Inmigración: una oleada que se podía prever

Publicado: Miércoles, 24 de Noviembre de 2004 00:34 por en INMIGRACION
libro_negro.gifRedacción.- Presentamos el Capítulo II de El Libro Negro de la Inmigración de León Klein, que demuestra que la oleada migratoria no fue inesperada en España. Lo que quiere decir que hubo dejadez en la materia por parte de los sucesivos gobiernos del PSOE y PP. El Libro Negro sitúa perfectamente el problema de la inmigración en nuestro país y supone el estudio más completo publicado hasta ahora sobre los riesgos del problema]

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Capítulo II

UN PROBLEMA EN ABSOLUTO INESPERADO

En la alta Edad Media las marcas eran los territorios fronterizos del Imperio Carolingio. Existieron marcas en el Este y en el Oeste. Una de ellas era la Marca Hispánica que señalaba la frontera con el mundo islámico. Por esas paradojas de la Historia, España vuelve a ser otra vez “marca” fronteriza del Sur de la Unión Europea.

Por su pasado histórico y por su situación geográfica, España es, a la vez, punto de enlace entre Europa y América Latina de un lado y de otro frontera Sur de Europa con el mundo islámico. Estas dos ubicaciones tienen una importancia decisiva a la hora de establecer el papel de España en los flujos migratorios, por que si estos son de Sur a Norte, España ocupa un papel clave en el acceso de flujos migratorios del Sur (por su posición geográfica en el Mediterráneo occidental) y de América Latina (por esa misma posición que le hace también ser –junto a Portugal- el país más Occidental de la U.E.

Cultural y geográficamente, España es lugar privilegiado de acceso de toda la inmigración que procede de América del Sur. Pero América está lejos. La Paz, en el corazón de aquel continente, está situada a 14.000 kilómetros de distancia. Por el contrario, sólo 14 kilómetros separan una de otra columna de Hércules en el Estrecho de Gibraltar.
Esta situación geográfica hacía, prácticamente inevitable, que España desempeñara un papel de gran importancia en los tránsitos migratorios que, como hemos visto, han sido desencadenados por el proceso globalizador. Y esto que ahora parece lógico, nadie lo había previsto, es decir, ningún partido mayoritario había juzgado tomar medidas ante el previsible aumento de la inmigración. Todo lo contrario, el problema se ignoró, se soslayó, se negó y, por consiguiente, cuando se produjo el aluvión (a partir de 1999), las autoridades se vieron desbordadas. Ni existían centros de acogida, ni existía una política clara de inmigración, ni se sabía exactamente cómo iba a reaccionar la sociedad española ante el impacto. Sólo después de los sucesos de El Ejido y, mucho más, tras la sorprendente segunda posición de Jean Marie Le Pen –un candidato que había centrado todo su programa en los temas de inseguridad ciudadana e inmigración ilegal- empezaron a haber tímidas reacciones en España a nivel de declaraciones públicas, no de medidas reales.

En 1988, residían en España en torno a 529.000 inmigrantes entre legales e ilegales; 155.000 de los cuales residían en Madrid, el 58% en situación de extrema pobreza. Las cifras las facilitaba el delegado diocesano de inmigrantes, Antonio Martínez Rodrigo. Ya entonces, el 65% vivían de la economía sumergida y de estos más de la mitad cobraban un salario por debajo del mínimo.
En 1989, las cifras oficiales afirmaban que España acogía a 290.000 inmigrantes clandestinos, procedentes en su mayoría de América Latina, Guinea y Filipinas. En aquella “lejana” época, todavía la Delegación Diocesana de Inmigrantes y Extranjeros y Cáritas de Madrid, aún estaban en condiciones de ofrecer cifras. Sin embargo, en aquella época, los inmigrantes, legales o ilegales apenas se notaban en nuestro país. Eran prácticamente imperceptibles. Y sin embargo eran ya casi 300.000. Es evidente que hoy las cifras están falseadas cuando con la boca pequeña fuentes del Ministerio del Interior dicen que no hay más de 600.000 inmigrantes ilegales ¡cuando barrios enteros tienen ya hoy mayoría de inmigrantes! A ningún observador se el escapa que hoy hay mucho más del doble de inmigrantes que en 1989. Y sin embargo, la verdad oficial, así lo afirma.

