los países con mayor número de ablaciones son Nigeria (33 millones), Etiopía y Egipto (24 millones cada uno), Sudán (10 millones), Kenia (7 millones) y Somalia (4’5 millones). Con cifras menores, pero con unos porcentajes extremadamente altos, figuran los países del África Occidental: en especial Malí, Camerún, Costa de Marfil, etc. En países como Djibuti o Egipto entre el 80 y el 90% de las niñas sufren ablación. Según un dosier informativo de INFOMUNDI, se calcula que dos millones de niñas son sometidas anualmente a mutilación genital. Hay aproximadamente seis mil nuevos casos por día, o sea, cinco ablaciones por minuto...

Desde 1999 empezaron a llegar a las consultas pediátricas españolas casos de niñas que habían sido sometidas a esta mutilación en nuestro país. Antes, en 1989 se detectó el primer caso en el Reino Unido y en 1998 aparecieron en Italia y Francia. Frecuentemente, las familias aprovechan períodos vacacionales en sus países para someter a la niña a mutilación sin los problemas legales que esto podría acarrear en Europa. Posteriormente, cuando regresan y llevan a la niña a la consulta pediátrica, se evidencia la mutilación. La obligación de los médicos es comunicar el caso a las autoridades. Esto ha hecho que las fiscalías de Barcelona, Madrid, Baleares, Zaragoza y Valencia, tomaran cartas en el asunto ante estos casos. También se han producido insólitas situaciones en las que los familiares de la niña han solicitado al pediatra que procediera a la mutilación ritual, con cargo a la “seguridad social”. El argumento es simple: si las niñas regresan a África sin haber sido mutiladas serán, irremediablemente, repudiadas... Distintas ONG’s y servicios de Asistencia Social de los Ayuntamientos están intentando llevar campañas de sensibilización e información sobre los peligros que acarrea la ablación y su prohibición en nuestro país. Sin embargo, hasta ahora y según reconoce una asistenta social del Raval, los resultados son mínimos: “La ablación está tan arraigada en aquellas culturas africanas que la niña que está “entera” es considerada con un rango similar a las “prostitutas” y no tiene ninguna posibilidad de inserción normal en su sociedad de origen”.

El 21 de mayo de 2001, La Vanguardia publicaba un artículo titulado: “Un imán de Lérida justifica la ablación si se hace en zonas muy calurosas”. Abdelwahab Houze matizó que en los textos sagrados queda muy claro que esta práctica sólo es defendible en países muy calurosos. Estas declaraciones venían a remolque de otras realizadas por el imán de la otra mezquita local, Morro Jaitch que permanecía ambiguo ante las ablaciones: “Ni hacerla ni no hacerlo son pecado”. Ninguno de los dos mostró su rechazo a tal práctica yambos consideraron exagerado perseguir en España a los musulmanes que sometan a sus hijas a una escisión del clítoris. La fiscalía de Lérida no encontró indicios de delito en las manifestaciones de los dos imanes que podían haber sido constitutivas de apología de lesiones.

En junio de 2001, una jueza de Mataró prohibió que unas niñas de Malí volvieran a su país dado el riesgo que tenían de sufrir ablación. Unos días después, la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) abrió diligencias para investigar seis casos de ablación sufridos por niñas de origen Áfricano que fueron detectados por pediatras de dos centros de salud de Zaragoza. El fiscal jefe del TSJA, Alfonso Arroyo de las Heras, dicidió investigar los casos de mutilación de clítoris denunciados por el portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza. Igualmente en Banyolas (Gerona), la policía autonómica catalana abrió una investigación por las sospechas que recaían sobre la comunidad gambiana de realización de ablaciones por 15.000 pesetas. La Generalitat advirtió a los médicos de Gerona que extremaran la vigilancia para impedir este tipo de prácticas y comuniquen cualquier tipo de mutilaciones de este tipo.

Esta es quizás la herencia más siniestra que llegó en las maletas de la inmigración africana durante el período de gobierno de José María Aznar. Hoy, las cosas siguen exactamente igual que hace diez años y la ablación del clítoris en una lacra que sigue castigando a las niñas africanas en el territorio nacional.

n. Conclusión

Durante el felipismo el problema de la inmigración era inexistente y podía entenderse que por una tradición ideológica muy específica de la izquierda, la política socialista fuera de manga ancha con la inmigración. Venían los que querían y, de hecho, salvo en las inmediaciones de los eventos del 92 y durante la regularización que siguió a la primer Ley de Extranjería que afectó especialmente a Ceuta y Melilla, no existía en el gobierno la voluntad deliberada de importar masivamente inmigración. Tal voluntad apareció solamente durante la primera legislatura del PP cuando este empezó a aplicar su nuevo modelo económico que implicaba importación masiva de inmigrantes. A partir de entonces el fenómeno que se había previsto desde mediados de los años 80, eclosiona sin que el Ministerio del Interior reaccione y en poco tiempo se produce un descontrol total de las cifras de inmigrantes ilegales, la ausencia de iniciativas legales para paliar la riada de recién llegados, el retraso innecesario de medidas que eran urgentes desde 1997, el negar pertinazmente la existencia del problema, el ocultar a la opinión pública las cifras reales de inmigración, el utilizar varios subterfugios para negar que el impacto de la inmigración en el fenómeno de la delincuencia, etc... todo ello ha sido la política del PP en materia de inmigración.

