Renovar la idea de España (II)

Publicado: Sábado, 08 de Diciembre de 2012 18:49 por Ernesto Milá en ORIENTACIONES
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Infokrisis.- Segunda parte del estudio que iniciamos el día de la Constitución de 2012 inspirado en el hecho de que la constitución aprobada en 1978 ha soportado mal el paso del tiempo, pero el entramado de intereses que se sitúan tras ella y que la utilizan como defensa sigue negando la evidencia y sosteniendo que en base a aquel contrato puede seguir organizándose la Nación española. En esta segunda parte afrontamos el carácter europeo de Espaa y la necesaria reforma de las estructuras políticas.

Una urgencia:

Renovar la idea de España (II)

3) ¿Con Europa o contra Europa?

Enarbolar el “que inventen ellos” o aquello otro de “Españolizar Europa” parece hoy más que nunca fuera de lugar. A la vista de la crisis actual de España (que es a la vez política, económica, social, constitucional y moral) resulta evidente que no estamos en condiciones de proponer a Europa un modelo y una pauta. Pero también resulta evidente que esta Europa, la Europa de la UE, de los burócratas de Bruselas, del inútil parlamento de Estrasburgo, la Europa del BCE y de las medidas liberales restrictivas del Estado del Bienes, esa no es nuestra Europa.

Hay que aceptar, forzosamente, que somos Europa en la medida en que desde que España quedó incorporada al mundo celta y al mundo clásico, lo somos cultural y antropológicamente, y en la medida en que nuestro país mantiene una contigüidad geográfica con Europa a través de los Pirineos, no podemos sino considerarnos como parte integrante de Europa. Harina de otro costal es establecer qué Europa nos interesa y cuál es nuestro papel dentro de Europa.

Empecemos diciendo que la reflexión identitaria sobre España no puede alejarse de la identidad europea: tanto en lo que se refiere a los sustratos originarios de nuestra población, como a la presencia e influencia de la cultura clásica greco-latina, como por la aparición del cristianismo y su impronta desde la sociedad medieval, España forma parte de Europa. Negarlo equivaldría a negar la existencia de la ley de la gravedad. Por otra parte, el 75% de nuestro comercio exterior se realiza con países europeos.

El problema radica en que Europa ya no es “Europa”, sino una prolongación cultural de los EEUU. Esta transformación se ha operado en varias fases, la última de las cuales se produjo cuando para defender la existencia de la OTAN y el fortalecimiento de la “alianza atlántica”, se implementó el concepto “occidente” como sustituto del concepto “Europa”. “Occidente” era, a partir de entonces, el eje EEUU-Europa Occidental, los intereses de Europa se identificaban y se subordinaban a los intereses estratégicos de los EEUU y el poderío militar y político europeo aceptaba la hegemonía norteamericana para afrontar la “Guerra Fría”.

Luego resultó que nunca, efectivamente, la URSS pensó en invadir Europa Occidental y que experimentaba la sensación de que los EEUU aspiraban a erosionar su red de alianzas y a convertir el espacio soviético en una nueva área comercial para sus productos. Sea como fuere, y se dé la interpretación que se dé a aquel período, lo cierto es: 1) que existió el clima de enfrentamiento entre el Este y el Oeste (aunque se tratara de un combate con tongo o bien en un combate en el que una de las partes actuaba a la defensiva y la otra a la ofensiva), 2) que primero el Mercado Común Europeo, luego las Comunidades Europeas y actualmente la Unión Europea, adoptó una política “occidentalista” de mero seguidismo hacia los EEUU y 3) que España se vinculó desde 1956 a la OTAN a través de los acuerdos militares firmados con los EEUU a cambio de los cuales, empezó a llegar capital extranjero a España gracias al cual se inició el despegue económico a partir de 1959.

En la actualidad la situación no ha variado extraordinariamente: 1) La UE sigue siendo un satélite militar de los EEUU y un enano político sin presencia propia en los escenarios mundiales y dirigida por políticos que tienen los pies en Europa y el corazón y los intereses en EEUU, 2) España sigue siendo un vasallo (los imperios no tienen aliados, tienen sólo vasallos) de los EEUU.

