La crisis que se avecina no tendrá precedentes (I de III)

Infokrisis.- Solamente PRISA tiene a gala negar que hayamos entrado en la fase descendente del ciclo económico. Cada vez que ZP intenta sembrar la tranquilidad en los mercados, se produce una nueva caída de bolsa. La impresión general es que esta crisis será como las anteriores, una más de las muchas crisis periódicas que hemos sufrido desde 1973 cuando la cuarta guerra árabe-israelí desencadenó la crisis del petróleo. Pero no será así: esta crisis no tendrá absolutamente nada que ver con las anteriores. En esta primera entrega analizamos los motivos políticos por los que esta crisis será diferente.

I.                   Las condiciones políticas

En 1973 se puso de manifiesto en España que era urgente variar las condiciones políticas. Con Franco envejecido, el propio Carrero Blanco impulsó lo esencial de lo que luego sería la transición española. En este sentido, tantos las fuerzas de la oposición democrática como las del franquismo, coincidían en señalar que la alternativa a la crisis económica era un cambio político para el que existían dos alternativas: o la “ruptura democrática” o la “transición democrática”. La primera no fue posible en la medida en que los que proponían la primera carecieron de fuerza social suficiente como para poderla imponer (a diferencia de lo que ocurrió en Portugal en 23 de abril de 1973). Una vez constatado esto, era evidente que a la oposición democrática no le quedaba más remedio que abandonar la idea de la “ruptura” y pactar una transición con las fuerzas herederas del franquismo.

Lo esencial de aquel período es que la sociedad española afrontaba aquella primera gran crisis de la modernidad, con la esperanza de dos alternativas políticas. Esta situación volvió a repetirse en 1979, cuando la crisis económica volvió a ser preocupante y los niveles de inflación soportados desde 1976 se habían hecho absolutamente insufribles. Si UCD lo “hacía mal”, seguía estando presente una alternativa, el PSOE, la izquierda.

Nuevamente en 1992, al apagarse los fastos de aquel año, nos vimos imbricados en una crisis que se prolongaría en los tres años y medio siguientes. También en esta ocasión seguía existiendo una alternativa. Si el PSOE no había dado la talla y los casos de corrupción solamente ocultaban una falta de previsión absoluta para planificar el futuro, siempre quedaba la opción del PP, es decir, de la derecha-derecha, hasta entonces no ensayada.

Ahora ya no ocurre así: se han agotado las fórmulas políticas. La izquierda ha fallado, huérfana de ideas tan solo tiene ambición de poder en sus dirigentes. La derecha sigue con las ideas de 1996 para un mundo que ha cambiado mucho La única razón de votar a la derecha es odiar a la izquierda. Es una característica de la crisis de toda una clase política el que la gente no vote “a favor de”, sino “en contra de”, que no se vote a un político por sus méritos, sino para alejarse de los errores de otro.

No hay alternativas, porque no hay ideas. Cuando la clase política se ha dedicado tanto a estudiar como puede defender mejor sus propios intereses de casta, difícilmente queda espacio para las ideas, para la planificación del futuro o incluso para la gestión misma del poder. Ahora, cuando sabemos que el reparto de comisiones en Catalunya ¡para la adjudicación de la construcción de viviendas sociales! llegaba hasta el 20% se entiende perfectamente por qué CiU dejó empantanada Catalunya y porqué desde mediados de los 90 aquella tierra no logra levantar cabeza, siendo seguramente la autonomía del Estado en donde más se sentirán los efectos de la presente crisis.

La diferencia esencial entre los dos grandes partidos no es, como se tiene tendencia a pensar, ni el modelo de Estado, ni el tratamiento del tema terrorista, sin las políticas económicas basadas en los subsidios en el caso del PSOE y en la rebaja de impuestos en el caso del PP. Las explicaciones a favor de cada una de las opciones son extremadamente áridas, pero, en general, la posición del PSOE es puramente electoralista y puede mantenerse mientras haya crecimiento económico, mientras que la postura del PP es más ortodoxa desde el punto de vista económico.

Ninguna de las dos grandes fuerzas políticas proponen cambios estructurales en la sociedad, ni siquiera giros radicales en las políticas económicas. La falta de alternativa no solamente se traduce por que todas las alternativas ya han sido ensayadas y todas ellas han terminado decepcionando, sino porque los parches que los partidos mayoritarios proponen no bastarán con corregir los efectos de esta crisis.

