Cinco años a vueltas con el Nou Estatut (II de II)

Infokrisis.- Hay una palabra que suele olvidarse en el lenguaje progresista y postmoderno: es "jerarquía". Todos los rangos biológicos e incluso intelectuales están presididos por la noción de jerarquía, esto es por los distintos escalones que llevan de lo superior a lo inferior y conducen también en dirección opuesta. Entre las leyes también existen jerarquías. La Constitución, por ejemplo, en teoría, ocupa un rango superior a cualquier Estatuto de Autonomía. Por no hablar de la jerarquía entre "nación" y "nacionalidad" o entre "Estado" y "Autonomía". Este punto es lo que no queda claro en el universo plano y ambiguo en el que se mueve la clase política catalana. Y este, a fin de cuentas, es el espinoso problema a plantear.

Cuando el "alto tribunal" es una merienda de negros

Es muy fácil contentar a un público agradecido: basta con decirles que lo suyo es lo superior. En eso consiste, a fin de cuentas, el populismo y el populismo nunca a casado con el sentido común, la racionalidad y, el "seny" (la versión catalana de la sensatez). A un pueblo se le puede cautivar diciéndole que es una "nación" (en la medida en que se intuye que "nación" está en un rango superior a "nacionalidad"), se le puede decir que "Estado Español" y "Autonomía Catalana" hablan de igual a igual como si se tratara de dos Estados y, se puede redondear la idea concluyendo que el Estatut es para los catalanes la ley superior y que no existe otra que esté por encima. Y, seguramente, habrá muchos que aplaudirán como lo hacen en los partidos de fútbol del Barça. Satisfacer a las masas, en última instancia no consiste más que en arrojarles un hueso para que lo vayan royendo.

Si se admite todo lo anterior, se admitirá también que el pueblo catalán es soberano y que la sentencia del Tribunal Constitucional, si no toca ni una coma del Estatut "es un éxito del autogobierno catalán reconocido por la más alta magistratura del Estado" y si toca una coma es apenas "ofensa al pueblo catalán perpetrada por una institución española a la que los catalanes no debemos ningún reconocimiento". Halagar a las masas, como hemos dicho, cuesta poco. Enfervorizarlas menos y lanzarla a aventuras es sólo cuestión de utilizar las sugestiones correctas.

No se trata de enaltecer al Tribunal Constitucional. De hecho es una especie de cementerio de los elefantes para juristas jubilados. Y no siempre para los mejores sino para aquellos que cuentan con el apoyo y la simpatía de los partidos mayoritarios. Es decir, los que son más sumisos, más volubles, más adaptables o más frívolos. No vamos a ser nosotros quienes defendamos al indefendible Tribunal Constitucional que, para colmo, tiene un sistema electivo que desdice la teoría de Montesquieu sobre la división de poderes y los necesarios pesos y contrapesos entre cada poder.

Magistrados elegidos por partidos políticos siguen los intereses de los partidos, no la objetiva interpretación de las leyes. Pero es que todo en una democracia tiene algo de ficción y todo a fin de cuentas viene a ser una regla de juego fraudulenta. La ley del número, la transformación de unas cifras de votos en soberanía popular y la transferencia de esta soberanía inmanente al jefe del gobierno que la recibe en hipóstasis sacral, es una convención seudo-religiosa, totémica, para recubrir el hecho de que todas las democracias liberales terminan en partidocracias (monopolio del poder por parte de los partidos) o en plutocracias (condicionamiento del poder político por parte del poder económico) o en plutocracias partidocráticas (síntesis de lo uno y de lo otro que termina asfixiando a la democracia). En una democracia-farsa, a nadie le puede extrañar que el Tribunal Constitucional sea otra farsa que sigue al pie de la letra aquello de que "la justicia es como el timón, hacia donde se le da, gira", que ya decía Lao-Tsé.

