Dos episodios significativos

Info|krisis.- En la última semana, la prohibición para repartir alimentos “sólo para españoles” en la localidad valenciana de Xirivella y el acoso al que se ha visto sometido el Hogar Social Patriota Ramiro Ledesma en Madrid, indican la intolerancia del Partido Popular por un lado y de la extrema-izquierda por otro y su decidida intención de hostigar todo aquello que pueda suponer concienciar a la población de uno de los grandes problemas del momento: la extensión de la pobreza en nuestro país y la necesidad de iniciativas para defender a la población de origen español, abandonada por la “discriminación positiva” del PP y por la “xenofilia” de la extrema-izquierda.

¿Hasta qué punto un Ayuntamiento puede impedir una distribución de alimentos gratuitos? Es simple: basta con que el alcalde sea del PP para que se sienta obligado a emular a Manuel Fraga Iribarne cuando dijo aquello de “la calle es mía” (y no tolero que nadie me haga competencia en el dominio de la calle) y aquello otro de “sin enemigos a mi derecha” (es decir, que todo lo que aparece “a la derecha del PP” no debe tener el derecho de expresarse, ni de figurar políticamente). Esto es lo que ha hecho el alcalde del PP, como antes lo hizo en la capital valenciana la propia Rita Barberá y como suelen hacer otros alcaldes peperos en la Comunidad Valenciana.

Mientras el alcalde sea el “dueño de la calle” y sólo aplique este sentido de propiedad a asfixiar a los que realizan tareas humanitarias que no implican ninguna carga para el Ayuntamiento, y mientras no se dedique con todas sus energías a utilizar sus recursos para combatir a una delincuencia atraída por el “efecto llamada para delincuentes” que se ha dado en nuestro país (y en todos los municipios) desde tiempos de Aznar, ni la sociedad irá bien, ni la vida ciudadana restablecerá su normalidad. Porque lo que están haciendo los grupos que reparten “alimentos para españoles”, no es solamente realizar una necesaria tarea humanitaria que nadie está realizando, sino porque están contribuyendo a denunciar una situación de la que la clase política –“la casta”- es culpable.

Es significativa la complicidad del resto de fuerzas políticas en la prohibición para repartir alimentos gratuitos para españoles en la Comunidad Valenciana. Ni el Partido Socialista “Obrero”, ni la “izquierda plural”, ni “Compromís”, ni UPyD, ni fuerza política alguna, levantaron su voz para recordar que hay un 25% de los ciudadanos nacidos en España que están próximos al umbral de la pobreza. Y si callan es porque todos ellos son responsables de lo que está ocurriendo y tienen conciencia de que si esta verdad se conoce en la calle, en poco tiempo pueden perder buena parte de su intención de voto, lo único que, a fin de cuentas, les interesa.

Ahora bien, en Madrid ha ocurrido otro episodio igualmente significativo. No era la primera vez que en España, en la estela de la Casa Pound italiana, se ha ocupado un edificio por jóvenes vinculados a grupos patrióticos, la novedad estriba en que no se ha tratado de una ocupación efímera, rápidamente resuelta por la policía, sino que los ocupantes lo han hecho con voluntad de permanencia. La reacción ha correspondido esta vez, no al ayuntamiento, ni al gobierno autonómico, sino a la extrema-izquierda que, rabiosa, se ha lanzado contra el “racismo en el barrio” (como si aludir a “españoles” en lugar de a “multiculturalidad” fuera una expresión de “racismo y xenofobia”). También aquí el PP ha puesto su granito de arena en forma de absentismo policial. Una vez convocada la manifestación de la extrema-izquierda contra el Hogar Social Patriota Ramiro Ledesma, la policía –bajo control político del PP, no se olvide nunca- se ha inhibido, dejando las manos libres para la agresividad de la extrema-izquierda.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya en Barcelona en 2003 se percibió que la policía autonómica hacía oídos sordos a la denuncia de un partido de carácter patriótico que había abierto una sede en el barrio de Pueblo Seco (que entonces empezaba a tener una abrumadora presencia de inmigrantes) ante la proximidad de una manifestación izquierdista. Cuando se produjeron los reiterados intentos de asalto en el mes de julio de 2003, los “mozos de escuadra” se limitaron a filmar los incidentes desde la esquina. Poco después, frente al restaurante La Font del Bosc, en el curso de una cena organizada por este mismo partido, quien esto escribe localizó un vehículo en el interior del cual un individuo estaba filmando a los que entraban. Al día siguiente, pude enterarme de que la matrícula correspondía a un vehículo propiedad de una compañía que habitualmente los alquilaba a los Mossos d’Esquadra… Entonces también gobernaba el PP en el Estado y también gobernaba CiU en Cataluña.

Y es que la derecha, la derecha españolista o la derecha catalana, se toma a la policía como una especie de instrumento propio al servicio de sus intereses políticos y que puede ser apuntada a voluntad contra sectores disidentes. Este absentismo policial formaba entonces y sigue formando ahora, una pinza con la extrema-izquierda, mano de obra barata para bloquear el ascenso de grupos patrióticos, alternativos y disidentes. Así que no estamos ante un fenómeno nuevo, sino ante algo que se ha producido antes y que seguramente veremos reproducirse con frecuencia a partir de ahora.

La diferencia estriba en que antes el sistema gozaba de buena salud. Hoy, en cambio, es un montón de ruinas decrépitas que puede derrumbarse ante cualquier pequeño impulso. Por tanto, es previsible que este tipo de presión aumente en los años venideros. Lo que obliga, necesariamente, a tomar medidas y a actuar según el “principio de precaución” por parte de los patriotas decididos a emprender el camino de la “ayuda social patriota” o de constituir “organizaciones de apoyo a la población española”.

