Infokrisis.- Cada año, el 1º de enero, los informativos nos guardan algo que ha ido dejando de ser sorpresa a pesar de cierto impacto casi desagradable: los primeros recién nacidos en España son cada vez son menos españoles. En 2012 se produjo la misma tendencia que ya venía afirmándose comunidad autónoma a comunicad autónoma, desde el año 2000, cuando los cuatro primeros recién nacidos en las cuatro provincias catalanas, fueron hijos de inmigrantes.
El 1 de enero de 2012, el 75% de los nacidos en España era hijo de inmigrantes. El lobby inmigracionista no se inmutó, a fin de cuentas, desde 1999 nos venían advirtiendo de que la aportación de la inmigración a la demografía era esencial para pagar las pensiones de los abuelos, así que contra más inmigrantes vinieran, más trabajaran y más hijos tuvieran en nuestro país, más mano de obra habría, más altas a la seguridad social y más dinero dispondría el Estado. Pues bien, ni una sola de estas previsiones optimistas, ni una sola, se ha cumplido y no solamente por que ningún análisis puede realizarse desde el optimismo desbordante y las rentabilidades económicas, ni siquiera porque la crisis económica haya ralentizado relativamente la llegada de nuevas oleadas de inmigrantes, sino porque desde el principio, las previsiones y proyecciones eran una auténtica locura.
En 2004 el descontrol de los fenómenos migratorios era evidente para todo aquel que quisiera advertirlo. Solamente el ministerio del interior español seguía negándolo a pesar de que en los últimos años la llegada de la primera oleada migratoria se había traducido en un aumento de la delincuencia y, por supuesto, del número de extranjeros en situación de ilegalidad. En cuanto a los socialistas todavía en la oposición estaban próximos del “papeles para todos” que había enarbolado la izquierda desde mediados de los años 90 e incluso antes cuando se produjo el triste asesinato de Lucrecia Pérez. José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2000 se había convertido en el valedor más firme de la inmigración al incluir en su programa para aspirar a la secretaría general de su partido a la inmigración, como primer punto, aun a pesar de que en aquel momento, en su León natal, apenas residirían en toda la provincia un centenar de inmigrantes…
Así estaban las cosas en 2004
España en al iniciarse 2004, más o menos cuando los socialistas llegaron al poder, superaba los 43 millones de habitantes y de ellos había algo más de tres millones que eran extranjeros. En realidad, el gobierno de Aznar había insistido hasta el aburrimiento en que apenas había contabilizados dos millones, pero se trataba del habitual subterfugio para no crear alarma social. Bastaba salir a la calle y ver que en algunos barrios, los inmigrantes empezaban a ser mayoría y que difícilmente podían haber sido tan pocos. La trampa deliberada radicaba en que Aznar no contabilizaba a los casi 800.000 ilegales con los que se despidió su mandato, ilegales que todos sabíamos que existían, que estaban ahí, pero que él no tuvo el valor de reconocer porque ello equivalía a asumir el fracaso de su gestión en materia migratoria: no solamente con él se había iniciado el fenómeno, sino que él no había sido capaz de controlarlo una vez iniciado. Subía el PIB, pero en buena medida lo hacía porque subía también el número de consumidores adultos. Decir que en torno a un 40% de la subida del PIB se debía a la inyección de población adulta foránea equivalía a minimizar los resultados económicos de su político: a fin de cuentas, todo el truco residía en el ladrillazo y en la llegada de 600.000 inmigrantes al año.
