El problema de los menores: drama o burla

Infokrisis.- En muchos rincones del Magreb los niños no tienen otra aspiración más que le de venir a España a “buscarse la vida”. La tierra en la que delinquir sale barato y donde las autoridades te premias es, desde luego, una tentación para muchos críos marroquíes que están infinitamente mejor en nuestros liberales centros de menores que en su patriarcal sociedad islámica. Reconocer esto no implica que el drama de los menores magrebíes lo tengamos que solucionar en nuestro país. Ante la delincuencia juvenil magrebí vale la pena preguntarse si nuestra Ley del Menor sirve para algo más que para estimularla.

Que nuestra sociedad se está volviendo particularmente violenta, especialmente entre los jóvenes, es algo, hoy indiscutible. Que el aumento de la violencia entre los jóvenes se debe a una multiplicidad de factores, es, así mismo, evidente. Que uno de los factores que han desencadenado ese aumento de la violencia es la inmigración, resulta innegable. Es natural, por tanto, que en un trabajo sobre la inmigración nos preocupemos especialmente de la relación entre violencia juvenil e inmigración, sin llegar a afirmar que su incidencia es mayor que otros (la quiebra del sistema educativo, el ocio virtual, el repliegue hacia lo individual, la pérdida de autoridad de los padres, el mal ejemplo propagado por los medios de comunicación, etc.).

¿Se ha convertido España en uno de los países europeos occidentales con mayores problemas de seguridad ciudadana? En realidad, hasta el año 2000, España registraba unas tasas de criminalidad por debajo de la media europea. Sin embargo, a partir de esa fecha, empezó a crecer. Y esto es lo preocupante, por que es, a partir del año 2000, cuando la inmigración empieza a convertirse en “visible” y masiva, así que resulta inútil negar el hecho consumado de que gracias a la inmigración masiva e ilegal, también en este desagradable terreno de la delincuencia de menores, hemos logrado alcanzar el dudoso honor de situarnos en el pelotón de cabeza.

La elocuencia muda de las cifras

En 2006 aumentó la delincuencia de menores un 8% en relacion al año anterior. Pero este no era el dato relevante. La mayoría de los jóvenes que han cometido una infracción en el primer cuatrimestre era de origen extranjero. En 2006 los españoles representan el 38%, mientras que el año pasado eran el 61%. Del total de internados en este primer tercio del año, el 24% es latinoamericano; el 22% es magrebí; el 9%, de la Europa no comunitaria y el 3%, de la Europa comunitaria. Esta es la cifra desnuda y, por sí misma, suficientemente significativa de cómo están las cosas en lo que a delincuencia de menores se refiere. Podemos dar todas las vueltas que queramos, pero la realidad es que un grupo surgido del 12% de la población juvenil, protagoniza el 61% de los delitos.

En los años anteriores, el aumento había sido muy parecido. En la Comunidad de Madrid, de los 188 chicos en régimen cerrado, 112 eran extranjeros y 76 españoles. En 2005 se ha pasado a 78 nacionales y 157 extranjeros. De los extranjeros más del 50% tienen procedencia marroquí. A la vista de todo esto, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, se negó a «equiparar delincuencia y emigración», afirmando que se trataba de “una injusticia”. Sería injusticia pero no por ello es menor objetivo y real.

El año 2004, la policía detuvo a 28.753 personas en la ciudad de Madrid. De todas ellas, por las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pasaron 18.230 inmigrantes. De los más de 18.000 inmigrantes detenidos, poco más de 10.000 fueron arrestados por delitos contra el Código Penal o reclamación judicial: casi tantos como españoles.

La coincidencia: la delincuencia de menores aumenta con el aumento de la inmigración ilegal y masiva

En 2003, un estudio policial advertía que desde 1992 hasta 2002, la cifra de delincuencia juvenil se había duplicado. En efecto, el Instituto de Estudios de Seguridad y Policia, vinculado al Sindicato Unificado de Policía publicó una estadística en la que, a partir de 1997, la delincuencia de menores empieza a dispararse en nuestro país; al lento ascenso que se había producido entre 1992 y 1997, incluso, al leve descenso que tuvo lugar en el año 1996, a partir de 1997 las cifras experimentan un crecimiento dramático en los dos años siguientes, para lugo proseguir un aumento constante pero moderado hasta el momento de escribir estas líneas.

En cifras, este crecimiento pasa de 43,4 menores detenidos por cada 10.000 jóvenes en 1992 a 83,2 detenidos en 2002. De este aumento, entre 1997 y 19998 se pasa de 48’9 a 77,7, lo que indica un aumento de la efectividad policial. Ahora bien, el número de delitos también aumento espectacularmente en todo este período, pasando de 8,0 delitos violentos cometidos por menores por cada 10.000 jóvenes en 1992 a 20,4 en 2002. En ese período (1992-2002), los diferentes cuerpos policiales practicaron en España un total de 28.025 detenciones de jóvenes menores de 18 años como autores de una infracción penal, lo que supone el 11% de todas las detenciones practicadas en ese mismo período. A lo largo de ese período el 21% de los delincuentes menores eran de origen extranjero. Pero, si observamos la media de inmigración entre 1992 y 2002, veremos que apenas era de un 2%, lo que nos da que la cifra de menores delincuentes extranjeros en ese período era 10 veces superior al normal. Y todavía estaba por llegar el fenómeno de las bandas latinas que eclosionó, precisamente, a partir del año siguiente.

A partir de estos datos, parece imposible negar que el aumento de la delincuencia de menores está relacionado con el aumento de la inmigración ilegal y masiva.