En un seminario organizado el 16 de noviembre de 1989 por Caritas y Justicia y Paz, titulado “El desafío del 92 y los derechos fundamentales de los inmigrantes en la C.E.”, se explicaba con una precisión que contrasta con la ausencia de datos actuales que España en aquella época contaba con 159.306 inmigrantes clandestinos procedentes de América Latina, 43.909 de Filipinas, 8.153 de Guinea y 41.000 originarios del resto de los países de la Comunidad Europea.

En 1989 sólo unos pocos alertaban de la situación que podía venirse encima. El 7 de noviembre de 1989, el simposio organizado por el Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos reunió a 40 especialistas internacionales que no dudaron en declarar que los movimientos migratorios serán la principal causa de tensión entre las dos riberas del Mediterráneo, donde vivirán en el año 2.000 mas de 450 millones de personas. Ya en aquella época se sabía que la natalidad en los países árabes mediterráneos se mantendrá por encima de los cinco hijos por familia frente a los dos de países como Italia, España o Francia (que luego todavía se ha reducido más), lo que supondrá que en los primeros años del siglo XXI las tres cuartas partes de la población vivirán en el Sur del “Mare Nostrum”. Esta presión demográfica, según los organizadores de las jornadas, se impondrá a las culturas y sistemas políticos, constituyéndose en el principal elemento de tensión. Los organizadores del simposio advirtieron que si las políticas de inserción no funcionasen, los inmigrantes y sus hijos correrían el riesgo de convertirse en elementos de ruptura de la sociedad civil europea”. Las palabras parecían proféticas, pero no parece que la opinión de los 40 expertos fuera tenida en cuenta en años sucesivos.

Por esas fechas las autoridades consideraban que solamente existían problemas puntuales relativos a la inmigración. Como el de las prostitutas dominicanas, por ejemplo. En Barcelona había sido detenida Eddyth Gertrudis, dominicana que dirigía una banda que reclutaba jóvenes de este país para dedicarlas a la prostitución. Un despacho de la Agencia EFE, fechado en la capital catalana daba cuenta de que la banda se dedicaba a reclutar jóvenes dominicanas para trabajar de sirvientas a quienes, además de pagarles el pasaje, les entregaban 1.000 dólares, para que a su llegada al aeropuerto de Madrid justificasen la disponibilidad de dinero. Luego les quitaban el dinero y las obligaban a ejercer la prostitución hasta que abonasen el importe del pasaje que la banda tasaba en 3.500 dólares. A decir verdad, ésta era una parte del problema y del mito.

Nosotros mismos hemos podido ver en el Aeropuerto de Barajas a chicas procedentes de la República Dominicana que venían voluntariamente a ejercer la prostitución. Nadie les obligaba salvo la posibilidad de obtener buenos ingresos que de otra manera les estarían vedados. Como veremos en otro capítulo, en este tema de la prostitución, resulta extremadamente difícil establecer qué porcentaje hay de mujeres obligadas a ejercer la prostitución por parte de mafias y qué otras vienen para obtener buenos beneficios, sino gustosa, sí por lo menos, voluntariamente.