Sin embargo, en los siete primeros meses de 2004 la inmigración experimentó cierta desaceleración y quizás hubiera seguido así (el efecto llamada generado por la reforma de la Ley de Inmigración impuesta por todos los partidos al PP cuando éste no tenia la mayoría absoluta en 1999, empezaba a disiparse) de no ser porque en agosto de ese año se anunció una “regularización masiva” de ilegales: a partir de ese momento empezaron a llegar masivamente pro todas las fronteras navales, terrestres y aéreas, inmigrantes procedentes de todo el mundo, alertados porque unos irresponsables (Caldera y su equipo) habían anunciado que les abrirían las puertas de Europa. Antes del anuncio de la regularización se preveía que llegarían en 2004 apenas 474.000 inmigrantes, casi 150.000 menos que en los dos años anteriores. Sin embargo, finalmente, lo harían 800.000…
Así pues, a principios de 2004, los extranjeros suponían un 7% del total de la población cifrada en 42.717.064 habitantes. Algunos demógrafos se atrevieron a decir que existía más inmigración de la que podía advertirse en manejando las cifras del padrón municipal. Joaquín Arango, catedrático de la Complutense y demógrafo, afirmó que seguramente superaba el 8%: "existe un número nada desdeñable de ciudadanos comunitarios, sobre todo en Canarias, Baleares, Málaga y Alicante, que pese a residir en España no se empadronan". De hecho, lo que decía Arango era cierto, pero había algo mucho más terrible: si los inmigrantes alemanes, holandeses e ingleses establecidos en las islas y en el Levante español no daban mucho que hablar era porque se trataba de jubilados que percibían pensiones altas y tenían un buen nivel de consumo. En realidad, el problema es que existían muchos inmigrantes que, no solamente eran ilegales, sino que preferían no dejar huellas de su presencia a fin de evitar posibles redadas. Pero había otro fenómeno igualmente inquietante: los nacimientos de hijos de inmigrantes.
El 1 de enero de 2000, Catalunya recibió la primera sorpresa del nuevo milenio: en las cuatro provincias catalanas, los primeros recién nacidos habían sido inmigrantes. En realidad, desde 1998 la inmigración ya estaba haciendo que se produjeran más nacimientos que muertes. En efecto, ese año, según el Instituto Nacional de Estadística, se inscribieron 364.427 bebés de padres españoles y 20.054 de padres extranjeros, que aseguraron un superávit de 6.477 dado que se habían producido 357.950 fallecimientos. El año siguiente el fenómeno fue todavía más evidente. Las autonomías en las que apenas había inmigración, registraron un descenso de población: Galicia, Castilla y León, Asturias, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.
La buena noticia era que el saldo poblacional volvía a ser positivo. La mala noticia es que ese salvo era positivo solamente gracias a la inmigración a la vista de que las españolas figuraban a la cola de la natalidad mundial con un promedio de 1,2 hijos por mujer. La última encuesta de fecundidad elaborada por el INE en 1999 incluso añadía un dato aún más patético: el 50’10% de las mujeres españolas de entre 19 y 49 años no tenían absolutamente ningún interés en tener hijos en ningún momento de su vida. Los motivos de esta negativa eran varios: paro femenino (entonces un 57% del total), precariedad de los salarios y de los empleos temporales, y el hecho de que a mayor nivel cultural las mujeres respondieran con una menor natalidad).
La misma encuesta añadía que si bien el 47% de las españolas ni tenían ni pensaban tener un hijo, en cambio el 42% de las mujeres andinas presentes en España tenían dos hijos y el 30% de las africanas llegaban a tres o más hijos…
La cuestión que se planteaba en la época era si la inmigración era la opción más adecuada para frenar el envejecimiento de la población española. Y las autoridades, todas ellas, coincidían en que sí. Eran los tiempos en los que se afirmaba con una seriedad pasmosa que en breve solamente se podrían pagar las pensiones de los abuelos gracias a los inmigrantes. A fin de cuentas estaba entrando población joven y se estaba incrementando el número de nacimientos, todo ello gracias a la inmigración. Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial parecía clara: en efecto, la inmigración frenaría el envejecimiento de la población española. Ahora bien, si se examinaba todo esto más de cerca se percibía que en, en realidad, lo que ocurría es que se estaba sustituyendo a la población española por población inmigrante. Lo más probable es que hubiera bastado con una campaña demográfica o con crear estímulos fiscales a la natalidad para que la natalidad hubiera reflotado sin necesidad de recurrir a la sustitución de población. Porque, en efecto, cuando se altera el sustrato étnico y cultural de una nación, es inútil pensar que no va a generar efectos secundarios. Y el primero de todos es que los inmigrantes ni se integran en nuestra forma de vida, sino que siguen haciendo rancho aparte y que cuando en un país como España existe casi un millón de marroquíes concentrados en determinadas zonas, pueden vivir sin necesidad de integrarse: ellos mismos forman su círculo de afinidad. En zonas como Miami en las que hace treinta años los latinos empezaron a crecer, tras una fase de equilibrio, la población hispana sustituyó casi por completo a la anglófona.
Por otra parte, pensar que la llegada masiva de población joven inmigrante contribuiría a rejuvenecer a la población, era percibir solamente una parte del problema e ignorar que esa población también envejecería y lo haría antes en la medida en que llegaba a España con entre 20 y 35 años, en tres décadas o algo más, estos inmigrantes se jubilarían a su vez y, por otra parte, como veremos, determinadas encuestas indican que una vez establecidos en un país y mejorado su nivel cultural y de vida, los inmigrantes tienden también a reducir su tasa de natalidad. Con lo que, finalmente, la llegada de inmigrantes, a medio plazo no resuelve ni remotamente el problema del rejuvenecimiento de la población que es, para colmo, un falso problema: en efecto, Europa es un continente superpoblado, en donde una disminución de la población no sería un drama ni siquiera en lo relativo a las pensiones (bastaría con recaudar más de otras partidas, o apenas administrar mejor los fondos de la Seguridad Social para poder abonarlas, solución mucho más sencilla que la inyección artificial de millones de inmigrantes llegados de otras culturas).
En el año 2001 las Naciones Unidas emitieron un documento en el que se trasladaba su “ideología” en relación a los movimientos migratorios. El documento en cuestión se titulaba Migraciones de reemplazo: ¿una solución ante la disminución y el envejecimiento de las poblaciones? En este estudio, se sostenía con toda seriedad que la Unión Europea precisaría 47,5 millones de inmigrantes en la primera mitad del siglo XXI para conservar su tamaño actual, 79,4 millones para estabilizar el volumen actual de población en edad de trabajar y 674 millones para mantener constante la relación entre población activa y población jubilada… El estudio recibió muchas críticas especialmente por la metodología utilizada y por el hecho de que se basara en la suposición absurda de un crecimiento económico ilimitado. La “ideología” de la ONU (gestada en las esferas de la UNESCO) implica reconocer que los movimientos migratorios que se daban a principios del milenio no eran suficientes para resolver la pérdida de demografía en Europa. Hacía falta, no un poco más, sino mucha más inmigración.
Tras leer el informe uno duda de si el informe propone resolver los problemas económico-sociales de Europa o más bien construir una sociedad mestiza y multicultural, exigencia que en ningún momento aparece con claridad en el informe pero que sobrevuela cada una de sus páginas: el informe no fue más que la traslación del principio de “un único gobierno mundial, una única religión mundial, una única cultura mundial… y una única raza mestiza” que constituye el leit motiv de la “ideología” de UNESCO y que está presente desde la fundación de la organización internacional. A pesar de su nulo interés científico, de su metodología deficiente y de sus apriorismos ingenuos e ignorantes, dicho informe fue el documento utilizado por el lobby pro-inmigracionista para justificar sus políticas de apertura a la inmigración. Zapatero creyó en él a pie juntillas, y Aznar aun sin creer en él adoptó ciegamente la política que auspiciaba, seguramente porque su amigo Bush se lo habría aconsejado…
Realidades, proyecciones y ficciones demográficas
A lo largo de todo el siglo XX la esperanza de vida de la población española se duplicó pasando de 34,8 años en 1900 a 78,8 en 1999 y ascendiendo hasta 80,9 años en 2007. Realmente, no es que los españoles vivamos el doble… sino que las mejoras en la sanidad y en la higiene hace que cada vez mueran menos niños, con lo que la edad media tiende a aumentar. Sin embargo, la fecundidad femenina ha ido descendiendo a lo largo de todo ese tiempo: de los 2,8 hijos por mujer en 1975 se ha pasado a 1,15 en 1998 y a 1,46 diez años después, por debajo de la media europea. Si se realizan proyecciones para los próximos cuarenta años resulta una pirámide de población en la que abundan las edades por encima de los 55 años, lo que implica que la población activa laboralmente es inferior a la población ya jubilada. Tal es el escenario que nos aguarda en las próximas décadas y que parece dar la razón a los que concluyen que el sistema de seguridad social es inviable. Sin embargo, la supervivencia del sistema de pensiones no depende solamente de la pirámide de población, sino de otros muchos factores: cuantía de las poblaciones, rigor en la administración de los fondos, la solidaridad intergeneracional y la consideración de que el dinero de las pensiones proceda solamente de los fondos de la seguridad social o bien esté abierto a otras aportaciones llegadas vía impositiva.