Un testimonio escalofriante

El 16 de noviembre de 1997, el diario “El Mundo” publicaba el testimonio de un menor marroquí de apenas 14 años que vino a España a los 11 años con la intención deliberada de vivir de la delincuencia. El testimonio es liberalmente escalofriante, no solamente por que tiene 10 años (y no se hizo nada para prever el fenómeno), sino por que demuestra una de las líneas de tendencia de la inmigración ilegal, sabedora de que delinquir en España sale barato. Vean:

«Yo ya era ladrón en Tánger, empecé a los nueve, pero tenía miedo de terminar enganchado con el pegamento y me pareció mejor ir a España. Aquí los niños viven mejor (…) Yo me metí en un autobús, al lado de la rueda de repuesto». A poco de llegar a España es detenido en Málaga y llevado a un colegio: «Me escapé. Encontré a una mujer marroquí que me prestó dinero y me fui a Madrid». El director del centro de acogida de Madrid, aseguró al periodista de “El Mundo”: «Hemos hablado con su familia, y son buena gente. Se preocupan mucho por él pero, como carecen de recursos económicos y tienen muchos hijos, no pueden estar siempre pendientes». ¿La especialidad del citado menor? Saquear las pertenencias de turistas, especialmente japoneses, «porque son los que más dinero llevan». Suele viajar a Barcelona y Madrid («Me voy a Barcelona, me monto en el tren, me escondo cuando pasa el revisor, o le digo que le pida el billete a mi padre, que va en otro vagón»).

El menor, identificado como A.M. declaró que había descartado otros países como teatro de sus fechorías y prefería España por encima de cualquier otro y no precisamente por nuestros paraísos turísticos, sino por la falta de competencia en su oficio: «pasé unos días en Italia. Pero no me gustó». Debía, en efecto, competir con delincuentes yugoslavos. Francia tampoco le gustó; allí la competencia era de los argelinos. Así que concluye: «En España se está mejor. Me quedaré aquí hasta que me vuelvan a pillar...». Hay miles de menores como el entrevistado por “El Mundo” entre nosotros. Y no solo magrebíes. El fenómeno de las bandas latinas, visible desde 2003, sacó a la superficie la delincuencia llegada de los Andes.

Distintas actitudes en Europa

En Europa ya había mucha experiencia en este terreno de la delincuencia de menores ligada a la inmigración. En el ya lejano 1998, el gobierno bávaro estudió la posibilidad de expulsar, bajo ciertas condiciones, a familiares de delincuentes extranjeros menores de edad. El proyecto ha provocado una fuerte oposición por parte de las organizaciones de solidaridad con los inmigrantes y refugiados políticos. El proyecto no era absurdo: en 2000 nos enteramos, por ejemplo, de que algunos grupos étnicos utilizan a menores para cometer sus fechorías y esto por dos motivos: en primer lugar por la laxa, permisiva y garantista legislación de menores en España y la segunda por que el tamaño y el peso del menor, le hace más fácil introducirse por ventanas y rejas. El menor es una víctima y los inductores sus familiares, por tanto, aunque sea él quien delinca objetivamente, tanto la inducción como los beneficios van a parar a la familia, así que el proyecto del gobierno bávaro era razonable.

Otros países europeos reaccionaban de manera más timorata. En Francia, por ejemplo, el 30% de los robos era cometido por menores de los que se evitaba dar su procedencia étnica (un parámetro prohibido en Francia por la legislación antidiscriminación aprobada en el período de Mitterand), pero la opinión pública no albergaba la menor duda de que una amplia mayoría de esos “menores” eran magrebíes o de origen magrebí. Las cosas en Alemania se veían en esos años de otra manera: en 1991, devolvió a 34 niños a su país de origen alegando que «el solo hecho de que sean niños no es suficiente para obligar al Gobierno a albergarlos por razones humanitarias». El lugar de un niño –en la cultura europea que, a fin de cuentas, es la única que debemos contemplar en este rincón del planeta que es la UE- es junto a sus padres, aunque estén en las antípodas. Hoy, la legislación garantista española, considera que el menor que se encuentra solo en España y en situación ilegal, debe ser “tutelado por el Estado”… como si careciera de país y como si careciera de padres.

Barcelona como paradigma

El Ayuntamiento de Barcelona está gobernado por la izquierda desde tiempo inmemorial, lo que no implica que su gestión en algunos terrenos –especialmente en los que no generan algún tipo de comisiones- sea la correcta. Y si en algún tema el ayuntamiento de Barcelona debe bajar la cabeza es en el de los delincuentes menores llegados con la inmigración ilegal. Desde septiembre de 1998, los delincuentes menores magrebíes han infestado las zonas turísticas de la ciudad. Elñ 20 de septiembre de ese año, la Generalitat de Catalunya debió contestar a una pregunta formulada por Ignasi Riera, diputado de Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV) Ignasi Riera en el Parlament sobre la situación de los menores delincuentes. En su respuesta, la Generalitat confirmó por primera vez la presencia de jóvenes de origen magrebí en la zona desde finales de febrero de 1998 e informó que «los niños y jóvenes inmigrantes menores de 18 años, que no pueden ser repatriados, reciben protección de la DGAI, que asume la tutela». Asimismo, afirmó que «estos niños reciben educación, asistencia sanitaria y las prestaciones sociales necesarias para asegurar su bienestar, generalmente en un centro de acogida o residencial propio o colaborador». El Govern añadió que «la DGAI hace las gestiones necesarias para tramitar la documentación de los inmigrantes indocumentados y para conseguir el permiso de residencia cuando llevan más de dos años en el país»... Y todo esto tendría mucha más gracia si no se tratara de una broma pesada: un menor inmigrante (delincuente o no), por el mero hecho de serlo no puede ser entregado al consulado de su país más próximo al lugar de su ubicación, para que éste se encargue de algo tan humano como es llevarlo junto a su familia. Y no sólo eso, sino que además, nuestro humanitario y garantista gobierno, se encarga de tramitar su regularización en España lo antes posible, mientras inmigrantes que se atienen a la Ley de Inmigración debe esperar años para obtener el permiso para venir a España. Todo esto no impide que algunas ONGs bramen contra esa política. SOS Racismo, precisamente el mismo día en que el humanitario Riera se interesaba por la situación humanitaria de los menores magrebíes, acusó a la Generalitat de no «hacer de manera sistemática ni con la suficiente agilidad» la tramitación de estos permisos de residencia. SOS Racismo no proponía otra cosa que ampliar el “efecto llamada” a menores y, simplemente, acusaba a las autoridades de no estimularlo con más vigor y más rápidamente. Tal como decía, a cuenta de todo esto, el responsable de Inmigración de Esquerra Unida i Alternativa, Ghassan Saliba, al afirmar que «la cuestión no es la falta de legislación. El problema es la falta de voluntad política». Claro que todavía estaba por llegar la regularización masiva de 2005 en donde un gobierno del Estado afirmaría su “voluntad política” deliberada de centuplicar el “efecto llamada”.

