INMIGRACION

PYRE Libros, nuevas secciones: ofertas y libros de ocasión

Redacción.- Tienda PYRE ha colocado dos nuevas secciones en su catágolo de libros: "Libros de Ocasión" y ""Ofertas PYRE. En la primera se ofrecen libros descatalogados y de segunda mano de los más diversos temas, en la segunda, los libros de Editorial PYRE se ofrecen en "paquetes" con importantes descuentos.

Inmigración: una oleada que se podía prever

Redacción.- Presentamos el Capítulo II de El Libro Negro de la Inmigración de León Klein, que demuestra que la oleada migratoria no fue inesperada en España. Lo que quiere decir que hubo dejadez en la materia por parte de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP. El Libro Negro sitúa perfectamente el problema de la inmigración en nuestro país y supone el estudio más completo publicado hasta ahora sobre los riesgos del problema]

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Capítulo II

UN PROBLEMA EN ABSOLUTO INESPERADO

En la alta Edad Media las marcas eran los territorios fronterizos del Imperio Carolingio. Existieron marcas en el Este y en el Oeste. Una de ellas era la Marca Hispánica que señalaba la frontera con el mundo islámico. Por esas paradojas de la Historia, España vuelve a ser otra vez “marca” fronteriza del Sur de la Unión Europea.

Por su pasado histórico y por su situación geográfica, España es, a la vez, punto de enlace entre Europa y América Latina de un lado y de otro frontera Sur de Europa con el mundo islámico. Estas dos ubicaciones tienen una importancia decisiva a la hora de establecer el papel de España en los flujos migratorios, por que si estos son de Sur a Norte, España ocupa un papel clave en el acceso de flujos migratorios del Sur (por su posición geográfica en el Mediterráneo occidental) y de América Latina (por esa misma posición que le hace también ser –junto a Portugal- el país más Occidental de la U.E.

Cultural y geográficamente, España es lugar privilegiado de acceso de toda la inmigración que procede de América del Sur. Pero América está lejos. La Paz, en el corazón de aquel continente, está situada a 14.000 kilómetros de distancia. Por el contrario, sólo 14 kilómetros separan una de otra columna de Hércules en el Estrecho de Gibraltar.
Esta situación geográfica hacía, prácticamente inevitable, que España desempeñara un papel de gran importancia en los tránsitos migratorios que, como hemos visto, han sido desencadenados por el proceso globalizador. Y esto que ahora parece lógico, nadie lo había previsto, es decir, ningún partido mayoritario había juzgado tomar medidas ante el previsible aumento de la inmigración. Todo lo contrario, el problema se ignoró, se soslayó, se negó y, por consiguiente, cuando se produjo el aluvión (a partir de 1999), las autoridades se vieron desbordadas. Ni existían centros de acogida, ni existía una política clara de inmigración, ni se sabía exactamente cómo iba a reaccionar la sociedad española ante el impacto. Sólo después de los sucesos de El Ejido y, mucho más, tras la sorprendente segunda posición de Jean Marie Le Pen –un candidato que había centrado todo su programa en los temas de inseguridad ciudadana e inmigración ilegal- empezaron a haber tímidas reacciones en España a nivel de declaraciones públicas, no de medidas reales.

En 1988, residían en España en torno a 529.000 inmigrantes entre legales e ilegales; 155.000 de los cuales residían en Madrid, el 58% en situación de extrema pobreza. Las cifras las facilitaba el delegado diocesano de inmigrantes, Antonio Martínez Rodrigo. Ya entonces, el 65% vivían de la economía sumergida y de estos más de la mitad cobraban un salario por debajo del mínimo.
En 1989, las cifras oficiales afirmaban que España acogía a 290.000 inmigrantes clandestinos, procedentes en su mayoría de América Latina, Guinea y Filipinas. En aquella “lejana” época, todavía la Delegación Diocesana de Inmigrantes y Extranjeros y Cáritas de Madrid, aún estaban en condiciones de ofrecer cifras. Sin embargo, en aquella época, los inmigrantes, legales o ilegales apenas se notaban en nuestro país. Eran prácticamente imperceptibles. Y sin embargo eran ya casi 300.000. Es evidente que hoy las cifras están falseadas cuando con la boca pequeña fuentes del Ministerio del Interior dicen que no hay más de 600.000 inmigrantes ilegales ¡cuando barrios enteros tienen ya hoy mayoría de inmigrantes! A ningún observador se el escapa que hoy hay mucho más del doble de inmigrantes que en 1989. Y sin embargo, la verdad oficial, así lo afirma.

En un seminario organizado el 16 de noviembre de 1989 por Caritas y Justicia y Paz, titulado “El desafío del 92 y los derechos fundamentales de los inmigrantes en la C.E.”, se explicaba con una precisión que contrasta con la ausencia de datos actuales que España en aquella época contaba con 159.306 inmigrantes clandestinos procedentes de América Latina, 43.909 de Filipinas, 8.153 de Guinea y 41.000 originarios del resto de los países de la Comunidad Europea.