En muchas ocasiones hemos manifestado que desde el siglo XIX la pesadilla de los estrategas anglosajones (de EEUU y de las Islas Británicas) consiste  en presenciar el nacimiento de un eje París – Berlín – Moscú que les impediría poner el pie (militar y económicamente) en el espacio euro-ruso. Las dos guerras mundiales, la guerra fría, el período de “lucha antiterrorista”, todo ello ha sido conducido en esa misma dirección: hacer imposible el que los países europeos se alíen con sus aliados naturales, han generado discordias, divisiones y masacres, para mayor gloria de los estrategas anglosajones. Hoy, esa estrategia sigue en pie y España, de manera entusiasta con los presidentes de gobierno del PP y de manera ligeramente menos entusiasta por parte de los presidentes del PSOE, es un país alineado con los EEUU, que carece de política exterior propio, de criterios de defensa fuera de la OTAN y de personalidad política autónoma.

Negamos que los intereses de Europa coincidan con los de los EEUU. Afirmamos que la presencia del Reino Unido en la UE tiene como objetivo torpedear, ralentizar, limitar y crear dificultades a esta estructura y que el Reino Unido y los EEUU forman un eje que históricamente, desde Enrique VIII hasta la guerra hispano-americana de 1898, han constituido el “enemigo histórico” de España con el cual ningún entendimiento es posible y ningún acuerdo deseable. Por otra parte, el mundo anglosajón es la punta de lanza de la alta finanza internacional, la meca del capitalismo ultraliberal y alberga a los centros de decisión del capitalismo financiero y de la economía especulativa mundial.

De ahí la necesidad de que España se independice en todos los ámbitos (económico, militar, político, estratégico y cultural) de los EEUU y del mundo anglosajón y lidere la senda que toda Europa debe recorrer en esa dirección. Europa debe recuperar su identidad originaria. El proyecto europeo de vida no puede ser otro más que el de recuperar la mentalidad de la Europa de los orígenes, la de los hoplitas de Esparta que afrontaron la amenaza asiática, la de los legionarios de Roma que vencieron a la oligarquía comercial cartaginesa, la de los cruzados que marcharon a Tierra Santa en busca de la “prueba” que diera la medida de su valor, de los combatientes de Lepanto y de los defensores de Viena que en el siglo XVI cerraron la vía a los otomanos. Ejemplos de lo que debe ser la Europa del futuro no faltan. Pues bien, esa Europa, nacida de las profundidades de la historia y que siempre, a lo largo de esta ha manifestado constantes prometeicas, debe asumir con apertura de miras, las tecnologías más avanzadas y responsables, las fronteras de la ciencia más audaces y la creatividad más osada, sin límites, ni obstáculos, como su nueva misión histórica: conquistar un nivel de desarrollo técnico-científico para un determinado tipo humano que hay que recuperar.

España no puede estar ausente de ese planteamiento. Sería absurdo pensar que España tiene una identidad cultural completamente autónoma independiente de la de otros países europeos y en absoluto deudora de la herencia clásica, del germanismo que llegó con los godos y con el catolicismo medieval que surgió del cristianismo primitivo rectificado por la impronta romana y nórdico-germánica.

Somos, pues, Europa, pero no “esta Europa”. No se trata tanto de hispanizar Europa, ni de “europeizar” España, sino de realizar un largo y problemático “retorno a los orígenes”. Insistiremos en este tema cuando aludamos en la última parte de este estudio al enfoque cultural, de momento, valdrá la pena decir, que España solamente tiene razón de ser: 1) Oponiéndose a lo políticamente correcto, 2) oponiéndose al Nuevo Orden Mundial globalizado y 3) oponiéndose al pensamiento único. Y otro tanto vale la pena decir sobre Europa.

4) ¿Qué modelo político?