Ahora bien, dentro de este régimen de convencionalismos, dobles lenguajes en el que el término no corresponde a la realidad sino que implica varias realidades al unísono, lo cierto es que en democracia o se respetan las reglas del juego o se corre el riesgo de precipitarse hacia el caos. Las votaciones son una farsa desde el momento en que la ley del número parte de la base de que todos los ciudadanos son "libres e iguales", cuando en realidad, están condicionados por el bombardeo propagandístico, limitados por una ausencia lacerante de capacidad crítica insertada en sus genes desde la educación pre-escolar y cada uno tiene distintas capacidad, distintos intereses, distintas preocupaciones y distintos grados de interés por la política y por la gestión de la cosa pública. El convencionalismo aceptado estriba en la norma de "un hombre, un voto". Se acepta, a pesar de que es manifiestamente falso y mendaz e incluso repugna al sentido común (¿vale lo mismo el voto de un ingeniero técnico que el de un violador psicópata y analfabeto? Para la democracia, sí). Imaginemos lo que podría ocurrir si después de unas elecciones, el partido X que ha obtenido menos votos, afirmara haberse impuesto sobre el partido Y, reivindicando la mayor "calidad" de sus electores y desdiciendo el convencionalismo de "un hombre un voto". Las reglas del juego -de cualquier juego, por absurdo y ridículo que sea- están para cumplirse.

Análogamente, si existe un Tribunal Constitucional -estructura absurda, frívola, inútil, peripatética, para colmo mediatizada por el poder político- es por que la "ley primera" de la jerarquía -la Constitución- así lo prescribe y si lo prescribe, sus sentencias o son respetadas por las partes en litigio o el caos es lo que nos espera al final del camino. Así pues, lo normal sería respetar la sentencia del Constitucional dijera lo que dijera, pero…

Pero el problema es lo que dirá y cómo lo dirá y que interpretaciones se harán a lo que diga. Tres años de retraso en la emisión de una sentencia son inadmisibles, injustificables y constituyen una verdadera burla para las partes en conflicto. Máxime cuando el Estatut hace tres años que está siendo aplicado. Lo normal habría sido que existiera la figura del "recurso de inconstitucionalidad a trámite" y que éste determinara que las leyes recurridas no pueden ser puestas en práctica mientras no exista sentencia… naturalmente con la contrapartida de que una sentencia que tarde más de 90 días en emitirse implicará la sanción y la expulsión de los miembros del tribunal por manifiesta incompetencia, negligencia en el desempeño de sus funciones o simplemente por vagancia o por prevaricación pasiva: esto es por negarse a emitir una sentencia para favorecer a alguna de las partes.

El problema del Constitucional es cómo cumplir la orden del gobierno (¿"independencia del poder judicial?" ¿de qué…?), una orden imposible: encajar el Estatuto con la Constitución es intentar la cuadratura del círculo. La orden de Zapatero al constitucional es imposible de cumplir. Además, los magistrados, venerables abueletes que ansían pasar a la historia del derecho, tampoco están excesivamente dispuestos a que se les recuerde como a títeres que comían de la mano del poder y redactaban sentencias cuyo fundamento jurídico tenía tanta chicha como una medusa.

Lo que menos se puede esperar en estos momentos del constitucional es una sentencia, como se suele decir, "ajustada a derecho", será una sentencia que pretenda "ajustarse a las necesidades del gobierno" en primer lugar que; a fin de cuentas, es quien ha pagado las copas que se han bebido los magistrados en estos últimos tres años. Lo de "ajustarse a derecho" ocupa, pues, un plano muy secundario. A fin de cuentas ¿a quién le interesa el derecho? No desde luego al tripartito catalán que solo aspira a salirse con la suya (y tener algo más a repartir entre los hermanos, los cuñados, los primos, y el sobrinito inútil que al menos pillará alguna asesoría o quizás un dirección general de cualquier Conselleria), en absoluto al gobierno ZParo que en estos momentos afronta el difícil debate sobre los presupuestos (el partido que apoye al gobierno debe saber que quedará comprometido y pringado con él, esto es, con el partido que subirá los impuestos, hará imposible la presión fiscal, será el causante de más cierres patronales, una caída en picado del consumo y más paro) y que, por tanto, necesita apoyos para tirarlos adelante (ERC, es la más sensible a estas componendas) y tampoco le interesa al PP que ni siquiera tiene muy claro cómo va a reaccionar en Catalunya cuando se emita la sentencia…

