Turquía y los Derechos Humanos

Redacción.- Iniciamos una serie de artículos que irán apareciendo en días sucesivos sobre Turquía y la Unión Europea. Europa no ha tardado siglos en lograr el triunfo de los derechos mundiales en todo su territorio para que ahora, por la premura de una nueva y discutida incorporación, se cuele de nuevo el desprecio por la conquista tan esperada. No existen garantías sobre el respeto a los derechos humanos en el territorio turco. Las denuncias han proliferado en los últimos años y, por lo demás, el hecho de que el gobierno turco de Erdogan haya introducido reformas en el código penal turco, no implica que estas modificaciones sean permanentes y que no puedan producirse regresiones espectaculares.

Hasta finales del siglo XX, los derechos humanos fueron una quimera en Turquía. El 16 de febrero de 1999 la sección española de Amnistía Internacional emitió un largo comunicado de prensa en el que pedía garantías sobre la integridad física del líder kurdo Abdullah Öcalan y que fuera juzgado con imparcialidad. En el comunicado se reiteraban las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en Turquía.

Amnistía Internacional urgió a Bülent Ecevit a que asegurara a Abdullah Öcalan un abogado de su elección y a que no sufriera torturas o malos tratos. Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, estaba en aquel momento sometido a interrogatorio en un lugar desconocido, tras ser entregado a las autoridades turcas. Amnistía Internacional estaba muy preocupada por los posibles malos tratos que pudiera sufrir, debido al historial de torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad de Turquía. Buena parte de los desvelos de AI en Turquía tienen relación con la actividad terrorista del PKK. En 1996 AI lanzó una campaña sobre ese país titulada "Sin derechos humanos no hay seguridad".

"Las autoridades turcas han intentado justificar, ignorar o encubrir los abusos -torturas, homicidios políticos y "desapariciones"- en nombre de la seguridad del Estado", denunciaba entonces AI. Denunciaba que la Ley Antiterrorista servía para procesar y encarcelar a gentes que nada tenían que ver con el terrorismo, especialmente a intelectuales y políticos por expresar opiniones críticas con la política gubernamental. Se trataba de un informe dotado de un alto grado de imparcialidad en el que se denunciaban también los abusos cometidos por grupos armados de oposición, especialmente por el PKK: asesinatos arbitrarios y deliberados de civiles no combatientes, incluyendo mujeres, niños y rehenes.

El 8 de febrero de 1999 Amnistía Internacional denunció la celebración de un juicio contra 10 altos cargos de la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, que fue objeto de un acoso sistemático de las autoridades durante todo 1998. En diciembre de 1998, AI denunció el acoso contra miembros y dirigentes del Partido Popular de la Democracia (HADEP), un partido kurdo legal. Del 16 de noviembre al 3 de diciembre fueron detenidos en torno a 3.000 miembros de dicho partido, y la policía había asaltado las oficinas de dicho partido en varias ciudades deteniendo a 200 dirigentes, entre ellos su presidente, Murat Bozlak. Era la respuesta a las huelgas promovidas por el HADEP tras la detención de Öcalan. Dos de los detenidos murieron por malos tratos.

El informe de AI correspondiente a 1997, señalaba la detención de centenares de personas por sus actividades políticas no violentas. La mayoría fueron liberadas tras breves periodos de detención, pero suponían un obstáculo intolerable al ejercicio de la libertad de expresión. En esa época la tortura era una práctica habitual de la policía. Seis detenidos políticos habían muerto en las comisarías ese año y otras nueve desaparecieron cuando estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad y, al menos 20 murieron en circunstancias “que aparentaban ejecuciones extrajudiciales”. Paralelamente, la guerra contra los kurdos generó seis mil víctimas en 1997.

En el año 2004, las cosas no seguían mejor. Ciertamente, el gobierno turco había abolido la pena de muerte y dado garantías de respeto a los derechos humanos. Pero el problema no eran las garantías verbales o escritas sino su aplicación práctica. Y esta se ha demostrado inviable. El 26 de febrero de 2004, llegaba a Occidente, la noticia de que Ihsan Cibelik, un músico de Grupo Yorum, se encontraba a punto de morir tras haber sido encarcelado y sometido a tortura en reiteradas ocasiones. Durante 19 años, Turquía mantuvo censurado al Ggrupo Forum, algunas de cuyas composiciones se han convertido en himnos de la resistencia

En 1995, Ihsan Cibelik, encarcelado por su labor cultural, participó en la huelga de hambre Contra la Tortura y el Aislamiento Carcelario. En el curso de esa huelga, el 19 diciembre de 2000, Ihsan fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Tekirdag, en Tracia, famosa en el país por la dureza de las condiciones de encarcelamiento. Fue en ese presidio donde Cibelik contrajo el síndrome de Wernicke-Korsakoff tras 253 días de ayuno, enfermedad incurable, y sometido a alimentación forzada. La gravedad de la enfermedad de Cibelik y la necesidad para el gobierno de romper el movimiento de protesta, llevaron a su excarcelación. La liberación fue condicional, se pretendía que muriera fuera de prisión, pero si se restablecía debería de volver a la cárcel. Un análisis médico realizado cada seis meses debería establecer su estado de salud. El 22 enero del 2004, el dictamen médico revocó la libertad condicional, pese al evidente deterioro del estado de salud de Ishan. Era la primera vez en la historia de la medicina que el síndome Wernicke-Korsakoff, tenido por incurable… se curaba.