En 1978 terminó la larga etapa considerada como “de provisionalidad” que se inició en 1936. Las “leyes fundamentales del Reino” fueron sustituidas por una constitución trabajosamente elaborada por una “comisión parlamentaria” que supuso un verdadero cambalacheo entre las fuerzas políticas que en aquel momento eran hegemónicas para tratar de seguir prolongando eternamente su influencia. Para evitar que se convocase una “constituyente” y la “transición” no pudiera ser considerada como tal, sino que fuera evidente que se trataba de una verdadera “ruptura”, la forma política del nuevo régimen fue el de “monarquía parlamentaria”. Salvo eso y salvo la pervivencia durante apenas una década más de “poderes fácticos” (ejército, magistratura, policía, fuerzas económicas nacionales), la nueva constitución marcó una ruptura total con el antiguo régimen. Eso supuso que, políticamente, los logros de la provisionalidad franquista, que efectivamente existieron, fueran abolidos de un plumazo. La nueva clase política emergente no toleraría ningún tipo de competencia y el sistema político español resultante fue un bipartidismo imperfecto que se turnarían en el ejercicio del poder, con el apoyo de dos partidos nacionalistas que garantizaban que los techos autonómicos de esas regiones serían superiores al resto, como de hecho así ha ocurrido.

No fue una buena constitución. A los pocos años de subir a los socialistas al poder, ya era evidente que la constitución estaba avejentada, sino agonizante y que el verdadero sujeto de la política española en ese período y hasta nuestros días iba a ser la corrupción. Corrupción en todos los niveles de la administración, corrupción silenciada, corrupción reducida a la mínima expresión de los pocos casos que han ido saliendo a la superficie, verdadero iceberg que ocultaba el hecho experimentado como sensación extremadamente vivida en las calles, de que toda la clase política está corrupta en todos los niveles administrativos y que allí solamente van a parar ambiciosos sin escrúpulos, con pocas ganas de trabajar, perfectos ignorantes estructurales que jamás habrían hecho fortuna en la empresa privada y que se muestran absolutamente desaprensivos y avalados por el “derecho a la presunción de inocencia” y por un régimen jurídico extremadamente garantista.

Desde el principio de la transición empezó a sospecharse que todo lo que rodeaba a la Casa Real estaba envuelto en opacidad y que los “amigos del Rey” estaban presentes en prácticamente todos los escándalos económicos y financieros. El Caso Urdangarín ha confirmado estas sospechas que ya se tenían desde el Caso Ruiz Mateos, el Caso De la Rosa, el Caso Mario Conde, el Caso Prado y Colón de Carvajal, y algunos más, cuyos protagonistas tienen TODOS como negó común, la amistad con Juan Carlos I.

De la misma forma que bajo la restauración decimonónica el caciquismo fue el elemento determinante y más significativa de aquel régimen (frecuentemente ligado, por lo demás, a los sectores “progresistas” mucho más que a los conservadores) y en aquella época toda la clase política negaba este fenómeno, hoy, cien años después, la corrupción generalizada es negada por toda la clase política, atreviéndose cínicamente a afirmar que “se trata solo de casos aislados”… seguramente por eso, la clase política se ha negado a precisar más la legislación anticorrupción y seguramente por eso, el parlamento, que redacta leyes como quien hace rosquillas, se ha negado a elaborar una sobre financiación de los partidos políticos.

Por otra parte, la corrupción está íntimamente ligada al fenómeno de la degeneración de los partidos políticos. Estos han dejado de ser grupos homogéneos que defienden programas y determinadas ideologías, para ser agregados de defensa de intereses personales espúreos, oportunistas y desaprensivos. En 1939, legítimamente, se podía aspirar a que los partidos políticos hubieran entrado en el desván de la historia. La masacre de la guerra civil se debió en su totalidad al sectarismo y la intolerancia tanto de las derechas como de las izquierdas. Los Gil Robles, los Juan March y los Largo Caballero, los Durruti y los Martínez Barrio, todos ellos, con su hemiplejia mental consiguieron que media España se lanzara contra la otra media. En 1939, parecía como si España hubiera extraído como consecuencia que los partidos políticos no habían mostrado otra capacidad salvo la de arrojar por el precipicio a este país. La discusión más inútil que se ha podido realizar desde entonces fue la de establecer “quién fue más culpable”, si las derechas o las izquierdas. Todas las partes lo fueron y lo realmente increíble es que casi setenta años después, algunos prosigan con la hemiplejia mental y la pongan al servicio de su particular versión de la “memoria histórica”.

