¿DE CUÁNTOS INMIGRANTES ESTAMOS HABLANDO?

Infokrisis.- Cuando se cerró la regularización de febrero-mayo de 2005, el gobierno socialista advirtió que quedaban todavía 120.000 inmigrantes sin regularizar. Era una cifra manifiestamente falsa, creada al efecto de ocultar el hecho consumado de que la regularización había constituido un fracaso: al acabar el período regularizador existían en España tantos inmigrantes ilegales como cuando Consuelo Rumi, en agosto de 2004, aludió por primera vez a este tema. Exactamente, 1.500.000. El ministro Caldera, concluida la regularización, se esforzó en intentar demostrar una actitud “enérgica” que encubriera el gigantesco fracaso de la operación: “Quién no esté regularizado –dijo-, se tendrá que marchar” y más adelante añadió: “Habilitaremos inspecciones de trabajo para localizar a los inmigrantes ilegales y sancionar a las empresas que los contraten”. Era demasiado bonito para ser cierto. De todo este ejercicio de la autoridad, apenas unas semanas después, ya no quedaba nada: el mismo Caldera reconoció el 11 de agosto de 2005 que los 120.000 de ayer, habían pasado a ser 150.000. De las inspecciones y de las repatriaciones, no sabemos que se haya realizado ni una.

Pero la cuestión de fondo era que la cifra de 150.000 inmigrantes ilegales que se encontraban en esos momentos en España distaba mucho de ser real. En realidad, en agosto de 2005, algunas fuentes de la policía se referían a cifras ¡diez veces mayores!, esto es, entre millón y cuarto y millón y medio de ilegales. ¿Cómo llegó Caldera a transformar la cifra de 120.000 en 150.000? Sencillo, simplemente se limitó a añadir a la primera cantidad la cifra de 10.000 ilegales que, según él, entraban en España cada mes. Esto le daba una cifra “tranquilizadora”: en los tres meses que iban desde el final de la regularización al mes de agosto de 2005, deberían de haber entrado, por esta regla de tres, 30.000 ilegales. Una cifra asumible. Pero esta proyección era torpe e infantil: en el año 2005, 10.000 inmigrantes eran, solamente, los que cruzaban el mar en cayukos y pateras, hasta Canarias y las costas andaluzas.

Lo “cursi” de la cifra lo da el hecho de que, solamente en el mes de diciembre de 2006 llegaron a España ¡25.000 bolivianos! Y hasta que el visado fue obligatorio, a partir del 1º de abril de 2007, en apenas doce meses habían entrado en España casi un cuarto de millón de bolivianos, cifras refrendadas por fuentes bolivianas, como muestra de la confianza depositada por la población boliviana en el “savoir faire” de Evo Morales y de su equipo. Una de las migraciones más aceleradas de la historia para un país de apenas 9.000.000 de habitantes.

Contra lo que se tiene tendencia a pensar, la patera dista mucho de ser la forma mayoritaria de entrada ilegal en España. En Barajas, en el último trimestre de 2005, cada semana llegaba una cifra parecida de andinos. Y por la frontera, absolutamente desguarnecida, de los Pirineos, ha habido momentos (especialmente en el mes de abril de 2005) en los que algunos funcionarios de Interior calcularon extraoficialmente que llegaron en torno a 6.000 ilegales por día. Realmente poco, porque sólo 20 meses después, los bolivianos solitos superaban esa cifra cada día.

Si en la actualidad (junio de 2007) existen, según las cifras oficiales, 4.500.000 de inmigrantes legales censados (cuando hace dieciocho meses se reconocía la mitad exacta), en el período 2000-2003, la cifra de inmigrantes legales residentes en España pasó de apenas 1.000.000 a 3.000.000. Así pues, el gobierno socialista ha regularizado, en los tres años siguientes a su llegada al poder, a 1.500.000 de inmigrantes que se desglosan así: una media de 10.000 al mes desde que concluyó la regularización masiva cerrada con 600.000 peticiones de regularización. Ahora bien, lejos de disminuir, como proclaman algunos portavoces del gobierno socialista, la cifra de entradas de inmigrantes legales e ilegales tiende a aumentar de forma acelerada. Además de la llegada masiva de bolivianos que querían adelantarse a la obligatoriedad del visado, hay que sumar los que, a partir de junio de 2007, podrán acogerse a la “reagrupación familiar” y a la “regularización por arraigo”, y a todos estos, aún habrá que añadir a los que sigan llegando en pateras, cayukos, autobuses o naves nodriza… En el momento de escribir estas líneas, los responsables policiales y de fronteras consultados más optimistas, calculan que se cerrará este año 2007 con 6.000.000 de inmigrantes entre legales e ilegales.

