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Biblioteca Julius Evola.- Los defensores de la inmigraicón realizan un sorprendente razonamiento: no existe ninguna relación entre inmigracion e inseguridad ciudadana: un delincuente, según ellos, por definición, no es inmigrante... es delincuente. El hecho de que sea delincuente nacido en el extranjero no le hace acreedor, al parecer, del título de inmigrante... Razonamientos como este realizados por los defensores de la inmigracón entran más bien en el terreno de la psicopatología que en el del sentido común. La relación entre delincuencia e inmigración está demostrada y es demasiado estrecha como para poderla negar.

 

Diálogo VII

Inmigración y seguridad

[24 de octubre de 2006]

Papá, ¿es cierto lo que dicen algunos de que los inmigrantes son delincuentes?

No, rotundamente no… Pero vale la pena realizar algunas matizaciones. Si te fijas, los informativos e incluso los diarios, tienen tendencia actualmente, cuando se comete algún delito a subrayar, cuando corresponde, que el delincuente es de “nacionalidad española”, como si fuera anómalo. Y esto merece una explicación…

Que espero me lo aclares porque yo tampoco he entendido que de un tiempo a esta parte se subraye la “nacionalidad española” del delincuente, como si no fuera normal que en España los delincuentes sean españoles.

Atiende a este concepto que te servirá para entender lo que está pasando: la inmensa mayoría de inmigrantes son gente honesta, trabajadora, que viene a nuestro país a, como se dice, “buscarse la vida”, ganar un salario y vivir lo más dignamente posible… pero no es menos cierto que la mayoría de delincuentes son inmigrantes.

Te lo voy a aclarar: de los cinco millones de inmigrantes que, como mínimo, residen en nuestro país en este momento, apenas una minoría se dedica a la delincuencia. Resulta imposible decir cuantos. Solamente sabemos que un 58% de presos son de origen extranjero. Este dato es suficientemente significativo por que supone un colectivo de, en torno a 35.000 presos.

Y esta cifra, a ti, ¿qué te parece?

Pues en principio muy mal, por que es inadmisible que la inmigración que hoy supone un 12% de la población aporte un 58% de la delincuencia, es decir, cinco veces más, casi, de lo que sería normal. Así pues, la incidencia de la inmigración en la inseguridad ciudadana es cinco veces superior a la que generan “nuestros” delincuentes. Pero estas cifras, como siempre, están alteradas, son rematadamente falsas.

¿Por qué?

Por que una cosa son los delincuentes presos, en los que el contingente llegado de la inmigración ya es mayoría, y otra muy distintas los delitos que efectivamente se cometen. Contrariamente a lo que se tiene tendencia a pensar, en esta España maltrecha y menguante, jardín de Alicia para ZP, la mayor parte de delitos no se castigan con prisión. Por ejemplo, el pequeño robo, raramente termina en prisión aun cuando el ladrón sea multirreincidente. Las cárceles están saturadas y los fiscales han recibido la orden de solamente pedir prisión para casos extremadamente graves. Hoy, incluso robos con intimidación no implican prisión preventiva, ni aun cuando el ladrón haya protagonizado decenas de episodios similares. Algunos funcionarios de juzgados de guardia me han comentado que hay días en los que la totalidad de detenidos son extranjeros. Las cifras son mucho más alarmantes de lo que indican las estadísticas penitenciarias. Es más que probable que la totalidad de delitos cometidos por extranjeros se sitúa en este momento en torno al 75-80%... ¡para una población del 12%! ¿Te parece admisible?

Lo más lamentable es que algunos colectivos nacionales están “liderando” algunas especialidades delictivas: los marroquíes acaparan el tráfico de hachís, los colombianos el de cocaína y los ajustes de cuenta, los kosovares los robos en fábricas, los nigerianos las estafas, los andinos y los magrebíes la violencia doméstica, y así sucesivamente.

¿Por qué se ha producido este fenómeno?