Si el régimen de Franco tuvo algo positivo y saludable fue el rescatar a España durante un ciclo de 40 años de las luchas fraccionales generadas por los partidos políticos, concentrando todo el esfuerzo, por primera vez en la historia, en el desarrollo económico. La legislación franquista configuró el parlamento en función de la estructura del país: los sindicatos, la patronal, las fuerzas armadas, los colegios profesionales, las provincias, el mundo asociativo, estaban representadas en aquellas Cortes a las que lo único que se le puede achacar es que no fueran democráticas (¿lo son las actuales?) pero en las que los grupos sociales estaban directamente representados y no necesitaban del tamiz de los partidos políticos.

Indudablemente, aquel régimen tuvo innumerables defectos, pero el tratar de liquidar a los partidos políticos distó mucho de ser el mayor. En 1976 todo eso saltó por los aires y tres años y medio después teníamos nueva constitución. Apenas diez años después, cuando ya habíamos entrado en la UE y en la OTAN, cuando la corrupción se enseñoreaba de todas las estructuras del Estado y cuando la partidocracia y la plutocracia habían sustituido a una democracia que jamás acudió a la cita, entonces fue posible añadir a la “gigantesca pirámide de fracasos” con la que Ramiro Ledesma finalizaba su Discurso a las Juventudes de España (“Resumimos así el panorama de los últimos cien años: Fracaso de la España tradicional, fracaso de la España subversiva (ambas en sus luchas del siglo XIX), fracaso de la Restauración (Monarquía constitucional), fracaso de la dictadura militar de Primo de Rivera, fracaso de la República”), otros dos fracasos más, el fracaso final del régimen franquista que no logró pervivir en el tiempo más allá de la muerte de su fundador y el fracaso del régimen democrático nacido en 1978. Una vez más será preciso recordar como terminaba Ledesma su análisis de la historia reciente de España: “Vamos a ver cómo sobre esa gran pirámide egipcia de fracasos se puede edificar un formidable éxito histórico, duradero y rotundo. La consigna es: ¡REVOLUCIÓN NACIONAL!”.

Cuando se cumplen 34 años de la constitución, es evidente que esta constitución ya no sirve, que está agotada, que ha dado de sí todo lo que podía dar y que lo peor que pudo ocurrir en 1978 fue que quienes la elaboraron pensaran ante todo y sobre todo en prolongar su posición de dominio sobre España, antes que en los intereses y en la coherencia del Estado.

Si hubieran pensado en esto último es evidente que jamás se hubiera redactado libelo constitucional alguno que hubiera podido derivar hacia el odioso “Estado de las Autonomías”, verdadera fuente de conflictos, foco inenarrable de corrupción y centro de todas las pequeñas ambiciones justificadas por el más mínimo “factor diferencial”.

Si se hubiera pensado en los intereses del Estado, hubiera sido evidente desde el principio que Juan Carlos I no estaba en condiciones de asumir la principal representación de la nación y que la historia había demostrado muy a las claras que los Borbones habían supuesto una verdadera tragedia para la historia reciente de España y que nada bueno podía extraerse ellos.

Si se hubiera pensado en los intereses del Estado nunca se hubiera constituido un régimen en el que los partidos políticos estuvieran sobrevalorados y no importa quien pudiera llegar a ser alto cargo de la nación, a despecho de su nula preparación profesional, de su ausencia completa de valores éticos y morales y por el mero hecho de tener el carné de un partido político o bien por mantener amistad con los gestores de ese partido.

Si se hubiera pensado en los intereses de los ciudadanos, en lugar de derechos constitucionales instalados en el vacío, se hubieran habilitado los mecanismos para hacerlos realidad y transformar el régimen saliente en un “Estado Social” en lugar de tener una sociedad arrojada a las garras de los especuladores y de las patronales carentes del más mínimo sentido social e interesadas solamente en aumentar sus márgenes de beneficios a costa de comprimir el bienestar de la sociedad.