Esto ocurría en el año 1998, cuando en Barcelona todavía no se había producido la llegada masiva de menores magrebíes con intención de saquear y esquilmar a los turistas. Estábamos todavía en los prolegómenos del fenómeno que ya en 1999 los educadores de los centros de menores de la Generalitat ya empezaban a percibir a la vista de que los ingresos de críos marroquíes se había disparado.

El 13 de julio del año 2000, los ciudadanos del tradicional barrio del Raval empezaron a formar patrullas nocturas de ciudadanos ante ante el incremento de la inseguridad. Solo entonces –no antes- todos los niveles de la administración (ayuntamiento, delegación del gobierno, generalitat) reaccionaron. “Parajódicamente”, las autoridades sostenían que la delincuencia se estaba reduciendo y que en el primer semestre del 2000 se habían reducido las denuncias presentadas. La policía hizo algunas precisiones: si, las denuncias se habían reducido, pero la delincuencia había aumentado, en especial los tirones, los robos con intimidación y la sustracción de vehículos, tres delitos que «contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad», según reconoció la Delegación del Gobierno que, de paso, reconocía que a todo este caos había que sumar «la suciedad de las calles, el incumplimiento de la hora de cierre en muchos establecimientos, la venta ambulante y la concentración de inmigrantes», especialmente menores magrebíes que malviven en la calle. Se atribuía a delincuentes multirreincidentes, responsables del 65% de los delitos que se cometen en el centro histórico de Barcelona. La policía tenía fichados a 418 delincuentes que acumulan más de 12.000 «presencias ante el juez» en lo que va de año, lo que supone una media de 30 detenciones. Además, medio centenar de ellos acumulan más de 100 detenciones. «Como cometen pequeños hurtos sin violencia, con la legislación actual sólo pueden ser multados o sentenciados a arresto menor, pero en ningún caso ingresan en prisión», según el portavoz de la Delegación.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos (hoy ministro de industria), se refirió a la existencia de patrullas ciudadanas en el distrito de Ciutat Vella asegurando «es un sistema que no sirve» para solucionar los problemas del Raval y que, «objetivamente, se podría confundir con una reacción racista, por lo que me congratulo de que los propios vecinos afirmen que no se trata de eso». Así pues, el propio alcalde reconocía lo que todos en el Raval sabían, que la delincuencia iba parejo al aumento de la inmigración ilegal. La crisis se parcheó enviando durante unas semanas a policías de uniforme al Raval, luego, como ocurre siempre en estos casos, cuando se relajó la vigilancia, todo volvió a la “normal anormalidad”.

A finales de marzo de 2001, la situación volvió a ser alarmante. Toda la prensa publicó el día 29 las declaraciones del juez decano: «Barcelona está dejando de ser» una ciudad segura”. Cada día las comisarías recibían un promedio de 600 denuncias, de los que los hurtos y robos suponían el 65% del total. Nadie ignoraba –aunque todos evitaban publicarlo- que en el centro de Barcelona, los menores magrebíes cometían sus delitos con una impunidad ofensiva. Una Junta de Jueces barceloneses celebrada a mediados de marzo de 2000, aprobó medidas para que los robos a turistas no queden impunes. Los juicios acostumbraban a suspenderse porque la víctima –de retorno a su país- no comparecía… Resulta, así mismo sorprendente que en el año 2000 fueran detenidas en Barcelona 18.667 personas, de las que 14.330 pasaron a disposición judicial y apenas un 12 por ciento (es decir, 2.006) ingresaron en la cárcel.

Estas declaraciones y la percepción que el ciudadano barcelonés tenía de la situación de la seguridad, reavivaron el debate sobre los menores. El 9 de abril de 2001, el conseller de Justicia lamentó el «vacío legal» para tratar a los menores de 14 años violentos lo que, a su juicio, también dificulta afrontar el fenómeno de los «niños de la calle», menores inmigrantes que malviven por las calles de Barcelona. El problema que habían detectado las autoridades después de varios años de gestación y eclosión era que «cuando un mayor de 14 años comete una actividad delictiva, la solución es bastante clara pues está prevista en la ley del menor», pero «los problemas surgen en aquellos menores que tienen menos de 14 años o que, siendo mayores de 14 años, su actividad teóricamente delictiva no ha sido calificada como peligrosa por los jueces y, entonces, se remiten a la dirección general de Atención al Menor, aquí radica el vacío legal».

