Tras la “reforma Caldera”, la “reforma Corbacho”. Enésima reforma, enésimo error

Infokrisis.- Como las seis anteriores, ésta reforma de la Ley de Inmigración contribuirá a agravar el problema. Que la actual Ley de Inmigración precisa una reforma en profundidad está fuera de toda duda. Que la reforma ideada por el ministro Corbacho, como la anterior perpetrada por Jesús Caldera, contribuirán a agravar el problema de la inmigración, es algo más que una suposición:  es lo que suele ocurrir cuando se reforma de espaldas a la realidad. Hay gobiernos ciegos y gobiernos incapaces; por increíble que pueda parecer, el gobierno Zapatero ha conjugado estos dos niveles de incapacidad y está demostrando, desde el momento mismo de su instauración hace cinco años y medio, que a su ceguera (falta de percepción de la realidad), se une su incapacidad (falta de iniciativas válidas para resolver los problemas de la sociedad). Y, entre tanto, los problemas se van acumulando.
Durante el 2008, 461.889 inmigrantes, según los datos de Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, se desplazaron a vivir a territorio español. Esto ocurría en plena crisis. Antes, cuando la crisis se perfilaba, en 2007, habían entrado 701.023 inmigrantes. El año anterior, 2006, fueron 587.000. Y así sucesivamente: desde 1997 hasta 2008, ha entrado inmigración a una media de 500-700.000 por año.

Por mucha ingeniería social, concesiones aceleradas de nacionalidad española, enmascaramiento y maquillaje de las cifras reales de inmigración, aludiendo en ocasiones a “inmigrantes legales”, en otras a “inmigrantes empadronados”, pero siempre eludiendo la suma de “inmigrantes legales + inmigrantes ilegales empadronados + inmigrantes ilegales no empadronados”, lo que daría la cifra total que hasta 2004 el PP evitaba dar y que el PSOE se niega, lo cierto es que, en estos momentos, deben residir en España entre 6.000.000 y 6.500.000 de inmigrantes. Insoportable para nuestra sociedad, insoportable por la carga social que representa e insoportable para nuestras infraestructuras educativas, sanitarias, asistenciales, tecnológicas, que están, desde años, funcionando muy por encima de sus posibilidades.

Poco a poco, va aumentando el desfase entre las cifras reales y las cifras “confesadas” por el gobierno. Es evidente que el gobierno pretende evitar la “alarma social” ante la situación que se está gestando: una inmigración sin salidas laborales, que va creciendo, a medida que aumenta el paro… Todos intuimos cómo va a acabar la situación: todos, salvo el gobierno y el primer partido de la oposición, ambos preocupados por convertir a los inmigrantes en votantes, pero despreocupados por completo por una masa incrementada anualmente entre 500 y 700.000 personas, de las que 2/3 partes constituyen un peso muerto para el Estado: de los 6.500.000 de inmigrantes, solamente menos de 2.000.000 cotizan a la Seguridad Social…  

Y no hay esperanza de que cese la marea migratoria. Desde IdentidaD lo hemos dicho desde el número 1: no vienen atraídos por las perspectivas de trabajo en España, llegan huyendo de la miseria. Por fuerte que sea el paro, en España nunca vivirán la situación de miseria de sus países de origen… Bien, pero el problema estriba en que España no puede acoger a la miseria de todo el Tercer Mundo. Los cuarenta millones de enfermos de SIDA que hay en África desearían todos, sin excepción, venir a España a recibir los tratamientos gratuitos a cargo de la Sanidad Pública que cuestan un millón al mes por enfermo: a nadie se le escapa que eso es imposible. Pues bien, de esa imposibilidad nace una necesidad: cerrar el grito de entrada de inmigrantes. La crisis, además, obliga a algo más drástico: empezar a repatriar forzosamente a inmigrantes en paro de larga duración. Y algo más duro: cortar en seco las reagrupaciones familiares, eliminar la posibilidad de “arraigo social” (que supone legalizar a un inmigrante que pueda demostrar estar durante 3 años ilegalmente en España…). Para todo esto haría falta reformar la Ley de Inmigración. El ministro Corbacho ha anunciado la reforma. La mala noticia es que, ¡la reforma no afronta ninguna de las necesidades reales de la nueva situación!