En 1989 sólo unos pocos alertaban de la situación que podía venirse encima. El 7 de noviembre de 1989, el simposio organizado por el Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos reunió a 40 especialistas internacionales que no dudaron en declarar que los movimientos migratorios serán la principal causa de tensión entre las dos riberas del Mediterráneo, donde vivirán en el año 2.000 mas de 450 millones de personas. Ya en aquella época se sabía que la natalidad en los países árabes mediterráneos se mantendrá por encima de los cinco hijos por familia frente a los dos de países como Italia, España o Francia (que luego todavía se ha reducido más), lo que supondrá que en los primeros años del siglo XXI las tres cuartas partes de la población vivirán en el Sur del “Mare Nostrum”. Esta presión demográfica, según los organizadores de las jornadas, se impondrá a las culturas y sistemas políticos, constituyéndose en el principal elemento de tensión. Los organizadores del simposio advirtieron que si las políticas de inserción no funcionasen, los inmigrantes y sus hijos correrían el riesgo de convertirse en elementos de ruptura de la sociedad civil europea”. Las palabras parecían proféticas, pero no parece que la opinión de los 40 expertos fuera tenida en cuenta en años sucesivos.

Por esas fechas las autoridades consideraban que solamente existían problemas puntuales relativos a la inmigración. Como el de las prostitutas dominicanas, por ejemplo. En Barcelona había sido detenida Eddyth Gertrudis, dominicana que dirigía una banda que reclutaba jóvenes de este país para dedicarlas a la prostitución. Un despacho de la Agencia EFE, fechado en la capital catalana daba cuenta de que la banda se dedicaba a reclutar jóvenes dominicanas para trabajar de sirvientas a quienes, además de pagarles el pasaje, les entregaban 1.000 dólares, para que a su llegada al aeropuerto de Madrid justificasen la disponibilidad de dinero. Luego les quitaban el dinero y las obligaban a ejercer la prostitución hasta que abonasen el importe del pasaje que la banda tasaba en 3.500 dólares. A decir verdad, ésta era una parte del problema y del mito.

Nosotros mismos hemos podido ver en el Aeropuerto de Barajas a chicas procedentes de la República Dominicana que venían voluntariamente a ejercer la prostitución. Nadie les obligaba salvo la posibilidad de obtener buenos ingresos que de otra manera les estarían vedados. Como veremos en otro capítulo, en este tema de la prostitución, resulta extremadamente difícil establecer qué porcentaje hay de mujeres obligadas a ejercer la prostitución por parte de mafias y qué otras vienen para obtener buenos beneficios, sino gustosa, sí por lo menos, voluntariamente.

No es de extrañar que ocurrieran estas confusiones. De hecho, incluso los “técnicos” apenas sabían como valorar los fenómenos migratorios. El 15 de julio de 1992, con las Olimpiadas de Barcelona en la recta final el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Joaquín Arango, afirmó en Santander que de los datos existentes no se deduce en absoluto que los flujos de inmigración vayan a ser masivos en España. Arango, dirigía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario sobre “Encuestas, opinión pública y sociedad”, dijo a un grupo de periodistas que “la inmigración es un fenómeno muy reciente en España que alcanza dimensiones muy reducidas en comparación con la mayor parte de los países de la CE”. En un alarde de “eficacia prospectiva”, Arango resaltó la conveniencia de prescindir “del hábito que hemos adquirido de vaticinar grandes flujos inmigratorios en el futuro y, más aún, de términos negativos que contribuyen a despertar sentimientos de rechazo y a disparar reacciones atávicas, como la invasión o la amenaza del sur”. El responsable del CIS dijo que no era imprescindible cambiar la Ley de Extranjería para liberalizar las políticas de acceso, que de hecho, añadió, ya se está haciendo y ha habido una evolución sin que se modifique la normativa. Señaló que, en general, las políticas existentes en el resto de los países de la CE son más restrictivas que la que hay en España.

Arango seguía la tónica acientífica de otros tan ilustres como ciegos sociólogos como el profesor Antonio Izquierdo, del Departamento de Población de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Izquierdo. En 1989, Izquierdo pronunció una conferencia sobre la inmigración ilegal dentro de un ciclo que organiza el Instituto de Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que cifró entre 120.000 y 140.000 los inmigrantes ilegales que había en España en ese momento y, en definitiva, las tasas de inmigración eran menores que en Europa y, por lo tanto, no había motivo para preocuparse. Y, por supuesto, Izquierdo y Arango eran partidarios de “no poner puertas al campo”. Cómo no había problema, aquí había sitio para todo el que quisiera venir y sentar sus reales.

La Unión Europea confirmaba estos datos. En 1994 España era el país de la Unión con menor índica de inmigrantes. Apenas llegaban al 0’5% del total de la población. El dato se incluía en un estudio sobre la inmigración en el Espacio Económico Europeo que agrupa a los países de la U.E., países escandinavos, Suiza y Austria. Este “espacio” tenía en 1992 un total de 10’4 millones de residentes exteriores (un 2’8% de la población), mientras que en España en 1992 residían oficialmente 187.000 ciudadanos de Europa Oriental, Asia, Africa o América. España estaba en el furgón de cola de la inmigración seguido solo por Finlandia que aún tenía menos residentes extranjeros. En el otro extremo se encontraba Alemania con 4,1 millones (un 5% de la población), entre ellos 1,8 millones de turcos y 0,8 millones de personas de la antigua Yugoslavia. Los turcos constituían el grupo de extranjeros más numeroso en el EEE, con 2,5 millones, seguido de Marruecos (1,08 millones) y la antigua Yugoslavia (0,9 millones).