No es de extrañar que ocurrieran estas confusiones. De hecho, incluso los “técnicos” apenas sabían como valorar los fenómenos migratorios. El 15 de julio de 1992, con las Olimpiadas de Barcelona en la recta final el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Joaquín Arango, afirmó en Santander que de los datos existentes no se deduce en absoluto que los flujos de inmigración vayan a ser masivos en España. Arango, dirigía en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario sobre “Encuestas, opinión pública y sociedad”, dijo a un grupo de periodistas que “la inmigración es un fenómeno muy reciente en España que alcanza dimensiones muy reducidas en comparación con la mayor parte de los países de la CE”. En un alarde de “eficacia prospectiva”, Arango resaltó la conveniencia de prescindir “del hábito que hemos adquirido de vaticinar grandes flujos inmigratorios en el futuro y, más aún, de términos negativos que contribuyen a despertar sentimientos de rechazo y a disparar reacciones atávicas, como la invasión o la amenaza del sur”. El responsable del CIS dijo que no era imprescindible cambiar la Ley de Extranjería para liberalizar las políticas de acceso, que de hecho, añadió, ya se está haciendo y ha habido una evolución sin que se modifique la normativa. Señaló que, en general, las políticas existentes en el resto de los países de la CE son más restrictivas que la que hay en España.

Arango seguía la tónica acientífica de otros tan ilustres como ciegos sociólogos como el profesor Antonio Izquierdo, del Departamento de Población de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Izquierdo. En 1989, Izquierdo pronunció una conferencia sobre la inmigración ilegal dentro de un ciclo que organiza el Instituto de Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que cifró entre 120.000 y 140.000 los inmigrantes ilegales que había en España en ese momento y, en definitiva, las tasas de inmigración eran menores que en Europa y, por lo tanto, no había motivo para preocuparse. Y, por supuesto, Izquierdo y Arango eran partidarios de “no poner puertas al campo”. Cómo no había problema, aquí había sitio para todo el que quisiera venir y sentar sus reales.

La Unión Europea confirmaba estos datos. En 1994 España era el país de la Unión con menor índica de inmigrantes. Apenas llegaban al 0’5% del total de la población. El dato se incluía en un estudio sobre la inmigración en el Espacio Económico Europeo que agrupa a los países de la U.E., países escandinavos, Suiza y Austria. Este “espacio” tenía en 1992 un total de 10’4 millones de residentes exteriores (un 2’8% de la población), mientras que en España en 1992 residían oficialmente 187.000 ciudadanos de Europa Oriental, Asia, Africa o América. España estaba en el furgón de cola de la inmigración seguido solo por Finlandia que aún tenía menos residentes extranjeros. En el otro extremo se encontraba Alemania con 4,1 millones (un 5% de la población), entre ellos 1,8 millones de turcos y 0,8 millones de personas de la antigua Yugoslavia. Los turcos constituían el grupo de extranjeros más numeroso en el EEE, con 2,5 millones, seguido de Marruecos (1,08 millones) y la antigua Yugoslavia (0,9 millones).

No es raro que un año después, nadie considerara el problema en el que podía transformarse la inmigración. Para UGT, en 1993, la inmigración no era preocupante. Las cifras que daba el sindicato que en aquella época se encontraba sumergido en el escándalo de la PSV, era de 200.000 inmigrantes extranjeros residentes en España “insignificante comparada con otros países”, según el entonces director del Area de Migraciones de la Secretaria Confederal de Acción Social de UGT, Abdel Hamid Beyuki. De esta cifra 132.000 estaban en situación legal y, por lo tanto, solamente 68.000 figuraban como ilegales. Cifra que no coincidía en absoluto con la que daban otros organismos. Recordemos el dato que ya hemos dado: en 1989 el gobierno reconocía la existencia de 290.000 inmigrantes ilegales. ¿Es posible que en los cuatro años que median de 1989 a 1993, el número de ilegales descendiera de 290.000 a 68.000? La percepción que se tenía era muy diferente: lentamente, la inmigración ilegal iba aumentando. En las colas de distribución alimentos gratuitos a los pobres, cada vez estaban más presentes inmigrantes ilegales en esas fechas. Lo pudimos observar directamente en la cola de Cáritas en Barcelona y en la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la también barcelonesa calle Urgel. En efecto, en ese período, lejos de disminuir la inmigración ilegal aumentó sensiblemente. Capítulo aparte es de dónde sacaba el flamante Secretario de Inmigración de UGT sus cifras.