En primer lugar por que el gobierno siempre va por detrás de la percepción popular. Desde finales de los años 90, la población española “veía” con claridad que la delincuencia estaba aumentando y en las conversaciones en bares, en colas de mercados, en el trabajo, se “sabía” que la mayor parte de delitos estaban siendo cometidos por inmigrantes. Pero el Estado decía que no, que era una percepción falsa y que, en realidad, la situación de la seguridad ciudadana estaba mejorando. No era cierto: para quien tenía ojos y veía, la realidad era que la delincuencia estaba aumentando a una velocidad mayor que la inmigración y que ambos fenómenos estaban íntimamente unidos.

Solamente en septiembre de 2003, Aznar se vio obligado a reconocer lo que todos españoles observadores veíamos desde 1999: que la delincuencia estaba aumentando. Pero en aquella época, nadie tenía el valor de decir en voz alta –al menos nadie significativo- que la delincuencia estaba íntimamente ligada a la inmigración. Decirlo suponía convertirse automáticamente en xenófobo y racista. Pero era cierto. El Instituto El Cano abordó en 2003 esta cuestión de manera tímida y dubitativa, pero el resultado al que llegó fue incuestionable. Solamente en 2002, la violencia doméstica entre inmigrantes suponía el ¡50% del total de violencia doméstica cometida en España, en un momento en el que los inmigrantes apenas suponían el 4% y las cifras en asesinatos no iban a la zaga!

Pero el problema es más profundo. Arrastramos un déficit en seguridad ciudadana que está implícito en el propio texto constitucional cuando se dice que la función de nuestro sistema penal no es el castigo, sino la rehabilitación del delincuente… Eso está bien, si me permites la ironía, especialmente si nos mantuviéramos con las cifras de delincuentes “autóctonos” que hoy serían en torno a 25.000 presos, prácticamente lo mismo que hace 20 años. Con una población penal así, si es posible pensar en políticas de rehabilitación sistemática e incluso es posible que con cierto éxito. Pero, aquí también, todo esto queda desvirtuado por la masificación que ha sufrido la delincuencia a partir de la llegada masiva de ilegales (y de no tan ilegales porque buena parte de los delincuentes inmigrantes tienen permiso de residencia y de “trabajo”…).

Además, el sistema penal español es extremadamente laxo. Las condenas no se cumplen nunca en su totalidad, la vida en el interior de la cárcel es “casi” como la que tiene lugar en el exterior, salvo por el aislamiento. Pero se tiene acceso al teléfono, se reciben visitas íntimas, las palizas y los malos tratos están, lógicamente, excluidos y castigados y, finalmente, la alimentación no es mala. Si tenemos en cuenta que algunos inmigrantes proceden de países en los que robar una manzana hasta hace poco era castigado con la amputación de la mano y hoy solamente con una paliza cuando te detienen, otra en la comisaría, otra en el juzgado, frecuentes en la cárcel y a condenas desproporcionadas, se entenderá porque algunos delincuentes vocacionales han trasladado aquí su campo de operaciones. Para un delincuente marroquí, una cárcel española es una pensión bastante cómoda. Todavía recuerdo un joven magrebí que me comentó: “prefiero estar en la cárcel en España que en la calle en mi país” y debía saberlo, porque estaba en prisión por tráfico de drogas.

Recuerda esto: mientras persista la fisonomía “garantista” del Estado en este terreno y los derechos de los delincuentes estén por encima de los derechos de las víctimas, España seguirá constituyendo el paraíso mundial de la delincuencia. También en esto se ha producido el “efecto llamada”: bandidos de todos los países, en España las leyes nos protegen… Así pues, mientras el sistema no se preocupe de CASTIGAR el delito y dejar la rehabilitación para mejor ocasión, cuando los niveles de delincuencia hayan descendido a porcentajes normales, el “efecto llamada” sobre la delincuencia no cesará.

Supongo que tendrás alguna medida en mente y supongo que propondrás dureza en el tratamiento de la delincuencia…

La palabra de moda es “tolerancia cero”. De eso se trata: tú eres extranjero, has venido a nuestro país sin que nadie te llame y vienes a robar: entonces tu delito tiene un agravante. Es importante introducir esta idea: que delinquir en el país que te ha acogido es un abuso de confianza y un agravante en cualquier caso que supone la aplicación de penas en su grado más alto.