Cómo engañarse y engañar

Resulta un misterio el porqué habiendo firmado el gobierno español la Directiva Comunitaria que prolonga el plazo de detención preventiva de ilegales durante año y medio, la reforma Corbacho solamente la amplía de 40 a 60 días… La respuesta es que el gobierno Zapatero confía solamente en el peso muerto de la inmigración para poder ganar las elecciones municipales que tendrán lugar dentro de dos años y evita por todos los medios tomar medidas que puedan generar actitudes hostiles hacia su sigla. ¿Y el “interés nacional”? Ese concepto es algo que la partidocracia no considera: todo lo que no sea “interés de partido” está fuera de la realidad del actual sistema político.

Para poder reformar una ley hace falta prever cuál va a ser la evolución futura de la sociedad. La muestra de las “previsiones” del gobierno Zapatero, la dio ya en el mes de julio cuando se negó a apoyar la iniciativa francesa que prohibía las “regulaciones masivas”, con el pretexto de que “en el futuro podemos necesitar más inmigración y no podemos atarnos las manos”. ¡En junio de 2008 el gobierno español todavía creía que no había crisis y que en breve, el mercado laboral repuntaría y haría falta una mano de obra nunca vista antes en la historia de España! ¡Ese es el nivel de “previsión” de nuestro gobierno!

Esta incapacidad para prever la realidad futura, esa permanente confusión entre una percepción fantasiosa e irreal del futuro y la triste y miserable realidad que tenemos ante la vista, ha sido una constante del zapaterismo, casi criminal y, desde luego, suicida.

Todos los analistas reconocen que en períodos de crisis las zonas más deprimidas tienden a generar flujos de inmigración más intensos que en períodos de bonanza económica. Y, poco importa que el país receptor de estos flujos se encuentre también en crisis: el inmigrante no es un economista, le basta con saber que aquí hay seguridad y asistencia social, servicios gratuitos y una salario mínimo de inserción que traducido a su moneda local es, simplemente, espectacular: y todo ello por estar. Así pues, se trata solamente de alcanzar lo que, desde el Tercer Mundo, se percibe como la sociedad de la opulencia. Luego, una vez aquí, ya se verá… Tal es la mentalidad con la que está llegando la inmigración.

Dicho de otra manera: en los cuatro próximos años –período mínimo de duración de la actual crisis- disminuirá el número de inmigrantes legales que vayan llegando a España… La mala noticia es que aumentará el número de ilegales.

“Por una inmigración legal y ordenada” ¡payasos!

Produce vergüenza ajena leer las declaraciones oficiales que acompañaron a la anterior reforma de la Ley de Inmigración en 2005. Hoy no es tan difícil recordar (en las hemerotecas virtuales están todos los ejemplares de prensa de aquellas semanas) la consigna del gobierno: “Por una inmigración legal y ordenada”… Algunos ya advertimos entonces que esa reforma generaría un “efecto riada” mucho más que un “efecto llamada”. Así ha terminado ocurriendo. Hoy, tres años después de aquella reforma la gran mayoría de la inmigración sigue llegando ilegal, desordenadamente y, lo que es peor: masivamente.

Nunca llegaron más inmigrantes ilegales como en los años posteriores a la “reforma Caldera” y a la “regularización masiva”. A pesar de que el inspirador de la reforma fe el propio Zapatero, el fracaso le costó el ministerio a Caldera… que fue a parar a ese sumidero de ineptitudes que es la “fundación de fundaciones” del PSOE.

Corbacho va por el mismo camino. Hay que recordar, para quien quiera enterarse, que Corbacho era el antiguo alcalde de Hospitalet de Llobregat. Si está en el cargo es precisamente porque el haber bregado con una inmigración que asciende a 65-75.000 sobre una población de 200.000 habitantes autóctonos: es decir, una tercera parte son inmigrantes y se han instalado en L’Hospitalet durante el período de gobierno de Corbacho, de 1995 a 2008. Si en algo es diestro Corbacho es en conseguir que un municipio que, hasta llegar él, era sostenible, viera en pocos años alteradas todas sus constantes, hasta hacerse inhabitable, gracias al aumento desordenado de un tercio de su población.

El “efecto Corbacho” –basado en que da la cara, asume sus responsabilidades, no pestañea a la hora de dar cifras catastróficas de paro- está hoy amortizado por completo. De hecho, en las quinielas sobre eventuales remodelaciones del gobierno, Corbacho es uno de los nombres que suenan más habitualmente como “sustituible”.