Y, por lo demás, en esas fechas existían ya autoridades que empezaban a barruntar si la inmigración no terminaría convirtiéndose en problema. El 9 de diciembre de 1992, José Luís Corchera, que no pasará a la historia precisamente por su eficacia al frente del Ministerio del Interior, sorprendía con una declaración que pasó a casi todos desapercibida. Corcuera admitió ese día que la inmigración será "probablemente" uno de los problemas más graves de España a medio plazo, debido a la entrada masiva e ilegal de extranjeros que intenten buscar trabajo. Durante una comparecencia ante la comisión de Justicia e Interior de la Cámara Baja, Corcuera anunció que antes del término de 1992 se establecerán los cupos de trabajadores foráneos que podrán venir a España y que se reforzará la acción policial contra las mafias de los inmigrantes. Corcuera dijo también en el Congreso que nuestro país debía todavía acoger inmigrantes "pero no muchos", y que la comisión interministerial de extranjería examinará antes de fin de año las propuestas del Ministerio de Trabajo para establecer contingentes de inmigrantes que puedan trabajar aquí. El ministro del Interior afirmó también que se iba a reforzar la acción policial contra las mafias que introducen clandestinamente a extranjeros, "extorsionando a los inmigrantes para que abonen sus tarifas a veces exorbitantes". Finalmente comentó que no se puede ser permisivos con la inmigración ilegal porque acarrearía serios problemas xenófobos, y manifestó que España debía contribuir a construir locales de reunión para los trabajadores extranjeros, aunque sin olvidar pedir a sus países de origen que se preocupen más de sus ciudadanos. Por supuesto, nada efectivo se hizo, todo quedó en una advertencia que se producía justo cuando unos incontrolados acababan de asesinar a la súbdita dominicana Lucrecia Pérez.

A decir verdad, la normativa española en materia de inmigración era la más generosa de toda Europa. El 26 de octubre de 1993, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo recordaba en la inauguración del seminario "Medio Ambiente: relaciones norte-sur y cooperación internacional". Decía la secretaria que "el problema de España es menor y hemos respondido todavía con un nivel menor de rechazo a la entrada de extranjeros". La Secretaria de Estado se mostró partidaria de "oponerse claramente a cualquier brote de xenofobia" y subrayó que "si la gente viene a nuestros países no es por capricho", sino porque "desgraciadamente hemos sido capaces de construir un orden mundial sumamente injusto que ha permitido el desarrollo rápido de unos países y en cambio las miserias de otros". El problema de la inmigración en España, “derivado del crecimiento demográfico del Magreb, va en aumento”, aunque aún no se alcanzan los porcentajes que se registran en otros países europeos, y el fenómeno continuará "en la medida que esos países no tengan en su propia nación una situación económica distinta a la que tienen ahora". La cuestión que vale la pena resaltar es que en 1993 Corcuera alerta del problema, pero su Ministerio no hace absolutamente nada para prever lo que su titular a advertido que va a ocurrir. Para colmo, una Secretaria de Estado dice explícitamente que existe un problema demográfico en el Magreb… pero nadie en ese gobierno, ni en los sucesivos socialistas o populares, hace nada para paliarlo, preverlo o resolverlo.

La cosa es todavía más incomprensible habida cuenta de que algunos alcaldes advirtieron en la misma época del problema. Alvárez del Manzano dijo el 18 de noviembre de 2002, que el asunto de los inmigrantes en España "debe tratarse como un problema de Estado". Lucrecia Pérez hacía poco que había sido asesinada y el Alcalde de la Villa y Corte asistía a un debate en “Antena 3” con el embajador dominicano, Rafael Gautrau, en el que manifestó que “el Ayuntamiento que aún preside o la Policía Municipal no pueden resolver por sí solos los problemas que genera la inmigración”. Añadió con precisión que "El problema del diálogo Norte-Sur (entre países ricos y pobres) no se puede resolver en las instancias municipales" y señaló que en la región madrileña hay unos 150.000 inmigrantes de diversas nacionalidades, de los que 100.000 se encuentran en la ciudad de Madrid. El diagnóstico de Alvárez del Manzano es tan preciso como el de Corchera o la Secretaria de Estado, pero lo que llama la atención es que las referencias que se encuentran en esa época sobre la inmigración proceden no tanto de la inmigración en sí misma, como de actos de odiosa violencia xenófoba como el asesinato de Lucrecia Pérez.