No es raro que un año después, nadie considerara el problema en el que podía transformarse la inmigración. Para UGT, en 1993, la inmigración no era preocupante. Las cifras que daba el sindicato que en aquella época se encontraba sumergido en el escándalo de la PSV, era de 200.000 inmigrantes extranjeros residentes en España “insignificante comparada con otros países”, según el entonces director del Area de Migraciones de la Secretaria Confederal de Acción Social de UGT, Abdel Hamid Beyuki. De esta cifra 132.000 estaban en situación legal y, por lo tanto, solamente 68.000 figuraban como ilegales. Cifra que no coincidía en absoluto con la que daban otros organismos. Recordemos el dato que ya hemos dado: en 1989 el gobierno reconocía la existencia de 290.000 inmigrantes ilegales. ¿Es posible que en los cuatro años que median de 1989 a 1993, el número de ilegales descendiera de 290.000 a 68.000? La percepción que se tenía era muy diferente: lentamente, la inmigración ilegal iba aumentando. En las colas de distribución alimentos gratuitos a los pobres, cada vez estaban más presentes inmigrantes ilegales en esas fechas. Lo pudimos observar directamente en la cola de Cáritas en Barcelona y en la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la también barcelonesa calle Urgel. En efecto, en ese período, lejos de disminuir la inmigración ilegal aumentó sensiblemente. Capítulo aparte es de dónde sacaba el flamante Secretario de Inmigración de UGT sus cifras.

Y, por lo demás, en esas fechas existían ya autoridades que empezaban a barruntar si la inmigración no terminaría convirtiéndose en problema. El 9 de diciembre de 1992, José Luís Corchera, que no pasará a la historia precisamente por su eficacia al frente del Ministerio del Interior, sorprendía con una declaración que pasó a casi todos desapercibida. Corcuera admitió ese día que la inmigración será "probablemente" uno de los problemas más graves de España a medio plazo, debido a la entrada masiva e ilegal de extranjeros que intenten buscar trabajo. Durante una comparecencia ante la comisión de Justicia e Interior de la Cámara Baja, Corcuera anunció que antes del término de 1992 se establecerán los cupos de trabajadores foráneos que podrán venir a España y que se reforzará la acción policial contra las mafias de los inmigrantes. Corcuera dijo también en el Congreso que nuestro país debía todavía acoger inmigrantes "pero no muchos", y que la comisión interministerial de extranjería examinará antes de fin de año las propuestas del Ministerio de Trabajo para establecer contingentes de inmigrantes que puedan trabajar aquí. El ministro del Interior afirmó también que se iba a reforzar la acción policial contra las mafias que introducen clandestinamente a extranjeros, "extorsionando a los inmigrantes para que abonen sus tarifas a veces exorbitantes". Finalmente comentó que no se puede ser permisivos con la inmigración ilegal porque acarrearía serios problemas xenófobos, y manifestó que España debía contribuir a construir locales de reunión para los trabajadores extranjeros, aunque sin olvidar pedir a sus países de origen que se preocupen más de sus ciudadanos. Por supuesto, nada efectivo se hizo, todo quedó en una advertencia que se producía justo cuando unos incontrolados acababan de asesinar a la súbdita dominicana Lucrecia Pérez.

A decir verdad, la normativa española en materia de inmigración era la más generosa de toda Europa. El 26 de octubre de 1993, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo recordaba en la inauguración del seminario "Medio Ambiente: relaciones norte-sur y cooperación internacional". Decía la secretaria que "el problema de España es menor y hemos respondido todavía con un nivel menor de rechazo a la entrada de extranjeros". La Secretaria de Estado se mostró partidaria de "oponerse claramente a cualquier brote de xenofobia" y subrayó que "si la gente viene a nuestros países no es por capricho", sino porque "desgraciadamente hemos sido capaces de construir un orden mundial sumamente injusto que ha permitido el desarrollo rápido de unos países y en cambio las miserias de otros". El problema de la inmigración en España, “derivado del crecimiento demográfico del Magreb, va en aumento”, aunque aún no se alcanzan los porcentajes que se registran en otros países europeos, y el fenómeno continuará "en la medida que esos países no tengan en su propia nación una situación económica distinta a la que tienen ahora". La cuestión que vale la pena resaltar es que en 1993 Corcuera alerta del problema, pero su Ministerio no hace absolutamente nada para prever lo que su titular a advertido que va a ocurrir. Para colmo, una Secretaria de Estado dice explícitamente que existe un problema demográfico en el Magreb… pero nadie en ese gobierno, ni en los sucesivos socialistas o populares, hace nada para paliarlo, preverlo o resolverlo.

La cosa es todavía más incomprensible habida cuenta de que algunos alcaldes advirtieron en la misma época del problema. Alvárez del Manzano dijo el 18 de noviembre de 2002, que el asunto de los inmigrantes en España "debe tratarse como un problema de Estado". Lucrecia Pérez hacía poco que había sido asesinada y el Alcalde de la Villa y Corte asistía a un debate en “Antena 3” con el embajador dominicano, Rafael Gautrau, en el que manifestó que “el Ayuntamiento que aún preside o la Policía Municipal no pueden resolver por sí solos los problemas que genera la inmigración”. Añadió con precisión que "El problema del diálogo Norte-Sur (entre países ricos y pobres) no se puede resolver en las instancias municipales" y señaló que en la región madrileña hay unos 150.000 inmigrantes de diversas nacionalidades, de los que 100.000 se encuentran en la ciudad de Madrid. El diagnóstico de Alvárez del Manzano es tan preciso como el de Corchera o la Secretaria de Estado, pero lo que llama la atención es que las referencias que se encuentran en esa época sobre la inmigración proceden no tanto de la inmigración en sí misma, como de actos de odiosa violencia xenófoba como el asesinato de Lucrecia Pérez.