En primer lugar, es preciso organizar la autodefensa ante la agresividad de la extrema-izquierda, de las bandas latinas y de las bandas llegadas con el “efecto llamada para delincuentes”. La idea de “defensas cívicas” debe completar a la de “organizaciones de apoyo a la población española”.

Ahora bien, “la basura la retiran los basureros”, lo que traducido quiere decir que cualquier situación de alteración del orden público tiene que ser resuelta por los organismos constituidos por la sociedad para ello. Dicho de otra manera: a la extrema-izquierda agresiva e intolerante, en tanto que vulnera la ley y se convierte en un obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión, debe combatirla la policía y si la policía no lo hace –y es previsible que no lo haga en las actuales circunstancias- ¡hay que obligarle a ello!  Se trata pues de filmar los incidentes que se produzcan, evidenciando el absentismo policial y presentar denuncias ante el Juzgado de Guardia contra los mandos policiales que ordenan no intervenir ante este tipo de incidentes, contra el delegado del gobierno y contra el Ministerio del Interior. Antes o después se producirá alguna sentencia favorable que establecerá responsabilidades.

Lo importante es tener clara una cosa: la extrema-izquierda no es el “enemigo principal” de los hogares social-patriotas, ni se pueda caer en una especie de guerra de bandas que absorba todos los esfuerzos y haga imposible cualquier otra actividad que no sea la de responder a sus provocaciones y el estar en guardia ante su agresividad compulsiva y propia de psiquiatras. La tarea de los hogares social-patriotas y para lo que han sido creados, es la ayuda social a la población de origen español. Las calles las limpian los basureros. No es nuestra tarea. Lo que se trata es de obligar a la policía a que haga su trabajo.

La actitud de los alcaldes del PP es más inteligente porque implica menos desgaste en el orden público. Entre las atribuciones del alcalde, efectivamente, está el prohibir los actos que puedan generar desórdenes públicos o vulnerar la ley. Así pues, siempre que se les notifique que se va a producir uno de estos repartos, se producirá la prohibición automática. Ahora bien, esta actitud también tiene un alto coste político para quien la protagoniza: porque si se difunde entre la población que el ayuntamiento está PROHIBIENDO el que se repartan alimentos gratuitos entre ciudadanos solamente porque están destinados a NACIDOS EN ESPAÑA, la reacción puede ser de incomprensión primero, hostilidad después y desprecio finalmente. Sobre todo cuando los ayuntamientos gastan cantidades desproporcionadas de dinero en las más atrabiliarias subvenciones a los más increíbles proyectos que no tienen nada que ver con el bienestar al ciudadano, mientras presionan mediante multas y aumentos en los impuestos municipales a la población. Recordarlo: el actual sistema de partidos español pende de un hilo, se están produciendo corrimientos de fuerzas y cualquier pequeña campaña puede generar el que un partido hasta ese momento mayoritario en un municipio, quede en las siguientes elecciones convertido en partido marginal.

Así pues, cuando un ayuntamiento prohíbe la distribución gratuita de alimentos, hay que responderle de dos maneras:

1) manteniendo el reparto de alimentos pero dentro de las sedes de las “organizaciones de apoyo a la población española” (OAPEs) y

2) denunciando mediante panfletos, carteles, charlas y notas a los medios, la actitud irracional de los ayuntamientos y su odio instintivo hacia quieres solamente proponen distribuir ayuda humanitaria entre españoles.

A la vista de que los repartos de alimentos tendrán lugar dentro de los locales, no hay excusa jurídica suficiente para prohibirlos. Como cualquier local, el derecho de admisión está garantizado.

¡Hay que conseguir que cualquier prohibición de este tipo se convierta en un descrédito para quien la dicta! ¡Cada prohibición debe convertirse en un arma arrojadiza contra quienes la provocan! Y esto solamente se puede conseguir difundiendo masivamente, por todos los medios a nuestro alcance, el hecho entre la población.

Los ayuntamientos peperos se tienen que habituar a ver que hay organizaciones patrióticas que hacen en la calle lo que ellos no están dispuestos a hacer desde sus poltronas. El caso de los ayuntamientos de Valencia, Xirivella u Onda, de Silla o de Alcalá en los que hemos podido asistir a prohibiciones de este tipo contra iniciativas de las OAPEs vinculadas a España 2000 demuestra que la población ya no acepta fácilmente estas cacicadas municipales realizadas con la excusa de “xenofobia y racismo” y que ayuntamientos gobernados despóticamente que dilapidan mensualmente miles y miles de euros carecen de DERECHO MORAL para realizar este tipo de actuaciones.

Se trata de intercambiar experiencias entre OAPEs, extraer de ellas lecciones para afinar estrategias y tácticas, pero sobre todo es preciso entender algo que nuestros adversarios peperos o izquierdistas nos han recordado: que, a fin de cuentas, la ayuda social no es más que una parte de la lucha política y que para que la ayuda social termine generando frutos, es preciso que exista un fuerte movimiento político identitario, presente en las instituciones. Se quiera o no se quiera, la “acción social” de las OAPEs no puede ser a la larga más que una parte de una lucha mucho más amplio de respuesta política contra la corrupción y contra la crisis, contra la casta y contra la inmigración masiva, contra las instituciones degeneradas y burocratizadas y contra la falta de perspectivas y de futuro para nuestro pueblo y especialmente para nuestra juventud.

(c) Ernesto Milá - infokrisis - [e-mail] - Prohibida la reproducción de este texto sin indicar origen