Resulta absolutamente sorprendente que todos los niveles de la administración practiquen el secretismo en relación a las cifras de inmigrantes que se encuentran en nuestro territorio. Cuando se formula esta pregunta oficialmente a algún responsable del ministerio del interior, se limitan a regatear la cuestión jugando con cifras de legales e ilegales, afiliados y no afiliados a la seguridad social. Nadie responde con claridad: “en total, hay tantos o cuantos”. Se juega deliberadamente con el equívoco y la confusión. Suponiendo que, verdaderamente, el gobierno sepa o quiera saber realmente el número real de inmigrantes. Lo curioso es que la mayor parte de ayuntamientos, al ser consultados sobre el mismo tema y preguntarse algo tan concreto y aparentemente fácil de contestar como es el número de empadronamiento… no se sienten obligados a responder y prefieren el silencio administrativo o, más exactamente, ejercen la callada por respuesta. De entre todos los niveles administrativos, la Generalitat de Catalunya es, sin duda, la que nos ha facilitado cifras más realistas y directas. En efecto, en enero de 2003, las cifras oficiales que nos dio el propio responsable del Departamento de Inmigración, entonces controlado por CiU y verdaderamente alarmado por el incremento de las cifras, era de 300.000 legales y 370.000 ilegales. Hoy, estas cifras han crecido extraordinariamente y, tras el “tripartito I”, enfangados ya en el “tripartito II”, están próximas a duplicarse.

Cuando tuvieron lugar las elecciones autonómicas catalanas de 2003, todos los partidos presentaron como “guinda” a un inmigrante en su lista. Tuvimos ocasión de conocer al sirio y al hindú que CiU había incluido en sus listas, en el curso de una conferencia celebrada en la sede de una asociación de inmigrantes rusos de Bellvitge. Y fue con ellos y con el entonces director de Inmigración de la Generalitat cuando estas cifras ya se habían elevado a 375.000 ilegales, solamente en Catalunya. Así pues, a principios de 2.004, en Catalunya, estábamos hablando “oficialmente” de 675.000 inmigrantes, cifra que podemos considerar como relativamente exacta. Realizando la proyección de esta cifra sobre el resto de comunidades autónomas, atendiendo a su densidad de población y al interés que tienen para la inmigración (concentrada en Madrid, Catalunya, Andalucía, Valencia y disminuyendo en el resto de comunidades, hasta ser mínima en la cornisa cantábrica), se obtenía la cifra de 3.000.000 ¡a principios de 2004!
Pero, desde entonces, ha llovido mucho: en enero de 2005 la Unión Europea reconocía que habían entrado en España 800.000 inmigrantes ilegales (contrariamente a las cifras oficiales que apenas las cifraban en la tercera parte). Esto daba una cifra de 3.800.000 inmigrantes, entre legales e ilegales. Pero entonces se produjeron los atentados del 11-M y la entrada en goteo que había presidido la primera legislatura del PP (1996-2000), ya no era ni siquiera la riada que se generó en la segunda legislatura (2000-2004), sino que estuvimos ante un verdadero alud.