No se pensó en nada de todo esto y, poco a poco, el valor del texto constitucional se fue apagando. A pesar de que los políticos anualmente “celebren” los valores constitucionales y los “logros” de esta constitución ¡solamente ha servido para tener una sociedad huérfana de valores y desprovista de defensas sociales y una clase política ávida de lucrarse a expensas de las clases medias! ¡Esta constitución está más que muerta, está en situación de putrefacción tal como ha demostrado la incapacidad para salir de la crisis, la presencia de equipos ministeriales cada vez más ineptos y que se limitan a trasladar programas neoliberales elaborados fuera de España y a los que no ha votado la población, y tal como ha demostrado la crisis del independentismo catalán, los acuerdos de paz con ETA, el terrorismo de misterioso origen del 11-M, la llegada de 7.000.000 de inmigrantes, la quiebra demográfica, todo ello son síntomas de putrefacción a la que ha conducido el intentar mantener con vida un texto constitucional que nació muerto y ante el que no era lícito de ninguna manera ser optimista sobre a dónde nos llevaría.

La constitución de 1978, no es el contrato que nos hará superar los últimos 200 años de fracasos históricos cosechados uno tras otro. ¡Hace falta, no solamente otra constitución, sino otros valores políticos que se encarnen en un texto ordenador de la sociedad política! No vale la pena engañarse: los últimos 34 años presididos por el lema liberal “libertad, igualdad, fraternidad” nos han conducido hasta donde estábamos: a la pérdida de todos los valores, al fracaso del sistema educativo y, por tanto, a la imposibilidad de enderezar “normalmente” la situación, al hundimiento económico y al despilfarro político. Una cosa son los lemas y otra la posibilidad de llevarlos a la práctica.

No estamos hablando solamente del fracaso político de España: es cierto que en otros países europeos los regímenes constitucionales que llegaron en los furgones de los ocupantes angloamericanos en 1945, son también obsoletos y están completamente periclitados. Si se nota menos es, seguramente, porque tienen una mayor tradición democrática que España, pero también por esto mismo es significativo el proceso de agotamiento que están sufriendo las fuerzas políticas de centro-derecha y centro-izquierda que durante más de medio siglo han constituido su alma y en torno a los cuales se ha ordenado el sistema. El “pensamiento único” y el culto generalizado a lo “políticamente correcto”, la fidelidad perruna con la que siguen las instrucciones emanadas de los centro financieros de poder y de la globalización y el silencio que muestran ante el evidente fracaso del “nuevo orden mundial”, son síntomas inequívocos de ese agotamiento. En toda Europa se intenta “taponar” la aparición de nuevas fuerzas políticas que se están abriendo paso a codazos a expensas de las dos grandes formaciones. Se intenta modificar sobre la marcha la legislación para evitar que estén presentes en el parlamento (en ese sentido Francia es el país que ha ido más lejos para dejar a 3.500.000 de votantes del Front National prácticamente sin representación parlamentaria) o para hacer imposible la existencia de pequeños partidos si no optan por apoyar a alguna de las grandes opciones (caso de la Italia post-manos limpias), cuando no se intenta realizar campañas de desprestigio, se atizan desde las alcantarillas del sistema extrañas acciones terroristas para desprestigiar cualquier oposición (véase el caso Breivik y las dificultades para expresarse libremente que encuentran las formaciones disidentes en Alemania a las que policía y servicios de inteligencia infiltran masivamente) o la facilidad como se despachan con algunos adjetivos despreciativos y sin más información a partidos disidentes que han logrado insertarse en los parlamentos (Amanecer Dorado, por ejemplo, no merece más análisis ni más calificativo que el de “neo-nazi” a pesar de responder a las exigencias de las clases medias y del proletariado urbano griego, desesperado por el desgobierno y la crisis sin fin).

Así pues, estamos hablando de una crisis europea generalizado que afecta a todo el sistema político, no solamente a España.