Bruscamente, en toda España, los ciudadanos comprobaron que la delincuencia de menoes –especialmente magrebíes- no era, como habían pensado hasta ese momento una “excepción” generada en su villa, sino que en todas las grandes urbes se estaba produciendo. Las cifras más optimistas cifraron en un millar de menores inmigrantes los que vivía en España en la calle. El dato procedía del del departamento de Estudios sobre Ciudadanía y Migraciones de la Fundación Ortega y Gasset. El perfil de todos ellos era similar: magrebíes pertenecientes a familias con la más elevada mortalidad del país; sin apenas estudios, con siete u ocho hermanos, tres de cada cuatro con TV, pero sólo uno de cada cuatro con agua corriente; ninguno quiere regresar; crueldades de la infancia, muchos dicen que llegan con el sueño de fichar por un equipo de fútbol… La firmante del informe añadió datos más subjetivos, pero no por ello menos importantes, «Muchos [comerciantes] dicen que están en grupos más grandes, con adultos o un veterano, y acaban sufriendo abusos sexuales, prostitución, robando o haciendo de correos de droga de los mayores. ¿Que si ellos toman algo? Hachís y pegamento vulcanizado. Es curioso. Ellos lo llaman la solusió... Hay que darles suficientes razones para que se queden en los centros de acogida. Si no se hace esto, dentro de 10 años habrá problema, porque los niños no dejan de crecer, y crecer en la calle entre delincuentes te hace despiadado».

En 2001 se supo que, según las cifras oficiales del gobierno marroquí, existían en aquel país 8. 780 niños viviendo en la calle, aunque las ONG que trabajan con ellos multiplican esta cifra por tres… Es decir, 25.000 niños que constituyen aspirantes a cruzar la frontera con España en cualquier momento. La mayoría vienen de Tánger o Casablanca.

Al conocer estas cifras, la Consejera de Asuntos Sociales de la Generalitat afirmó entre otras cosas: «Los centros de menores están pensados para los niños de aquí, con los conflictos propios de cada lugar. Y estos críos son mucho más maduros, con otra cultura y religión muy alejados de nuestra realidad. Para administraciones como la Generalitat catalana, este es un problema ajeno y han demostrado con hechos que prefieren mantenerlos en la calle para que la policía se encargue de ellos, criminalizándoles a través de los medios de comunicación». Para colmo, la consejera añadió que . La “estos niños no son nuestros”, algo, por lo demás, evidente, pero que costó el que las ONGs del ramo, se rasgaran las vestiduras (seguramente subvencionadas). «Eso es un delito: no se puede dejar que los niños se degraden día a día como está ocurriendo», respondió a la consejera Vicent Galea, de la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Menores Inmigrantes Desamparados.

Desde Madrid, Javier Urra, entonces Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid aludió a la naturaleza del fenómeno: «El 90% no se queda [en los centros de menores] y tampoco se les puede retener al tratarse de centros abiertos. Muchos pasan varios días y luego se echan a la calle porque lo que quieren es trabajar, no estudiar en sitios saturados y poco adaptados para su idiosincrasia». Las cifras eran correctas, pero el diagnóstico erróneo: no estaba claro que quisieran “trabajar” (a menos que se considere la delincuencia como un trabajo), ni que quisieran “estudiar”. El gran problema real era que la garantista Ley del Menor no permite deportar a un menor inmigrantes a inmigrante a su país si no es para devolverlo a su propia familia o a las instituciones que deberían velar por ellos, en la práctica estas expulsiones se están produciendo sistemáticamente y de manera totalmente irregular en ciudades como Ceuta y Melilla. El “legislador” no ha explicado por qué la ley del menor no considera al Estado de donde vienen los inmigrantes como el “responsable” directo a falta de los padres biológicos y porqué precisamente el Estado Español debe de asumir esa consideración.

La multirreincidencia entre la inmigración

Los datos anteriores a 1998 son escalofriantes: más de 5.000 niños fueron expulsados de Ceuta y Melilla porque el único centro de acogida de esta ciudad estaba saturado y en condiciones lamentables. El Consejo de Ministros que aprobó la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Extranjería que en su artículo 62.5 prevé dos límites a la situación de interinidad de estos menores: la Ley da un plazo de nueve meses a las autoridades españolas para encontrar a alguien que se haga cargo de los pequeños en sus países de origen, en caso contrario España no tendrá más remedio que asumirlos sin posibilidad de expulsarlos.

Toda esta legislación es extremadamente humanitarista, garantista y timorata, así que es, a la postre, inaplicable. La Generalitat de Catalunya (cuando había “seny” en Catalunya, esto es, antes de la proliferación de maragalladas) lo comprendió tarde, pero lo comprendió. El 17 de junio de 2002, la situación de los menores delincuentes se había hecho insoportable y corría el riesgo de llegara al traste el carácter turístico de la Ciudad Condal, así que el Parlament autorizó lo que era lógico desde hacía dos años, esto es la reclusión de “niños de la calle con fines educativos”. A partir de ese momento la Generalitat puede ordenar la reclusión “con fines educativos” de los menores que delinquen. La nueva legislación prevé una atención especial a los adolescentes en alto riesgo social que prevé, entre otras medidas, la posibilidad de internar en centros educativos durante un plazo máximo de un mes a a quellos niños de la calle, mayoritariamente inmigrantes indocumentados que viven en la calle, que hayan rechazado otras vías de asistencia social. En ese momento, las cifras de menores delincuentes no estaban claras, pero oscilaban entre 300 y 500 operando por Barcelona. El ayer alcalde y hoy ministro, Joan Clos, seguía lanzando balones fuera. A pesar de que el 13 de junio de 2002, se manifestó dispuesto a que la Guardia Urbana asumiera la seguridad ciudadana, insistió en que no había motivo de alarma. Los años malos habían sido entre 1983 y 1984, cuando se unieron una fuerte crisis económica con la aparición de la heroína. Contra todo sentido común, criticó que se vinculase la inmigración a delincuencia: «Es una injusticia y peligroso», afirmó y recordó que la persona con mayor número de detenciones en Barcelona «es un gallego».Además, cifró en «420» los delincuentes de los que «200 son españoles»… lo que indica que el 50% de la delincuencia en Barcelona era en aquella época de origen extranjero, cuando, las cifras oficiales apenas daban una presencia del 4% de inmigrantes. Y en cuanto al multirreincidente gallego, cuyo nombre jamás se supo, si era cierto, pronto fue superado por otros muchos.