En los días inmediatamente posteriores a los atentados del 11-M disminuyó momentáneamente el flujo de inmigrantes; pero, poco después, la inmigración y los traficantes de carne humana advirtieron los resquicios que dejaba abiertos la debilidad de ZP. Las mafias pakistaníes de la inmigración, como hemos visto, fueron las primeras en percibir el detalle con todo lo que implicaba. Estas mafias -que en la región catalana siguen en importancia y actividad a las marroquíes- reaccionaron inmediatamente ocupando la Catedral de Barcelona en la peor infamia que recuerda la historia del lugar desde la violación del recinto por las tropas napoleónicas en busca de los patriotas barceloneses que no se resignaron a dejarse avasallar por “el francés”. Casi doscientos años después, las tumbas de los menestrales barceloneses sirvieron de urinarios, los bancos de la Cripta de Santa Eulalia y de la nave central fueron apilados y colocados como barricadas dentro del Templo y, finalmente, la Sala Capitular, donde se encuentra el Cristo de Lepanto, se utilizó como basurero… El gobierno ZP y el “honorable” Maragall, en lugar de reaccionar con expulsiones inmediatas y encarcelamiento de los allanadores -porque, a la postre, era un allanamiento y algo más que un allanamiento si tenemos en cuenta el carácter sagrado del lugar para unos y artístico para todos-, prometió que “revisaría la política de inmigración”. Esta fue la señal que convenció a las mafias de la inmigración de la debilidad congénita del gobierno ZP que ya habían intuido durante la campaña electoral. A partir de ese momento, el “efecto llamada” se convierte en una constante. Cuando tiene lugar la ocupación de la Catedral de Barcelona, ya se estaba rondando la cifra de 4.000.000 de inmigrantes.
A estos 4.000.000 había que añadir los que se hicieron eco del “efecto llamada” desencadenado a partir de las declaraciones de Consuelo Rumi en agosto de 2004, cuando estableció las normas generales de lo que luego sería la reforma de la Ley de Extranjería que abrió la vía para la regularización masiva de febrero-mayo. Sobre este período no hay cifras oficiales. El Ministerio del Interior insistió a lo largo de todo el año 2005 que había disminuido el flujo de inmigrantes ilegales. Pero, de hecho, son los únicos que se atreven a afirmarlo. Sindicatos policiales, gobiernos autonómicos y municipales, servicios sociales, servicios sanitarios, sin excepción, son mucho más pesimistas: en 2005, 2006 y 2007 se ha disparado la inmigración masiva. De hecho, la regularización masiva no fue considerada ni por la inmigración, ni por las mafias, como una muestra de “generosidad” (tal como ZP pretendía), sino de “debilidad”. Y al débil se le obliga siempre a que realice más concesiones. La regularización convirtió la marejada en un alud incontenible, un “efecto llamada” redoblado, cuyos efectos duran todavía hoy.

A lo largo de 2005, se ha hecho evidente que una población no puede crecer bruscamente en 5.000.000 de habitantes en apenas cinco años, sin que sufra bruscas alteraciones y desfases. Los precios de la vivienda que deberían haberse estancado con tendencia a la baja, han seguido subiendo un 14% en el último año, la energía eléctrica consumida por la población española se ha mostrado insuficiente para cubrir las necesidades de estos cinco millones de recién llegados. En algunas zonas, los servicios médicos de la seguridad social están saturados y las listas de espera que llevaban camino de resolverse en años anteriores, han colapsado determinados servicios (no hay que olvidar que buena parte de la inmigración, contra lo que se tiene tendencia a pensar, no son adultos varones en edad de trabajar, sino de todas las edades, con un contingente significativo de embarazadas, procedentes de países como Malí y Mauritania con entre un 30 y un 40% de afectados por enfermedades infecto-contagiosas, incluido el SIDA. Desde 2002 ya se experimentó un aumento asindótico de la violencia doméstica y, ya ese año, las cifras del Instituto El Cano, indicaban que, estadísticamente, el 7% de la población (el porcentaje de inmigrantes ese año) protagonizaba el 50% de los asesinatos de mujeres en el marco de la violencia doméstica. Y así sucesivamente…
Pero si todo esto parecía excesivo, todavía quedaban muchas sorpresas. Y el gobierno socialista nos las iba a deparar todas, sin ahorrar ni una sola. Fíjense.

El PSOE, Caldera, Rumi y ZP, utilizando proyecciones estadísticas absolutamente ilusorias y que remiten su error inicial al año 1997, han establecido que solamente se encontraban entre nosotros en diciembre de 2003, 3.000.000 de inmigrantes, de los cuales, apenas 170.000 estarían sin regularizar. En su infinita ignorancia del fenómeno inmigratorio, estaban persuadidos de que esos 170.000 inmigrantes ilegales estaban trabajando de manera ilegal en empresas españolas. Se equivocan, por supuesto. Sobre este tema no hay cifras seguras, en absoluto. Se ignora cuántos ilegales trabajan en empresas españolas, es posible que haya unas decenas de miles, pero, en cualquier caso se trata de cifras difícilmente cuantificables: se trata de trabajos esporádicos, en absoluto de empleo fijo. Por otra parte, el problema no es de los que estos 170.000 que –según Caldera “trabajarían” en algo- sino de los otros 1.830.000 que ni aparecen en las estadísticas, ni se sabe de qué viven, ni dónde están, ni a qué se dedican.
Y entonces, el gobierno sacó la figura surrealista del “arraigo laboral”. Quien entra ilegalmente en nuestro país y es contratado no menos ilegalmente, resulta recompensado con la regularización. O dicho de otra forma: vulnere usted cualquier ley para beneficiarse de los beneficios de la ley. ¿Para qué cumplir la legislación de extranjería? ¿Para qué ver dilatados extremadamente los plazos para acogerse a contingentes y entrar legalmente en España? ¡Para nada! Se priman las situaciones de franca ilegalidad, por encima de quienes aceptan la ley y la respetan escrupulosamente. Se da la circunstancia de que un ilegal puede entrar en España cuando lo desee y en la forma en que desee, engañando a nuestras autoridades aduaneras… pero alguien que aspire a entrar legalmente puede esperar años. Y a fin de cuentas, es más probable que el ilegal logre regularizar su situación mucho antes que el inmigrante escrupuloso con la ley. El gobierno del “talante”, la incoherencia y el surrealismo ha conseguido que las autoridades de fronteras sean tomados por idiotas cuando preguntan cada día en Barajas a unos cuantos miles de iberoamericanos cuál es el motivo de su visita: “turismo” dicen todos. Les basta con enseñar la reserva del hotel y 300 euros, junto con el billete de retorno, meros formalismos para recibir a unos “turistas” que no tienen la más mínima intención de retornar a su país en los próximos lustros. Tal es la primera impresión que se llevan los inmigrantes ilegales recién llegados: “las autoridades de fronteras son estúpidas ¿no se dan cuenta de que no somos turistas?”. A partir de aquí, todo se convierte en un circo de ilegalidades estimuladas por un gobierno que debería ser garante de la legalidad vigente.