Va siendo hora de recuperar y adaptar elementos políticos que han sido desechados sistemáticamente por quienes nos han llevado a la ruina y han abordado en primera línea la tarea de demolición de nuestras sociedades. Si el trilema “libertad – igualdad – fraternidad” no funciona (y en realidad nunca funcionó porque el bolchevismo volvió a recuperarlo alegando que la “democracia burguesa” se había apartado de él y, posteriormente, la extrema-izquierda de los años 60, de nuevo lo volvió a recuperar denunciando que los partidos comunistas ortodoxos lo habían traicionado) será preciso adoptar otro mejor adaptado a la actual situación y mucho más realista: “Autoridad – Orden – Jerarquía”: la Autoridad es el principio del mando exento de cualquier sombra de corrupción, la seguridad de que quien la ejerce lo hará en la dirección justa o de lo contrario será revocado, el principio según el cual se elije democráticamente a un líder y a su equipo, y luego se acepta su ejercicio del poder huyendo de luchas partidistas; el Orden es la cohesión que un Estado y una administración tienen en su interior, en torno a un proyecto político-histórico a realizar, del cual nadie entre los ciudadanos aspira a separarse, el cumplimiento de un destino ineluctable que atañe a la generación actual y a la que está por venir; una Jerarquía que implica el mando para los mejores, complementareidad entre las distintas fuerzas políticas y sociales, gradación jerárquica entre los distintos niveles administrativos, la inexistencia de vacíos de poder y la presencia clara y nítida de centros de imputación a los que pueda señalarse como responsables de los éxitos y de los fracasos en la gestión del gobierno.

Un nuevo modelo político hoy, en medio de la crisis económico-social más atroz que han vivido los siglos equivale a defender, afianzar y profundizar el Estado del Bienestar por encima y sobre cualquier otra opción. Defender el Estado del bienestar quiere decir aspirar a extender la justicia social a todos los escalones de la sociedad, reconocer que el principal derecho “humano” del ciudadano es la seguridad en todos los órdenes y que ningún otro derecho puede ejercerse sin que éste se encuentre perfectamente afianzado. Y quiere decir también aplastar a quienes insinúen siquiera que el modelo del Estado del Bienestar es un modelo “superado”, simplemente porque defienden sus intereses de parte, o los beneficios de sus negocios habitualmente usureros o especuladores.

Es preciso, por esto mismo, proclamar bien alto que la recuperación de la idea de España y su adecuación a la realidad del siglo XXI, debe estar vinculada especialmente a la lucha contra el neocapitalismo y contra el liberalismo salvaje y su secuela más mortal para la identidad de los pueblos: la globalización. No basta con que el Estado surgido de una “revolución nacional” sea una “Estado Fuerte”, sino especialmente y sobre todo un “Estado Social” en el que el mercado esté regulado para evitar la aparición de burbujas, en donde exista una planificación lúcida y organizada y donde se tienda a la responsabilización de los ciudadanos en las tareas que competen a la economía nacional a cambio de una justa distribución de la riqueza y a una tendencia a eliminar las grandes desigualdades sociales.

Es cierto que en Europa muchas fuerzas políticas tienden hacia esa dirección, pero lo que estamos proponiendo es que España y su sociedad asuman el liderazgo y sean capaces de dar ejemplo y sustituir el actual modelo político (que, sin duda en nuestro país está más agotado que en cualquier otro lugar de Europa) por un Estado Fuerte determinado a poner fin a los excesos del capitalismo y en donde la usura, la especulación y las prácticas antisociales sean consideradas como un delito contra la sociedad y contra el propio Estado, pues no en vano, el Estado es la encarnación jurídica de la Nación y esta el conjunto de ciudadanos que asumen una misión y un destino común.

Luego queda por resolver el espinoso problema de las autonomías. Hay que decir, ante todo, que el problema no son los “derechos regionales” (a fin de cuentas, España hasta hace 200 años se ha organizado en base a los “fueros”), sino que el problema real lo constituyen los nacionalismos. Allí donde existe un “nacionalista” allí existe alguien desleal para con la Nación y para con el Estado. Todo nacionalismo no tiene como finalidad última la constitución de una “nación” separada e independiente de la matriz, por tanto, en el origen mismo del nacionalismo regionalista lo que existe es una deslealtad manifiesta contra la Nación que si no se manifiesta en un momento dado, lo hará más adelante.

