¿Elecciones? Mejor suicidarse

Infokrisis.- Las elecciones municipales, por algún motivo, coinciden con las autonómicas en todas las autonomías menos en Galeuzca. Y no me pregunten por qué. Desde 1977 hemos pasado entre 35 y 40 procesos electorales (municipales, autonómicos, generales, europeos). Pues bien, el mecanismo electoral es primitivo, corrupto, esclerotizado y tercermundista. Lo sé porque este año estoy cerca de una de las candidaturas y me horroriza lo que veo y oigo.

En general, en comicios europeos y en determinadas convocatorias electorales hemos podido ver como subgrupúsculos que apenas reúnen en toda España a 50-60 militantes han podido presentar en torno a 400 candidatos. ¿Cómo lo han hecho? Es fácil: falsificando firmas y utilizando carnés de identidad recogidos de las maneras más diversas a efectos de rellenar listas. No es algo nuevo, UCD ya puso en práctica en 1977 este procedimiento utilizando carnés de ancianos. Era lógico que en 1977, cuando la sociedad tecnológica aún no había despuntado, que procedimientos de este tipo pudieran utilizarse tan impune como habitualmente. Mucho menos admisible es que estas prácticas se sigan utilizando aquí y ahora.

Luego está el problema de las “cuotas” sexuales. La legislación española establece que los porcentajes de cada sexo deben ser 60-40, es decir que ningún sexo deberá tener una representación menor del 40%... ¿Y los gays? ¿y los transex? ¿Qué hacemos con ellos? Antes o después reivindicarán sus cuotas correspondientes e incluso es probable que si en 2008 no hubiera estallado la más formidable crisis económica de todos los tiempos, Zapatero ya hubiera traído a colación el tema.

Las “cuotas” sexuales son un problema añadido para la creación de candidaturas. Casi todos los partidos lo tienen. Y lo que es peor, elaborar las candidaturas equivale a situar en posiciones preferentes a alguien en virtud de su sexo. Nunca se protegió tanto a la mujer, pero nunca se la insultó en tal medida porque siempre quedará la duda de si esta o aquella mujer están donde están por sus capacidades o por ser “mujeres de cuota”.

Los partidos resuelven este problema echando mano de mujeres, amigas, novias, amantes y empleadas: se las coloca en la cuota y luego si salen elegidas no tienen nada más que dimitir. El Front National francés, cuando se estableció esta absurda legislación declaró que cada candidato iría acompañado de su mujer en la lista y las que lo desearan dimitirían en caso de salir elegidas la misma noche de las elecciones. ¿Hecha la ley, hecha la trampa? En realidad, no: más bien, a una ley estúpida corresponde una burla inteligente.

Hacer una lista en la que la cuota femenina encaje puede convertirse en algo así como practicar el noble arte del encaje de bolillos: establecer tramos de cinco candidatos en cada uno de los cuales rija la proporción 40-60 y un último tramo que en caso de ser par exige el 50-50 si es menor de cinco candidatos. Bien, pues, los partidos lo consiguen: ahora solamente queda que la candidatura sea reconocida por la Junta Electoral y posteriormente proclamada como tal.

Para ello la candidatura debe haber nombrado previamente a “representantes”. Es extraño porque el registro de partidos políticos debería funcionar y estar al día, constando quién dirige cada formación política. Las comunicaciones entre la Junta Electoral y las candidaturas, deberían hacerse a los organismos de dirección de los partidos políticos (cada uno de los cuales tiene un “equipo electoral” que bastaría con comunicar por email a la Junta Electoral Central). Pero la lógica no sirve para las orientaciones del aparato electoral estatal. Los partidos deben de nombrar “representantes”… uno por cada candidatura y otro general, uno para las elecciones autonómicas y otros para las generales. Y todo esto hay que hacerlo personándose en las puertas de las Juntas Electores correspondientes. En realidad, el registro de partidos políticos, es otra ventanilla junto a la cual hay un archivador en el que se abren carpetas por cada nuevo partido y ahí se quedan… y de nada importa que el material que está en ese archivador tenga algo que ver con la realidad o no haya la más mínima relación entre una y otro. Muchos menos importante es que en cierto número de formaciones, ni exista tesorero, ni se rindan cuentas, ni siquiera se hayan celebrado los congresos cuando corresponden, ni por supuesto, celebrados estos, tengan alguna representatividad… El registro de partidos políticos, no sirve para nada de lo que debería servir: desde el PP y el PSOE hasta el último gañán que se ha montado un partido para poder disfrutar de las cuotas de sus pobres afiliados, existe toda una práctica canallesca que nadie investiga y mucho menos el Registro de Partidos Políticos.

Hay que decir que las juntas electorales están compuestas en la cúpula según el modelo de la LOREG que, por cierto no dice nada sobre de dónde salen los funcionarios de base que las componen y que son quienes deben tramitar las candidaturas. Y ahí viene lo más grave, porque se trata de funcionarios del Estado destinados temporalmente a ese menester… y que cambian en cada elección. Con lo cual tenemos a ambos lados de la ventanilla de admisión a probos funcionarios del Estado que no tienen mucha idea de lo que tienen que tramitar y al otro lado a “representantes” de las candidaturas que tampoco andan muy enterados del procedimiento y de sus misteriosos arcanos.

A la vista de que estamos inmersos en la era de la informática y que a nuestra disposición están las herramientas de la Web 2.0. que facilitan la interactividad, la comunicabilidad y la accesibilidad, lo lógico sería que el ministerio del interior o la Junta Electoral Central tuviera una web en la que se pudieran admitir instancias, se recogieran modelos de funcionarios, un reglamento sobre los procedimientos y donde una FAQ disipara cualquier duda que pudiera surgir. No hay nada de todo esto. Ni modelos de instancias, ni posibilidad de enviar las candidaturas por internet (y eso ya es posible, o sino ¿para qué sirve el DNI electrónico?). Por no haber ni siquiera hay claridad sobre cómo deben presentarse las listas, nombrar los representantes, ni nada parecido.