Vale la pena recordar que L’Hospitalet fue, durante el período de gobierno de Corbacho, una de las zonas donde más se elevó (hasta multiplicarse por cuatro) el precio de la vivienda y donde la masificación es más insoportable. Hasta hace un año, viviendas en las que nadie con un mínimo de dignidad hubiera aceptado vivir, se vendía a 40 y 45 millones de pesetas en L’Hospitalet.

En el año 2000, Corbacho, al frente del Ayuntamiento de L’Hospitalet hubiera debido reducir a cero la inmigración en el municipio, hubiera debido de interrumpir los empadronamientos en “pisos patera”, hubiera debido admitir que es imposible que una ciudad crezca 1/3 en apenas 10 años sin que merme considerablemente su calidad de vida. No lo hizo: simplemente se limitó a las buenas palabras, a repetir las ideas de “integración”, “multiculturalidad”, “tolerancia” y demás zarandajas que han convertido L’Hospitalet de Llobregat en uno de los lugares más inhóspitos de todo el Estado. Esas son sus credenciales para estar al frente de un ministerio en esta era zapateriana: haber hecho inhabitable su propia ciudad. ¿Es éste el modelo de “inmigración ordenada” que propuso Zapatero hace cinco años?

Como destruir una sociedad reformando una ley

El anteproyecto de la reforma fue adelantado –como no podía ser de otra manera- por El País. Como todo el zapaterismo se trata de un conjunto de medidas inconexas elaboradas de cara a la galería más para respondes a las exigencias reales de un país, abundando las medidas inútiles o simplemente ridículas ante la que está cayendo.

La reagrupación familiar sufre algunas limitaciones… lo que, en principio sería normal, pero luego, la reforma equipara las parejas de hecho al cónyuge a efectos de reagrupación, lo que, en la práctica implica que cada inmigrante legal podrá traer a otro acogiéndose a la reagrupación y sea o no su cónyuge.  Para colmo, el cónyuge y los hijos mayores de 16 años llegarán ya con permiso de trabajo automático… justo en esta época en la que el primer problema del país es que, precisamente, falta trabajo. ¿Sería posible redactar una ley más de espaldas a la realidad? Sí, vean sino el resto de puntos “reformados” de la Ley de Extranjería.

Han hecho falta diez años para que el gobierno español advirtiera que entre un 5 y un 20% de los matrimonios celebrados en España son fraudulentos y no tienen otra finalidad más que regularizar la situación de un ilegal. Le ha hecho falta al zapaterismo cinco años de ejercicio para actuar contra las contrataciones de ilegales. Hay que esperar a la aplicación de esta ley para que todo esto se resuelva con multas de 100.000 euracos de nada para penar las contrataciones de ilegales y los matrimonios simulados… que irán a parar a empresas o sujetos declarados insolventes de partida. 

Dado que el 80% de los inmigrantes entrar ilegalmente, hay que… reconocerles los derechos. Por primera vez en la historia de España la vulneración de una ley implica el reconocimiento de un derecho. Como si ser detenido en un control de carreteras con dos copas de más, hiciera acreedor al conductor de ser obsequiado con una degustación de Cava o de Rioja… Los derechos propuestos en la futura reforma serán: derecho de asistencia jurídica, derecho de entrada de las ONGs a los centros de internamiento, derecho de educación a los menores de 18 años, derechos de asociación, sindicación, huelga, reunión y manifestación… ¿Es este el camino para resolver el problema más grave de nuestra sociedad? Si las situaciones de ilegalidad y las vulneraciones de la ley tuvieran como contrapartida la concesión de derechos ¿en que se basaría el respeto a la ley?

Esta ley es algo peor un bodrio de la peor especie, una astracanada inútil redactada por un gobierno de incapaces. Es algo mucho peor: es el intento insensato y ciego de destruir una sociedad, de vulnerar todos los valores en los que se asienta. Un intento inconsciente del que ni siquiera sus mentores advierten su gravedad. 

Las costuras de nuestra sociedad no van a soportar la doble tenaza formada por una situación económica cada vez más angustiosa y, sin esperanzas de que pueda invertirse la tendencia a medio plazo, y una presencia cada vez más masiva de inmigrantes que contribuyen a agravar la crisis: el peso muerto de la estancia de 2/3 partes de los inmigrantes residentes en España, lo estamos pagando todos los ciudadanos.