Pero hay otra medida todavía más imprescindible: inmigrante que comete el primer delito, inmigrante expulsado de España. Si ese delito implica una indemnización civil, la expulsión se realizará después de haber satisfecho la cantidad o cumplido la pena de prisión correspondiente, con la obligación de realizar trabajos penitenciarios para pagar la indemnización. Al acabar la condena, expulsión con prohibición a perpetuidad de regresar al territorio de la Unión Europea. ¿Duro, verdad? Si, pero esto no te afectará ni a ti ni a mi, afectará a los que han venido aquí a delinquir. No te preocupes, medidas excepcionales de este tipo harían notar su eficacia en pocas semanas, las suficientes para desactivar el efecto llamada para delincuentes.

Por otra parte, se trata de firmar acuerdos con los países de origen de la delincuencia que establezcan que para determinados delitos, el delincuente cumplirá la condena en su país.

Otra medida, imprescindible, examinar las estadísticas de delincuencia y actuar en consecuencia. Los países que exportan más delincuencia deben ser sancionados admitiendo la menor cuota de sus nacionales como inmigrantes. Te pongo dos ejemplos: los colombianos, por ejemplo, tienen unas tasas de delitos muy graves, excepcionalmente altas; sin embargo, sus vecinos venezolanos apenas registran tasas de delincuencia, otro tanto ocurre con argelinos y tunecinos. Así pues, se trata de protegerse de los primeros y aceptar a los segundos. ¿No te parece razonable? El principio para juzgar la inmigración es: resulta aceptable toda inmigración que no crea conflictos ni desajustes, la inmigración necesaria y con la cualificación adecuada.

Ayer hablábamos de menores, como sabes una parte de la delincuencia extranjera está protagonizada por menores y, más en concreto, por menores marroquíes ¿qué puede hacerse con este tipo de delincuencia?

Lo que comentamos ayer no debemos olvidarlo a la hora de valorar la delincuencia de menores. Es intolerable y muestra de las ridiculeces a las que puede caer el humanitarismo progresista, que en las grandes ciudades haya niños extranjeros que cada tarde son detenidos cometiendo robos –en ocasiones con violencia gratuita-, pasan por la noche al juzgado, de ahí al centro de menores, reciben ropa de marca, alimento y cama y al día siguiente, como si tal cosa, se van a seguir robando de 11 a.m. hasta que son, inevitablemente detenidos y así día tras día. En Barcelona en 2002 llegó a haber hasta 500 niños magrebíes que vivían en la calle… Se les trataba con paños calientes y llegaron a convertirse en una plaga para turistas en el centro de la ciudad. Drogados, enloquecidos, sin importarles nada ser detenidos una y otra vez, enviaban buena parte del producto de sus robos a su familia… Mira, todo esto es tan absurdo que lo único que merece comentarse es la cretinez de quien lo ha hecho posible. Te repito lo que dije ayer: delincuente o no, el lugar de un menor está junto a sus padres y el Estado del que es ciudadano tiene la obligación de velar por él. La obligación del Estado Español empieza y termina repatriando al menor inmediatamente, en el momento de ser detectada su presencia en España, delincuente o no, y hacer todo lo posible por reunirlo con sus padres o con su familia o ponerlo, como mínimo, a custodia del Estado del que es ciudadano. Cualquier otra medida es grotesca y contraproducente.

Pero si hay delincuencia es porque hay pobreza. Elimina la pobreza y eliminarás la delincuencia…

Te equivocas, un ladrón vive siempre mucho mejor que un trabajador honesto. Los circuitos de la delincuencia dan acceso al gran consumo con el mínimo esfuerzo. Un joven que trabaja 8 horas al día en un trabajo no cualificado puede ganar en torno a 30 euros por día: esa misma cantidad se obtiene vendiendo dos gramos de cocaína.