Fieles a la tradición foral de nuestro país, justo es reconocer que España es una entidad surgida de la convergencia de distintas regiones que reconstruyó en 1492 la unidad perdida del Reino visigodo desintegrado por la invasión islámica. Es evidente que existen idiomas regionales, salvo el euskera, surgidos como variantes hispano-romances procedentes de un tronco común. Pero justo es reconocer también que, en las actuales circunstancias, asumir la defensa de esas culturas regionales supone simplemente hacer el caldo gordo al nacionalismo que basa todo su proyecto en reforzar esos “rasgos diferenciales” (incluso falsificándolos, generándolos artificialmente y, siempre, subvencionándolos hasta la saciedad, para colmo, creando una historia-ficción destinada a cortar vínculos culturales y lazos históricos con la matriz hispana. Por eso, decimos, el nacionalismo no es la solución, es una parte sustancial del problema de la articulación del Estado y, por tanto, para poder realizar un nuevo proyecto descentralizador y que suponga la aportación de las regiones al enriquecimiento del Estado, es preciso que una nueva constitución sitúe al nacionalismo ante la tesitura de demostrar lealtad hacia la nación (introduciendo en una futura constitución la prohibición de promover acciones secesionistas. Contrariamente a la tendencia demostrada por la constitución de 1978, no se trata de dar un mayor techo autonómico a las regiones que tengan movimientos nacionalistas más amplios, sino a aquellas que demuestren mayor lealtad hacia el Estado. El lema, el lema de la España foral, no era otro que “Máxima autonomía a cambio de máxima lealtad”.

Queda el espinoso problema de si la forma de Estado debe ser monárquica o republicana. Este planteamiento es incorrecto, en la actualidad no existen grandes diferencias entre una y otra, lo único que cuenta y lo único que puede pedirse a un presidente de la República o a un Rey es que sean la encarnación máxima de la Nación y, por tanto, un dechado de virtudes y de valores encarnados que transmitir a toda la población. En su lugar, hoy tenemos la sospecha de que la monarquía no está representado más que por un pobre espabilado, sin opinión propio, sin criterio propio, y lo que es peor, sin valores que transmitir salvo la sospecha de que, históricamente, desde el inicio de la monarquía no le ha importado lo más mínimo si juraba lealtad a Franco y a las Leyes Fundamentales o bien a la constitución y, de manera inevitable, siempre se ha rodeado por una legión de cortesanos que, frecuentemente, han pasado a la primera página de los diarios protagonizando casos de corrupción.

En este sentido creemos que con los borbones que median, como mínimo, desde Carlos IV hasta Juan Carlos I, esta rama monárquica ha aportado poco sino nada a nuestro país, que ha sido uno de los factores de inestabilidad nacional y de ausencia de un modelo de valores a transmitir y que, globalmente considerada, su gestión ha sido simplemente catastrófica. Nosotros no creemos que la monarquía haya fenecido “gloriosamente”, sino que se ha agotado bochornosamente a lo largo de 200 años: Carlos IV no se interesaba por nada más que por sus cacerías, a Fernando VII no le quedó a nadie a quien no traicionara antes o después, Isabel II cambió de amantes como otras mujeres cambian de bragas, Alfonso XII languideció y lagrimeó entre camas, Alfonso XIII apenas existió la sospecha de que las candidaturas republicanas ganaron las elecciones municipales, no dudó en huir de España sin dejar señas preparando el camino para la guerra civil. Su hijo, Don Juan de Borbón, gran esperanza monárquica durante el franquismo fue un pobre aprovechado que jamás se preocupó de su pueblo y del destino de su país y en cuanto a su hijo, Juan Carlos I, su falta de carácter y su apatía para participar en los asuntos públicos, expresar su opinión y manifestar su desacuerdo con el proceso centrifugador, la corrupción generalizada, se harán pasar a la historia como “el silencioso”. No, la monarquía está agotada en España.

No estamos dispuestos a condenar a la idea monárquica en bloque: creemos que la monarquía tradicional no puede ser medida por la capacidad y el talante de quienes han reinado en los últimos 200 años. Pero ahora ya no hay nada que hacer: las aristocracias tradicionales ya no existen, la nobleza se ha convertido en algo completamente diferente a lo que fue en otro tiempo: terratenientes, especuladores, haraganes, carne del colorín, nada que puede servir para enderezar el país y asumir como clase social la tarea de recuperar y enderezar la situación. Con esta monarquía no es posible defender el mantenimiento de la institución.

Quedaría solamente el poner al frente del Estado a un “regente” que provisionalmente sustituyera a la figura de un Rey y a la espera de encontrar entre las distintas ramas monárquicas a algún personaje capaz de asumir las riendas del Estado, o bien, obviamente, instaurar una república cuya figura en la cúspide fuera un presidente del Estado, elegible y revocable.