En situación de bonanza económica, se podía perder el tiempo discutiendo sobre mitos que nunca han funcionado en Europa: “integración”, “multiculturalidad”, “mestizaje”, “sociedad pluriétnica”… conceptos que allí donde se han aplicado, en modelos de democracia, han fracasado rotundamente. Pero los períodos de bonanza económica tienen eso: que es el tiempo de los diletantes y se puede discutir interminablemente sobre el sexo de los ángeles.

Ese tiempo ha concluido: no es el tiempo del bizantinismo y de los experimentos multiculturales “avanzados”. Es el tiempo de la crisis, de apretarse el cinturón, reducir el gasto público. Nuestra sociedad no va a poder soportar por mucho tiempo el peso de más de 4.000.000 de inmigrantes que no constante como afiliados a la seguridad social, es decir, que no trabajan, ni cotizan, pero si consumen beneficios y ayudas sociales ¡4.000.000! Esa masa la estamos soportando todos con nuestros impuestos. ¿Dice algo esta enésima reforma sobre la obligación que tenemos los españoles de soportar el peso muerto de 4.000.000 de inmigrantes? No, claro que no dice nada: decir algo, recordar nuestra obligación legal de mantener a esta masa con nuestros impuestos podría provocar “alarma social” y la aparición de partidos “xenófobos y racistas”.

Para colmo, Toxo, el nuevo secretario general de CCOO demostró se estrenó con una sorprendente declaración en la que lamentaba que el gobierno “acotara las reagrupaciones familiares de los extranjeros”, añadió que “no se puede tolerar la injusticia que el Gobierno ha cometido”… ¿Se ha enterado CCOO de que cada puesto de trabajo que va a parar a un inmigrantes, es un puesto de trabajo que pierde un trabajador autóctono? 

[recuadro]

Los principales elementos de la “reforma”

-    Hoy, los padres y abuelos puedes reagruparse con sus familiares residentes en España. La reforma prevé que esta posibilidad quede restringida a los que llevan 5 años en España y tengan autorización permanente.

-    La reagrupación solamente será aplicable en caso de familiares en línea ascendente (hijos), pero no padres ni abuelos. En contrapartida se concederá a los reagrupados la carta de trabajo. Los mayores de 65 años podrán ser reagrupados con sus familiares.

-    El tiempo de internamiento de ilegales se aumenta de 40 a 60 días… pero dista mucho de los 18 meses que prevé la directiva europea recientemente aprobada.

-    Se reconocen los derechos constitucionales a los inmigrantes ilegales que incluso llega a poder asociarse, reunirse y sindicarse, además, por supuesto, de gozar de todos los beneficios sociales como ya gozan hoy.

-    El gobierno “fomentará” –pero no “obligará”–  el aprendizaje del castellano y de las lenguas autonómicas, punto que hay que interpretar asumiendo que el gobierno destinará ingentes cantidades de fondos a esta materia (que irán a parar a los “amigos” del gobierno) y que la medida no servirá absolutamente para nada.

Eso es todo… es más que decepcionante: es un suicidio.

[recuadro II]

Un barrio como ejemplo: ¿Mejorará la reforma de la Ley de Inmigración el barrio de El Puche en Almería?

El Puche está en Almería… pero no es Almería a tenor del alto porcentaje de inmigración marroquí: el 50%. En la oficina de colocación del barrio reconocen que es difícil encontrar trabajo para el alto número de parados que viven allí, en efecto, solamente el 20% tiene un título parecido al graduado escolar. El Puche es uno de los barrios más pobres y más densamente poblados por inmigración.

La historia de este barrio es triste, en su origen y en su presente. Las primeras casas aparecieron con las inundaciones de 1975 cuando en el barrio de La Chanca se construyeron viviendas provisionales para familias gitanas afectadas. Esas viviendas duran todavía hoy en estado ruinoso y el barrio ha pasado a conocerse como Puche Centro. Es un verdadero gueto de inmigración en donde viven todavía algunas familias autóctonas. Pocas, realmente. La bibliotecaria cuenta la peripecia del barrio: "Al principio éramos familias sencillas. Gente trabajadora y corriente. Luego vino el problema de la venta de droga. Aparecían personajes que venían en buenos coches al principio, luego llegaban en autobús y más tarde venían a rastras", señala.