Cuando una sentencia se retrasa tres años es que nadie se atreve a hacerla pública, intuyendo que decepcionará a todos. Es fácil suponer que en estos tres años los magistrados está midiendo cada coma, cada tilde, para intentar satisfacer al demandante y al demandado, para mantener un régimen de equilibrios y una apertura interpretativa en la que nadie se sienta decepcionado. Y esto solamente podría ser contemplado con una sentencia breve del género: "Haced lo que os salga del níspero, que, en el fondo a nosotros nos importa un higo y aquí no estamos para quedar mal con nadie"… Enunciar esta declaración de intenciones encontrando fundamentos en derecho, no es fácil. Y los magistrados en eso están…

Cinco años de gobierno virtual y una crisis muy real

Si el coronel Maciá levantara la cabeza y viera en lo que se ha convertido Catalunya, fusilaría a más de uno. Y si Cambó se levantara de su tumba, seguramente optaría por seguir en la Patagonia alejado de esta Catalunya cuyo cap i casal tuvo la ambición de ser una ciudad de diseño, fashion, lo más parecido al Village neoyorkino y a los bulevares de Manhattan Avenue, y se ha quedado en una ciudad multicultural cada vez más parecida a Marsella.

En el nacionalismo catalán desde el principio coexistieron distintas tendencias: los separatistas y los moderados. Estos opinaban que Catalunya era la "parte seria" del Estado y que, por tanto, era justo reivindicar el derecho a llevar las rindas del Estado Español a la vista de que los catalanes, "laboriosos y trabajadores" eran los que habían logrado alcanzar un mayor nivel de industrialización. Luego los había que aceptando el que los catalanes eran más trabajadores y más serios que cualquier otra región de España, creían que no valía la pena perder el tiempo y que había que "irse de España".

Estas dos tendencias prolongaron sus puntos de vista desde la última década del XIX hasta la guerra civil. Los resultados electorales fueron favorables a unos o a otros y, en cualquier caso, inestables. Había catalanes independentistas que apoyaban a ERC y los había nacionalistas que apoyaron a la Lliga. Una veces ganaban unos y otras los otros, y otras, la mayoría la tenían los antinacionalistas de Lerroux que no en vano era llamado "el rey del Paralelo" (zona de la ciudad condal que en otro tiempo albergaba la buena vida, esto es, la vida golfa, y que hoy es la frontera con los barrios próximos al Montjuich de mayoría inmigrante). En los años 30, incluso el "fascismo catalán" de los Escamots dirigidos por Josep Dencás, especie de servicio de orden del partido Estat Catalá también arrastró masas en algún momento. A decir verdad, todos en la política catalana de la pre-guerra tuvieron sus cinco minutos de gloria, lo que indica, a la postre, que las convicciones eran superficiales y que todo iba por modas y, por supuesto, por resultados en la gestión. Luego las cosas no cambiaron mucho.

Cuando Companys y Dencás proclaman el "Estat catalá" en octubre de 1934 que ya habían intentado proclamar el 14 de abril de 1931, en ninguna de las dos ocasiones parecía haber "demanda social", ni se vio entusiasmo en las calles, ni Companys atrincherado unas horas tras las puertas de la Generalitat logró desencadenar una riada de entusiasmo. Su fusilamiento doce años después, lo ha elevado a la categoría de mártir, pero, a decir verdad, se ven en él muy pocos méritos políticos, demasiado aventurerismo y una obsesión constante en proclamar el "Estat catalá" ante el vacío. Todavía falta la biografía de Companys que redimensione su figura y establezca sus responsabilidades: por que Companys fue uno de los políticos aventureros de la pre-guerra civil culpables de que la situación se fuera radicalizando hasta desencadenarse el conflicto armado. Y cuando eso ocurrió, Companys ni siquiera tuvo fuerza, arrestos y autoridad para detener la quema de iglesias, las sacas y los fusilamientos al amanecer. En buena medida, la necesidad que tiene el nacionalismo radical catalán de falsificar la historia se debe al triste papel desempeñado por Companys entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936. Hoy, Companys es intocable en Catalunya.