Entre 1989 y 1993, llama la atención la cantidad de ocasiones en las que distintas autoridades se refirieron al problema de la inmigración, y lo que resulta más incomprensible es que ni los últimos gobiernos socialistas, ni los sucesivos gobiernos populares afrontaran el problema resueltamente, incluso cuando ya era evidente que se había transformado en una cuestión que preocupaba a buena parte de los españoles. El por qué de tales negligencias es algo que no puede responderse a la ligera. Marcelino Oreja fue un excelente ministro que situó a ETA contra las cuerdas, pero durante su mandato el problema de la inmigración se disparó en todos los frentes y sin excusa posible.

Era inevitable que, a la vista de la inestabilidad económica de la casi totalidad de países latinoamericanos, y a la vista de la explosión demográfica del Magreb, se generaran riadas migratorias en dirección a España. Era previsible, y de hecho se previó, pero nada efectivo se hizo para paliar el problema. A pesar de que se previera las consecuencias de la globalización de la economía, a pesar de que los responsables de Interior hablaran reiteradamente de “lucha contra las mafias extranjeras” que operaban en España… nada efectivo se hizo. A pesar de que año tras año las estadísticas (y el simple hecho de pasear por las calles) indicara que el número de inmigrantes estaba creciendo, nadie creyó oportuno regular los flujos, a pesar de que en nuestro país se distaba mucho de alcanzar el pleno empleo y de que una parte muy sustancial de esos recién llegados lo hacían de manera ilegal.

La «frontera sur» de la Unión Europea, se convirtió en el “coladero del Sur”. El papel de punto de encuentro entre Latinoamérica y Europa que podía desempeñar España, se transformó en la forma más fácil de huir de la miseria. A partir de 1999 estos flujos se convirtieron en masivos e incontrolables. Sucesivas regularizaciones en lugar de estabilizar el fenómeno se convirtieron en verdaderos “efectos llamada” que centuplicaron el volumen de la riada.
¿Cómo pensar que esta situación se ha generado por falta de previsión o por casualidad? Hemos visto como altas autoridades de la nación alertaban del problema que se venía encima. No se puede pedir a un secretario de área de UGT, que ni siquiera fuera capaz de contar el número de inmigrantes ilegales por que esa no era su función, pero podía pedirse a una Secretaria de Estado o a un Ministro del Interior, que fueran consecuentes con los riesgos que entreveían. Y no hicieron nada. ¿Cómo pensar que esto ocurrió por casualidad? ¿Cómo explicar que tantas autoridades fallaron en el desempeño de su función de previsión de los focos de conflicto? El resultado ha sido la llegada de millones de inmigrantes engañados, que llegaron a nuestro suelo pensando que aquí se ataban los perros con longaniza y se encontraron con salarios bajos y precios caros. El resultado ha sido un aumento de los sin techo, de inmigrantes hacinados en barrios insalubres y en espacios superpoblados. El resultado ha sido una monopolización en la práctica de las ayudas de Caritas y de cualquier otro organismo asistencial por parte de los inmigrantes. El resultado ha sido que en determinados barrios y zonas aumentaran las muestras de racismo y xenofobia. El resultado ha sido, en definitiva, que una parte de la sociedad española percibiera a la inmigración como problema en el mejor de los casos y en el peor se produjeran explosiones de xenofobia y racismo. Son las consecuencias de volver la espalda a la realidad. Y esa actitud aun sigue.

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© Ernesto Milà – infoKrisis – [e-mail]

Regularización masiva: proyecto insensato

UN PROYECTO INSENSATO: EL PROYECTO CALDERA-RUMI DE REGULARIZACION MASIVA DE ILEGALES. ¡LA ÚNICA SOLUCION: MOVILIZACIÓN!

Redacción.- Rafael Caldera, aconsejado por Consuelo Rumi, son los dos personajes que van a ser responsables de la catástrofe que tenemos encima. En efecto, la anunciada regularización masiva de inmigrantes, después de muchos titubeos y rectificaciones, va a producirse entre febrero y abril de 2005. Pero ya desde hace tres meses viene percibiéndose el “efecto llamada” que no dejará de aumentar a medida que nos acerquemos a esa fecha.

CUANDO EL LISTOS DE LA REGULARIZACIÓN ESTA AL NIVEL DEL SUELO

Los únicos requisitos que se piden son: haber llegado a España antes de junio de 2004 y contar con un contrato de trabajo firmado de seis meses. La decisión no fue unilateral de Caldera. De hecho, inicialmente lo que preveía era castigar a los patronos que hubieran contratado a ilegales obligándoles al pago de las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. Naturalmente, la patronal montó en cólera: ellos solos no iban a pagar la factura, en absoluto. Se negaron: la factura la pagará todo el pueblo español. El resto de “agentes sociales” (UGT y CCOO) asintieron.

Fue así como el Gobierno y los agentes sociales alcanzaron el 10 de noviembre un acuerdo en torno al reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería que recoge una disposición transitoria para abrir un proceso de legalización de inmigrantes en situación irregular que cuenten con un contrato de trabajo. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, estimó tras la firma del acuerdo que el proceso podría realizarse durante los meses de febrero, marzo y abril de 2005. Lo que Caldera no estuvo en condiciones de decir es cuántos inmigrantes resultarían legalizados en esta operación. De hecho, sus “previsiones” han variado de los 400.000 a los 800.000. Como mínimo 600.000 que fueron los inmigrantes que la UE reconoció que entraron ilegalmente en España en 2003. A estos se unirá el número de ilegales que entraron en los tres años anteriores de los cuáles solo un 30% han resultado regularizados o han entrado con papeles en regla. Todo ello induce a pensar que, sin contar con el efecto llamada que se producirá o que ya está en marcha, serán, en torno a dos millones de inmigrantes los que solicitarán su legalización.