En la actualidad viven allí 7.000 personas, la mayoría jóvenes: el 50% son inmigrantes, mayoritariamente magrebíes, y el otro 50% se reparte entre gitanos, payos y los llamados mixtos, hijos de payos con gitanos. Los autóctonos de entre 30 y 50 años se han ido del barrio con sus familias e hijos, solamente quedan jubilados, los huecos han sido cubiertos con más población inmigrante.

Los periodistas que lo visitaron hablaron del alto índice de drogadicción, las enfermedades graves, la violencia doméstica, las actitudes xenófobas y racistas (de todos contra todos), la delincuencia y conflictividad entre los jóvenes o un alto índice de absentismo escolar. Es una zona literalmente abandonada: no hay papeleras, apenas quedan contenedores en buen estado, las infraestructuras se caen… La convivencia entre gitanos y marroquíes es pésima y en cualquier momento puede saltar la chispa por cualquier parte. Los gitanos, mayoritarios en el barrio, se han visto desbordados por la llegada masiva de marroquíes. Y, como ocurre siempre, cuando una población inmigrante pasa a ser mayoritaria en una zona, no realizan ningún intento de integrarse, ¿para qué? Si alguien quiere algo que se integren en su comunidad.

La situación en El Puche no deja presagiar nada bueno. Las actitudes racistas están ahí: gitanos contra marroquíes. ¿Hay que recordar que en mayo de 2005 la ciudad de Perpiñán estalló cuando un marroquí resultó asesinado? Durante casi 10 días, la cuidad de los Pirineos sufrió incidente diario, saqueos y un segundo asesinato. La cuestión es: las reformas a la ley de inmigración ¿van a cambiar situaciones como la del barrio de El Puche en Almería? Porque el problema, a fin de cuentas es que no hay sólo un barrio de El Puche, sino diez, cincuenta, cien, doscientos, muchos en toda España que están en las mismas o peores condiciones… y han rebasado desde haciendo el límite de sostenibilidad. Ahora sólo queda el conflicto.

[anexo II]

Barcelona: abandonad toda esperanza: barrios insostenibles en tiempos de crisis

 “nos dijeron que venían para que pudieran pagarse las pensiones, pero consumen todas las ayudas sociales… no sé lo que durará esto”

Catalunya se aproxima al 20% de población inmigrante. Este porcentaje no se nota en los barrios “altos” de la Ciudad… pero sí en los barrios populares. También ahí el límite de sostenibilidad se ha rebasado hace tiempo. Basta introducirse por el perímetro que está en el interior de las Rondas para advertir la dimensión del fenómeno. Desde 2004, la población inmigrante ya es mayoritaria en el Raval. Se ignora en estos momentos, cuántos inmigrantes ilegales y no empadronados, residen allí. En 2006 se creía que superaban el 70%. Indudablemente esta cifra habrá aumentado en los últimos dos años, como ha aumentado en toda España. Sólo que el Raval ya está saturado. Al otro lado de las Ramblas, el barrio de la Rivera, sufre una situación exactamente igual.

Mientras ha seguido el espejismo de progreso económico ninguna autoridad parecía advertirlo, y si advertían las transformaciones que estaban sufriendo algunos barrios, parecían no interesarles mucho. Y si les interesaban era solamente para ejercer la demagogia social: impedir que las tiendas se rotularan en castellano, pero mirar a otro lado cuando se rotulaban en caracteres islámicos, hablar constantemente de “integración”, “tolerancia”, “multiculturalidad”, y destinar fondos, canalizados por los “amigos” destinados a difundir estos nobles ideales…

Política ciega, resultados catastróficos

El resultado ha sido catastrófico: la crisis ha disparado la demanda de ayuda social en las barriadas con alta densidad de inmigrantes. El pánico empieza a cundir en las dos aceras de la Plaça de Sant Jaume, en donde se encuentran, frente a frente, el Ayuntamiento y la Generalitat, que cada vez dan la sensación de ser fuertes sitiados, pues no es no en vano están en medio de la zona más poblada por inmigración. Por eso la actitud de estas autoridades es todavía más incomprensible: solamente para llegar a sus lujosas oficinas debían, durante años, cruzar unas zonas en las que era evidente que el paisaje estaba cambiando. Ahora –dicen- se trata de impedir que “estalle la convivencia y la cohesión social”.