Fíjate a los delincuentes detenidos, todos tienen teléfono móvil, walkman, si son menores, consola de videojuegos… y seguramente automóvil. Vamos de una vez a abandonar esos mitos lánguidos y engañosos: delincuencia es una cosa y pobreza otra. De hecho, hay pobres, la inmensa mayoría, para los que robar no entra en sus proyectos. Una cosa es la pobreza, otra la delincuencia. La asimilación del pobre al delincuente es falsa y mendaz. No te voy a hablar demagógicamente de la delincuencia de guante blanco o de ladrillo en ristre atrincherada en los ayuntamientos, se voy simplemente a recordar que la delincuencia permite vivir un tren de vida espectacular e invertir al mes miles de euros en caprichos y eso con una “jornada laboral” muy limitada. Claro está que la contrapartida es cierta “inestabilidad laboral”, pero en países garantistas como España, el delincuente tiene posibilidades de seguir operando durante años antes de sentarse ante un tribunal. Quien relaciona pobreza con delincuencia se engaña o pretende engañar: la pobreza puede sobrellevarse con dignidad y honestidad, la delincuencia nada en oro y quiere seguir así por siempre jamás: mucho beneficio, poco trabajo, relativo riesgo. Se trata de alterar esta ecuación: mucho riesgo, beneficio escaso, mucho trabajo. Eso también jugaría en contra del efecto llamada.

Por ejemplo, creo necesario que el Estado reconozca, en este preciso momento y ante esta situación en la que abundan los asaltos a chalets con extrema violencia, que el ciudadano tiene derecho a autodefenderse. Resulta inadmisible que el ciudadano que mata a un delincuente que había irrumpido en su hogar y golpeado a él y a su familia, sea siquiera procesado. Es preciso situar en la legislación la figura de la defensa propia y, dadas las actuales circunstancias, se relaje el control sobre la venta de armas. Ningún delincuente tiene dificultades para encontrar un arma en el mercado negro, solamente el ciudadano honrado tiene cerrado el disponer de un arma, solo que el primero utilizará el arma para delinquir y el segundo para autodefenderse. Mientras esta legislación no se modifique, personalmente, recomiendo la escopeta de repetición de cartuchos, se vende como arma de caza y no es necesariamente moral. Esto también tiende a desactivar el “efecto llamada” que ejerce nuestro país sobre la delincuencia. Te lo diré de otra manera: si el Estado no es capaz de asegurar nuestra defensa y seguridad, el ciudadano tiene el derecho de asumirla por sí mismo. Hoy estamos en ese punto. Si alguien violenta tu hogar y amenaza a tu familia, déjalo fuera de combate antes que toque a tu mujer y a tus hijos.

¿Cómo crees que evolucionará el tema de la delincuencia?

Mientras nuestro gobierno vive en una especie de autismo o de ensoñación ensimismada y se niegue a considerar a la inmigración como problema, no hay nada que hacer. Solamente que cada cual asegure su autodefensa, que blinde su hogar si tiene la posibilidad, haga otro tanto con su negocio, asegure sus bienes, tenga cerca el teléfono de los cuerpos de seguridad del Estado, y se procure medios contundentes para defender su hogar. Desengáñate: el Estado ya ha renunciado a defender al ciudadano, prefiere reivindicar las garantías y la seguridad del delincuente.

Con unos cuerpos de seguridad desmoralizados, una judicatura que se queja de que carece de armas legislativas para combatir el modelo actual de delincuencia, un efecto llamada masivo que llega a la delincuencia de todo el mundo y un gobierno solamente preocupado por maquillar las estadísticas de delincuencia, siempre a la baja y siempre con interés tranquilizador (esto es, electoralista), aquí queda poco que esperar.

Las medidas de fuerza no son cosa del gobierno ZP (¿quién iba a creer que es capaz de adoptarlas a estas alturas del drama?), para que fuera posible reconducir la situación haría falta ejercer una dureza y una contundencia que no hemos visto ni en la España desde hace tiempo. La cuestión es que la sociedad española cada vez va a pedir más este tipo de medidas, a unos partidos preocupados solamente por la gestión de los caudales públicos en beneficio propio. Con esta clase política, el problema de la seguridad ciudadana es irresoluble.

¿Qué pasa? ¿ellos y sus familiares no son víctimas de esa inseguridad?

Esa es la cuestión, que no lo son: habitualmente las víctimas proceden de las clases medias en todas sus franjas, nunca de la aristocracia económica ni de la clase política, ¿conoces algún diputado, ministro, senador, o concejalillo del más pequeño pueblo que haya sufrido alguna consecuencia de la inseguridad ciudadana? No. Yo tampoco. La inseguridad es cosa de las clases medias. Dado que no afecta a la clase política… el problema no existe. ¿Te extraña?

Desde hace unos días nada me extraña.

 

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