Cuando se sale del franquismo, cuarenta años después, el independentismo está reducido al PSAN de extrema-izquierda y a otros grupos tan escuálidos como él (el Front Nacional de Catalunya) y a una ERC reducida a la mínima expresión. El independentismo en 1975 no existe. Y cinco años después tampoco. Los resultados de ERC en esos años son de una modestia rayana casi en la indigencia electoral. Quien marca la pauta es el nacionalismo moderado de la mano de CDC y de UDC. Ambas formaciones, a fin de cuentas, se sitúan en una línea parecida a la de Cambó: reivindican el autogobierno dentro del Estado Español, quieren catalanizar la sociedad en esa parte del Estado, pero no independizarse. Hay alguna ambigüedad (si el destino del nacionalismo no es la independencia nacional ¿qué significado y sentido puede tener?) empezando por el hecho de que CiU se autodefine como "nacionalista", no como "catalanista", ni como "regionalista". Y el matiz es importante.

De todas formas, CiU mantiene algunas de las ideas básicas presentes en el catalanismo de Cambó: reivindican el que Catalunya tenga un papel decisivo en España en la medida en que todavía sostiene que el Principat es la "parte seria" del Estado. No se suele publicar en revistas ni en medios, pero existe la convicción de que con los andaluces no se podrán hacer grandes cosas porque no son laboriosos y están demasiado volcados sobre toros, cante jondo, batas de cola, janaras, procesiones, ferias y rocíos. Y en cuanto a los madrileños, otro tanto: gente poco seriedad. En cuanto a Castilla es pobre. No están dispuestos nunca a comprometerse en la gobernabilidad del Estado (para así poder pactar con los unos y con los otros a discreción y según conveniencias políticas) pero sí a influir, a poner y quitar gobiernos y a exigir mayores cuotas de autogobierno. Así transcurren los años del pujolismo.

Catalunya es tierra de dicotomías: el "seny" (la sensatez) y la "rauxa" (la rabia) marcan las dos vertientes del alma catalana tan bien descrita por d'Ors. Eso da a un Cambó moderado y a un Companys desmadrado, a un Pujol jugando la carta del realismo y un Ángel Colom o un Carod en perpetuo estado de agitación febril. Habría que preguntarse de dónde procede esta duplicidad del alma catalana que tiene algo de locura del viento ampurdanés y de serenidad solar del sol mediterráneo, de escepticismo montañés y de idealismo comunitario.

Tras el pujolismo, marcó, como hemos visto, el ritmo Carod Rovira, la "rauxa" personificada que se superponía a un Maragall perplejo, perdido y casi indefenso. En 2004 dejó de haber autogobierno real en Catalunya. Un autogobierno es el que gestiona la cosa pública de la comunidad. Desde 2004, la única preocupación de la Generalitat ha sido disponer de un "nou Estatut". Ha dado la sensación de que el día a día no existía para el primer y para el segundo tripartito y si existía era para gastar fondos en publicidad institucional. De la misma forma que Zapatero enmascara sus fracasos en política interior y su incapacidad para ejercer el gobierno de la nación, el tripartido recurre a la defensa cerrada del Estatut para desviar la atención hacia el hecho de que nunca como hoy Catalunya se ha parecido tanto a Andalucía. ¡Qué triste sería para Maciá y Cambó saber que en Catalunya ya ni siquiera existe industria textil y que la primacía del textil en España corresponde -oh, maravilla de maravillas- a Galicia. ¡Qué triste es reconocer que uno se ha convertido justamente en lo que criticaba y en lo que escarnecía y aborrecía!

Y todo ello con una demografía declinante en la que el primer apellido catalán en la guía telefónica en número de repeticiones es el 142… ¿Quedará algo de la Catalunya tradicional dentro de 20 años? Lo más probable es que el anxeneta que suba al último piso del Castell de los Xiquets de Valls se llama Udobombo Mamae o que el jefe de la colla de diables de Sant Antoni se llame Hadmid Mohamed Mustafá o en el mejor de los casos, el grupo de grallers de Terrassa esté dirigido por alguien apellidado Gutiérrez Rebolledo. En 20 años, habrá, como máximo un 10% de apellidos catalanes en las escuelas. Y en 40, los que existan serán a título de excepciones y casi de curiosidades antropológicas. Así defiende la Generalitat la identidad catalana. Para colmo, la última ley de educación de la Generalitat proclama que hay que equilibrar las escuelas y desplazar inmigrantes a las escuelas en donde hasta ahora no había. Puestos a hacer las cosas mal y a atentar contra la identidad catalana, hay que llegar hasta el final. Pues bien, esta gente es la que ha hecho el Estatut. Del oro solamente puede salir oro, la mierda, en cambio, solo destila pestazo.

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