Pero el caso de Ishan Cebelik era sólo uno entre miles. Los derechos humanos en Turquía tienen tres frentes: de una lado, la democracia limitada y tutelada por las fuerzas armadas que existe en el país, de otro por la guerra contra la minoría kurda del Este del país a lo largo de la cual ambas partes han cometido atrocidades dignas de otras épocas; finalmente, la disidencia política interior que hace que determinadas fuerzas políticas sean consideradas terroristas y sus miembros tratados con extrema brutalidad.

Un año antes del escándalo Cebelik, el 15 de julio de 2003, Ozlem Turk formaba parte del último grupo de 27 presos que proseguían en huelga, tras casi dos años y medio de ayuno. Ese día Ozlem se convirtió en la víctima mortal número 107 víctima de la huelga de hambre que presos políticos turcos mantienen desde octubre del 2000 y que fue la más larga y mortífera de la historia. Ozlem Turk, miembro de la organización Izquierda Revolucionaria, falleció tras varios días de agonía en un hospital de Ankara. Formaba parte del último grupo de 27 presos que proseguían en huelga tras casi dos años y medio de ayuno. La Asociación Turca de Derechos Humanos (ATDH), informó que 17 de esos presos, de los que ocho están hospitalizados y nueve continúan en centros penitenciarios, se encuentran "en estado crítico". Otros 10 huelguistas se conservaban un estado de salud "aceptable", aunque se negaban a ingerir alimentos, y se les alimentaba con vitaminas, agua azucarada y sal.

La huelga se había iniciado el 20 de octubre del 2000, en protesta por la decisión del Gobierno de trasladar a cárceles de alta seguridad a los presos de varios grupos izquierdistas. Estos se declararon en huelga al considerar que el traslado aumentaba el riesgo de sufrir nuevas torturas y malos tratos. A pesar del inicio de la huelga de hambre, el traslado tuvo lugar el día 19 de diciembre. Se produjeron numerosos incidentes violentos en el curso de los cuales 30 presos y 2 policías resultaron muertos. El primer fallecimiento como efecto de la huelga de hambre tuvo lugar el 21 de marzo del 2001. Poco después el presidente indultó a 300 presos, la mayoría de los cuales tenían daños orgánicos irreparables (perdida de la memoria y atrofias cerebrales). El parlamento adoptó una ley para obligar a los huelguistas a ingerir alimentos aún contra su voluntad.

El 8 de julio de 2002, llegaba a Occidente, la declaración de los presos sobre el fin de la huelga de hambre. Entre otras cosas se decía: “Hemos resistido hasta la muerte en contra de los que tenían como objetivo destruirnos y derrotar al movimiento revolucionario. Hemos mantenido nuestra dignidad y nuestros ideales, no nos hemos rendido. (…) no han podido doblegar nuestra fuerza de voluntad a pesar de todos sus ataques y maniobras, y se han visto forzados a humillarse ante nuestra tenaz resistencia. (…) Saludamos con honor a nuestros héroes caídos durante la resistencia y les juramos la eterna continuación de su lucha. (…) hasta el presente han costado la vida de 91 combatientes revolucionarios y la invalidez de centenares de nuestros compañeros. (…) A partir del 28 mayo 2002 ponemos fin a la acción de huelga de hambre hasta la muerte. Queremos subrayar una vez más que a lo único que se pone fin es a la acción de huelga de hambre hasta la muerte. Nuestra resistencia contra el aislamiento y las celdas de tipo F proseguirá sin interrupciones. (…) Las celdas de tipo F son un ataque contra toda la sociedad. Su objetivo es convertir la vida misma en una celda, y esto ha quedado claro durante los últimos tiempos. Por ello mismo, es un deber de todos los oprimidos oponerse a estos ataques.

En un principio se podría estar tentado de pensar que existe tortura por que existe terrorismo político. Sin embargo, distintos estudios de asociaciones independientes han establecido que la tortura y los malos tratos se practican, no sólo con los detenidos políticos, sino también con los de derecho común.

La cuestión de los derechos humanos en 2004 era uno de los argumentos más sólidos para cerrar el paso de Turquía a la Unión Europea y así lo entendió la Comisión Europea cuando en un dictamen, si bien consideró que Ankara cumple los requisitos políticos para iniciarse negociaciones, al mismo tiempo propuso suspender la negociación si no se aplicaban las reformas.