Cuando el proceso electoral ya se ha iniciado todavía ni siquiera están colgados en la red los emails de las Juntas Electorales de Zona y las candidaturas deben perder horas interminables en buscar los teléfonos, las direcciones y los faxes de los correspondientes juzgados de primera instancia. Ni siquiera existe una relación de partidos judiciales que aclare a cuál pertenece cada población. El tercer mundo está entre nosotros en materia electoral.

Y es que la tecnología para la Junta Electoral Central debió agotarse en 1980 cuando se comercializaron los primeros faxes, porque en esta huxleyana era de progreso cibernético, el fax sigue dominando los procederes de las Juntas Electorales que envían sus comunicados por este procedimiento postdiluviano.

A todo esto se añade otra bagatela: el 22-M se elegirán consistorios y gobiernos autonómicos (salvo en Galeuzca)… Si bien en las elecciones municipales los consistorios no tienen posibilidades de idear una ley expresa, las Comunidades Autónomas en cambio suelen tenerla y prescribe unas normas diferentes a las del resto de Comunidades. Y así ocurre, por ejemplo, que en Valencia exista una “Ley Electoral de la Comunidad Valenciana”… Al estar solapadas ambas convocatorias electorales, resulta imposible explicarse por qué los procedimientos son tan absolutamente diferentes en cada una.

Las elecciones no solamente son un proceso cuantitativo de captación y recuento de votos, sino que son un monstruo burocrático de papeleo absurdo, inútil, proclive a la falsificación y que se admite o se rechaza según criterios distintos no solamente en cada una de las juntas electorales de zona, sino según el funcionario que te atienda. Una especie de ruleta rusa ideada por los partidos mayoritarios para justificar los sueldos de sus funcionarios o simplemente para joder –sí, para joder- a los minoritarios. Sí, porque, mientras los partidos minoritarios deben apelar al voluntarismo de sus militantes y a la buena o mala fe del funcionario de ventanilla, los partidos mayoritarios lo tienen mucho más fácil: les basta con liberar a las secretarias de los diputados provinciales (¿qué diablos hace un diputado provincial y para qué diablos puede necesitar una secretaria sino es porque sea su amante o la chica que le hace los carajillos?) y desplazarlas a la sede del partido para que se desesperen ante el papeleo electoral. Y, por lo demás, aunque estas funcionarias reubicadas temporalmente lo hagan mal ¿qué junta electoral va a ser capaz de negarse a admitir una candidatura del PP o del PSOE o a sus representantes? Aunque hayan realizado rectificaciones fuera de plazo, aunque los papeles que hayan presentado estén fatal, con ellos no hay problema. Las candidaturas minoritarias son las sufren y para ellas sí que no hay piedad. Un simple fallo puede acarrear el que la candidatura se caiga inapelablemente.

No tengo una particular simpatía por el ecologismo, pero si me he formulado la inquietante y laberíntica pregunta de ¿cuántos árboles son necesarios talar para cubrir las necesidades burocráticas de papel en cada campaña? ¿Cuántos bosques habrán desaparecido desde 1977 para transformarse en papel sobre el que se impriman instancias, fotocopias de DNIs, hojas de fax, nombramientos de interventores, representantes, administradores, etc? Millones. Podría decirse que el sistema burocrático electoralista español es un arma de destrucción masiva y uno de los causantes de la deforestación a esta parte de la galaxia.

¿Es igual en todos los países? Es imposible que lo sea. De hecho, incluso en nuestro país las cosas no deberían ser como son en materia de democracia electoral. Si la Junta Electoral Central (si el gobierno, en realidad) no ha considerado necesario adecuar la dinámica pre-electoral a las posibilidades de las nuevas tecnologías, no es por negligencia, sino simplemente porque las dilaciones, dudas, ausencia de documentación, disparidad de interpretaciones de la LOREG, ausencia de un reglamento electoral y de documentación clara, nítida y breve, de funcionarios de plantilla, etc., todo ello beneficia a las opciones grandes y perjudica a las pequeñas.

Aquel sistema político que nació en 1978 y que hoy agoniza fue hecho a medida de quienes lo impulsaron: facilitaba la creación de una opción de centro-derecha y otra de centro-izquierda que se turnarían eternamente en el poder, apoyados en caso de no contar con mayoría absoluta, por otras dos formaciones menores de carácter nacionalista. Y eso hasta el fin de los tiempos. Las dificultades que se crean a los pequeños partidos para tener acceso a las elecciones son cada vez mayores y forman parte de ese mecanismo de conservación que generó el sistema para eternizar el gobierno de sus dos columnas, el centro-derecha y el centro-izquierda. Algo muy poco democrático.

Recuperando el título de una obra de Herbert Marcusse podemos decir que los sistemas digitales han hecho hoy posible el que el sistema político español fuera absolutamente representativo y verdaderamente democrático. Eso sería “el final de la utopía”, es decir, cuando la Utopía sería posible. Sin embargo, la gran contradicción de nuestro tiempo es que los sistemas digitales posibilitan la igualdad democrática… pero no se aplican. Con lo que unas elecciones justas y democráticas, en España, son simplemente utópicas y para los funcionarios de los pequeños partidos, incluso molestas. A ver qué día la Democracia llega a la “democracia”, a esta triste, desfigurada, miserable, corrupta y cuernilarga democracia española…

© Ernest Milà – Infokrisis – [e-mail] – http://infokrisis.blogia.com – http://info-krisis.blogspot.com – Prohibida la publicación de este texto sin indicar origen.