Esta será, en definitiva, la primera crisis ante la cual la sociedad española estará huérfana de alternativas políticas.

II. El Sistema político español ha perdido fuerza y credibilidad

Los niveles de corrupción y el descrédito en el que ha caído la totalidad de la clase política, ha generado una ruptura entre la “España oficial” y la “España real”. Lo que se debate en el parlamento nacional y en los pequeños parlamentos autonómicos, así como las declaraciones de los portavoces gubernamentales, tiene muy poco que ver con los intereses de la población. El discurso político está lastrado por las necesidades electorales de los partidos. Las frases de los políticos i expresan “verdades” ni “mentiras”, sino solamente posiciones electorales en las que se trata fundamentalmente de denigrar al adversario político, mucho más que de “vender” las propias posiciones que, por lo demás, son inexistentes o inexplicables.

La otrora “joven democracia española” ha devenido un sistema anquilosado, con un sistema representativo esclerotizado, una clase política hemipléjica y que solo tiene atractivo para los amigos del poder que hacen los grandes negocios a su sombra.

La Ley d’Hont y la estructura del sistema electoral ha ido, desde el principio de la democracia, deformando la voluntad popular para beneficiar eternamente a las dos opciones mayoritarias, eternizándolas en el poder.

Plutocracia (poder del dinero) y partidocracia (poder de las cúpulas de los partidos) son las dos características que han sustituido a la representatividad y a la democracia misma. Si el sistema político español fue democrático en algún momento, ya no lo es. La democracia es algo más que acudir a las urnas una vez cada cuatro años: es aplicar políticas que beneficien a la mayoría y atenúen las desigualdades sociales. Y esta es la perspectiva de la que nos alejamos cada vez más.

Esto es percibido confusamente por la población que, sin embargo, reacciona de manera nítida, situándose de espaldas al sistema político. El aumento de la abstención, el voto nulo y el voto en blanco, indican muy a las claras que sectores cada vez más amplios de la población y en especial, sectores populares, económicamente modestos y la juventud, están de espaldas al sistema político.

Esto no había ocurrido en anteriores crisis en las que los niveles de participación electoral eran normales en las democracias occidentales. La confianza que la ciudadanía tuvo en la clase política, ya se ha evaporado.

Cuando se producen este tipo de pérdidas de confianza pueden ocurrir dos cosas: o la aparición de nuevas alternativas razonables o que sectores enteros de la población caigan en manos de demagogos. Las guerras balcánicas de los años 90 pertenecen a ese género de conflictos artificiales en los que las ambiciones desmesuradas de clases políticas regionales les convierten en peones dóciles de fuerzas políticas internacionales y la población civil termina siendo víctima de los demagogos aventureros y mercenarios a los que ella misma ha encumbrado en momentos de desesperación.

III. El consenso constitucional roto: la constitución desahuciada

En su permanente necesidad de contar con apoyos parlamentarios, el gobierno surgido de las bombas del 11-M y del vuelco electoral consiguiente, ZP debió de realizar concesiones a las fuerzas políticas susceptibles de apoyarle.

Izquierda Unida se conformó con apenas unas migajas que, por lo demás, convenían a ZP. Toda esa zarandaja de la “memoria histórica” fue utilizada por ZP no solamente para desviar la atención sobre los aspectos más negligentes de su política, sino para contentar a las menguadas bases electorales de IU, esos  últimos mohicanos del republicanismo rancia y apolillado, cerriles votantes de una izquierda que ya ni siquiera es seguida por la clase obrera, sino solamente por unos pocos miles de hemipléjicos mentales que capaces de ver en el bando de republicano todas las virtudes y en el franquista a su reflejo invertido.  Ese electorado bastan unas migajas para contentarlo.

Más difícil, desde luego, ha sido con los nacionalistas. Las ambiciones de estos son mucho más “reales” y presentes. El nacionalismo siempre exige más y más hasta el total desenganche de la “autonomía” que, convertida primero en “nacionalidad” y luego en “nación”, requiere, como toda nación, un Estado propio. Un nacionalista siempre será capaz de amenazar con el “desenganche” si no se satisfacen sus exigencias y estas siempre constituyen una permanente elevación del techo de autogobierno a cambio de votar tal o cual ley en el parlamento.