El Ejecutivo comunitario dictaminó que “Turquía cumple suficientemente los criterios políticos de Copenhague de 1993 como prerrequisito imprescindible para el inicio de negociaciones de adhesión a la UE de los países candidatos”. Pero sólo un poco más adelante advertía: “La Comisión Europea advierte que todavía persisten graves problemas en Turquía, como numerosos casos de tortura y restricciones a la libertad de prensa y a la libertad religiosa, violencia contra las mujeres y discriminaciones contra las minorías étnicas, en especial los kurdos y los armenios”. En conclusión, el Ejecutivo comunitario recomendó establecer unas cláusulas de vigilancia durante las negociaciones de adhesión para poder suspenderlas en caso de que no se corrijan esas carencias a un ritmo satisfactorio, o ante la posibilidad de que se produzca un retroceso en el proceso democrático turco.

El 27 de abril de 2004 Leyla Zana y tres diputados kurdos fueron encarcelados y condenados a 10 años de prisión. Los tres diputados habían resultado elegidos al parlamento turco en octubre de 1001 y se declaraban abiertamente favorables a una solución política de la cuestión kurda. En diciembre de 1994 fueron condenados a la pena capital. La presión internacional permitió conmutar la condena a muerte por la de 15 años de encarcelamiento. Por su parte, el delito de Leyla Zana fue haber pronunciado una frase en lengua kurda durante su juramento constitucional. La frase, por lo demás, aludía a la necesidad de coexistencia en igualdad de los pueblos turco y kurdo en el seno de una Turquía democrática.

En una fecha igualmente reciente, el 17 de mayo de 2003, fueron publicadas las conclusiones del segundo informe periódico de Turquía ante el Comité contra la tortura de las NNUU. La conclusión tras la lectura de dicho informe es que a Turquía le quedaba todavía mucho camino por andar en la ruta de los derechos humanos. A pesar de que en 2003 se había abolido la pena de muerte y levantado el estado de excepción que pesaba sobre todo el país, se habían abordado reformas constitucionales y legislativas y de había abolido la obligación de obtener autorización administrativa para emprender acciones legales contra un agente de la seguridad, se permanecía muy lejos de los estándares occidentales.

La Organización Mundial Contra la Tortura, denunciaba ese mismo día que dos oficinas, entre ellas la de la Asociación por los Derechos Humanos, en Ankara, habían sufrido incursiones de las fuerzas de seguridad que habían incautado la totalidad de los archivos. Un miembro de esta asociación, Faray Salman, explicaba que las reformas que habían tenido lugar en Turquía eran cosméticas, pero no estructurales. Explicó que las fuerzas de seguridad seguían teniendo impunidad absoluta para practicar cualquier tipo de exacción. Los expertos de NNUU declaraban que las pocas denuncias que llegaban a los tribunales contra torturadores, recibían sentencias extraordinariamente benévolas que no tenían ninguna relación con la gravedad del crimen cometido o bien que los procesados raramente eran separados de sus funciones. Para NNUU, se estaba muy lejos de los estándares de respeto a los derechos humanos.

Así mismo, ne un fecha igualmente reciente, 12 de febrero de 2004, Amnesty Internacional enviaba un comunicado de prensa titulado “Turquía: es preciso dar la espalda a los viejos hábitos, para respetar las nuevas normas”. Irene Khan, secretaria General de AI declaró que “Las reformas jurídicas llevadas hasta el presente por Turquía son alentadoras, pero las cosas no cambiarán verdaderamente más que si estas reformas se aplican integralmente y se acompañaran de un seguimiento de la evolución de la legislación”. Añadía: “Las carencias intrínsecas del sistema de justicia penal turco, permiten que los atentados contra los derechos humanos se perpetúen. En tanto que una reforma institucional en profundidad no haya sido establecida, las reformas jurídicas seguirán siendo letra muerta o sin futuro”. Las propuestas de AI hacia el gobierno turco se resumían así:

- crear un mecanismo de control independiente encargado de velar por el respeto a los derechos humanos.

- Poner en marcha comisiones encargadas de estudiar las modalidades de una reforma en profundidad de la policía y del aparato judicial.

- Abolir el artículo 159 del código penal que, continúa cualificando de infracción toda expresión no violenta de opiniones consideradas como “insultantes” o “denigrantes” respecto al Estado y sus instituciones.

- Enmendar los artículos que en el Código Penal, la Ley Antiterrorista o la Ley de Asociaciones, pueden ser invocados para atentar contra los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión.

- Liberar a todas las personas encarceladas por haber expresado su opinión de manera no violenta, entre ellos el defensor de los derechos humanos Ozkan Hohanli, así como Leyla Zana y sus compañeros.

En el momento de escribir estas líneas, estas propuestas, razonables para que Turquía pudiera ser considerada como igual al estándar europeo, siguen sin ser respetados.

© Ernesto Milà – infoKrisis – [e-mail]