El 29 de julio de 2001, “El Mundo” había publicado una relación de inmigrantes multirreincidentes a raíz de la detención de Petra Arcan, acusado de los asesinatos de un empresario y su familia. Arcan, de origen moldavo, había sido detenido en nueve ocasiones anteriores. No era una excepción. Es posible que hubiera algún “gallego” que superase estas cifras, pero si existía y no era un recurso argumental improvisado por el alcalde Clos, lo sería a título de excepción. Véase sino:

Petru Arcan, 9 detenciones antes de asesinar / Mohamed Ch. 42 años. Marruecos. 134 detenciones / Liazid M.M.41 años. Marruecos. 121 det./ Sumani B. 1949. Argelia. 116 det./ Tafa S. 27 años. Argelia. 115 det. / Abdel H.O. 40 años. Marruecos.114 det. / Sadi N. 28 años. Argelia. 113 det. / Luis Hernan G.S.39 años. Perú. 107 det. / Mourad B. 29 años. Argelia. 104 det./ Youssef R. 24 años. Argelia. 103 det. / Josef M. 31 años. Argelia.101 det. / Natali S.N. 28 años. Argelia. 98 det. / Moez M. 34 años. Túnez. 89 det. / Mario K. 26 años. Libano. 88 det. / Mohamar G. 37 años. Argelia. 87 det. / Mohamed B. 32 años. Argelia. 86 det. / John A. 38 años. Marruecos. 86 det. / Abdel K.Y. 31 años.Argelia. 85 det. / Dahoudi M. 26 años. Marruecos. 84 det. / Zaoui K. 30 años. Argelia. 81 det. / Brahim M. 39 años. Egipto. 78 det. / Arifi H. 27 años. Líbano. 78 det. / Kamouch H. 29 años.Argelia. 77 det. / Amokrane A. 33 años. Argelia. 75 det. / Houari K. 32 años. Argelia. 74 det. / Carmelo D. 41 años. Etiopía. 74 det. / Kamel A. 31 años. Palestina. 74 det. / Mustapha B. 38 años. Palestina. 73 det. / Juan Carlos S. 38 años. Chile. 72 det. / Mohamed F. 28 años. Argelia. 70 det. / Aissa R. 27 años.Argelia. 70 det. / Alí B. 34 años. Líbano. 69 det. / Mohamed B.H. 40 años. Túnez. 68 det. / Omar B. 32 años. Argelia. 67 det./ Djamel A. 41 años. Argelia. 66 det. / Houssin G. 34 años. Argelia.65 det. / Said A. 36 años. Argelia. 63 det. / Abdesselam B. 34 años. Argelia. 61 det. / Rachir S. 20 años. Argelia. 61 det./ Mohamed S.A. 23 años. Argelia. 60 det. / Rachid G. 22 años.Marruecos. 59 det. / Mohamed A. 34 años. Argelia. 58 det. / Robert H. 31 años. Líbano. 58 det. / Hassam El H. 35 años. Argelia.57 det. / Benjamel M. 29 años. Argelia. 57 det. / Omar Ch. 35 años. Líbano. 56 det. / Reziaguiae A. 30 años. Argelia. 55 det./ Irik D. 28 años. Argelia. 55 det. / Kamel M.K. 18 años. Túnez.55 det. / Omar B. 31 años. Argelia. 54 det. / Darss M.S. 26 años.Marruecos. 53 det. / Miloud E. 37 años. Palestina. 53 det. / Mohamed B.J. 34 años. Líbano. 52 det. / Khalid B. 34 años. Marruecos.51 det. / Mohamed A.M. 33 años. Marruecos. 50 det. / Mohammed K. 42 años. Marruecos. 50/ Azar M. 36 años. Marruecos. 49 det./ Maximiliano R.C. 45 años. Perú. 48 det. / Ghani G. 24 años.Argelia. 47 det. / Ahmed B. 33 años. Argelia. 47 det. / Mamed S. 31 años. Argelia. 46 det. / Abdellah N. 46 años. Marruecos.46 det. / Mustafa A. 33 años. Marruecos. 45 det. / Gharsaoui L. 32 años. Marruecos. 46 det. / Mohamed O. 34 años. Marruecos.46 det. / Aloune O.M. 44 años. Mauritana. 46 det. / Gharbaoui B. 32 años. Marruecos. 45 det. / Abdelkabire F. 30 años. Marruecos.45 det. / Mohamed A. 34 años. Argelia. 44 det. / Omar M. 24 años.Argelia. 43/ Mario P. 18 años. Argelia. 43 det. / Noreddine B.34 años. Argelia. 43 det. / Rachid A. 28 años. Marruecos. 42 det. / Ahmed M. 46 años. Túnez. 42 det. / Amar A.B. 40 años.Marruecos. 41 det. / Fredy A.M. Colombia. 40 det. / Samuel J.58. Suráfrica. 40 det. / Mebarek B. 41 años. Argelia. 39 det./ Mouhamar G. 31 años. Marruecos. 39 det. / Kader L. 28 años.Túnez. 38 det. / Azougah A. 27 años. Argelia. 37 det. / Abdelhakim M. 27 años. Argelia. 37 det. / Laoda O. 26 años. Argelia. 36 det. / Rachid K. 74. Argelia. 36 det. / Bogaba A. 27 años. Argelia.36 det. / Rachid Ch. 44 años. Argelia. 35 det. / Haim R. 37 años.Argelia. 35 det. / Salim R. 23 años. Argelia. 35 det. / Rachid D. 25 años. Argelia. 35 det./ Radoan B. 31 años. Marruecos. 34 det. / Benchaa E. 32 años. Argelia. 33 det. / Djamel A. 37 años.Argelia. 33 det. / Farid H. 37 años. Argelia. 33 det. / Mouloud B. 24 años. Argelia, 33 det. / Teodoro R.S.H. 47 años. Perú.33 det. / Elala S. 27 años. Argelia. 32 det. / Pierre M. 44 años.Argelia. 32 det. / Rubén Darío D.L. 36 años. Chile. 32 det. / Chadouu S. 36 años. Argelia. 31 det. / Petric M. 24 años. Bosnia.31 det. / Mohamedel G. 20 años. Marruecos. 31 det. / Faisal S.32 años. Argelia. 30 det. / Abdelkader M. 16 años. Argelia. 30 det. / Mohamed A. 25 años. Egipto. 30 det. / Habboud A. 42 años.Marruecos. 30 det. / Hamid H. 30 años. Argelia. 29 det. / Hecine N.E. 37 años. Argelia. 29 det. / Omar G. 21 años. Marruecos.28 det. / Samir S. 26 años. Argelia. 27 det. / Dauria di G. 41 años. Etiopía. 27 det. / Ihadadene F. 29 años. Argelia. 26 det./ Larab M. 32 años. Argelia. 26 det. / Samir B. 27 años. Argelia.26 det. / Mohamed S. 24 años. Argelia. 26 det. / Jean M.M.M.39 años. Camerún. 26 det. / Abdoun M. 41 años. Palestina. 26 det. / Karim B. 24 años. Argelia. 25 det. / Rachid B. 31 años.Argelia. 25 det. / Mohamed Ch. 29 años. Argelia. 25 det. / Ahmed Mohamed B.L. 42 años. Marruecos. 25 det…