A pesar de que en el 2004, ya se habían producido media docena de estallidos de cólera en distintos puntos de la geografía nacional, los partidos políticos seguían negando la existencia del problema. Y hacían algo más: todo lo posible por aumentar la riada migratoria. Cuando se produce el tránsito del aznarismo al zapaterismo hay una cosa que está clara: se vivía una época de “vacas gordas” gracias al tirón increíble que estaba teniendo la construcción y al mantenimiento del fenómeno turístico, pero algunos empezaban a tener la sensación de que había llegado demasiado inmigración y que seguía llegando a velocidad cada vez mayor. Se insistía en que la inmigración era necesaria para “pagar las pensiones de los abuelos”, pero algunos visionarios empezaban a tener la sensación de que en el momento en que remitiera siquiera levemente el sector de la construcción o tuviéramos una mala temporada turística, tendríamos aquellos 900.000 inmigrantes que cotizaban a la Seguridad Social en 2004 (¿y de qué vivían los otros dos millones y pico largo que estaban pero no cotizaban?) viviendo al calor de las ubres del Estado. Dicho de otra manera: en período de “vacas gordas”, quienes se beneficiaban especialmente de la llegada de oleadas de inmigración eran las patronales de la construcción y de hostelería, pero la factura la pagaría luego toda la sociedad española. Incluso en período de “vacas gordas”, el Estado perdía al tener que dedicar cada vez más recursos al problema (dotaciones policiales, penitenciarias, servicios sociales, ayudas de todo tipo). La sociedad pierde porque aparecen fenómenos de tipo racista y xenófobo de un lado y de otro esa sociedad empezaba a ser víctima de la inseguridad, el choque de cultural y el mantenimiento de los salarios más bajos a límites que imposibilitan una normal vida cotidiana. Un sector privado ganaba por que optimizaba sus beneficios: recurría a mano de obra más barata, frecuentemente ilegal, con lo que no tenía que afrontar cargas sociales, pero no rebajaba los precios, sino que, antes bien, los aumentaba; el negocio era redondo.

La política de Aznar en materia económica era aventurera e irresponsable. Era evidente que su modelo económico alimentaba las burbujas especulativas y era insostenible a medio plazo (¿o alguien pensaba que se podría seguir construyendo indefinidamente en España más que en Francia, Alemania y el Reino Unido juntos?). Pero en materia de inmigración la política de Aznar fue no menos irresponsable y, sobre todo, ciega: si la inmigración gradual y controlada, hasta un 5% de la población no suponía grandes traumas para la sociedad, cuando adquirió el carácter masivo que revistió a partir de 1999 era evidente que terminaría estallando.

El año 2000 estuvo marcado por los sucesos de El Egido. De aquella semana de incidentes solamente se recuerda que unos ciudadanos enloquecidos intentaron linchar a varios miembros de la comunidad magrebí y lograron dar palizas a varios. Pero esta agresividad incontrolada e irracional no fue más que la reacción contra tres asesinatos cometidos en menos de diez días por miembros de la comunidad magrebí contra ciudadanos de El Ejido. Si las autoridades de Interior hubieran advertido que desde principios de 1999, el índice de delitos había aumentado significativamente en El Ejido (algo de lo que se quejó el consistorio en varias ocasiones), habrían actuado en consecuencia y, probablemente, no hubieran sido asesinados 3 ciudadanos, y muchos cientos no hubieran visto sus hogares expoliados. Y, en consecuencia, seguramente, tampoco se habría llegado al estallido general de cólera que finalmente tuvo lugar. Nadie puede justificar aquellos incidentes que, por lo demás, ya han sido juzgados por los tribunales, pero tampoco nadie nos puede negar el derecho a revisar lo que pasó en El Ejido y a comprender (no a justificar) como se acumuló un formidable potencial explosivo que terminó estallando pocas horas después del tercer asesinato.

El período de gobierno de Aznar, con sus errores en cadena en materia de inmigración y el descontrol mas absoluto del fenómeno supuso el arranque de la peor catástrofe de la historia reciente de España: la alteración de su sustrato étnico y cultural, la creación de unas bolsas de inmigración que siempre, desde el principio, se convirtieron en una bomba aspiradora de fondos públicos, y que tras llegar la crisis se iban a transformar en una verdadera losa para nuestra sociedad; esta losa ya había introducido modificaciones sociológicos que afectaron desde la violencia doméstica hasta la inseguridad ciudadana, desde la saturación de los juzgados, hasta el desbordamiento de la policía y de las cárceles, desde la irrupción de fenómenos tan desagradables como la ablación del clítoris y fenómeno como el aumento de los accidentes de tráfico, que es uno de los factores de la crisis de la educación y también de conflictos callejeros y de molestias para los ciudadanos que viven en las zonas con gran aglomeración de inmigrantes. Todo esto, absolutamente todo esto, nació bajo el aznarismo y fue el resultado de su erróneo, suicida e irresponsable modelo económico.

Pero lo peor estaba todavía por llegar. Y “lo peor” tenía nombres y apellidos: “José Luis Rodríguez Zapatero”. Solamente los increíbles errores cometidos por Zapatero han contribuido a hacer olvidar que la gestión de Aznar en este terreno había sido sencillamente lamentable.

© Ernesto Milà – infokrisis – http://infokrisis.blogia.comhttp://info–krisis.blogspot.com – Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen