"Arraigo laboral": tras la noche, la noche más larga

Publicado: Viernes, 12 de Agosto de 2005 11:30 por en INMIGRACION
borregos.gifRedacción.- Una vez más ha sido en el mes de agosto, cuando el gobierno ZP ha realizado su propuesta para “solucionar” el problema de la inmigración masiva. Y, una vez más, como el año pasado, la única solución es una nueva regularización. Esta segunda, se realiza bajo la peregrina excusa del “arraigo laboral”.

Cifras oficiales y cifras reales

Cuando se cerró la regularización de febrero-mayo de 2005, el mismo gobierno advirtió que quedaban 120.000 inmigrantes sin regularizar. El ministro Caldera hizo gala en aquel momento de su más que dudosa “energía”: “Quién no esté regularizado, se tendrá que marchar” y “Habilitaremos inspecciones de trabajo para localizar a los inmigrantes ilegales y sancionar a las empresas que los contraten”. De todo este ejercicio de la autoridad, hoy no queda nada: el mismo Caldera ha reconocido que los 120.000 de ayer, hoy son 170.000. De las inspecciones y de las repatriaciones, no sabemos que se haya realizado ni una.

Pero la cuestión es que no son 150.000 inmigrantes ilegales los que en estos momentos están en nuestro territorio. Estamos hablando de entre millón y medio y dos millones. La subida de 120 a 150.000 que ha reconocido Caldera se basa en una extraña proyección del contingente de ilegales que llega cada mes de promedio. Según Caldera, en torno a 10.000 al mes (de mayo a agosto, 30.000…). Pero estas proyecciones son infantiles: 10.000 inmigrantes son los que llegan en patera a las costas de Canarias y del Sur de España. Y la patera, contra lo que se tiene tendencia a pensar, no es la forma mayoritaria de entrada ilegal en España. En Barajas, cada semana, llega una cifra parecida de andinos. Y por la frontera, absolutamente desguarnecida, de los Pirineos, ha habido momentos (especialmente en el mes de abril) que algunos funcionarios de Interior, calculan extraoficialmente que llegaron en torno a 6.000 por día.

Si en la actualidad existen, según las cifras oficiales, 3.000.000 de inmigrantes censados (cuando hace un año se reconocía la mitad exacta), el incremento de 30.000 inmigrantes en tres meses y la cifra final de 170.000 ilegales, parece razonable… pero no lo es, esa cantidad está viciada de partida. Fue en el período 2000-2003, cuando la cifra de inmigrantes residentes en España, pasó de apenas 1.000.000 a 3.000.000.

Más allá de los tres millones de inmigrantes

En enero de 2003 en Catalunya, las cifras oficiales que nos dieron en el Departamento de Inmigración, entonces controlado por CiU y, verdaderamente alarmado por el incremento de las cifras, era de 300.000 legales y 350.000 ilegales. Cuando tuvieron lugar las elecciones autonómicas catalanas, todos los partidos presentaron como “guinda” a un inmigrante en su lista. Tuvimos ocasión de conocer al sirio y al hindú que CiU había incluido en sus listas. Y fue con ellos y con el entonces director de Inmigración de la Generalitat, cuando estas cifras ya se habían elevado a 375.000 ilegales, solamente en Catalunya. Así pues, a principios de 2.004, en Catalunya, estábamos hablando “oficialmente” de 675.000 inmigrantes, cifra que podemos considerar como relativamente exacta. Realizando la proyección de esta cifra sobre el resto de comunidades autónomas, atendiendo a su densidad de población y al interés que tienen para la inmigración (concentrada en Madrid, Catalunya, Andalucía, Valencia y disminuyendo en el resto de comunidades, hasta ser mínima en la cornisa cantábrica), se obtenía la cifra 3.000.000… ¡a principios de 2004!

Pero, desde entonces, ha llovido mucho: en enero de 2005 la Unión Europea reconocía que habían entrado en España 800.000 inmigrantes ilegales (contrariamente a las cifras oficiales que, apenas las cifraban en la tercera parte). Esto daba una cifra de 3.800.000 inmigrantes, entre legales e ilegales. Pero entonces se produjeron los atentados del 11-M y la entrada en goteo que había presidido la primera legislatura del PP (1996-2000), ya no era ni siquiera la riada que se generó en la segunda legislatura (2000-2004), sino que estuvimos ante un verdadero alud.

La inmigración: de goteo a marea y de marea a alud

Tras unos días en los que disminuyó el flujo de inmigrantes (los días inmediatamente posteriores al 11-M), la inmigración y los traficantes de carne humana, advirtieron los resquicios que dejaba abiertos la debilidad de ZP. Fueron precisamente, los contingentes pakistaníes los que primero advirtieron la nueva situación. Las mafias pakistaníes de la inmigración, que siguen en importancia y actividad a las marroquíes, reaccionaron inmediatamente ocupando la Catedral de Barcelona en la peor infamia que recuerda la historia del lugar. Las tumbas de los menestrales barceloneses sirvieron de urinarios, los bancos de la Cripta de Santa Eulalia y de la nave central, fueron apilados y colocados como barricadas dentro del Templo y, finalmente, la Sala Capitular en donde se encuentra el Cristo de Lepanto, se utilizó como basurero… El gobierno ZP y el “honorable” Maragall, en lugar de reaccionar con expulsiones inmediatas y encarcelamiento de los allanadores y profanadores de la Catedral, prometió que “revisaría la política de inmigración”. Esta fue la señal que convenció a las mafias de la inmigración de la debilidad congénita del gobierno ZP. A partir de ese momento, el “efecto llamada” se convierte en una tendencia permanente. Cuando tiene lugar la ocupación de la Catedral de Barcelona, ya se estaba rondando la cifra de 4.000.000 de inmigrantes.