Entre 1989 y 1993, llama la atención la cantidad de ocasiones en las que distintas autoridades se refirieron al problema de la inmigración, y lo que resulta más incomprensible es que ni los últimos gobiernos socialistas, ni los sucesivos gobiernos populares afrontaran el problema resueltamente, incluso cuando ya era evidente que se había transformado en una cuestión que preocupaba a buena parte de los españoles. El por qué de tales negligencias es algo que no puede responderse a la ligera. Marcelino Oreja fue un excelente ministro que situó a ETA contra las cuerdas, pero durante su mandato el problema de la inmigración se disparó en todos los frentes y sin excusa posible.

Era inevitable que, a la vista de la inestabilidad económica de la casi totalidad de países latinoamericanos, y a la vista de la explosión demográfica del Magreb, se generaran riadas migratorias en dirección a España. Era previsible, y de hecho se previó, pero nada efectivo se hizo para paliar el problema. A pesar de que se previera las consecuencias de la globalización de la economía, a pesar de que los responsables de Interior hablaran reiteradamente de “lucha contra las mafias extranjeras” que operaban en España… nada efectivo se hizo. A pesar de que año tras año las estadísticas (y el simple hecho de pasear por las calles) indicara que el número de inmigrantes estaba creciendo, nadie creyó oportuno regular los flujos, a pesar de que en nuestro país se distaba mucho de alcanzar el pleno empleo y de que una parte muy sustancial de esos recién llegados lo hacían de manera ilegal.

La «frontera sur» de la Unión Europea, se convirtió en el “coladero del Sur”. El papel de punto de encuentro entre Latinoamérica y Europa que podía desempeñar España, se transformó en la forma más fácil de huir de la miseria. A partir de 1999 estos flujos se convirtieron en masivos e incontrolables. Sucesivas regularizaciones en lugar de estabilizar el fenómeno se convirtieron en verdaderos “efectos llamada” que centuplicaron el volumen de la riada.
¿Cómo pensar que esta situación se ha generado por falta de previsión o por casualidad? Hemos visto como altas autoridades de la nación alertaban del problema que se venía encima. No se puede pedir a un secretario de área de UGT, que ni siquiera fuera capaz de contar el número de inmigrantes ilegales por que esa no era su función, pero podía pedirse a una Secretaria de Estado o a un Ministro del Interior, que fueran consecuentes con los riesgos que entreveían. Y no hicieron nada. ¿Cómo pensar que esto ocurrió por casualidad? ¿Cómo explicar que tantas autoridades fallaron en el desempeño de su función de previsión de los focos de conflicto? El resultado ha sido la llegada de millones de inmigrantes engañados, que llegaron a nuestro suelo pensando que aquí se ataban los perros con longaniza y se encontraron con salarios bajos y precios caros. El resultado ha sido un aumento de los sin techo, de inmigrantes hacinados en barrios insalubres y en espacios superpoblados. El resultado ha sido una monopolización en la práctica de las ayudas de Caritas y de cualquier otro organismo asistencial por parte de los inmigrantes. El resultado ha sido que en determinados barrios y zonas aumentaran las muestras de racismo y xenofobia. El resultado ha sido, en definitiva, que una parte de la sociedad española percibiera a la inmigración como problema en el mejor de los casos y en el peor se produjeran explosiones de xenofobia y racismo. Son las consecuencias de volver la espalda a la realidad. Y esa actitud aun sigue.

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© Ernesto Milà – infoKrisis – infokrisis@yahoo.es

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