Entre 2000 y 2009, según las cifras oficiales, la presencia de población inmigrante en España pasó de 2.3% al 12%, pasando la población española de 40,5 millones a 46,7 millones. Si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría del crecimiento demográfico español desde 1999 se debe a la inmigración y que, tal como hemos establecido antes, la población española hubiera perdido volumen de no ser por la inmigración, hay que concluir que ya en 2009, la presencia de inmigrantes en nuestro país estaba por encima de los seis millones de personas. El INE sostenía que el 89% del crecimiento de la población española se debió al saldo migratorio y sólo el 11% al crecimiento natural (nacimientos menos defunciones).
Un dato importante es que la edad media de los inmigrantes que llegaron entre 2002 y 2007 era de 29 años con una concentración entre los 25 y los 39 años, en el momento en que excluimos a los jubilados procedentes de la UE de la cifra de inmigrantes. Así pues, es evidente que, a corto plazo –y recalcamos lo de “a corto plazo”- la inmigración tiene un factor de “rejuvenecimiento” –ignorando todos los problemas que genera, claro- y para demostrarlo entre 2002 y 2008 la edad media de la población residente en España descendió de 41 a 40 años. Pero, la demografía es algo móvil: los inmigrantes también envejecen. Dicho de otra manera: la presencia de inmigrantes solamente mitiga por un breve espacio de tiempo el problema del envejecimiento de la población. ¿Y luego? Luego al problema de la integración de los inmigrantes se suma el problema de su envejecimiento, con lo que para ese viaje no deberían de hacer falta alforjas.
Según las simulaciones que realizó EUROSTAT indicarían que de no existir inmigración, España perdería en el 2060 el 20% de la población que tenía en 2008. Pero si las entradas de inmigrantes fueran del orden de 225.000 anuales, la población aumentaría un 15% respecto a 2008. Lamentablemente no existe una tercera simulación, acaso la más interesante y la menos arriesgada: ¿qué ocurriría si algún gobierno realizara una campaña de estímulo de la demografía y beneficiara fiscalmente a familias para que tuvieran hijos? No es raro que cualquiera de las dos variantes contempladas por Eurostat dé unos resultados negativos o muy negativos: en la primera (la hipótesis de inmigración igual a cero), en 2060, por cada 74 personas jubiladas habría 100 trabajando (suponiendo que hubiera trabajo, presunción, hoy por hoy, excesivamente optimista…). Pero si cada año entraran hasta el 2060, 225.000 inmigrantes año (lo que equivaldría a 11.700.000 inmigrantes, lo que supondría, no un 15% de la población española en 2008, sino en torno al 25%, sin contar con que la tasa demográfica de la inmigración podría hacer que esa cifra se elevara hasta como mínimo por encima del 30%... lo que supondría, es decir, un tercio de la población total…) por cada 60 jubilados habría 100 trabajando, lo que tampoco es ninguna ganga y ni siquiera resolvería el problema. Es más, contribuiría a agravarlo –desde el punto de vista desde el que se ha hecho el estudio- porque aumentaría la masa inerte de población inmigrante, población no productiva (mujeres que no trabajan, niños que no tienen edad de trabajar e inmigrantes que a la vista de su escasa preparación profesional carecen de trabajo estable), aumentaría extraordinariamente.
Pero hay algo peor: dado que los inmigrantes que llegan están concentrados en las franjas de edad de entre 20 y 50 años (dos tercios de los inmigrantes tienen esas edades), cuando algunos de estos lleguen a la edad de jubilación, coincidirán parcialmente con la edad de jubilación de los hijos del “baby boom” que en la actualidad tienen entre 35 y 55 años. Lo que empezará a ocurrir a partir del 2020. Para el 2040, los inmigrantes que hoy están en activo –que en un 81% ya han expresado su intención de permanecer en España- se habrán casi completamente jubilado. A partir de ese momento existirá una asimetría creciente y todavía más grave entre las personas en activo y las personas jubiladas, bastante más espectacular que en la hipótesis de que no hubieran entrado inmigrantes a partir de 2008.
Luego está la perspectiva demográfica de la inmigración. Desde la década de los 80, la población española ha estado por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer fértil). Esto implica un proceso de envejecimiento progresivo que puede ser extremo o moderado. Durante el período 1993-2002, cuando se inició el fenómeno migratorio, la natalidad española estaba en torno a 1,2 pero en el segundo período, cuando se produjeron reagrupaciones familiares en masa y se dejó sentir el peso de la demografía inmigrante, se elevó hasta el 1,3 entre 2004 y 2007 y 1,46 en 2008. Esta cifra, todavía estaba lejos de la tasa de reposición, y, por tanto, generaba más problemas de los que resolvía (problemas sociales, aparición de guetos, aumento de la delincuencia, pérdida de señas de identidad, etc).
Las mujeres inmigrantes tienen más hijos y los tienen antes: mientras que las españolas suelen tener el primer hijo como promedio a los 30,3 años, las extranjeras los tienen a los 26,9 años, sin olvidar que tienen un promedio de fecundidad mucho más elevado (1,92 hijos por mujer, mientras que las españolas están por debajo del 1,2). Pero habría que precisar más: las mujeres africanas tienen 3,5 hijos por mujer, por encima del umbral de reemplazo, mientras que las asiáticas se sitúan e torno al 2,43 y las latinas hacia el 1,43. ¿Conclusión? Cuanto más alejada está la identidad inmigrante de la española, su tasa de natalidad es mayor y aunque con el paso del tiempo vaya disminuyendo, es difícil que esta diferencia desaparezca.
Pero hasta 2008 se puso de manifiesto que la contribución de la inmigración al aumento de nacimientos iba en aumento. En 1996, solamente el 3,3% de los nacimientos eran de madre extranjera, pero en 2008 la cifra se había elevado al 20,7% y al año siguiente llegarían al 24%. Es decir, uno de cada cuatro nacimientos era hijo de inmigrantes (y al cabo de un año de vida, si había permanecido en España, recibiría la nacionalidad española). Si tenemos en cuenta que la población inmigrante es inferior a ese porcentaje (17% del total), su contribución a la natalidad es muy superior. ¿Cómo puede explicarse eso? Por dos vertientes: en primer lugar porque en sus países de origen, la inmigración tiene unas tasas de natalidad similar a las que tiene en España y, en segundo lugar por que el 69% de las mujeres inmigrantes tienen entre 15 y 49 años, es decir, son más jóvenes que las españolas y, por tanto, más fértiles, mientras que apenas el 48% de las españolas tienen esa edad.
Todos estos datos demográficos indican que en 2008 la inmigración ya tenía una importancia creciente, pero que no iba a resolver ni remotamente el que se consideraba el principal problema de cara a la viabilidad del sistema de pensiones. Ya hemos indicado que existían otras soluciones y que la inmigración, por no ser, ni siquiera era la solución más fácil, ni la más viable, ni la más sostenible. O dicho de otra manera, no era solución. Lo que era, en definitiva, era un parche técnico que tendía a reemplazar a la población española por población inmigrante y a desfigurar la identidad étnica y cultural de nuestro país, lo que no podía en ningún caso considerarse un avance: allí donde han existido sociedades “mestizas”, éstas se han mostrado extraordinariamente inestables. Para ese viaje no hacían falta alforjas.
La última evolución del fenómeno 2008-2012
A partir de 2008, a medida que la crisis económica se fue afianzando, distintos medios de prensa, convirtiéndose en voceros del gobierno de turno, fueron difundiendo la idea de que “la inmigración estaba disminuyendo”. La noticia, como veremos era falsa y las cifras indicaban justamente lo contrario, a saber, que incluso en tiempos de crisis, cuando en todo el mundo se sabía que España era uno de los países más afectados, seguían llegando inmigrantes, atraídos no tanto por nuestro mercado laboral, como por nuestros servicios sociales y asistenciales y entendiendo que nuestro país seguía siendo el eslabón más débil para acceder a los hipotéticos mercados de consumo europeos.