Caldera ha explicado que el Reglamento podría entrar en vigor el 1 de enero, hasta el 1 de febrero sería la vacatio legis y sería febrero, marzo y abril los tres meses para acogerse a la disposición transitoria. Caldera llama eufemísticamente a este proceso "legalización o normalización", y siempre ha evitado aludir a “regularización”. Y se ha cuidado de insiste en que sólo afectará a extranjeros que ya se encuentren trabajando. Excusa no pedida, acusación manifiesta.

Los requisitos exigidos como norma general para los extranjeros que quieran acceder a este proceso son que hayan llegado a España antes de junio de 2004 y que cuenten con un contrato de trabajo firmado por empleador y trabajador de una duración de seis meses, aunque se recoge un tratamiento específico para trabajadores del sector de agricultura, hostelería y construcción, así como para el servicio doméstico.

UNA REGULARIZACIÓN QUE SATISFACE A PATRONOS, SINDICATOS, INMIGRANTES, PERO QUE NO CUENTA CON LA POBLACIÓN

Para que se acceda efectivamente a una autorización de residencia y trabajo deberá darse de alta del contrato en la Seguridad Social, lo que otorgará al extranjero una autorización de residencia durante un año, independientemente del periodo del plazo del contrato.

No obstante, la Disposición no exige demostración alguna de relación laboral previa entre empleador y empresario ni tampoco obligará a éste último a pagar las cuotas atrasadas de la Seguridad Social. En definitiva, y como norma general, se exige al extranjero que esté empadronado en España seis meses antes de la entrada en vigor del Reglamento y que presente un contrato de trabajo, firmado por empleador y empleado, para otros seis meses.

En la práctica, parece claro que un inmigrante, por el mero hecho de haber llegado antes de junio de 2004 (¿cómo demostrar la fecha de entrada cuándo muchos inmigrantes la ocultan y declaran haber extraviado su pasaporte y basan sus pretensiones en documentos privados fácilmente manipulables?) y por el mero hecho de poder presentar un contrato de seis meses (¿y cómo evitar que el “empleador” argumente dos días después de regularizado el inmigrante que se ha visto obligado a despedirlo?) ya está regularizado por siempre jamás…

Esta normativa satisface a todos: a los empresarios que se ven exonerados de tener que pagar las cuotas de la seguridad social de los contratados ilegalmente, a los inmigrantes por que el listón para ser regularizados se sitúa a la altura del betún, al gobierno por que ha rectificado extraordinariamente su posición desde el inicio de la cuestión hasta la toma de estas decisiones, lo que equivale a demostrar su “talante”. Caldera ha evitado la obligación de que los inmigrantes denuncien al patrón que los contrató ilegalmente.

El 2 de noviembre de 2004, se supo que los trabajadores por cuenta propia no podrán acceder a la legalización… es decir, que la mayoría de inmigrantes, tenidos por sus patrones como autónomos, quedarían excluidos de la regularización. Consuelo Rumi explicó: "Este proceso es para regularizar a trabajadores por cuenta ajena -explicó-, con excepción de empleados de hogar que no trabajen a tiempo completo y que podrán acceder al proceso presentando ellos mismo la solicitud, en lugar de sus empleadores".

Pero lo que es evidente es que hay una factura pendiente: entre 2002 y 2004, dos millones de inmigrantes ilegales han penetrado en territorio español de manera ilegal y se han beneficiado de todo tipo de ayudas sociales y cuidados médicos. Hay, pues, una factura pendiente. Pues bien, esa factura la vamos a pagar todos los españoles.

LAS PREVISIBLES CONSECUENCIAS DE UNA REGULARIZACIÓN IMPREVISIBLE

Las consecuencias de esta regularización van a ser importantes. Por este orden:

El gobierno ha mostrado su debilidad. En lugar de repatriar sin contemplaciones a los dos millones de ilegales, empezando por los que hayan cometido delitos en territorio nacional y terminando por los que llegaron entre 2001 y 2002, el gobierno socialista, débil y timorato como pocos, lo que ha hecho ha sido ceder. Esta debilidad generará un efecto llamado de volumen desconocido hasta ahora.
La introducción brusca de dos millones de trabajadores en el mercado laboral generará un, no menos brusco, descenso de los salarios, sino descenso, si -con seguridad- estancamiento en los salarios. En pocos meses habrá dos millones de asalariados nuevos que harán que la demanda de trabajo permanezca estable, mientras la oferta de trabajo crece bruscamente; luego, los salarios tenderán a bajar según la ley de la oferta y la demanda. Estos descensos salariales serán tanto más visibles en los sectores con mayor presencia de inmigrantes: construcción, hostelería y campo.
La productividad tenderá a disminuir. Un número importante de estos recién regularizados, carecen por completo de formación, especialmente una parte importante de los procedentes de los Países Andinos y el Magreb. Se trata de peones sin cualificar. En los últimos años la productividad ha descendido en España. El único elemento que explica este descenso constante, es la llegada masiva de inmigrantes. España se ha convertido en una gigantesca escuela de formación profesional.
El aumento del paro entre nuestros compatriotas. Salvo en puestos cualificados, en el resto, los trabajadores españoles van a verse progresivamente desplazados por los inmigrantes. Este fenómeno viene produciéndose de forma irremediable desde 2001, sólo que en los próximos años esta tendencia se acentuará todavía más.
Formación de guetos y aumento de las tensiones sociales, religiosas y étnicas. El proceso de regularización brusco de dos millones de personas va a provocar una situación sin precedentes: justo en el momento en que se hace visible el terrorismo islámico, cuando la entrada masiva de inmigrantes procedentes de países que desconsideran a la mujer y en cuyas tradiciones antropológicas está el maltrato que han trasladado a España, justo cuando los secuestros expres, cuando la inseguridad ciudadana se hace cada vez más visibles, los servicios de seguridad del Estado van a quedar desbordados solamente por el trabajo que implica regularizar a dos millones de personas.
No hay trabajo para todos: esta regularización realizada para sacar a la superficie el trabajo negro lo que conseguirá es que haya más trabajo negro. Los regularizados, por el hecho de serlo, no abandonarán estos circuitos, sino que los seguirán alimentando y el efecto llamada hará el resto. Pero, con todo, no hay trabajo para todos: sin olvidar que el crecimiento en el año 2005 descenderá drásticamente a causa del aumento del precio del combustible. Lo que implicará que millones de inmigrantes pasarán a vivir de la caridad pública (restando todo tipo de ayudas sociales a nuestros compatriotas) o bien alimentando los circuitos de la delincuencia. Esta regularización excede con mucho las posibilidades de absorción del mercado de trabajo español.