Su política de alianzas era tan arriesgada que ZP ha tenido que ceder a un partido minúsculo, ERC, dirigido por un alucinado iracundo y una banda de desaprensivos y demagogos sin capacidad, preparación, ni inteligencia política. Haber pactado el Estatut con ERC primero, con CiU después, haber permitido que tras las elecciones de noviembre de 2006 en Catalunya, Montilla traicionara los pactos CiU-ZP y volviera a formar gobierno con ERC, sólo para ser presidente de la Generalitat y para evitar el “abrazo del oso” de CiU, ha llevado a una falta completa de credibilidad del PSOE en materia autonómica: y así es percibida tanto por los nacionalistas como por los estatalistas.

Para colmo, el pacto con el BNG que, periódicamente, desliza propuestas chuscas sino grotescas y el intento del proceso de paz con ETA que, en el fondo, suponía una rectificación de las alianzas en Euskal Herria, optando el PSC por un pacto “de izquierdas” con HB, para revalidar el enfrentamiento con la derecha representada por el PNV y el PP y la revisión al alza de otros estatutos, sin antes haber definido un nuevo marco constitucional, han supuesto un verdadero menoscabo y una erosión continua para el PSOE.

Ahora bien: en teoría, la unidad del Estado está garantizado por la Corona de la misma manera que el mito de la izquierda es la República. El gobierno no puede reaccionar con exceso de celo ante la ofensiva de los pequeños grupos nacionalistas, independentistas y republicanos… simplemente porque su política de alianzas es recogida solamente por estos grupos.

Y este es el problema: la monarquía garantiza la unidad del Estado y es el único elemento que remite a los consensos de la transición: la derecha acepta desmantelar el franquismo pero exige que no se producta una ruptura democrática y se acepte a la monarquía que quiso Franco. La izquierda, en cambio, renunciaba a su republicanismo, aceptaba la bandera nacional, a cambio de un ordenamiento constitucional que le garantizara al menos un 50% de posibilidades del ejercicio del poder. Ambas partes garantizaban aislar a los extremistas de derechas (y así se hizo entre los sucesos de Montejurra-76 y el 23-F de 1981) y de izquierdas (a partir del Caso Scala y con las acciones terroristas del GRAPO), no facilitar el acoplamiento de fuerzas políticas de nuevo cuño y hacer tabla rasa del pasado: ni habría juicios de responsabilidad para los funcionarios del franquismo, ni se extinguirían las penas para los terroristas con delitos de sangre cometidos entre 1969 y 1976, lo que llevaba a una amnistía general.

Pues bien, ese consenso se rompió a causa de las necesidades de ZP de obtener apoyos electorales. Muchos de los partidos que aceptaron esos pactos se han transformado: el PCE ya no existe, se ha transformado en el carril bici de IU, ERC es un partido de gobierno en Catalunya, cuando nunca logró levantar la cabeza desde 1977 e incluso cuando hoy sus dimensiones son reducidísimas. Por su parte, el PSOE ha visto como la generación de Felipe González, suficientemente cebada por 13 años de ejercicio del poder central, ha cedido su plaza a una nueva generación que llega con hambre atrasada y sin conocimientos de lo que fue la transición. De hecho, la mayoría de dirigentes del PSOE actual llevan en el partido menos de treinta años y desconocen las circunstancias en las que se firmaron los pactos de la transición.

El gran riesgo de la situación actual es precisamente este: las necesidades parlamentarias del PSOE –que se prolongarán en la medida en que carece completamente de posibilidades de mejorar su situación en las próximas elecciones y lo que se dirime no es si obtendrá o no mayoría absoluta, sino si será o no el partido más votado- implican relativizar el valor de la Constitución, relativizar la importancia de los ataques a la monarquía, tratar como un “resfriado” cualquier proceso centrifugar del Estado y, a la postre, romper los consensos constitucionales que a ZP le importan mucho menos que lograr mantenerse otros cuatro años en el poder.

En estas circunstancias la constitución está desahuciada y no sobrevivirá una nueva mayoría relativa del PSOE.

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Sobre este trasfondo de crisis político, se desarrollará la próxima crisis económica. La crisis política fragilizará al Estado, mientras la crisis económica fragilizará la sociedad. Esto situará a nuestro país, ante el riesgo de una desintegración irremediable ante la cual la unidad del Estado y de la Nación será tan importante de presentar como la coherencia de la misma sociedad española.

© Ernesto Milà – [e-mail]