A partir del 8 de agosto de 2005, entró en vigor el llamado “arraigo laboral”. Los inmigrantes irregulares que lleven residiendo en España dos años de forma continuada y, al menos uno de ellos trabajando sin contrato, desde ese momento pueden solicitar su regularización si denuncian al empresario que les ha contratado de forma ilegal y consiguen que la Inspección de Trabajo certifique dicha relación laboral. Otra vez la historia de la denuncia contra el empresario de turno. A esta delación interesada se le llama “arraigo laboral”. La figura estaba recogida en el reglamento de la Ley de Extranjería aprobada en diciembre del 2004. No se trata de una “regularización extraordinaria”… sino de algo mucho peor: una “regularización permanente”, junto al arraigo social y las causas humanitarias, que premia la entrada ilegal. Inicialmente, se pensaba que podía incluir a los famosos 120.000 inmigrantes que según Caldera habían quedado fuera de la regularización extraordinaria.

Para acreditar “arraigo laboral” el inmigrante deberá denunciar a la Inspección de Trabajo al empresario que lo ha contratado ilegalmente, “mediante resolución judicial o administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. La cosa era bastante chusca porque si no existía nómina, ni contrato de trabajo, resulta extraordinariamente subjetivo lograr que la Inspección pueda acreditar una relación laboral de, como mínimo, un año. Además, el inmigrante debía de carecer de antecedentes penales, tanto en España como en su país de origen.

En cuanto al arraigo social es la otra vía a la que pueden acogerse los inmigrantes ilegales. Se exige simplemente al extranjero acreditar residencia en España durante al menos tres años, no tener antecedentes penales y acreditar documentalmente vínculos familiares de línea directa con extranjeros residentes... Además exige un informe del ayuntamiento donde residan y opcionalmente una entrevista personal. ¿Qué sabe un ayuntamiento de 50.000 almas sobre un inmigrante que solamente ha rellenado una hoja de empadronamiento? Y en cuanto a los antecedentes penales en el país de origen ¿qué valor puede tener un papel emitido por una burocracia inevitablemente corrupta y que, además, tiene otros criterios para cancelar antecedentes? El llamado “monstruo de Machala”, Antonio Chamba Jaramillo, capturado el 1 de diciembre de 2004, asesino en serie de nacionalidad ecuatoriana, apenas permaneció años de cárcel en su país a pesar de haber asesinado a ocho mujeres. Detenido en su país y beneficiándose de indultos y reducciones de condena, apenas cumplió ocho años de cárcel… lo que le da un promedio de estancia en cárcel por asesinato extrañamente similar al de nuestro asesino en serie particular, De Juana Chaos. Chamba Jaramillo llegó a Barajas tras haber cancelado cualquier sombra de antecedentes. Y aquí, como era de prever, volvió a ejercer de asesino en serie atribuyéndosele al menos un crimen cometido en Lérida y otro en grado de frustración. He conocido personalmente la mayoría de países sudamericanos y algunos países africanos y asiáticos: cualquier documento es susceptible de comprarse y venderse a bajo precio, desde un carné de conducir, hasta un certificado de antecedentes que garantiza que el portador es un angelito.

 

(c) Ernesto Milá - infokrisis - [e-mail] 

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