Resulta grotesco que el responsable de Inmigración de CC.OO., Julio Ruíz, manifestó su "satisfacción por un texto que pretende la llegada de trabajadores extranjeros a España respondiendo a las necesidades del mercado laboral"… cuando en realidad SE TRATA DE TODO LO CONTRARIO. Esta regularización viene forzada por la desidia del PP que permitió la acumulación de ilegales durante los últimos cuatro años de su gobierno y por la falta de decisión y carácter del gobierno débil e incapaz de ZP. A menos, por supuesto, que CC.OO. considere que las necesidades del mercado laboral SON LAS DE LA PATRONAL: bajada de salarios y precariedad en los contratos.

“DETALLES” SIN IMPORTANCIA…

Por su parte, la responsable de UGT, Almudena Fontecha, señaló que el acuerdo "Es un texto con vocación de permanencia porque los constantes cambios normativos generan inseguridad jurídica". Error grave: esta reforma lo que va a operar es el efecto llamada y la eternización del problema.

Por su parte, Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE, apuntó que este acuerdo "permitirá el afloramiento de la economía sumergida en los próximos meses". Error. Esta reforma no supondrá hará aflorar ninguna economía sumergida, sino que demostrará la falta de energía del gobierno ZP para afrontar el problema de la economía sumergida: ni los empresarios que contratan clandestinamente (y ahorran gastos sociales), ni los obreros que aceptan trabajar en economía sumergida, ganando más que en los circuitos de economía convencional, van a cambiar, especialmente por que, en muchos casos (pakistaníes, chinos, magrebíes), empresarios irregulares y trabajadores ilegales son de la misma nacionalidad y no tienen el más mínimo interés en pagar impuestos o cargas sociales.

El PP ha criticado al Gobierno acusándolo de generar un “efecto llamada” con la regularización de ilegales. La portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Angeles Muñoz, exigió al Gobierno que explique por qué ha "rectificado" las condiciones para regularizar a los inmigrantes con contrato y le acusó de generar de nuevo un "efecto llamada" sin prever qué hará después con los extranjeros que lleguen. Aseguró que el PP se alegra de que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo con sindicatos y empresarios y respaldó el cambio de algunos puntos que eran "barbaridades", como la exigencia de denuncia para el arraigo laboral, pero criticó que el Ejecutivo empezara antes del verano a hablar de un reglamento que no entrará en vigor hasta febrero.

Desde que el PSOE llegó al Gobierno hasta que comience "el proceso de regularización", insistió la portavoz del PP, pasará casi un año, "un periodo excesivamente largo en el que se ha producido un incremento importantísimo" de llegadas de inmigrantes irregulares. Muñoz aseguró que, aunque en el denominado "proceso de normalización" se exija a los inmigrantes una estancia en España de seis meses, el Gobierno no podrá impedir que sigan llegando extranjeros al país debido al "efecto llamada". A su juicio, se demostrará así que su política de inmigración es "un auténtico fracaso y un desastre", porque no ha previsto que hará con los nuevos irregulares.

El PP, que interpelará en el pleno del Congreso al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sobre esta cuestión, le instará también a explicar con qué recursos materiales y humanos se van a gestionar las regularizaciones y cuál será el incremento presupuestario de las prestaciones sociales. Muñoz destacó la necesidad de tener en cuenta la situación nacional de empleo, la capacidad de acogida del país y el alcance de los servicios sociales a la hora de iniciar procesos de regularización que, advirtió, continuará dentro de un año con los familiares. "Salvo ERC que ha pactado con el Gobierno 120 millones de euros para políticas de integración e inmigración en Cataluña no hay partidas en los presupuestos de 2005 para hacer frente al proceso de regularización", recalcó.

LA RESPONSABILIDAD DEL PP. PASADA, PERO NO OLVIDADA…

El PP tiene cierta razón en su crítica al gobierno ZP, pero se le escapa algo: que lo mismo que puede decir cómodamente desde la oposición es lo contrario de lo que hizo cuando estaba en el poder. Los 600.000 inmigrantes ilegales que penetraron en España tranquilamente en 2003, lo hicieron bajo el gobierno del PP. Aznar, hasta septiembre de 2002 negó que la situación de la inseguridad ciudadana se hubiera deteriorado, al contrario de la percepción de la ciudadanía.

