El plan contra la delincuencia anunciada por MM. Jospin y Chevènement en 1999 luego de numerosos tumultos de "jóvenes" sopesan un nuevo coste contraproductivo sobre la economía nacional, como lo reconoció el prefecto regional anteriormente citado: " Ello será en todo caso instructivo para que los electores contribuyentes se hagan una idea del balance y coste de la inseguridad: incremento de los efectivos de policía y de la gendarmería, ampliación de las prisiones y otros establecimientos diseñados para la detención o la reeducación, contratación de profesores y de educadores, creación de policías municipales, contratación de vigilantes, y medidas pasivas de prevención ". Sin contar con los numerosos desgastes de bienes, ataques hacia las personas, costes de las aseguradores por robos, etc. M. Vié añade:" No deberán ser aceptados más que los extranjeros que aportan un valor añadido incontestable a nuestro país. " Esto es lo contrario de lo que se está produciendo. Hemos dejado como herencia todos aquellos que no aportan valor añadido, sino al contrario, todos aquellos de las no-economías externas.

La región-provincia Alpes-Côtes d'Azur, en un de las operaciones denominadas "acceso a la música", destina cada año fondos para el rap, el raï y el hip-hop -músicas emblemáticas de los afromagrebís- con un coste que se eleva a los 8 millones de francos. Paralelamente la asociación de jóvenes musicales de Francia, que se consagra al patrimonio musical nacional, no recibió más que 300.000 F. Destinado tanto a la música como en prestaciones sociales, inversiones urbanas, ocio: las poblaciones de origen inmigrante son privilegiadas en detrimento del francés europeo por parte de los poderes públicos, que creen así comprar la paz social pero que no sembrará más que la guerra étnica. 

La inscripción de 25.000 "asistentes de seguridad", o dicho de otro modo, de hombres-armario sin calificación está previsto de aquí al 2002. Este es el tipo mismo de inversión improductivo producido por la inmigración. Se invierte en la paz social, para pacificar las poblaciones inadaptadas o incapacitadas. Esto es lo que se substrae de las inversiones productivas con valor añadido. Si uno reflexiona un poco, esto es alucinante, vamos a crear un infernal círculo vicioso: para limitar las coacciones y exigencias de los inmigrantes, se contrata y paga a otros inmigrantes.

Los costosos "empleos-juveniles" de Martine Aubry conciernen preferencialmente a los alógenos. Corresponden al tipo de empleos que serían perfectamente inútiles en una sociedad étnicamente homogénea. Éstos son por otra parte los empleos de baja calificación, empleos de servicios que son característicos de una economía poco evolucionada. En este sentido, la carga de la inmigración corresponde a un cierto tercer-mundización de la economía. Todo sucede como si las poblaciones exportasen aquí las estructuras económicas poco desarrolladas de sus países de origen.

Se comprende bien que los Estados Unidos se frotan las manos con esta tercer-mundización e islamización de Europa (recientemente Bill Clinton se pronunció, como si fuese al azar, por una adhesión de Turquía a la UE) Todo lo que puede debilitar al competidor comercial y tecnológico europeo y constituir carne de cañón para su economía es bien recibido.

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Un escándalo reciente ha sido sujeto de poca repercusión y no ha sido enjuiciado. En 1998, el Tribunal de Cuentas denunció el hecho de que, violando la ley, los fondos de acción social, fueron financiadas por la Caja nacional de subsidios familiares. Desde entonces, el Estado ha intervenido directamente en la financiación de dichos fondos de acción social (FAS) ¿Qué es esto de la FAS? Es únicamente un organismo de ayuda a los inmigrantes y, además, una fuente de financiación para las asociaciones y lobbies de la inmigración, de los cuales los dirigentes se conceden lujosos sueldos.  

Los inmigrantes que son de nacionalidad francesa o extranjeros, se benefician considerablemente más de ayudas públicas que los franceses de origen o los residentes de la UE viviendo en Francia. En total, los organismos públicos centrales o locales vierten anualmente 15 mil millones de subvenciones a las asociaciones y empresas de lo más diverso y que conciernen a los inmigrantes. Cada año, ¡El precio de un porta-aviones!

Un gran número de oficinas de asignación de viviendas de protección oficial privilegian la atribución de alojamientos a los inmigrantes; su alquiler es mínimo ya que se benefician de la ayuda personalizada al alojamiento. Lo mismo en los centros de cuidado. La RMI (revenu minimum d´insertion, ayuda estatal para la ayuda de las personas sin ingresos) (que ahora critica por otro lado SOS Racismo, ya que desresponsabiliza y desintegra en lugar de integrar) cuesta cada año 90 mil millones, de la cual la mitad se dirige a los extranjeros y las tres cuartas partes a los beneficiarios de los subsidios que son descendientes de la inmigración.

Una auténtica economía criminal paralela, en circuito cerrado, está progresivamente teniendo lugar en las grandes ciudades y se extiende cada año a nuevos territorios. Está basado en el tráfico de drogas, del mismo modo que el tráfico y la venta de objetos robados. Un policía desengañado de Vénissieux, cerca de Lyon, declaró anónimamente: " Se ve a los beurs conducir cabriolets BMW de 350000 F siendo beneficiarios de los RMI o del paro. Desde su punto de vista ¿De dónde puede proceder el dinero? Ellos jamás están preocupados, nunca son detenidos, nunca controlados, nunca multados. Su impunidad es total. Mientras, nosotros tenemos que acatar el orden de multar lo más duramente posible a los franceses. De hecho, ellos escapan a las leyes, con el acuerdo tácito con los poderes públicos de no querer conflicto" (AFP. 12/02/1999). A partir de 1995 aparecía incluso en las ciudades un sistema de ayudas sociales internas: para comprar el silencio de la población afro-magrebí, los negociantes y conciliadores ayudan a las familias con dificultades. Con la bendición de los imames y de las escuelas coránicas (financiadas por los países árabes) en las que, ellos también, participan de esta desenfrenada dinámica de seguridad social. Por supuesto, vienen a añadirse a las considerables prestaciones vertidas sin control por el Estado francés. Añadamos aún, por ejemplo, el lucro causado por las numerosas empresas que trabajan en negro y todos aquellos que, con total impunidad, no pagan ni las cotizaciones a la seguridad social ni el IVA.    

Así se instaura una contra-economía parasitaria en desarrollo rápido. Los intelectuales disienten, tanto de izquierda como de derecha, pero las cifras se apilan.

Repitámoslo, si se suman todas estos conceptos: subvenciones y ayudas directas, "empleos-juveniles" ficticios, coste de la delincuencia, ingresos mínimos de inserción, no-economías internas inducidas por el tráfico, se podría evaluar en 800 mil millones por año el coste de la inmigración para los poderes públicos, el presupuesto social y la sociedad civil. O en otras palabras: la mitad del presupuesto del Estado.

(c) Por el texto: Guillaume Faye

(c) Por la Edición Francesa: Editions de l'Aencre

(c) Por la traducción castellana: Miguel Ángel Fernández

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