Pero no es sólo Barcelona-centro donde existe el problema de la imposibilidad de integrar a la oleada de inmigrantes que han llegado en tan poco tiempo. En otros barrios y ciudades del cinturón industrial de Barcelona, la situación es aún peor: Las Torres de Rubí, Collblanc, La Torrassa de L’Hospitalet, Ca n’Anglada en Terrassa… no se diferencian nada de Roquetas en Almería. En algunas de estas zonas ya han estallado incidentes que la disciplina periodística de los medios catalanes ha minimizado, pero que, como mínimo iguala en violencia a la que se ha producido en otros barrios. Así por ejemplo, en 2004, un magrebí resultó muerto en Las Torres de Rubí, en el curso de una pelea ¿con bandas racistas y xenófobas? No, con otros inmigrantes andinos…   En ese barrio el paro alcanza a un 20% de la población. La inmigración supera el 25%. En La Torrassa, el porcentaje es del 35-40%, pero la densidad de la población es la misma que en Calcuta: 50.000 personas por kilómetro cuadrado. Literalmente inhabitable e incontr
olable.

Muchos bares en estas zonas se han ido decantando por preferencias étnicas. Seguramente no ha sido nada deliberado, ni siquiera puede ser considerado como una muestra de xenofobia y racismo: simplemente, a cada cual le gusta tener como compañeros a los que son como él. Y esto vale tanto para magrebíes, andinos, pakistaníes y la minoría autóctona, porque en muchos de estos barrios ya es una minoría. No es nada nuevo, ha ocurrido en todo el mundo, desde los EEUU hasta Francia, de Noruega a Portugal: lo semejante se une a lo semejante. La multiculturalidad solamente existe en las mentes de quienes todavía creen en la propaganda oficial. A la salida de un bar de La Torrassa, un jubilado nos decía: “nos dijeron que venían para que pudieran pagarse las pensiones, pero consumen todas las ayudas sociales… no sé lo que durará esto”

Es difícil olvidar que en Perpiñán, la ciudad occitana de los Pirineos, a 150 kilómetros del centro de Barcelona, en mayo de 2005, se produjeron violentísimos enfrentamientos entre gitanos franceses y magrebíes, que concluyeron con un balance aterrador: 2 muertos, centenares de detenidos, una semana completa de disturbios, buena parte de los comercios saqueados y una sensación de estar sentados sobre un polvorín que todavía dura. No vale la pena, ahora, buscar responsabilidades sobre aquellos sucesos. Lo único importante es recordar que tuvieron lugar.

La responsabilidad de la clase política catalana

La clase política catalana hasta ahora ha mirado a otro lado. En tiempos de crisis ya no puede seguir repitiendo la letanía “multiculturalidad – tolerancia – integración – mestizaje”. Ahora toca el choque con la realidad. La clase política catalana no tiene excusa: solamente para ir a sus oficinas en la Plaça de Sant Jaume han pasado necesariamente, hasta llegar allí, por los barrios de mayor densidad de inmigración. Han visto desde sus lujosos coches oficiales como esos barrios cambiaban en muy pocos años. Han visto como esos barrios se degradaban, incluso aun cuando ellos vivieran en barrios tranquilos y alejados del centro. Lo han visto… ¡y no han hecho nada! Ahora llega la crisis y con ella las situaciones límite.

En su ceguera, no es raro que hoy lo único que les preocupe sea disputar el voto de la inmigración ¡desde ERC hasta el PP! Ignoran que en toda Europa la inmensa mayoría de inmigrantes se han inhibido de los procesos políticos de sus respectivos y si han ido a votar, han votado especialmente a sus propias opciones étnicas, ¿hay algún elemento que haga creer que aquí va a ser diferente?

Los nacionalistas catalanes, que en principio deberían ser la fuerza más interesada en preservar la identidad de Catalunya participan también en esta loca –e inútil carrera- en pos del voto inmigrante cuando ya casi 1 de cada 5 residentes en Catalunya ha nacido en el extranjero.

Artur Más se rodeó de un nutrido grupo de inmigrantes en el último partido Barça-Madrid, al acabar el mitin de CiU “sólo para inmigrantes” que tuvo lugar antes del encuentro en el Palacio de congresos. Allí salió a relucir de nuevo Ángel Colom, ex secretario general de ERC, ex presidente del Partit per l’Independencia y ex delegado de Pujol en Marruecos… hoy “responsable sectorial de inmigración de CiU”, probablemente uno de los políticos más desprestigiados de Catalunya que está multiplicando reuniones con colectivos inmigrante buscando el voto para CiU.