El PP desde el poder hizo POCO, TARDE y MAL PARA DETENER LA OLEADA INMIGRATORIA. Ahora sus alegatos resultan increíbles, especialmente para los trabajadores y las capas más desfavorecidas que desde hace cuatro años tienen que competir en condiciones desfavorables con los inmigrantes ilegales y se ven obligados a vivir en zonas guetizadas con mayores índices de inmigración y donde se producen las mayores fricciones con las comunidades inmigrantes.

Inicialmente, a finales de octubre el Gobierno calculaba que 200.000 inmigrantes ilegales normalizarán su situación. En esas fechas, el gobierno retiró la idea de una legalización basada en la posibilidad de que los trabajadores extranjeros irregulares presentasen una denuncia contra su patrón y demostrasen una relación de al menos un año. Los empresarios tampoco tendrán que pagar cotizaciones e impuestos no abonados. Contador a cero, como le gusta decir a Caldera, a partir de finales de octubre: pero el contador nunca está a cero, alguien tiene que pagar la factura de sanidad y asistencia social generada en los últimos años y alguien tiene que afrontar la riada migratoria que se le viene encima. No va a ser desde luego Caldera o ZP, sino todos nosotros.

Tiene gracia que cuando Caldera quiera simular energía y decisión diga: «Quiero que quede claro que quien haya entrado en España después del mes de junio de este año no va a poder acogerse a esta medida», lo que va a ocurrir es justamente lo contrario: dentro de dos años afrontaremos una nueva legalización de quienes han quedado fuera de esta regularización -¿alguien ha oído hablar a Caldera de repatriaciones? ¿alguién le ha oído reconocer que desde mayo de 2004 ya se ha producido un verdadero efecto llamada?- o de los que vendrán movidos por el rumor de que en España un gobierno débil regulariza a todo el mundo.

La legislación propuesta por Caldera exigirá dos años de residencia en España -hay que demostrar que se ha estado trabajando al menos uno ¿y el otro? ¿no hará falta que se ha estado haciendo y de qué se ha estado viviendo el otro?-, o tres años con un contrato de trabajo. En el primer caso, hay que demostrar el año de relación laboral a través de resolución judicial o acta definitiva de la Inspección de Trabajo. En el segundo, se limitan los vínculos familiares a los recogidos en la Ley y no los extiende, como propuso inicialmente el Gobierno, a las parejas de hecho acreditadas.

LA PEOR FANTASÍA: “INTEGRARSE SIN PERDER LA RAÍZ”

Pero donde Caldera ya delira es en su percepción de la integración de los inmigrantes en la comunidad nacional. Dice: “Los inmigrantes deben integrarse sin perder su raíz”. ¿Se ha logrado esto en algún país de Europa? Respuesta: no. ¿Hay algún motivo que permita pensar que en España se va a poder operar este anhelo? Si: la debilidad del gobierno ZP. La innoble y miserable medida con la que el PSOE obsequiaba a la comunidad de estudiantes, el 10 de noviembre de 2004, es suficientemente clara: NO SE ENSEÑARA EN LAS AULAS RELIGION CATOLICA -LA TRADICIONAL DE NUESTRO PAÍS- PERO SI EN CAMBIO SE ENSEÑARA ISLAM. Esa es la forma en la que los inmigrantes se integran “sin perder su raíz”, es decir, alimentando su raíz. Una raíz que, en el caso de los islamistas es anticonstitucional: los islamistas -todos- admiten la poligamis (cuatro esposas en todos los casos), la poligamia está penada en nuestro Código Civil. Los islamistas -todos- admiten la teocracia como forma de gobierno. Nuestra constitución es laica. Los islamistas desprecian a la mujer y la subordinan a la tutela y a la propiedad del varón. La constitución considera a la mujer igual al varón. Los islamistas predican la guerra santa… Estos sin contar con que determinadas tradiciones islámicas regionales practican actos tan absolutamente despreciables, miserables y depravados, como la ablación del clítoris. ¿Es esto de lo que Caldera cuando alude a “integrarse sin perder su raíz”?

Caldera decía estas palabras cuando participaba en Groningen (norte de Holanda) en la primera Conferencia Ministerial de Inmigración, organizada por la presidencia holandesa de turno de la UE. A poco de concluir esta conferencia, justo en Holanda, Theo van Gogh era asesinado por un comando terrorista islámico-marroquí y el pueblo holandés se echaba a la calle protestando contra la intolerancia islámica.

Caldera defendió que puede combinarse la integración del inmigrante en su país de acogida con el hecho de que no quede aislado de sus raíces. Lamentablemente no explicó cómo hacerlo, ni dónde se ha realizado una integración de este tipo. Ejemplos de buenos resultados de integración no existen. A menos que se considera un buen resultado la situación que vive Francia actualmente en la que los inmigrantes magrebíes se han enseñoreado de 1200 zonas de Francia calificadas por el ministerio del interior como zonas de “non droit”, donde ya no rigen los derechos y obligaciones de la Francia republicana. Dime Caldera ¿dónde se ha operado esa balsámica y mirífica integración?