El 1º de enero del 2012 se produjo un nuevo hecho significativo: el 75% de los primeros nacidos ese día en todas las comunidades autónomas era hijo de inmigrantes. Repetimos: el 75%, es decir, 3 de cada 4… En algunas comunidades como Madrid y Cataluña, el 20% de la población total procedía de la inmigración (sin contar a los hijos de la inmigración nacidos en España y ya considerados como españoles al cumplir un año). El 1º de enero de 2012, a las 00:00 horas nacía en Ceuta, Fátima Sora, hija de musulmanes y, desempleados ambos. En Cataluña, el primer bebé del año fue un ecuatoriano. Y en Gerona se trató de un gambiano cuyos padres son de religión musulmana. Musulmán de padres fue también el primer bebé del año en Lérida. Lo mismo ocurrió en Murcia, siendo el segundo un hijo de bolivianos. En Lorca se trató de un bebé de padres ecuatorianos. Y en el País Vasco, no se trató de ningún Aitor, Andoni, o Edurnes, sino de un chino originario de Fujian. Sobre los nacimientos el 1º de enero se disponen de abundantes datos que tradicionalmente son aireados por la prensa…. Pero sobre el resto del año debemos conformarnos con las estadísticas que nos ofrece el INE al año siguiente. Lo que indican va en la misma dirección.
Durante el año 2011 fueron regularizados 268.322 inmigrantes a los que hay que sumar los que nacieron en nuestro país y los que fueron llegando ilegalmente. Sobre estos últimos hay datos contradictorios, pero sobre los regularizados, la cifra es de algo más de setecientos diarios. No es raro que las cifras de extranjeros residentes en España hayan experimentado un aumento. El 1 de enero de 2011, según el INE, la población española era de 47.190.493 personas, un 0’4% más que en 2010. El aumento se debe, por supuesto, a la llegada de más inmigrantes, especialmente porque a lo largo del año un número significativo de españoles, la mayoría jóvenes con alta cualificación técnica y profesional, huyeron de la crisis emprendiendo el camino del exilio económico. En otras palabras: el número de ciudadanos españoles que se iban de España aumentaba, pero al mismo tiempo la población también aumentaba un 0’4%, por lo que hay que pensar necesariamente que ese aumento se debe solamente a la inmigración (¿a qué otro factor podría deberse?). No hay que olvidar el número de concesiones de la nacionalidad española que ha ido en aumento desde 2003 y que a partir de 2010 se ha convertido en extremadamente significativo: ese año se concedieron 123.721 nacionalidades españolas a inmigrantes y solamente entre enero y septiembre de 2011 se concedieron otras 82.301 por lo que hay que pensar que se superó ampliamente la cifra del año anterior.
La llegada del Partido Popular al poder, contrariamente a lo que algunos habrían podido suponer, no ha variado en absoluto la situación. En ningún lugar del programa del Partido Popular se habla de repatriar a los inmigrantes, ni siquiera está presente una intención de resolver el problema, tan solo se dice que “se cumpla la ley de extranjería”… lamentablemente, el problema (y no la solución) es la Ley de Extranjería y sus sucesivas reformas cada vez más erráticas. Para colmo, cuando Aznar recogió en Quito su doctorado “honoris causa” en octubre de 2011, resumió la percepción que tiene el PP del problema de la inmigración. Vale la pena citar las palabras de Aznar: “Nosotros lo que hemos dicho siempre, y lo he promovido, es que la historia de la prosperidad de España no se puede escribir sin los inmigrantes, y en particular sin la aportación de los migrantes ecuatorianos. Téngase en cuenta que cuando llego al gobierno, en el 96, hay aproximadamente 300 mil inmigrantes en España, y cuando yo salgo del gobierno hay más de 3 millones. Es decir, la explosión de la inmigración en España se produce en esos años. La prosperidad de España no se puede construir sin la migración”. El mensaje del PP estaba más que claro ¿cómo iba Aznar a renunciar a la inmigración de la que él mismo fue el iniciador y desencadenante y que ocupó un lugar esencial en el desarrollo de su modelo económico, ese que fue capaz de dar una sensación de crecimiento económico ficticio durante poco menos de una década?