Con estos antecedentes no es de extrañar que la delincuencia juvenil haya crecido en Madrid un 8% entre 2005 y 2006. El 57% de los internos son extranjeros. Del total de internados en este primer tercio del año, el 25% es latinoamericano; el 21% es magrebí; el 8%, de la Europa no comunitaria y el 1% de la Europa comunitaria. El robo seguía siendo el delito más frecuente por el que ingresan en los centros de reforma… así pues, tranquilidad, son delitos “inofensivos” (salvo para el que le roban la cartera, le hurtan en el comercio, o le realizan un “tirón·, claro) tal como sostienen las autoridades. Pero no todo es tan “inofensivo”. El Ministerio de Trabajo concedió en julio de 2006 la residencia permanente a un menor marroquí con 11 antecedentes, además, presuntamente implicado en la reciente muerte del agente César Casqueiro. El marroquí H. B. S. era menor en el momento de ocurrir los hechos, pero, a pesar de su amplio historial delictivo, no se le podrá expulsar de España porque el Ministerio de Trabajo, que dirige Jesús Caldera, ya le ha concedido la tarjeta de residencia permanente. A raíz de este hecho, la Confederación Española de Policía (CEP) tronó asegurando que el Gobierno está concediendo y renovando los papeles a inmigrantes con antecedentes policiales. «Ésta es la política irresponsable del presidente Zapatero, que regulariza a delincuentes. Todo aquel extranjero que tiene antecedentes policiales puede conseguir los permisos. Además, con esta ley de papeles para todos tampoco les podemos expulsar», declaró del CEP, Rodrigo Gavilán. En cuanto al menor marroquí H.B.S., la Policía le ha identificado como el conductor del coche que embistió a un vehículo policial que le perseguía por Madrid y que provocó la muerte de César Casqueiro, un agente en prácticas de 29 años. El portavoz policial decladró con una lógica aplastante: «Si a este menor le hubiésemos podido repatriar, el policía ahora estaría vivo. A día de hoy, aunque sea mayor de edad, no le podemos expulsar porque ya tiene la tarjeta permanente. Para renovar los permisos, el Gobierno está aplicando el silencio administrativo positivo y no se comprueban los datos informáticamente», se quejó Gavilán.

El fracaso de las políticas garantistas y permisivas

El problema histórico de José Luís Rodríguez Zapatero es haber llegado al poder con un programa humanitarista y garantista en materia de seguridad ciudadana justamente cuando estas tendencia estaban siendo progresivamente rechazadas por la sociedad. A poco de llegar al poder ZP ya era evidente que la seguridad ciudadana estaba a flor de piel entre los vecinos de los barrios más afectados. A partir de ese momento, se diría que la delincuencia internacional, empleando un sexto sentido que solo lo da el haber vivido años en la ilegalidad, había percibido al gobierno español como la quintaesencia de la debilidad y a nuestro país como el teatro de operaciones más cómodo para proseguir sus delitos y exacciones.

El 21 de noviembre de 2004, el departamento de justicia de la Generalitat, reconocía que “más del 10% de los menores infractores que están bajo la tutela del Departament de Justícia están en paradero desconocido”. En ese momento, la Generalitat ya había cambiado de manos, y el “primer tripartito”, entre artículo y artículo del “nou Estatut” (presentado como una demanda de la sociedad y que apenas fue refrendado por un tercio de la ciudadanaza) hasta hacia como que gobernaba y aprobó un “plan director de justicia juvenil” para 2004-2007 apuesta firmemente por los programas específicos para atender a los infractores. Albert Batlle, secretario general de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil explicó que el perfil de los jóvenes que infringen la ley en Cataluña ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo con el aumento de la “población de origen extranjero”.

Cuando se publicaba este plan, resultaba demsiado evidente, no solo la vinculación delincuencia de menores y aumento de la eufemísticamente llamada “población de origen extranjero”, sino que se había puesto de manifiesto el fracaso de la política asistencial y garantista en Catalunya. En lugar de endurecerla, como había hecho CiU en sus últimos años de gobierno, se ablandó. Era lo que menos convenía. La multirreincidencia entre los menores era aterradora. A los 26 meses de haber sido «desinternados», un 42% de los menores reinciden con conductas graves. A los 42 meses, la cifra se eleva a un 60%. Los datos de reincidencia general aún són más abultados. Tras seguir a los jóvenes entre 17 y 97 meses, se produce un 71% de casos de recaída en la delincuencia. El estudio se realizó en el centro educativo L'Alzina, con los datos de que disponían desde su apertura e 1986. Pero había trampa en el estudio: se había excluido a los jóvenes de “otras comunidades autónomas” y a “los inmigrantes en situación irregular”… Valdría la pena saber, pues, qué valor tenía el estudio más allá del mero coleccionismo estadístico.

La blandenguería en cuestión de menores de la que daba muestras el “primer tripartito” se podía advertir en las cifras publicadas el 6 de diciembre de 2004, cuando ya hacía un año que Maragall y los suyos ocupaban la poltrona. En ese tiempo, apenas 13 menores de edad marroquíes llegados a Cataluña habían sido repatriados según informó la consellera de Benestar i Família, Anna Simó. Para la bienpensante consejera, no había diferencia entre un “menor catalán” y un “menor inmigrado” (salvo la cultura, la etnia, la religión, etc., claro está).

¿El menor un menor magrebí?

La edad es algo relativo. Mi padre se fue de su casa a los 18 años para estudiar, yo me fui a los 23, mis hijos se han ido a los 27. Suele existir acuerdo en que los jóvenes tardan cada vez más en madurar. Sólo que otros lo hacen con mucha más rapidez, dependiendo de su modelo cultural. Solamente un obtuso puede confundir la “igualdad de derechos” con la “igualdad absoluta”. No todos los menores por edad son “menores” por capacidad o mentalidad, y por tanto, no todos los menores por edad pueden ser tratados con el mismo rasero.

Si alguien pretende una ilustración de lo que de lo que decimos, le contaremos brevemente el caso de Ángeles, violada por un individuo “grande, muy grande, altísimo”. El violador la tumba en el suelo, la amenaza con unas tijeras y empieza a cortarle los pantalones y las bragas. Luchan. Él pierde las tijeras, pero extrae un cuchillo con el que amenaza el cuello de la víctima Finalmente, consuma su violación. La escena tiene lugar en un paso subterráneo de Barcelona. Poco después, la policía local logra detener al agresor. Se trata de un adolescente que acaba de cumplir los 15 años. Fue juzgado y condenado en firme el 21 de junio de 2005. La sentencia era miserable, aunque, eso sí, “ajustada a derecho”: un año de internamiento en régimen cerrado. Era gambiano y apenas llevaba unos meses en España. Internado en el centro de menores de L’Alzina, quienes lo trataron declararon en el juicio que manifestó «un enorme menosprecio hacia la figura femenina que era fomentado por sus patrones culturales, originarios de Gambia».

La juez de menores, de hecho, ya había valorado la situación familiar del menor, con un padre con cuatro esposas y trece hermanos, entendiendo que «sería una dificultad más para su integración, por el abismo cultural existente y las diferencias signitificativas entre su vida anterior y la actual». Que «minimice» el hecho delictivo y que «muestre dificultad en la relación entre iguales». La víctima se preguntaba al conocer la sentencia: “¿cómo puede ser que esto pase?” y luego añadía: «Es como si la justicia me hubiera dado una patada en el culo». Finalmente, se preguntaba sobre las posibilidades rehabilitación del menor en tan poco tiempo de condena.

Cuando esa sentencia se hacía pública, otros datos en la misma línea ensombrecían a Catalunya. El 5 de octubre de 2005, la Generalitat, en pleno debate sobre el “nou estatut”, detectaba la existencia en Cataluña de niñas delincuentes muy agresivas. Un estudio, elaborado por el Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada del Departament de Justícia, llevado a cabo a partir del estudio de los 3.728 menores desde el 2002 hasta diciembre de 2004, indicó que . El objetivo es conocer el perfil de los menores que reinciden, para poder intervenir sobre los factores que les unen y mejorar las expectativas de reinserción. Por supuesto, como era habitual en la Catalunya del “primer tripartito”, se negó categóricamente que el fenómeno de la delincuencia de menores estuviera relacionado con el incremento del número de inmigrantes. ¿Para qué reconocerlo públicamente si es algo de lo que no le cabe la menor duda ni a los funcionarios de los centros de menores, ni a los funcionarios de los cuerpos policiales, ni a la ciudadanía?

De Barcelona a Madrid, vasos comunicantes

Las fronteras autonómicas solamente existen en la mentalidad de los partidos nacionalistas, pero no de la delincuencia. Es frecuente que algunas autoridades locales pacten, informalmente, por supuesto, con la Guardia Civil y con los jueces de su demarcación, aplicar medidas de presión para alejar a la delincuencia de esa población. Generalmente, esos “pactos” tienen éxito y hay zonas de nuestro país que los delincuentes no osan pisar por que saben que acabarán entre rejas. Así que hacen lo más lógico: se van a la población de al lado, donde existe más manga ancha para la delincuencia. Eso explica las diferencias entre las bajas tasas de delincuencia de una población y las altas tasas de la de al lado. Cuando, en Barcelona algunos se preocuparon por la delincuencia llegada de fuera y aplicaron medidas parciales y limitadas en el tiempo, la delincuencia, incluidos los menores, siempre sensibles a la presión policial, optaron por lo más sencillo: irse a Madrid. Total, tampoco iban a pagar el billete de tren, así que era un bonito viaje en el curso del cual, incluso, podían saquear a algún despitado turista.