A estos 4.000.000 hay que añadir los que han entrado con el “efecto llamada” desencadenado a partir de las declaraciones de Consuelo Rumi en agosto de 2004, cuando estableció las normas generales de lo que luego sería la reforma de la Ley de Extranjería que abrió la vía para la regularización masiva de febrero-mayo. Sobre este período no hay cifras oficiales. El Ministerio del Interior, insiste en que ha disminuido el flujo de inmigrantes ilegales. Pero, de hecho, son los únicos que se atreven a afirmarlo. Sindicatos policiales, gobiernos autonómicos y municipales, servicios sociales, servicios sanitarios, sin excepción son mucho más pesimistas: en el último año se ha disparado la inmigración masiva. De hecho, la regularización masiva no fue considerada ni por la inmigración, ni por las mafias, como una muestra de “generosidad” (tal como ZP pretendía), sino de “debilidad”. Y al débil se le obliga siempre a que realice más concesiones. La regularización convirtió la marejada en un alud incontenible, un “efecto llamada” redoblado, cuyos efectos duran todavía hoy.

Los costes de transformación social brusca

A lo largo de 2005, se ha hecho evidente que una población no puede crecer bruscamente en 5.000.000 de habitantes en apenas cinco años, sin que sufra bruscas alteraciones y desfases. Los precios de la vivienda que deberían de haberse estancado con tendencia a la baja, han seguido subiendo un 14% en el último año, la energía eléctrica consumida por la población española se ha mostrado insuficiente para cubrir las necesidades de estos cinco millones de recién llegados. En algunas zonas, los servicios médicos de la seguridad social están saturados y las listas de espera que, llevaban camino de resolverse en años anteriores, han colapsado determinados servicios (no hay que olvidar que buena parte de la inmigración, contra lo que se tiene tendencia a pensar, no son adultos varones en edad de trabajar, sino de todas las edades, con un contingente significativo de embarazadas, procedentes de países como Malí y Mauritania con entre un 30 y un 40% de afectados por enfermedades infecto-contagiosas, incluido el SIDA. Desde 2002 ya se experimentó un aumento asindótico de la violencia doméstica y ya ese año, las cifras del Instituto El Cano, indicaban que, estadísticamente, el 7% de la población (el porcentaje de inmigrantes ese año) protagonizaba el 50% de los asesinatos de mujeres en el marco de la violencia doméstica. Y así sucesivamente…

El “arraigo laboral” como último invento socialista

El PSOE, Caldera, Rumi y ZP se equivocan. Utilizando proyecciones estadísticas absolutamente ilusorias y que remiten su error inicial al año 1997, han establecido que solamente hay en España 3.000.000 de inmigrantes, de los cuales, hoy, 170.000 están sin regularizar. En su infinita ignorancia del fenómeno inmigratorio, están persuadidos de que esos 170.000 inmigrantes ilegales están trabajando de manera ilegal en empresas españolas. Se equivocan, por supuesto. Sobre este tema no hay cifras seguras, en absoluto. Se ignora cuántos ilegales trabajan en empresas españolas, es posible que haya unas decenas de miles, pero, en cualquier caso se trata de cifras difícilmente cuantificables: se trata de trabajos esporádicos, en absoluto de empleo fijo. Por otra parte, el problema no es de los que estos 170.000 que –según Caldera “trabajarían” en algo- sino de los otros 1.830.000 que ni aparecen en las estadísticas, ni se sabe de qué viven, ni donde están, ni a qué se dedican.

Con la figura del “arraigo laboral” lo único que se conseguirá es reforzar –en la medida en que es posible reforzar un verdadero alud- el efecto llamada permanente que vive nuestro país desde la ocupación de la Catedral de Barcelona en mayo de 2004. Por lo demás, es discutible que estos inmigrantes puedan presentar un contrato regular. Han sido contratados por que no tienen costes sociales y reciben un salario inferior a los trabajadores regulares. En el momento en que se igualen en derechos a los regulares, los trabajadores ilegales dejarán de tener atractivo para los empresarios desaprensivos, como de hecho ya ocurrió al abrirse la regularización de febrero-mayo.

El fondo de la cuestión: una política suicida

El problema para ZP es que no ha entendido –es el único en Europa en no entenderlo- el problema de la inmigración masiva. No se trata ya de regularizarla o no, se trata de que está alterando el sustrato étnico, cultural, antropológico y social de Europa. Cuando un proceso de esta envergadura se produce en menos de una generación, estamos ante un momento de estallidos sociales inevitables. La política de ZP es la de la concesión constante, lo que hemos dado en llamar, la “renuncia preventiva”.

El problema es que esta política de mano tendida la está practicando hacia gente que procede de otros horizontes culturales y que tienen la concesión como evidencia de debilidad. Ya lo hemos dicho: al débil se le obliga a la concesión; ante el fuerte se tiene respeto, ante el débil se abusa y se practica el maximalismo y la intolerancia. Tal es la visión antropológica y cultural que viene en el bagaje genético de buena parte de las comunidades inmigrantes que llegan a nuestro país. Por eso, una política de inmigración basada en la debilidad es una política suicida a corto plazo.

ZP tiene todo el derecho a suicidarse, pero no tiene ningún derecho a hacer de esa opción personal, un destino colectivo para toda una Nación.

© Ernesto Milà – infokrisis – infokrisis@yahoo.es

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