Fue inevitable, de todas formas que los inmigrantes se resintieran en parte del estallido de la crisis económica. No regresaban pero si se veían obligados a adoptar medidas de austeridad. Los nuevos nacimientos disminuyeron aunque no de manera muy significativa. Los nacimientos de madres extranjeras disminuyeron en 2011 siendo 43.942 (el 19,1%) cuando el año anterior habían sido de 47.084 (el 20,2%). En 2011, las mujeres españoles seguían tenido 1,33 hijos (entre ellas ya había en torno a 400.000 antiguas inmigrantes que habían recibido la nacionalidad), un 0’10 más que diez años antes, mientras que las mujeres extranjeras tenían 1,61 hijos (1,64 en 2010).
En 2011 se publicaron los resultados del padrón municipal que indicaban que la población solamente había crecido en 22.000 personas, indicándose así mismo que el número de extranjeros habría descendido un 0’7%... Estas cifras hay que ponerlas bajo caución. En efecto, si la cifra total había caído ligeramente es porque algo más de 100.000 inmigrantes han desaparecido de las listas de inmigración y han reaparecido como “nacionales”. A esto se suman los españoles que se han ido a trabajar al extranjero, 114.000 a lo largo de 2011, una cifra récord. Así pues, la suma de los nacionalizados y de los que se van alcanza las 214.000 personas, y la distancia entre los que se van y los que quedan en España (47.212.990 personas, 22.497 más que un año antes) es de 236.497 personas… Estos son los “nuevos españoles”, tratándose en su inmensa mayoría de inmigrantes que han ido entrando a lo largo de ese año. ¿Se ha ido alguno? Sí, claro que alguno se ha ido; es más, pero la mayoría de los que se han ido lo han hecho sin darse de baja del padrón municipal, para poder volver de nuevo en cuanto encuentren trabajo o lo deseen. Por otra parte, muy pocos se han dado de baja voluntariamente en el padrón municipal… simplemente no han renovado (por desidia, desinterés o desorden personal) su inscripción en el padrón.
En 2007, el primer año de la crisis, llegaron a España 749.208 inmigrantes. Desde entonces las cifras han ido disminuyendo, pero es completamente falso lo que se publicó a principios de 2011 sobre que casi medio millón de inmigrantes habían abandonado España ese año. Si el saldo migratorio es negativo es sobre todo y muy especialmente por la concesión de la nacionalidad española, y la prueba es que mientras estuvo en vigor, la llamada “operación retorno” apenas consiguió que menos de 10.000 inmigrantes se acogieran a ella. Dicha operación subsidiaba el retorno a cambio de no regresar durante tres años… algo que no interesaba a la mayoría de inmigrantes.
No solamente siguen regularizándose inmigrantes por la discutible vía de la “regularización por arraigo”, sino también por la “regularización familiar” (los inmigrantes ilegales que tengan hijos nacidos en España reciben el permiso de residencia), al tiempo que siguen llegando tanto ilegalmente como a través de la “reagrupación familiar”… Las cifras no aumentan más rápidamente porque quedan compensadas sólo en parte, por la concesión de nacionalizaciones que disminuye entre 100 y 125.000 personas la cifra de inmigración anual.
Ahora bien, si reconocemos –y es fácil hacerlo a través de la interpretación de las cifras- que la inmigración no se va en proporción significativa, sino que sigue aumentando y quienes se van son nuestros muchachos mejor preparados, la pregunta siguiente es ¿por qué no se van si el mercado de trabajo está hundido y sin posibilidades de recuperación a corto ni medio plazo? La respuesta la dan las cifras de remesas: no disminuyen, aumentan. ¿Para qué van a volver a sus países de origen si aquí tienen sus servicios sociales básicos (sanidad y educación) cubiertos por el Estado sea cual sea su situación laboral y si para colmo, entre alguna subvención, la alimentación cubierta por Caritas o por cualquier organismo asistencial, y el trabajo negro, viven mejor aquí que en cualquier otro lugar incluido su país de origen? Sin olvidar, claro está, que en muchos de estos países, a esa misma inmigración se la trata a patadas, mientras que aquí son considerados como objeto de atención preferencial por parte de ONGs y del lobby inmigracionista.
© Ernesto Milá – infokrisis – ernesto.mila.rodir@gmail.com