Ni el PP, ni ERC tampoco quieren permanecer al margen de la carrera. En la última reunión del Consell Nacional del partido el tema era la inmigración y la resolución aprobada señalaba que “el millón de personas que han llegado a Catalunya en los últimos tiempos supone “retos muy importantes para la sociedad de acogida”. ERC reclama políticas que intervengan en “la ordenación y la gestión de los flujos migratorios”, pero quiere imponer el catalán como "lengua de uso público y compartida de las personas migrantes (sic), convirtiéndose así en una herramienta más de cohesión”. El presidente de ERC, Joan Puigcercós, intervino en dicha reunión subrayando que “los derechos sociales de los recién llegados son intocables, pero los derechos políticos son otra cosa. Para tener derechos políticos, para poder decidir en una comunidad nacional, es preciso conocer el país, la cultura y la lengua, y nosotros trabajaremos para facilitar las herramientas para que los nuevos catalanes tengan acceso a estos conocimientos. Pero e
l derecho político ha de ser consecuencia de la integración, el enraizamiento y la estima”. Al parecer el único problema es que el inmigrante aprenda catalán.

Ambos, Puigcercós y Mas utilizaron el término “nuevos catalanes” para referirse a los inmigrantes… ¿les han preguntado a ellos lo que piensan?

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Fin de la moratoria para búlgaros y rumanos

Vaya por delante que búlgaros y rumanos son ciudadanos europeos de pleno derecho. Y vaya por delante que desde IdentidaD siempre hemos sostenido que, si es rigurosamente necesaria una inmigración en España, lo lógico es que proceda de los países europeos. Y, por último, vaya por delante, que el sector conflictivo de la inmigración rumana en España es el mismo que también es considerado como conflictivo en su país de origen, la etnia romaní. Dicho lo cual añadiremos que parece aventurado en las actuales circunstancias, levantar la moratoria laboral que hasta ahora pesaba para ciudadanos búlgaros y rumanos. Con un mercado laboral absolutamente desplomado y que pasará mucho tiempo antes de que se reactive, el permitir la entrada a trabajadores búlgaros y rumanos es una iniciativa absolutamente aventurera e irresponsable. 

La moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo puede prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. España vencerá el primer plazo el 31 de diciembre de 2008. Para Corbacho, “no vale la pena proseguir con la moratoria”… ¿no vale la pena? ¿acaso tenemos un mercado laboral eufórico?  ¿en que se basa para asegurar –como hizo- que los flujos migratorios se inviertan en relación a estos dos países? ¿hay algún rastro de que efectivamente vaya a ser así? No, no lo hay.

Por lo demás, la existencia de una crisis económica se percibe también desde Bulgaria y Rumania. Los amigos de los trabajadores de estos países que residen en España, son perfectamente conscientes de que aquí no atan los perros con longaniza y que en las actuales circunstancias no hay trabajo. Por tanto, es rigurosamente cierto que la inmigración laboral procedente de estos países se ha detenido… y sin embargo siguen llegando ciudadanos de ambos países ¿qué está ocurriendo?

Es simple: han dejado de venir trabajadores búlgaros y rumanos pero siguen llegando –¡y en qué cantidades!- ciudadanos de etnia romaní procedente de esos países, que desde antes del verano están abandonando Italia. España es el objetivo. Las costumbres antropológicas y culturales de este grupo étnico son difícilmente integrables en Europa (incluido en su Rumania natal). El hecho de que en su escala de valores no conste como algo moralmente rechazable el engañar a los que no son miembros de su comunidad, es suficientemente elocuente y explica por sí mismo, porque ni en su propio país, ni en Italia, han podido arraigar, ni han podido evitar generar en torno suyo un halo de hostilidad.

Pues bien, estos son los rumanos y búlgaros que están llegando en estos momentos. ¿Dice la reforma de la ley de inmigración algo sobre qué hacer con comunidades tan alejadas de nuestra escala de valores que exista con ellas una brecha antropológica y cultural insalvable? No, no dice nada: entonces esa reforma no solucionará ningún problema real.

Por cierto, la medida anunciado por el gobierno de eliminar la moratoria ha sido aplaudida por la “banda de los cuatro”: la medida cuenta con el apoyo del PP, del PSOE por supuesto, CiU no puso ningún obstáculo y, por lo que se refiere al PNV, Emilio Olabarría se mostró también favorable. ¿Realmente son conscientes de la naturaleza del problema?

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