En cualquiera de los tres casos (monarquía, regencia o república) lo que debe estar claro es que esta figura no puede ser en absoluto “decorativa” sino que, el mero hecho de existir implica que debe también tener responsabilidades y competencias. El rey “constitucional” no es solamente el representante de la nación, de la misma forma que el presidente no es meramente un cargo protocolario y representativo. En un Estado eficiente y moderno estas figuras no existen: existe la figura del monarca, del regente o del presidente del Estado, como máximos centros de imputación y responsabilidad, a los que corresponde atribuir los éxitos y los fracasos en la gestión del gobierno.

En un Estado eficiente y moderno, a fin de cuentas, no hay lugar para las “instituciones florero”, de hecho ya hemos conocido demasiadas en el régimen nacido en 1978. Las instituciones deben tener competencias y poder, también responsabilidad y deben rendir cuentas de sugestión. Nada que exista puede tener una función protocolaria o simplemente decorativa, ni, por supuesto, servir únicamente para que los partidos políticos sitúen a sus segundones.

En el régimen surgido en 1978 abundan las “instituciones florero”. En un Estado regenerado, reconstituido y digno de tal nombre, no hay lugar para ninguna de estas instituciones inútiles. Ya hemos aludido a que la monarquía (la regencia o la república) no debe seguir estar desprovistas de funciones reales de mando, gobierno y poder. Otro tanto vale para otras instituciones. Se ha aludido a la ausencia de funciones del Senado y a su necesaria transformación en una “cámara autonómica”… En la medida en la que todos los diputados del parlamento representan a sectores de la población concretos situados en zonas geográficas determinadas (esto es, autonomías), por eso mismo ya cumplen esa función. De ahí que no tenga sentido la existencia de una “cámara autonómica” porque esta función ya está implícita en el parlamento.

Cabrían, pues, dos forma de organizar la representatividad en un Estado regenerado. O bien el actual parlamento se transforma en una “cámara de las corporaciones” en la que no estén representados los partidos políticos, sino los distintos cuerpos de la sociedad, o bien el parlamento sigue ostentando representación procedentes de los partidos políticos, pero junto a la cual se sitúe un senado reconvertido en “cámara de las corporaciones” con capacidad de veto sobre las decisiones adoptadas en el Congreso de los Diputados.

Y esto ¿por qué? Sencillamente porque los partidos políticos ya han decepcionado a la población, jamás han expresado programas que se hayan tomado la molestia en cumplir, han sido fuentes de corruptelas, nepotismo, amiguismo e ineficiencia y siempre han situado sus intereses de parte sobre los intereses de la comunidad; por lo demás, los partidos políticos han dejado de ser expresión de opciones ideológicas para convertirse en ariete de intereses de su capa dirigente. Realizada esta constatación se trata solamente de reconocer que un ordenamiento democrático “normal” debe tratar de reducir el campo de acción de los partidos políticos, establecer como contrapeso otras fuentes de representación (de ahí la necesidad de establecer una “cámara corporativa”) y reducir al máximo su peso en la sociedad (no deberán tener subsidios públicos ni ellos, ni sus fundaciones, deberá existir una ley de financiación en la que quede claro cuáles son su ingresos y de dónde proceden y no recibirán ayudas postelectorales por votos obtenidos).

Lo que un sistema político maduro y del siglo XXI debe tender es a lograr que los ciudadanos estén representados DIRECTAMENTE y a través de instituciones imprescindibles (colegios profesionales, sindicatos, asociacionismo cultural, etc.) en lugar de mediante el tamiz distorsionador de los partidos políticos. Hay que establecer de una vez por todas que éstos han fracasado en su tarea representativa y que ya no tiene lugar en el futuro de España. Es más, a ellos se debe por encima de todo y sobre todo, la corrupción generalizada, el nepotismo, la incompetencia convertida en norma de gobierno y la legión de “asesores” que medran hoy a la sombra del poder.

5) ¿Nacionalismo o patriotismo?

 

6) ¿España con Portugal?

 

7) ¿Qué enfoque cultural?

 

© Ernesto Milà – infokrisis – ernesto.mila.rodi@gmail.com – Prohibida la reproducción de este artículo sin indicar origen.

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