El 30 de junio de 1999, por primera vez se evidencia la existencia de “vasos comunicantes” entre Barcelona (a donde la delincuencia magrebí llega dado su carácter mediterráneo y su proximidad a la frontera francesa) y Madrid (la ciudad más parecida a Barcelona en populosidad y, por tanto, con condiciones similares de “trabajo”). De la misma forma que la delincuencia de menores se manifestó en el barrio de El Raval en Barcelona, ocurrió otro tanto en Lavapiés en Madrid. Los delincuentes eran los mismos: niños magrebíes. El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, anunció ese día la instalación de un sistema de rayos X en los juzgados de Plaza de Castilla para saber con mayor exactitud la edad de los sospechosos. Este sistema consiste en la medición del nivel de osificación de los huesos de la muñeca, a través de los cuales se determina con un pequeño error la edad del sujeto.

El fondo de la cuestión era que, ya en 1999, estaba claro que la delincuencia en España tenía una gran movilidad geográfica. Lo que se iba de Barcelona llegaba a Madrid. Pero en el año 2000, Lavapiés ya registraba una anómala presencia de comerciates chinos que, hasta ese momento apenas habían llamado la atención y que, probablemente hubieran seguido con sus restaurantes y sus tiendas de ropa y de “todo a 100”, sin llamar la atención, de no ser porque empezaron a ser objeto de actos de vandalismo por parte de los niños magrebíes. A finales de febrero de 2000, iniciaron patrullas callejeras integradas solo por gente de su etnia, armados con hachas para defenderse de las constantes agresiones y atracos de los inmigrantes magrebíes. La situación era hasta tal punto grave que el redactor de un conocido diario nacional resultó herido por arma blanca en Lavapiés cuando intentaba recavar informaciones. El fotógrafo se llevó la peor parte cuando fue rodeado en la plaza de Cabestreros por un grupo de magrebíes.

De la misma forma que en esa época en el barrio de El Raval de Barcelona, los principales incidentes racistas desde 1997 se producían entre magrebíes y ecuatorianos, en Lavapiés, la guerra había estallado desde mediados de 1998 entre chinos y magrebíes. El Jueves Santo del 2000, varios cientos de miembros de ambas comunidades se enfrentaban en la calle con un saldo de seis heridos. De ahí que los chinos desenterraran sus hachas de guerra y no precisamente de forma metafórica. Fue necesario que viniera un ciudadano originario de China para recordarnos algo que solo nuestra clase política ignopraba. En efecto, Songhua Xu, presidente de la Asociación Chino-Española que agrupa a los comerciantes del barrio, declaró a “El Mundo” que «las leyes españolas no sirven. Los detienen un día y a las pocas horas están en la calle. Si esto sigue así, nos tendremos que marchar y no vamos a hablar bien de Madrid. No descartamos tomarnos la justicia por nuestra cuenta». Parece razonable.

Los primeros chinos se instalaron en Lavapiés en 1995, y en el año 2000 ya se podía contar en torno a un centenar de comercios de esa nacionalidad en torno a la calle de Mesón de Paredes. El problema entre estos dos colectivos había surgido en 1998 cuando los magrebíes que se dedicaban a las sirlas (robos con navajas) comenzaron a confundir a los ricos turistas japoneses que visitaban Madrid con los residentes chinos… Un mando policial madrileño declaró que, “[los magrebíes] enseguida se dieron cuenta de que atracar a los chinos también tenía sus beneficios y, sobre todo, sus ventajas (…) Como ese dinero era negro y no se podía justificar su procedencia, los magrebíes comenzaron a percatarse de que sus víctimas no lo denunciaban a la policía, por lo que los delitos quedaban impunes». Y “El Mundo” añadía: “Desde entonces, los enfrentamientos se reproducen cada vez con más virulencia. Cuando un chino es atracado, sus compatriotas intentan vengar la ofensa. Hachas contra navajas”. Bonita perspectiva.

¿Qué tiene que ver todo esto con la delincuencia de menores? Sencillo: queda claro que, según los mandos policiales, la delincuencia en Lavapiés era protagonizada por sirleros magrebíes. Pues bien, otro declaró que el 70% de la delincuencia en Lavapiés era protagonizada “por menores” que habitualmente se reúnen en la Plaza de Cabestreros o sus alrededores ha sido arrestado entre 10 y 40 veces, según los datos oficiales. «Esta cierta impunidad –declaraba un policía- con la que cuentan estos pequeños delincuentes les hace estar engrandecidos y no tener miedo a volver a atracar y asaltar a los ciudadanos», explican fuentes policiales.

La tensión entre ambas comunidades aumentó cuando a principios de 2000 llegaron decenas de delincuentes magrebíes menores, consumidores habituales de anfetaminas y esnifadores de cola, llegaron a Lavapiés y se instalaron en la plaza de Cabestreros. Por ironías de la vida, allí tiene su sede el inefable Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, insigne abanderado de los derechos de la inmigración y receptor de las generosas subvenciones servidas por la teta del Estado.

A finales de enero de 2003, los incidentes volvieron a repetirse. Tras los comerciantes chinos, fueron los indios quienes respondieron a las agresiones magrebíes: «Si no les hacemos cara, nos comen», decía un comerciante de la calle de Mesón de Paredes al periodista que le entrevistó. Isabel García, presidenta de la Asociación de Vecinos ATILA considera que el barrio parece un infierno. «El problema es que los jóvenes magrebíes son muy violentos, extremadamente peligrosos y los más pequeños están amparados por los más grandes». En esos mismas días se supo que 268 inmigrante residentes en Ciutat Vella en Barcelona, acumuilan 8.134 detenciones. A una media de 30,3 cada uno. Si esto es inmigración sostenible que venga Dios y lo vea.

(c) Ernesto Milà - [e-mail]