Una de los principios básicos enunciados por la presidencia holandesa es que los inmigrantes tienen que implicarse en los principios básicos que guían la UE, como el respeto de los Derechos Humanos, la democracia y la tolerancia. Pero, a estas alturas nadie puede dudar de que el Islam, en general, incluso el más tolerante, es sólo compatible con la futura constitución europea y con las constituciones nacionales de los Estados europeos, a costa de traicionarse a sí mismo: en efecto, el Islam rechaza el laicismo, piedra clave de la ordenación jurídica europea, rechaza la igualdad hombre-mujer, rechaza la monogamia y así sucesivamente. Tarik Ramadan, líder islamista francófono lo explicaba ante la TV “Los islamistas no tienen ninguna objeción a la legislación europea” y, solo ante sus alumnos islamistas añadía: “mientras esta legislación no se oponga al Islam”… que es como decir, no tengo inconveniente en la tributación fiscal, salvo que me toque a mí pagarlos. Maestro en el arte del doble lenguaje, Tarik Ramadán y los que son como él, solamente guardan credibilidad ante tontos rematados del jaez de los Caldera y ZP. La debilidad, la desidia y la falta de energía, cuando se une a la estupidez es doblemente deletérea.

PERO ¿DE CUÁNTOS INMIGRANTES ESTAMOS HABLANDO?

A partir de mediados de octubre de 2004, era evidente que el “efecto llamada” se estaba produciendo como resultado de las declaraciones del tandem Caldera-Rumi.
El PP denunció el 25 de octubre un "desembarco" elevado de inmigrantes a España por la frontera francesa para acogerse a las nuevas vías de regularización propuestas en el Reglamento de la Ley de Extranjería y acusó al Gobierno de trasladar su responsabilidad a los ayuntamientos en este tema. Según Ana Pastor ha habido un descenso de efectivos en la frontera francesa y se están empezando a sufrir las consecuencias del "efecto llamada".

Pastor pidió que se informe de la cifra de empadronamientos registrados en los últimos meses; del número de inmigrantes que han accedido a España a través Francia y del alcance de la disposición transitoria del Reglamento de Extranjería. Caldera no respondió. Como ejemplo, la portavoz de inmigración en el Congreso de los Diputados mencionó Málaga, donde "han venido cinco grupos con cien personas" a bordo de autobuses con indicaciones precisas sobre cómo y dónde obtener ayudas sociales, una situación vivida también en la capital valenciana. Este "desembarco en número elevado es una realidad diaria puesta de manifiesto por los ayuntamientos, es un hecho muy objetivo y constatable", añadió Muñoz.

Luego está el problema de la falta de financiación para abordar el previsto proceso de regularización; algunos ayuntamientos están destinando ¡el 60 por ciento de su presupuesto de ayudas sociales a la inmigración! El gobierno ZP ha trasladado "su responsabilidad" a los ayuntamientos mediante los empadronamientos (requisito para demostrar fehacientemente la residencia desde hace seis meses en España), cuando solo el Estado tiene que certificar quién puede o no estar".

De hecho, lo más sorprendente es que el gobierno ZP haya negociado con “agentes sociales” el tema de la regularización… pero no con los principales afectados: los ayuntamientos, los que están pagando -con nuestros impuestos, claro- la factura de la inmigración… y son los primeros afectados por la guetización y por la concesión de ayudas sociales.
Por lo demás, los ayuntamientos se han convertido en la única referencia sobre el número de inmigrantes ilegales que residen en España. Mediante la inscripción en el padrón municipal, el inmigrante recibe la tarjeta sanitaria a cambio de la cual puede solicitar asistencia sanitaria. La falacia consiste en pensar que todos los ilegales están empadronados… FALSO: no solo no todos los inmigrantes están empadronados. De hecho, habitualmente, la misma tarjeta sanitaria es utilizada por varios inmigrantes. Esto hace imposible saber cuántos inmigrantes ilegales se encuentran en este momento en España. Las únicas cifras de referencia que pueden tomarse sin dudas son las de la Generalitat de Catalunya (en febrero de 2004: 300.000 legales y 370.000 ilegales) y las de la Unión Europea (660.000 entradas en España en 2003, 600.000 ilegales y 60.000 legales). Esto unido a la acumulación de los tres años anteriores y a los recién llegados entre enero y noviembre de 2004, da una cifra igual o superior a 2.000.000 de ilegales. Más del doble de lo que reconoce Caldera. A efectos de establecimiento de la cifra real, el padrón municipal es completamente irrelevante. Caldera se aferra a él para evitar causar pánico y responder a una pregunta clave: ¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS NO REGULARIZADOS? Tanto Caldera, como Rumi, como ZP, el trío de la debilidad, ninguno se ha referido a repatriaciones: lo que implica reconocer, en buena lógica que, de aquí a pocos meses, se producirá otra acumulación de ilegales y la consiguiente nueva regularización.
Caldera sabe que hay más de 800.000 ilegales, pero afirma que 800.000 son los que están trabajando. Resulta un arcano saber cómo ha llegado a esta cifra, pero ahí está. El problema es que no todos los ilegales trabajan, ni siquiera en economía sumergida, no todos tienen ganas de salir a la superficie y regularizarse y, finalmente, Caldera no ha considerado la posibilidad del fraude. ¿Cómo saber que un inmigrante y un patrón dicen la verdad cuando reconocen una antigüedad en el puesto de trabajo, especialmente cuando el patrón es de la misma nacionalidad que el inmigrante? ¿o cuando ha mediado una remuneración a cambio de un precontrato completamente falso que jamás se cumplirá? En cualquier caso, de esta regularización viene hablándose desde hace tres meses y será al cabo de seis cuando comience: las mafias de la inmigración habrán tenido tiempo de perfeccionar sus mecanismos de fraude sin dificultad alguna.

© Ernesto Milà - infokrisis - [e-mail]"